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  "id": "pgr-12917",
  "citation": "C-013-2005",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Caducidad del plazo para anular acto declaratorio de derechos según el Art. 173 LGAP",
  "title_en": "Expiration of the Term to Annul a Rights-Creating Act Under Article 173 of the LGAP",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza la solicitud del Ministerio de Hacienda para emitir dictamen favorable que declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución RES-AUT-DGA-106-2000 y actos derivados, que autorizaban a una persona como asistente de agente aduanero. La PGR concluye que no es posible rendir tal dictamen porque el plazo cuatrienal de caducidad establecido en el inciso 5 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública se cumplió el 16 de marzo de 2004, cuatro años después del acto principal. Se enfatiza que este plazo es de caducidad, por lo que no admite interrupción ni suspensión, y su vencimiento extingue la potestad anulatoria de la Administración sobre actos declaratorios de derechos. Adicionalmente, se señalan vicios en el procedimiento, como la falta de intimación e imputación precisa de los actos accesorios al afectado, y la presencia de fotocopias no certificadas en el expediente.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office examines the Ministry of Finance's request for a favorable opinion to declare the absolute, evident, and manifest nullity of Resolution RES-AUT-DGA-106-2000 and derived acts, which authorized an individual as a customs agent assistant. The PGR concludes that it cannot issue such an opinion because the four-year expiration period under Article 173(5) of the General Public Administration Law elapsed on March 16, 2004, four years after the main act. It stresses that this period is one of caducidad (expiration, not subject to interruption or suspension) and its expiration extinguishes the Administration's power to annul rights-creating acts. Additionally, procedural defects are noted, such as the failure to precisely notify the affected party of the derivative acts (intimación/imputación) and the presence of uncertified photocopies.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "14/01/2005",
  "year": "2005",
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  "es_concept_hints": [
    "caducidad vs prescripción",
    "acto declaratorio de derechos",
    "lesividad",
    "intimación e imputación",
    "sana crítica",
    "nulidad absoluta evidente y manifiesta"
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      "law": "Ley General de la Administración Pública"
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  "keywords_es": [
    "caducidad",
    "nulidad absoluta evidente y manifiesta",
    "artículo 173 LGAP",
    "plazo cuatrienal",
    "acto declaratorio de derechos",
    "dictamen PGR",
    "procedimiento administrativo",
    "intimación",
    "debido proceso",
    "fotocopias sin certificar"
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  "keywords_en": [
    "expiration period",
    "absolute evident and manifest nullity",
    "Article 173 LGAP",
    "four-year term",
    "rights-creating act",
    "PGR opinion",
    "administrative procedure",
    "intimation",
    "due process",
    "uncertified photocopies"
  ],
  "excerpt_es": "De conformidad con las consideraciones expuestas,  no resulta posible para esta Procuraduría rendir el dictamen favorable a que alude el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en torno a la resolución N° RES-AUT-DGA-106-2000 de fecha 16 de marzo del 2000 al haber operado el plazo cuatrienal previsto en el inciso 5) de dicha norma. Por lo anterior, tampoco es posible rendir el dictamen favorable que se solicita respecto a los actos administrativos derivados de la citada resolución por ser éstos actos accesorios de aquella, y no haberse intimado debidamente.",
  "excerpt_en": "In accordance with the considerations set forth, it is not possible for this Attorney General's Office to render the favorable opinion referred to in Article 173 of the General Public Administration Law regarding Resolution No. RES-AUT-DGA-106-2000 of March 16, 2000, since the four-year period provided for in subsection 5) of said provision has elapsed. Consequently, it is also not possible to render the requested favorable opinion regarding the administrative acts derived from the cited resolution, as they are accessory acts to said resolution and were not properly notified.",
  "outcome": {
    "label_en": "Unfavorable opinion",
    "label_es": "Dictamen desfavorable",
    "summary_en": "The PGR refuses to issue a favorable opinion for the annulment of the act because the four-year period under Article 173 LGAP has expired.",
    "summary_es": "La PGR se niega a rendir dictamen favorable para la nulidad del acto por haber caducado el plazo cuatrienal del artículo 173 LGAP."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "II- LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATORIOS DE DERECHOS Y EL PLAZO DE CADUCIDAD",
      "quote_en": "The Administration's power to annul rights-creating acts without resorting to lesividad proceedings is exceptional, and is limited to cases where the nullity, in addition to being absolute, is also evident and manifest.",
      "quote_es": "La potestad de la Administración para anular actos declaratorios de derechos sin recurrir al contencioso de lesividad es excepcional, y está limitada a los casos en donde la nulidad, además de absoluta, presente las características de ser evidente y manifiesta."
    },
    {
      "context": "II- LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATORIOS DE DERECHOS Y EL PLAZO DE CADUCIDAD",
      "quote_en": "the procedure provided for in the commented regulations so that the Administration may annul in administrative proceedings its own rights-creating acts without resorting to lesividad litigation, has an exceptional character.",
      "quote_es": "la vía contemplada por la normativa comentada para que la Administración pueda anular en sede administrativa sus propios actos declaratorios de derechos sin acudir al juicio contencioso de lesividad, tiene un carácter excepcional."
