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  "citation": "OJ-173-2004",
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  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Concesiones turísticas en el Paseo de los Turistas — régimen aplicable",
  "title_en": "Tourism concessions on Paseo de los Turistas — applicable regime",
  "summary_es": "La Procuraduría aclara que la Ley 6043 no rige en ciudades costeras como Puntarenas, por lo que su artículo 76 y las leyes 4071 y 4558/4928 no son la base legal para concesiones turísticas en el Paseo de los Turistas. Para marinas turísticas se aplica la Ley 7744, que no exige concurso público, salvo remisión supletoria al artículo 57 del Reglamento de la 6043. Para arrendamientos de locales comerciales rige la Ley de Contratación Administrativa 7494, que sí requiere procedimiento concursal público.",
  "summary_en": "The PGR clarifies that Law 6043 does not apply in coastal cities like Puntarenas, so its Article 76 and Laws 4071 and 4558/4928 are not the legal basis for tourism concessions on the Paseo de los Turistas. For tourist marinas, Law 7744 applies and does not require a public bidding process, except via supplementary reference to Article 57 of the 6043 Regulation. For lease of commercial premises, the Public Procurement Law 7494 governs, which does require a public bidding process.",
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  "excerpt_es": "En consecuencia, cabe afirmar que ante el silencio de la Ley 7744 sobre la necesidad o no de realizar un concurso público para el otorgamiento de la concesión de marinas y atracaderos turísticos, para ese efecto regiría el principio previsto en el artículo 57 del Reglamento a la Ley 6043.\n\nSituación distinta se presenta con los arrendamientos para locales comerciales ubicados en el Paseo de los Turistas, pues a falta de una ley especial, ha de aplicarse la Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, que garantiza la aplicación de los principios de eficiencia, igualdad, libre concurrencia y publicidad, artículo 2. En particular, y sin perjuicio del criterio de la Contraloría General de la República, la Administración debe atender lo preceptuado por el artículo 41 de la supra citada Ley.",
  "excerpt_en": "Consequently, it is appropriate to assert that given the silence of Law 7744 on the need or otherwise to conduct a public bidding process for granting a concession for tourist marinas and docks, the principle set forth in Article 57 of the Regulation to Law 6043 would apply for that purpose.\n\nA different situation arises with leases for commercial premises located on the Paseo de los Turistas, because in the absence of a special law, the Public Procurement Law No. 7494 of May 2, 1995 must be applied, which guarantees the principles of efficiency, equality, free competition and publicity, Article 2. In particular, and without prejudice to the opinion of the Comptroller General's Office, the Administration must comply with Article 41 of the aforementioned Law.",
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    "label_es": "Dictamen interpretativo",
    "summary_en": "For tourist marinas, Law 7744 applies without public bidding (save supplementary reference to article 57 of Law 6043 Regulation); for commercial premises on Paseo de los Turistas, Law 7494 applies, requiring a public bidding process.",
    "summary_es": "Para marinas turísticas rige la Ley 7744 sin concurso público (salvo supletoriedad del art. 57 Reglamento 6043); para locales comerciales en el Paseo de los Turistas aplica la Ley 7494, requiriendo procedimiento concursal público."
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      "quote_en": "Article 6 of the Maritime Zone Law No. 6043 ... does not apply in coastal cities, as is the case in principle with Puntarenas.",
      "quote_es": "el artículo 6 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nº 6043 ... la misma no tiene aplicación en las ciudades costeras, como ocurre, en principio, con la de Puntarenas."
