{ "id": "pgr-13138", "citation": "C-166-2005", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Inadmisibilidad de consulta sobre justicia pronta en caso de feria municipal", "title_en": "Inadmissibility of consultation on prompt justice in a municipal fair case", "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta formulada por el asesor legal del Concejo Municipal de Orotina, al incumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la PGR. La gestión no fue planteada directamente por el jerarca administrativo, sino delegada en la asesoría legal, no se adjuntó un criterio jurídico sustantivo y se identificó un caso concreto (el expediente penal por las pérdidas de la Feria Nacional de las Frutas 1999), en lugar de plantear una cuestión jurídica genérica. La PGR reitera que su función consultiva se limita a asuntos de interpretación normativa abstracta y no a revisar opiniones legales internas o a pronunciarse sobre casos específicos en trámite.", "summary_en": "The Office of the Attorney General of the Republic rules the consultation submitted by the legal advisor of the Municipal Council of Orotina inadmissible, as it fails to meet the requirements of the PGR Organic Law. The request was not made directly by the administrative head but delegated to the legal advisor, no substantive legal opinion was attached, and a specific case was identified (the criminal file for the losses of the 1999 National Fruit Fair), instead of posing an abstract legal question. The PGR reiterates that its advisory function is limited to matters of abstract legal interpretation and does not include reviewing internal legal opinions or pronouncing on specific ongoing cases.", "court_or_agency": "", "date": "05/05/2005", "year": "2005", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "Procuraduría General de la República", "inadmisibilidad", "jerarca administrativo", "criterio jurídico", "caso concreto", "función consultiva", "Ley Orgánica 6815" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 4", "law": "Ley Orgánica de la PGR 6815" }, { "article": "Art. 5", "law": "Ley Orgánica de la PGR 6815" }, { "article": "Art. 41", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "Procuraduría General de la República", "consulta", "inadmisibilidad", "Ley Orgánica 6815", "criterio jurídico", "jerarca administrativo", "justicia pronta y cumplida", "Municipalidad de Orotina" ], "keywords_en": [ "Attorney General", "consultation", "inadmissibility", "Organic Law 6815", "legal opinion", "administrative head", "prompt and complete justice", "Municipality of Orotina" ], "excerpt_es": "En virtud de que la consulta formulada no reúne requisitos de admisibilidad (delegación del Concejo Municipal para que la inquietud la formule la asesoría legal, ausencia de un criterio jurídico admisible, identificación de un caso concreto), esta Procuraduría General se encuentra imposibilitada de entrar a conocer el fondo de la inquietud elevada a su conocimiento.", "excerpt_en": "Given that the consultation submitted does not meet the admissibility requirements (delegation by the Municipal Council for the legal advisory to formulate the inquiry, absence of an admissible legal opinion, identification of a specific case), this Attorney General's Office is unable to address the substance of the inquiry brought to its attention.", "outcome": { "label_en": "Inadmissible consultation", "label_es": "Consulta inadmisible", "summary_en": "The PGR declared the consultation inadmissible for failure to meet formal requirements under its Organic Law, as it was delegated to the legal advisor, lacked a substantive legal opinion, and raised a specific case rather than an abstract legal question.", "summary_es": "La PGR declaró inadmisible la consulta por no cumplir con los requisitos formales de su Ley Orgánica, al estar delegada en la asesoría legal, carecer de criterio jurídico sustantivo y plantear un caso concreto en lugar de una cuestión jurídica abstracta." }, "pull_quotes": [ { "context": "Dictamen C-018-2003 citado", "quote_en": "Consultations must deal with generic “legal questions,” meaning without identifying a specific case that is under study or to be decided by the consulting administration.", "quote_es": "Las consultas versan sobre “cuestiones jurídicas” en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración consultante." }, { "context": "Dictamen C-299-2002 citado", "quote_en": "It is not possible for the heads of different administrative units with standing to formulate consultations to the Attorney General's Office to delegate such authority to the legal advisor of the body or entity.", "quote_es": "No resulta posible que los jerarcas de los distintos repartos administrativos con legitimación para la formulación de consultas ante la Procuraduría General de la República, deleguen tal atribución en la figura del asesor legal del órgano u ente." }, { "context": "Dictamen C-277-2002 citado", "quote_en": "The Attorney General is compelled not to grant the request. First, it is not for the Attorney General, as the Administration's superior technical legal body, to assess whether a particular opinion expressed by an Administration's internal legal advisory is in conformity with the legal system.", "quote_es": "la Procuraduría se ve impelida a no acceder a su solicitud. 