    },
    {
      "context": "II- LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATORIOS DE DERECHOS Y EL PLAZO DE CADUCIDAD",
      "quote_en": "the term for issuing the declaration of nullity of the act is one of caducidad, and therefore, it operates until it is made effective by the Administration; in this case, the very declaration of nullity of the appointment.",
      "quote_es": "el término para efectuar la declaratoria de nulidad del acto es de caducidad, y por ello, opera hasta tanto ésta se haga efectiva por parte de la Administración; en este caso, la propia declaratoria de nulidad del nombramiento."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=12917&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 013 del 14/01/2005   \n\n\n\nC-013-2005\n\n\n\n\n14 de enero del 2005\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIngeniero\n\n\n\n\nFederico Carrillo Z.\n\n\n\n\nMinistro\n\n\n\n\nMinisterio de Hacienda\n\n\n\n\nD.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato\nreferirme al oficio N° DM-170-2004 de fecha 10 de febrero del 2004, suscrito por el entonces señor\nMinistro de Hacienda Alberto Dent Zeledón, recibido en esta Procuraduría el día 13 del mismo mes y\nasignado a la suscrita hasta el día 11 de enero del 2005, dando respuesta en los siguientes\ntérminos:\n\n\n\n\nI-                               ASUNTO PLANTEADO:\n\n\n\n Se solicita que esta Procuraduría General de la República rinda el dictamen a que hace referencia\nel artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública con el fin de declarar la nulidad\nabsoluta, evidente y manifiesta de “la resolución número RES-AUT-DGA-106-2000 de las trece horas del\ndieciséis de marzo del dos mil, así como de los actos administrativos derivados de la misma, a\nsaber: RES-DIV-REG-1080-2000 de las trece horas del cinco de setiembre del dos mil dos, RES-DIV-\nREG-203-2001 de las diez horas del trece de marzo del dos mil uno, RES-DIV-REG-599-2001 de las\ncatorce horas del tres de agosto del dos mil uno, RES-DIV-REG-739-2001 de las ocho horas del\nveinticinco de setiembre del dos mil uno y RES-DIV-REG-907-2001 de las diez horas quince minutos del\nveintiséis de octubre del dos mil uno (...)”.\n\n\n\n Para tales efectos se nos remitió el respectivo expediente administrativo, que consta de 117 folios\ny no de 118 folios como erróneamente señala la misiva, levantado con ocasión del procedimiento\nordinario administrativo seguido al señor XXX.\n\n\n\n II-        LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATORIOS DE DERECHOS Y EL PLAZO DE CADUCIDAD\nQUE PESA SOBRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ANULATORIA.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La potestad de la Administración para anular actos declaratorios de derechos sin recurrir al\ncontencioso de lesividad es excepcional, y está limitada a los casos en donde la nulidad, además de\nabsoluta, presente las características de ser evidente y manifiesta. Sobre el particular, esta\nProcuraduría ha establecido:\n\n\n\n \"El proceso de lesividad constituye una garantía para los administrados, en cuya virtud debe\nentenderse proscrita la posibilidad de que la Administración declare, en vía administrativa, la\nnulidad de actos suyos creadores de derechos subjetivos favorables a aquéllos (sic). Para el logro\nde tal finalidad debe, más bien, demandar la anulación ante la jurisdicción contencioso-\nadministrativa, debiendo -a tales efectos- haber\n\n\n\n declarado previamente que el acto es lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra\nnaturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).\nEmpero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía\nadministrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto\ndeclaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta. Aún\nasí y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención\nde\n\n\n\n un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su\nactuación en estas hipótesis, se plasma mediante la\n\n\n\n\nemisión de un dictamen vinculante, que reviste la naturaleza de un acto\n\n\n\n de control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho dictamen, que ha de rendirse\nantes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la\nAdministración, en el sentido de acreditar que en la especie los vicios del acto son efectivamente\nde tal magnitud\". (Dictamen Nº C-080-94 del 17 de mayo de 1994).\n\n\n\n\n \n\n\n\n La potestad anulatoria con que cuenta la Administración para llevar a cabo el procedimiento que se\nestablece en el numeral 173 debe ejercitarse dentro del plazo cuatrienal a que hace referencia el\ninciso 5) de dicho artículo. Valga acotar que, es un plazo de caducidad y no de prescripción, por lo\ncual resulta ininterrumpible. De ahí que:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Aunque sea en forma breve, conviene recordar que la \"…caducidad determina la extinción de acciones\no de derechos por el transcurso del plazo en que han de ejercitarse o hacerse valer. En este sentido\nsu finalidad coincide con la prescripción extintiva: se trata de poner término a la incertidumbre\njurídica, estableciendo a tal fin un límite temporal para hacer valer los propios derechos (SSTS\n30-4-40, 25-9-50 y 30-5-84); también es idéntico su efecto extintivo (STS 26-6-74).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Dejando aparte estos puntos en común, el régimen jurídico de la caducidad se ha caracterizado\ntradicionalmente por unas notas propias que la distinguen de la prescripción. Las dos más recordadas\npor doctrina y jurisprudencia son:\n\n\n\n\n \n\n\n\n a.              Que no es susceptible de interrupción ni suspensión, produciéndose automáticamente\npor el paso del tiempo. Abundando en esto el TS ha destacado que ‘así como ésta [la prescripción]\ntiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón subjetiva de su no ejercicio por su\ntitular… en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo\nprefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de índole preclusiva, al\ntratarse de un plazo dentro del cual, y únicamente dentro de él, puede realizarse un acto con\neficacia jurídica…’ (STS 25-5-1979, muy similar a la de 11-5-66).\n\n\n\n\n \n\n\n\n b.              Que no es preciso que sea alegada por aquel a quien beneficia, ya que es apreciable\nde oficio por el juez (STS 25-5-79, con cita de otras).\n\n\n\n\n \n\n\n\n A estas notas de la caducidad frente a la prescripción hay que añadir su carácter irrenunciable.\"\n ENCICLOPEDÍA JURÍDICA BÁSICA, op. cit., página 857.