{
  "id": "pgr-11647",
  "citation": "C-018-2003",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Improcedencia de consulta sobre prestaciones laborales a funcionario concreto",
  "title_en": "Dismissal of consultation regarding employment benefits for specific official",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República rechaza evacuar la consulta presentada por el Alcalde Municipal de Cañas sobre el pago de prestaciones laborales al propio consultante, quien fungió como Encargado del Departamento de Catastro. Se argumenta que la solicitud no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría, ya que identifica un caso concreto en lugar de plantear una cuestión jurídica genérica. Evacuar la consulta implicaría invadir competencias propias de la administración activa y subrogarse en sus decisiones. En consecuencia, se deniega el trámite de la gestión.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office declines to answer the consultation submitted by the Mayor of Cañas regarding the payment of employment benefits to the inquirer himself, who served as Head of the Cadastre Department. The request fails to meet admissibility requirements established in the Organic Law of the Attorney General's Office, as it identifies a specific case rather than raising a generic legal question. Responding to the consultation would entail encroaching upon the active administration's own powers and substituting for its decisions. Consequently, the processing of the request is denied.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "30/01/2003",
  "year": "2003",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "jerarca administrativo",
    "dictamen",
    "administración activa",
    "asesoría legal",
    "caso concreto",
    "cuestiones jurídicas"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 4",
      "law": "Ley 6815"
    },
    {
      "article": "Art. 5",
      "law": "Ley 6815"
    },
    {
      "article": "Art. 3 inciso b)",
      "law": "Ley 6815"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "Procuraduría General de la República",
    "consulta",
    "improbabilidad",
    "requisitos de admisibilidad",
    "caso concreto",
    "cuestiones jurídicas",
    "asesoría legal",
    "Administración activa",
    "prestaciones laborales",
    "Municipalidad de Cañas"
  ],
  "keywords_en": [
    "Attorney General's Office",
    "consultation",
    "inadmissibility",
    "admissibility requirements",
    "specific case",
    "legal questions",
    "legal advisory",
    "active Administration",
    "employment benefits",
    "Municipality of Cañas"
  ],
  "excerpt_es": "Se nos impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo de lo consultado, ya que encontramos identificado un caso concreto dentro del cual han surgido las dudas de orden jurídico. De esta manera, se nos pide criterio sobre una relación laboral y sus consecuencias para una persona en particular. Siguiendo los parámetros de la jurisprudencia supracitada, es evidente que nos encontramos ante un incumplimiento de los requisitos allí establecidos.\n\nAsimismo, esta Procuraduría carece de competencia para emitir criterio, ya que nos estaríamos arrogando competencias típicas de la Administración activa, dado que lo que en definitiva resolviéramos sería de acatamiento obligatorio para la Municipalidad, con lo cual nos subrogaríamos impropiamente en sus decisiones.\n\nDado el incumplimiento de los requisitos en orden a la admisibilidad de consultas que se formulan ante la Procuraduría General de la República (identificación de un caso concreto) se deniega el trámite a la gestión incoada por la Municipalidad de Cañas.",
  "excerpt_en": "We are precluded from issuing a pronouncement on the merits of the consultation, as we identify a specific case within which the legal doubts have arisen. Thus, we are asked to opine on an employment relationship and its consequences for a particular individual. Following the standards of the aforementioned jurisprudence, it is evident that we face non-compliance with the requirements established therein.\n\nMoreover, this Attorney General's Office lacks competence to issue an opinion, since we would be arrogating to ourselves powers typical of the active Administration, given that whatever we ultimately resolve would be mandatory for the Municipality, thereby improperly substituting for its decisions.\n\nGiven the failure to meet the requirements for admissibility of consultations submitted to the Attorney General's Office (identification of a specific case), processing of the proceeding initiated by the Municipality of Cañas is denied.",
  "outcome": {
    "label_en": "Consultation dismissed",
    "label_es": "Consulta rechazada",
    "summary_en": "The consultation is dismissed because it identifies a specific case, failing to meet statutory admissibility requirements.",
    "summary_es": "Se rechaza la consulta por identificar un caso concreto, incumpliendo los requisitos legales de admisibilidad."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "We are precluded from issuing a pronouncement on the merits of the consultation, as we identify a specific case within which the legal doubts have arisen.",
      "quote_es": "Se nos impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo de lo consultado, ya que encontramos identificado un caso concreto dentro del cual han surgido las dudas de orden jurídico."
