{ "id": "pgr-11829", "citation": "OJ-072-2003", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Suspensión de desalojo en zona marítimo terrestre y responsabilidad de regidores", "title_en": "Suspension of eviction in the maritime-terrestrial zone and council members' liability", "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza si los regidores de la Municipalidad de Nicoya incurrieron en la causal de cancelación de credenciales del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre al suspender el desalojo administrativo de Leonor Cano Obregón. Concluye que, por el momento, no hay mérito para abrir un procedimiento sancionador, pues la Administración tiene la facultad de suspender la ejecución de sus actos para evitar perjuicios graves o de imposible reparación, mientras se resuelven los recursos pendientes. Sin embargo, reitera que los bienes de dominio público no son susceptibles de posesión, que las construcciones sin permiso en la zona costera son ilegítimas y que las municipalidades tienen el deber de desalojar a los ocupantes y demoler las edificaciones ilegales, so pena de responsabilidades disciplinarias y penales.", "summary_en": "The Attorney General's Office analyzes whether Nicoya's municipal council members violated Article 63 of the Maritime-Terrestrial Zone Law by halting the administrative eviction of Leonor Cano Obregón. It concludes there are currently no grounds to initiate a sanctioning procedure, because the Administration may suspend the enforcement of its decisions to avoid serious or irreparable harm while appeals are pending. However, it reaffirms that public domain lands cannot be possessed, that construction without permits on the coastal zone is illegal, and that municipalities must evict occupants and demolish unauthorized structures, under threat of disciplinary and criminal liability.", "court_or_agency": "", "date": "06/05/2003", "year": "2003", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "desalojo administrativo", "artículo 63 Ley 6043", "cancelación de credenciales", "dominio público", "ocupante ilegítimo", "autotutela", "policía demanial" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 63", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 13", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 46", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 148", "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "zona marítimo terrestre", "desalojo administrativo", "artículo 63 Ley 6043", "cancelación de credenciales", "regidores municipales", "construcciones ilegales", "dominio público", "Procuraduría General de la República", "Nicoya", "Leonor Cano Obregón", "Ministerio de Seguridad Pública", "ocupante ilegítimo", "demolición", "concesión" ], "keywords_en": [ "maritime-terrestrial zone", "administrative eviction", "Article 63 Law 6043", "revocation of credentials", "municipal council members", "illegal construction", "public domain", "Attorney General's Office", "Nicoya", "Leonor Cano Obregón", "Ministry of Public Security", "illegal occupant", "demolition", "concession" ], "excerpt_es": "En razón de lo anterior, estimamos que en el presente caso, por el momento, no hay mérito para la apertura de un procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones, para la aplicación del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a los regidores de la Municipalidad de Nicoya.", "excerpt_en": "For the foregoing reasons, we consider that at this time there are no grounds to initiate an administrative sanctioning procedure by the Supreme Electoral Tribunal to apply Article 63 of the Maritime-Terrestrial Zone Law against the council members of the Municipality of Nicoya.", "outcome": { "label_en": "No grounds", "label_es": "Sin mérito", "summary_en": "The PGR concludes that, at this time, there are no grounds to revoke Nicoya council members' credentials under Article 63 of Law 6043.", "summary_es": "La PGR concluye que no hay, por el momento, mérito para cancelar las credenciales de los regidores de Nicoya bajo el artículo 63 de la Ley 6043." }, "pull_quotes": [ { "context": "I. DESALOJO ADMINISTRATIVO ORDENADO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA", "quote_en": "In our opinion, that precedent does not apply to the case under study; first, because over public domain property there are no possessory rights", "quote_es": "En nuestro criterio ese precedente no resulta aplicable al caso en estudio; en primer término, porque sobre los bienes de dominio público no hay derechos de posesión" }, { "context": "II. CONSTRUCIONES ILEGALES REALIZADAS POR CANO OBREGON EN 1985", "quote_en": "The Administration's delay in curbing such transgressions confers no rights, since the public domain nature of the property precludes a prescription defense.", "quote_es": "La tardanza de la Administración para poner freno a ese tipo de acciones transgresoras, no le otorga ningún derecho al no poder alegar la excepción de prescripción, pues lo impide la naturaleza demanial del bien." }, { "context": "IV. PROHIBICIONES EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES", "quote_en": "Article 46.- The respective municipality... may not grant any concession to its council members, their spouses or substitutes, the municipal executive, or their relatives up to the second degree of consanguinity or affinity.", "quote_es": "Artículo 46.- La municipalidad correspondiente... no podrá otorgar ninguna concesión a favor de sus regidores, propietarios o suplentes, o del ejecutivo municipal, o de sus parientes en primero o segundo grados por consanguinidad o afinidad." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-32006", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6043 Art. 63" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=11829&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Opinión Jurídica : 072 - J   del 06/05/2003   \n\n O.J.-072-2003 06 de mayo del 2003       Señor Lic. Alejandro Bermúdez Mora Secretario Tribunal\nSupremo de Elecciones S. D.       Estimado señor:       Respecto a su oficio Nº 5161-2002 del 20 de\nnoviembre del 2002, mediante el cual pone en nuestro conocimiento el voto del Tribunal Supremo de\nElecciones Nº 2049-M-2002 de 14:55 hrs. del 6 de noviembre del 2002, dictado en el expediente\nadministrativo Nº 204-C-2002, donde se nos solicita investigar los hechos denunciados a efecto de\nque el Tribunal valore la apertura de un procedimiento administrativo sancionador para la aplicación\ndel artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a las regidoras de la Municipalidad de\nNicoya, señoras Florentina Toruño Gutiérrez, Iris Vargas Mora y Priscila Rosales Dinarte, así como\nal regidor José Méndez Montero, con la aprobación del Procurador General Adjunto, me permito\nindicarle lo siguiente.-       Si bien el presente estudio no es un pronunciamiento vinculante\nconforme al artículo 4 de nuestra Ley Orgánica, sí constituye una opinión al amparo de los numerales\n3 ibídem y 4 de la Ley 6043, emitida para colaborar con las potestades de carácter administrativo y\ndisciplinario conferidas por el legislador a ese Órgano Constitucional; así como para velar por el\ncontrol jurídico sobre la zona costera, a fin de orientar a los diversos repartos del Estado que,\ncomo se verá, en el ámbito de su competencia, ejercen funciones administrativas.-       La denuncia\nla presentaron ante ese Tribunal, en escrito del 2 de julio del 2002, los regidores propietarios\nOvidio Jiménez Salazar, Gerardo Mora Acosta y Dania Silva Mora, por estimar que el acuerdo de\nmayoría Nº 21, adoptado en la sesión ordinaria Nº 4 del 27 de mayo del 2002, infringe el artículo 63\nde la Ley 6043, al suspender cualquier desalojo contra las señoras Leonor Cano Obregón y Leonor\nVargas Yong, hasta tanto no recaiga pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso\nAdministrativo.- I.- DESALOJO ADMINISTRATIVO ORDENADO POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA      \nEl conflicto actual tiene como origen la solicitud de desalojo requerido el 17 de febrero de 1999\npor el entonces Alcalde de Nicoya, señor Freddy Gómez Cortes, al Ministerio de Seguridad Pública\n(Expediente Nº 373-99) contra Leonor Cano Obregón, pues la demanda ordinaria que interpuso contra la\nMunicipalidad de Nicoya y Leonor Vargas Yong fue declarada sin lugar por el Juzgado Contencioso\nAdministrativo y Civil de Hacienda en sentencia Nº 582-97 de 10:00 hrs. del 19 de diciembre de 1997,\nconfirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, por voto Nº 307-98 de 15:00\nhrs. del 30 de julio de 1998 (Expediente Nº 88-719-178-CA).-       El Ministerio de Seguridad\nPública acogió la solicitud por resolución Nº 394-99 D.M. de 9:00 hrs. del 24 de febrero de 1999,\nconfirmada por la número 600-99 D.M. de 9:00 hrs. del 24 de marzo de 1999. Su ejecución fue diferida\npor un plazo de tres días a pedido del Alcalde Gómez Cortés, en escrito del 4 de mayo de 1999\ndirigido a la Delegación Cantonal de Nicoya.-       Asimismo, en resolución Nº 1365-99 de las 9:40\nhrs. del 2 de junio de 1999, se rechazó un recurso de revisión contra la Nº 600-99, por no cumplir\ncon los presupuestos del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública. La resolución\n1365-99 se le notificó a Cano Obregón el 28 de junio de 1999. Mediante escrito del 15 de febrero del\n2000, el Alcalde Gómez Cortés solicitó al Departamento Legal del Ministerio de Seguridad Pública que\nen el menor tiempo posible hiciera efectivo el desalojo. El Lic. Alejandro Chan Ortiz, Jefe de ese\nDepartamento, por oficio Nº 1260-2000 ALD del 1 de marzo del 2000, informó al Delegado de la Guardia\nRural de Nicoya que no había ningún impedimento para llevar a cabo la diligencia. Sin embargo,\nmediante fax del 5 de abril del 2000, el Lic. Chan Ortiz requirió al Delegado de la Guardia Rural de\nNicoya, señor Marcelo Naranjo Arias, suspender nuevamente el desalojo por haberse presentado un\nrecurso de revocatoria.-       El 8 de setiembre del 2000, el nuevo Alcalde, señor Germán Cuevillas\nLeón, manifestó al Departamento Legal del Ministerio de Seguridad Pública su desacuerdo por la\nsuspensión ordenada. El Lic. Chan Ortiz fundamentó la medida en el hecho de haber interpuesto Cano\nObregón un recurso per saltum ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y por ende, la\ncontinuación de las diligencias dependería de que aquél avalara los acuerdos municipales. En\nmemorial del 24 de octubre del 2000, el Alcalde sostuvo que el desalojo de Cano Obregón estaba\nfenecido con autoridad de cosa juzgada y sólo requería que el Ministerio cumpliera con lo solicitado\npor el Concejo y ratificado por los Tribunales de Justicia.-       En vista de un recurso de\napelación sin resolver ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el acuerdo Nº 23, Artículo\n4, de la sesión Ordinaria Nº 65 del 14 de junio de 1999, el Ministerio de Seguridad Pública mediante\nresolución Nº 4243-2000 D.M. de las 9:00 hrs. del 13 de noviembre del 2000 (con base en el Voto de\nla Sala Constitucional Nº 246-91 de las 15:52 hrs. del 1 de febrero de 1991, según el cual, estando\npendiente un proceso judicial donde se deba establecer el mejor derecho de posesión, no es prudente,\nni jurídicamente viable, que la Administración ordene un acto que pueda resultar contrario a lo\nresuelto en los tribunales); así, mantuvo la suspensión provisional del desalojo hasta tanto la\nautoridad judicial no se pronunciara en sentencia firme sobre la legitimidad de las pretensiones de\nla demandada.