{
  "id": "pgr-12174",
  "citation": "C-323-2003",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Delegación de la instrucción del procedimiento administrativo en el Concejo Municipal",
  "title_en": "Delegation of Administrative Procedure Instruction in Municipal Council",
  "summary_es": "El dictamen analiza si los Concejos Municipales pueden delegar la instrucción de procedimientos administrativos en un órgano director compuesto por regidores y síndicos, incluso cuando la investigación no verse sobre hacienda pública. La Procuraduría concluye que, al ser un órgano colegiado, el Concejo solo puede delegar la instrucción en su secretario, según el artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 53 del Código Municipal. Se reitera el criterio del dictamen C-261-2001 y se respalda con jurisprudencia de la Sala Primera. Así, se descarta la posibilidad de conformar un órgano director con otros miembros del Concejo.",
  "summary_en": "The opinion examines whether Municipal Councils may delegate the instruction of administrative procedures to a directing body composed of council members and district representatives, even when the investigation does not involve public finances. The Attorney General's Office concludes that, as a collegial body, the Council may only delegate instruction to its secretary, pursuant to Article 90(e) of the General Public Administration Law, in conjunction with Article 53 of the Municipal Code. The criteria set forth in Opinion C-261-2001 is reaffirmed and supported by case law from the First Chamber of the Supreme Court. Therefore, the possibility of forming a directing body with other council members is dismissed.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "09/10/2003",
  "year": "2003",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "órgano director",
    "instrucción del procedimiento",
    "Concejo Municipal",
    "órgano colegiado",
    "Secretario del Concejo",
    "delegación de funciones",
    "Ley General de la Administración Pública"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 90 inciso e)",
      "law": "Ley General de la Administración Pública"
    },
    {
      "article": "Art. 53 inciso d)",
      "law": "Código Municipal"
    },
    {
      "article": "Art. 45",
      "law": "Ley 6815"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "órgano director",
    "Concejo Municipal",
    "instrucción",
    "procedimiento administrativo",
    "secretario",
    "delegación",
    "artículo 90",
    "Ley General de la Administración Pública",
    "órgano colegiado",
    "C-261-2001"
  ],
  "keywords_en": [
    "directing body",
    "Municipal Council",
    "instruction",
    "administrative procedure",
    "secretary",
    "delegation",
    "Article 90",
    "General Public Administration Law",
    "collegial body",
    "C-261-2001"
  ],
  "excerpt_es": "Ahora bien, en punto a lo consultado respecto de la situación específica de los Concejos Municipales y la posibilidad de que éstos deleguen la instrucción de un procedimiento administrativo, a través de la designación de un órgano director, este Órgano Superior Consultivo ha determinado que si lo que se pretende es nombrar un órgano para que instruya un procedimiento cuya decisión final le compete a dichos Concejos, podrá delegarse la instrucción del mismo únicamente en su Secretario. [...] Es tipo de órganos tienen la particularidad de que, de conformidad con el artículo 90 inciso e), de la Ley General, no pueden delegar sus funciones 'sino únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario'. [...] En consecuencia, el órgano director es el encargado de instruir el procedimiento administrativo hasta dejar los autos listos para la decisión final.",
  "excerpt_en": "Now, regarding the specific situation of Municipal Councils and the possibility of delegating the instruction of an administrative procedure through the designation of a directing body, this Superior Advisory Body has determined that if the aim is to appoint a body to instruct a procedure whose final decision falls to those Councils, the instruction may only be delegated to their Secretary. [...] Such bodies have the particularity that, in accordance with Article 90(e) of the General Law, they may not delegate their functions 'but only the instruction thereof, to the Secretary'. [...] Consequently, the directing body is responsible for instructing the administrative procedure until the file is ready for the final decision.",
  "outcome": {
    "label_en": "Interpretive opinion",
    "label_es": "Dictamen interpretativo",
    "summary_en": "The Municipal Council may only delegate the instruction of an administrative procedure to its Secretary, not to a body composed of council members and district representatives.",
    "summary_es": "El Concejo Municipal solo puede delegar la instrucción de un procedimiento administrativo en su Secretario, no en un órgano compuesto por regidores y síndicos."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Artículo 90 inciso e) Ley General de la Administración Pública",
      "quote_en": "The collegial body may not delegate its functions, but only the instruction thereof, to the Secretary.",
      "quote_es": "El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de las mismas, en el Secretario."