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por su parte, GIULIANI FONROUGE nos recuerda que a la caducidad no se le aplican las reglas de la\ninterrupción y de la suspensión de la prescripción ni las referentes a los impedimentos ratione\ninitii (falta de noticias, dolo, violencia), porque en cada disposición que se establece una\ncaducidad, se determina con precisión el momento en que comienza a correr. GIULIANI FONROUGE (Carlos\nM.) y otra. Procedimiento Tributario. Editorial Depalma, Buenos Aires-Argentina, 5° edición, 1992,\npáginas 353 y 354.” (Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica N° O.J.- 016-2001 del 22\nde febrero de 2001).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En relación con lo expuesto, en el dictamen N° C-044-95 del 8 de marzo de 1995, esta\nProcuraduría precisó:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “5.- De lo expuesto hasta aquí podemos tener por establecido lo siguiente: a) que la vía\ncontemplada por la normativa comentada para que la Administración pueda anular en sede\nadministrativa sus propios actos declaratorios de derechos sin acudir al juicio contencioso de\nlesividad, tiene un carácter excepcional. b) que el término para efectuar la declaratoria de nulidad\ndel acto es de caducidad, y por ello, opera hasta tanto ésta se haga efectiva por parte de la\nAdministración; en este caso, la propia declaratoria de nulidad del nombramiento. c) La\ninterposición de un recurso de amparo no tiene la virtud de interrumpir ni suspender el plazo de\ncaducidad que comienza a contarse desde la emisión del acto presuntamente nulo. 6.- Las anteriores\nconsecuencias son congruentes con el fin que inspira la normativa que regula esta potestad, cual es\nbrindar seguridad jurídica a los administrados a cuyo favor se hayan declarado derechos subjetivos\nde algún tipo a través de un acto administrativo. Ello requiere indefectiblemente que el término\npara hacerlo sea absolutamente rígido, pues de lo contrario, habría total incertidumbre y se vería\ndesnaturalizado el límite que se establece precisamente a través del plazo de los cuatro años, a fin\nde que no se vea sujeto a circunstancias de cualquier naturaleza que pudieran presentarse durante\nlos trámites previos a la declaratoria de nulidad, -sea el desarrollo del proceso administrativo\nordinario y la solicitud de criterio a este Despacho-, gestiones que de ningún modo tienen la\ncualidad de interrumpir o suspender el transcurso del plazo en cuestión\".(Véase al respecto, en\nsentido similar los dictámenes C-182-89 de 4 de octubre de 1989; C-032-92 de 17 de febrero de 1992;\nC-111-93 de 24 de agosto de 1993; C-117-95 de 31 de mayo de 1995; C-141-95 de 21 de junio de 1995;\nC-030-96 de 19 de febrero de 1996, C-037-99 de 11 de febrero de 1999; C-052-2000 y C-050-2000 ambos\ndel 16 de marzo del 2000).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Aunado a ello, téngase en cuenta que el acto mediante el que se acuerda iniciar un procedimiento\nadministrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto\ndeclaratorio de derechos, es un acto preparatorio del final que será aquel en que se decida sobre la\nexistencia de la nulidad. Únicamente con la emisión de ese acto final es que se evita el\nacaecimiento del plazo de caducidad de cuatro años establecido en el mencionado inciso 5) del\nartículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, se reitera que por\ntratarse de un plazo de caducidad, éste es ininterrumpible, por lo que la decisión de la\nAdministración de iniciar el procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta,\nevidente y manifiesta de un acto administrativo, no puede tener el efecto de interrumpir el plazo\nprevisto en el inciso 5) del artículo 173.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De esta manera, una vez transcurrido el plazo indicado caduca la posibilidad de revisión oficiosa\nde la Administración, por lo que los actos que han conferido derechos a los administrados, aunque\npresenten vicios, se tornan intangibles.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En el caso que nos ocupa, el citado plazo cuatrienal se cumplió el día 16 de marzo del 2004, en\nvirtud de que el acto principal que se pretende declarar es la resolución N° RES-AUT-DGA-106-2000 de\nfecha 16 de marzo del 2000.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por consiguiente, esta Procuraduría se encuentra imposibilitada para rendir el dictamen preceptivo\na que alude el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública al haber caducado el\nplazo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por otra parte, en torno a los actos administrativos derivados de la citada resolución del 16 de\nmarzo del 2000 y que se mencionan en el oficio que se nos remite tampoco es posible rendir el\ndictamen favorable solicitado, toda vez que además de ser actos accesorios de la citada resolución\ndichos actos no fueron debidamente intimados al señor XXX como se ampliará más adelante.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Sin perjuicio de lo antes expuesto, es de rigor señalar, además, los vicios que fueron encontrados\nen el expediente y que se detallan para que sean observados en casos futuros.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII-      VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nA)        INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LA INTIMACION.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Deviene indispensable que desde el inicio del procedimiento administrativo, se establezca\ncorrectamente el carácter y fines del proceso, a fin de que el afectado tenga pleno conocimiento del\nacto declaratorio de derechos, debidamente individualizado y que conste fehacientemente en el\nexpediente, que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de conformidad con\nel artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, así como las posibles consecuencias\njurídicas de dicha anulación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Mediante acuerdo N° DM-021 de fecha 6 de diciembre del 2002 y resolución N° 709-2003 de las 10:30\nhoras del 25 de agosto del 2003 se nombra al órgano director del procedimiento tendente a declarar\nla nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución N° RES-AUT-DGA-106-2000 de las 13:00\nhoras del 16 de marzo del 2000 así como “de los actos derivados de esa autorización, entre otros, la\nresolución N° RES-DIV-REG-907-2001, de las diez horas con quince minutos del día veintiséis de\noctubre del dos mil uno, donde se conoce de la última solicitud presentada por el señor XXX de\ndesinscripción como Asistente de Agente de Aduanas del Agente Independiente Adolfo Fallas Segura, e\ninscripción como asistente de la Agencia Aduanal Servicios de Correduría Aduanera S.A.”  (Folios 52\na 55 y 77).