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  "id": "pgr-13074",
  "citation": "C-118-2005",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Imposibilidad de emitir dictamen por vicios en procedimiento de nulidad",
  "title_en": "Inability to issue opinion due to flaws in nullity procedure",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República se abstiene de emitir el dictamen solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la nulidad de una inscripción de nacimiento, debido a vicios en el procedimiento administrativo. Señala que el acto de apertura no identificó el acto declaratorio de derechos a anular ni los fundamentos de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Además, evidencia una subdelegación ilegal de la competencia del Inspector Electoral al Sub-Inspector, en contravención del artículo 90 b) de la Ley General de la Administración Pública y del principio de legalidad. La Procuraduría condiciona la emisión de su criterio a la subsanación de estos vicios y a que se respete el plazo de caducidad de cuatro años del artículo 173 LGAP.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office refuses to issue the opinion requested by the Supreme Electoral Tribunal on the nullity of a birth registration due to procedural flaws. It notes that the opening act failed to identify the rights-creating act to be annulled or the grounds for absolute, evident, and manifest nullity. It also points to an illegal subdelegation of the Electoral Inspector's authority to the Deputy Inspector, in violation of Article 90(b) of the General Public Administration Law and the principle of legality. The Attorney General conditions its opinion on the correction of these flaws and on compliance with the four-year statute of limitations of Article 173 LGAP.",
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  "date": "31/03/2005",
  "year": "2005",
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  "es_concept_hints": [
    "nulidad absoluta, evidente y manifiesta",
    "subdelegación",
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    "acto declaratorio de derechos",
    "vicios en el procedimiento"
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    "Procuraduría General de la República",
    "nulidad absoluta",
    "procedimiento administrativo",
    "subdelegación",
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    "artículo 173 LGAP",
    "Tribunal Supremo de Elecciones",
    "Inspector Electoral",
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  "keywords_en": [
    "Attorney General's Office",
    "absolute nullity",
    "administrative procedure",
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    "Article 173 LGAP",
    "Supreme Electoral Tribunal",
    "Electoral Inspector",
    "rights-creating act"
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  "excerpt_es": "Analizado el expediente en el que se llevó a cabo la gestión que nos ocupa, este Órgano Asesor no puede acceder a la petición planteada por ese Tribunal debido a la existencia de vicios en la tramitación del procedimiento ordinario correspondiente, situación que debe ajustarse a Derecho como requisito previo a emitir el dictamen solicitado.\n\nEn primer término, el acuerdo no indica cuál es el acto declaratorio de derechos que se pretende anular, y tampoco se establecen los reproches jurídicos sobre la supuesta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto.\n\nNo consta en el expediente documento alguno mediante el cual el Inspector le da instrucciones al Sub-Inspector para tramitar el procedimiento. En todo caso, el Inspector Electoral no podía, por imperio de ley, delegar esa competencia, que le ha sido dada expresamente por el órgano competente para hacerlo como es el Tribunal Supremo de Elecciones.",
  "excerpt_en": "Having examined the file on the matter at hand, this Advisory Body cannot grant the request made by the Tribunal due to defects in the processing of the corresponding ordinary procedure, a situation that must be corrected in accordance with the law before issuing the requested opinion.\n\nIn the first place, the agreement does not indicate the rights-creating act sought to be annulled, nor does it set out the legal objections to the alleged absolute, evident, and manifest nullity of the act.\n\nThere is no document in the file by which the Inspector instructs the Deputy Inspector to handle the procedure. In any event, by law, the Electoral Inspector could not delegate that authority, which was expressly granted by the competent body, the Supreme Electoral Tribunal.",
  "outcome": {
    "label_en": "Opinion denied",
    "label_es": "Dictamen denegado",
    "summary_en": "The Attorney General's Office declines to issue the opinion requested by the Supreme Electoral Tribunal until the procedural defects are rectified and the statute of limitations under Article 173 LGAP is observed.",
    "summary_es": "La Procuraduría se abstiene de emitir el dictamen solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones hasta que se subsanen los vicios de procedimiento y se cumpla el plazo de caducidad del artículo 173 LGAP."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Consideración sobre la apertura del procedimiento",
      "quote_en": "Thus, it is essential that from the beginning of the administrative procedure, the rights-creating act be correctly established... as well as the possible legal consequences of such annulment.",
      "quote_es": "Así, deviene indispensable que desde el inicio del procedimiento administrativo se establezca correctamente el acto declaratorio de derechos... y las posibles consecuencias jurídicas de dicha anulación."
