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  "id": "pgr-10824",
  "citation": "C-343-2001",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Órgano director de procedimiento disciplinario en el INAMU",
  "title_en": "Director body of disciplinary proceedings at INAMU",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República aclara la integración y competencias del órgano director de procedimiento disciplinario en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a la luz del artículo 131 del Reglamento Autónomo de Servicios. Ante la duda planteada, el dictamen determina que la designación del órgano director corresponde al órgano decisor (Junta Directiva o Presidencia Ejecutiva, según el caso). Si el decisor es un órgano colegiado, la instrucción debe delegarse exclusivamente en su secretario, conforme al artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública. Se advierte que la redacción del artículo 131 del Reglamento es confusa y podría estar permitiendo una indebida delegación de la integración del órgano director, lo cual vulnera la prohibición de delegar potestades delegadas. Asimismo, el artículo 132 del mismo Reglamento confunde las potestades del órgano director con las del órgano decisor, al otorgar a aquél facultades para desestimar denuncias, emitir el acto inicial y ordenar suspensiones, las cuales son propias del decisor. Se recomienda revisar ambos artículos para clarificar las competencias. Además, se recuerda que, al designar un órgano director colegiado, debe identificarse a sus integrantes para garantizar el debido proceso y el derecho de recusación.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office clarifies the integration and powers of the director body of disciplinary proceedings at the National Institute for Women (INAMU), in light of Article 131 of its Autonomous Service Regulation. The opinion establishes that the appointment of the director body belongs to the decision-making body (Board of Directors or Executive Presidency, as applicable). If the decision-maker is a collegial body, the instruction must be delegated exclusively to its secretary, pursuant to Article 90(e) of the General Public Administration Act. It warns that the wording of Article 131 is confusing and could be enabling an improper delegation of the director body's integration, violating the prohibition on delegating delegated powers. Moreover, Article 132 muddles the director body's powers with those of the decision-maker by granting the former abilities to dismiss complaints, issue the initial act, and order suspensions, which are inherent to the latter. A review of both articles is recommended to clarify competences. It further notes that, when a director body is collegial, its members must be identified to safeguard due process and the right to challenge.",
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  "date": "11/12/2001",
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    "órgano director",
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    "instrucción del procedimiento",
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    "Ley General de la Administración Pública",
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  "keywords_en": [
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    "INAMU",
    "General Public Administration Act",
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  "excerpt_es": "En cuanto al nombramiento del órgano director, este Organo Asesor ha sido claro, en su jurisprudencia, en el sentido de que el nombramiento del órgano director de un procedimiento administrativo le corresponde al órgano decisor del procedimiento.\n\nEsto es, el órgano competente para dictar la decisión final en un asunto determinado es el que debe decidir iniciar un procedimiento administrativo, pudiendo delegar la instrucción de éste en un órgano director del procedimiento. En este sentido se ha indicado:\n\n“…debe precisarse que los órganos decisorios son los que, en principio, tienen la competencia para instruir los procedimientos administrativos que ellos decidan iniciar; Pero, este Organo Asesor, ha admitido la tesis de que mediante la utilización de la figura de la delegación, los órganos decisorios deleguen la instrucción de procedimiento en un órgano director.”",
  "excerpt_en": "Regarding the appointment of the director body, this Advisory Body has been clear, in its case law, that the appointment of the director body in an administrative proceeding corresponds to the decision-making body of the proceeding.\n\nThat is, the body competent to issue the final decision in a given matter is the one that must decide to initiate an administrative proceeding, and it may delegate the instruction of the proceeding to a director body. In this sense, it has been indicated:\n\n“…it must be specified that decision-making bodies are those which, in principle, have the competence to instruct the administrative proceedings they decide to initiate; however, this Advisory Body has accepted the thesis that, through the use of delegation, decision-making bodies may delegate the instruction of the proceeding to a director body.”",
  "outcome": {
    "label_en": "Interpretive opinion",
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    "summary_en": "The decision-making body must appoint the director body; if it is a collegial body, instruction must be delegated to the secretary, and a review of INAMU's regulation is recommended due to confused competences.",
    "summary_es": "Corresponde al órgano decisor nombrar al órgano director; si el decisor es colegiado, la instrucción debe delegarse en el secretario, y se recomienda revisar la reglamentación del INAMU por confundir competencias."