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Procuradora General de la República, me refiero a su\noficio ALCM-56-2005, del pasado 31 de marzo del 2005.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.         Planteamiento de la consulta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por lo que luego se dirá, nos parece oportuno transcribir, textualmente, la solicitud\nde criterio jurídico que se eleva a conocimiento de esta Procuraduría General:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Que en oficio CMO-309-2005, se me solicita, enviarles consulta acerca, de que la Feria Nacional de\nlas Frutas de (sic) año 1999, ya que dicha feria dejo (sic) perdidas por más de seis millones (sic),\ny a pesar que se han planteado las Denuncias Pertinentes, y se tramita una causa bajo el expediente\n01-200030-553-PE (79-01), en la Fiscalía de Atenas, en donde se detallan los gastos y perdidas\nocasionadas,  de acuerdo con el informe emitido por la que fuera contadora pública Flor Venegas\nChinchilla.\n\n\n\n\nPor lo anterior.\n\n\n\n 1.¿Qué procede en estos casos donde ninguna de las entidades recurridas se han pronunciado al\nrespecto?  ¿Se les puede tener como responsables a los entes estatales que aplican justicia?\n\n\n\n 2.El principio de Justicia pronta y cumplida establecida (sic) en la Constitución Política,\n(artículo 41), indica que toda persona encontrara (sic) reparación a los daños y perjuicios,\nemanados de un acto contrario a las normas jurídicas, sin denegación y en estricta conformidad con\nlas leyes.  Es por ello que el Concejo Municipal, en cumplimiento de su deber ha dado trámite para\nrecobrar fondos públicos provenientes de la Feria.”\n\n\n\n No obstante el suscrito considera que no se a (sic) cumplido con el Principio de Justicia Pronta y\ncumplida, ya que no se le ha dado el trámite correspondiente, lo anterior considerando que el\nexpediente tiene más de cuatro años de existir y hasta el momento no se ha resuelto el mismo.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por estimar que existen motivos de inadmisibilidad que nos impiden pronunciarnos en\ncuanto al fondo de su consulta, nos permitimos informarle sobre dicha temática.\n\n\n\n\n \n\n\n\n II.        Requisitos de admisibilidad de las consultas formuladas a la Procuraduría General de la\nRepública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En atención y cumplimiento del principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y\n11 de la Ley General de la Administración Pública), la competencia asignada a la Procuraduría\nGeneral de la República, a través de su Ley Orgánica (Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus\nreformas), implica que, en su ejercicio, debemos sujetarnos a las prescripciones que en ella se\nindican para lo que respecta a la función consultiva.  Precisamente, varias disposiciones de dicho\ncuerpo normativo establecen requisitos de admisibilidad, mismos que devienen de obligatorio análisis\npor nuestra parte.  Así, hemos perfilado una línea jurisprudencial en cuanto a aquellos casos en\nque, evidenciándose la falta u omisión de alguno de esos requisitos, nos resulta imposible atender\nel fondo de la gestión elevada a nuestro conocimiento.  A modo de ejemplo, nos permitimos reseñar un\ndictamen (C-378-2003 del 2 de diciembre del 2003, reiterado en dictamen C-222-2004 del 6 de julio\ndel 2004), en el que se indican los rasgos generales de la mencionada línea jurisprudencial:\n\n\n\n\n                                                                         \n\n\n\n “Conviene, en primer término, recordar algunas precisiones realizadas por esta Procuraduría\nGeneral, en torno a los requisitos de admisibilidad que deben reunir las consultas elevadas a\nnuestro conocimiento:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “La función consultiva que el Ordenamiento Jurídico ha atribuido a la Procuraduría General de la\nRepública, está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que derivan de la Ley N° 6815 del\n27 de setiembre de 1982 y sus reformas. En este sentido, es pertinente reiterar lo que en dictamen\nC-151-2002 del 12 de junio del año 2002, se elaboró sobre el tema de esos preceptos de orden legal:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Conviene recordar, en primera instancia, varias disposiciones de la Ley Orgánica de la\nProcuraduría General de la República (Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) que\nresultan atinentes al presente caso y que fijan los requisitos para que un órgano o institución de\nla Administración Pública requiera de nuestro criterio técnico-jurídico:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 4.  