    },
    {
      "context": "Conclusión",
      "quote_en": "If the Municipal Council intends to appoint a directing body to instruct an administrative procedure whose final decision falls to it, it may delegate the instruction thereof only to its Secretary.",
      "quote_es": "Si el Concejo Municipal lo que pretende es nombrar un órgano director para que instruya un procedimiento administrativo, cuya decisión final le compete a él, podrá delegar la instrucción del mismo únicamente en su Secretario."
    },
    {
      "context": "Considerando IX de la sentencia de la Sala Primera",
      "quote_en": "In the case of the Costa Rican Social Security Fund, Article 14 of its Constituent Law grants that status to the Board of Directors, assigning it the tasks of directing the institution and overseeing its operations... when the final act must be adopted by a Board of Directors, the procedure may only be delegated to its Secretary, as provided for in Article 90(e) thereof.",
      "quote_es": "En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, el artículo 14 de su Ley Constitutiva le confiere esa condición a la Junta Directiva, asignándole las tareas de dirigir la institución y fiscalizar sus operaciones... cuando el acto final deba ser adoptado por una Junta Directiva, el procedimiento sólo puede ser delegado en su Secretario, por así disponerlo el artículo 90 inciso e) ibídem."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-38915",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 6815  Art. 45"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=12174&strTipM=T",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Dictamen : 323 del 09/10/2003   \n\n C-323-2003 San José, 09 de octubre del 2003       Licenciado José Luis Guzmán Jiménez Auditor\nInterno Municipalidad de San José S. O.   Estimado señor:               Con la aprobación del señor\nProcurador General Adjunto, me refiero al oficio número AI-060-03, de fecha 5 de febrero del 2003,\npor el que se consultan sobre la competencia de los señores Regidores y Síndicos, para formar parte\nde un órgano director del procedimiento administrativo que investiga a compañeros del Concejo\nMunicipal, por la presunta comisión de faltas graves con motivo u ocasión del ejercicio del cargo,\naún y cuando no se trate de asuntos de Hacienda Pública.\n\n         En vista de que el artículo 45 de la citada Ley General de Control Interno reformó el\nordinal 4º de la nuestra Ley Orgánica –Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-, para\nque los Auditores Internos puedan solicitar directamente el criterio técnico-jurídica de la\nProcuraduría General, sin tener que acompañar dicho planteamiento con la opinión de la Asesoría\nLegal respectiva, procederemos a evacuar las interrogantes sometidas a nuestro conocimiento.\n\n\n\n          De previo a referirnos sobre lo consultado, ofrecemos disculpas por el atraso en la\nemisión del criterio solicitado, todo justificado por el volumen de trabajo que tramita este\nDespacho.\n\n\n\n\nI.- Sobre lo consultado.\n\n\n\n          Según se infiere de su misiva, la presente consulta tiene por objeto que emitamos criterio\nen punto a la conformación de los órganos directores de procedimiento administrativo, que en el\nejercicio de las competencias del Concejo Municipal, éste deba integrar.\n\n\n\n Al respecto, interesa indicar que dentro del procedimiento administrativo existen dos órganos de\nimportancia: el órgano decisor y el órgano director, ambos con funciones diferentes.\n\n\n\n           El órgano decisor, conforme a la jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor,\nserá el órgano competente para dictar la decisión final de un asunto determinado; es quien debe\niniciar el procedimiento administrativo, y en principio, tiene la competencia para instruirlo; no\nobstante lo anterior, puede delegar la instrucción del mismo en un órgano director del\nprocedimiento.\n\n\n\n           En consecuencia, el órgano director es el encargado de instruir el procedimiento\nadministrativo hasta dejar los autos listos para la decisión final.\n\n\n\n          Ahora bien, en punto a lo consultado respecto de la situación específica de los Concejos\nMunicipales y la posibilidad de que éstos deleguen la instrucción de un procedimiento\nadministrativo, a través de la designación de un órgano director, este Órgano Superior Consultivo ha\ndeterminado que si lo que se pretende es nombrar un órgano para que instruya un procedimiento cuya\ndecisión final le compete a dichos Concejos, podrá delegarse la instrucción del mismo únicamente en\nsu Secretario.