-       En nuestro criterio ese precedente no resulta aplicable al caso en estudio; en\nprimer término, porque sobre los bienes de dominio público no hay derechos de posesión (Sala\nConstitucional, resoluciones números Nº 2306-91 de 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991, 6758-93 de\n22 de diciembre de 1993 y 6192-95 de 16:42 hrs. del 14 de noviembre de 1995; Tribunal Superior\nContencioso Administrativo, Sección Primera, Nº 1019-88); y porque una pretensión real, como la que\nconcierne al derecho de posesión, debe discutirse en la vía ordinaria, no siendo posible dirimir la\nmisma ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, pues su potestad se\ncircunscribe a la revisión de legalidad de los acuerdos municipales. Es decir, si bien el Tribunal\nforma parte de la estructura orgánica del Poder Judicial, el acto que dicta al resolver en grado se\nenmarca dentro del régimen de los actos administrativos, y por ende, no emite pronunciamiento como\nórgano jurisdiccional, sino como jerarca impropio de la Municipalidad (Constitución Política,\nordinal 173; Ley Orgánica del Poder Judicial, numeral 97; Código Municipal, artículo 156; Dictamen\nC-219-2000 del 13 de setiembre del 2000 y resoluciones del Tribunal Superior Contencioso\nAdministrativo Nº 3620 de 1979 y de su Sección Primera, números 6057 de 1983 y 10886 de 1988).-  \n También el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en sentencia Nº 582-97 de 10:00\nhrs. del 19 de diciembre de 1997, estimó que a Cano Obregón no le asiste mejor derecho sobre el\nterreno dado en concesión a Vargas Yong: \"IV)=...Lo solicitado por Cano Obregón fue una parcela de\nsetecientos metros cuadrados, colindando por uno de sus costados con la concesión de Vargas Yong,\nsin embargo, tras prestar colaboración entorpeció incluso la posibilidad de poner en posesión a la\nseñora Vargas Yong sin percatarse de que su derecho se había ya consolidado legalmente al\ninscribirse correctamente su concesión...sin que a ello pueda alegar mejor derecho: por una parte es\nsobre un terreno de dominio público y por otra, su situación estaba siendo apenas determinada. Desde\neste punto de vista, ala señora Cano Obregón no le asiste derecho alguno para pretender la nulidad\nde la concesión otorgada a Vargas Yong.\"     Además, la Sección Tercera del citado Tribunal, en\nresolución Nº 522-2001 de 13:15 hrs. del 20 de junio del 2001, denegó a Cano Obregón un incidente de\nsuspención del desalojo ordenado por el Ministerio de Seguridad Pública, señalando al efecto: \"Los\nacuerdos o resoluciones dictados por los Ministros de Estado tienen un cauce procedimental y\nprocesal específico para su impugnación y suspensión. En el presente asunto, el articulante pretende\nla suspensión de la ejecución de un acto de un Ministro por lo que esta Sección del Tribunal resulta\nincompetente para conocer de esta gestión.\"     Ese razonamiento sí guarda consonancia con el\ncriterio esbozado por la Sala Constitucional en el Voto Nº 9340-99 de 11:24 hrs. del 26 de noviembre\nde 1999, donde suspendió una orden de desalojo dictada por el Ministerio del Ambiente y Energía\ndentro del Parque Nacional Braulio Carrillo (bien de dominio público, Ley Forestal, artículos 13, 14\ny 15; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32), por estimar necesaria la resolución previa de un\njuicio ordinario contencioso administrativo donde se reprochó la nulidad del acto administrativo.- \n    Incluso, la misma Sala en sentencia Nº 6285-99 de 17:18 hrs. del 11 de agosto de 1999, sobre el\nefecto ejecutorio de la orden de desalojo contra Cano Obregón, expresó: \"Téngase en cuenta que los\nrecursos interpuestos por la recurrente ante la municipalidad local, que la Sala ordenó a esa\ncorporación resolver y comunicar a la interesada dentro del plazo de ocho días, no tienen como se\npretende la virtud de suspender el acto administrativo cuestionado (doctrina del numeral 148 de la\nLey General de la Administración Pública), menos aún el desalojo administrativo ordenado por el\nMinisterio de Seguridad Pública, ante el que la recurrente presentó los recursos que estimó\nconvenientes y oportunos y fueron declarados sin lugar, agotando de esta manera la vía\nadministrativa.\"     Por otra parte, cualquier discusión sobre supuestos derechos de posesión en la\nvía ordinaria habría precluído, pues el proceso ordinario planteado en ese sentido por Cano Obregón\ncontra Leonor Vargas Yong y la Municipalidad de Nicoya, lo archivó el Juzgado Contencioso\nAdministrativo y Civil de Hacienda en resolución de las 9:50 hrs. del 9 de mayo del 2000, al no\ndemostrar la actora el agotamiento de la vía administrativa y no aportar la personería del Municipio\ncodemandado (Expediente Nº 99-100097-390-CI).-       Continuando con la reseña de antecedentes,\nobservamos que mediante resolución Nº 2200-01 D.M. de las 9:00 hrs. del 8 de junio del 2001, a\npedimento del Alcalde Cuevillas León, al no haber asuntos pendientes, se levantó la suspensión para\nejecutar el desalojo, pues en Voto Nº 31-2001 de 9:15 hrs. del 19 de enero del 2001, la Sección\nTercera del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió el recurso interpuesto, y por acuerdo Nº 4\nde la sesión ordinaria Nº 166 del 21 de mayo del 2001, la Municipalidad de Nicoya acató lo ordenado\npor ese Tribunal.-       Sin embargo, el 29 de mayo del 2001, Cano Obregón formuló recursos de\nrevocatoria con apelación subsidiaria contra el anterior acuerdo municipal; además, presentó uno per\nsaltum ante el Tribunal Contencioso Administrativo del 7 de junio del 2001. Asimismo, en memorial\ndel 3 de julio del 2001, formuló recurso de reposición contra la resolución del Ministerio de\nSeguridad Pública Nº 2200-01 del 8 de junio del 2001.-       Por acuerdo número 22, inciso b),\nadoptado en sesión ordinaria número 171 del 26 de junio del 2001, el Concejo rechazó los recursos de\nrevocatoria y apelación subsidiaria formulados por Cano Obregón. Empero, la Sección Tercera del\nTribunal Contencioso Administrativo, en resolución Nº 18-2002 de 10:10 hrs. del 25 de enero del\n2002, acogió un recurso de inadmisión contra el acuerdo que rechazó la apelación y la admitió para\nsu estudio.-       En acuerdo Nº 21, aprobado en sesión ordinaria Nº 4 del 27 de mayo del 2002, el\nConcejo dispuso, como ya indicamos, no proceder a ningún desalojo contra Cano Obregón y Vargas Yong,\nhasta tanto no haya pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso Administrativo. Ese acuerdo\nfue puesto en conocimiento del Departamento Legal del Ministerio de Seguridad Pública en escrito de\n4 de junio del 2002, remitido por Marvin Rodríguez Varela, quien fungió como Ejecutivo de la\nMunicipalidad de Nicoya entre el 22 de enero de 1987 y el 30 de julio de 1990.-   II.- CONSTRUCIONES\nILEGALES REALIZADAS POR CANO OBREGON EN 1985       Sobre este punto, vemos que el Juzgado de\nInstrucción de Nicoya, en funciones de Juzgado Penal (Expediente Nº 267-91-2), se pronunció sobre la\nilícitud de las construcciones realizadas por Cano Obregón en 1985. Así, en la sentencia de las\n15:00 hrs. del 16 de diciembre de 1993, donde la sobreseyó al prescribir la acción penal, sostuvo:\n\"III.-...en denuncia interpuesta por el Procurador Agrario y Ambiental, don José Joaquín Barahona\nVargas, con fecha cuatro de julio de mil novecientos ochenta y ocho, denunció a la aquí encartada\nLeonor Cano Obregón por estar levantando indebidamente, sin permiso, y al parecer utilizando arena\nde la playa, una construcción para cabinas, de dos plantas, en la zona marítimo terrestre, contiguo\nal mojón número seis del Instituto Geográfico Nacional, en Playa Sámara...lo anterior pone en\nevidencia que ciertamente sin la debida autorización… procedió a levantar las construcciones ya\nexpresadas dentro de la zona restringida de la zona marítimo terrestre violentando con ello la Ley\nsobre la Zona Marítimo Terrestre...IV.-...con la prueba testimonial y documental ya citada, se\ninfiere de manera clara y evidente que fue la imputada Leonor Cano Obregón la persona que ordenó\nlevantar las edificaciones a que se contrae esta causa, es claro también que por haber ocurrido los\nhechos a partir del año de mil novecientos ochenta y cinco, la acción penal se encontraba\nholgadamente prescrita al momento que se dispuso en su contra el auto de procesamiento...Se omite\npronunciamiento sobre lo civil por no haberse ejercido acción civil resarcitoria.\"     También, Sala\nConstitucional en Voto Nº 8651-99 de 11:58 hrs. del 5 de noviembre de 1999, al rechazar un recurso\nde amparo de Cano Obregón contra el Ministerio de Seguridad Pública, señaló que su ocupación dentro\nde la franja litoral es ilegítima: \"Si bien es cierto la sentencia del Juzgado Contencioso\nAdministrativo no indica en forma expresa que se debía desalojar a la amparada del terreno en\ncuestión, sí decretó la legitimidad de la concesión otorgada a la señora Leonor Vargas Yong, con lo\nque el Ministerio de Seguridad encontró fundamento suficiente para decretar el desahucio\nadministrativo contra la amparada. A partir de lo anterior, aprecia la Sala que el desalojo aquí\nimpugnado no es violatorio de los derechos fundamentales de la ampara, quien ha estado ocupando de\nmanera ilegítima la zona marítimo terrestre, acto que ha sido precisamente el fundamento para\nordenar el desalojo.\" (El destacado es nuestro).-     Por ello, no se comparte la afirmación que\nhizo Cano Obregón en su recurso de apelación del 29 de mayo del 2001, cuando señaló que la casa que\nhabita \"fue construida legalmente, según se desprende de la Resolución dictada por el Juzgado Penal\nde Nicoya, de las 15:00 hrs. Del 16 de diciembre de 1993\". Igual reparo merece lo consignado en su\nescrito de conclusiones del 8 de julio del 2002, dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo,\ncuando manifestó: \"aporté a mi solicitud, la Sentencia Absolutoria del Juzgado Penal de Nicoya...que\nhonrosamente me excluye en no haber violado la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre\". (Expediente Nº\n02-000649-0161-CA).-       En todo caso, la demolición de las construcciones forma parte de la\nreparación del daño provocado, aun cuando se hubiese extinguido la acción penal (Tribunal Superior\nde Casación Penal, sentencias números 213-F-96 de 11:35 hrs. del 18 de abril de 1996 y 834-F-97). Y,\nante naturaleza especial de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no podría alegarse la\naplicación de otras disposiciones normativas tendientes a evitar el procedimiento reparador normado\npor el numeral 13 de la 6043: \"...cabe indicar que la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una\nnaturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de\nConstrucciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso\nautorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades\nrespectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella\ndispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores como a la destrucción o demolición de\nlo construido (ver artículo 13 de la Ley citada Nº 6043 del 2 de marzo de 1977).\" Sala Tercera de la\nCorte Suprema de Justicia, Nº 167-F-92 de 8:35 hrs. del 22 de mayo de 1992.-     La razón es obvia;\nno hay derecho alguno para reclamar por las obras instaladas en 1985 sin permiso de construcción. La\ntardanza de la Administración para poner freno a ese tipo de acciones transgresoras, no le otorga\nningún derecho al no poder alegar la excepción de prescripción, pues lo impide la naturaleza\ndemanial del bien. Tampoco tiene derecho al pago de mejoras (Sala Constitucional, resoluciones\nnúmeros Nº 2306-91 de 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991, 6758-93 de 22 de diciembre de 1993 y\n6192-95 de 16:42 hrs. del 14 de noviembre de 1995; Tribunal Superior Contencioso Administrativo,\nSección Primera, Nº 1019-88; Tribunal Agrario, Nos. 101-95 y 776-98 de 11:10 hrs. del 13 de\nnoviembre de 1998, Considerando VII y dictámenes C-221-88 de 7 de noviembre de 1988 , C-004-98 y\nC-128-99 de 24 de junio de 1999).