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  "id": "pgr-13416",
  "citation": "C-337-2005",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Imposibilidad de dictaminar favorablemente la anulación de una pensión de guerra por violaciones al debido proceso",
  "title_en": "Inability to Favorably Recommend Annulment of a War Pension Due to Due Process Violations",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República (PGR) analizó un procedimiento administrativo iniciado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del otorgamiento de una pensión de sobrevivencia del Régimen de Guerra a una beneficiaria. La PGR determinó que el procedimiento adolecía de vicios sustanciales que vulneraban el debido proceso: el traslado de cargos no precisó de manera clara y unívoca si se trataba de un procedimiento del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (nulidad absoluta en sede administrativa) o de un proceso de lesividad para acudir a la vía jurisdiccional, generando confusión y limitando el derecho de defensa. Además, la citación a la comparecencia oral se realizó con solo seis días de anticipación, incumpliendo el plazo de quince días hábiles exigido por el artículo 311 de dicha ley. En consecuencia, la PGR se declaró imposibilitada para emitir el dictamen favorable requerido y devolvió el expediente, anulando todo lo actuado.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office (PGR) examined an administrative proceeding initiated by the Ministry of Labor and Social Security to declare the absolute, evident and manifest nullity of a survivor's pension granted under the War Regime. The PGR concluded that the proceeding suffered from substantial defects that violated due process: the notice of charges failed to specify clearly and unequivocally whether it was a proceeding under Article 173 of the General Public Administration Law (administrative annulment) or a 'lesividad' proceeding intended for judicial action, causing confusion and impairing the right to a defense. Furthermore, the summons to the oral hearing was served only six days in advance, breaching the fifteen-working-day requirement set forth in Article 311 of that law. Consequently, the PGR declared itself legally unable to issue the favorable opinion requested, annulled all actions taken, and returned the case file.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "27/09/2005",
  "year": "2005",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "artículo 173 LGAP",
    "nulidad absoluta, evidente y manifiesta",
    "lesividad",
    "debido proceso",
    "intimación",
    "comparecencia oral y privada",
    "plazo de quince días hábiles",
    "Procuraduría General de la República",
    "Ley General de la Administración Pública"
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  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 173",
      "law": "Ley General de la Administración Pública"
    },
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      "article": "Art. 311",
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      "article": "Art. 249",
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      "law": "Ley General de la Administración Pública"
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    {
      "article": "Arts. 10 y 35",
      "law": "Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa"
    }
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  "keywords_es": [
    "nulidad absoluta evidente y manifiesta",
    "artículo 173 LGAP",
    "debido proceso",
    "Principio de intimación",
    "comparecencia oral",
    "plazo de 15 días",
    "lesividad",
    "pensión de guerra",
    "Procuraduría General de la República",
    "dictamen preceptivo"
  ],
  "keywords_en": [
    "absolute evident and manifest nullity",
    "Article 173 LGAP",
    "due process",
    "principle of notice of charges",
    "oral hearing",
    "15-day notice",
    "lesividad",
    "war pension",
    "Attorney General",
    "mandatory opinion"
  ],