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  "pull_quotes": [
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      "quote_en": "The appointment of the director body of an administrative proceeding corresponds to the decision-making body of the proceeding.",
      "quote_es": "el nombramiento del órgano director de un procedimiento administrativo le corresponde al órgano decisor del procedimiento."
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    {
      "context": "Considerando",
      "quote_en": "Collegial bodies must delegate the processing of matters within their competence to their Secretary (article 90, subsection e) of the General Law).",
      "quote_es": "los órganos colegiados deben delegar la tramitación de los asuntos propios de su competencia en el Secretario de los mismos (artículo 90, inciso e) de la Ley General."
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    {
      "context": "Considerando",
      "quote_en": "Although the body competent to issue the final act may delegate the instruction of the proceeding to a director body, the decision on its integration cannot be delegated in such a way that it implies a new delegation.",
      "quote_es": "si bien el órgano competente para dictar el acto final puede delegar la instrucción del procedimiento en un órgano director, no puede delegarse la decisión de la integración de éste, de forma tal, que a su vez implique una nueva delegación."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=10824&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 343 del 11/12/2001   \n\n\n\nC-343-2001\n\n\n\n\n11 de diciembre del 2001\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nDra.\n\n\n\n\nXinia Carvajal Salazar\n\n\n\n\nMinistra de la Condición de la Mujer\n\n\n\n\nPresidenta Ejecutiva\n\n\n\n\nINAMU\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n             Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio MCM-\nPE-669-001 de 24 de setiembre del año en curso.\n\n\n\n             En su misiva usted expone que se ha planteado la duda sobre la integración de los\nórganos directores de procedimiento en INAMU. De acuerdo con el criterio legal que se adjunta, el\nnombramiento le corresponde a la Presidenta Ejecutiva de la Institución, pero el artículo 131 del\nReglamento Autónomo de Servicios del INAMU encarga a la Unidad de Asesoría Legal dirigir todos los\nórganos directores del procedimiento disciplinario de la Institución, para lo cual la Presidenta\nEjecutiva designará una funcionaria de profesión abogada para presidir los mismos, así como para\nnombrar a las funcionarias que estime conveniente para integrar dichos órganos.\n\n\n\n             Expresamente señala que \"…considero que existe una duda sobre la competencia atribuida\npor el Reglamento Autónomo a la funcionaria de la Unidad de Asesoría Legal en cuanto a la facultad\nde dicha funcionaria para el nombramiento de las/os integrantes del órgano y la competencia que la\nley de creación del INAMU le atribuye a la Presidenta Ejecutiva, en su condición de superior\njerárquica administrativa.\"\n\n\n\n             En cuanto al nombramiento del órgano director, este Organo Asesor ha sido claro, en su\njurisprudencia, en el sentido de que el nombramiento del órgano director de un procedimiento\nadministrativo le corresponde al órgano decisor del procedimiento.\n\n\n\n             Esto es, el órgano competente para dictar la decisión final en un asunto determinado es\nel que debe decidir iniciar un procedimiento administrativo, pudiendo delegar la instrucción de éste\nen un órgano director del procedimiento. En este sentido se ha indicado:\n\n\n\n \"…debe precisarse que los órganos decisorios son los que, en principio, tienen la competencia para\ninstruir los procedimientos administrativos que ellos decidan iniciar; Pero, este Organo Asesor, ha\nadmitido la tesis de que mediante la utilización de la figura de la delegación, los órganos\ndecisorios deleguen la instrucción de procedimiento en un órgano director.