    },
    {
      "context": "Consideración sobre subdelegación ilegal",
      "quote_en": "By law, the Electoral Inspector could not delegate that authority, which was expressly granted by the competent body, the Supreme Electoral Tribunal...",
      "quote_es": "El Inspector Electoral no podía, por imperio de ley, delegar esa competencia, que le ha sido dada expresamente por el órgano competente para hacerlo como es el Tribunal Supremo de Elecciones..."
    },
    {
      "context": "Consideración sobre principio de legalidad",
      "quote_en": "Public officials may not arrogate powers not granted by law, in accordance with the principle of legality.",
      "quote_es": "Los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la Ley no les concede de conformidad con lo que al efecto estatuye el principio de legalidad."
    },
    {
      "context": "Consideración sobre carácter excepcional de la nulidad absoluta",
      "quote_en": "The Administration's power to annul rights-creating acts without resorting to lesividad proceedings is exceptional and limited to cases where the nullity is absolute, evident, and manifest.",
      "quote_es": "La potestad de la Administración para anular actos declaratorios de derechos sin recurrir al contencioso de lesividad es excepcional, y está limitada a los casos en donde la nulidad, además de absoluta, presente las características de ser evidente y manifiesta."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=13074&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 118 del 31/03/2005   \n\n\n\nC-118-2005\n\n\n\n\n31 de marzo del 2005\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\nAlejandro Bermúdez Mora\n\nSecretario\n\n\n\n\nTribunal Supremo de Elecciones\n\n\n\n\nS.       O.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato referirme a su\noficio N° 1134-TSE-2005 de fecha 28 de febrero del 2005, recibido en esta Procuraduría el día 1° de\nmarzo del año en curso y asignado a la suscrita al día siguiente, dando respuesta en los siguientes\ntérminos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI-               ASUNTO PLANTEADO.\n\n\n\n Se nos remite copia certificada del expediente administrativo N° 042-CO-2005  correspondiente al\n“Procedimiento de Nulidad en razón del trámite de inscripción de mayor de diez años de XXX”, en\nvirtud de que el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución de las 12:00 horas del 22 de\nfebrero del 2005, solicita que esta Procuraduría emita el dictamen a que hace referencia el numeral\n173 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII-        IMPOSIBILIDAD DE EMITIR EL CRITERIO SOLICITADO.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Analizado el expediente en el que se llevó a cabo la gestión que nos ocupa, este Órgano Asesor no\npuede acceder a la petición planteada por ese Tribunal debido a la existencia de vicios en la\ntramitación del procedimiento ordinario correspondiente, situación que debe ajustarse a Derecho como\nrequisito previo a emitir el dictamen solicitado. En ese sentido, se indica lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n·    EN RELACION CON LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO Y NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DIRECTOR.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Tribunal Supremo de Elecciones en sesión N° 116-2004, celebrada el 17 de agosto del 2004,\nacuerda:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“ARTICULO SEGUNDO.-\n\n\n\n\n \n\n\n\n Del señor Jaime Garita, Inspector Electoral, se conoce oficio N°. 293-004-I.E. del 10 del mes en\ncurso, mediante el cual se refiere a la situación presentada ante un trámite de inscripción de\nnacimiento ante un trámite de nacimiento de mayor de 10 años, correspondiente a XXX (Expediente\n105-2003).\n\n\n\n Se dispone: Iníciese el procedimiento de nulidad previsto en el artículo 173 de la Ley General de\nla Administración Pública, designándose al efecto al propio Inspector Electoral como órgano director\ndel mismo. ACUERDO FIRME.” (El destacado en negrita es del original). (Folios 138 y 139 del\nexpediente administrativo).