-       Sobre la falta de permiso para edificar, también señaló el\nJuzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en sentencia Nº 582-97 de 10:00 hrs. del 19\nde diciembre de 1997: \"IV)=...Por su parte, la señora Cano Obregón también había formulado solicitud\nde concesión, días antes de presentarla la señora Vargas Yong; sin embargo, su petición se vio\nfrustrada por una serie de contratiempos en los ella ha sido la principal interviniente, pues fue\nacusada por usurpación, levantó edificación sin autorización alguna, de lo cual se le previno y se\nle advirtió de suspendérsele su solicitud hasta tanto no acatara las disposiciones\ncorrespondientes.\"     Ante ese tipo de infracciones, en forma previa a resolver una solicitud de\nconcesión, deben aplicarse los artículos 13 y 17 de la Ley 6043, que exigen a las municipalidades\ntomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio\ncostero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originarias, siendo procedente\nel desalojo de los ocupantes y la destrucción de las edificaciones en los supuestos previstos por la\nley, en virtud de las potestades de autotutela y policía demanial. La omisión de actuar conforme a\nlo indicado, puede hacer incurrir a sus funcionarios en responsabilidades disciplinarias y penales\n(Ley 6043, artículos 3, 13, 17, 20, 34, 35 y 63; Código Penal, artículo 330; Sala Constitucional,\nsentencias 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 y 12777-2001, dictámenes números 28-PA-77 de 2 de\nmayo de 1977, 32-PA-77 de 5 de mayo de 1977, C-289-80 de 22 de diciembre de 1980, C-066-81 de 31 de\nmarzo de 1981, C-214-81 de 18 de setiembre de 1981, C-003-85 de 4 de enero de 1985, C-313-85 de 4 de\ndiciembre de 1985, C-127-96 de 31 de julio de 1996 y C-230-97 de 4 de diciembre de 1997).-       Y\nes que la obligación de los gobiernos locales para desalojar a los ocupantes ilegítimos se mantiene\naún cuando los terrenos hayan sido otorgados en concesión a otras personas, pues la actuación\nmunicipal en resguardo de la franja costera no cesa nunca. Cuando se llegare a constatar una actitud\nnegligente de los concesionarios u otras personas legitimadas para ocupar la zona marítimo terrestre\nen su cuido y protección, el Municipio debe prevenirles la corrección de su proceder que, de\ncontinuar, dará cabida al trámite de cancelación de su derecho en los supuestos previstos por ley.\n(Ley 6043, artículos 34, 35 y 53; Dictamen Nº C-169-95 de 4 de agosto de 1995).-       Sobre las\nsolicitudes de concesión de quienes construyeron sin autorización en la zona costera, en dictamen\nC-230-97 de 4 de diciembre de 1997, indicamos:       \"Ante lo expuesto, consideramos que las\nsolicitudes de concesión de quienes hayan construido sin autorización administrativa en los terrenos\nde la zona marítimo terrestre cuya concesión gestionan, deben resolverse una vez que se haya\ncumplido el procedimiento preceptuado por el numeral 13 de la Ley 6043 de obligatorio acatamiento.-\n     Lo anterior es claro, por cuanto la municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de\nTurismo y las demás autoridades con injerencia en la materia, deben dictar aquellas medidas que\nestimen necesarias para conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona\nmarítimo terrestre (Ley 6043, artículo 17).-       Además, lo normal es que la entrega de la parcela\nque se otorga en concesión debe hacerse libre de ocupantes y construcciones, salvo que existan las\nmismas ante la hipótesis de un otorgamiento realizado con base en el artículo 60 de la Ley 6043;\nevitándose con dicho proceder también la práctica viciada de ocupar la zona marítimo terrestre o\nrealizar construcciones para forzar posteriormente la voluntad municipal en el otorgamiento de la\nconcesión.-       No debemos tampoco perder de vista que la misma Ley 6043, artículos 62 y 63,\nsanciona tanto a los particulares como a los funcionarios públicos que impidan ejecutar una orden de\nsuspensión o demolición de obras o imposibiliten la aplicación de penas a los infractores.-       No\nobstante lo anterior, las solicitudes de concesión planteadas por quienes hayan infringido la\nprohibición contenida en el ordinal 12 de la Ley 6043, pueden ser rechazadas previamente a la\naplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de comentario, si el ente administrador constata que no\nes posible otorgar la concesión por falta de alguno de los requisitos para su aprobación, tales como\nel de haberse hecho la declaratoria de aptitud turística o no turística; el amojonamiento del\nInstituto Geográfico Nacional para demarcar la zona pública o la existencia de un plan regulador,\npor citar algunos.-       Debe quedar claro que las solicitudes de concesión planteadas por quienes\nhan construido ilegalmente en la zona marítimo terrestre deben ser tramitadas de acuerdo con el\nprocedimiento establecido en la ley y el reglamento, y por lo tanto no pueden ser rechazadas\nargumentándose que el gestionante es un infractor, sin perjuicio, claro está, de proceder con lo\nordenado por el artículo 13 de la Ley 6043…-       En conclusión, el trámite de solicitudes de\nconcesión presentadas por quienes ocupan o construyeron sin autorización administrativa en la zona\nmarítimo terrestre es el mismo que de aquellas solicitudes presentadas por quienes no han incurrido\nen tales infracciones, pero en el primer caso deberá previamente instaurarse el procedimiento\nreparador mediante el cual se desaloja a los ocupantes y se destruyen las edificaciones y\nposteriormente resolver la solicitud como en derecho corresponda, sin perjuicio de las sanciones que\ndeberán imponerse a los responsables.-       Lo anterior es así, porque una solicitud de concesión\nno otorga ningún derecho real administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo\nterrestre, ni la Municipalidad puede cobrar ninguna suma por la ilícita ocupación, hecha al margen\nde los trámites de concesión (artículo 13, 39 y 63; Ley 6043; Sala Constitucional, Votos números\n2658-93 de 8:54 hrs. del 11 de junio de 1993 y 5559-96; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección\nSegunda, Nº 307-98 de 15:00 hrs. del 31 de julio de 1998; Juzgado Contencioso Administrativo y Civil\nde Hacienda, Nº 582-97 de 10:00 hrs. del 19 de diciembre de 1997 y dictamen C-230-97 de 4 de\ndiciembre de 1997).-       La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, también ha\nsuscrito esta tesis:   \"Tampoco puede pretender la empresa impugnante parapetarse en los principios\nde la buena fe y la confianza legítima, puesto que, desde un principio sus personeros eran sabedores\nque no contaban con el respectivo permiso de construcción, la autorización para el cambio de uso de\nsuelo y, lo que es más importante, con la concesión sobre el área restringida de la zona marítimo-\nterrestre que ocuparon…En efecto, si bien es cierto en la Sesión Ordinaria No. 57-98 del 14 de\noctubre de 1997, acuerdo No. 9, inciso 3° (visible a folio 48), se autorizó el cambio de suelo, no\nobstante, ulteriormente, en las Sesiones Ordinarias Nos. 6-98 del 27 de enero de 1998, acuerdo 6°\ninciso 1° (visible a folios 57) y 57-98 del 3 de noviembre de 1998, acuerdo 5° (visible a folio 73),\nse indicó, expresa y respectivamente, que la autorización había obedecido a un error y que se\n\"derogaba\" el acuerdo No. 9, inciso 3) de la Sesión Ordinaria No. 57-97. Esta anulación de la\nautorización del cambio de uso de suelo para pasar de área protegida o de reserva de mangle a\nturística, quedó en firme, puesto que, nunca fue recurrida en tiempo y forma por la empresa...con lo\nque, de esa forma, la consintió tácitamente, razón por la cual no puede venir ahora, aprovechándose\nde su propio dolo, a desconocer la nulidad de la autorización del cambio de uso del suelo para\nlegitimar una situación irregular e ilegal. En punto a la ausencia de concesión en la zona marítimo\nterrestre, ciertamente la empresa la solicitó desde el 29 de agosto de 1995 (solicitud visible a\nfolio 3), sin embargo, cuando levantó las construcciones, tal concesión se encontraba aún en\ntrámite, tanto es así que el Concejo Municipal la resolvió finalmente denegándola, hasta la Sesión\nOrdinaria No. 14-99, acuerdo No. 3°, inciso 1° (visible a folio 161), el cual no fue recurrido en\ntiempo y forma por la sociedad impugnante encontrándose, consecuentemente, firme, puesto que, en el\nmemorial que consta a folios 172-177, los representantes de la empresa recurrente se limitaron a\nimpugnar el inciso 2° de ese mismo acuerdo y sesión (visible a folio 162), el cual estaba referido,\núnica y exclusivamente, a la orden de destrucción o demolición de las obras levantadas sin permiso\nen la zona marítimo terrestre y no a la denegatoria de la concesión. Por último, conviene indicar\nque todas las actuaciones realizadas por la entidad municipal en el sub-examine encuentran pleno\nsustento en los numerales 12 y 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre…\" (Voto Nº 401-2002 de\n10:20 hrs. del 12 de abril del 2002).-       III.- SOBRE LA CONDICION DE POBLADOR Y OCUPANTE      \nMediante escrito del 19 de abril de 1999, recibido el 26 de ese mismo mes en la Municipalidad de\nNicoya, Cano Obregón afirmó haber presentado una solicitud para concesión desde el 7 de octubre de\n1979, así como haber pagado el canon por ocupación desde esa época hasta 1998. A diferencia de\nVargas Yong, quien presentó la solicitud el 15 de octubre de 1979. Agrega que es pobladora del\nterreno actualmente descrito en el plano catastrado G-518782-83 con una cabida de 1.171.60 m2, razón\npor la cual el Municipio debió aplicarle el artículo 75 del Reglamento a la Ley 6043. Es decir,\nreubicarla y pagarle las mejoras previamente al otorgamiento de la concesión a Vargas Yong.\nSituación diversa a la que sostuvo en memoriales del 4 de enero y 22 de febrero, ambos de 1999,\ncuando señaló que era ocupante. Agregó que al haberse extinguido la concesión de Vargas Yong, por\nvencimiento del plazo, debió otorgársele a ella la concesión por cumplir todos los requisitos. En\nmemorial del 27 de mayo de 1999, reiteró sus argumentos y planteó acción de silencio positivo con\nbase en los artículos 329 a 331 de la Ley General de la Administración Pública.-       En cuanto al\nárea solicitada por Cano Obregón, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en\nsentencia Nº 582-97 de 10:00 hrs. del 19 de diciembre de 1997, tuvo por demostrado:   \"IV)=...Lo\nsolicitado por Cano Obregón fue una parcela de setecientos metros cuadrados, colindando por uno de\nsus costados con la concesión de Vargas Yong...\"       Ello evidencia un desplazamiento con rumbo\nEste sobre el terreno otorgado en concesión a favor de Vargas Yong el 7 de marzo de 1983 (sesión\nordinaria Nº 58, artículo 11). El contrato se firmó el 26 de enero de 1986. Lo aprobó el ICT el 21\nde febrero de 1986. La concesión se inscribió en el Registro General de Concesiones el 30 de mayo de\n1986 por un plazo de 5 años. El plano G-518782-83 se catastró a nombre de Leonor Cano Obregón el 24\nde octubre de 1983, es decir, con posterioridad al otorgamiento de la concesión de Vargas Yong; y\nademás, como indicamos, Cano Obregón hizo las construcciones ilegales a partir de 1985.-       Sobre\nel silencio positivo, conviene tomar en cuenta que la zona marítimo terrestre es un bien integrante\ndel ambiente y por ende en las solicitudes de concesión no opera el mismo (Sala Constitucional,\nvotos números 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95,\n3518-96 y 5745-99, dictámenes C-118-91, C-004-98 y C-002-99).