\" (Dictamen C-261-2001 de\n27 de setiembre del 2001) (Nota: La obligación de que el órgano competente para emitir el acto final\nes el que debe nombrar el órgano director del procedimiento y las atribuciones de éste pueden\nconsultarse, entre otros, los siguientes pronunciamientos: C-173-95 de 7 de agosto de 1995, C-055-96\nde 12 de abril de 1996, C-062-96 de 2 de mayo de 1996, C-065-96 de 3 de mayo de 1996 y C-088-96 de 7\nde junio de 1996)\n\n\n\n             Lo que se consulta, concretamente, es la interpretación del artículo 131 del Reglamento\nAutónomo de Servicios del INAMU, publicado en la Gaceta Nº 234 de 6 de diciembre del 2000, en el que\nse dispone lo siguiente:\n\n\n\n \"La Unidad de Asesoría Legal, será la encargada de dirigir todos los órganos directores de\nprocedimiento disciplinario de la institución.\n\n\n\n Para este efecto la Presidencia Ejecutiva designará una funcionaria de profesión abogada, quien\nestará encargada de presidir todos los órganos directores de procedimiento disciplinario, así como\nnombrar a las funcionarias que estime conveniente para integrar eficazmente los diversos órganos de\nprocedimiento.\"\n\n\n\n             Este numeral se encuentra dentro del capítulo \"Del debido proceso\", en el que se regula\nla imposición de sanciones en materia de empleo público, y desde esa perspectiva, es que se\nanalizará.\n\n\n\n             En primer lugar, debe indicarse que en los supuestos en que el órgano que debe dictar\nla resolución final sea la Junta Directiva de la Institución (cuando el funcionario dependa\ndirectamente de éste órgano –ver, por ejemplo, art. 19 de la Ley 7801 de 30 de abril de 1998-), de\nconformidad con el artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública, el órgano\ndirector debe ser el secretario del órgano colegiado. Al respecto, se ha señalado lo siguiente:\n\n\n\n \"Este tipo de órganos tienen la particularidad de que, de conformidad con el artículo 90 inciso e),\nde la Ley General, no pueden delegar sus funciones \"sino únicamente la instrucción de las mismas, en\nel Secretario\".\n\n\n\n Es por ello, que los órganos de naturaleza colegiada tienen limitada su posibilidad de delegación,\ndebido a que no pueden decidir libremente a cuál órgano se le va a delegar la instrucción de una\ndecisión suya, sino que, puede delegarse, únicamente, en el secretario.\n\n\n\n\nEsta situación ya ha sido analizada por esta Institución, señalándose lo siguiente:\n\n\n\n ‘Por último, cabe indicar que no existe una regla específica contenida en la Ley General de la\nAdministración Pública en el sentido de determinar, a priori, sobre que órgano específico recaerá la\nobligación de tramitar el procedimiento. Sobre este postulado, cabe únicamente indicar la\ndisposición expresa en el sentido de que los órganos colegiados deben delegar la tramitación de los\nasuntos propios de su competencia en el Secretario de los mismos (artículo 90, inciso e) de la Ley\nGeneral. En el caso del Consejo de Gobierno, ver artículo 33 inciso c) ibídem). De tal suerte que,\nen este aspecto, nos encontramos en el campo del ejercicio de una decisión discrecional a cargo del\nsuperior jerárquico de los funcionarios que serán investigados, de tal suerte que a aquél le\ncorresponderá determinar cuál específico departamento o sección al interno del órgano deberá\ntramitar el procedimiento administrativo. Esta decisión, a su vez, tiene como marco de referencia\nlos conceptos generales de eficiencia y razonabilidad de toda competencia discrecional (artículo 15\nibid), y tomando en cuenta la mejor satisfacción del interés público que la supone (artículo 10\nibid), que, en el caso que nos ocupa, pueden entenderse como determinar el órgano que pueda\ngarantizar la tramitación de un procedimiento administrativo respetuoso de los derechos de los\nfuncionarios investigados. Por ello, la decisión puede recaer tanto en la Asesoría Jurídica como en\ncualquier otro departamento o sección, ello a criterio del superior jerárquico encargado de imponer\nla sanción pertinente.’ (Dictamen C-140-96 de 26 de agosto de 1996, citado, además que el\npronunciamiento OJ-053-2000 de 29 de mayo del 2000)\" (Dictamen C-261-2001 de 27 de setiembre del\n2001)\n\n\n\n             Entonces, se excluiría del ámbito de aplicación del artículo 131 aquellos supuestos en\nlos cuales el funcionario dependa directamente de la Junta Directiva.\n\n\n\n             Ahora bien, cuando el órgano competente sea la Presidencia Ejecutiva, debemos indicar\nque el numeral 131 no tiene una clara redacción.