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Mediante el acuerdo anterior el Tribunal Supremo de Elecciones inicia el procedimiento de nulidad\nprevisto en el artículo 173 de la LGAP y nombra como órgano director al Inspector Electoral. Sobre\nel particular, es preciso señalar:\n\n\n\n\n \n\n\n\n En primer término, el acuerdo no indica cuál es el acto declaratorio de derechos que se pretende\nanular, y tampoco se establecen los reproches jurídicos sobre la supuesta nulidad absoluta, evidente\ny manifiesta del acto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así, deviene indispensable que desde el inicio del procedimiento administrativo se establezca\ncorrectamente el acto declaratorio de derechos, debidamente individualizado y que conste\nfehacientemente en el expediente, que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, así\ncomo el carácter y fines del proceso, y las posibles consecuencias jurídicas de dicha anulación.\n(Véase - entre otros - los dictámenes números C-211-2004 del 29 de junio 2004 y C-263-2004 del 09 de\nsetiembre, ambos del 2004 y C-013-2005 del 14 de enero y C-075-2005 del 18 de febrero, ambos del\n2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n En segundo término, obsérvese que quién inicia el procedimiento administrativo no es el órgano\ndirector al cual el Tribunal le delegó la competencia de instruir el procedimiento, a saber el\nInspector Electoral - según los términos del transcrito acuerdo N° 116-2004-, sino el Sub-Inspector\nElectoral. En ese sentido, en la citada resolución del 8 de diciembre del 2004 se lee:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “(…) el suscrito Sub-Inspector Electoral con instrucciones del señor Inspector Electoral da inicio\nal Procedimiento Administrativo Ordinario (…)”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n No consta en el expediente documento alguno mediante el cual el Inspector le da instrucciones al\nSub-Inspector para tramitar el procedimiento. En todo caso, el Inspector Electoral no podía, por\nimperio de ley, delegar esa competencia, que le ha sido dada expresamente por el órgano competente\npara hacerlo como es el Tribunal Supremo de Elecciones (véase al efecto el dictamen N° C-022-2005\ndel 19 de enero del 2005), en otro órgano o sujeto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En apoyo de lo anterior, es de rigor expresar que el inciso b) del artículo 90 de la LGAP\nestablece, diáfanamente, que la delegación tendrá como límite la imposibilidad de delegar potestades\ndelegadas, es decir “imposibilidad de transferir una competencia que haya sido a su vez delegada o\nque implique que la misma se encarga de modo total al delegado (…)”  (Dictamen N° C-171-95 del 7 de\nagosto de 1995).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así, \"… el órgano delegado no ejerce ninguna competencia propia, sino la competencia de otro\nórgano, es decir, actúa nomine alieno; en consecuencia,...\" Alfredo, GALLEGO ANABITARTE:\nTransferencia y Descentralización; Delegación y desconcentración; mandato y gestión o encomienda\".\nRevista de Administración Pública, N. 122, mayo-agosto 1990, p. 53. (Dictamen N° C-052-2001 del 23\nde febrero del 2001).\n\n\n\n\n \n\n\n\n De esta manera, resulta jurídicamente improcedente la subdelegación efectuada al Sub-Inspector\nElectoral.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por otra parte, los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades que la Ley no les concede\nde conformidad con lo que al efecto estatuye el principio de legalidad - contenido en los numerales\n11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública-, marco de\nreferencia dentro del cual se desenvuelve la Administración Pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSobre el particular, en el dictamen N° C-128-2002 de 24 de mayo del 2002, esta Procuraduría comentó:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"Debemos recordar que, en el Estado democrático, el ejercicio del poder es limitado; está sujeto a\nreglas previas y precisas, las cuales delimitan la competencia de los órganos y entes públicos; o\nsea, que sus potestades están claramente fijas de antemano, para alcanzar el fin que el ordenamiento\njurídico les impone. ‘En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de\nderecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al\nordenamiento jurídico, a partir de una definición básica según la cual toda autoridad o institución\npública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por\nel mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e instituciones públicas\nsólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo\nque no les esté autorizado les está vedado.’ (Véase el Voto Nº440-98 de la Sala Constitucional.)