\n\n\n\n\n          Al respecto, en lo que interesa, se indicó:\n\n\n\n  \"Revisado el Código Municipal se evidencia que éste no contiene una norma expresa sobre el\nnombramiento de órganos directores de procedimiento administrativo por parte de los concejos\nmunicipales.\n\n\n\n Por lo tanto, se debe recurrir a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública,\npartiendo del dato de que los concejos municipales son órganos colegiados.\n\n\n\n Es tipo de órganos tienen la particularidad de que, de conformidad con el artículo 90 inciso e), de\nla Ley General, no pueden delegar sus funciones \"sino únicamente la instrucción de las mismas, en el\nSecretario\".\n\n\n\n Es por ello, que los órganos de naturaleza colegiada tienen limitada su posibilidad de delegación,\ndebido a que no pueden decidir libremente a cuál órgano se le va a delegar la instrucción de una\ndecisión suya, sino que, puede delegarse, únicamente, en el secretario.\n\n\n\n\nEsta situación ya ha sido analizada por esta Institución, señalándose lo siguiente:\n\n\n\n \"Por último, cabe indicar que no existe una regla específica contenida en la Ley General de la\nAdministración Pública en el sentido de determinar, a priori, sobre que órgano específico recaerá la\nobligación de tramitar el procedimiento. Sobre este postulado, cabe únicamente indicar la\ndisposición expresa en el sentido de que los órganos colegiados deben delegar la tramitación de los\nasuntos propios de su competencia en el Secretario de los mismos (artículo 90, inciso e) de la Ley\nGeneral. (...)\" (Dictamen C-140-96 de 26 de agosto de 1996, citado, además que el pronunciamiento\nOJ-053-2000 de 29 de mayo del 2000).\n\n\n\n Por lo tanto, si el Concejo Municipal lo que pretende es nombrar un órgano director para que\ninstruya un procedimiento administrativo cuya decisión final le compete a él, podrá delegar la\ninstrucción del mismo únicamente en el secretario.\n\n\n\n En el caso de las municipalidades, la figura del secretario del Concejo se encuentra expresamente\nregulada en el artículo 53 del Código Municipal, en el que se establecen los deberes que tendrá. En\nel inciso d), se indica \"Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o\nel Concejo Municipal\".\n\n\n\n Si se relaciona lo dispuesto en el artículo 90 inciso 3) de la Ley General de la Administración\nPública, con lo estipulado en el numeral 53 inciso d) del Código Municipal, debe arribarse a la\nconclusión de que los concejos municipales pueden nombrar como órgano director de un procedimiento a\nquien ocupe el cargo de secretario, previsto en el artículo 53 de cita.\n\n\n\n Unicamente, como referencia, en el pronunciamiento OJ-053-2000 de 29 de mayo del 2001 se analizó en\ntema en relación con el Secretario del Consejo de Gobierno, que es similar a la expuesta.\"\n(Pronunciamiento C-261-2001 de 27 de septiembre del 2001)\n\n\n\n          En efecto, si revisamos con detenimiento el Código Municipal –Ley Nº 7794 de 30 de abril\nde 1998-, podemos constatar que no existe disposición alguna que regule el nombramiento de órganos\ndirectores de procedimiento administrativo, por parte de los Concejos Municipales.\n\n\n\n          Ante esta situación, resulta necesario acudir a la analogía, como método de interpretación\nnormativa, al cual se recurre en ausencia o insuficiencia de norma que regule determinada materia;\nes decir, se trata de una herramienta para la debida integración del ordenamiento jurídico (véanse\nal respecto, los dictámenes C-168-96 de 15 de octubre de 1996 y C-073-99 de 14 de abril de 1999).\n\n\n\n          Ahora bien, ya en otras oportunidades esta Procuraduría General ha sido enfática en\nindicar que las Municipalidades, como entidad pública, territorial, autónoma y de base corporativa,\nestán sujetas a las normas de Derecho Público, especialmente a la Ley General de la Administración\nPública, que regula todo lo concerniente a la actividad de la Administración Pública costarricense,\nsu estructura y organización, en todo aquello que no esté regulado por norma especial.\n\n\n\n           Ante la falta de precepto normativo que rija la designación de órganos directores por\nparte del Concejo Municipal, y siendo que estamos en presencia de normas de naturaleza\nadministrativa, es preciso acudir a las fuentes supletorias que se enumeran en el artículo 9º de la\nLey General de la Administración Pública para resolver el asunto en cuestión. Dicho numeral indica\nque el ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del Derecho, de manera\nque sólo en ausencia de norma administrativa es posible acudir a otros sectores del ordenamiento\n(véase al respecto, el dictamen C-073-99 de 14 de abril de 1999).