\n\n\n\n             Si se interpreta, como aparentemente viene haciéndose, en el sentido de que posibilita\nque la funcionaria de la Unidad de Asesoría legal designada como órgano director de procedimiento\npueda integrar otros miembros al órgano director, ello resulta incorrecto desde una doble\nperspectiva.\n\n\n\n             De una parte, el artículo 90 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública\nestablece que la delegación tendrá como límite la imposibilidad de delegar potestades delegadas.\n\n\n\n             En razón de lo anterior, si bien el órgano competente para dictar el acto final puede\ndelegar la instrucción del procedimiento en un órgano director, no puede delegarse la decisión de la\nintegración de éste, de forma tal, que a su vez implique una nueva delegación, lo que precisamente\nestaría ocurriendo con la interpretación dada al artículo, según hemos entendido.\n\n\n\n             A su vez, desde el punto de vista de la atribución competencial, el numeral 131 le\nasigna a la Unidad de Asesoría Legal ser la encargada de dirigir el procedimiento, debiendo la\nPresidencia Ejecutiva designar una funcionaria de ese órgano, de profesión abogada, para que lo\ntramite, pudiendo ésta \"nombrar a las funcionarias que estimen convenientes para integrar\neficazmente los diversos órganos de procedimiento\". De la redacción no queda clara la autorización\npara que esas funcionarias integren el órgano director, sino que, aparentemente, se trataría del\nnombramiento, para efectos del órgano director, de los órganos auxiliares que estime convenientes,\ncomo secretaria, notificadores, etc.\n\n\n\n             Por su parte, el artículo 132 de ese mismo Reglamento indica que la funcionaria de la\nAsesoría Legal indicada en el artículo 131, puede: a) Realizar una averiguación previa de carácter\ninformal, para establecer si existen suficientes indicios para iniciar un procedimiento\nadministrativo; b) Si la denuncia es infundada o abiertamente improcedente, desestimarla y ordenar\nsu archivo; y c) Si hay mérito para iniciar el procedimiento disciplinario, emitir el acto inicial y\ndesignar –si lo estima conveniente para el desarrollo de la investigación– a los otros miembros del\nórgano de procedimiento. Se señala además, que si fundadamente se estima que la permanencia en su\ncargo de la funcionaria presuntamente responsable, puede entorpecer el desarrollo de la\ninvestigación, podrá ordenarse su suspensión con goce de salario, por un período de un mes.\n\n\n\n             En el citado numeral, en relación con el 131, se confunden las potestades del órgano\ndirector de procedimiento, con las facultades propias de los órganos decisores.\n\n\n\n             Se ha admitido por parte de este Organo Asesor, la posibilidad de que el órgano\ncompetente para tomar la decisión final delegue la instrucción del procedimiento en un órgano\ndirector de procedimiento. Pero ello implica, únicamente, la posibilidad de instruir el\nprocedimiento, y no, la posibilidad de tomar decisiones de fondo sobre éste. Los supuestos antes\ntranscritos del artículo 132, son decisiones sobre el fondo del asunto, que le competen, en\nprincipio, al órgano decisor, y no a un órgano director de procedimiento, que es al que se hace\nreferencia en el artículo 131, al indicarse que es el encargado de \"dirigir todos los órganos\ndirectores de procedimiento disciplinario de la institución\".\n\n\n\n\n            Al respecto, se ha indicado lo siguiente:\n\n\n\n \"Es claro que cuando se separan las funciones del órgano decisorio y del órgano director, la\ncompetencia de este último se limita a la instrucción del expediente, no pudiendo resolver sobre\nasuntos que no se refieran expresamente al trámite del expediente.\n\n\n\n (…) En mi criterio, la instrucción debe circunscribirse al manejo formal del procedimiento, es\ndecir, se trata de llevar el expediente conforme a las reglas dispuestas en la Ley General de la\nAdministración Pública o en la ley especial que se trate. Por esta razón, la instrucción se puede\nrecomendar a un órgano auxiliar o asesor (tal y como lo prevé el artículo 230 de la Ley General de\nla Administración Pública)\". (Federico Sosto López, en Revista \"Seminario sobre Procedimientos\nAdministrativos; Organo Director: integración, facultades y responsabiliades, Imprenta Nacional, año\n2000, pág. 116)\n\n\n\n             En razón de lo anterior, se considera conveniente que se revise el contenido de ambos\nnumerales, clarificándose las competencias del órgano decisor y las del órgano director de\nprocedimiento.