-       Sobre la condición de\npobladora, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda en voto Nº 307-98 de 15:00 hrs.\ndel 30 de julio de 1998, dispuso:   \"II. Ni de las pruebas aportadas al expediente principal, ni del\nadministrativo, se ha podido establecer con claridad el tiempo real de ocupación de la señora Cano\nObregón, con anterioridad a que formulara la correspondiente solicitud de concesión ante la\nMunicipalidad de Nicoya, a los efectos de determinar si se encontraba o no en alguna de las dos\nsituaciones de excepción a que más adelante se hará referencia...III. Tampoco acreditó la actora que\nsu situación calificara en alguna de las dos situaciones de excepción a que alude la Ley 6043...No\nbasta con expresar en su solicitud de concesión que había ocupado el terreno por un período superior\na los ocho años (folio 3 del administrativo, Exp.070-79), sea con anterioridad a la Ley 6043…\"    \nEn nuestra opinión, los pobladores y ocupantes requieren, entre otras formalidades, de una solicitud\nexpresa en ese sentido y de un acto administrativo autorizatorio que les reconozca esa situación\nprovisional, la cual, en todo caso, cesará cuando entre en vigencia el plan de desarrollo para la\nrespectiva zona. Esa autorización no produce derecho alguno en lo que a concesión se refiere\n(doctrina de la Ley 6043, artículo 70 y Transitorio VII; y su Reglamento, artículo 52).-       El\nPlan Regulador de Playa Sámara fue aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo en la sesión\nNº 3164 del 9 de marzo de 1981, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en la sesión Nº\n3270 de setiembre de 1981, y se publicó en el Diario Oficial \"La Gaceta\" Nº 208 del 30 de octubre de\n1981. Por ende, con posterioridad a esa fecha, no sería dable autorizar y reconocer la condición de\npoblador a ninguna persona, toda vez que al entrar a regir la planificación costera ese tipo de\nautorizaciones provisionales cesan, y deben ajustar su situación a los requerimientos de un contrato\nde concesión; sin perjuicio, del derecho de reubicación y pago de mejoras concedidos por la ley a\nquienes oportunamente se les reconoció esa condición.-       En el presente asunto, mediante sesión\nordinaria Nº 30 del 11 de setiembre de 1986, artículo 2, punto 3º, a Cano Obregón se le autorizó a\nocupar una parcela de 700 m2 según plano presentado el 30 de abril de 1980 con 14 metros de frente;\na Vargas Yong un terreno de 1000 m2 según el plano presentado el 2 de febrero de 1980 conforme al\ncontrato otorgado.-       Como se aprecia, la autorización a Vargas Yong de ocupar la zona costera\nse hizo con base en una concesión inscrita en el Registro respectivo, mientras que la de Cano\nObregón ante una simple solicitud. Y como ya dijimos, una solicitud de concesión no otorga ningún\nderecho real administrativo, ni faculta a ocupar o edificar en la zona marítimo terrestre, ni la\nMunicipalidad puede cobrar ninguna suma por la ilícita ocupación.-       A pesar de lo anterior, en\nsesión extraordinaria Nº 17 del 10 de abril de 1987, artículo 11, el Concejo acordó: \"Cobrar a la\nseñora Leonor Cano Obregón el cánon por ocupación en base al Transitorio VII de la Ley 6043 la suma\nde Ë 1.755.60, por mojonamiento Ë 105.00 y por plan regulador Ë 533.00 en base al área solicitada y\nrespetando lo que establece el Plan Regulador de la zona. Se autoriza a la Comisión de Tierras y\nPlayas para que en conjunto con el señor Encargado de la Zona Marítimo Terrestre ponga en posesión a\nlas señoras Leonor Vargas Yong, y Leonor Cano Obregón de un lote en Sámara y se les determine las\nmedidas reglamentarias en base al área solicitada y respetando lo que establece el plan regulador de\n37.00 metros de fondo.\"       En sesión ordinaria Nº 119 del 2 de noviembre de 1987, artículo 2º, a\nCano Obregón se le concedió \"un plazo de 20 días a partir del recibo del presente acuerdo para que\ndesocupe el área que tiene, y que no le corresponde.\" En sesión ordinaria Nº 128 del 10 de diciembre\nde 1987, se autorizó a la Oficina de Catastro Municipal a poner en posesión a la señora Leonor\nVargas Yong y Leonor Cano Obregón, delimitando esa Oficina el área a ocupar por cada una de ellas.\nEl otorgamiento de la concesión a favor de ésta última, quedó supeditado al cumplimiento de todos\nlos requisitos de la Ley 6043 y a la determinación del área que ocuparía.-       Como se observa, en\nlos anteriores acuerdos municipales no se hizo ningún reconocimiento a Cano Obregón como pobladora,\ny la \"ocupación\" que se le autorizó, nunca lo fue en perjuicio del terreno otorgado en concesión a\nVargas Yong.-       Por último, si bien mediante acuerdo tomado en sesión ordinaria Nº 231 del 19 de\nabril de 1993, artículo 5, inciso A, se prorrogó el contrato Nº 562, asiento 001 a favor de Vargas\nYong, éste fue revocado en sesión ordinaria Nº 11 del 16 de junio de 1995.-       No obstante, cabe\nadvertir que en sesión ordinaria Nº 222 del 8 de marzo de 1993, artículo 9, el Concejo tuvo por\nrecibida la solicitud de prórroga de Vargas Yong. Ante ello es claro que la solicitud de prórroga se\nhizo extemporáneamente, pues si el contrato se inscribió el 30 de mayo de 1986, y rigió por 5 años,\npara el 31 de mayo de 1991 ya se había extinguido. El artículo 50 de la Ley 6043 dispone que una\nsolicitud extemporánea \"se tendrá como nueva solicitud de concesión.\"       Sobre la extinción de\nesa concesión también se pronunció el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en\nsentencia Nº 582-97 de 10:00 del 19 de diciembre de 1997, Considerando IV.-   IV.- PROHIBICIONES EN\nEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES       Es importante que la Municipalidad de Nicoya tome en cuenta, en\nfuturos contratos, la prohibición de adjudicar concesiones a familiares de los funcionarios que\nintervienen en su otorgamiento. Así, en Oficio Nº AAA-267-2001 del 31 de mayo del 2001, apuntamos: \n\"II. PROHIBICIÓN DE ADJUDICAR CONCESIONES A LOS FAMILIARES       La Ley sobre la Zona Marítimo\nTerrestre, contiene en su artículo 46 la prohibición de adjudicar concesiones a los familiares hasta\nel segundo grado de afinidad o consanguinidad de los regidores:   \"Artículo 46.- La municipalidad\ncorrespondiente, en la zona bajo su jurisdicción, no podrá otorgar ninguna concesión a favor de sus\nregidores, propietarios o suplentes, o del ejecutivo municipal, o de sus parientes en primero o\nsegundo grados por consanguinidad o afinidad. Tanto respecto a ellos como para quienes intervinieren\nen el otorgamiento o autorización de concesiones y en general, regirán las disposiciones que\nestablece el artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República Nº 5901 de 20 de\nabril de 1976. Se exceptúan las concesiones otorgadas antes de elegirse o nombrarse el funcionario\nrespectivo.\" (Destacado no es del original)   Ante esta prohibición tan clara, la Sección Primera\ndel Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en auto número 1118 de 8 horas 40 minutos del 4 de\nagosto de 1989, expresó:   \"...este Tribunal considera, que en casos como el de estudio, en donde\nexiste una prohibición taxativa, que no ignoran los señores miembros del Concejo Municipal de\nAguirre, en virtud del parentesco existente entre el solicitante Fallas Morales con un miembro del\ncitado cuerpo, no es posible proceder en la forma que se hizo (artículos 46 de la Ley de la Zona\nMarítima Terrestre en relación con el 107 de la Ley de Administración Financiera de la República Nº\n5901 de 20 de abril de 1976);en consecuencia estamos frente a un acuerdo absolutamente nulo, por lo\nque se impone tomar una decisión en ese sentido. POR TANTO: Se anula el acuerdo apelado\". (Destacado\nes nuestro)   Esta Procuraduría expuso en dictamen C-163-89:   \"...los anteriores son principios de\nsana administración y rasgos éticos-jurídicos, garantes de la moralidad, trato paritario e imparcial\ny legalidad de los entes del Estado en el ámbito negocial. Pretenden evitar virtuales abusos de los\nfuncionarios del mando (local o nacional) que, prevaleciéndose de la investidura, influencia y\nautoridad que el cargo confiere, obtengan contrataciones con la Administración bajo favoritismos o\nanormales privilegios, en provecho personal o familiar y desmedro del fin público a satisfacer. Ante\nla imposibilidad jurídica que tienen las Municipalidades de dar concesiones en la zona marítimo\nterrestre a regidores, a parientes próximos, lo propio es abstenerse de cursar cualquier solicitud\nafecta a tal inhibitoria, mientras ésta se mantenga. Consecuentemente, el Concejo Municipal de\nAguirre deberá anular todo acuerdo diverso del recurrido (262-89), tendiente al avance del\nprocedimiento de la concesión que gestiona el señor José Antonio Fallas Morales, y denegar su\ntrámite, notificándole.\"     Mientras un regidor desempeñe ese cargo u otro de los enumerados en el\nartículo 46 supra citado, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad no\npodrán recibir concesiones en ese mismo cantón. De haberse adjudicado alguna concesión, esta será\nnula y el funcionario podrá ser procesado en sede administrativa y judicial-penal (Arts. 63 Ley\n6043; 25 inciso b) y 24 inciso e) del Código Municipal, Ley No. 7794).\"       Igualmente, en Oficio\nNº AAA-430-2002 del 9 de setiembre del 2002, sostuvimos: \"Los abogados nombrados como asesores del\nConcejo Municipal, por virtud de lo dispuesto en el artículo 118 del Código Municipal, son\nfuncionarios de confianza, que prestan sus servicios al Alcalde, el Presidente y Vicepresidente\nMunicipales y a las fracciones políticas que conforman el Gobierno Local y por tanto no están, bajo\nese supuesto, impedidos para ejercer liberalmente la profesión de abogacía; sin embargo, mientras\nestén ocupando esos cargos, están inhibidos para litigar contra los intereses de la Administración\ntoda vez que existe una disposición constitucional que conmina al funcionario público a cumplir sus\ntareas en forma objetiva, transparente, leal e imparcial.- (Constitución Política, artículo 11; Sala\nConstitucional, Sentencia Nº 3502-94 de 15:18 hrs. del 12 de julio de 1994 y dictamen C-262-2001 de\n1º de octubre del 2001)\".-     V.- SUSPENSION DE DESALOJO Y CANCELACION DE CREDENCIALES       Para\ncancelar las credenciales a los funcionarios de elección popular, de acuerdo al artículo 63 de la\nLey 6043, caben tres causales: a) otorgar concesiones, permisos de ocupación o aprobar planos contra\nel ordenamiento jurídico; b) impedir o hacer nugatoria una orden de suspensión o demolición\nlegalmente decretada; c) impedir o hacer nugatoria una sanción legalmente impuesta a un infractor.-\n     Nótese que mediante resolución Nº 2200-01 D.M. de las 9:00 hrs. del 8 de junio del 2001, a\npedimento del Alcalde Cuevillas León, al no haber asuntos pendientes, el Ministerio de Seguridad\nPública levantó la suspensión para ejecutar el desalojo de Cano Obregón. Sin embargo, el mismo no se\nha hecho efectivo porque el Concejo Municipal en acuerdo Nº 21, adoptado en la sesión ordinaria Nº 4\ndel 27 de mayo del 2002, dispuso suspender cualquier desalojo contra las señoras Leonor Cano Obregón\ny Leonor Vargas Yong, hasta tanto no recaiga pronunciamiento definitivo del Tribunal Contencioso\nAdministrativo.-       Y si bien, la orden administrativa de desalojo tiene fuerza ejecutoria, la\nAdministración tiene la facultad de suspender su ejecución cuando pueda causar perjuicios graves o\nde imposible reparación (Ley General de la Administración Pública, artículos 146, párrafo primero y\n148).