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  "id": "pgr-11888",
  "citation": "C-179-2003",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Competencia consultiva sobre actos administrativos concretos de un Concejo Municipal",
  "title_en": "Advisory jurisdiction over specific administrative acts of a Municipal Council",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República (PGR) responde a la consulta del Auditor Interno de la Municipalidad de Puntarenas sobre la legalidad de dos acuerdos del Concejo Municipal: uno que modifica fechas de sesiones sin publicación previa en el Diario Oficial y otro que remunera sesiones extraordinarias adicionales. La PGR declina dictaminar, argumentando que su función consultiva se limita al análisis abstracto de principios jurídicos y no puede extenderse a evaluar la validez de actos administrativos concretos, como los acuerdos adoptados. Para sustentar su posición, cita su propio dictamen C-194-94, que establece que no son consultables asuntos concretos pendientes de decisión administrativa. Como cortesía, la PGR remite dos dictámenes previos relacionados con los temas planteados: el C-109-2001 sobre publicación previa de sesiones y el C-177-2003 sobre sesiones extraordinarias remunerables.",
  "summary_en": "The Office of the Attorney General (PGR) addresses an inquiry from the Internal Auditor of the Municipality of Puntarenas regarding the legality of two Municipal Council agreements: one modifying meeting dates without prior publication in the Official Gazette, and another providing remuneration for additional extraordinary meetings. The PGR declines to issue an opinion, arguing that its advisory role is limited to the abstract analysis of legal principles and cannot extend to assessing the validity of specific administrative acts, such as the adopted agreements. In support, it cites its own opinion C-194-94, which establishes that specific matters pending an administrative decision are not subject to consultation. As a courtesy, the PGR provides copies of two prior opinions related to the issues raised: C-109-2001 on prior publication of meetings and C-177-2003 on compensable extraordinary meetings.",
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  "date": "16/06/2003",
  "year": "2003",
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  "es_concept_hints": [
    "Administración Pública",
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      "law": "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (6815)"
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  "keywords_es": [
    "Procuraduría General",
    "dictamen consultivo",
    "auditoría interna",
    "acuerdo municipal",
    "sesiones ordinarias",
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    "Diario Oficial",
    "C-194-94"
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  "keywords_en": [
    "Attorney General's Office",
    "advisory opinion",
    "internal audit",
    "municipal agreement",
    "ordinary sessions",
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    "Official Gazette",
    "C-194-94"
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  "excerpt_es": "\"el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta (la Procuraduría) a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta.\"",
  "excerpt_en": "\"the technical-legal advice that, through its opinions and pronouncements, (the Attorney General's Office) provides to the various organs and entities that make up the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of different legal institutions, principles, and rules, considered in the abstract. In this vein, specific matters on which a decision by the active administration is pending are not subject to consultation. The matter at hand clearly falls within this exception: although the question is framed in general terms, the truth is that we are being asked to judge the legality of a specific administrative decision.\"",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible for specific case",
    "label_es": "Inadmisible por caso concreto",
    "summary_en": "The PGR declines to rule on the legality of the adopted agreements, as they constitute specific administrative acts outside its advisory jurisdiction.",
    "summary_es": "La PGR se niega a dictaminar sobre la legalidad de los acuerdos adoptados, por tratarse de actos administrativos concretos ajenos a su competencia consultiva."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando (remitiendo al dictamen C-194-94)",
      "quote_en": "\"the technical-legal advice that, through its opinions and pronouncements, (the Attorney General's Office) provides to the various organs and entities that make up the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of different legal institutions, principles, and rules, considered in the abstract.\"",
      "quote_es": "\"el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta (la Procuraduría) a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados.\""
    },
    {
      "context": "Considerando (remitiendo al dictamen C-194-94)",
      "quote_en": "\"specific matters on which a decision by the active administration is pending are not subject to consultation.\"",
      "quote_es": "\"no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa.\""
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=11888&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 179 del 16/06/2003   \n\n\nC-179-2003\nSan José, 16 de junio del 2003\n \nSeñor\nVicente Medina Martínez\nAuditor Interno\nMunicipalidad de Puntarenas\n\nS.O.\n\nEstimado señor:\n\nCon la aprobación del señor Procurador General Adjunto de la República, Lic. Farid Beirute Brenes,\nme refiero a su oficio AU-17-02-2003 del 5 de febrero del 2003, por medio del cual nos solicita\npronunciarnos sobre la legalidad de dos acuerdos adoptados por el Concejo Municipal de Puntarenas.\n\n\n\n El primero de dichos acuerdos (adoptado en la sesión ordinaria n.° 54, del 2 de diciembre del 2002,\nartículo 3 inciso b) se relaciona con la decisión de modificar las fechas de las sesiones ordinarias\ny extraordinarias del Concejo Municipal, sin que dicha modificación haya sido publicada en el Diario\nOficial antes de realizar las sesiones respectivas. El segundo (adoptado en la sesión extraordinaria\nn.° 15 del 28 de julio del 2002, Artículo 1°, inciso b) está relacionado con la decisión de\nremunerar sesiones extraordinarias distintas a las dos primeras que realice el Concejo.\n\n\n\n Al respecto, me permito indicarle que si bien el artículo 4 de nuestra Ley Orgánica (n.