Consultas:\n\n\n\n Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles\nadministrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada\ncaso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.(1)\n\n\n\n La consulta será obligada para el Poder Central, cuando se trate de reclamaciones administrativas\ncuya resolución final pueda ocasionar considerables egresos, de acuerdo con la determinación que al\nefecto se hará en el reglamento.”\n\n\n\n (1)Texto que fuera reformado por el inciso c) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio del\n2002, siendo que en la actualidad prescribe:  “Artículo 4.-Consultas. Los órganos de la\nAdministración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán\nconsultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la\nopinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán\nrealizar la consulta directamente.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 5.  No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos\npropios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Las anteriores normas, en relación con el artículo 3 inciso b) de la misma Ley que indica que los\ndictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que brinde la Procuraduría General se harán sobre “…\ncuestiones jurídicas…”, han permitido a la jurisprudencia administrativa emanada de este Organo\nAsesor el establecimiento de los siguientes requisitos mínimos de admisibilidad, que han ser\nanalizados previo al estudio de fondo de las solicitudes que nos presentan:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n* Que la consulta la formule el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública. \n\n\n\n * Que se acompañe el criterio legal que sobre el tema en consulta tenga la respectiva asesoría\njurídica del órgano u institución pública.  Dicho dictamen debe ser un estudio específico sobre las\nvariables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la\ninquietud que se presenta a nuestra consideración.\n\n\n\n * Las consultas versan sobre “cuestiones jurídicas” en genérico, es decir, sin que pueda\nidentificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la\nadministración consultante.  Esto por cuanto estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano\nsuperior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración\nactiva.”  (Dictamen C-018-2003 del 18 de enero del 2003)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Es oportuno aclarar que el ámbito de nuestra competencia se enmarca dentro de los presupuestos que\nvienen contenidos en la gestión de la Administración consultante.  Ello implica que debamos analizar\nel objeto de la consulta tal y como nos viene formulada, y, atendiendo al criterio de la asesoría\njurídica, precisar el alcance de la misma.  Sin embargo, ello no nos permite “sustituir” a la\nconsultante, en tanto la formulación de la inquietud jurídica venga en tales términos que no sea\nposible desentrañar la voluntad del órgano u ente gestionante. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Tampoco sería válida la hipótesis que únicamente sea posible desentrañar el objeto de la consulta\ncon referencia al criterio de la asesoría legal, pues, por esa vía, estaríamos en realidad haciendo\nuna revisión de tal pericia profesional.  Ello ha sido expresamente rechazado por la jurisprudencia\nadministrativa, de lo cual son ejemplo los dictámenes que a continuación citamos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “No resulta posible que los jerarcas de los distintos repartos administrativos con legitimación\npara la formulación de consultas ante la Procuraduría General de la República, deleguen tal\natribución en la figura del asesor legal del órgano u ente.  Ello por un doble orden de razones: \npor un lado, ello no está permitido en nuestra Ley Orgánica.   En segundo lugar, se estaría\nobviando, indirectamente, la obligación de presentar un criterio jurídico específico para la\nconsulta que interesa al órgano o institución.  Es dable suponer que la decisión de formular la\nconsulta a este Órgano Asesor ha sido sopesada por el jerarca teniendo a la vista las conclusiones\ndel criterio legal, con lo cual se forma una idea clara de los alcances de lo consultado y de la\nimportancia que tiene tomar la decisión de formular la gestión -ello por la naturaleza vinculante\ndel dictamen que se llegue a emitir, artículo 2 de la Ley Orgánica-.   