\n\n\n\n El Estado de Derecho supone, según HAURIOU, una gran fe jurídica. ‘En efecto, cualesquiera que sean\nlas peripecias de la lucha, las iniciativas de los ciudadanos o las resistencias de los gobernantes,\nde lo que se trata es de la sumisión del Estado al Derecho; más precisamente, de obligar a los\ngobernantes a actuar siempre en el marco de un Estado, desde ahora dota de una Constitución, de\nconformidad con las reglas jurídicas que hayan sido establecidas por el pueblo o por sus\nrepresentantes.’ (HAURIOU, André Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Ediciones Ariel,\nBarcelona-España, 1970, página 191). Desde esta perspectiva, y parafraseando al gran jurista HANS\nKELSEN, el Derecho es el lenguaje ética y jurídicamente válido a través del cual se expresa el\npoder. En otras palabras, en la sociedad democrática el Estado sólo puede actuar a través del\nDerecho, ya que una actuación al margen o en contra de él supone una acción arbitraria y, por ende,\nsujeta a ser anulada por las autoridades competentes.\n\n\n\n A diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, donde los sujetos están regidos por el\nprincipio de libertad (todo lo que no está prohibido está permitido), y sus dos componentes\nesenciales: el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de igualdad entre las partes\ncontratantes), la Administración Pública está regentada, tanto en su organización como en su\nfuncionamiento, por el principio de legalidad (todo lo que no está autorizado está prohibido).\n\n\n\n El principio de legalidad ha sido definido como una técnica de libertad y una técnica de autoridad\n(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo Y OTRO. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas, Madrid-\nEspaña, reimpresión a la tercera edición, 1980). Lo primero, porque en todo Estado de Derecho el\npoder está sometido al Derecho, tal y como se indicó supra. Con base en lo anterior, el Estado sólo\npuede expresarse a través de normas habilitantes del ordenamiento jurídico, las cuales responden a\nlos ideales y a las aspiraciones de los habitantes de las sociedades democráticas, con lo que se\nbusca evitar actuaciones que afecten las libertades fundamentales de la persona. El principio de\nlegalidad constituye un presupuesto esencial para garantizar la libertad; sin él, el ciudadano\nestaría a merced de las actuaciones discriminatorias y abusivas de los poderes públicos.\n\n\n\n Por otra parte, el principio de legalidad es una técnica de autoridad, porque gracias a él se le\notorgan las potestades jurídicas a la Administración Pública para que cumpla con los fines que le\nimpone el ordenamiento jurídico. Desde esta óptica, el principio de legalidad es una garantía para\nel administrado, ya que gracias a él, la Administración posee los poderes suficientes que le\npermiten desplegar las actividades necesarias para satisfacer el interés público. Ahora bien, sólo\nes legítimo el utilizar esas atribuciones en los fines que expresa o implícitamente le impone el\nordenamiento jurídico a la Administración Pública, porque de lo contrario, se caería en vicio de\ndesviación de poder. También, la validez del uso de esos poderes, está condicionada al ejercicio\nrazonable y donde exista una relación lógica y justa entre los medios empleados y los fines\nperseguidos, ya que de no ser así, se caería en el vicio de exceso de poder.\n\n\n\n Así las cosas, podemos afirmar que la Administración Pública en la sociedad democrática está\nsometida al principio de legalidad. Con base en él, aquélla sólo puede realizar los actos que están\npreviamente autorizados por el ordenamiento jurídico. En efecto, señala el artículo 11 LGAP, que la\nAdministración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos\nactos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala\njerárquica de sus fuentes.\n\n\n\n Por su parte, la Sala Constitucional de Costa Rica, en el voto N° 440-98, ha sostenido la tesis de\nque, en el Estado de Derecho, el principio de legalidad postula una forma especial de vinculación de\nlas autoridades e institución públicas al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, ‘…toda\nautoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre\napoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las\nautoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que este constitucional y legalmente\nautorizado en forma expresa, y todo lo que no esté autorizado les está vedado -; así como sus dos\ncorolarios más importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima,\nque tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es\ncasi absoluto.’ (Véase el voto N° 440-98 de la Sala Constitucional).