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  "citation": "C-161-2005",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Incompetencia de la Procuraduría para dictaminar sobre contratación administrativa del INCOFER",
  "title_en": "Attorney General's lack of jurisdiction over INCOFER administrative contracting",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara su incompetencia para rendir el dictamen preceptivo solicitado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), requerido conforme al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para anular contratos por nulidad absoluta evidente y manifiesta. La opinión razona que, al versar el asunto sobre prórrogas contractuales en materia de contratación administrativa, la competencia exclusiva y prevalente corresponde a la Contraloría General de la República según los artículos 12 y 29 de su Ley Orgánica, 3, 22 y 23 de la Ley de Contratación Administrativa y el propio artículo 173 LGAP. Se recuerda al gestionante que debe observar el procedimiento administrativo ordinario con debido proceso, plazo de caducidad de cuatro años y la vinculatoriedad del dictamen contralor.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office declines jurisdiction to issue the mandatory opinion requested by the Costa Rican Railway Institute (INCOFER) under Article 173 of the General Public Administration Law for annulling contracts due to evident and manifest absolute nullity. The opinion holds that, since the matter involves contract extensions within administrative contracting, exclusive and prevailing competence belongs to the Comptroller General under Articles 12 and 29 of its Organic Law, Articles 3, 22, and 23 of the Administrative Contracting Law, and Article 173 itself. The requesting entity is reminded to follow ordinary administrative procedure with due process, a four-year expiration period, and the binding nature of the Comptroller's opinion.",
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    "contratación administrativa",
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  "excerpt_es": "El numeral 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República determina la incompetencia de la Procuraduría para pronunciarse sobre asuntos propios de órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley como es el caso de la Contraloría General de la República. Así, de conformidad con los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 3, 22 y 23 de la Ley de Contratación Administrativa y el propio artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, está delimitada, diáfanamente, a favor de la Contraloría General de la República la competencia exclusiva y prevalente sobre la materia de contratación administrativa.",
  "excerpt_en": "Article 5 of the Organic Law of the Attorney General's Office establishes the incompetence of the Attorney General to rule on matters pertaining to administrative bodies that hold a special jurisdiction established by law, as is the case of the Comptroller General. Thus, in accordance with Articles 12 and 29 of the Organic Law of the Comptroller General, Articles 3, 22, and 23 of the Administrative Contracting Law, and Article 173 of the General Public Administration Law itself, exclusive and prevailing competence over administrative contracting matters is clearly delimited in favor of the Comptroller General.",
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    "summary_en": "The Attorney General declares lack of jurisdiction; the request for opinion must be directed to the Comptroller General.",
    "summary_es": "La Procuraduría declara su incompetencia para dictaminar; la solicitud debe dirigirse a la Contraloría General de la República."
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      "quote_en": "the Comptroller General is a fundamental constitutional body of the State in charge of the superior control and oversight of the Public Treasury",
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      "quote_es": "el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se hayan observado los principios y las garantías del debido proceso"
