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  "id": "pgr-10831",
  "citation": "C-340-2001",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Improcedencia de dictamen por vicios en la intimación en procedimiento de lesividad",
  "title_en": "Opinion declined due to defective notice in a lesividad proceeding",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República se niega a emitir el dictamen solicitado por el Ministro de Educación Pública dentro de un procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo que asignó a una funcionaria el grupo profesional MT-2. La solicitud fue rechazada porque el procedimiento administrativo presentaba vicios sustanciales: no se individualizó ni se puso en conocimiento de la funcionaria el acto administrativo cuya nulidad se pretendía declarar. La certificación y la acción de personal incluidas en el expediente no constituían el acto de asignación del grupo profesional, y además carecían de firmas y sellos. La omisión violenta el debido proceso y el derecho de defensa, ya que la citación no cumplió con los requisitos del artículo 249 inciso c) de la Ley General de la Administración Pública. La Procuraduría devuelve el expediente para que la Administración subsane esas deficiencias antes de que se pueda emitir un dictamen favorable.",
  "summary_en": "The Office of the Attorney General refused to issue the requested opinion in an administrative procedure seeking to declare the absolute nullity of an act that assigned a public employee to the MT-2 professional group. The request was denied because the procedure contained substantial defects: the specific administrative act whose nullity was sought was never identified or brought to the employee’s attention. The certification and personnel action in the file did not constitute the act that assigned the group, and they lacked proper signatures and stamps. This omission violated due process and the right to defense, as the summons did not comply with Article 249(c) of the General Public Administration Law. The OAG returned the file for the Administration to correct the defects before any favorable opinion could be issued.",
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  "date": "10/12/2001",
  "year": "2001",
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    "procedural-environmental"
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  "es_concept_hints": [
    "lesividad",
    "nulidad absoluta, evidente y manifiesta",
    "debido proceso",
    "intimación",
    "acto administrativo",
    "Certificación de acción de personal",
    "Grupo profesional MT-2"
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  "keywords_es": [
    "Procuraduría General de la República",
    "Dictamen C-340-2001",
    "procedimiento de lesividad",
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    "Ley General de la Administración Pública",
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    "intimación defectuosa",
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  "keywords_en": [
    "Attorney General's Office",
    "Opinion C-340-2001",
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  "excerpt_es": "Por consiguiente, se desprende con claridad que ni la certificación ni la mencionada acción de personal son los actos administrativos que otorgan el grupo profesional que se pretende anular, y sobre el cual se le haya intimado a la funcionaria.\n\nAsí las cosas, no es posible que esta Procuraduría rinda el dictamen favorable solicitado. Sobre el particular, es dable tener presente lo que esta Procuraduría General de la República puntualizó, dentro del dictamen N° C-243-2001 del 10 de setiembre del 2001:\n\n“En ese sentido, llama la atención que dentro del expediente administrativo levantado, no consta el referido acto administrativo, el cual es incorporado por el propio afectado, y hasta cuando se produce la comparecencia. (...) Por consiguiente, si no habido una debida intimación de las consecuencias jurídicas que podría acarrear este procedimiento, de anularse el acto, es de rigor devolver el expediente sin el dictamen que fuera requerido en aplicación del propio artículo 173, que establece que en el respectivo procedimiento administrativo ordinario se deben observar los principios y las garantías del debido proceso.”",
  "excerpt_en": "Consequently, it is clear that neither the certification nor the mentioned personnel action are the administrative acts that granted the professional group sought to be annulled, and about which the employee was notified.\n\nTherefore, it is not possible for this Office to render the requested favorable opinion. In this regard, it is worth recalling what this Office of the Attorney General stated in Opinion C-243-2001 of September 10, 2001:\n\n“In that sense, it is noteworthy that the administrative file does not contain the referred administrative act, which is incorporated by the affected person, and only when the hearing takes place. (...) Consequently, if there has not been proper notice of the legal consequences that this procedure could entail, should the act be annulled, it is imperative to return the file without the opinion requested under Article 173 itself, which establishes that the principles and guarantees of due process must be observed in the respective ordinary administrative procedure.”",
  "outcome": {
    "label_en": "Opinion not issued",
    "label_es": "Dictamen no emitido",
    "summary_en": "The Attorney General's Office declines to issue the requested lesividad opinion and returns the administrative file to the Ministry of Public Education to correct substantial defects in the notice that violate due process and the affected employee's right to defense.",
    "summary_es": "La Procuraduría se niega a emitir el dictamen de lesividad solicitado y devuelve el expediente administrativo al Ministerio de Educación Pública para que subsane los vicios sustanciales en la intimación, que violan el debido proceso y el derecho de defensa de la funcionaria afectada."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando de la Procuradora",
      "quote_en": "This Office of the Attorney General has insisted that 'the directing body must observe the substantial formalities of the procedure, for otherwise the proceedings will be null and void under Article 223 of the General Public Administration Law.'",
      "quote_es": "Esta Procuraduría General de la República ha insistido que el 'órgano director debe observar las formalidades sustanciales del procedimiento, pues de lo contrario se causará nulidad de lo actuado en los términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública.'"