  "excerpt_es": "Con vista de los documentos que conforman el expediente remitido, se observa que en el ad-litem no se cumplió con las exigencias expuestas en el párrafo transanterior, pues de conformidad con la relación de los hechos que dan origen a la decisión de apertura del procedimiento seguido en contra de la señora XXX, es claro que el objeto, el carácter y los fines de este procedimiento, no fueron enunciados clara y correctamente por parte del órgano director; esto al momento de efectuar los tres traslados de los cargos a la interesada. Véase que en todos y cada uno de ellos se indica que el procedimiento se entabló a fin de determinar la existencia de posibles nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, o lesividades, todo dentro de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y los artículos 10 y 35 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual, evidentemente causa confusión.\n\nY según consta en autos, la resolución inicial del órgano director no se notificó con los quince días hábiles de antelación requeridos por el ordinal artículo 311 de la Ley General, pues ésta se llevó a cabo el 26 de julio del 2005 y la comparecencia se verificó el 5 de agosto del mismo año, o sea, tan sólo 6 días después (ver folios del 57 al 61). Sumado esto a la imprecisión y la ambigüedad de la forma en que se imputó el objeto, carácter y fines de este procedimiento, es obvio que a la administrada se le colocó en una injusta posición en la que no pudo ejercer en forma efectiva su defensa.",
  "excerpt_en": "Upon review of the documents constituting the case file, it is observed that the ad-litem did not meet the requirements set forth in the preceding paragraph, for according to the factual background giving rise to the decision to initiate the proceeding against Mrs. XXX, it is clear that the object, character and purposes of this proceeding were not clearly and correctly stated by the investigating body, at the time the three notices of charges were served on the interested party. Note that each and every one of them indicates that the proceeding was instituted in order to determine the existence of possible absolute, evident and manifest nullities, or 'lesividades', all within the provisions of Article 173 of the General Public Administration Law and Articles 10 and 35 of the Contentious-Administrative Jurisdiction Law, which obviously causes confusion.\n\nAnd as the record shows, the initial resolution of the investigating body was not served with the fifteen working days’ notice required by Article 311 of the General Law, for service took place on July 26, 2005 and the hearing was held on August 5 of the same year, i.e., only 6 days later (see folios 57 to 61). Added to the imprecision and ambiguity in the way the object, character and purposes of this proceeding were imputed, it is obvious that the administrated party was placed in an unfair position in which she could not effectively exercise her defense.",
  "outcome": {
    "label_en": "Unfavorable opinion",
    "label_es": "Dictamen desfavorable",
    "summary_en": "The PGR declared itself unable to issue the favorable opinion required under Article 173 of the LGAP, annulled all proceedings due to substantial due process violations, and returned the case file.",
    "summary_es": "La PGR se declaró imposibilitada para emitir el dictamen favorable requerido bajo el artículo 173 de la LGAP, anuló todo lo actuado por violaciones sustanciales al debido proceso y devolvió el expediente."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the object, character and purposes of this proceeding were not clearly and correctly stated by the investigating body, at the time the three notices of charges were served on the interested party. Note that each and every one of them indicates that the proceeding was instituted in order to determine the existence of possible absolute, evident and manifest nullities, or 'lesividades', all within the provisions of Article 173 of the General Public Administration Law and Articles 10 and 35 of the Contentious-Administrative Jurisdiction Law, which obviously causes confusion.",
      "quote_es": "el objeto, el carácter y los fines de este procedimiento, no fueron enunciados clara y correctamente por parte del órgano director; esto al momento de efectuar los tres traslados de los cargos a la interesada. Véase que en todos y cada uno de ellos se indica que el procedimiento se entabló a fin de determinar la existencia de posibles nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, o lesividades, todo dentro de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y los artículos 10 y 35 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual, evidentemente causa confusión."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the initial resolution of the investigating body was not served with the fifteen working days’ notice required by Article 311 of the General Law, for service took place on July 26, 2005 and the hearing was held on August 5 of the same year, i.e., only 6 days later",