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      "context": "Considerando V",
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      "quote_es": "Situación distinta se presenta con los arrendamientos para locales comerciales ubicados en el Paseo de los Turistas, pues a falta de una ley especial, ha de aplicarse la Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 ... que garantiza la aplicación de los principios de eficiencia, igualdad, libre concurrencia y publicidad"
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  "body_es_text": "Opinión Jurídica : 173 - J   del 14/12/2004   \n( RECONSIDERADO PARCIALMENTE )  \n\n\nOJ-173-2004\n14 de diciembre del 2004\n \n \nSeñor\nVicente Medina Martínez\nAuditor Interno Municipal\nMunicipalidad de Puntarenas\n\nEstimado señor:\n\n\n\n         Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos a su oficio\nNº AU-200-10-04 de 29 de octubre del año en curso, mediante el cual nos consulta el procedimiento a\nseguir para el otorgamiento de concesiones para desarrollo turístico en la zona costera del \"Paseo\nde los Turistas\". Estima que para ese efecto las leyes 4071 y 6043 no son aplicables.\n\n\n\n         Previamente valga aclarar que las consideraciones jurídicas rendidas en este\npronunciamiento lo son sin perjuicio de las atribuciones que ejerce con criterio vinculante la\nContraloría General de la República en materia de contratación administrativa (artículos 12 y 29 de\nsu Ley Orgánica, Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994). Sin embargo, por considerar que la\ndeterminación de la vigencia normativa sí es un aspecto de nuestra competencia, se procederá a\nrealizar el análisis respectivo, pero sin efectos vinculantes, porque según se verá, la conclusión\nlleva a la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, y por tanto, es un tema de\ncompetencia del Órgano Contralor.\n\n\n\n         En primer término, conviene hacer referencia a los límites de la ciudad de Puntarenas. En\nese sentido, en la opinión jurídica N° OJ-122-2000 del 6 de noviembre del 2000, se apuntó:\n\n\n\n\n\"6.3) LA CIUDAD DE PUNTARENAS\n\n\n\n Aun cuando el Decreto Legislativo XXV del 17 de setiembre de 1858, que otorgó el título de Ciudad a\nla población de Puntarenas, no especifica coordenadas, de la normativa aludida, dispersa por cierto,\npueden extraerse algunos términos referenciales de su extensión.\n\n\n\n Así, al sur tendríamos la playa del Océano Pacífico. La Ley N° 57 de 17 de agosto de 1916 precisa\nque \"los terrenos de La Punta\" se localizan \"en la ciudad de Puntarenas\", e igual la 4928, al\nadicionar el segundo párrafo al artículo 6 de la 4558 señala que \"el extremo oeste de la ciudad de\nPuntarenas\" es el sitio \"conocido con el nombre de la Punta\"; y por el rumbo este menciona \"la\ndesembocadura del río Barranca\". Se complementa con las demás normas atrás relacionadas.\n\n\n\n El artículo 5° de la Ley 5582, sobre la construcción de la carretera El Roble-Caldera, emplea, sin\ndefinirlo, el término \"ciudad de Puntarenas\" como punto a conectar con el área portuaria.\n\n\n\n Acorde con la Ley 1309 (art. 1°) los terrenos inmediatos al cuadrante oficial del barrio del\nCarmen, en la zona que bordean las aguas del Estero y de la Bahía, están \"en la ciudad de\nPuntarenas\".\n\n\n\n Sin embargo, la 4071 (art. 7) aclara que el cauce o álveo del Estero de Puntarenas y las aguas que\npor él discurren están \"frente a la ciudad de Puntarenas\". Y si se encuentran frente a la ciudad, no\nestán dentro de ésta. De donde se seguiría la paradoja de que el cauce, vaso o cauce del Estero de\nPuntarenas y las aguas que discurren por él, pese a su ubicación geográfica, jurídicamente no forman\nparte de la ciudad, por su particular destino y naturaleza demanial. En cambio, el Reglamento a la\nLey sobre Zona Marítimo Terrestre dispone, que los rellenos o accesiones artificiales en el Estero\nde Puntarenas deben tomar en consideración el Plan Regulador \"de la ciudad\", integrando esa área a\nla ciudad para efectos de planificación.\n\n\n\n En lo que respecta a la extensión por el rumbo norte, la Ley 4071 es ambigua. Su artículo 6°\ndeclara \"zona urbana de la ciudad de Puntarenas, la antes referida más un kilómetro al Norte de\ndicha zona\", a delimitar por el Instituto Geográfico Nacional, mediante levantamiento de plano.