\n\n\n\n En otra importante resolución, la N° 897-98, el Tribunal Constitucional de Costa Rica estableció lo\nsiguiente:\n\n\n\n ‘Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar\nregulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la\nley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídicos - reglamentos\nejecutivos y autónomos especialmente; O sea, en última instancia, a lo que se conoce como el ‘\nprincipio de juridicidad de la Administración’. En este sentido es claro que, frente a un acto\nilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que\nesté a su alcance para enderezar la situación.’\n\n\n\n En síntesis, el principio de legalidad constituye un presupuesto esencial del Estado de Derecho y,\npor ende, del sistema democrático. Ergo, ningún ente ni órgano, que conforma la Administración\nPública, puede actuar si no existe una norma del ordenamiento jurídico que lo habilite.\" (En igual\nsentido el dictamen N° C-178-2002 08 de julio del 2002. Véase también los dictámenes números\nC-126-2003 y C-132-2003 del 9 y 15 de mayo, respectivamente, ambos del 2003, C-034-2004 del 28 de\nenero, C-070-2004 del 26 de febrero, y C-373-2004 del 10 de diciembre, todos del año 2004 y el\nC-098-2005 del 4 de marzo del 2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por consiguiente, esta Procuraduría en el ejercicio de la función de “control previo o preventivo\nde legalidad”  no emite el dictamen del numeral 173 de la LGAP  hasta tanto no sean subsanados por\nparte del Tribunal los vicios apuntados. (Véase el voto N° 4369-2003 de las 8:30 horas del 23 de\nmayo del 2003 de la Sala Constitucional y el dictamen de esta Procuraduría N° C-032-2005 del 25 de\nenero del 2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Finalmente, no está de más recordar que la potestad de la Administración para anular actos\ndeclaratorios de derechos sin recurrir al contencioso de lesividad es excepcional, y está limitada a\nlos casos en donde la nulidad, además de absoluta, presente las características de ser evidente y\nmanifiesta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Interesa acotar también, que el acto mediante el que se acuerda iniciar un procedimiento\nadministrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto\ndeclaratorio de derechos, es un acto preparatorio del final que será aquel en que se decida sobre la\nexistencia de la nulidad. Únicamente con la emisión de ese acto final es que se evita el\nacaecimiento del plazo de caducidad de cuatro años establecido en el mencionado inciso 5) del\nartículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En efecto, se reitera que por tratarse\nde un plazo de caducidad, éste es ininterrumpible, por lo que la decisión de la Administración de\niniciar el procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta de un acto administrativo, no puede tener el efecto de interrumpir el plazo previsto en\nel inciso 5) del artículo 173.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII-      CONCLUSION.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De conformidad con las consideraciones expuestas, no resulta posible para esta Procuraduría rendir\nel criterio solicitado, hasta tanto no sean subsanados por parte de ese Tribunal los vicios\napuntados, y  se esté dentro del plazo de los cuatro años a que alude el inciso 5) del supracitado\nnumeral 173.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Del señor Secretario del Tribunal Supremo de Elecciones, deferentemente suscribe,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\n\n\n\n\nProcuradora Adjunta\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAdjunto la copia certificada del expediente N° 042-CO-2005 que nos fuera remitido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nACACHA/kjm",
  "body_en_text": "Opinion: 118 of 03/31/2005\n\nC-118-2005\n\nMarch 31, 2005\n\nLicenciado\nAlejandro Bermúdez Mora\nSecretary\nSupreme Electoral Tribunal\nS. O.\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I am pleased to refer to your official letter No. 1134-TSE-2005 dated February 28, 2005, received by this Attorney General's Office on March 1 of this year and assigned to the undersigned the following day, responding in the following terms:\n\nI- ISSUE RAISED.\n\nA certified copy of administrative case file No. 042-CO-2005 is sent to us, corresponding to the \"Nullity Procedure due to the registration process for a person over ten years of age, XXX,\" by virtue of the fact that the Supreme Electoral Tribunal, through a resolution at 12:00 hours on February 22, 2005, requests that this Attorney General's Office issue the opinion referred to in Article 173 of the General Public Administration Act (hereinafter LGAP).