Lo anterior, como resulta\nobvio en el presente caso, no se estaría produciendo, dado que el Concejo Municipal (artículo 12 del\nCódigo Municipal) no es quien formula la inquietud de orden jurídico, con lo cual se entra en\noposición con los artículos oportunamente reseñados de nuestra Ley Orgánica.” (Dictamen C-299-2002\ndel 6 de noviembre del 2002)\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Dado el objeto de la consulta, la Procuraduría se ve impelida a no acceder a su solicitud. En\nprimer término, no corresponde a la Procuraduría, como órgano superior técnico jurídico de la\nAdministración, valorar si una determinada opinión externada por la Asesoría interna de una\nAdministración es conforme o no con el ordenamiento jurídico. La función consultiva debe ser\nejercida respecto de las competencias u organización de la Administración consultante, de la\ninterpretación de una norma jurídica, de los efectos jurídicos de ésta, pero no sobre el criterio\nexternado por la Asesoría Jurídica. En consecuencia, la consulta debe precisar cuáles son los puntos\nsobre los cuales la Administración activa tiene dudas, a pesar del dictamen de la Asesoría Legal, y\nsobre las que requiere un pronunciamiento de este Órgano técnico superior consultivo  (C-277-2002\ndel 16 de octubre del 2002)” (Lo subrayado no corresponde el original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En un reciente dictamen dirigido a esa Asesoría Jurídica (C-138-2005 del 20 de abril\ndel 2005), puntualizábamos motivos concretos que se echaban de menos en una gestión similar a la que\nahora nos ocupa:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             “Se aprecia de la anterior transcripción que, en el caso del oficio ALCM-51-2005, nos\nenfrentamos a un doble orden de circunstancias que nos impiden entrar a conocer, por el fondo, su\nconsulta:\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1.         Queda claramente indicado, en la anterior transcripción, la improcedencia de que el\nórgano legitimado para formular la consulta delegue tal atribución en la asesoría jurídica\ncorrespondiente.  Las razones en que se apoya tal afirmación no han variado en virtud de\nmodificación legal o vía interpretación de este Órgano, siendo entonces necesario reiterar que la\nformulación de la inquietud de orden jurídico que se eleva a nuestro conocimiento debe ser un acto\nadoptado por el jerarca del órgano o institución que acude a la obtención de nuestro criterio\njurídico.    En el caso que nos ocupa, queda plenamente evidenciado que el Concejo Municipal de\nOrotina trasladó esa competencia a su persona, de donde se configura el primer motivo de\ninadmisibilidad.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 2.         En segundo término, conviene precisar que el informe de la asesoría legal que se\nrequiere adjuntar a los términos de la consulta, debe ser un estudio jurídico que comprenda la\ninterpretación que brinda esa instancia administrativa sobre el tema que interesa al jerarca. \nEstudio que debe reunir un mínimo de profundidad, haciendo referencia a la legislación y\njurisprudencia, tanto administrativa como jurisdiccional -si es que existe sobre el punto a\ndictaminar-, y en que se arribe a una determinada posición.  Es ese estudio el que da pie a que el\nórgano legitimado para acudir ante este Órgano precise el alcance y contenido de su consulta, pues\nes evidente que la duda de interpretación jurídica persiste aún con el criterio que vierta la\nasesoría legal correspondiente.  Nos es preciso indicar que, en el oficio ALCM-51-2004, se echa de\nmenos una formulación de criterio jurídico que cumpla con los anteriores parámetros, pues se trata\nde opiniones personales del asesor legal sin que medie la indicación de normas y criterios\nanteriores en que se sustente una conclusión.  Aún más, nótese que, en concreto, es el asesor legal\nel que formula interrogantes, sin que sea dable concluir, de sus afirmaciones, posición alguna en\ncuanto al fondo de lo que se nos consulta.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Los anteriores criterios devienen, nuevamente, de aplicación para denegar el trámite a\nla gestión contenida en el oficio ALCM-56-2005.   Obsérvese, en primer término, que la formulación\nde la consulta no la hace el jerarca administrativo, aspecto que ha quedado plenamente\nindividualizado como de obligatorio cumplimiento en virtud de nuestra Ley Orgánica. \n\n\n\n\n \n\n\n\n             En segundo lugar, no se acompaña criterio jurídico alguno, y en tal sentido, observa\neste Órgano Asesor que lo que en realidad se nos está solicitando es una opinión sobre si, en un\ncaso determinado, se está dando cumplimiento al principio constitucional de justicia pronta y\ncumplida.  No está de más indicar que se configuran, por ende, dos motivos adicionales de\nimprocedencia para conocer el fondo de la gestión, pues, por un lado, el que se nos indique un caso\nconcreto nos aleja del postulado legal a pronunciarnos sobre situaciones genéricas.  Y, por otro,\nque atendiendo a esa circunstancia, no existe, en el fondo, un verdadero pronunciamiento jurídico de\nla Asesoría Legal, dado que se trata de una opinión que, en nuestro criterio, deviene subjetiva y\ncon una evidente connotación referida a un asunto particular.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII.      