\n\n\n\n          Si partimos de la premisa enunciada, es posible encontrar dentro del ordenamiento\nadministrativo una disposición normativa que regula expresamente la forma en que deben proceder los\nórganos colegiados al delegar la instrucción de sus funciones; y este es el numeral 90 inciso e)  de\nla Ley General supracitada, el cual, en lo que interesa dispone:\n\n\n\n\n \"Artículo 90.-\n\n\n\n\nLa delegación tendrá siempre los siguientes límites:\n\n\n\n\n(...)\n\n\n\n e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de las\nmismas, en el Secretario.\"\n\n\n\n           Amén de lo anterior, y a sabiendas de que el Consejo Municipal, no sólo se enmarca dentro\ndel concepto de Administración Pública enunciado en el artículo primero de la Ley General de la\nAdministración Pública, sino que es un típico órgano colegiado, podemos concluir que resulta\nplenamente aplicable aquél precepto normativo anteriormente enunciado; en el entendido de que si\npretende nombrar un órgano director para que instruya un procedimiento administrativo cuya decisión\nfinal le compete a él, solo podrá delegar la instrucción del mismo en su Secretario.\n\n\n\n           Cabe indicar que esta tesis ha sido recientemente acogida y desarrollada por la Sala\nPrimera de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución Nº 000398-F-02 de las 15:10 horas del 16\nde mayo del 2002 (Exp. 96-000187-177-CA, proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso\nAdministrativo y Civil de Hacienda, por EDIFICADORA CONTINENTAL C Y C, S. A. contra la CAJA\nCOSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL); la que dispone en su parte Considerativa –en lo que importa-, lo\nsiguiente:\n\n\n\n  \"IX.- Para determinar la competencia de un órgano de la Administración debe acudirse, en primer\ntérmino, a la ley, y en ausencia de ella, al reglamento, a lo que se haya acordado sobre delegación\npara un tipo de acto o para un acto determinado, y por último a los lineamientos impuestos por el\njerarca a la luz de la estructura organizativa de la entidad. El órgano de mayor jerarquía se\nidentifica, por disposición expresa o implícita de la ley, atendiendo a la naturaleza de sus\nfunciones, entre ellas, la potestad de delimitar las tareas de los demás órganos que le están\nsubordinados según la materia que a cada cual corresponde y justifica o define su propia existencia.\nEl jerarca supremo suele actuar como decisor y, por lo general, agota la vía administrativa. En el\ncaso de la Caja Costarricense del Seguro Social, el artículo 14 de su Ley Constitutiva le confiere\nesa condición a la Junta Directiva, asignándole las tareas de dirigir la institución y fiscalizar\nsus operaciones, así como nombrar a los Gerentes de División quienes \"tendrán a su cargo la\nadministración en sus respectivos campos de competencia, la cual será determinada por la Junta\nDirectiva\" (artículo 15). Estas gerencias, con la reforma introducida al artículo 55 ibídem, por Ley\nN° 6914 de 28 de noviembre de 1983, resuelven, también, con apelación ante la Junta Directiva, las\ncontroversias surgidas con motivo de la aplicación de esa ley y sus reglamentos. Es importante\nreferir, y en lo que al tema interesa, que por Decretos Ejecutivos Nos. 8979-P de 28 de agosto y\n9469-P de 18 de diciembre, ambos meses de 1978, la Ley Constitutiva de la Caja y la materia de\ncontratación administrativa, están exceptuados de la aplicación de los procedimientos\nadministrativos previstos en la Ley General de Administración Pública lo que, desde luego, no limita\nla vigencia y obligado respeto a sus principios generales garantes del debido proceso y su\ncorrelativo derecho de defensa, así como su aplicación supletoria en aquellos casos en que, por\nlaguna o insuficiencia, sea necesario integrar el derecho, lo que resulta relevante, al no existir\nnorma expresa en la Ley de la Caja, en la de la Administración Financiera de la República (aplicable\nal caso por la fecha en que sucedieron los hechos) y en el Reglamento de Aprovisionamiento ( al que\nremite en materia de contratación la ley de última cita), sobre el procedimiento que debe seguirse\npara resolver contratos en ejecución. Es así como resulta incuestionable, a tenor de la citada Ley\nGeneral, la obligación de la Institución, en materia de contratación, de averiguar la verdad real de\nlos hechos mediante el correspondiente procedimiento administrativo dentro del cual, todo acto debe\nser dictado por el órgano competente o por aquél a quien se le haya delegado \"en las condiciones y\nlímites indicados por esa ley\" (artículos 59, 70, 89 y 129). Este procedimiento administrativo es,\nen algunos casos, un precedente obligado para la validez del acto que en definitiva se adopte, pero\nno siempre deben concurrir en un mismo sujeto la instrucción y la decisión. Sin embargo, cuando el\nacto final deba ser adoptado por una Junta Directiva, el procedimiento sólo puede ser delegado en su\nSecretario, por así disponerlo el artículo 90 inciso e) ibídem.