\n\n\n\n Al confrontarlo con el artículo antecesor - el 5°- se observa que no tiene vinculación, y más bien\npareciera conectarse al 2°, sobre la declaración de \"zona urbana de Puntarenas\" de la faja de\ndoscientos metros de ancho, entre Chacarita y la desembocadura del río Barranca, y traslado a la\nMunicipalidad, excluida la franja para construir la carretera en proyecto. Con el kilómetro de más,\nque no se pone bajo el dominio municipal, surge la duda –aquí carente de interés- de si es zona\nurbana aledaña a la ciudad, similar a una zona portuaria, por ejemplo, o si pertenece a ésta. La\nidea pudo ser la de supeditar su desarrollo a la planificación del lugar, en atención a las\nrepercusiones en su entorno.\n\n\n\n El legislador califica la zona marítimo terrestre al Oeste de la Chacarita y al Norte del Estero\ncomo \"zona urbana de la ciudad de Puntarenas\" (art. 7°; Ley 4071) y encomienda al Instituto\nGeográfico Nacional tiene el encargo de levantar un mapa o plano de esos terrenos (espacio de\nreserva para carretera y resto entregado al municipio). Ubicación que confirma la interpretación\nauténtica a ese numeral, por Ley 4155 del 16 de julio de 1968, cuando esclarece que la zona marítimo\n\n\n\n terrestre traspasada a la Municipalidad de Puntarenas es \"el salado o manglar, aledaño a los\nesteros que desaguan en la ría de Puntarenas, y los doscientos metros en tierra firme lindante con\ndicho salado, la que se declara zona urbana de la ciudad de Puntarenas\".\n\n\n\n Estas orientaciones concuerdan con el trazado de los límites de la ciudad de Puntarenas según el\nInstituto Geográfico Nacional (Oficio N° 222 del 2 de setiembre de 1980):\n\n\n\n \"Partiendo de la Boca del río Barranca coordenadas 215 900- 455 250 se sigue por el litoral con\nrumbo Oeste hasta la Punta en coordenadas 217 900- 443 050. De aquí en adelante el límite Norte de\nla ciudad lo constituye el Estero de Puntarenas y los predios colindantes con el mismo están\ncubiertos por en el Artículo 77 de la citada ley\", sea la N° 6043.\n\n\n\n\nLo último presupone, desde luego, que debe respetarse la propiedad privada legítimamente adquirida\".\n\n\n\n         Ahora bien, conforme al artículo 6 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nº 6043 del\n2 de marzo de 1977 (Alcance Nº 36, La Gaceta Nº 52 del 16 de marzo de 1977), la misma no tiene\naplicación en las ciudades costeras, como ocurre, en principio, con la de Puntarenas. Sin embargo,\nmás adelante su artículo 76 autoriza a la Municipalidad de Puntarenas a vender las demasías de los\nterrenos que pertenecieron al Instituto Costarricense de Turismo en la zona litoral comprendida\nentre Chacarita y la desembocadura del río Barranca, reservando una franja de al menos de 50 metros\nde ancho a partir de la pleamar ordinaria para la construcción de una alameda. Además, con base en\nlos numerales 77 ibídem, y 96 de su Reglamento, Decreto Nº 7841 del 16 de diciembre de 1977, esa\nMunicipalidad puede otorgar concesiones sobre los terrenos formados por accesión natural o\nartificial en el litoral sur del estero de Puntarenas.\n\n\n\n         Por otra parte, la Ley 4928 del 17 de diciembre de 1971 (La Gaceta Nº 257 del 28 de\ndiciembre de 1971), artículo 1º, reformó el artículo 6º de la Ley de Urbanización Turística de la\nZona Marítimo-Terrestre, Nº 4558 de 22 de abril de 1970, en estos términos:\n\n\n\n \"Artículo 6º.- Los cincuenta metros de la zona marítimo terrestre a partir de la pleamar ordinaria,\nserán inalienables y en ningún caso puede ser objeto de arrendamiento o venta. Por lo tanto, nadie\npuede alegar derecho alguno sobre dicha franja, que estará dedicada a uso público para fines de\nesparcimiento, recreo o libre circulación. Las construcciones o instalaciones actualmente ubicadas\nen esa zona, no podrán ser remodeladas y en caso de destrucción de las mismas, las nuevas\nconstrucciones deberán respetar esa zona inalienable.\n\n\n\n No obstante, en la franja de los cincuenta metros de la zona marítimo-terrestre a partir de la\npleamar ordinaria de la playa del mar, comprendida entre la desembocadura del río Barranca y el\nextremo Oeste de la ciudad de Puntarenas, conocido con el nombre de la Punta, la que se pone bajo el\ndominio de la Municipalidad del cantón central de la provincia de Puntarenas, podrán ser arrendados\nterrenos para instalaciones turísticas por esa municipalidad\".