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  "body_es_text": "Dictamen : 161 del 02/05/2005   \n\n\n\nC-161-2005\n\n\n\n\n2 de mayo del 2005\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIngeniero\n\n\n\n\nAlfredo Dávila Rivera\n\n\n\n\nPresidente Ejecutivo\n\n\n\n\nInstituto Costarricense de Ferrocarriles\n\n\n\n\nS.      O.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me es grato\nreferirme a su oficio N° PE-252-2005 de fecha 20 de abril del 2005, recibido en esta Procuraduría el\ndía 22, y asignado a la suscrita el día 25, dando respuesta en los siguientes términos:\n\n\n\n Solicita se rinda el dictamen preceptivo a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de\nla Administración Pública en relación con las prórrogas de los contratos suscritos por el Instituto\nCostarricense de Ferrocarriles con las sociedades anónimas laborales “DESMANTELAMIENTO DE LA\nCATENARIA S.A.L, MANTENIMIENTO DE VĺAS FÉRREAS MANFER S.A.L, MANTENIMIENTO DE VĺAS Y ESTRUCTURAS DEL\nSECTOR ANTLÁNTICO S.A.L, y TALLERES Y TRANSPORTES INCOSERVITRAN S.A.L.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.-        COMPETENCIA PREVALENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA          .\n\n\n\n\n \n\n\n\n Como es sabido, la Contraloría General de la República es un órgano constitucional fundamental del\nEstado encargado del control y fiscalización superior de la Hacienda Pública con independencia\nfuncional y administrativa (artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 1° de Ley Orgánica de\nla Contraloría General de la República); en consecuencia es el órgano estatal llamado a velar por la\nlegalidad no sólo en el manejo de los fondos o recursos  públicos, sino también en relación con “los\nprocedimientos de gestión y la función de control en sí misma considerada.” (Procuraduría General de\nla República. Dictamen N°\n\n\n\n\nC-120-2005 del 1° de abril de 2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n El numeral 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República determina la\nincompetencia de la Procuraduría para pronunciarse sobre asuntos propios de órganos administrativos\nque posean una jurisdicción especial establecida por ley como es el caso de la Contraloría General\nde la República. Así, de conformidad con los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría\nGeneral de la República; 3, 22 y 23 de la Ley de Contratación Administrativa y el propio artículo\n173 de la Ley General de la Administración Pública  - como se comentará más adelante -, está\ndelimitada, diáfanamente, a favor de la Contraloría General de la República la competencia exclusiva\ny prevalente sobre la materia de contratación administrativa. En ese sentido, la Contraloría ha\nmanifestado:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"(…) la competencia que ejerce la Contraloría General sobre la Hacienda Pública, debe entenderse\nreferida, para efectos prácticos, a tres grandes áreas en las que constitucional y legalmente ésta\nresulta indiscutible, a saber, en materia de interpretación de normas de ejecución y liquidación\npresupuestaria, en todo lo concerniente al área de fiscalización y, por último, en todo lo\nrelacionado con el área de la contratación administrativa\" (Contraloría General de la República,\nDirección de Asuntos Jurídicos, oficio N° 698-DAJ-96, del 23 de marzo de 1996). “ (El destacado en\nnegrita es nuestro). (Texto transcrito también en dictámenes números C-222-03 de 23 de julio de\n2003,  C-317-2004 del 2 de noviembre y C-037-2004 del 30 de enero, ambos del año 2004 y en las\nopiniones jurídicas números OJ-184-2003 del 1° de octubre del 2003 y OJ-028-2005 del 18 de febrero\ndel 2005).\n\n\n\n\n              \n\n\n\n Por su parte, el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en lo que interesa,\ndispone:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 173.- 1.- Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y\nmanifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de\nrecurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la\nJurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de 1966, previo dictamen favorable\nde la Procuraduría General de la República.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Cuando la nulidad versare sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso\npresupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá\nrendir el dictamen favorable.” (El destacado en negrita y subrayado no es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Del anterior texto, queda claro que cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio\nde derechos fuere evidente y manifiesta y esté relacionado directamente con el proceso\npresupuestario o la contratación administrativa, previo a que la Administración Activa la declare en\nvía administrativa la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen favorable.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así las cosas, en virtud de que el asunto sometido a pronunciamiento - prórrogas de contratos según\nnos consigna en su misiva-, versa sobre un asunto relacionado con el área de la contratación\nadministrativa el dictamen favorable no puede ser emitido por esta Procuraduría General de la\nRepública atendiendo la competencia expresa del órgano contralor. Por ende, a ese órgano deberá\ndirigirse la petición del dictamen que preceptúa el artículo 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública. (Véase en sentido similar los dictámenes números C-237-99 del 7 de diciembre\nde 1999 y C-109-2005 del 4 de marzo del 2005 ).