\n\n\n\n             De acuerdo con lo expuesto, en principio, le corresponde al órgano decisor nombrar al\nórgano director, siguiendo los criterios de la Ley General de la Administración Pública, y de\nconformidad con la jurisprudencia de este Organo Asesor.\n\n\n\n             Finalmente, y a manera de indicación, debe recordarse que cuando la designación es a un\nórgano (por ejemplo, Unidad de Asesoría Legal), debe especificarse, en cada caso, la o las personas\nque lo integrarían, a efecto de que el investigado pueda hacer uso de la posibilidad de recusar, en\ncaso necesario; lo anterior como una garantía más de debido proceso.\n\n\n\n\n    Atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAna Lorena Brenes Esquivel\n\n\n\n\nProcuradora Administrativa\n\n\n\n\nALBE/albe",
  "body_en_text": "Opinion : 343 of 11/12/2001\n\nC-343-2001\n\n11 December 2001\n\nDr.\nXinia Carvajal Salazar\nMinister of Women's Affairs\nExecutive President\nINAMU\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General, I refer to your official communication MCM-PE-669-001 of 24 September of this year.\n\nIn your letter you state that a doubt has arisen regarding the composition of the procedure-directing bodies (órganos directores de procedimiento) in INAMU. According to the attached legal opinion, the appointment corresponds to the Executive President of the Institution, but Article 131 of the Reglamento Autónomo de Servicios of INAMU tasks the Legal Advisory Unit (Unidad de Asesoría Legal) with directing all the procedure-directing bodies of the Institution's disciplinary procedure (procedimiento disciplinario), for which purpose the Executive President shall designate a female official who is a lawyer by profession to preside over them, as well as to appoint the female officials she deems appropriate to compose said bodies.\n\nYou expressly indicate that \"…I consider that there is a doubt regarding the competence attributed by the Reglamento Autónomo to the official of the Legal Advisory Unit with respect to that official's power to appoint the members of the body and the competence that the law creating INAMU attributes to the Executive President, in her capacity as administrative hierarchical superior.\"\n\nRegarding the appointment of the procedure-directing body, this Advisory Body (Organo Asesor) has been clear, in its jurisprudence, in the sense that the appointment of the procedure-directing body of an administrative procedure corresponds to the decision-making body (órgano decisor) of the procedure.\n\nThat is, the body competent to issue the final decision in a given matter is the one that must decide to initiate an administrative procedure, and it may delegate the instruction (instrucción) thereof to a procedure-directing body. In this regard, it has been indicated:\n\n\"…it must be specified that the decision-making bodies are those that, in principle, have the competence to instruct the administrative procedures they decide to initiate; But this Advisory Body has admitted the thesis that, through the use of the figure of delegation, the decision-making bodies delegate the instruction of the procedure to a procedure-directing body.\" (Opinion C-261-2001 of 27 September 2001) (Note: The obligation that the body competent to issue the final act is the one that must appoint the procedure-directing body and the latter's attributions can be consulted in, among others, the following pronouncements: C-173-95 of 7 August 1995, C-055-96 of 12 April 1996, C-062-96 of 2 May 1996, C-065-96 of 3 May 1996 and C-088-96 of 7 June 1996)\n\nWhat is specifically consulted is the interpretation of Article 131 of the Reglamento Autónomo de Servicios of INAMU, published in Gaceta No. 234 of 6 December 2000, which provides the following:\n\n\"The Legal Advisory Unit shall be responsible for directing all the procedure-directing bodies for disciplinary procedure of the institution.