\"\n\n\n\n\n CONCLUSIÓN:\n\n\n\n           Así las cosas, este Órgano Superior Consultivo ratifica el criterio técnico jurídico\nvertido en el pronunciamiento C-261-2001 op. cit., en el sentido de que si el Concejo Municipal lo\nque pretende es nombrar un órgano director para que instruya un procedimiento administrativo, cuya\ndecisión final le compete a él, podrá delegar la instrucción del mismo únicamente en su Secretario.\n\n\n\n\n          De esta forma dejamos evacuada su consulta.\n\n          Sin otro particular,\n\n \n\n\n\n \nMSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera\nPROCURADOR\n\n \n\n\n\n\nLGBH\n\n\n\n\n  \n\n\n\n Véanse al respecto, entre otros, los pronunciamientos C-173-95 de 7 de agosto de 1995, C-343-2001\nde 11 de diciembre del 2001, C-353-2001 de 20 de diciembre de 2001 y C-261-2001 de 27 de setiembre\ndel 2001.\n\n\n\n [1]           Según lo ha sostenido la Sala Constitucional, la competencia de la formación del \nprocedimiento administrativo, corresponde al jerarca, que es quien debe tomar la decisión final\n(Voto número 7190-94 de las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994).\n\n\n\n [1]           La facultad primordial que tendrá ese órgano director será la de instruir el\nprocedimiento, pues pese a que tiene otras atribuciones y deberes (consultarse al respecto los\npronunciamientos C-173-95 de 7 de agosto de 1995, C-055-96 de 12 de abril de 1996, C-062-96 de 2 de\nmayo de 1996, C-065-96 de 3 de mayo de 1996, C-88-96 de 7 de junio de 1996, O.J.-047-2000 de 10 de\nmayo del 2000, C-353-2001 de 20 de diciembre de 2001), su competencia se limita a la instrucción del\nexpediente administrativo (Véase al respecto, entre otras, la resolución Nº 0910-93 de las 10:24\nhoras del 20 de febrero de 1993, de la Sala Constitucional, así como la resolución Nº 595 de las\n11:50 horas del 18 de agosto del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la Nº\n176-00 de las 11:00 horas del 23 de junio del 2000, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección\nSegunda). Véase también al respecto SOSTO LOPEZ, Federico, en Revista \"Seminario sobre\nProcedimientos Administrativos\"; Órgano Director: integración, facultades y responsabilidades,\nImprenta Nacional, año 2000, pág. 116).\n\n\n\n [1]               Pronunciamientos C-203-99 de 14 de octubre de 1999, C-049-2002 de 19 de febrero\ndel 2002 y C-249-2003 de 19 de agosto del 2003. Criterio que se logra extraer de la relación\narmónica de los artículos 168 y ss. de la Constitución Política, 1º y 2º de la Ley General de la\nAdministración Pública, 1º.4 inciso c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso\nAdministrativa y 2 del Código Municipal.\n\n\n\n [1]              Es decir, \"compuesto por varias personas físicas colocadas en situación de\nigualdad, que manifiestan colectivamente la voluntad del órgano. Véase al respecto, entre otros,\nORTIZ ORTIZ, Eduardo. \"Tesis de Derecho Administrativo\", Tomo II, Primer Edición, San José, Costa\nRica, Editorial Stradtmann, 2000, p. 97 y ss; ALESSI, R. \"Instituciones de Derecho Administrativo\",\nTomo I, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1970, p.110; GARCÍA TREVIJANO, F. \"Tratado de Derecho\nAdministrativo, Tomo II, Volumen I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, p. 481-.",
  "body_en_text": "Opinion : 323 of 10/09/2003\n\nC-323-2003 San José, October 9, 2003\nLicenciado José Luis Guzmán Jiménez\nInternal Auditor\nMunicipalidad de San José\nS. O.\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Assistant Attorney General, I refer to official communication number AI-060-03, dated February 5, 2003, by which you consult on the competence of the Council Members (Regidores) and District Trustees (Síndicos) to form part of a directing body (órgano director) of the administrative proceeding that is investigating colleagues from the Municipal Council (Concejo Municipal), for the alleged commission of serious offenses by reason of or on the occasion of the exercise of their office, even when it does not involve matters of the Public Treasury (Hacienda Pública).