\n\nII- INABILITY TO ISSUE THE REQUESTED OPINION.\n\nHaving analyzed the case file in which the proceeding that concerns us was carried out, this Advisory Body cannot grant the request made by that Tribunal due to the existence of defects in the processing of the corresponding ordinary procedure, a situation that must be adjusted to Law as a prerequisite for issuing the requested opinion. In that regard, the following is indicated:\n\n· REGARDING THE INITIATION OF THE PROCEDURE AND APPOINTMENT OF THE DIRECTING BODY.\n\nThe Supreme Electoral Tribunal, in session No. 116-2004, held on August 17, 2004, resolves:\n\n\"ARTICLE TWO.-\n\nFrom Mr. Jaime Garita, Electoral Inspector, official letter No. 293-004-I.E. of the 10th of the current month is acknowledged, by which he refers to the situation presented before a birth registration process for a person over 10 years of age, corresponding to XXX (Case File 105-2003).\n\nIt is ordered: Initiate the nullity procedure provided for in Article 173 of the General Public Administration Act, designating for this purpose the Electoral Inspector himself as the directing body thereof. FINAL AGREEMENT.\" (The bold highlighting is from the original). (Folios 138 and 139 of the administrative case file).\n\nThrough the previous agreement, the Supreme Electoral Tribunal initiates the nullity procedure provided for in Article 173 of the LGAP and appoints the Electoral Inspector as the directing body. In this regard, it is necessary to point out:\n\nIn the first place, the agreement does not indicate which declaratory act of rights is intended to be annulled, nor are the legal objections regarding the alleged absolute, evident, and manifest nullity of the act established.\n\nThus, it becomes indispensable that, from the beginning of the administrative procedure, the declaratory act of rights be correctly established, duly individualized and reliably recorded in the case file, its absolute, evident, and manifest nullity being intended to be declared in accordance with Article 173 of the General Public Administration Act, as well as the nature and purposes of the process, and the possible legal consequences of said annulment. (See - among others - opinions numbers C-211-2004 of June 29, 2004, and C-263-2004 of September 9, both of 2004, and C-013-2005 of January 14 and C-075-2005 of February 18, both of 2005).\n\nIn the second place, it should be noted that the one initiating the administrative procedure is not the directing body to which the Tribunal delegated the competence to conduct the procedure, namely the Electoral Inspector - according to the terms of the transcribed agreement No. 116-2004 - but rather the Deputy Electoral Inspector. In that sense, the cited resolution of December 8, 2004, reads:\n\n\"(…) the undersigned Deputy Electoral Inspector, with instructions from the Electoral Inspector, initiates the Ordinary Administrative Procedure (…)\".\n\nThere is no document whatsoever in the case file by which the Inspector gives instructions to the Deputy Inspector to process the procedure. In any case, the Electoral Inspector could not, by force of law, delegate that competence, which was expressly given to him by the competent body to do so, which is the Supreme Electoral Tribunal (see to that effect opinion No. C-022-2005 of January 19, 2005), to another body or subject.\n\nIn support of the above, it is essential to state that subsection b) of Article 90 of the LGAP clearly establishes that delegation shall have as a limit the impossibility of delegating delegated powers, that is, \"impossibility of transferring a competence that has, in turn, been delegated or that implies that it is entirely entrusted to the delegate (…)\" (Opinion No. C-171-95 of August 7, 1995).\n\nThus, \"... the delegated body does not exercise any competence of its own, but rather the competence of another body, that is, it acts nomine alieno; consequently,...\" Alfredo, GALLEGO ANABITARTE: Transfer and Decentralization; Delegation and Deconcentration; Mandate and Management or Entrustment\". Revista de Administración Pública (Public Administration Review), N. 122, May-August 1990, p. 53. (Opinion No. C-052-2001 of February 23, 2001).\n\nIn this way, the subdelegation made to the Deputy Electoral Inspector is legally improper.\n\nMoreover, public officials cannot assume powers that the Law does not grant them, in accordance with what is stipulated to that effect by the principle of legality - contained in Articles 11 of the Political Constitution and of the General Public Administration Act - a reference framework within which the Public Administration operates.