      "quote_es": "la resolución inicial del órgano director no se notificó con los quince días hábiles de antelación requeridos por el ordinal artículo 311 de la Ley General, pues ésta se llevó a cabo el 26 de julio del 2005 y la comparecencia se verificó el 5 de agosto del mismo año, o sea, tan sólo 6 días después"
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "competence is not only a principle of organization, but of administrative legality, since any administrative conduct involving the exercise of a competence must, in principle, be previously authorized expressly. Thus, the investigating body must limit the exercise of its investigative competence to the express object of the administrative proceeding indicated by the deciding body",
      "quote_es": "la competencia no es sólo un principio de organización, sino de legalidad administrativa, pues toda conducta administrativa que implique el ejercicio de una competencia tiene que estar, en principio, previamente autorizada de forma expresa. Así las cosas, el órgano director debe ceñir el ejercicio de su competencia instructiva al objeto expreso del procedimiento administrativo indicado por el órgano decisor"
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=13416&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 337 del 27/09/2005   \n\n\n\nC-337-2005\n\n\n\n\n27 de setiembre del 2005\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\n\nFernando Trejos B.\n\n\n\nMinistro de Trabajo y Seguridad Social\n\nS.   D.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con la aprobación de la Señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su\noficio número DMT-1767-2005 del 29 de agosto del 2005, por medio del cual, se nos remiten copias\ncertificadas del expediente del procedimiento administrativo realizado en contra de la señora XXX,\nportadora de la cédula de identidad número XXX, quien es beneficiaria de varias prestaciones\neconómicas periódicas por concepto de sobrevivencia, tanto del Régimen de Pensiones de Hacienda como\ndel de Guerra Además de ser beneficiaria originaria de una pensión del Régimen de Comunicaciones. Lo\nanterior, en razón de que el órgano competente para dictaminar la procedencia o no de la\ndeclaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del otorgamiento del beneficio del régimen\nde Guerra antes señalado, es la Procuraduría General de la República.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En tal sentido, tal y como lo hemos hecho en otros casos similares durante este año,\ndebemos indicarle que lamentablemente no podremos acceder a su petición, pues con vista del\nexpediente remitido al efecto, se logra colegir que en el presente caso se incumplieron formalidades\nsustanciales del procedimiento administrativo que van en detrimento de las garantías de los derechos\nindividuales del administrado; por lo cual, la actividad desplegada por la Administración ha sido\nilegítima.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.- Antecedentes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Del expediente administrativo que se nos anexa, se logran extraer la siguiente\ncronología de hechos de interés para la debida resolución de este asunto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1)      Mediante resolución R-DNP-2245-94 de las 09:00 horas del 25 de noviembre de 1994, emitida\npor la Dirección Nacional de Pensiones, se le reconoce a la señora XXX como beneficiaria de una\npensión del Régimen de Comunicaciones.\n\n\n\n 2)      El día 14 de julio de 2003, la señora XXX presenta ante la Dirección Nacional de Pensiones\nformal solicitud de traspaso de pensión del Régimen de Hacienda -Ley 148 de 23 de agosto de 1943 y\nsus reformas-, en virtud de ser la cónyuge supérstite de XXX, quien fuera beneficiario original de\nese régimen.\n\n\n\n 3)      El día 20 de agosto de 2003, la citada señora presenta ante la Dirección Nacional de\nPensiones formal solicitud de traspaso de pensión de Guerra, en virtud de ser la viuda de XXX,\nbeneficiario original de ese régimen.\n\n\n\n 4)      Mediante resolución R-TP-DNP-NRE-13392-2003 de las 12:00 horas del 25 de agosto de 2003\n-notificada el 18 se setiembre de 2003-, la Dirección Nacional de Pensiones le otorgó a la\nmencionada señora el traspaso solicitado por sobrevivencia de la pensión de Hacienda.\n\n\n\n 5)      Mediante resolución PG-9366-2004 de las 11:00 horas del 6 de julio de 2004, notificada el\n27 de agosto de 2004, se declara con lugar la solicitud formulada y se le otorga por concepto de\nsobrevivencia la pensión de Guerra a la interesada.