    },
    {
      "context": "Considerando I (cita del dictamen C-151-2002)",
      "quote_en": "Consultations must address 'legal questions' in the abstract, that is, without identifying a specific case that is under study or to be decided by the consulting administration.",
      "quote_es": "Las consultas versan sobre 'cuestiones jurídicas' en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración consultante."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "This Attorney General's Office lacks competence to issue an opinion, since we would be arrogating to ourselves powers typical of the active Administration... we would improperly substitute for its decisions.",
      "quote_es": "Esta Procuraduría carece de competencia para emitir criterio, ya que nos estaríamos arrogando competencias típicas de la Administración activa... nos subrogaríamos impropiamente en sus decisiones."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-38915",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 6815  Art. 4"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=11647&strTipM=T",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Dictamen : 018 del 30/01/2003   \n\n C-018-2003 30 de enero 2003       Señor Eduardo Parajeles Duarte Alcalde Municipal Municipalidad de\nCañas S.O.       Estimado señor:       Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, nos\nreferimos a su oficio OFC-ALC 5063 del 19 de diciembre del año 2002. De esta manera, procedemos al\nanálisis del contenido de su petición y las limitantes de orden legal que nos impiden entrar a\nconocer la misma.     Planteamiento de la consulta.       Se le consulta a esta Procuraduría General\nsu criterio sobre la cancelación de prestaciones laborales a su persona por haber laborado, durante\nun período determinado, como encargado del Departamento de Catastro de dicho Ente Corporativo. A\nefectos de una mayor claridad, nos permitimos transcribir el objeto concreto que se somete a nuestra\nconsideración:   \"Aprovecho para manifestarle lo siguiente: el 15 de marzo de 1987 fui nombrado en\nel Departamento de Catastro de la Municipalidad de Cañas como Encargado, en 1994 fui ascendido como\nEjecutivo Municipal sin firmar ningún nombramiento, asimismo en el período de 1998 hasta el año en\ncurso. Por dicho motivo, le solicito su criterio para la cancelación de mis prestaciones contra mi\nrécord laboral comprendido del año 1987 al 2002\".     Motivos que impiden evacuar la consulta.   \nLa función consultiva que el Ordenamiento Jurídico ha atribuido a la Procuraduría General de la\nRepública, está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que derivan de la Ley N° 6815 del\n27 de setiembre de 1982 y sus reformas. En este sentido, es pertinente reiterar lo que en dictamen\nC-151-2002 del 12 de junio del año 2002, se elaboró sobre el tema de esos preceptos de orden legal:\n     \"Conviene recordar, en primera instancia, varias disposiciones de la Ley Orgánica de la\nProcuraduría General de la República (Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) que\nresultan atinentes al presente caso y que fijan los requisitos para que un órgano o institución de\nla Administración Pública requiera de nuestro criterio técnico-jurídico:       \"Artículo 4.\nConsultas:       Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los\ndiferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la\nProcuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.       La\nconsulta será obligada para el Poder Central, cuando se trate de reclamaciones administrativas cuya\nresolución final pueda ocasionar considerables egresos, de acuerdo con la determinación que al\nefecto se hará en el reglamento.\"       \"Artículo 5. No obstante lo dispuesto en los artículos\nanteriores, no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una\njurisdicción especial establecida por ley.\"       Las anteriores normas, en relación con el artículo\n3 inciso b) de la misma Ley que indica que los dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que\nbrinde la Procuraduría General se harán sobre \"… cuestiones jurídicas…\", han permitido a la\njurisprudencia administrativa emanada de este Organo Asesor el establecimiento de los siguientes\nrequisitos mínimos de admisibilidad, que han ser analizados previo al estudio de fondo de las\nsolicitudes que nos presentan:       * Que la consulta la formule el jerarca administrativo del\nrespectivo órgano u institución pública.       * Que se acompañe el criterio legal que sobre el tema\nen consulta tenga la respectiva asesoría jurídica del órgano u institución pública. Dicho dictamen\ndebe ser un estudio específico sobre las variables jurídicas que, en criterio del profesional\ncorrespondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración.       *\nLas consultas versan sobre \"cuestiones jurídicas\" en genérico, es decir, sin que pueda identificarse\nun caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración\nconsultante. Esto por cuanto estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo\nque nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.\"       Con vista en\nlos anteriores criterios desarrollados por la jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, y\nhaciendo la relación pertinente con la solicitud formulada por esa Corporación Municipal, más el\ndictamen del asesor legal de ésta, manifestamos lo siguiente:       Se nos impide verter\npronunciamiento en cuanto al fondo de lo consultado, ya que encontramos identificado un caso\nconcreto dentro del cual han surgido las dudas de orden jurídico. De esta manera, se nos pide\ncriterio sobre una relación laboral y sus consecuencias para una persona en particular. Siguiendo\nlos parámetros de la jurisprudencia supracitada, es evidente que nos encontramos ante un\nincumplimiento de los requisitos allí establecidos. Asimismo, esta Procuraduría carece de\ncompetencia para emitir criterio, ya que nos estaríamos arrogando competencias típicas de la\nAdministración activa, dado que lo que en definitiva resolviéramos sería de acatamiento obligatorio\npara la Municipalidad, con lo cual nos subrogaríamos impropiamente en sus decisiones.     III. \nConclusión:       Dado el incumplimiento de los requisitos en orden a la admisibilidad de consultas\nque se formulan ante la Procuraduría General de la República (identificación de un caso concreto) se\ndeniega el trámite a la gestión incoada por la Municipalidad de Cañas.       Sin otro particular,\nnos suscribimos,       Iván Vincenti Rojas PROCURADOR ADJUNTO   María Lucía Alvarado Fischel ABOGADA\n  Ivr-mlaf",