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Como puede observarse, el órgano decisor solamente individualizó un acto derivado de la resolución\ndel 16 de marzo del 2000. Por su parte, el órgano director en su primera resolución y por medio de\nla cual se le intimó al señor XXX estableció que el procedimiento era para “declarar la nulidad\nabsoluta, evidente y manifiesta de la resolución número RES-AUT-DGA-106-2000 de las trece horas del\ndieciséis de marzo del dos mil, emitida por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de\nHacienda, que autoriza al señor XXX a ejercer como Asistente de Agente de Aduanas, así como de los\nactos derivados de esa autorización.”  (El destacado en negrita es del original). (Folio 78).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Bajo este contexto, al señor XXX no se le detallaron ni se le individualizaron los actos derivados\nde la aplicación positiva de la autorización como  Asistente de Agente de Aduanas, aún y cuando sea\nmanifiesta su relación. Sobre el particular, en un caso similar al que nos ocupa, esta Procuraduría\nGeneral de la República dictaminó lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “ (...)  si en el acto de apertura de un procedimiento administrativo se indicó que el\nprocedimiento era tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un determinado\nacto administrativo, no se puede dictar una resolución final en la que se establezca la nulidad de\notros actos, aún y cuando, sea manifiesta su relación, porque sobre estos no ha existido intimación\nni imputación.” (El destacado no es del original). (Dictamen N° C-055-2000 del 20 de marzo del\n2000).\n\n\n\n\n \n\n\n\n La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a los principios de intimación\ne imputación -contenidos dentro del principio constitucional del debido proceso regulado en el\nnumeral 41 de nuestra Constitución Política-, y a la obligación de establecer el carácter, y los\nfines del procedimiento, ha señalado lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “a) Principio de intimación: consiste en el acto procesal por medio del cual se pone en\nconocimiento del funcionario la acusación formal. La instrucción de los cargos tiene que hacerse\nmediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos que se le\nimputan y sus consecuencias jurídicas. b) Principio de imputación: es el derecho a una acusación\nformal, debe el juzgador individualizar al acusado, describir en detalle, en forma precisa y de\nmanera clara el hecho que se le imputa. Debe también realizarse una clara calificación legal del\nhecho, estableciendo las bases jurídicas de la acusación y la concreta pretensión punitiva. Así el\nimputado podrá defenderse de un supuesto hecho punible o sancionatorio como en este caso, y no de\nsimples conjeturas o suposiciones.” (Voto N° 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 1999. En\nsentido similar, véase los votos N° 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo y el N° 2376-98 de 1\nde abril ambos de 1998).\n\n\n\n\n \n\n\n\n “IV. El principio de intimación pretende garantizar dos aspectos: a) que a la persona investigada,\nse le comuniquen de manera exacta los hechos que dan origen al proceso que se interesa, con la\nfinalidad de que pueda proveer a su defensa, y b) que en el pronunciamiento de fondo se de una\nidentidad entre lo intimado y lo resuelto.”. (Voto N° 955-95 de las 10:30 horas del 17 de febrero de\n1995). (El subrayado no es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEn igual línea de razonamiento, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “III.- El tema de la tutela del debido proceso, principio constitucional sustentado en el artículo\n41 de nuestra Carta Magna, ha sido abordado en reiteradas oportunidades por la Sala respectiva. En\ntales pronunciamientos ha indicado cuáles deben considerarse elementos básicos del principio en\nreferencia. Así por ejemplo, los votos 15-90 de 16:45hrs. del 5-1-90 y 1734 de 15:26 hrs. del 4-9-9,\nhacen referencia al tema en los siguientes términos:\n\n\n\n\n(...)\n\n\n\n IV. Obsérvese cómo en el proceso ha de procurarse la garantía de una serie de derechos en forma\nintegral. Sea, de verse alguno de ellos alguno de ellos disminuido o vedado de ejercer en un todo,\nel proceso integro sufre como consecuencia la nulidad por trasgresión del debido proceso. Por ello\ndebe valorarse con sumo cuidado cada caso, pues no obstante existir la posibilidad de determinar\nelementos básicos en relación con aquel principio, deviene prácticamente imposible, conformar un\nesquema o marco unívoco -aplicable siempre- el cual resulte infalible protector del debido proceso.\nMáxime si se considera que las circunstancias del proceso, son en última instancia las que permiten\nconcluir si se satisfizo o no el principio.\n\n\n\n (...) La intimación de los cargos debe ser expresa, precisa y particularizada. No corresponde al\nadministrado dilucidar, del cúmulo de información y actuaciones comprendidas en un expediente\nadministrativo, cuáles son los cargos que se le endilgan. Lo anterior podría abocarlo, incluso, a no\npronunciarse sobre algunos de ellos porque no los valoró como tales; o bien porque no los ubicó en\nel expediente, lo cual menoscaba tanto el derecho de defensa, cuanto al debido proceso.” (Resolución\nN° 21 de las 14:15 horas del 9 de abril de 1997.) (El subrayado es nuestro).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por consiguiente, deviene indispensable que desde su inicio el afectado tenga pleno\nconocimiento del acto o de los actos que se pretende su declaratoria de nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta y que conste fehacientemente en el expediente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nA)    EN TORNO A LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ha quedado de manifiesto en líneas anteriores, la relevancia de una debida intimación para ejercer\nun adecuado derecho de defensa; y si esto no ocurre, consecuentemente la audiencia legal, como el\nmedio idóneo que contempla la Ley General de la Administración Pública para el ejercicio de la más\namplia defensa de las partes, no logra su cometido, en vista de que la parte no tiene todos los\nelementos fácticos y jurídicos que propician el procedimiento, a pesar de que por su naturaleza la\nparte puede renunciar a la comparecencia, si lo estima necesario para proteger sus derechos e\nintereses, como derivación de la garantía contenida en el artículo 39 de la Carta Magna, que\nestipula que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (véase al respecto la sentencia de\nla Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 126-96 de las 15:57 horas del 9 de enero\nde 1996).