-       Sobre el particular, en dictamen C-089-96 del 7 de junio de 1996 se indicó: \"Con base\nen todo lo expuesto, sí puede la Municipalidad de Golfito ejecutar los actos administrativos que\nhubiese dictado, y por ende, regular situaciones subsiguientes a partir de los efectos producidos,\naún si los particulares que se afectan con aquellos hubiesen planteado recurso de apelación. No\nobstante, debe asegurarse que esos actos no son ineficaces o absolutamente nulos, o que lesionen de\nalguna manera derechos fundamentales, a fin de no incurrir en responsabilidades de tipo penal o\ncivil. También deberá valorar si la ejecución de los actos puede causar perjuicios graves o de\nimposible o difícil reparación, en cuyo caso lo pertinente es suspenderla hasta tanto sean resueltos\nlos recursos administrativos.\"       Iguales razonamientos se han esgrimido cuando la suspensión de\nlos efectos del acto es acogida en sede judicial, vía incidente dentro de un proceso ordinario:  \n\"…la medida cautelar tiene como finalidad la protección del objeto litigioso y el cumplimiento\nefectivo de la sentencia eventualmente estimatoria, como garantía y contrapeso frente a la\nejecutividad de los actos administrativos -artículos 146 a 151 de la Ley General de la\nAdministración Pública-, y por ende, revestidos de fuerza obligatoria y ejecutiva. Es procedente\nentonces, cuando se logre comprobar que con su ejecución, se hubieren de producir, daños o\nperjuicios de reparación imposible o difícil, según los términos del ordinal 91 de la Ley Reguladora\nde la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los que destacan, la inminencia de la\nproducción del año, pero aún más, de su relación con el interés público, que, en algunos casos debe\nprevalecer sobre el del particular. No obstante, los criterios de valoración han cambiado, sobre\ntodo, con ocasión de la tardanza en el dictado del fallo y en razón de lo cual, la tutela cautelar\nha cobrado gran importancia dentro de este tipo de asuntos. Examinado el punto sometido a debate, se\nconsidera, que efectivamente, hay múltiples elementos para demostrar, que el Bar y Restaurante Balú,\ncuenta con muchos años de funcionamiento…No significa lo anterior, que se esté restando importancia\na la protección de la zona marítimo terrestre, en modo alguno, sino que dadas las especiales\ncircunstancias que revisten el caso, es menos gravoso ordenar la suspensión de los efectos del acto,\ny esperar la sentencia de fondo, la que determinará, a quien asiste la razón...lo expuesto, aunado a\nlas consideraciones emitidas por el señor Juez de instancia, en las cuales resalta la protección de\nlos bienes de dominio público, dado que las mejoras al local fueron ya construidas, y por el\ncontrario, sí se afectaría económicamente al gestionante y haría nugatorio el eventual derecho que\npudiere obtener el incidentista, provocan que se estime conveniente, mantener la suspensión\nacordada.\" Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Nº 294-2001 de 11:50 hrs. del 14 de\nsetiembre del 2001.-     En razón de lo anterior, estimamos que en el presente caso, por el momento,\nno hay mérito para la apertura de un procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal\nSupremo de Elecciones, para la aplicación del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre\na los regidores de la Municipalidad de Nicoya.-       Cordialmente,       Lic. Mauricio Castro\nLizano PROCURADOR ADJUNTO   ci: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera Expediente Nº\n02-000649-0161-CA   Concejo Municipal de Nicoya   Ministerio de Seguridad Pública Departamento Legal\nExpediente Nº 373-99   Leonor Vargas Yong Fax 686-67-42   Leonor Vargas Cano Fax 685-56-43", "body_en_text": "Legal Opinion: 072 - J of 06/05/2003\n\nO.J.-072-2003 May 6, 2003\n\nMr. Alejandro Bermúdez Mora, Esq.\nSecretary\nSupreme Electoral Tribunal\nS. D.\n\nDear Sir:\n\nRegarding your official letter No. 5161-2002 of November 20, 2002, by which you bring to our attention the vote of the Supreme Electoral Tribunal No. 2049-M-2002 of 2:55 p.m. on November 6, 2002, issued in administrative case file No. 204-C-2002, wherein we are requested to investigate the reported facts so that the Tribunal may assess the opening of a disciplinary administrative proceeding for the application of Article 63 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone against the council members of the Municipality of Nicoya, Mrs. Florentina Toruño Gutiérrez, Iris Vargas Mora, and Priscila Rosales Dinarte, as well as council member José Méndez Montero, with the approval of the Deputy Attorney General, I am pleased to state the following.-\n\nAlthough this study is not a binding ruling under Article 4 of our Organic Law, it does constitute an opinion under Articles 3 ibidem and 4 of Law 6043, issued to collaborate with the administrative and disciplinary powers conferred by the legislature upon that Constitutional Body; as well as to ensure legal oversight of the coastal zone, in order to guide the various State departments that, as will be seen, exercise administrative functions within their purview.-\n\nThe complaint was filed before that Tribunal, in a brief dated July 2, 2002, by the proprietary council members Ovidio Jiménez Salazar, Gerardo Mora Acosta, and Dania Silva Mora, on the grounds that majority agreement No. 21, adopted at ordinary session No. 4 on May 27, 2002, violates Article 63 of Law 6043, by suspending any eviction against Mrs. Leonor Cano Obregón and Leonor Vargas Yong, until a final ruling is handed down by the Contentious-Administrative Tribunal.-\n\nI.- ADMINISTRATIVE EVICTION ORDERED BY THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY\n\nThe current conflict originates from the eviction request filed on February 17, 1999, by the then Mayor of Nicoya, Mr. Freddy Gómez Cortés, with the Ministry of Public Security (Case File No. 373-99) against Leonor Cano Obregón, given that the ordinary lawsuit she filed against the Municipality of Nicoya and Leonor Vargas Yong was dismissed by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court in judgment No. 582-97 at 10:00 a.m. on December 19, 1997, confirmed by the Contentious-Administrative Tribunal, Second Section, by vote No. 307-98 at 3:00 p.m. on July 30, 1998 (Case File No. 88-719-178-CA).-\n\nThe Ministry of Public Security accepted the request by resolution No. 394-99 D.M. at 9:00 a.m. on February 24, 1999, confirmed by resolution No. 600-99 D.M. at 9:00 a.m. on March 24, 1999. Its execution was deferred for a period of three days at the request of Mayor Gómez Cortés, in a brief dated May 4, 1999, addressed to the Cantonal Delegation of Nicoya.-\n\nLikewise, in resolution No. 1365-99 at 9:40 a.m. on June 2, 1999, a motion for review against resolution No. 600-99 was rejected for not meeting the requirements of Article 353 of the General Law of Public Administration. Resolution 1365-99 was notified to Cano Obregón on June 28, 1999. By brief dated February 15, 2000, Mayor Gómez Cortés requested the Legal Department of the Ministry of Public Security to carry out the eviction as soon as possible. Mr. Alejandro Chan Ortiz, Esq., Head of that Department, by official letter No. 1260-2000 ALD of March 1, 2000, informed the Delegate of the Rural Guard of Nicoya that there was no impediment to carrying out the proceeding. However, by fax dated April 5, 2000, Mr. Chan Ortiz, Esq., requested the Delegate of the Rural Guard of Nicoya, Mr. Marcelo Naranjo Arias, to suspend the eviction again because an appeal for revocation had been filed.-\n\nOn September 8, 2000, the new Mayor, Mr. Germán Cuevillas León, expressed to the Legal Department of the Ministry of Public Security his disagreement with the suspension ordered. Mr. Chan Ortiz, Esq., based the measure on the fact that Cano Obregón had filed a per saltum appeal before the Contentious-Administrative Tribunal, and therefore, the continuation of the proceedings would depend on that body endorsing the municipal agreements. In a brief dated October 24, 2000, the Mayor maintained that the eviction of Cano Obregón was final with the authority of res judicata and only required the Ministry to comply with what was requested by the Council and ratified by the Courts of Justice.-\n\nIn view of an unresolved appeal before the Contentious-Administrative Tribunal against agreement No. 23, Article 4, of Ordinary Session No. 65 on June 14, 1999, the Ministry of Public Security, by resolution No. 4243-2000 D.M. at 9:00 a.m. on November 13, 2000 (based on Vote of the Constitutional Chamber No. 246-91 at 3:52 p.m. on February 1, 1991, according to which, while a judicial process is pending where the better right of possession must be established, it is not prudent, nor legally viable, for the Administration to order an act that could be contrary to what is resolved in the courts); thus, it maintained the provisional suspension of the eviction until the judicial authority issued a final judgment on the legitimacy of the defendant's claims.-\n\nIn our opinion, that precedent is not applicable to the case under study; first, because there are no possession rights over public domain property (Constitutional Chamber, resolutions Nos. 2306-91 at 2:45 p.m. on November 6, 1991, 6758-93 of December 22, 1993, and 6192-95 at 4:42 p.m. on November 14, 1995; Superior Contentious-Administrative Tribunal, First Section, No. 1019-88); and because a real claim, such as the one concerning the right of possession, must be discussed in the ordinary jurisdiction, and it is not possible to settle it before the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, since its power is limited to the review of legality of municipal agreements. That is to say, although the Tribunal is part of the organic structure of the Judicial Branch, the act it issues when ruling on appeal falls within the regime of administrative acts, and therefore, it does not issue a pronouncement as a jurisdictional body, but rather as an improper head of the Municipality (Political Constitution, Article 173; Organic Law of the Judicial Branch, Article 97; Municipal Code, Article 156; Opinion C-219-2000 of September 13, 2000, and resolutions of the Superior Contentious-Administrative Tribunal No. 3620 of 1979 and of its First Section, numbers 6057 of 1983 and 10886 of 1988).-\n\nAlso, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, in judgment No. 582-97 at 10:00 a.m. on December 19, 1997, held that Cano Obregón does not have a better right over the land granted in concession to Vargas Yong: \"IV)=...What Cano Obregón requested was a plot of seven hundred square meters, adjoining on one of its sides Vargas Yong's concession; however, after providing collaboration, she even hindered the possibility of placing Mrs. Vargas Yong in possession, without realizing that her right had already been legally consolidated when her concession was correctly registered...without being able to claim a better right against this: on one hand, it is on public domain land, and on the other, her situation was just barely being determined. From this point of view, Mrs. Cano Obregón has no right whatsoever to seek the nullity of the concession granted to Vargas Yong.\"\n\nFurthermore, the Third Section of the aforementioned Tribunal, in resolution No. 522-2001 at 1:15 p.m. on June 20, 2001, denied Cano Obregón a motion to suspend the eviction ordered by the Ministry of Public Security, stating in this regard: \"The agreements or resolutions issued by the Ministers of State have a specific procedural and processual channel for their challenge and suspension. In the present matter, the applicant seeks the suspension of the execution of an act of a Minister, so this Section of the Tribunal is incompetent to hear this petition.