\n\n\n\n         Empero, la Ley 4558 fue suspendida por la 5602 de 4 de noviembre de 1974, artículo 1°\n(Alcance Nº 207, La Gaceta Nº 217 del 14 de noviembre de 1974), y luego derogada por la 6043,\nartículo 82.\n\n\n\n         Así, entre el 28 de diciembre de 1971 y el 3 de noviembre de 1974, la Municipalidad de\nPuntarenas estuvo facultada para otorgar arrendamientos de uso turístico en la franja de cincuenta\nmetros de ancho a partir de la pleamar ordinaria en el sector conocido como el Paseo de los\nTuristas, en tanto se ubica entre la desembocadura del río Barranca y el extremo Oeste de la ciudad\nde Puntarenas.\n\n\n\n         Por su parte, la Ley 4071 de 22 de enero de 1968 (artículos 7 y 8), autoriza a la\nMunicipalidad de Puntarenas para dar concesiones de construcción de muelles, o bien otras\ninstalaciones industriales sobre la zona marítimo-terrestre, de los doscientos metros contados a\npartir de la pleamar ordinaria, situada al Oeste de La Chacarita. Pero, si bien es cierto el Paseo\nde los Turistas se localiza al oeste de La Chacarita, el tipo de desarrollo promovido por esas\ndisposiciones es de carácter industrial, diverso al propósito que se analiza en la consulta.\n\n\n\n         De carácter turístico, sí encontramos la Ley de Concesión y Operación de Marinas\nTurísticas, Nº 7744 de 19 de diciembre de 1997, que faculta a la Municipalidad del lugar a otorgar\nconcesiones para el funcionamiento de marinas y atracaderos turísticos en las áreas de la zona\nmarítimo terrestre y la zona adyacente cubierta permanentemente por el mar, y en ninguna de sus\ndisposiciones exceptúa su aplicación a las ciudades costeras, aunque sí permite la aplicación\nsupletoria de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, entendemos para normar\naspectos de procedimiento no contenidos en la Ley 7744, ni en su Reglamento, Decreto Nº 27030 del 20\nde mayo de 1998 (La Gaceta Nº 96 del 20 de mayo de 1998), artículos 1, 3 y 26 de la Ley 7744.\n\n\n\n         Sin embargo, en este caso, al otorgar en concesión áreas para el funcionamiento y operación\nde marinas y atracaderos turísticos deben resguardarse el ambiente y los recursos naturales de la\nzona. Además, el desarrollo propuesto debe ser compatible con el plan regulador urbano respectivo y\nhan de tomarse en cuenta, entre otros, los aspectos de factibilidad técnica tales como físico\nambientales, consideraciones sísmicas, condiciones de viento, geomorfología marina, dinámica\ncostera, variables oceanográficas (mareas, corrientes, oleaje, arrastre litoral, procesos de erosión\ny sedimentación y batimetría), que corresponde valorar a la Comisión Interinstitucional de Marinas y\nAtracaderos Turísticos al aprobar o rechazar el anteproyecto respectivo (Ley 7744, artículos 1, 3, 6\ny 7; Decreto Nº 27030, artículos 3, inciso a, y 20, 21, 22 y 23).\n\n\n\n         El procedimiento a seguir para tales efectos está pautado en la propia Ley 7744 y en su\nReglamento, que no contemplan la figura del concurso público, y sólo en forma supletoria serán\naplicadas, por su orden, las disposiciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su\nReglamento, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa y su\nReglamento. (Ley 7744, artículos 3 y 26).\n\n\n\n         En consecuencia, cabe afirmar que ante el silencio de la Ley 7744 sobre la necesidad o no\nde realizar un concurso público para el otorgamiento de la concesión de marinas y atracaderos\nturísticos, para ese efecto regiría el principio previsto en el artículo 57 del Reglamento a la Ley\n6043.\n\n\n\n         Situación distinta se presenta con los arrendamientos para locales comerciales ubicados en\nel Paseo de los Turistas, pues a falta de una ley especial, ha de aplicarse la Ley de Contratación\nAdministrativa, Nº 7494 del 2 de mayo de 1995, que garantiza la aplicación de los principios de\neficiencia, igualdad, libre concurrencia y publicidad, artículo 2. En particular, y sin perjuicio\ndel criterio de la Contraloría General de la República, la Administración debe atender lo\npreceptuado por el artículo 41 de la supra citada Ley.