Conclusión.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En virtud de que la consulta formulada no reúne requisitos de admisibilidad (delegación\ndel Concejo Municipal para que la inquietud la formule la asesoría legal, ausencia de un criterio\njurídico admisible, identificación de un caso concreto), esta Procuraduría General se encuentra\nimposibilitada de entrar a conocer el fondo de la inquietud elevada a su conocimiento.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Sin otro particular, me suscribo,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\nIván Vincenti Rojas\n\nPROCURADOR ADMINISTRATIVO\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIVR/mvc\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCopia:  Concejo Municipal, Municipalidad de Orotina", "body_en_text": "Opinion : 166 of 05/05/2005\n\nC-166-2005\n\nMay 5, 2005\n\nLicenciado\nJairo Emilio Guzmán Soto\nLegal Advisor - Municipal Council\nMunicipalidad de Orotina\n\nS.D.\n\nDear Licenciado:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter ALCM-56-2005, dated March 31, 2005.\n\nI. Formulation of the consultation.\n\nDue to what will be said later, it seems appropriate to us to transcribe, verbatim, the request for a legal opinion that is submitted for the consideration of this Attorney General's Office:\n\n\"That in official letter CMO-309-2005, I am requested to send you a consultation regarding the fact that the National Fruit Fair of (sic) the year 1999, given that said fair left (sic) losses of more than six million (sic), and despite the fact that the Pertinent Complaints have been filed, and a case is being processed under file number 01-200030-553-PE (79-01), in the Prosecutor's Office of Atenas, where the expenses and losses caused are detailed, according to the report issued by the then public accountant Flor Venegas Chinchilla.\n\nBy the foregoing.\n\n1. What is the procedure in these cases where none of the entities appealed to have pronounced on the matter? Can the state entities that administer justice be held responsible?\n\n2. The principle of prompt and complete Justice established (sic) in the Political Constitution, (article 41), indicates that every person will find (sic) reparation for the damages and losses emanating from an act contrary to legal norms, without denial and in strict conformity with the laws. This is why the Municipal Council, in fulfillment of its duty, has processed the recovery of public funds from the Fair.\"\n\nNotwithstanding, the undersigned considers that the Principle of Prompt and Complete Justice has not been complied with, since the corresponding procedure has not been followed, considering that the case file has existed for more than four years and to date it has not been resolved.\"\n\nSince we believe that there are grounds for inadmissibility that prevent us from pronouncing on the merits of your consultation, we take the liberty of informing you on this matter.\n\nII. Admissibility requirements for consultations submitted to the Attorney General's Office of the Republic.\n\nIn compliance with the principle of legality (articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration), the competence assigned to the Attorney General's Office of the Republic, through its Organic Law (Law N° 6815 of September 27, 1982, and its reforms), implies that, in its exercise, we must adhere to the prescriptions indicated therein regarding the advisory function. Precisely, several provisions of said normative body establish admissibility requirements, which must be of obligatory analysis on our part. Thus, we have outlined a jurisprudential line regarding those cases where, if the absence or omission of any of those requirements is evident, it is impossible for us to address the merits of the request submitted to our consideration. As an example, we take the liberty of reviewing an opinion (C-378-2003 of December 2, 2003, reiterated in opinion C-222-2004 of July 6, 2004), in which the general features of the aforementioned jurisprudential line are indicated:\n\n\"It is appropriate, first of all, to recall some clarifications made by this Attorney General's Office regarding the admissibility requirements that consultations submitted to our consideration must meet:\n\n\"The advisory function that the Legal System has attributed to the Attorney General's Office of the Republic is subject to compliance with a series of requirements derived from Law N° 6815 of September 27, 1982, and its reforms. In this sense, it is pertinent to reiterate what was elaborated in opinion C-151-2002 of June 12, 2002, on the subject of those precepts of a legal nature:\n\n\"It is appropriate to recall, in the first instance, several provisions of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic (Law N° 6815 of September 27, 1982, and its reforms) that are relevant to the present case and that establish the requirements for an organ or institution of the Public Administration to request our technical-legal opinion:\n\n\"Article 4. Consultations:\nThe organs of the Public Administration, through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-legal opinion of the Attorney General's Office, being required, in each case, to attach the opinion of the respective legal advisory office.