\"\n\nThat reasoning is indeed consistent with the criterion outlined by the Constitutional Chamber in Vote No. 9340-99 at 11:24 a.m. on November 26, 1999, where it suspended an eviction order issued by the Ministry of Environment and Energy within the Braulio Carrillo National Park (public domain property, Ley Forestal, Articles 13, 14, and 15; Organic Law of the Environment, Article 32), deeming necessary the prior resolution of an ordinary contentious-administrative trial where the nullity of the administrative act was challenged.-\n\nIndeed, the same Chamber, in judgment No. 6285-99 at 5:18 p.m. on August 11, 1999, regarding the executory effect of the eviction order against Cano Obregón, stated: \"It should be noted that the appeals filed by the petitioner before the local municipality, which the Chamber ordered that corporation to resolve and communicate to the interested party within a period of eight days, do not have, as is intended, the virtue of suspending the challenged administrative act (doctrine of Article 148 of the General Law of Public Administration), even less the administrative eviction ordered by the Ministry of Public Security, before which the petitioner filed the appeals she deemed convenient and timely, and they were dismissed, thus exhausting the administrative procedure.\"\n\nOn the other hand, any discussion about alleged possession rights in the ordinary jurisdiction would have precluded, because the ordinary process filed in that sense by Cano Obregón against Leonor Vargas Yong and the Municipality of Nicoya was archived by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court in a resolution at 9:50 a.m. on May 9, 2000, as the plaintiff did not demonstrate the exhaustion of administrative remedies and did not provide the legal capacity of the co-defendant Municipality (Case File No. 99-100097-390-CI).-\n\nContinuing with the background summary, we observe that by resolution No. 2200-01 D.M. at 9:00 a.m. on June 8, 2001, at the request of Mayor Cuevillas León, as there were no pending matters, the suspension was lifted to execute the eviction, because in Vote No. 31-2001 at 9:15 a.m. on January 19, 2001, the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal resolved the appeal filed, and by agreement No. 4 of ordinary session No. 166 on May 21, 2001, the Municipality of Nicoya complied with what was ordered by that Tribunal.-\n\nHowever, on May 29, 2001, Cano Obregón filed appeals for revocation with subsidiary appeal against the previous municipal agreement; in addition, she filed a per saltum appeal before the Contentious-Administrative Tribunal on June 7, 2001. Likewise, in a brief dated July 3, 2001, she filed an appeal for reconsideration against the Ministry of Public Security resolution No. 2200-01 of June 8, 2001.-\n\nBy agreement number 22, subsection b), adopted at ordinary session number 171 on June 26, 2001, the Council rejected the appeals for revocation and subsidiary appeal filed by Cano Obregón. However, the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, in resolution No. 18-2002 at 10:10 a.m. on January 25, 2002, granted a motion to dismiss against the agreement that rejected the appeal and admitted it for study.-\n\nIn agreement No. 21, approved at ordinary session No. 4 on May 27, 2002, the Council ordered, as we already indicated, not to proceed with any eviction against Cano Obregón and Vargas Yong, until there is a final pronouncement from the Contentious-Administrative Tribunal. That agreement was brought to the attention of the Legal Department of the Ministry of Public Security in a brief dated June 4, 2002, sent by Marvin Rodríguez Varela, who served as Executive of the Municipality of Nicoya between January 22, 1987, and July 30, 1990.-\n\nII.- ILLEGAL CONSTRUCTIONS CARRIED OUT BY CANO OBREGON IN 1985\n\nOn this point, we see that the Examining Court of Nicoya, acting as a Criminal Court (Case File No. 267-91-2), ruled on the illegality of the constructions carried out by Cano Obregón in 1985. Thus, in the judgment at 3:00 p.m. on December 16, 1993, where it dismissed the case against her due to the expiration of the statute of limitations for the criminal action, it held: \"III.-...in the complaint filed by the Agrarian and Environmental Prosecutor, Mr. José Joaquín Barahona Vargas, on July fourth, nineteen eighty-eight, he denounced the here accused Leonor Cano Obregón for improperly erecting, without permission, and apparently using beach sand, a construction for cabins, of two floors, in the maritime-terrestrial zone, next to boundary marker number six of the Instituto Geográfico Nacional, in Playa Sámara...the foregoing demonstrates that certainly without the proper authorization… she proceeded to erect the constructions already mentioned within the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, thereby violating the Law on the Maritime-Terrestrial Zone...IV.-...with the testimonial and documentary evidence already cited, it is clearly and evidently inferred that it was the defendant Leonor Cano Obregón who ordered the erection of the buildings covered by this case; it is also clear that because the events occurred starting in the year nineteen eighty-five, the criminal action had comfortably prescribed by the time the indictment was ordered against her...Ruling on civil matters is omitted because no civil action for damages was filed.\"\n\nAlso, the Constitutional Chamber, in Vote No. 8651-99 at 11:58 a.m. on November 5, 1999, when rejecting an amparo appeal by Cano Obregón against the Ministry of Public Security, pointed out that her occupation within the coastal strip is illegitimate: \"While it is true that the judgment of the Contentious-Administrative Court does not expressly state that the amparo petitioner should be evicted from the land in question, it did declare the legitimacy of the concession granted to Mrs. Leonor Vargas Yong, which provided the Ministry of Security sufficient grounds to decree the administrative eviction against the amparo petitioner. From the foregoing, the Chamber considers that the eviction challenged herein does not violate the fundamental rights of the amparo petitioner, who has been illegitimately occupying the maritime-terrestrial zone, an act that has precisely been the basis for ordering the eviction.\" (Emphasis is ours).-\n\nTherefore, we do not share the assertion made by Cano Obregón in her appeal brief of May 29, 2001, when she stated that the house she inhabits \"was legally built, as deduced from the Resolution issued by the Criminal Court of Nicoya, at 3:00 p.m. on December 16, 1993.\" Equal objection is warranted for what was stated in her closing brief of July 8, 2002, addressed to the Contentious-Administrative Tribunal, when she stated: \"I provided with my application, the Acquittal Judgment of the Criminal Court of Nicoya...which honorably excludes me from having violated the Maritime-Terrestrial Zone Law.\" (Case File No. 02-000649-0161-CA).-\n\nIn any case, the demolition of the constructions is part of the reparation for the damage caused, even when the criminal action may have been extinguished (Superior Criminal Cassation Tribunal, judgments numbers 213-F-96 at 11:35 a.m. on April 18, 1996, and 834-F-97). And, given the special nature of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, the application of other regulatory provisions aimed at avoiding the reparatory procedure regulated by Article 13 of Law 6043 could not be alleged: \"...it should be noted that the Law on the Maritime-Terrestrial Zone has a special nature, and therefore the provisions of the Constructions Law are not applicable to the case, as the former also contemplates the procedure to be followed in these cases and even authorizes the officials of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, so that in those cases where a construction is carried out contrary to its provisions, they may proceed both to evict the offenders and to destroy or demolish what has been built (see Article 13 of the cited Law No. 6043 of March 2, 1977).\" Third Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 167-F-92 at 8:35 a.m. on May 22, 1992.-\n\nThe reason is obvious; there is no right whatsoever to claim for the works installed in 1985 without a construction permit. The Administration's delay in curbing such transgressive actions does not grant any right, as the exception of the statute of limitations cannot be invoked, because the public domain nature of the property prevents it. Nor does she have the right to payment for improvements (Constitutional Chamber, resolutions numbers 2306-91 at 2:45 p.m. on November 6, 1991, 6758-93 of December 22, 1993, and 6192-95 at 4:42 p.m. on November 14, 1995; Superior Contentious-Administrative Tribunal, First Section, No. 1019-88; Agrarian Tribunal, Nos. 101-95 and 776-98 at 11:10 a.m. on November 13, 1998, Considerando VII and opinions C-221-88 of November 7, 1988, C-004-98, and C-128-99 of June 24, 1999).-\n\nRegarding the lack of a building permit, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court also noted, in judgment No. 582-97 at 10:00 a.m. on December 19, 1997: \"IV)=...For her part, Mrs. Cano Obregón had also filed a concession application, days before Mrs. Vargas Yong filed hers; however, her petition was frustrated by a series of setbacks in which she has been the main participant, as she was accused of usurpation, erected a building without any authorization, for which she was warned and was advised that her application would be suspended until she complied with the corresponding provisions.\"\n\nIn the face of such infractions, before resolving a concession application, Articles 13 and 17 of Law 6043 must be applied, which require municipalities to take the pertinent measures to counteract those improper actions against the coastal public domain, as well as to preserve the natural resources in their original conditions, with the eviction of the occupants and the destruction of the buildings being appropriate in the cases provided for by law, by virtue of the powers of self-protection and public domain police. The omission to act as indicated may cause their officials to incur disciplinary and criminal responsibilities (Law 6043, Articles 3, 13, 17, 20, 34, 35, and 63; Criminal Code, Article 330; Constitutional Chamber, judgments 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001, and 12777-2001, opinions numbers 28-PA-77 of May 2, 1977, 32-PA-77 of May 5, 1977, C-289-80 of December 22, 1980, C-066-81 of March 31, 1981, C-214-81 of September 18, 1981, C-003-85 of January 4, 1985, C-313-85 of December 4, 1985, C-127-96 of July 31, 1996, and C-230-97 of December 4, 1997).-\n\nIndeed, the obligation of local governments to evict illegitimate occupants persists even when the lands have been granted in concession to other persons, because the municipal action to protect the coastal strip never ceases. If a negligent attitude on the part of the concession holders or other persons authorized to occupy the maritime-terrestrial zone in its care and protection should be verified, the Municipality must warn them to correct their behavior, which, if continued, will give rise to the cancellation process of their right in the cases provided for by law. (Law 6043, Articles 34, 35, and 53; Opinion No. C-169-95 of August 4, 1995).-\n\nRegarding the concession applications of those who built without authorization in the coastal zone, in opinion C-230-97 of December 4, 1997, we stated:\n\n\"In view of the foregoing, we consider that the concession applications of those who have built without administrative authorization on the lands of the maritime-terrestrial zone whose concession they are processing, must be resolved once the procedure prescribed by Article 13 of Law 6043 has been complied with, which is of mandatory observance.