\n\n\n\n 6)      Mediante resolución Nº 912 de las 12:15 horas del 3 de marzo de 2005, el Ministro de\nTrabajo y Seguridad Social nombra una Comisión investigadora para que analice y determine la\nexistencia de posibles nulidades absolutas, evidente y manifiestas o lesividades en el otorgamiento\ndel beneficio jubilatorio por el Régimen de Guerra  a favor de la señora XXX.\n\n\n\n 7)      Por oficio de fecha 15 de marzo de 2005, suscrito por los señores Mario Esteban López Mora\ny Carlos Roberto Ramos Monge, ambos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en\ncumplimiento de lo ordenado por la citada resolución Nº 912 de las 12:15 horas del 3 de marzo de\n2005, rinden informe sobre la determinación de posibles nulidades absolutas, evidentes y manifiestas\no lesividades del beneficio económico otorgado a la señora XXX por el Régimen de Guerra, y al\nrespecto recomiendan nombrar órgano Director del Procedimiento Administrativo para que, previo\ndictamen afirmativo de la Procuraduría General de la República, se proceda a declarar la nulidad de\nla pensión de Guerra.\n\n\n\n 8)      Por resolución Nº 322 de las 10:30 horas del 29 de marzo de 2005, el Ministro de Trabajo y\nSeguridad Social resuelve nombrar como integrantes del órgano director de procedimiento\nadministrativo a los funcionarios Marcela María Zamora Jara y Alexander Rojas Salas, para que dentro\ndel plazo que señala la normativa, procedan a determinar la existencia de nulidades absolutas,\nevidentes y manifiestas en la declaración del derecho jubilatorio por el Régimen de Guerra a favor\nde la señora XXX; esto con base en los artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública\ny los artículos 10 y 35 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -ésta última\nnormativa referida al proceso de lesividad- (Folios del 2 al 6 del expediente administrativo).\n\n\n\n 9)      Por resolución Nº  ODP-0007-2005 de las 09:00 horas del 26 de abril de 2005 -notificada\npersonalmente el 4 de mayo de 2005-, el citado órgano director hace el traslado de cargos a la\nseñora XXX, esto bajo el entendido de que “Se procede a iniciar el procedimiento administrativo a\nfin de determinar la existencia de posibles nulidades absolutas, evidente y manifiestas, o\nlesividades, en el otorgamiento del derecho de traspaso de pensión por el régimen de Guerra, así\ncomo para la recuperación de sumas pagadas de más según corresponda”. Y citó a comparecencia oral y\nprivada a las 09:00 horas del 27 de mayo de 2005 (Folios del 7 al 11 Ibídem).\n\n\n\n 10)   La señora XXX se apersonó y solicitó copia del expediente administrativo, esto mediante\nescrito de fecha 9 de mayo de 2005 (Folio 12).\n\n\n\n 11)   Según acta, la comparecencia oral y privada se celebró a las 09:00 horas del 27 de mayo de\n2005, con la presencia del órgano director, la señora XXX y sus abogadas, quienes además de hacer\nconclusiones, presentan un escrito de descargo (Folios del 14 al 24).\n\n\n\n 12)   Por oficio de fecha 07 de junio de 2005, el órgano director rinde su informe final y\nrecomienda, en lo que interesa: “(...) Que se debe declarar la existencia de una nulidad absoluta,\nevidente y manifiesta dentro del proceso de otorgamiento del derecho de pensión por traspaso del\nrégimen de Guerra a la XXX, esto por una evidente violación a las estipulaciones que señalan los\nartículos 32 de la Ley 7302; artículo 15 de la Ley 14 Ley General de Pensiones y artículo 11 de la\nLey de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra (...) Que no se debe iniciar proceso de cobro de sumas\npagadas de más a la señora XXX, en razón de que según los reportes del departamento de pagos de la\nDirección Nacional de Pensiones, a la señora XXX no se le ha incluido dentro de la planilla de\npensionados, por lo que no ha recibido monto alguno por concepto de pensión de traspaso por el\nrégimen de Guerra; por lo que no presenta deuda alguna a favor del Estado (...)” (Folios del 25 al\n33).\n\n\n\n 13)   Mediante resolución número 661 de las 10:30 horas del 13 de junio de 2005, el Ministro de\nTrabajo declara oficiosamente nulos los actos realizados en el procedimiento administrativo\nordinario seguido en contra de la señora XXX, por contravenir los lineamientos de la Directriz\nnúmero 007-2005 de 15 de abril de 2005, al omitir señalar adecuadamente el objeto, carácter y fin\ndel procedimiento desde el traslado de cargos (Folios del 34 al 37).