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Es de rigor advertir que a éste Órgano Asesor no se le remitió ningún expediente administrativo (o\ncopia certificada del mismo) en el que conste que se haya levantado el respectivo procedimiento\nadministrativo ordinario, tal y como lo dispone el inciso 3 del citado artículo 173, en cuanto a que\n“el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se\nhayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a\ntodas las partes involucradas.\". En ese sentido, la Administración interesada debe cumplir con el\nprocedimiento administrativo previsto en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la\nAdministración Pública, dando cabal cumplimiento a los principios del debido proceso.\n\n\n\n\n \n\n\n\nEn relación con la obligatoriedad de observar las reglas del debido proceso en los procedimientos\ndonde se ventile la nulidad de actos propios declarativos de derechos, la Sala Constitucional ha\nsido clara en señalar:\n\n \n\n\n\n  \"(...) tratándose de actos que declaran derechos, la posibilidad de declararlos nulos encuentra en\nel ordenamiento ciertos límites temporales y formales, sin cuya atención la Administración no puede\nlograr el propósito que persigue. En esta materia, el principio del debido proceso es fundamental\n(...) Es preciso que se garantice al posible o posibles afectados el derecho de audiencia, de\ndefensa, de ofrecer prueba, de acceso al expediente y, finalmente, de recurrir de lo resuelto en\ncuanto al fondo, todo ello es constitutivo de lo que se engloba dentro del debido proceso, de manera\nque en el caso concreto, echándose de menos esas circunstancias en lo actuado por la entidad\ndemandada, la acción deviene procedente a la luz de lo estatuido por los artículos 39 y 41 de la\nConstitución Política, (...).\" (Sentencia N° 1563-91 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991).\n\n\n\n\n \n\n\n\n La importancia de realizar el debido procedimiento administrativo y que conste en el respectivo\nexpediente está asociada también a que la potestad contemplada en el numeral 173 de la Ley General\nde la Administración Pública “supone un trámite que ha de seguir la Administración para volver sobre\nun acto propio de derechos subjetivos. Precisamente por esta excepcionalidad, es que se torna\nnecesario determinar en cada caso en concreto los requisitos para que se configure una nulidad, que\nademás de absoluta, ha de ser evidente y manifiesta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De conformidad con los artículos 158 incisos 1) 2) 3) y 159 inciso 1) de la Ley General de la\nAdministración Pública, el criterio seguido para establecer la nulidad del acto administrativo, está\nreferido a la falta, defecto o desaparición de algún requisito o condición del acto administrativo,\nigual al acto que sea sustancialmente disconforme u ocasione cualquier infracción al ordenamiento\njurídico. Estas disposiciones dan los lineamientos generales de lo que constituirán vicios del acto\nque pueden acarrear su nulidad” (Procuraduría General de la República. Dictamen N° C-055-2000 del 20\nde marzo del 2000.)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por otra parte, se debe tener presente que no debe haber transcurrido el plazo cuatrienal a que\nhace referencia el inciso 5) de ese artículo 173, plazo que es de caducidad y no de prescripción,\npor lo cual resulta ininterrumpible, y una vez transcurrido el plazo indicado, caduca la posibilidad\nde revisión oficiosa de la Administración, por lo que los actos que han conferido derechos a los\nadministrados, aunque presenten vicios, se tornan intangibles.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior se comenta, para que sea tomado en consideración a efectos de que se remita, como\ncorresponde, el expediente (s) a la Contraloría\n\n\n\n\n \n\n\n\n Finalmente, en apoyo a lo antecede nos remitimos al propio voto de la Sala Constitucional N°\n2004-08371 de las 9:40 horas del 30 de julio del 2004, del cual precisamente nos adjunta una copia\ncon su misiva, en el que se declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por Administradora de\nTalleres y Transportes INCOSERVITRAN SAL, Mantenimiento de Vías y Estructuras del Atlántico SAL,\nDesmantelamiento de la Catenaria SAL y Mantenimiento de Vías Férreas MANFER S.A.L. contra el\nInstituto Costarricense de Ferrocarriles, y en lo que interesa indica:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“(…)\n\n\n\n\n \n\n\n\n V.