\n\nGiven that Article 45 of the cited General Law of Internal Control (Ley General de Control Interno) reformed section 4 of our Organic Law – Law No. 6815 of September 27, 1982 and its amendments – so that Internal Auditors may directly request the technical-legal opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General), without having to accompany said submission with the opinion of the respective Legal Advisory office, we shall proceed to address the questions submitted to our consideration.\n\nBefore addressing the matter consulted, we apologize for the delay in issuing the requested opinion, all justified by the volume of work handled by this Office.\n\nI.- Regarding the matter consulted.\n\nAs inferred from your missive, the purpose of this consultation is for us to issue an opinion regarding the composition of the directing bodies of the administrative proceeding which, in the exercise of the competencies of the Municipal Council, the latter must integrate.\n\nIn this regard, it is pertinent to indicate that within the administrative proceeding there are two important bodies: the deciding body (órgano decisor) and the directing body, both with different functions.\n\nThe deciding body, according to the administrative jurisprudence of this Advisory Body, shall be the body competent to issue the final decision on a given matter; it is the one that must initiate the administrative proceeding and, in principle, has the competence to conduct (instruir) it; notwithstanding the foregoing, it may delegate the conduct thereof to a directing body of the proceeding.\n\nConsequently, the directing body is the one in charge of conducting the administrative proceeding until the record is ready for the final decision.\n\nNow then, regarding the matter consulted on the specific situation of the Municipal Councils and the possibility that they may delegate the conduct of an administrative proceeding, through the designation of a directing body, this Superior Consultative Body has determined that if what is intended is to name a body to conduct a proceeding whose final decision falls to said Councils, the conduct thereof may only be delegated to its Secretary.\n\nIn this regard, as relevant, it was indicated:\n\n\"Upon reviewing the Municipal Code (Código Municipal), it is evident that it does not contain an express rule on the appointment of directing bodies of the administrative proceeding by the municipal councils.\n\nTherefore, one must resort to the provisions of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), based on the fact that municipal councils are collegial bodies (órganos colegiados).\n\nThese types of bodies have the particularity that, in accordance with Article 90 subsection e) of the General Law, they may not delegate their functions 'but only the conduct thereof, to the Secretary.'\n\nIt is for this reason that bodies of a collegial nature have their delegation possibilities limited, because they cannot freely decide to which body the conduct of one of their decisions will be delegated, but rather, it may be delegated, solely, to the secretary.\n\nThis situation has already been analyzed by this Institution, stating the following:\n\n'Finally, it is worth indicating that there is no specific rule contained in the General Law of Public Administration in the sense of determining, a priori, which specific body the obligation to process the proceeding will fall upon. Regarding this postulate, it is only worth indicating the express provision that collegial bodies must delegate the processing of matters within their competence to their Secretary (Article 90, subsection e) of the General Law. (...)' (Opinion C-140-96 of August 26, 1996, also cited in ruling OJ-053-2000 of May 29, 2000).\n\nTherefore, if what the Municipal Council intends is to name a directing body to conduct an administrative proceeding whose final decision falls to it, it may delegate the conduct thereof only to its secretary.\n\nIn the case of municipalities, the figure of the Council Secretary is expressly regulated in Article 53 of the Municipal Code, which establishes the duties they shall have. Subsection d) indicates 'Any other duty assigned to them by the laws, internal regulations, or the Municipal Council.'\n\nIf the provision of Article 90 subsection 3) of the General Law of Public Administration is related to that stipulated in numeral 53 subsection d) of the Municipal Code, one must reach the conclusion that municipal councils may name the person holding the position of secretary, provided for in Article 53 of the citation, as the directing body of a proceeding.\n\nSolely as a reference, ruling OJ-053-2000 of May 29, 2001 analyzed the issue concerning the Secretary of the Government Council, which is similar to the one presented.