    },
    {
      "context": "Cita del Dictamen C-243-2001",
      "quote_en": "Consequently, if there has not been proper notice of the legal consequences that this procedure could entail, should the act be annulled, it is imperative to return the file without the opinion requested under Article 173 itself, which establishes that the principles and guarantees of due process must be observed in the respective ordinary administrative procedure.",
      "quote_es": "Por consiguiente, si no habido una debida intimación de las consecuencias jurídicas que podría acarrear este procedimiento, de anularse el acto, es de rigor devolver el expediente sin el dictamen que fuera requerido en aplicación del propio artículo 173, que establece que en el respectivo procedimiento administrativo ordinario se deben observar los principios y las garantías del debido proceso."
    },
    {
      "context": "Considerando de la Procuradora",
      "quote_en": "It is clear that the omission noted is substantial in nature, and consequently violates due process and the affected person's right to defense under constitutional guarantees.",
      "quote_es": "Es claro que la omisión apuntada tiene carácter substancial, y que consecuentemente violenta el debido proceso, y el derecho de defensa de la afectada a tenor de las garantías constitucionales."
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  "body_es_text": "Dictamen : 340 del 10/12/2001   \n\n\n\nC-340-2001\n\n\n\n\n10 de diciembre del 2001\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\n\nGuillermo Vargas Salazar\n\n\n\n\nMinistro\n\n\n\n\nMinisterio de Educación Pública\n\n\n\n\nS. D.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor Ministro:\n\n\n\n             Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su\noficio N° SE-3765-2001 de fecha 12 de noviembre del 2001, recibido en la Procuraduría el pasado día\n27 de noviembre, y asignado a la suscrita el día 28, dando respuesta en los siguientes términos:\n\n\n\n             En su misiva, solicita se rinda el dictamen a que hace referencia el artículo 173 de la\nLey General de la Administración Pública, dentro del expediente N°302-01 tramitado para determinar\nla nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 25 de junio de 1998,\notorgó Grupo Profesional MT-2 para puestos administrativo docentes a la servidora XXX.\n\n\n\n             Lamentablemente, este Órgano Asesor no puede acceder a su petición, debido a la\nexistencia de vicios en la tramitación del procedimiento ordinario correspondiente, situación que\ndebe ajustarse a Derecho como requisito previo a emitir el dictamen solicitado.\n\n\n\n             Esta Procuraduría General de la República ha insistido que el \"órgano director debe\nobservar las formalidades sustanciales del procedimiento, pues de lo contrario se causará nulidad de\nlo actuado en los términos del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública.\" (Véase\nal respecto el dictamen N° C-173-95 del 7 de agosto de 1995.)\n\n\n\n             Dentro de este orden de ideas, no puede olvidarse que la Sala Constitucional de la\nCorte Suprema de Justicia ha sido conteste en afirmar que \"Los principios del debido proceso\nextraíbles de la Ley General y señalados por esta Sala en su jurisprudencia, son de estricto\nacatamiento obligatorio por las autoridades encargadas de realizar cualquier procedimiento\nadministrativo que tenga por objeto o produzca un resultado sancionador.\" (Voto N° 2945-94 de las\n8:12 horas del 17 de junio de 1994).\n\n\n\n             Así las cosas, si dentro del desarrollo del procedimiento administrativo se patentiza\nalgún tipo de violación a los principios del debido proceso, la Administración debe anular el\nrespectivo acto (verbigracia citación a comparecencia oral y privada), así como las actuaciones y\nresoluciones posteriores, fase procesal a la que se debe retrotraer dicho procedimiento, en virtud\nde que el \"incumplimiento total o parcial de las pautas ordenatorias del procedimiento\nadministrativo acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la antijuricidad en procura de la\nsalvaguarda de la sanidad del derecho.\" (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo,\nMadrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59).\n\n\n\n             Además, debe recalcarse que el procedimiento administrativo es de acatamiento\nobligatorio para la Administración Pública por cuanto \"... los órganos administrativos actúan\nsujetándose a reglas de procedimiento predeterminadas, de modo que el cumplimiento de las normas de\nprocedimiento, es, por lo tanto, un deber de los órganos públicos... Esta obligatoriedad general de\nlos procedimientos instituidos resulta indispensable y debe ser mantenida con verdadera obstinación,\npuesto que las brechas que se abran contra ese principio, al permitir la discrecionalidad o mejor\naún la arbitrariedad de la administración en este campo, constituirán ataques dirigidos contra el\nobjeto mismo del procedimiento administrativo, contra sus finalidades de eficiencia, acierto, y\ncorrección y garantía jurídica, instituidas a favor de los administrados.\" (ESCOLA, Héctor Jorge,\nTratado General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1973, p 12- 27).