\n\n\n\n 14)   Por resolución ODP-0008-05 de las 09:00 horas del 21 de junio de 2005, el órgano director\nefectúa la intimación e imputación de cargos, estableciendo que el procedimiento administrativo\nincoado pretende determinar la existencia de posibles nulidades absolutas, evidentes y manifiestas o\nlesividades (artículos 173 de la Ley General de la Administración Pública y numerales 10 y 35 de la\nLey de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) del acto declaratorio a su favor del traspaso de\nla pensión de Guerra de quien fuera su esposo. Y se cita a comparecencia oral y privada a las 09:00\nhoras del 22 de julio de 2005 (Folios del 38 al 43).\n\n\n\n 15)   La señora XXX interpone recursos ordinarios de revocatoria y apelación en contra de la\nresolución ODP-0008-05 de las 09:00 horas del 21 de junio de 2005 (Folios del 44 al 45).\n\n\n\n 16)   Por resolución ODP-0009-2005 de las 09:00 horas del 4 de julio de 2005, el órgano director\ndeclara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y traslada el expediente al superior para\nque éste resuelva la apelación (Folios del 46 al 52).\n\n\n\n 17)   Por resolución DMT-CDP-338-05 de las 11:50 horas del 19 de julio de 2005, el Ministro de\nTrabajo declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto (Folios del 52 al 56).\n\n\n\n 18)   Por resolución ODP-0011-05 de ñas 09:00 horas del 26 de julio de 2005 se vuelve a efectuar la\nintimación e imputación de cargos por parte del órgano director, haciendo expresa indicación de que\nel procedimiento se entabló a fin de determinar la existencia de posibles nulidades absolutas,\nevidentes y manifiestas, o lesividades, todo dentro de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública y los artículos 10 y 35 de la Ley de la Jurisdicción\nContencioso Administrativa. Y se cita a la comparecencia oral y privada a las 09:00 horas del 5 de\nagosto de 2005 -fue notificada el 26 de julio de 2005- (Folios del 57 al 61).\n\n\n\n 19)   Según acta, la comparecencia oral y privada se celebró a las 09:00 horas del 5 de agosto de\n2005, con la presencia del órgano director, la señora XXX y su abogadas, quienes además de hacer\nconclusiones, presentan un escrito de descargo y pruebas (Folios del 62 al 75).\n\n\n\n 20)    Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2005, el órgano director rinde su informe final y\nen lo que interesa recomienda: “(...) Que se debe declarar la existencia de una nulidad absoluta,\nevidente y manifiesta dentro del proceso de otorgamiento del derecho de pensión por traspaso del\nrégimen de Guerra a la señora XXX, esto por una evidente violación a las estipulaciones que señalan\nlos artículos 32 de la Ley 7302; artículo 15 de la Ley 14 Ley General de Pensiones y artículo 11 de\nla Ley de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra (...) Que no se debe iniciar proceso de cobro de\nsumas pagadas de más a la señora XXX, en razón de que según los reportes del departamento de pagos\nde la Dirección Nacional de Pensiones, a la señora XXX no se le ha incluido dentro de la planilla de\npensionados, por lo que no ha recibido monto alguno por concepto de pensión de traspaso por el\nrégimen de Guerra; por lo que no presenta deuda alguna a favor del Estado (...)” (Folios del 76 al\n85).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.- Violación al debido proceso y sus corolarios, especialmente del principio de intimación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Como será de su estimable conocimiento, nuestra jurisprudencia administrativa ha sido clara y\ncontundente en señalar que el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)\nestablece una excepción al principio de intangibilidad de los actos propios, al permitirle a la\nAdministración volver sobre sus propios actos, en casos patentes de nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta, y en el tanto dicha nulidad sea declarada mediante un procedimiento administrativo\nordinario (artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública), en el que se\nobserven los principios y las garantías del debido proceso, todo lo cual debe ser constatado por la\nProcuraduría General de la República de previo a emitir el dictamen de rigor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tal y como lo hemos advertido en reiteradas oportunidades, necesariamente el objeto, el carácter y\nlos fines del procedimiento administrativo deben quedar expresamente determinados desde la\nresolución administrativa por la cual se nombra al órgano director. Por ello, cuando se pretenda la\nanulación en sede gubernativa de actos que otorgan derechos subjetivos, el órgano director debe\ntomar en consideración que deviene