- LA NECESIDAD DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO PARA LA REVISIÓN O ANULACIÓN\nDE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración pública\nrespectiva -autora del acto que se pretende anular o revisar-, de previo a la declaratoria de\nnulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los\nprincipios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley\nGeneral de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el\nacto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibidem). Durante la\nsustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la\nProcuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el\ndictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la\nnulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública). Si el dictamen\nde la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido que\nla nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva\nadministración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y\ntendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad.\nEl dictamen de los dos órganos consultivos citados es vinculante para la administración respectiva\nen cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este punto, el artículo 183,\npárrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que “Fuera de los casos\nprevistos en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de\nderechos a favor del administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de\nlesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso\nAdministrativa”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n VI.-   CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA INOBSERVANCIA DE LOS RECAUDOS FORMALES Y SUSTANCIALES DEL\nORDINAL 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. La revisión oficiosa o anulación con\nquebranto de los requisitos legales referidos en los considerandos precedentes “sea por omisión de\nlas formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta evidente y manifiesta” (v. gr. que el\ndictamen sea desfavorable, que no se recabó el dictamen o que no se abrió un procedimiento\nadministrativo ordinario) es absolutamente nula y hace responsable por los daños y perjuicios\nprovocados tanto a la  administración pública como al funcionario (artículo 173, párrafo 6°,\nibidem).\n\n\n\n\n \n\n\n\n VII.- CADUCIDAD DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS . La\npotestad de revisión o anulación de oficio de los actos favorables, le caduca a la administración\npública interesada y respectiva en el plazo de cuatro años (artículo 173, párrafo 5°, LGAP). Se\ntrata, de un plazo rígido y fatal de caducidad -aceleratorio y perentorio- que no admite\ninterrupciones o suspensiones en aras de la seguridad y certeza jurídicas de los administrados que\nderivan derechos subjetivos del acto administrativo que se pretende revisar y anular. Bajo esta\ninteligencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario y la solicitud del dictamen a\nla Procuraduría o Contraloría Generales de la República no interrumpen o suspenden el plazo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n VIII.-  En el asunto bajo examen, si bien es cierto la Administración había anulado sin incoar un\nprocedimiento administrativo, los contratos firmados por las amparadas con el Instituto\nCostarricense de Ferrocarriles, posteriormente, el 10 de junio del 2003 y en atención al recurso de\nrevocatoria presentado por la recurrente, -antes de que se le notificara este Amparo el 13 de junio\ndel 2003-, sustituyó esa disposición por la iniciación de un procedimiento administrativo ordinario,\nque es lo demandado en esta sede. En consecuencia, siendo que se atendió, en un plazo razonable, la\nsituación objeto de este amparo, procede la declaratoria de sin lugar del mismo como en efecto se\ndispone.” (El resaltado en negrita es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.-       CONCLUSION.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con fundamento en las consideraciones indicadas, no resulta posible para esta Procuraduría rendir\nel dictamen favorable a que alude el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, en\nvirtud de que existe una competencia prevalente por parte de la Contraloría General de la República\nen materia de contratación administrativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, deferentemente\nsuscribe,\n\n\n\n \n \nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\nProcuradora Adjunta\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCopia: Licda. Marta Acosta. Subcontralora General de la República.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nACACHA/gas",