\n\n\n\n         En análoga dirección, en un asunto similar consultado por su persona a la Contraloría\nGeneral de la República, con anterioridad a la normativa actual sobre contratación administrativa,\nel Órgano Contralor sostuvo:\n\n\n\n \"…esta Dirección General de Asuntos Jurídicos estima -sin que ello menoscabe la potestad de la\nMunicipalidad de dar en arrendamiento los terrenos que sean de su propiedad- que la administración,\nuso y explotación de las instalaciones complementarias destinadas a la prestación de un servicio de\ncarácter turístico donde la figura contractual idónea -por prevalecer la actividad a la cual están\ndestinadas- es la de \"concesión de instalaciones de la Administración\", para cuyo otorgamiento se\nrequiere acudir a un procedimiento concursal de licitación pública donde se permita una amplia\ncompetencia y se garantice la igualdad de oportunidades a eventuales oferentes con miras a obtener\nel logro de las mejores condiciones posibles para la Administración y adecuada satisfacción del\ninterés público involucrado…en tanto opte por no administrarlas directamente y decida trasladar la\nexplotación de esa obra pública a un tercero particular, necesariamente debe cumplir con las otras\ndisposiciones que establece nuestro Ordenamiento Jurídico y que resulten aplicables a la materia,\ncual es el caso de la Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la\nContratación Administrativa…con las aprobaciones del caso ante este Organo Contralor u otro ente\nestatal. (Oficio Nº 2091-DAJ-94, suscrito por la Licda. María Víquez Amador, Subdirectora General de\nla Dirección General de Asuntos Jurídicos de La Contraloría General de la República).\n\n\n\n         Finalmente, y en vista de que los señores Diputados Carlos Ricardo Benavides Jiménez,\nMiguel Huezo Arias, Peter Guevara Guth, Daisy Quesada Calderón y Jorge Luis Álvarez Pérez, en\nescrito del 9 de noviembre del presente año, recibido el 15 del mismo mes, manifestaron interés en\nel resultado de esta consulta, y a su vez plantearon similares inquietudes, de este pronunciamiento\nse les remite copia.\n\n\n\n\n        Atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\nLic. Mauricio Castro Lizano                         Licda. Meylin Gutiérrez Méndez\nProcurador Adjunto                                       Área Agraria y Ambiental\n\n \n\nci: Diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez\nDiputado Miguel Huezo Arias\nDiputado Peter Guevara Guth\nDiputada Daisy Quesada Calderón\nDiputado Jorge Luis Álvarez Pérez\nLic. Elías Delgado Aiza\nDivisión de Desarrollo Institucional\nUnidad de Autorizaciones y Aprobaciones\nContraloría General de la República\nAnexo: Lo indicado",
  "body_en_text": "Legal Opinion: 173 - J of 12/14/2004\n(PARTIALLY RECONSIDERED)\n\nOJ-173-2004\nDecember 14, 2004\n\nMr.\nVicente Medina Martínez\nMunicipal Internal Auditor\nMunicipality of Puntarenas\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to your official communication No. AU-200-10-04 of October 29 of the current year, through which you inquire about the procedure to be followed for the granting of concessions for tourism development in the coastal zone of the \"Paseo de los Turistas.\" You consider that Laws 4071 and 6043 are not applicable for this purpose.\n\nPreviously, it is worth clarifying that the legal considerations rendered in this pronouncement are without prejudice to the powers exercised with binding criteria by the Comptroller General of the Republic in matters of administrative contracting (articles 12 and 29 of its Organic Law, No. 7428 of September 7, 1994). However, considering that the determination of regulatory validity is an aspect within our competence, the respective analysis will be carried out, but without binding effects, because as will be seen, the conclusion leads to the application of the Law on Administrative Contracting, and therefore, it is a matter within the competence of the Comptroller Body.\n\nFirstly, it is appropriate to refer to the boundaries of the city of Puntarenas. In that sense, in legal opinion No. OJ-122-2000 of November 6, 2000, it was noted:\n\n\"6.3) THE CITY OF PUNTARENAS\n\nEven though Legislative Decree XXV of September 17, 1858, which granted the title of City to the population of Puntarenas, does not specify coordinates, from the aforementioned regulations, scattered indeed, some referential terms of its extension can be extracted.