  "body_en_text": "Opinion: 018 of 30/01/2003\n\nC-018-2003 January 30, 2003\nMr. Eduardo Parajeles Duarte\nMunicipal Mayor\nMunicipalidad de Cañas\nS.O.\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General, we refer to your official letter OFC-ALC 5063 of December 19, 2002. In this manner, we proceed to analyze the content of your petition and the legal limitations that prevent us from addressing it.\n\n**Statement of the consultation.**\n\nThis Procuraduría General is consulted for its opinion on the payment of employment benefits to your person for having worked, during a specific period, as the head of the Catastro Department of said Corporate Entity. For greater clarity, we take the liberty of transcribing the specific matter submitted for our consideration:\n\n\"I take this opportunity to state the following: on March 15, 1987, I was appointed in the Catastro Department of the Municipalidad de Cañas as Head; in 1994, I was promoted to Municipal Executive without signing any appointment, likewise for the period from 1998 to the current year. For this reason, I request your opinion for the payment of my benefits against my employment record spanning from 1987 to 2002.\"\n\n**Reasons that prevent addressing the consultation.**\n\nThe advisory function that the Legal System has attributed to the Procuraduría General de la República is subject to compliance with a series of requirements derived from Ley N° 6815 of September 27, 1982, and its amendments. In this regard, it is pertinent to reiterate what was stated in opinion C-151-2002 of June 12, 2002, on the subject of those legal precepts:\n\n\"First, it is worth recalling several provisions of the Organic Law of the Procuraduría General de la República (Ley N° 6815 of September 27, 1982, and its amendments) that are relevant to the present case and that set the requirements for a body or institution of the Public Administration to request our technical-legal opinion:\n\n'Article 4. Consultations:\nThe bodies of the Public Administration, through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-legal opinion of the Procuraduría, and must, in each case, attach the opinion of the respective legal advisory office.\nThe consultation shall be mandatory for the Central Government when dealing with administrative claims whose final resolution could cause considerable expenditures, in accordance with the determination to be made in the regulations for this purpose.'\n\n'Article 5. Notwithstanding the provisions of the preceding articles, matters specific to administrative bodies that possess a special jurisdiction established by law are not subject to consultation.'\n\nThe foregoing rules, in relation to Article 3, subsection b) of the same Law, which indicates that the opinions, pronouncements, and advice provided by the Procuraduría General shall be rendered on '… legal questions …', have allowed the administrative jurisprudence emanating from this Advisory Body to establish the following minimum admissibility requirements, which must be analyzed prior to the substantive study of the requests presented to us:\n\n* That the consultation is formulated by the administrative head of the respective public body or institution.\n* That the legal opinion on the subject under consultation, held by the respective legal advisory office of the public body or institution, be attached. Said opinion must be a specific study of the legal variables that, in the opinion of the corresponding professional, are related to the concern presented for our consideration.\n* The consultations must deal with 'legal questions' in a generic sense, that is, without being able to identify a specific case that is under study or to be decided by the consulting administration. This is because we would otherwise be contravening the nature of the superior advisory body conferred upon us by law, transforming ourselves into part of the active administration.\"\n\nIn view of the foregoing criteria developed by the administrative jurisprudence of this Advisory Body, and making the pertinent connection with the request formulated by that Municipal Corporation, plus the legal advisor's opinion thereof, we state the following:\n\nWe are prevented from issuing a pronouncement on the merits of the matter consulted, as we have identified a specific case within which the legal doubts have arisen. Thus, we are asked for an opinion on an employment relationship and its consequences for a particular person. Following the parameters of the supra-cited jurisprudence, it is evident that we are faced with non-compliance with the requirements established therein. Likewise, this Procuraduría lacks the competence to issue an opinion, since we would be arrogating powers typical of the active Administration, given that whatever we ultimately decided would be binding on the Municipalidad, whereby we would improperly substitute ourselves in its decisions.\n\nIII. Conclusion:\n\nGiven the non-compliance with the requirements regarding the admissibility of consultations formulated before the Procuraduría General de la República (identification of a specific case), the processing of the request initiated by the Municipalidad de Cañas is denied.\n\nWithout further ado, we subscribe,\n\nIván Vincenti Rojas\nPROCURADOR ADJUNTO\n\nMaría Lucía Alvarado Fischel\nABOGADA\n\nIvr-mlaf"
}