\n\n\n\n             Bajo ese contexto, el órgano director debe tomar en consideración que deviene\nindispensable que desde el inicio del procedimiento administrativo, el afectado tenga pleno\nconocimiento del acto declaratorio de derechos, debidamente individualizado y que conste\nfehacientemente en el expediente, que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, así\ncomo las posibles consecuencias jurídicas de dicha anulación.\n\n\n\n             Según se desprende del expediente administrativo, el procedimiento seguido a la\nfuncionaria XXX tiene como finalidad anular la asignación al grupo profesional MT-2 para puestos\nadministrativo docentes; sin embargo en ningún momento se individualiza ni consta el acto\nadministrativo que efectivamente realiza dicha asignación.\n\n\n\n             Es importante acotar que ninguno de los documentos que conforman el expediente\nconstituyen el acto administrativo que realiza la asignación en el puesto en estudio a la señora\nXXX, y en ese sentido en ningún momento se le hace saber a la servidora cuál es el acto\nadministrativo que le otorgó dicho grupo profesional; a pesar de que se le indica que es el acto\nadministrativo que en fecha 25 de junio de 1998 le otorga el mencionado grupo profesional, no se le\nindividualiza puntual y detalladamente, ni se le pone en conocimiento el acto administrativo que\nefectivamente realiza dicho nombramiento.\n\n\n\n             Al respecto, téngase presente que en el expediente remitido consta la certificación N°\n34956 emitida el día 11 de junio del 2001, visible a folio 1°, que certifica que a la señora XXX se\nle asignó el grupo profesional MT-2 desde el 25 de junio de 1998; no obstante no consta la acción de\npersonal que efectivamente realiza dicha designación, ni tampoco la certificación indica cuál es la\nacción de personal que realizó dicha asignación. A mayor abundamiento, la única acción de personal\nque consta en el expediente, a saber la N° 2001-192076, visible a folio 2, es por un reajuste de\nsobresueldos que rige desde el 1° de marzo del 2001, y además llama la atención que tanto en el\n\"estado presente\" como en el \"estado propuesto\" está incluido como grupo profesional un PT-5 y no el\nMT-3 de marras. (Nota: Valga acotar que si bien se certifican los folios 1 y 2 como copias fieles y\nexactas de sus originales, según certificación visible a folio 8, los folios 1 y 2 no tienen la\nfirma de aprobado por el respectivo Jefe de Sección, ni tienen sello de original firmado).\n\n\n\n             Por consiguiente, se desprende con claridad que ni la certificación ni la mencionada\nacción de personal son los actos administrativos que otorgan el grupo profesional que se pretende\nanular, y sobre el cual se le haya intimado a la funcionaria.\n\n\n\n             Así las cosas, no es posible que esta Procuraduría rinda el dictamen favorable\nsolicitado. Sobre el particular, es dable tener presente lo que esta Procuraduría General de la\nRepública puntualizó, dentro del dictamen N° C-243-2001 del 10 de setiembre del 2001:\n\n\n\n \"En ese sentido, llama la atención que dentro del expediente administrativo levantado, no consta el\nreferido acto administrativo, el cual es incorporado por el propio afectado, y hasta cuando se\nproduce la comparecencia. Lo anterior adquiere especial relevancia si tomamos en consideración que\nen el mismo documento se indica en los apartes de \"condición actual\" y \"condición propuesta\" el\npuesto de Coordinador de Area, y en ambos casos también el mismo número de inciso. Sea, surge la\nduda de la eventual existencia de otro acto administrativo de nombramiento en ese cargo con\nanterioridad. Todo lo cual da pie a que sea aclarado y especificado en la intimación\ncorrespondiente.\n\n\n\n\n(…)\n\n\n\n Por consiguiente, si no habido una debida intimación de las consecuencias jurídicas que podría\nacarrear este procedimiento, de anularse el acto, es de rigor devolver el expediente sin el dictamen\nque fuera requerido en aplicación del propio artículo 173, que establece que en el respectivo\nprocedimiento administrativo ordinario se deben observar los principios y las garantías del debido\nproceso.\"\n\n\n\n             En esa relación de ideas, resulta un problema básico de intimación; y por ende, la\ncitación se hizo sin el debido cumplimiento de los términos del inciso c) del artículo 249 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública.\n\n\n\n             Es claro que la omisión apuntada tiene carácter substancial, y que consecuentemente\nviolenta el debido proceso, y el derecho de defensa de la afectada a tenor de las garantías\nconstitucionales.\n\n\n\n             Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley General de la\nAdministración Pública que diáfana mente establece que \"Las citaciones defectuosas por omisión de\nalguno de los requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulas, excepto en el caso del señalado\npor el inciso d) del mismo.