\n\nThus, to the south we would have the beach of the Pacific Ocean. Law No. 57 of August 17, 1916 specifies that 'the lands of La Punta' are located 'in the city of Puntarenas,' and likewise Law 4928, by adding the second paragraph to Article 6 of Law 4558, indicates that 'the western end of the city of Puntarenas' is the site 'known by the name of La Punta'; and for the eastern direction it mentions 'the mouth of the Barranca River.' It is complemented by the other rules related above.\n\nArticle 5 of Law 5582, on the construction of the El Roble-Caldera highway, uses, without defining it, the term 'city of Puntarenas' as a point to connect with the port area.\n\nAccording to Law 1309 (Art. 1), the lands immediately adjacent to the official quadrant of the Carmen neighborhood, in the area bordering the waters of the Estuary and the Bay, are 'in the city of Puntarenas.'\n\nHowever, Law 4071 (Art. 7) clarifies that the channel or bed (cauce o álveo) of the Puntarenas Estuary and the waters that flow through it are 'in front of the city of Puntarenas.' And if they are located in front of the city, they are not within it. From which the paradox would follow that the channel, basin, or bed of the Puntarenas Estuary and the waters that flow through it, despite their geographical location, legally do not form part of the city, due to their particular purpose and public domain status (naturaleza demanial). In contrast, the Regulation to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone provides that fills or artificial accretions (accesiones artificiales) in the Puntarenas Estuary must take into consideration the Urban Master Plan (Plan Regulador) 'of the city,' integrating that area into the city for planning purposes.\n\nRegarding the extension in the northern direction, Law 4071 is ambiguous. Its Article 6 declares 'urban zone of the city of Puntarenas, the aforementioned plus one kilometer North of said zone,' to be delimited by the National Geographic Institute (IGN), through a survey plan.\n\nWhen comparing it with the preceding article – Article 5 – it is observed that it has no connection, and rather seems to connect to Article 2, regarding the declaration of 'urban zone of Puntarenas' of the strip of two hundred meters in width, between Chacarita and the mouth of the Barranca River, and transfer to the Municipality, excluding the strip to build the projected highway. With the extra kilometer, which is not placed under municipal domain, the doubt arises – here lacking interest – of whether it is an urban zone adjacent to the city, similar to a port zone, for example, or if it belongs to the city. The idea could have been to subject its development to the planning of the place, in consideration of the repercussions on its environment.\n\nThe legislator qualifies the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) West of Chacarita and North of the Estuary as 'urban zone of the city of Puntarenas' (Art. 7; Law 4071) and entrusts the National Geographic Institute with the task of drawing up a map or plan of those lands (reserve space for the highway and the remainder delivered to the municipality). A location confirmed by the authentic interpretation of that numeral, by Law 4155 of July 16, 1968, when it clarifies that the maritime-terrestrial zone transferred to the Municipality of Puntarenas is 'the salt flat or mangrove (salado o manglar), adjacent to the estuaries that drain into the Puntarenas inlet, and the two hundred meters on solid ground bordering said salt flat, which is declared an urban zone of the city of Puntarenas.'\n\nThese orientations agree with the delineation of the boundaries of the city of Puntarenas according to the National Geographic Institute (Official Communication No. 222 of September 2, 1980):\n\n| --- | --- |\n| 'Starting from the Mouth of the Barranca River coordinates 215 900- 455 250 proceed along the coastline heading West to La Punta at coordinates 217 900- 443 050. From here on, the Northern limit of the city is constituted by the Puntarenas Estuary and the properties bordering it are covered by Article 77 of the aforementioned law', that is, Law No. 6043. | |\n\nThe latter presupposes, of course, that legitimately acquired private property must be respected.