\n\nIn this regard, in opinion No. C-128-2002 of May 24, 2002, this Attorney General's Office commented:\n\n\"We must remember that, in the democratic State, the exercise of power is limited; it is subject to prior and precise rules, which delimit the competence of public bodies and entities; that is, their powers are clearly fixed beforehand, to achieve the end that the legal system imposes upon them. 'In the most general terms, the principle of legality in the rule of law postulates a special form of binding the authorities and public institutions to the legal system, based on a basic definition according to which every authority or public institution is such and can only act to the extent that it is empowered to do so by the same legal system, and normally by express text - for public authorities and institutions, only what is constitutionally and legally authorized in express form is permitted, and everything that is not authorized is forbidden to them.' (See Resolution No. 440-98 of the Constitutional Chamber.)\n\nThe Rule of Law presupposes, according to HAURIOU, a great legal faith. 'Indeed, whatever the vicissitudes of the struggle, the initiatives of the citizens, or the resistance of the rulers, what is at stake is the submission of the State to the Law; more precisely, to oblige the rulers to always act within the framework of a State, henceforth endowed with a Constitution, in conformity with the legal rules that have been established by the people or by their representatives.' (HAURIOU, André Derecho Constitucional e Instituciones Políticas (Constitutional Law and Political Institutions), Ediciones Ariel, Barcelona-Spain, 1970, page 191). From this perspective, and paraphrasing the great jurist HANS KELSEN, Law is the ethically and legally valid language through which power is expressed. In other words, in a democratic society, the State can only act through Law, since an act outside or against it constitutes an arbitrary action and, therefore, subject to being annulled by the competent authorities.\n\nUnlike what occurs in the private sphere, where subjects are governed by the principle of freedom (everything that is not prohibited is permitted), and its two essential components: the principle of autonomy of will and the principle of equality between contracting parties), the Public Administration is governed, both in its organization and in its functioning, by the principle of legality (everything that is not authorized is prohibited).\n\nThe principle of legality has been defined as a technique of freedom and a technique of authority (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo AND ANOTHER. Curso de Derecho Administrativo (Administrative Law Course). Editorial Civitas, Madrid-Spain, reprint of the third edition, 1980). The first, because in every Rule of Law, power is subject to Law, as indicated supra. Based on the above, the State can only express itself through enabling norms of the legal system, which respond to the ideals and aspirations of the inhabitants of democratic societies, thereby seeking to avoid actions that affect the fundamental freedoms of the person. The principle of legality constitutes an essential prerequisite for guaranteeing freedom; without it, the citizen would be at the mercy of discriminatory and abusive actions by public powers.\n\nOn the other hand, the principle of legality is a technique of authority, because thanks to it, legal powers are granted to the Public Administration so that it can fulfill the ends imposed upon it by the legal system. From this viewpoint, the principle of legality is a guarantee for the administered party, since, thanks to it, the Administration possesses sufficient powers that allow it to deploy the activities necessary to satisfy the public interest. However, it is only legitimate to use those attributions for the ends that the legal system expressly or implicitly imposes on the Public Administration, because otherwise, one would incur the defect of abuse of power. Also, the validity of the use of those powers is conditioned upon reasonable exercise and where there is a logical and fair relationship between the means employed and the ends pursued, since if this were not the case, one would incur the defect of excess of power.\n\nThus, we can affirm that the Public Administration in a democratic society is subject to the principle of legality. Based on it, the former can only perform those acts that are previously authorized by the legal system. Indeed, Article 11 of the LGAP states that the Public Administration must act subject to the legal system and can only perform those acts or provide those public services that said system authorizes, according to the hierarchical scale of its sources.