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Sobre el particular, el jurista español Jesús González Pérez, en su obra “EL DERECHO A LA TUTELA\nJURISDICCIONAL”, afirma que la “citada audiencia da al interesado la posibilidad de aportar al\nexpediente su versión de los hechos (en la doble versión fáctica y jurídica) que, como elemento de\njuicio más, resulta en todo caso indispensable para que la autoridad decidente resuelva conociendo\nlos datos o argumentos que legalmente pueda aportar el administrado con la finalidad de\ncontrarrestar una prueba o posición que prima facie o presuntivamente se manifiesta para el de forma\nadversa.” (Madrid, Editorial Civitas S.A, 1989, pp. 176-177).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Aunado a lo anterior, también téngase presente que si bien en la resolución N° ODP-002-2003, de las\n14:00 horas del 16 de octubre del 2003, en el resultando XX el órgano director establece que “en el\ndía y hora indicado para la comparecencia, el señor XXX no se presentó a la misma, ni justificó las\nrazones de su ausencia.” ; no obstante en el expediente remitido no consta el acta respectiva la\ncual debía levantarse a tenor de los numerales 270 y 313 de la Ley General de la Administración\nPública; esto como garantía del correcto desarrollo del proceso.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nB)                FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR.\n\n\n\n Existen diversos documentos que son simples fotocopias no certificadas como en Derecho corresponde,\nverbigracia folios 73 y 74 y 94 a 97.\n\n\n\n\nSobre el tema de las fotocopias sin certificar, esta Procuraduría ha comentado lo siguiente:\n\n\n\n “De conformidad con el numeral 298 de la Ley General de la Administración Pública, los medios de\nprueba podrán ser todos los que estén permitidos por el Derecho Público, aunque no sean admisibles\npor el Derecho común. Además señala que, salvo disposición en contrario, las pruebas serán\napreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica.\n\n\n\n Así, si bien existe libertad de prueba dentro del procedimiento administrativo, la Administración y\nlos interesados, deben velar porque éstas sean emitidas de la forma más veraz posible. De ahí que,\nestudiar el asunto con simples fotocopias, puede inducir a cometer errores a la hora de valorar los\nhechos del caso (tómese en cuenta la diferencia, en cuanto a su valor probatorio, entre los\ndocumentos públicos y privados –artículos 369, 370 y 379 del Código Procesal Civil–)”. (Dictamen N°\nC-060-2001 del 6 de marzo del 2001).\n\n\n\n\n \n\n\n\n La Procuraduría General de la República ha sido conteste en afirmar que “(…) conforma parte de la\ngarantía constitucional citada [el debido proceso] el orden en la tramitación del procedimiento.\"\n(Véase al respecto, verbigracia opinión jurídica N ° O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998, y los\ndictámenes números C-210-00 del 4 de setiembre y C-290-2000 del 20 de noviembre ambos del año 2000).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por último, es imperioso mencionar que se tenga presente que si dentro del desarrollo del\nprocedimiento administrativo se patentiza algún tipo de violación a los principios del debido\nproceso, la Administración debe anular el respectivo acto (verbigracia comparecencia oral y\nprivada), así como las actuaciones y resoluciones posteriores, fase procesal a la que se debe\nretrotraer dicho procedimiento, en virtud de que el “incumplimiento total o parcial de las pautas\nordenatorias del procedimiento administrativo acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la\nantijuricidad en procura de la salvaguarda de la sanidad del derecho.” (DROMI, José Roberto, El\nProcedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local,\n1986, p. 59).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIV-      CONCLUSION.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De conformidad con las consideraciones expuestas,  no resulta posible para esta Procuraduría rendir\nel dictamen favorable a que alude el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en\ntorno a la resolución N° RES-AUT-DGA-106-2000 de fecha 16 de marzo del 2000 al haber operado el\nplazo cuatrienal previsto en el inciso 5) de dicha norma. Por lo anterior, tampoco es posible rendir\nel dictamen favorable que se solicita respecto a los actos administrativos derivados de la citada\nresolución por ser éstos actos accesorios de aquella, y no haberse intimado debidamente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                         Del señor Ministro de Hacienda, deferentemente suscribe,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\n\n\n\n\nProcuradora Adjunta\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAdjunto el expediente que nos fuera remitido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nACACHA/Sylvia A.",
  "body_en_text": "Ruling: 013 of 01/14/2005\n\nC-013-2005\n\nJanuary 14, 2005\n\nEngineer\nFederico Carrillo Z.\nMinister\nMinistry of Finance\nD.\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I am pleased to address official communication No. DM-170-2004 dated February 10, 2004, signed by the then Minister of Finance, Alberto Dent Zeledón, received by this Attorney General's Office on the 13th of the same month and assigned to the undersigned until January 11, 2005, responding in the following terms:\n\nI- MATTER RAISED:\n\nA request is made that this Attorney General's Office of the Republic issue the ruling referred to in Article 173 of the General Law on Public Administration in order to declare the absolute, evident, and manifest nullity of \"resolution number RES-AUT-DGA-106-2000 of one o'clock in the afternoon on March sixteenth, two thousand, as well as the administrative acts derived therefrom, namely: RES-DIV-REG-1080-2000 of one o'clock in the afternoon on September fifth, two thousand two, RES-DIV-REG-203-2001 of ten o'clock in the morning on March thirteenth, two thousand one, RES-DIV-REG-599-2001 of two o'clock in the afternoon on August third, two thousand one, RES-DIV-REG-739-2001 of eight o'clock in the morning on September twenty-fifth, two thousand one, and RES-DIV-REG-907-2001 of ten fifteen in the morning on October twenty-sixth, two thousand one (...)\".\n\nFor these purposes, we were sent the respective administrative file, which consists of 117 folios and not 118 folios as the missive erroneously indicates, compiled on the occasion of the ordinary administrative procedure followed against Mr. XXX.\n\nII- THE NULLITY OF ADMINISTRATIVE ACTS DECLARING RIGHTS AND THE EXPIRATION PERIOD WEIGHING ON THE EXERCISE OF THE ANNULMENT POWER.