(1)\nThe consultation shall be mandatory for the Central Government, when dealing with administrative claims whose final resolution could cause considerable expenses, in accordance with the determination that will be made to that effect in the regulations.\"\n\n(1)Text that was reformed by subsection c) of article 45 of Law N° 8292 of July 31, 2002, currently prescribing: \"Article 4.-Consultations. The organs of the Public Administration, through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-legal opinion of the Attorney General's Office; in each case, they must attach the opinion of the respective legal advisory office, except in the case of internal auditors, who may submit the consultation directly.\"\n\n\"Article 5. Notwithstanding the provisions of the preceding articles, matters pertaining to administrative organs that possess a special jurisdiction established by law are not subject to consultation.\"\n\nThe foregoing rules, in relation to article 3, subsection b) of the same Law, which indicates that the opinions, pronouncements, and advice provided by the Attorney General's Office shall be on \"… legal questions …\", have allowed the administrative jurisprudence emanating from this Advisory Body to establish the following minimum admissibility requirements, which must be analyzed prior to the study of the merits of the requests presented to us:\n\n* That the consultation is formulated by the administrative head of the respective public organ or institution.\n* That the legal opinion that the respective legal advisory office of the public organ or institution has on the subject under consultation is attached. Said opinion must be a specific study on the legal variables that, in the opinion of the corresponding professional, are related to the concern presented for our consideration.\n* Consultations deal with \"legal questions\" in general, that is, without a specific case that is under study or about to be decided by the consulting administration being identifiable. This is because we would be contravening the nature of a superior advisory body conferred upon us by law, transforming ourselves into part of the active administration.\" (Opinion C-018-2003 of January 18, 2003)\n\nIt is appropriate to clarify that the scope of our competence is framed within the terms contained in the request of the consulting Administration. This implies that we must analyze the object of the consultation as it is formulated to us, and, considering the opinion of the legal advisory office, specify its scope. However, this does not allow us to \"substitute\" for the consulting party, insofar as the formulation of the legal concern comes in such terms that it is not possible to discern the will of the managing organ or entity.\n\nNor would the hypothesis be valid that the object of the consultation can only be discerned by reference to the opinion of the legal advisory office, for, through that means, we would in reality be conducting a review of such professional expertise. This has been expressly rejected by administrative jurisprudence, of which the opinions we cite below are examples:\n\n\"It is not possible for the heads of the various administrative departments with standing to formulate consultations before the Attorney General's Office of the Republic to delegate such attribution to the figure of the legal advisor of the organ or entity. This is for a double order of reasons: on one hand, this is not permitted in our Organic Law. Secondly, it would be indirectly circumventing the obligation to present a specific legal opinion for the consultation that interests the organ or institution. It is reasonable to suppose that the decision to formulate the consultation to this Advisory Body has been weighed by the head having in view the conclusions of the legal opinion, thereby forming a clear idea of the scope of what is consulted and the importance of deciding to formulate the request - this due to the binding nature of the opinion that may be issued, article 2 of the Organic Law-. The foregoing, as is obvious in the present case, would not be occurring, given that the Municipal Council (article 12 of the Municipal Code) is not the one formulating the legal question, thereby coming into opposition with the articles opportunely reviewed of our Organic Law.