\" Así como, en las abundantes resoluciones de la Sala Constitucional de\nla Corte Suprema de Justicia, verbigracia votos números 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de\n1999, 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo de 1998, 2376-98 del 1° de abril de 1998 y 955-95\nde las 10:30 horas del 17 de febrero de 1995, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por\nejemplo la N° 21 de las 14:15 horas del 9 de abril de 1997, y dictámenes de la Procuraduría General\nde la República, números C-049-99 del 5 de marzo de 1999, C-118-2000 del 22 de mayo del 2000,\nC-083-2001 del 20 de marzo y C-182-2001 del 26 de junio ambos del año 2001, entre muchos otros.\n\n\n\n             De conformidad con lo expuesto, este órgano se encuentra imposibilitado para emitir\ndictamen sobre la eventual existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en la\ninstrucción del procedimiento administrativo relacionado con la servidora XXX, hasta tanto se\nsubsane por parte de la administración activa, lo señalado líneas atrás.\n\n\n\n\n            Del señor Ministro de Educación Pública, deferentemente suscribe,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\n\n\n\n\nProcuradora Adjunta\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAdjunto: El expediente administrativo.\n\n\n\n\nACACHA/mvc",
  "body_en_text": "Legal Opinion: 340 of 12/10/2001\n\nC-340-2001\n\nDecember 10, 2001\n\nLicenciado\nGuillermo Vargas Salazar\nMinister\nMinistry of Public Education\nS. D.\n\nDear Mr. Minister:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General, I am pleased to refer to your official communication No. SE-3765-2001 dated November 12, 2001, received at the Attorney General's Office on the past 27th of November, and assigned to the undersigned on the 28th, responding in the following terms:\n\nIn your missive, you request that the legal opinion referred to in Article 173 of the General Law of Public Administration be rendered, within case file No. 302-01 processed to determine the absolute, evident, and manifest nullity of the administrative act that, on June 25, 1998, granted the Professional Group MT-2 for administrative teaching positions to the employee XXX.\n\nRegrettably, this Advisory Body cannot accede to your request, due to the existence of defects in the processing of the corresponding ordinary procedure, a situation that must be adjusted to Law as a prerequisite to issuing the requested legal opinion.\n\nThis Attorney General's Office of the Republic has insisted that the \"directing body must observe the substantial formalities of the procedure, since otherwise the actions taken will be null and void under the terms of Article 223 of the General Law of Public Administration.\" (See in this regard legal opinion No. C-173-95 of August 7, 1995.)\n\nWithin this line of thought, it cannot be forgotten that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has been consistent in affirming that \"The principles of due process derivable from the General Law and indicated by this Chamber in its jurisprudence are of strict mandatory observance by the authorities responsible for conducting any administrative procedure that has as its object or produces a sanctioning result.\" (Voto 2945-94 of 8:12 a.m. on June 17, 1994).\n\nThus, if within the development of the administrative procedure any type of violation of the principles of due process becomes evident, the Administration must annul the respective act (for example, a summons to an oral and private hearing), as well as the subsequent actions and resolutions, a procedural phase to which said procedure must be rolled back, by virtue of the fact that \"total or partial non-compliance with the ordering guidelines of the administrative procedure entails remedial legal sanctions for the unlawfulness in pursuit of safeguarding the soundness of the law.\" (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59).\n\nFurthermore, it must be emphasized that the administrative procedure is of mandatory observance for the Public Administration because \"... administrative bodies act subjecting themselves to predetermined rules of procedure, so that compliance with procedural norms is, therefore, a duty of public bodies... This general obligatory nature of the instituted procedures is indispensable and must be maintained with true obstinacy, since the breaches opened against that principle, by allowing the discretion or better yet the arbitrariness of the administration in this field, will constitute attacks directed against the very object of the administrative procedure, against its purposes of efficiency, correctness, and legal guarantee, instituted in favor of the administered parties.\" (ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1973, pp. 12-27).\n\nUnder that context, the directing body must take into consideration that it becomes indispensable that, from the beginning of the administrative procedure, the affected party has full knowledge of the act that declares rights, duly individualized and reliably recorded in the case file, whose absolute, evident, and manifest nullity is sought to be declared, in accordance with Article 173 of the General Law of Public Administration, as well as the possible legal consequences of said annulment.\n\nAs can be inferred from the administrative case file, the procedure followed against the official XXX aims to annul the assignment to Professional Group MT-2 for administrative teaching positions; however, at no time is the administrative act that effectively makes said assignment individualized or recorded.