  "body_en_text": "Opinion (Dictamen) : 161 of 02/05/2005\n\nC-161-2005\n\nMay 2, 2005\n\nEngineer\nAlfredo Dávila Rivera\nExecutive President (Presidente Ejecutivo)\nInstituto Costarricense de Ferrocarriles\nS. O.\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General (Procuradora General) of the Republic, I am pleased to refer to your official communication (oficio) No. PE-252-2005 dated April 20, 2005, received in this Attorney General’s Office (Procuraduría) on the 22nd, and assigned to the undersigned on the 25th, responding in the following terms:\n\nYou request that the mandatory opinion (dictamen preceptivo) referred to in Article 173 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) be rendered in relation to the extensions (prórrogas) of the contracts signed by the Instituto Costarricense de Ferrocarriles with the worker-managed corporations (sociedades anónimas laborales) “DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S.A.L, MANTENIMIENTO DE VĺAS FÉRREAS MANFER S.A.L, MANTENIMIENTO DE VĺAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ANTLÁNTICO S.A.L, and TALLERES Y TRANSPORTES INCOSERVITRAN S.A.L.”\n\nI.- PREVALENT JURISDICTION (COMPETENCIA) OF THE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.\n\nAs is known, the Contraloría General de la República is a fundamental constitutional body of the State responsible for the superior control and oversight (fiscalización) of the Public Treasury (Hacienda Pública) with functional and administrative independence (Articles 183 and 184 of the Political Constitution and 1 of the Organic Law of the Contraloría General de la República); consequently, it is the state body called upon to ensure legality not only in the handling of public funds or resources, but also in relation to “management procedures and the control function itself.” (Procuraduría General de la República. Opinion (Dictamen) No. C-120-2005 of April 1, 2005).\n\nSection 5 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República determines the lack of jurisdiction (incompetencia) of the Procuraduría to rule on matters pertaining to administrative bodies that possess a special jurisdiction established by law, as is the case of the Contraloría General de la República. Thus, in accordance with Articles 12 and 29 of the Organic Law of the Contraloría General de la República; 3, 22, and 23 of the Law on Administrative Procurement (Ley de Contratación Administrativa) and Article 173 of the General Law of Public Administration itself – as will be discussed later – the exclusive and prevalent jurisdiction (competencia) over matters of administrative procurement (contratación administrativa) is clearly delimited in favor of the Contraloría General de la República. In that sense, the Contraloría has stated:\n\n“(…) the jurisdiction (competencia) exercised by the Contraloría General over the Public Treasury, must be understood, for practical purposes, as referring to three broad areas in which, constitutionally and legally, this is indisputable, namely, in matters of interpretation of budget execution and liquidation norms, in everything concerning the area of oversight (fiscalización), and, finally, in everything related to the area of administrative procurement (contratación administrativa)” (Contraloría General de la República, Dirección de Asuntos Jurídicos, official communication (oficio) No. 698-DAJ-96, of March 23, 1996). ” (The bold highlighting is ours). (Text also transcribed in Opinions (Dictámenes) numbers C-222-03 of July 23, 2003, C-317-2004 of November 2, and C-037-2004 of January 30, both from the year 2004, and in legal opinions (opiniones jurídicas) numbers OJ-184-2003 of October 1, 2003, and OJ-028-2005 of February 18, 2005).\n\nFor its part, Article 173 of the General Law of Public Administration, in what is relevant, provides:\n\n“Article 173.- 1.- When the absolute nullity of an act declaratory of rights is evident and manifest, it may be declared by the Administration through administrative channels (vía administrativa), without the need to resort to the lesivity proceeding (contencioso de lesividad) indicated in Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), No. 3667, of March 12, 1966, subject to a favorable opinion (dictamen favorable) from the Procuraduría General de la República.\n\nWhen the nullity concerns administrative acts directly related to the budget process or administrative procurement (contratación administrativa), the Contraloría General de la República must render the favorable opinion (dictamen favorable).” (The bold and underlined highlighting is not from the original).\n\nFrom the preceding text, it is clear that when the absolute nullity of an act declaratory of rights is evident and manifest and is directly related to the budget process or administrative procurement, prior to the Active Administration declaring it through administrative channels, the Contraloría General de la República must render the favorable opinion (dictamen favorable).\n\nThus, by virtue of the fact that the matter submitted for pronouncement –contract extensions (prórrogas) as indicated in your letter– concerns an issue related to the area of administrative procurement, the favorable opinion cannot be issued by this Procuraduría General de la República, given the express jurisdiction of the oversight body (órgano contralor). Therefore, the request for the opinion prescribed by Article 173 of the General Law of Public Administration must be directed to that body. (See in a similar sense Opinions (Dictámenes) numbers C-237-99 of December 7, 1999, and C-109-2005 of March 4, 2005).