\n\nThe Administration's power to annul acts declaring rights without resorting to lesivity proceedings is exceptional and is limited to cases where the nullity, in addition to being absolute, has the characteristics of being evident and manifest. Regarding this matter, this Attorney General's Office has established:\n\n\"The lesivity process constitutes a guarantee for the administered parties, by virtue of which the possibility of the Administration declaring, in the administrative venue, the nullity of its own acts that create favorable subjective rights for those parties must be understood as proscribed. To achieve this purpose, it must, rather, demand annulment before the contentious-administrative jurisdiction, having previously declared – for these effects – that the act is harmful to public, economic, or other interests (Articles 10.4 and 35 of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction). However, said rule knows an exception, established in numeral 173 of the General Law on Public Administration. According to its wording, the Administration is authorized to declare, in the administrative venue and without needing to resort to lesivity proceedings, the nullity of an act declaring rights, when said nullity, besides being absolute, is evident and manifest. Even so, and also as a guarantee for the administered party, the intervention of a body other than the author of the act in question subsists in the respective procedure: the Attorney General's Office of the Republic. Its action in these hypotheses is embodied through the issuance of a binding ruling, which takes the form of an act of preventive legality control; the foregoing, insofar as said ruling, which must be rendered before issuing the final act of the procedure, must be favorable to the Administration's annulment claim, in the sense of certifying that in the specific case the defects of the act are indeed of such magnitude.\" (Ruling No. C-080-94 of May 17, 1994).\n\nThe annulment power available to the Administration to carry out the procedure established in numeral 173 must be exercised within the four-year period referred to in subsection 5) of said article. It is worth noting that this is an expiration period and not a statute of limitations, for which reason it is uninterruptible. Hence:\n\n\"Although briefly, it is worth recalling that '...expiration determines the extinction of actions or rights by the lapse of the period within which they must be exercised or asserted. In this sense, its purpose coincides with extinctive prescription: it is a matter of putting an end to legal uncertainty, establishing for this purpose a time limit to assert one's own rights (SSTS 4-30-40, 9-25-50, and 5-30-84); its extinctive effect is also identical (STS 6-26-74).\n\nSetting aside these common points, the legal regime of expiration has traditionally been characterized by specific notes that distinguish it from prescription. The two most remembered by doctrine and jurisprudence are:\n\na. That it is not susceptible to interruption or suspension, occurring automatically with the passage of time. Expounding on this, the TS has highlighted that 'just as the latter [prescription] aims at the extinction of a right due to the subjective reason of its non-exercise by its holder... in expiration, only the objective fact of the lack of exercise within the pre-established period is considered, to the point that it can actually be maintained that it is preclusive in nature, as it deals with a period within which, and only within which, an act with legal efficacy can be performed...' (STS 5-25-1979, very similar to that of 5-11-66).\n\nb. That it does not need to be alleged by the one it benefits, since it is appreciable ex officio by the judge (STS 5-25-79, citing others).\n\nTo these notes of expiration versus prescription must be added its inalienable character.\" ENCICLOPEDIA JURIDICA BASICA, op. cit., page 857.\n\nFor his part, GIULIANI FONROUGE reminds us that the rules of interruption and suspension of prescription are not applied to expiration, nor are those referring to impediments ratione initii (lack of information, fraud, violence), because in each provision that establishes an expiration, the moment it begins to run is precisely determined. GIULIANI FONROUGE (Carlos M.) and another. Procedimiento Tributario. Editorial Depalma, Buenos Aires-Argentina, 5th edition, 1992, pages 353 and 354.\" (Attorney General's Office of the Republic. Legal Opinion No. O.J.- 016-2001 of February 22, 2001).\n\nIn relation to the above, in Ruling No. C-044-95 of March 8, 1995, this Attorney General's Office specified:\n\n\"5.- From what has been set forth thus far, we can establish the following: a) that the avenue contemplated by the commented regulations so that the Administration may annul its own acts declaring rights in the administrative venue without resorting to lesivity proceedings is of an exceptional nature. b) that the term to effect the declaration of nullity of the act is one of expiration, and therefore, it operates until such time as it is made effective by the Administration; in this case, the declaration of nullity of the appointment itself. c) The filing of an amparo appeal does not have the virtue of interrupting or suspending the expiration period that begins to run from the issuance of the allegedly null act. 6.- The preceding consequences are consistent with the purpose that inspires the regulations governing this power, which is to provide legal certainty to the administered parties in whose favor subjective rights of some type have been declared through an administrative act. This unfailingly requires that the term to do so be absolutely rigid, because otherwise, there would be total uncertainty and the limit established precisely through the four-year period would be denatured, so that it is not subject to circumstances of any nature that might arise during the proceedings prior to the declaration of nullity, - be it the development of the ordinary administrative process and the request for criteria from this Office -, proceedings that in no way have the quality of interrupting or suspending the lapse of the period in question.\" (See in this regard, in a similar sense, Rulings C-182-89 of October 4, 1989; C-032-92 of February 17, 1992; C-111-93 of August 24, 1993; C-117-95 of May 31, 1995; C-141-95 of June 21, 1995; C-030-96 of February 19, 1996, C-037-99 of February 11, 1999; C-052-2000 and C-050-2000 both of March 16, 2000).