-\n\nThe foregoing is clear, because the respective municipality, the Costa Rican Tourism Institute, and the other authorities with jurisdiction in the matter, must issue those measures they deem necessary to conserve the original conditions of the maritime-terrestrial zone or to prevent them from being harmed (Law 6043, Article 17).-\n\nFurthermore, the normal procedure is that the delivery of the plot granted in concession must be made free of occupants and constructions, unless they exist under the hypothesis of a grant made based on Article 60 of Law 6043; thereby also avoiding the corrupt practice of occupying the maritime-terrestrial zone or carrying out constructions to later force the municipal will in granting the concession.-\n\nWe must also not lose sight that the same Law 6043, Articles 62 and 63, sanctions both private individuals and public officials who prevent the execution of an order to suspend or demolish works, or who make it impossible to apply penalties to offenders.-\n\nNotwithstanding the foregoing, the concession applications filed by those who have violated the prohibition contained in Article 12 of Law 6043, may be rejected prior to the application of the provisions of Article 13 under comment, if the administering entity verifies that it is not possible to grant the concession due to the lack of any of the requirements for its approval, such as the declaration of touristic or non-touristic suitability; the demarcation by the Instituto Geográfico Nacional to delineate the public zone, or the existence of a regulatory plan, to mention a few.-\n\nIt should be clear that the concession applications filed by those who have built illegally in the maritime-terrestrial zone must be processed in accordance with the procedure established in the law and the regulation, and therefore cannot be rejected by arguing that the applicant is an offender, without prejudice, of course, to proceeding with what is ordered by Article 13 of Law 6043...-\n\nIn conclusion, the processing of concession applications submitted by those who occupy or built without administrative authorization in the maritime-terrestrial zone is the same as that of those applications submitted by those who have not incurred such infractions, but in the first case, the reparatory procedure must first be established, through which the occupants are evicted and the buildings are destroyed, and subsequently the application must be resolved as legally appropriate, without prejudice to the sanctions that must be imposed on those responsible.-\n\nThe foregoing is so, because a concession application does not grant any administrative real right, nor does it authorize occupying or building in the maritime-terrestrial zone, nor can the Municipality charge any sum for the illicit occupation, made outside the concession procedures (Article 13, 39, and 63; Law 6043; Constitutional Chamber, Votes numbers 2658-93 at 8:54 a.m. on June 11, 1993, and 5559-96; Contentious-Administrative Tribunal, Second Section, No. 307-98 at 3:00 p.m. on July 31, 1998; Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, No. 582-97 at 10:00 a.m. on December 19, 1997, and opinion C-230-97 of December 4, 1997).-\n\nThe Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal has also endorsed this thesis:\n\n\"Nor can the challenging company attempt to shield itself behind the principles of good faith and legitimate expectation, since, from the outset, its representatives were aware that they lacked the respective construction permit, the authorization for the land-use change (cambio de uso de suelo) and, what is more important, the concession over the restricted area of the maritime-terrestrial zone they occupied… In effect, while it is true that at Ordinary Session No. 57-98 of October 14, 1997, agreement No. 9, subsection 3° (visible at folio 48), the land-use change was authorized, nevertheless, subsequently, at Ordinary Sessions Nos. 6-98 of January 27, 1998, agreement 6°, subsection 1° (visible at folio 57), and 57-98 of November 3, 1998, agreement 5° (visible at folio 73), it was stated, expressly and respectively, that the authorization had been due to an error and that agreement No. 9, subsection 3) of Ordinary Session No. 57-97 was 'repealed.' This annulment of the authorization for the land-use change from a protected area or mangrove reserve to a touristic area became final, since it was never appealed in a timely manner by the company... thereby tacitly consenting to it, which is why it cannot now come, taking advantage of its own fraud, to disregard the nullity of the authorization for the land-use change to legitimize an irregular and illegal situation. Regarding the absence of a concession in the maritime-terrestrial zone, it is true that the company requested it since August 29, 1995 (application visible at folio 3); however, when it erected the constructions, such concession was still in process, so much so that the Municipal Council finally resolved it by denying it, until Ordinary Session No. 14-99, agreement No. 3°, subsection 1° (visible at folio 161), which was not appealed in a timely manner by the challenging company and, consequently, is final, since, in the brief that appears at folios 172-177, the representatives of the appellant company limited themselves to challenging subsection 2° of that same agreement and session (visible at folio 162), which referred, solely and exclusively, to the order for the destruction or demolition of the works erected without a permit in the maritime-terrestrial zone and not to the denial of the concession. Finally, it should be noted that all the actions carried out by the municipal entity in the sub-examine find full support in Articles 12 and 13 of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone…\" (Vote No. 401-2002 at 10:20 a.m. on April 12, 2002).-\n\nIII.- ON THE STATUS OF SETTLER AND OCCUPANT\n\nBy brief dated April 19, 1999, received on the 26th of that same month at the Municipality of Nicoya, Cano Obregón claimed to have filed an application for a concession since October 7, 1979, as well as having paid the occupancy fee from that time until 1998. Unlike Vargas Yong, who filed the application on October 15, 1979. She adds that she is a settler of the land currently described in cadastral plan G-518782-83 with an area of 1,171.60 m2, which is why the Municipality should have applied Article 75 of the Regulation to Law 6043 to her. That is, relocate her and pay her the improvements prior to granting the concession to Vargas Yong.\n\nA situation different from what she maintained in briefs dated January 4 and February 22, both of 1999, when she stated that she was an occupant. She added that, since Vargas Yong's concession had expired due to the end of the term, the concession should have been granted to her because she met all the requirements. In a brief dated May 27, 1999, she reiterated her arguments and raised an action for positive silence based on Articles 329 to 331 of the General Law of Public Administration.-\n\nRegarding the area requested by Cano Obregón, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, in judgment No. 582-97 at 10:00 a.m. on December 19, 1997, held as proven:\n\n\"IV)=...What Cano Obregón requested was a plot of seven hundred square meters, adjoining on one of its sides Vargas Yong's concession...\"\n\nThis evidences a displacement Eastward onto the land granted in concession in favor of Vargas Yong on March 7, 1983 (ordinary session No. 58, Article 11). The contract was signed on January 26, 1986. It was approved by the ICT on February 21, 1986. The concession was registered in the General Registry of Concessions on May 30, 1986, for a term of 5 years. Plan G-518782-83 was cadastrally registered in the name of Leonor Cano Obregón on October 24, 1983, that is, after the granting of the concession to Vargas Yong; and furthermore, as we indicated, Cano Obregón built the illegal constructions starting in 1985.-\n\nRegarding positive silence, it should be taken into account that the maritime-terrestrial zone is a property that forms part of the environment, and therefore, positive silence does not operate in concession applications (Constitutional Chamber, votes numbers 6863-93, 1180-E-94, 1730-94, 1731-94, 2954-94, 5506-94, 5527-94, 6332-94, 820-95, 3518-96, and 5745-99, opinions C-118-91, C-004-98, and C-002-99).-\n\nRegarding the status of settler, the Contentious-Administrative Tribunal, Second Section, in vote No. 307-98 at 3:00 p.m. on July 30, 1998, ordered:\n\n\"II. Neither from the evidence provided in the main case file, nor from the administrative one, has it been possible to establish with clarity the actual time of occupation of Mrs. Cano Obregón, prior to her filing the corresponding concession application before the Municipality of Nicoya, for the purpose of determining whether or not she was in one of the two exception situations to which reference will be made later...III.\n\nNor did the plaintiff demonstrate that her situation qualified under either of the two exception situations referred to in Law 6043… It is not enough to state in her concession application that she had occupied the land for a period exceeding eight years (folio 3 of the administrative file, Exp. 070-79), that is, prior to Law 6043…\n\nIn our opinion, the settlers and occupants require, among other formalities, an express application to that effect and an authorizing administrative act that recognizes that provisional situation for them, which, in any case, shall cease when the development plan for the respective zone enters into force. That authorization produces no right whatsoever with respect to the concession (doctrine of Law 6043, Article 70 and Transitory Provision VII; and its Regulation, Article 52).-\n\nThe Playa Sámara Regulating Plan was approved by the Costa Rican Tourism Institute in session No. 3164 of March 9, 1981, by the National Institute of Housing and Urbanism in session No. 3270 of September 1981, and was published in the Official Gazette \"La Gaceta\" No. 208 of October 30, 1981. Therefore, after that date, it would not be feasible to authorize and recognize the status of settler to any person, given that once coastal planning enters into effect, such provisional authorizations cease, and they must adjust their situation to the requirements of a concession contract; without prejudice to the right of relocation and payment for improvements granted by law to those whose status was recognized in a timely manner.-\n\nIn the present matter, through regular session No. 30 of September 11, 1986, article 2, point 3, Cano Obregón was authorized to occupy a 700 m² parcel according to a plan submitted on April 30, 1980, with 14 meters of frontage; Vargas Yong a 1,000 m² parcel according to the plan submitted on February 2, 1980, in accordance with the granted contract.-\n\nAs can be seen, the authorization for Vargas Yong to occupy the coastal zone was done based on a concession registered in the respective Registry, while that of Cano Obregón was based on a mere application. And as we have already stated, a concession application grants no administrative real right, nor does it empower one to occupy or build in the maritime-terrestrial zone, nor may the Municipality collect any sum for the illicit occupation.