\" (Ruling C-261-2001 of September 27, 2001)\n\nIndeed, if we carefully review the Municipal Code – Law No. 7794 of April 30, 1998 – we can confirm that there is no provision whatsoever that regulates the appointment of directing bodies of the administrative proceeding by the Municipal Councils.\n\nFaced with this situation, it becomes necessary to resort to analogy, as a method of normative interpretation, which is used in the absence or insufficiency of a rule regulating a specific matter; that is, it is a tool for the proper integration of the legal system (see, in this regard, opinions C-168-96 of October 15, 1996 and C-073-99 of April 14, 1999).\n\nNow then, on other occasions, this Attorney General's Office has been emphatic in indicating that the Municipalities, as public, territorial, autonomous, and corporate-based entities, are subject to the rules of Public Law, especially the General Law of Public Administration, which regulates everything concerning the activity of the Costa Rican Public Administration, its structure and organization, in everything that is not regulated by a special rule.\n\nGiven the lack of a normative precept governing the designation of directing bodies by the Municipal Council, and since we are in the presence of rules of an administrative nature, it is necessary to resort to the supplementary sources listed in Article 9 of the General Law of Public Administration to resolve the matter in question. Said numeral indicates that the administrative legal system is independent of other branches of Law, so that only in the absence of an administrative rule is it possible to resort to other sectors of the legal system (see, in this regard, opinion C-073-99 of April 14, 1999).\n\nIf we start from the stated premise, it is possible to find within the administrative legal system a normative provision that expressly regulates the way in which collegial bodies must proceed when delegating the conduct of their functions; and this is numeral 90 subsection e) of the aforementioned General Law, which, as relevant, provides:\n\n\"Article 90.-\nThe delegation shall always have the following limits:\n(...)\ne) The collegial body may not delegate its functions, but only the conduct thereof, to the Secretary.\"\n\nIn addition to the foregoing, and knowing that the Municipal Council not only falls within the concept of Public Administration set forth in Article one of the General Law of Public Administration, but is also a typical collegial body, we can conclude that the aforementioned normative precept is fully applicable; on the understanding that if it intends to name a directing body to conduct an administrative proceeding whose final decision falls to it, it may delegate the conduct thereof only to its Secretary.\n\nIt is worth indicating that this thesis has recently been embraced and developed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), in its resolution No. 000398-F-02 of 3:10 p.m. on May 16, 2002 (File 96-000187-177-CA, ordinary proceeding filed in the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, by EDIFICADORA CONTINENTAL C Y C, S. A. against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL); which provides in its Considering part – as relevant – the following:\n\n\"IX.- To determine the competence of an administrative body, one must resort, first, to the law, and in its absence, to the regulation, to what has been agreed upon regarding delegation for a type of act or for a specific act, and finally to the guidelines imposed by the head (jerarca) in light of the organizational structure of the entity. The highest-ranking body is identified, by express or implied provision of the law, taking into account the nature of its functions, among them, the power to delimit the tasks of the other bodies subordinate to it according to the subject matter that falls to each and justifies or defines its own existence. The supreme head usually acts as the deciding body and, generally, exhausts the administrative recourse. In the case of the Caja Costarricense del Seguro Social, Article 14 of its Constitutive Law confers that status on the Board of Directors (Junta Directiva), assigning it the tasks of directing the institution and overseeing its operations, as well as appointing the Division Managers who 'shall be in charge of administration in their respective fields of competence, which shall be determined by the Board of Directors' (Article 15). These managements, with the amendment introduced to Article 55 ibidem by Law No. 6914 of November 28, 1983, also resolve, with appeal before the Board of Directors, the controversies arising from the application of that law and its regulations. It is important to mention, and as relevant to the matter, that by Decretos Ejecutivos