\n\nIn addition to this, it must be considered that the act by which it is agreed to initiate an administrative procedure aimed at declaring the absolute, evident, and manifest nullity of an act declaring rights is a preparatory act to the final one, which will be the one deciding on the existence of the nullity. Only with the issuance of that final act is the occurrence of the four-year expiration period established in the aforementioned subsection 5) of Article 173 of the General Law on Public Administration avoided. In that sense, it is reiterated that because it is an expiration period, it is uninterruptible, so the Administration's decision to initiate the administrative procedure aimed at declaring the absolute, evident, and manifest nullity of an administrative act cannot have the effect of interrupting the period foreseen in subsection 5) of Article 173.\n\nIn this way, once the indicated period has elapsed, the possibility of ex officio review by the Administration expires, so that the acts that have conferred rights on administered parties, even if they present defects, become intangible.\n\nIn the case at hand, the cited four-year period was completed on March 16, 2004, by virtue of the fact that the main act intended to be declared null is resolution No. RES-AUT-DGA-106-2000 dated March 16, 2000.\n\nConsequently, this Attorney General's Office finds itself unable to render the mandatory ruling referred to in numeral 173 of the General Law on Public Administration, as the period has expired.\n\nOn the other hand, with regard to the administrative acts derived from the cited resolution of March 16, 2000, mentioned in the official communication sent to us, it is also not possible to render the favorable ruling requested, since in addition to being accessory acts of the cited resolution, these acts were not duly notified to Mr. XXX, as will be elaborated upon below.\n\nNotwithstanding the foregoing, it is necessary to further point out the defects that were found in the file and which are detailed so that they may be observed in future cases.\n\nIII- DEFECTS IN THE PROCEDURE\n\nA) INITIATION OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE AND THE NOTIFICATION OF CHARGES.\n\nIt becomes essential that from the initiation of the administrative procedure, the nature and purposes of the process are correctly established, so that the affected party has full knowledge of the act declaring rights, duly individualized and reliably recorded in the file, whose absolute, evident, and manifest nullity is intended to be declared, in accordance with Article 173 of the General Law on Public Administration, as well as the possible legal consequences of said annulment.\n\nBy means of agreement No. DM-021 dated December 6, 2002, and resolution No. 709-2003 of 10:30 a.m. on August 25, 2003, the directing body of the procedure aimed at declaring the absolute, evident, and manifest nullity of resolution No. RES-AUT-DGA-106-2000 of 1:00 p.m. on March 16, 2000, as well as \"of the acts derived from that authorization, among others, resolution No. RES-DIV-REG-907-2001, of ten fifteen in the morning on October twenty-sixth, two thousand one, where the last application filed by Mr. XXX for deregistration as Customs Agent Assistant of Independent Agent Adolfo Fallas Segura, and registration as assistant of the Customs Agency Servicios de Correduría Aduanera S.A. is heard\" (Folios 52 to 55 and 77).\n\nAs can be observed, the deciding body only individualized one act derived from the resolution of March 16, 2000. For its part, the directing body, in its first resolution and through which Mr. XXX was notified of the charges, established that the procedure was \"to declare the absolute, evident, and manifest nullity of resolution number RES-AUT-DGA-106-2000 of one o'clock in the afternoon on March sixteenth, two thousand, issued by the Dirección General de Aduanas of the Ministry of Finance, which authorizes Mr. XXX to act as a Customs Agent Assistant, as well as the acts derived from that authorization.\" (Bold emphasis from the original). (Folio 78).\n\nUnder this context, the acts derived from the positive application of the authorization as a Customs Agent Assistant were not detailed or individualized to Mr. XXX, even though their relationship is manifest. Regarding this matter, in a case similar to the one at hand, this Attorney General's Office of the Republic ruled as follows:\n\n\" (...) if in the opening act of an administrative procedure it was indicated that the procedure was aimed at declaring the absolute, evident, and manifest nullity of a specific administrative act, a final resolution cannot be issued establishing the nullity of other acts, even if their relationship is manifest, because there has been no notification of charges or imputation regarding these.\" (Emphasis is not from the original). (Ruling No. C-055-2000 of March 20, 2000).\n\nThe Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, referring to the principles of notification of charges and imputation - contained within the constitutional principle of due process regulated in numeral 41 of our Political Constitution - and the obligation to establish the nature and purposes of the procedure, has stated the following:\n\n\"a) Principle of notification of charges: consists of the procedural act through which the formal accusation is made known to the official. The formulation of charges must be done through a timely, express, precise, clear, and detailed account of the facts imputed to him and their legal consequences. b) Principle of imputation: it is the right to a formal accusation; the adjudicator must individualize the accused, describe in detail, precisely, and clearly the fact imputed to him. A clear legal classification of the fact must also be made, establishing the legal bases of the accusation and the specific punitive claim. Thus, the accused may defend himself against an alleged punishable or sanctionable act, as in this case, and not against simple conjectures or suppositions.\" (Vote No. 632-99 of 10:48 a.m. on January 29, 1999. In a similar sense, see Votes No. 2253-98 of 1:03 p.m. on March 27, and No. 2376-98 of April 1, both of 1998).\n\n\"IV. The principle of notification of charges intends to guarantee two aspects: a) that the investigated person is accurately informed of the facts giving rise to the process of interest, so that he can provide for his defense, and b) that in the ruling on the merits, there is an identity between what was notified and what was resolved.\" (Vote No. 955-95 of 10:30 a.m. on February 17, 1995). (The underlining is not from the original).\n\nAlong the same line of reasoning, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated:\n\n\"III.