indispensable que desde el propio inicio del procedimiento\nadministrativo, es decir, con el traslado de cargos, el afectado tenga pleno conocimiento no sólo de\nque se trata de un procedimiento especial fundamentado exclusivamente en la potestad de autotutela\nadministrativa manifestada en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, sino\ntambién de cuál es el acto declaratorio de derechos debidamente individualizado -y que además conste\nfehacientemente en el respectivo expediente-, que se pretende anular, y que por ende, se advierta\nasí de las posibles consecuencias jurídicas de tal procedimiento (Ver, entre otros, los dictámenes\nC-242-2001 de 7 de setiembre del 2001, C-243-2001 de 10 de setiembre del 2001, C-255-2001 de 25 de\nsetiembre del 2001, C-326-2001 de 28 de noviembre del 2001, C-340-2001 y C-341-2001, ambos de 10 de\ndiciembre del 2001); sólo así se logra hacer efectivo el principio de seguridad jurídica, entendido\ncomo la certeza o expectativa razonablemente fundada del ciudadano sobre el ordenamiento jurídico\naplicable al caso concreto (SSTC 176/1999, de 30 de septiembre, FJ 4; y 74/2000, de 16 de marzo, FJ\n3, ambas del Tribunal Constitucional español).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, teniendo como parámetro lo expuesto, y una vez concluido el análisis exhaustivo del\nexpediente administrativo en el que se llevó a cabo la gestión que nos ocupa, se patentizan una\nserie de violaciones esenciales al principio del debido proceso, que impiden a este órgano rendir el\ndictamen favorable solicitado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con vista de los documentos que conforman el expediente remitido, se observa que en el ad-litem no\nse cumplió con las exigencias expuestas en el párrafo transanterior, pues de conformidad con la\nrelación de los hechos que dan origen a la decisión de apertura del procedimiento seguido en contra\nde la señora XXX, es claro que el objeto, el carácter y los fines de este procedimiento, no fueron\nenunciados clara y correctamente por parte del órgano director; esto al momento de efectuar los tres\ntraslados de los cargos a la interesada. Véase que en todos y cada uno de ellos se indica que el\nprocedimiento se entabló a fin de determinar la existencia de posibles nulidades absolutas,\nevidentes y manifiestas, o lesividades, todo dentro de lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública y los artículos 10 y 35 de la Ley de la Jurisdicción\nContencioso Administrativa, lo cual, evidentemente causa confusión.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Y cabe indicar que esa imprecisión, a juicio de este órgano contralor de legalidad administrativa,\nno sólo produce una seria violación al principio de seguridad jurídica anteriormente comentado, sino\ntambién una clara y contundente limitación al ejercicio de la defensa efectiva de la interesada, que\npor demás vicia flagrantemente el contenido del auto de avocamiento por el que se le dio traslado de\ncargos a la administrada; el cual, por lo dicho, se hizo sin el debido cumplimiento de lo previsto\nen los incisos c) y f) del artículo 249 y 245 de la Ley General de la Administración Pública, pues\nno se le notificó debidamente a la interesada del carácter cierto y de los fines concretos del\nprocedimiento, ni de las consecuencias jurídicas efectivas que éste podría acarrearle, en caso de\nanularse el acto que le otorgó formalmente la pensión por sobrevivencia de Guerra. Y en ese sentido,\nel numeral 254 de la citada Ley General es claro en imponer que las citaciones defectuosas por\nomisión de alguno de los requisitos exigidos por el numeral 249, serán nulas, y así hay que\ndeclararlo en este caso.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Inclusive, por la imprecisión y la ambigüedad  con que se enuncian el objeto, carácter y fines de\neste procedimiento, al confundir injustificadamente el procedimiento administrativo especial del 173\nde la Ley General, con el proceso de lesividad de lo contencioso administrativo, ya en otras\noportunidades hemos advertido que en estos casos ni siquiera puede tenerse por debidamente\nconstituida la voluntad administrativa en relación con las diversas opciones contempladas en los\nartículos 10 y 35  de la Ley de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa y 173 de la Ley General\nde la Administración Pública (pronunciamiento C-089-2005 de 1º de marzo de 2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Insistimos una vez más en que se trata de dos vías distintas. La primera es la vía