Nos. 8979-P of August 28 and 9469-P of December 18, both months of 1978, the Constitutive Law of the Caja and the matter of administrative procurement are exempted from the application of the administrative proceedings provided for in the General Law of Public Administration which, of course, does not limit the validity and obligatory respect for its general principles guaranteeing due process and its correlative right of defense, as well as its supplementary application in those cases where, due to a legal loophole (laguna) or insufficiency, it is necessary to integrate the law, which is relevant, given the absence of an express rule in the Law of the Caja, in the Law of Financial Administration of the Republic (applicable to the case due to the date on which the events occurred), and in the Procurement Regulation (to which the last-cited law refers on procurement matters), regarding the procedure to be followed to terminate contracts in execution. It is thus unquestionable, pursuant to the cited General Law, the obligation of the Institution, in matters of procurement, to ascertain the real truth of the facts through the corresponding administrative proceeding within which, every act must be issued by the competent body or by that to which it has been delegated 'under the conditions and limits indicated by that law' (Articles 59, 70, 89 and 129). This administrative proceeding is, in some cases, a mandatory precedent for the validity of the act ultimately adopted, but the instruction and the decision need not always concur in the same subject. However, when the final act must be adopted by a Board of Directors, the proceeding may only be delegated to its Secretary, as provided by Article 90 subsection e) ibidem.\"\n\nCONCLUSION:\nThus, this Superior Consultative Body ratifies the technical legal opinion rendered in ruling C-261-2001 op. cit., in the sense that if what the Municipal Council intends is to name a directing body to conduct an administrative proceeding, whose final decision falls to it, it may delegate the conduct thereof only to its Secretary.\n\nIn this way, we consider your consultation addressed.\n\nWithout further particular,\n\nMSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera\nATTORNEY GENERAL\n\nLGBH\n\nSee in this regard, among others, rulings C-173-95 of August 7, 1995, C-343-2001 of December 11, 2001, C-353-2001 of December 20, 2001 and C-261-2001 of September 27, 2001.\n\n[1] As the Constitutional Chamber has held, the competence for the formation of the administrative proceeding corresponds to the head (jerarca), who is the one who must make the final decision (Voto número 7190-94 at 3:24 p.m. on December 6, 1994).\n\n[1] The primary power of this directing body shall be to conduct (instruir) the proceeding, for despite having other powers and duties (consult in this regard rulings C-173-95 of August 7, 1995, C-055-96 of April 12, 1996, C-062-96 of May 2, 1996, C-065-96 of May 3, 1996, C-88-96 of June 7, 1996, O.J.-047-2000 of May 10, 2000, C-353-2001 of December 20, 2001), its competence is limited to the conduct of the administrative file. (See in this regard, among others, resolution No. 0910-93 at 10:24 a.m. on February 20, 1993, of the Constitutional Chamber, as well as resolution No. 595 at 11:50 a.m. on August 18, 2000, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice and No. 176-00 at 11:00 a.m. on June 23, 2000, Contentious-Administrative Tribunal, Second Section). See also in this regard SOSTO LOPEZ, Federico, in Journal \"Seminario sobre Procedimientos Administrativos\"; Directing Body: integration, powers and responsibilities, Imprenta Nacional, year 2000, p. 116).\n\n[1] Rulings C-203-99 of October 14, 1999, C-049-2002 of February 19, 2002 and C-249-2003 of August 19, 2003. Criterion that can be extracted from the harmonious relationship of Articles 168 et seq. of the Political Constitution, 1 and 2 of the General Law of Public Administration, 1.4 subsection c) of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction and 2 of the Municipal Code.\n\n[1] That is, \"composed of several natural persons placed in a position of equality, who collectively express the will of the body.\" See in this regard, among others, ORTIZ ORTIZ, Eduardo. \"Tesis de Derecho Administrativo\", Volume II, First Edition, San José, Costa Rica, Editorial Stradtmann, 2000, p. 97 et seq; ALESSI, R. \"Instituciones de Derecho Administrativo\", Volume I, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1970, p.110; GARCÍA TREVIJANO, F. \"Tratado de Derecho Administrativo\", Volume II, Volumen I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, p. 481 et seq."
}