- The issue of the protection of due process, a constitutional principle grounded in Article 41 of our Magna Carta, has been addressed on repeated occasions by the respective Chamber. In such pronouncements, it has indicated what should be considered basic elements of the principle in reference. Thus, for example, votes 15-90 of 4:45 p.m. on 1-5-90 and 1734 of 3:26 p.m. on 9-4-9, refer to the issue in the following terms: (...) IV. Observe how in the process, the guarantee of a series of rights must be sought in an integral manner. That is, if any one of them is diminished or entirely prevented from being exercised, the entire process suffers nullity as a consequence of the transgression of due process. Therefore, each case must be assessed with utmost care, because despite the possibility of determining basic elements in relation to that principle, it becomes practically impossible to conform a unique scheme or framework - always applicable - which is an infallible protector of due process. Especially considering that the circumstances of the process are ultimately what allow concluding whether the principle was satisfied or not. (...) The notification of charges must be express, precise, and particularized. It is not for the administered party to deduce, from the accumulation of information and actions contained in an administrative file, what the charges attributed to him are. The foregoing could even lead him to not pronounce on some of them because he did not assess them as such; or because he did not locate them in the file, which undermines both the right of defense and due process.\" (Resolution No. 21 of 2:15 p.m. on April 9, 1997.) (The underlining is ours).\n\nConsequently, it becomes essential that from its initiation, the affected party has full knowledge of the act or acts whose absolute, evident, and manifest nullity is intended to be declared, and that this is reliably recorded in the file.\n\nB) REGARDING THE ORAL AND PRIVATE HEARING.\n\nIt has been made clear in the preceding lines that a proper notification of charges is relevant for exercising an adequate right of defense; and if this does not occur, consequently the legal hearing, as the suitable means contemplated by the General Law on Public Administration for the exercise of the broadest defense of the parties, does not achieve its purpose, given that the party does not have all the factual and legal elements that give rise to the procedure, even though by its nature the party may waive the appearance, if deemed necessary to protect its rights and interests, as a derivation of the guarantee contained in Article 39 of the Magna Carta, which stipulates that no one can be compelled to testify against himself (see in this regard the judgment of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice No. 126-96 of 3:57 p.m. on January 9, 1996).\n\nRegarding this matter, the Spanish jurist Jesús González Pérez, in his work \"EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL,\" affirms that the \"cited hearing gives the interested party the possibility of contributing their version of the facts to the file (in the dual factual and legal version) which, as an additional element of judgment, is in any case essential for the deciding authority to resolve knowing the data or arguments that the administered party may legally contribute with the purpose of counteracting evidence or a position that prima facie or presumptively appears adverse to them.\" (Madrid, Editorial Civitas S.A, 1989, pp. 176-177).\n\nIn addition to the above, it must also be kept in mind that although in resolution No. ODP-002-2003, of 2:00 p.m. on October 16, 2003, in recital XX the directing body establishes that \"on the day and time indicated for the hearing, Mr. XXX did not appear for it, nor did he justify the reasons for his absence,\"; nevertheless, in the file sent, the respective record which should have been drawn up in accordance with numerals 270 and 313 of the General Law on Public Administration is not included; this as a guarantee of the correct development of the process.\n\nC) UNCERTIFIED PHOTOCOPIES.\n\nThere are various documents that are simple uncertified photocopies, as is required by Law, for example, folios 73 and 74 and 94 to 97.\n\nRegarding the issue of uncertified photocopies, this Attorney General's Office has commented as follows:\n\n\"In accordance with numeral 298 of the General Law on Public Administration, the means of proof may be all those permitted by Public Law, even if they are not admissible under Common Law. It also states that, unless otherwise provided, the evidence shall be assessed in accordance with the rules of sound judgment.\n\nThus, although there is freedom of proof within the administrative procedure, the Administration and the interested parties must ensure that these are issued in the most truthful manner possible. Hence, studying the matter with simple photocopies may induce errors when assessing the facts of the case (consider the difference, in terms of their evidentiary value, between public and private documents – Articles 369, 370, and 379 of the Code of Civil Procedure).\" (Ruling No. C-060-2001 of March 6, 2001).\n\nThe Attorney General's Office of the Republic has been consistent in affirming that \"(...) order in the processing of the procedure forms part of the cited constitutional guarantee [due process].\" (See in this regard, for example, legal opinion No. O.J. 060-98 of July 15, 1998, and Rulings numbers C-210-00 of September 4 and C-290-2000 of November 20, both of the year 2000).\n\nFinally, it is imperative to mention that it must be kept in mind that if, within the development of the administrative procedure, any type of violation of the principles of due process becomes evident, the Administration must annul the respective act (for example, oral and private hearing), as well as the subsequent actions and resolutions, a procedural phase to which said procedure must be reverted, by virtue of the fact that the \"total or partial non-compliance with the ordering guidelines of the administrative procedure entails legal sanctions to repair the unlawfulness in pursuit of safeguarding the soundness of the law.\" (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59).\n\nIV- CONCLUSION.\n\nIn accordance with the considerations set forth, it is not possible for this Attorney General's Office to render the favorable ruling referred to in Article 173 of the General Law on Public Administration, regarding resolution No. RES-AUT-DGA-106-2000 dated March 16, 2000, as the four-year period foreseen in subsection 5) of said norm has elapsed. Due to the foregoing, it is also not possible to render the favorable ruling requested regarding the administrative acts derived from the cited resolution, as these are accessory acts thereof, and they were not duly notified.\n\nOf the Minister of Finance, respectfully signs,\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\nAssistant Attorney General\n\nAttached is the file that was sent to us.\n\nACACHA/Sylvia A."
}