° 6815 de 27\nde setiembre de 1982) fue reformado por la Ley General de Control Interno (n.° 8292 de 31 de julio\ndel 2002) con la finalidad de permitir a las auditorías internas del sector público realizar\nconsultas a esta Procuraduría sin necesidad de aportar su criterio legal, tales consultas deben\ncumplir con algunos otros requisitos, como son: que se relacionen directamente con el ejercicio de\nlas funciones de la auditoría interna; que no versen sobre una materia respecto a la cual otro\nórgano cuente con una competencia prevalente para dictaminar; y, finalmente, que no se trate de un\ncaso concreto.\n\n\n\n De conformidad con lo anterior, este Despacho no puede dictaminar, con carácter vinculante, sobre\nla validez de determinados actos administrativos (como lo son los acuerdos citados del Concejo\nMunicipal) pues ello implicaría pronunciarnos sobre un caso concreto, lo cual no es propio de\nnuestro papel consultivo. Esta Procuraduría, en reiteradas ocasiones, se ha referido a ese tema.\nAsí, a manera de ejemplo, en nuestro dictamen C-194-94, del 15 de diciembre de 1994, se dijo:\n\n\n\n \"...el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta\n(la Procuraduría) a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se\ncircunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,\nabstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los\nque se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa.\n\n\n\n El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción:\naunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a\njuzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro\nrol consultivo verter este tipo de juicios. (Lo escrito entre paréntesis no corresponde al\noriginal).\n\n\n\n Por las razones expuestas, lamentamos en esta ocasión no poder atender la petición consultiva que\nnos plantea.\n\n\n\n Pese a lo anterior, le remitimos adjunto a la presente, copia de dos dictámenes emitidos por esta\nProcuraduría relacionados con los temas de su interés. El primero de ellos es el C-109-2001, del 6\nde abril del 2001, dirigido a la Municipalidad de Cartago, donde se menciona la publicación previa\nde la hora y fecha como requisito para realizar sesiones ordinarias. El segundo, es el dictamen C-\n177-2003, del 13 de junio recién pasado, dirigido a la Municipalidad de Curridabat, donde se analiza\nen detalle el tema de las sesiones extraordinarias remunerables. \n\n\n\nDel señor Auditor Interno de la Municipalidad de Puntarenas, atento se suscribe;\n \n  \n \nMSc. Julio César Mesén Montoya\nPROCURADOR ADJUNTO\n \nJMM/Sylvia A.\n \n Adjunto: Lo indicado.",
  "body_en_text": "Opinion: 179 of 06/16/2003\n\nC-179-2003\nSan José, June 16, 2003\n\nMr.\nVicente Medina Martínez\nInternal Auditor\nMunicipalidad of Puntarenas\n\nS.O.\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, Lic. Farid Beirute Brenes, I refer to your official communication AU-17-02-2003 of February 5, 2003, through which you request that we rule on the legality of two agreements adopted by the Municipal Council of Puntarenas.\n\nThe first of said agreements (adopted in ordinary session no. 54, of December 2, 2002, article 3 subsection b) relates to the decision to modify the dates of the ordinary and extraordinary sessions of the Municipal Council, without said modification having been published in the Official Gazette before holding the respective sessions. The second (adopted in extraordinary session no. 15 of July 28, 2002, Article 1, subsection b) relates to the decision to remunerate extraordinary sessions other than the first two held by the Council.\n\nIn this regard, I must point out that although article 4 of our Organic Law (no. 6815 of September 27, 1982) was amended by the General Law of Internal Control (no. 8292 of July 31, 2002) with the purpose of allowing the internal audit offices (auditorías internas) of the public sector to submit inquiries to this Attorney General's Office without the need to provide their legal opinion, such inquiries must comply with certain other requirements, such as: that they directly relate to the exercise of the functions of the internal audit office; that they do not deal with a matter on which another body has prevailing competence to issue an opinion; and, finally, that they do not involve a specific case.\n\nIn accordance with the foregoing, this Office cannot issue a binding opinion on the validity of certain administrative acts (such as the cited agreements of the Municipal Council), as this would imply ruling on a specific case, which is not part of our advisory role. This Attorney General's Office has, on repeated occasions, addressed this issue. Thus, by way of example, in our opinion C-194-94, of December 15, 1994, it was stated:\n\n\"...the technical-legal advice that, through its opinions and pronouncements, (the Attorney General's Office) provides to the various organs and entities that make up the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of the various legal institutes, principles, and rules, abstractly considered. In this vein, specific matters on which a decision by the active administration is pending are not subject to consultation.\n\nThe matter now before us clearly falls under the indicated exceptional situation: although the question is posed in general terms, the truth is that we are being invited to judge the legality of a specific administrative decision. Evidently, it is not part of our advisory role to render such types of judgments. (The text in parentheses does not correspond to the original).\n\nFor the reasons stated, we regret that on this occasion we cannot accommodate the advisory request you have presented to us.\n\nDespite the foregoing, attached to this letter, we are sending you copies of two opinions issued by this Attorney General's Office related to the topics of your interest. The first of these is C-109-2001, of April 6, 2001, addressed to the Municipalidad of Cartago, where the prior publication of the time and date is mentioned as a requirement for holding ordinary sessions. The second is opinion C-177-2003, of June 13 of this year, addressed to the Municipalidad of Curridabat, which analyzes in detail the issue of compensable extraordinary sessions (sesiones extraordinarias remunerables).\n\nFrom the Internal Auditor of the Municipalidad of Puntarenas, yours sincerely;\n\nMSc. Julio César Mesén Montoya\nDEPUTY ATTORNEY GENERAL\n\nJMM/Sylvia A.\n\nAttachment: As indicated."
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