\n\nFor this purpose, the Executive Presidency shall designate a female official who is a lawyer by profession, who shall be responsible for presiding over all the procedure-directing bodies for disciplinary procedure, as well as for appointing the female officials she deems appropriate to effectively compose the various procedure bodies.\"\n\nThis article is found within the chapter \"On due process (debido proceso)\", which regulates the imposition of sanctions in matters of public employment, and it is from that perspective that it shall be analyzed.\n\nFirst, it must be indicated that in cases where the body that must issue the final resolution is the Institution's Board of Directors (Junta Directiva) (when the official reports directly to this body – see, for example, Art. 19 of Ley 7801 of 30 April 1998 -), in accordance with Article 90, subsection e) of the Ley General de la Administración Pública, the procedure-directing body must be the secretary of the collegiate body. In this respect, the following has been stated:\n\n\"This type of body has the particularity that, in accordance with Article 90, subsection e), of the Ley General, they cannot delegate their functions 'except only the instruction thereof, to the Secretary'.\n\nIt is for this reason that bodies of a collegiate nature have their possibility of delegation limited, because they cannot freely decide to which body the instruction of one of their decisions will be delegated, rather, it can be delegated, solely, to the secretary.\n\nThis situation has already been analyzed by this Institution, stating the following:\n\n'Finally, it is worth noting that there is no specific rule contained in the Ley General de la Administración Pública in the sense of determining, a priori, upon which specific body the obligation to process the procedure will fall. Regarding this postulate, it is only worth indicating the express provision in the sense that collegiate bodies must delegate the processing of matters within their competence to their Secretary (Article 90, subsection e) of the Ley General. In the case of the Government Council, see Article 33, subsection c) ibid). Thus, in this aspect, we find ourselves in the field of exercising a discretionary decision at the charge of the hierarchical superior of the officials to be investigated, such that it will be up to the former to determine which specific department or section within the body shall process the administrative procedure. This decision, in turn, has as a frame of reference the general concepts of efficiency and reasonableness that govern all discretionary competence (Article 15 ibid), and taking into account the best satisfaction of the public interest that it presupposes (Article 10 ibid), which, in the case at hand, can be understood as determining the body that can guarantee the processing of an administrative procedure respectful of the rights of the investigated officials. Therefore, the decision may fall upon the Legal Advisory Office (Asesoría Jurídica) as well as any other department or section, at the discretion of the hierarchical superior responsible for imposing the pertinent sanction.' (Opinion C-140-96 of 26 August 1996, cited, in addition to the pronouncement OJ-053-2000 of 29 May 2000)\" (Opinion C-261-2001 of 27 September 2001)\n\nTherefore, those cases in which the official reports directly to the Board of Directors would be excluded from the scope of application of Article 131.\n\nNow, when the competent body is the Executive Presidency, we must indicate that Article 131 does not have a clear wording.\n\nIf it is interpreted, as apparently is being done, in the sense that it enables the female official of the Legal Advisory Unit designated as the procedure-directing body to add other members to the procedure-directing body, this is incorrect from a double perspective.\n\nOn the one hand, Article 90, subsection b) of the Ley General de la Administración Pública establishes that delegation shall have as a limit the impossibility of delegating delegated powers.\n\nBy reason of the foregoing, although the body competent to issue the final act may delegate the instruction of the procedure to a procedure-directing body, the decision regarding its composition cannot be delegated in such a way that it, in turn, implies a new delegation, which is precisely what would be occurring with the interpretation given to the article, as we have understood.