\n\nIt is strictly necessary to warn that no administrative file (expediente administrativo) (or a certified copy thereof) was sent to this Advisory Body (Órgano Asesor) showing that the respective ordinary administrative proceeding had been initiated, as provided for in subsection 3 of the cited Article 173, in that “the final act must be preceded by an ordinary administrative proceeding, in which the principles and guarantees of due process have been observed and a hearing has been granted to all the parties involved.” In that sense, the interested Administration must comply with the administrative proceeding provided for in Article 308 and following of the General Law of Public Administration, giving full compliance to the principles of due process.\n\nRegarding the obligation to observe the rules of due process in proceedings where the nullity of own acts declaratory of rights is being considered, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has been clear in stating:\n\n\"(...) in the case of acts that declare rights, the possibility of declaring them null finds certain temporal and formal limits in the legal system, without attention to which the Administration cannot achieve the purpose it pursues. In this matter, the principle of due process is fundamental (...) It is necessary to guarantee the right to a hearing, to a defense, to offer evidence, to access the file (expediente), and, finally, to appeal the decision on the merits to the possible affected party or parties; all of this constitutes what is encompassed within due process, so that in the specific case, these circumstances being absent in the actions of the defendant entity, the action becomes appropriate in light of what is established by Articles 39 and 41 of the Political Constitution, (...).\" (Judgment No. 1563-91 at 15:00 hours on August 14, 1991).\n\nThe importance of carrying out the due administrative proceeding and having it recorded in the respective file (expediente) is also associated with the fact that the power contemplated in Section 173 of the General Law of Public Administration “supposes a procedure that the Administration must follow to reconsider its own act regarding subjective rights. Precisely because of this exceptionality, it becomes necessary to determine in each specific case the requirements for a nullity to be configured, which in addition to being absolute, must be evident and manifest.\n\nIn accordance with Articles 158 subsections 1) 2) 3) and 159 subsection 1) of the General Law of Public Administration, the criterion followed to establish the nullity of the administrative act is referred to the lack, defect, or disappearance of any requirement or condition of the administrative act, equivalent to the act being substantially non-conforming or causing any infraction of the legal system. These provisions give the general guidelines of what will constitute defects (vicios) of the act that can lead to its nullity” (Procuraduría General de la República. Opinion (Dictamen) No. C-055-2000 of March 20, 2000.)\n\nOn the other hand, it must be kept in mind that the four-year period (plazo cuatrienal) referred to in subsection 5) of that Article 173 must not have elapsed, a period that is one of expiration (caducidad) and not of statute of limitations (prescripción), for which reason it is uninterruptible, and once the indicated period has elapsed, the possibility of ex officio review by the Administration expires, so that the acts that have conferred rights to the administered parties, even if they present defects (vicios), become intangible.\n\nThe foregoing is commented upon so that it may be taken into consideration for the purposes of sending the file(s) (expediente[s]) to the Contraloría, as appropriate.\n\nFinally, in support of the preceding, we refer to the Constitutional Chamber’s own opinion (voto) No. 2004-08371 at 9:40 hours on July 30, 2004, a copy of which you precisely attach to your letter, in which the amparo petition (recurso de amparo) filed by Administradora de Talleres y Transportes INCOSERVITRAN SAL, Mantenimiento de Vías y Estructuras del Atlántico SAL, Desmantelamiento de la Catenaria SAL and Mantenimiento de Vías Férreas MANFER S.A.L. against the Instituto Costarricense de Ferrocarriles was declared without merit (sin lugar), and in what is relevant, indicates:\n\n“(…)\n\nV.