\n\nFor its part, the Constitutional Chamber of Costa Rica, in resolution No. 440-98, has upheld the thesis that, in the Rule of Law, the principle of legality postulates a special form of binding the authorities and public institutions to the legal system. From this perspective, '…every public authority or institution is such and can only act to the extent that it is empowered to do so by the same legal system, and normally by express text - for public authorities and institutions only what is constitutionally and legally authorized in express form is permitted, and everything that is not authorized is forbidden to them -; as well as its two most important corollaries, still within a general order; the principle of minimum regulation, which has special requirements in procedural matters, and that of legal reservation, which in this field is almost absolute.' (See resolution No. 440-98 of the Constitutional Chamber).\n\nIn another important resolution, No. 897-98, the Constitutional Court of Costa Rica established the following:\n\n'This principle means that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm, which means, of course, submission to the Constitution and to the law, preferentially, and in general to all the norms of the legal system - executive and autonomous regulations especially; That is, ultimately, to what is known as the 'principle of juridicity of the Administration'. In this sense, it is clear that, faced with an illicit or invalid act, the Administration has not only the duty but the obligation to do what is within its power to rectify the situation.'\n\nIn summary, the principle of legality constitutes an essential prerequisite of the Rule of Law and, therefore, of the democratic system. Ergo, no entity or body that makes up the Public Administration can act if there is no norm in the legal system that enables it.\" (In the same sense, opinion No. C-178-2002 of July 8, 2002. See also opinions numbers C-126-2003 and C-132-2003 of May 9 and 15, respectively, both of 2003, C-034-2004 of January 28, C-070-2004 of February 26, and C-373-2004 of December 10, all of the year 2004, and C-098-2005 of March 4, 2005).\n\nConsequently, this Attorney General's Office, in the exercise of the function of \"prior or preventive legality control,\" will not issue the opinion of Article 173 of the LGAP until the indicated defects are corrected by the Tribunal. (See resolution No. 4369-2003 of 8:30 hours on May 23, 2003, of the Constitutional Chamber and the opinion of this Attorney General's Office No. C-032-2005 of January 25, 2005).\n\nFinally, it is worth remembering that the Administration's power to annul declaratory acts of rights without resorting to lesivity litigation is exceptional, and is limited to cases where the nullity, besides being absolute, presents the characteristics of being evident and manifest.\n\nIt is also pertinent to note that the act by which it is agreed to initiate an administrative procedure aimed at declaring the absolute, evident, and manifest nullity of a declaratory act of rights is a preparatory act for the final one, which will be the one deciding on the existence of the nullity. Only with the issuance of that final act is the occurrence of the four-year expiration period established in the aforementioned subsection 5) of Article 173 of the General Public Administration Act avoided. Indeed, it is reiterated that since this is an expiration period, it is uninterruptible, so the Administration's decision to initiate the administrative procedure aimed at declaring the absolute, evident, and manifest nullity of an administrative act cannot have the effect of interrupting the period provided for in subsection 5) of Article 173.\n\nIII- CONCLUSION.\n\nIn accordance with the considerations set forth, it is not possible for this Attorney General's Office to render the requested opinion until the indicated defects are corrected by that Tribunal and it is within the four-year period alluded to in subsection 5) of the aforementioned Article 173.\n\nOf the Secretary of the Supreme Electoral Tribunal, deferentially subscribes,\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\nDeputy Attorney General\n\nAttached is the certified copy of case file No. 042-CO-2005 that was sent to us.\n\nACACHA/kjm"
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