\n\nIn turn, from the point of view of the attribution of competence, Article 131 assigns to the Legal Advisory Unit the responsibility to direct the procedure, with the Executive Presidency having to designate a female official from that body, a lawyer by profession, to process it, who may \"appoint the female officials they deem appropriate to effectively compose the various procedure bodies\". From the wording, the authorization for those female officials to compose the procedure-directing body is not clear; rather, apparently, it would concern the appointment, for the purposes of the procedure-directing body, of the auxiliary bodies (órganos auxiliares) it deems appropriate, such as secretary, notifiers, etc.\n\nFor its part, Article 132 of that same Reglamento indicates that the female official from the Legal Advisory Office indicated in Article 131 may: a) Conduct a preliminary investigation of an informal nature, to establish whether there are sufficient indications to initiate an administrative procedure; b) If the complaint is unfounded or manifestly improper, dismiss it and order its archival; and c) If there are grounds to initiate the disciplinary procedure, issue the initial act and designate – if deemed appropriate for the development of the investigation – the other members of the procedure body. It further states that if it is reasonably believed that the continued presence in her post of the official presumed responsible may hinder the development of the investigation, her suspension with pay may be ordered for a period of one month.\n\nIn the cited article, in relation to Article 131, the powers of the procedure-directing body are confused with the faculties proper to decision-making bodies.\n\nThe possibility that the body competent to make the final decision delegates the instruction of the procedure to a procedure-directing body has been admitted by this Advisory Body. But this implies, solely, the possibility of instructing the procedure, and not the possibility of making substantive decisions on it. The suppositions transcribed above from Article 132 are decisions on the merits of the matter, which correspond, in principle, to the decision-making body, and not to a procedure-directing body, which is what is referred to in Article 131, when it states that it is responsible for \"directing all the procedure-directing bodies for disciplinary procedure of the institution\".\n\nIn this regard, the following has been indicated:\n\n\"It is clear that when the functions of the decision-making body and the procedure-directing body are separated, the competence of the latter is limited to the instruction of the file, and it cannot resolve matters that do not expressly refer to the processing of the file.\n\n(…) In my opinion, the instruction must be limited to the formal handling of the procedure, that is, it involves managing the file according to the rules set forth in the Ley General de la Administración Pública or in the special law in question. For this reason, the instruction can be entrusted to an auxiliary or advisory body (as provided for in Article 230 of the Ley General de la Administración Pública)\". (Federico Sosto López, in the Journal \"Seminario sobre Procedimientos Administrativos; Organo Director: integración, facultades y responsabiliades, Imprenta Nacional, year 2000, p. 116)\n\nBy reason of the foregoing, it is considered advisable to review the content of both articles, clarifying the competences of the decision-making body and those of the procedure-directing body.\n\nIn accordance with the foregoing, in principle, it is the responsibility of the decision-making body to appoint the procedure-directing body, following the criteria of the Ley General de la Administración Pública, and in accordance with the jurisprudence of this Advisory Body.\n\nFinally, and by way of indication, it must be remembered that when the designation is to a body (for example, Legal Advisory Unit), the person or persons who would compose it must be specified in each case, so that the investigated party may make use of the possibility of challenging (recusar), if necessary; the foregoing as a further guarantee of due process.\n\nSincerely,\n\nAna Lorena Brenes Esquivel\nAdministrative Attorney\nALBE/albe"
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