\" (Opinion C-299-2002 of November 6, 2002)\n\n\"Given the object of the consultation, the Attorney General's Office is compelled not to grant your request. In the first place, it is not the role of the Attorney General's Office, as the superior technical legal body of the Administration, to assess whether a specific opinion expressed by the internal Legal Advisory office of an Administration conforms or not to the legal system. The advisory function must be exercised with respect to the competencies or organization of the consulting Administration, the interpretation of a legal norm, the legal effects thereof, but not on the opinion expressed by the Legal Advisory Office. Consequently, the consultation must specify what are the points about which the active Administration has doubts, despite the opinion of the Legal Advisory Office, and on which it requires a pronouncement from this superior technical advisory Body (C-277-2002 of October 16, 2002)\" (The underlining does not correspond to the original)\n\nIn a recent opinion directed to that Legal Advisory Office (C-138-2005 of April 20, 2005), we specified concrete reasons that were found missing in a request similar to the one now before us:\n\n\"It is observed from the preceding transcription that, in the case of official letter ALCM-51-2005, we are faced with a double order of circumstances that prevent us from hearing, on the merits, your consultation:\n\n1. It is clearly indicated, in the preceding transcription, the inadmissibility of the body vested with standing to formulate the consultation delegating such attribution to the corresponding legal advisory office. The reasons supporting such an assertion have not varied by virtue of legal modification or via interpretation by this Body, it thus being necessary to reiterate that the formulation of the legal question submitted to our consideration must be an act adopted by the head of the organ or institution that comes to us seeking our legal opinion. In the case before us, it is fully evidenced that the Municipal Council of Orotina transferred that competence to your person, from which the first ground for inadmissibility arises.\n\n2. Secondly, it is appropriate to specify that the report from the legal advisory office that is required to be attached to the terms of the consultation must be a legal study that includes the interpretation provided by that administrative instance on the subject that interests the head. A study that must meet a minimum level of depth, referencing legislation and jurisprudence, both administrative and jurisdictional - if it exists on the point to be opined on -, and in which a specific position is reached. It is that study that allows the body vested with standing to appear before this Body to specify the scope and content of its consultation, since it is evident that the doubt of legal interpretation persists even with the opinion provided by the corresponding legal advisory office. We must indicate that, in official letter ALCM-51-2004, the formulation of a legal opinion that meets the previous parameters is found missing, as it consists of personal opinions of the legal advisor without the indication of norms and previous criteria on which a conclusion is based. Even more, note that, specifically, it is the legal advisor who formulates questions, without it being possible to conclude, from his affirmations, any position regarding the merits of what is being consulted.\"\n\nThe foregoing criteria are, again, applicable to deny the processing of the request contained in official letter ALCM-56-2005. Note, in the first place, that the formulation of the consultation is not made by the administrative head, an aspect that has been fully identified as obligatory in compliance by virtue of our Organic Law.\n\nIn the second place, no legal opinion is attached, and in this sense, this Advisory Body observes that what is actually being requested of us is an opinion on whether, in a specific case, compliance is being given to the constitutional principle of prompt and complete justice. It is not superfluous to indicate that, therefore, two additional grounds for inadmissibility to hear the merits of the request are configured, since, on one hand, the indication of a specific case distances us from the legal postulate of pronouncing on generic situations. And, on the other hand, taking that circumstance into account, there does not exist, in substance, a true legal pronouncement from the Legal Advisory Office, given that it is an opinion that, in our judgment, is subjective and with an evident connotation referring to a particular matter.\n\nIII. Conclusion.\n\nBy virtue of the fact that the formulated consultation does not meet the admissibility requirements (delegation by the Municipal Council for the legal advisory office to formulate the inquiry, absence of an admissible legal opinion, identification of a specific case), this Attorney General's Office finds itself unable to hear the merits of the inquiry submitted to its consideration.\n\nWithout further particular, I subscribe,\n\nIván Vincenti Rojas\nADMINISTRATIVE ATTORNEY\n\nIVR/mvc\n\nCc: Municipal Council, Municipalidad de Orotina" }