- THE NEED TO INITIATE AN ORDINARY ADMINISTRATIVE PROCEEDING FOR THE EX OFFICIO REVIEW OR ANNULMENT OF ADMINISTRATIVE ACTS FAVORABLE TO THE ADMINISTERED PARTY. The respective public administration –author of the act sought to be annulled or reviewed–, prior to the declaration of nullity, must open an ordinary administrative proceeding in which the principles and guarantees of due process and defense must be observed (Article 173, paragraph 3, of the General Law of Public Administration); the justification for observing that proceeding is that the final act may suppress a subjective right of the administered party (Article 308 ibidem). During the substantiation of the ordinary proceeding, it is essential to obtain the opinion (dictamen) of the Procuraduría or the Contraloría, being a procedural step thereof. As indicated supra, the opinion must expressly pronounce on the absolute, manifest, and evident nature of the nullity (Article 173, paragraph 4, of the General Law of Public Administration). If the opinion (dictamen) of the Procuraduría General or the Contraloría General de la República is unfavorable, in the sense that the absolute nullity of the administrative act is not evident and manifest, the respective public administration will be legally impeded from annulling the act through administrative channels and will have to irremissibly resort to the ordinary administrative contentious proceeding of lesivity. The opinion (dictamen) of the two cited advisory bodies is binding for the respective administration regarding the evident and manifest nature of the nullity. On this point, Article 183, paragraph 1, of the General Law of Public Administration prescribes that ‘Outside the cases provided for in Article 173, the administration may not ex officio annul acts declaratory of rights in favor of the administered party, and to obtain their elimination must resort to the lesivity proceeding provided for in Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction’.\n\nVI.- LEGAL CONSEQUENCES OF THE NON-OBSERVANCE OF THE FORMAL AND SUBSTANTIAL REQUIREMENTS OF SECTION 173 OF THE GENERAL LAW OF PUBLIC ADMINISTRATION. The ex officio review or annulment in violation of the legal requisites referred to in the preceding recitals (considerandos) ‘whether due to omission of the formalities provided or because the absolute nullity is not evident and manifest’ (e.g., that the opinion (dictamen) is unfavorable, that the opinion was not obtained, or that an ordinary administrative proceeding was not opened) is absolutely null and makes both the public administration and the official responsible for the damages caused (Article 173, paragraph 6, ibidem).\n\nVII.- EXPIRATION (CADUCIDAD) OF THE POWER OF EX OFFICIO REVIEW OF ACTS DECLARATORY OF RIGHTS. The power of ex officio review or annulment of favorable acts expires (caduca) for the interested and respective public administration within a period of four years (Article 173, paragraph 5, LGAP). It is a rigid and fatal expiration period (plazo de caducidad) –acceleratory and peremptory– that does not admit interruptions or suspensions for the sake of legal security and certainty of the administered parties who derive subjective rights from the administrative act sought to be reviewed and annulled. Under this understanding, the opening of the ordinary administrative proceeding and the request for the opinion (dictamen) to the Procuraduría General or Contraloría General de la República do not interrupt or suspend the period.\n\nVIII.- In the matter under examination, although it is true that the Administration had annulled, without initiating an administrative proceeding, the contracts signed by the amparo petitioners with the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, subsequently, on June 10, 2003, and in response to the revocation petition (recurso de revocatoria) filed by the appellant –before being notified of this Amparo on June 13, 2003–, it replaced that disposition with the initiation of an ordinary administrative proceeding, which is what is demanded in this venue. Consequently, given that the situation subject to this amparo was addressed within a reasonable time, the declaration without merit (sin lugar) of the same is appropriate, as is indeed ordered.” (The bold highlighting is from the original).\n\nII.- CONCLUSION.\n\nBased on the indicated considerations, it is not possible for this Procuraduría to render the favorable opinion (dictamen favorable) alluded to in Article 173 of the General Law of Public Administration, by virtue of the fact that there is a prevalent jurisdiction on the part of the Contraloría General de la República in matters of administrative procurement.\n\nOf the Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, respectfully submits,\n\nAna Cecilia Arguedas Chen Apuy\nDeputy Attorney General (Procuradora Adjunta)\n\nCopy: Licda. Marta Acosta. Deputy Comptroller General (Subcontralora General) of the Republic.\n\nACACHA/gas"
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