-\n\nDespite the foregoing, in extraordinary session No. 17 of April 10, 1987, article 11, the Council agreed: \"To charge Mrs. Leonor Cano Obregón the occupation fee based on Transitory Provision VII of Law 6043 the sum of Ë 1,755.60, for demarcation Ë 105.00, and for the regulating plan Ë 533.00 based on the area requested and respecting what the zone's Regulating Plan establishes. The Land and Beaches Commission is authorized so that, jointly with the officer in charge of the Maritime-Terrestrial Zone, they place in possession Mrs. Leonor Vargas Yong and Mrs. Leonor Cano Obregón of a lot in Sámara and determine for them the regulatory measurements based on the area requested and respecting what the regulating plan establishes of 37.00 meters in depth.\"\n\nIn regular session No. 119 of November 2, 1987, article 2, Cano Obregón was granted \"a period of 20 days from receipt of this agreement to vacate the area she occupies and which does not correspond to her.\" In regular session No. 128 of December 10, 1987, the Municipal Cadastre Office was authorized to place Mrs. Leonor Vargas Yong and Leonor Cano Obregón in possession, with that Office delimiting the area to be occupied by each of them. The granting of the concession in favor of the latter was made conditional on the fulfillment of all the requirements of Law 6043 and the determination of the area she would occupy.-\n\nAs observed, in the foregoing municipal agreements, no recognition was made of Cano Obregón as a settler, and the \"occupation\" authorized for her was never to the detriment of the land granted in concession to Vargas Yong.-\n\nFinally, although by agreement taken in regular session No. 231 of April 19, 1993, article 5, subsection A, contract No. 562, entry 001 in favor of Vargas Yong was extended, this was revoked in regular session No. 11 of June 16, 1995.-\n\nNevertheless, it should be noted that in regular session No. 222 of March 8, 1993, article 9, the Council deemed received Vargas Yong's extension application. Given this, it is clear that the extension application was made untimely, because if the contract was registered on May 30, 1986, and was in force for 5 years, by May 31, 1991, it had already been extinguished. Article 50 of Law 6043 provides that an untimely application \"shall be considered a new concession application.\"\n\nThe extinction of that concession was also addressed by the Administrative and Civil Treasury Court in judgment No. 582-97 of 10:00 a.m. on December 19, 1997, Considerando IV.-\n\nIV.- PROHIBITIONS ON THE GRANTING OF CONCESSIONS\n\nIt is important that the Municipality of Nicoya take into account, in future contracts, the prohibition on awarding concessions to relatives of the officials involved in their granting. Thus, in Official Letter No. AAA-267-2001 of May 31, 2001, we noted:\n\n\"II. PROHIBITION ON AWARDING CONCESSIONS TO RELATIVES\n\nThe Law on the Maritime-Terrestrial Zone contains in its Article 46 the prohibition on awarding concessions to relatives up to the second degree of affinity or consanguinity of the council members:\n\n\"Article 46.- The corresponding municipality, in the zone under its jurisdiction, may not grant any concession in favor of its council members, proprietary or alternate, or of the municipal executive, or of their relatives in the first or second degree by consanguinity or affinity. With respect to them as well as to those who intervene in the granting or authorization of concessions and in general, the provisions established in Article 107 of the Law of the Financial Administration of the Republic No. 5901 of April 20, 1976, shall apply. Concessions granted before the respective official was elected or appointed are excepted.\" (Highlighting is not from the original)\n\nIn the face of such a clear prohibition, the First Section of the Superior Administrative Court, in ruling number 1118 of 8 hours 40 minutes on August 4, 1989, stated:\n\n\"...this Court considers that in cases such as the one under study, where there exists a peremptory prohibition, which the members of the Municipal Council of Aguirre are not unaware of, by virtue of the kinship existing between the applicant Fallas Morales and a member of said body, it is not possible to proceed in the manner done (Articles 46 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone in relation to Article 107 of the Law of the Financial Administration of the Republic No. 5901 of April 20, 1976); consequently, we are faced with an absolutely null agreement, for which reason it is imperative to make a decision to that effect. THEREFORE: The appealed agreement is annulled.\" (Highlighting is ours)\n\nThis Office of the Attorney General stated in opinion C-163-89:\n\n\"...the foregoing are principles of sound administration and ethical-legal features, guarantors of morality, equal and impartial treatment, and legality of State entities in the contractual sphere. They seek to prevent potential abuses by officials in command (local or national) who, taking advantage of the investiture, influence, and authority that the position confers, obtain contracts with the Administration under favoritism or abnormal privileges, for personal or family gain and to the detriment of the public purpose to be satisfied. Given the legal impossibility of Municipalities granting concessions in the maritime-terrestrial zone to council members, to close relatives, the proper course is to refrain from processing any application subject to such inhibition, as long as it persists. Consequently, the Municipal Council of Aguirre must annul any agreement different from the one appealed (262-89) aimed at advancing the concession procedure sought by Mr. José Antonio Fallas Morales, and deny its processing, notifying him.\"\n\nAs long as a council member holds that position or another of those listed in Article 46 cited supra, their relatives up to the second degree of consanguinity or affinity may not receive concessions in that same canton. Should any concession have been awarded, it shall be null and the official may be prosecuted in administrative and judicial-criminal venues (Arts. 63 Law 6043; 25 subsection b) and 24 subsection e) of the Municipal Code, Law No. 7794).\"\n\nLikewise, in Official Letter No. AAA-430-2002 of September 9, 2002, we held: \"The lawyers appointed as advisors to the Municipal Council, by virtue of the provisions of Article 118 of the Municipal Code, are confidential officials who provide their services to the Mayor, the Municipal President and Vice-President, and to the political factions that make up the Local Government and therefore are not, under that assumption, prevented from freely practicing the legal profession; however, while they occupy those positions, they are inhibited from litigating against the interests of the Administration, since there exists a constitutional provision that compels the public official to perform their duties in an objective, transparent, loyal, and impartial manner.- (Political Constitution, Article 11; Constitutional Chamber, Judgment No. 3502-94 of 15:18 hrs. on July 12, 1994, and opinion C-262-2001 of October 1, 2001).\"-\n\nV.- SUSPENSION OF EVICTION AND CANCELLATION OF CREDENTIALS\n\nTo cancel the credentials of popularly elected officials, according to Article 63 of Law 6043, three grounds exist: a) granting concessions, occupancy permits, or approving plans contrary to the legal order; b) impeding or rendering nugatory a legally decreed suspension or demolition order; c) impeding or rendering nugatory a sanction legally imposed on an offender.-\n\nNote that through resolution No. 2200-01 D.M. at 9:00 hrs. on June 8, 2001, at the request of Mayor Cuevillas León, since there were no pending matters, the Ministry of Public Security lifted the suspension on executing the eviction of Cano Obregón. However, it has not been carried out because the Municipal Council, in agreement No. 21, adopted in regular session No. 4 of May 27, 2002, ordered the suspension of any eviction against Mrs. Leonor Cano Obregón and Mrs. Leonor Vargas Yong, until a final ruling is issued by the Administrative Court.-\n\nAnd although the administrative eviction order has executory force, the Administration has the power to suspend its execution when it may cause serious or irreparable harm (General Law of Public Administration, Articles 146, first paragraph, and 148).-\n\nOn this matter, opinion C-089-96 of June 7, 1996, indicated: \"Based on everything set forth, the Municipality of Golfito may execute the administrative acts it has issued, and therefore, regulate subsequent situations arising from the effects produced, even if the individuals affected by those acts have filed an appeal. Nevertheless, it must ensure that those acts are not ineffective or absolutely null, or that they in any way harm fundamental rights, in order not to incur criminal or civil liabilities. It must also assess whether the execution of the acts may cause serious or impossible or difficult to repair harm, in which case the pertinent course is to suspend it until the administrative remedies are resolved.\"\n\nThe same reasoning has been put forward when the suspension of the effects of the act is granted in the judicial venue, via an incidental proceeding within an ordinary process:\n\n\"…the precautionary measure is intended to protect the litigious object and the effective enforcement of a potentially favorable judgment, as a guarantee and counterweight against the enforceability of administrative acts -Articles 146 to 151 of the General Law of Public Administration-, and therefore, vested with obligatory and executive force. It is therefore appropriate when it can be proven that its execution would produce damages or harm of impossible or difficult reparation, according to the terms of numeral 91 of the Law Regulating the Administrative Jurisdiction, among which stand out the imminence of the production of harm, but even more so, its relationship with the public interest, which, in some cases, must prevail over that of the individual. Nevertheless, the valuation criteria have changed, especially due to the delay in issuing the ruling, and for this reason, provisional protection has gained great importance within this type of matter. Having examined the point submitted for debate, it is considered that indeed, there are multiple elements to demonstrate that the Bar and Restaurant Balú has been operating for many years… This does not mean that importance is being detracted from the protection of the maritime-terrestrial zone, in any way, but rather that given the special circumstances surrounding the case, it is less burdensome to order the suspension of the effects of the act, and await the judgment on the merits, which will determine who is right... the foregoing, coupled with the considerations issued by the trial Judge, in which the protection of public domain property stands out, given that the improvements to the premises have already been built, and on the contrary, it would economically affect the petitioner and would render nugatory the potential right that the incidental party might obtain, leads to the conclusion that it is advisable to maintain the agreed suspension.\" Administrative Court, Second Section, No. 294-2001 of 11:50 hrs. on September 14, 2001.-\n\nBy reason of the foregoing, we consider that in the present case, for the moment, there is no merit to open an administrative sanctioning procedure under the responsibility of the Supreme Electoral Tribunal for the application of Article 63 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone against the council members of the Municipality of Nicoya.-\n\nCordially,\n\nLic. Mauricio Castro Lizano\nDEPUTY ATTORNEY GENERAL\n\nci: Administrative Court, Third Section File No. 02-000649-0161-CA\nMunicipal Council of Nicoya\nMinistry of Public Security Legal Department File No. 373-99\nLeonor Vargas Yong Fax 686-67-42\nLeonor Vargas Cano Fax 685-56-43" }