\n\nIt is important to note that none of the documents that comprise the case file constitute the administrative act that makes the assignment to the position under study to Mrs. XXX, and in that sense, at no time is the employee made aware of which administrative act granted her said professional group; despite being told that it is the administrative act dated June 25, 1998, that grants her the mentioned professional group, it is not individualized to her in a precise and detailed manner, nor is the administrative act that effectively makes said appointment brought to her attention.\n\nIn this regard, it should be borne in mind that in the referred case file, certification No. 34956 issued on June 11, 2001, visible on folio 1, certifies that Mrs. XXX was assigned Professional Group MT-2 as of June 25, 1998; however, the personnel action that effectively makes said designation is not recorded, nor does the certification indicate which personnel action made said assignment. Moreover, the only personnel action recorded in the case file, namely No. 2001-192076, visible on folio 2, is for a salary supplement adjustment effective as of March 1, 2001, and it is also noteworthy that both in the \"current state\" and the \"proposed state,\" a PT-5 is included as the professional group and not the MT-3 in question. (Note: It is worth noting that although folios 1 and 2 are certified as faithful and exact copies of their originals, according to the certification visible on folio 8, folios 1 and 2 do not have the approved signature of the respective Section Chief, nor do they have the original signed seal).\n\nConsequently, it is clear that neither the certification nor the mentioned personnel action are the administrative acts that grant the professional group sought to be annulled, and about which the official has been summoned.\n\nThus, it is not possible for this Attorney General's Office to render the favorable legal opinion requested. On this matter, it is fitting to bear in mind what this Attorney General's Office of the Republic pointed out, in legal opinion No. C-243-2001 of September 10, 2001:\n\n\"In that sense, it is noteworthy that within the administrative case file opened, the referred administrative act is not recorded, which is incorporated by the affected party himself, and not until the hearing takes place. The foregoing acquires special relevance if we take into consideration that the same document indicates in the sections for 'current condition' and 'proposed condition' the position of Area Coordinator, and in both cases also the same subsection number. That is, doubt arises about the eventual existence of another administrative act appointing her to that position previously. All of which gives rise for it to be clarified and specified in the corresponding summons.\n\n(…)\n\nConsequently, if there has not been a proper summons regarding the legal consequences that this procedure could entail, should the act be annulled, it is strictly necessary to return the case file without the legal opinion that was requested in application of Article 173 itself, which establishes that in the respective ordinary administrative procedure, the principles and guarantees of due process must be observed.\"\n\nIn this line of thought, a basic problem of summons arises; and therefore, the citation was made without due compliance with the terms of subsection c) of Article 249 of the General Law of Public Administration.\n\nIt is clear that the omission noted is of a substantial nature, and consequently violates due process and the right of defense of the affected party in accordance with constitutional guarantees.\n\nThe foregoing, in accordance with the provisions of Article 254 of the General Law of Public Administration, which clearly establishes that \"Defective citations due to the omission of any of the requirements demanded by Article 249 shall be null and void, except in the case of that indicated by subsection d) thereof.\" As well as in the abundant rulings of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, for example, Votos numbers 632-99 of 10:48 a.m. on January 29, 1999, 2253-98 of 1:03 p.m. on March 27, 1998, 2376-98 of April 1, 1998, and 955-95 of 10:30 a.m. on February 17, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, for example, No. 21 of 2:15 p.m. on April 9, 1997, and legal opinions of the Attorney General's Office of the Republic numbers C-049-99 of March 5, 1999, C-118-2000 of May 22, 2000, C-083-2001 of March 20, and C-182-2001 of June 26, both from the year 2001, among many others.\n\nIn accordance with the foregoing, this body is unable to issue a legal opinion on the eventual existence of an absolute, evident, and manifest nullity in the instruction of the administrative procedure related to the employee XXX, until such time as what was indicated above is rectified by the active administration.\n\nRespectfully submitted by the Minister of Public Education,\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\nDeputy Attorney General\n\nAttachment: The administrative case file.\n\nACACHA/mvc"
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