\"\n\nNow then, pursuant to Article 6 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, No. 6043 of March 2, 1977 (Supplement (Alcance) No. 36, La Gaceta No. 52 of March 16, 1977), it does not have application in coastal cities, as occurs, in principle, with that of Puntarenas. However, later its Article 76 authorizes the Municipality of Puntarenas to sell the excess lands (demasías) of the lands that belonged to the Costa Rican Tourism Institute (ICT) in the coastal zone between Chacarita and the mouth of the Barranca River, reserving a strip of at least 50 meters in width from the mean high tide (pleamar ordinaria) for the construction of a promenade. Furthermore, based on numerals 77 ibidem, and 96 of its Regulation, Decree No. 7841 of December 16, 1977, that Municipality may grant concessions on the lands formed by natural or artificial accretion (accesión natural o artificial) on the southern shoreline of the Puntarenas estuary.\n\nOn the other hand, Law 4928 of December 17, 1971 (La Gaceta No. 257 of December 28, 1971), Article 1, amended Article 6 of the Law on Tourism Urbanization of the Maritime-Terrestrial Zone, No. 4558 of April 22, 1970, in these terms:\n\n\"Article 6.- The fifty meters of the maritime-terrestrial zone from the mean high tide, will be inalienable and in no case may be subject to lease or sale. Therefore, no one may claim any right over said strip, which will be dedicated to public use for purposes of recreation, leisure, or free movement. The constructions or installations currently located in that zone may not be remodeled and in case of their destruction, the new constructions must respect that inalienable zone.\n\nNevertheless, in the strip of fifty meters of the maritime-terrestrial zone from the mean high tide of the sea beach, comprised between the mouth of the Barranca River and the western end of the city of Puntarenas, known by the name of La Punta, which is placed under the domain of the Municipality of the central canton of the province of Puntarenas, lands may be leased for tourist facilities by that municipality.\"\n\nHowever, Law 4558 was suspended by Law 5602 of November 4, 1974, Article 1 (Supplement No. 207, La Gaceta No. 217 of November 14, 1974), and later repealed by Law 6043, Article 82.\n\nThus, between December 28, 1971, and November 3, 1974, the Municipality of Puntarenas was empowered to grant leases for tourism use in the fifty-meter-wide strip from the mean high tide in the sector known as the Paseo de los Turistas, as it is located between the mouth of the Barranca River and the western end of the city of Puntarenas.\n\nFor its part, Law 4071 of January 22, 1968 (Articles 7 and 8), authorizes the Municipality of Puntarenas to grant concessions for the construction of docks, or other industrial installations on the maritime-terrestrial zone, of the two hundred meters counted from the mean high tide, located West of La Chacarita. But, while it is true that the Paseo de los Turistas is located west of La Chacarita, the type of development promoted by those provisions is industrial in nature, different from the purpose analyzed in the inquiry.\n\nOf a tourism nature, we do find the Law on Concession and Operation of Tourist Marinas, No. 7744 of December 19, 1997, which empowers the Municipality of the place to grant concessions for the operation of marinas and tourist docks (marinas y atracaderos turísticos) in the areas of the maritime-terrestrial zone and the adjacent zone permanently covered by the sea, and in none of its provisions does it except its application to coastal cities, although it does allow the supplementary application of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone and its Regulation, we understand to regulate procedural aspects not contained in Law 7744, nor in its Regulation, Decree No. 27030 of May 20, 1998 (La Gaceta No. 96 of May 20, 1998), Articles 1, 3, and 26 of Law 7744.\n\nHowever, in this case, when granting areas in concession for the operation of tourist marinas and docks, the environment and the natural resources of the zone must be protected. Furthermore, the proposed development must be compatible with the respective urban master plan and aspects of technical feasibility must be taken into account, among others, such as physical-environmental aspects, seismic considerations, wind conditions, marine geomorphology, coastal dynamics, oceanographic variables (tides, currents, waves, littoral drift (arrastre litoral), erosion and sedimentation processes, and bathymetry), which the Interinstitutional Commission on Tourist Marinas and Docks (Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos) is responsible for assessing when approving or rejecting the respective preliminary project (anteproyecto) (Law 7744, Articles 1, 3, 6, and 7; Decree No. 27030, Articles 3, subsection a, and 20, 21, 22, and 23).\n\nThe procedure to be followed for such purposes is outlined in Law 7744 itself and in its Regulation, which do not contemplate the figure of public bid (concurso público), and only in a supplementary manner will the provisions of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone and its Regulation, the General Law of Public Administration, and the Law on Administrative Contracting and its Regulation be applied, in that order. (Law 7744, Articles 3 and 26).\n\nConsequently, it is possible to affirm that given the silence of Law 7744 on the necessity or not of conducting a public bid for the granting of the concession of tourist marinas and docks, the principle provided in Article 57 of the Regulation to Law 6043 would govern for that purpose.\n\nA different situation arises with leases for commercial premises located on the Paseo de los Turistas, since in the absence of a special law, the Law on Administrative Contracting, No. 7494 of May 2, 1995, must be applied, which guarantees the application of the principles of efficiency, equality, free competition, and publicity, Article 2. In particular, and without prejudice to the criteria of the Comptroller General of the Republic, the Administration must attend to the provisions of Article 41 of the aforementioned Law.\n\nIn a similar direction, in a similar matter inquired by you to the Comptroller General of the Republic, prior to the current regulations on administrative contracting, the Comptroller Body held:\n\n\"…this General Directorate of Legal Affairs considers -without this diminishing the power of the Municipality to lease the lands that are its property- that the administration, use, and exploitation of the complementary facilities destined for the provision of a tourism service where the ideal contractual figure -given that the activity to which they are destined prevails- is that of 'concession of Administration facilities,' for whose granting it is required to resort to a competitive procedure of public bidding where broad competition is permitted and equality of opportunities is guaranteed for eventual offerors with a view to obtaining the best possible conditions for the Administration and adequate satisfaction of the public interest involved…as long as it opts not to administer them directly and decides to transfer the exploitation of that public work to a private third party, it must necessarily comply with the other provisions established by our Legal System that are applicable to the matter, which is the case of the Law of the Financial Administration of the Republic and the Regulation of Administrative Contracting…with the respective approvals before this Comptroller Body or another state entity. (Official Communication No. 2091-DAJ-94, signed by Licda. María Víquez Amador, Deputy General Director of the General Directorate of Legal Affairs of the Comptroller General of the Republic).\n\nFinally, and in view that Congresspersons Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Miguel Huezo Arias, Peter Guevara Guth, Daisy Quesada Calderón, and Jorge Luis Álvarez Pérez, in a writing of November 9 of the current year, received on the 15th of the same month, expressed interest in the result of this inquiry, and in turn raised similar concerns, a copy of this pronouncement is sent to them.\n\nSincerely,\n\nLic. Mauricio Castro Lizano\nDeputy Attorney\n\nLicda. Meylin Gutiérrez Méndez\nAgrarian and Environmental Area\n\ncc: Congressperson Carlos Ricardo Benavides Jiménez\nCongressperson Miguel Huezo Arias\nCongressperson Peter Guevara Guth\nCongressperson Daisy Quesada Calderón\nCongressperson Jorge Luis Álvarez Pérez\nLic. Elías Delgado Aiza\nDivision of Institutional Development\nUnit of Authorizations and Approvals\nComptroller General of the Republic\nAttachment: As indicated"
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