que\npuede llevar a la declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso no debe ir\nprecedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria fundamentada\nde lesividad por parte del órgano superior de la jerarquía administrativa correspondiente. La\nsegunda, surge única y exclusivamente cuando se está ante la hipótesis de nulidad absoluta,\n“evidente y manifiesta” y se ha observado el correspondiente procedimiento ordinario, al cabo del\ncual la Administración podría declarar la nulidad, en caso de ser afirmativo el dictamen preceptivo\nde este órgano. Será entonces resorte exclusivo de la Administración consultante, la valoración\nprevia del tipo de invalidez que vicia los actos administrativos en examen, y con base en ello,\ntambién la determinación del procedimiento aplicable para su anulación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Todo lo anterior conlleva entonces un problema básico en la intimación e imputación;\nprincipio básico del procedimiento administrativo que obliga al órgano encargado de realizar el\nprocedimiento, a poner en conocimiento del afectado una relación oportuna, expresa, precisa, clara y\ncircunstanciada de los hechos por los cuales se inicia la investigación y sus probables\nconsecuencias legales, lo que debe unirse al ineludible deber de la Administración de notificar el\ncarácter y fines del procedimiento (Ver Votos Nº 2945-94 de las 08:12 horas del 17 de junio de 1994,\nN° 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo y N° 2376-98 del 1º de abril, ambas de 1998; N°\n216-I-98 de las 16:45 horas del 14 de abril de 1998 y N° 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero\nde 1999, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y en igual sentido, la Nº\n21 de las 14:15 horas del 9 de abril de 1997, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).\n\n\n\n\n \n\n\n\n III.- La citación de las partes a la comparecencia oral y privada debe hacerse con quince días de\nanticipación (art. 311 de la Ley General de la Administración Pública).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Según prescribe de manera expresa y especial la Ley General de la Administración Pública, la\ncitación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días hábiles de anticipación (relación\narmónica de los artículos 311 y 256.2 Ibídem), en caso contrario se estaría limitando ilegítimamente\nla oportunidad para los administrados de preparar adecuadamente su defensa y alegación (Véanse al\nrespecto, entre otros muchos, los pronunciamientos C-193-2001 de 11 de julio de 2001 y C-263-2001 de\n1 de octubre de 2001).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Dicho plazo constituye una garantía legal que ha sido calificada por la propia Sala Constitucional,\ny por la Procuraduría General, como una formalidad sustancial del procedimiento administrativo\nordinario, cuya omisión ocasiona la nulidad absoluta de lo actuado a contrapelo de esa norma; esto\nconforme a lo dispuesto por los numerales 223 y 254 de la citada Ley General (Remito entre otras, a\nlas resoluciones Nº 5653-93 de las 08:27 horas del 5 de noviembre de 1993 y 2002-02175 de las 10:31\nhoras del 1º de marzo de 2002, de la Sala Constitucional, así como los pronunciamientos C-223-97 de\n24 de noviembre de 1997, C-193-2001 de 11 de julio de 2001, C-205-2002 de 14 de agosto de 2002,\nC-159-2002 de 18 de junio de 2002  y C-340-2003, entre otros muchos).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Y según consta en autos, la resolución inicial del órgano director no se notificó con los quince\ndías hábiles de antelación requeridos por el ordinal artículo 311 de la Ley General, pues ésta se\nllevó a cabo el 26 de julio del 2005 y la comparecencia se verificó el 5 de agosto del mismo año, o\nsea, tan sólo 6 días después (ver folios del 57 al 61). Sumado esto a la imprecisión y la ambigüedad\nde la forma en que se imputó el objeto, carácter y fines de este procedimiento, es obvio que a la\nadministrada se le colocó en una injusta posición en la que no pudo ejercer en forma efectiva su\ndefensa.  \n\n\n\n\n \n\n\n\n Así las cosas, conforme a lo dispuesto en los numerales 223, 239, 247 y 254 de la Ley General,\ntenemos que las señaladas omisiones son de carácter substancial, pues inciden negativamente en el\nprincipio constitucional del debido proceso y sus corolarios de derecho de audiencia y de defensa,\nlos cuales constituyen garantías formales exigibles a toda autoridad administrativa que pretenda\nanular actos propios creadores de derechos subjetivos (Ver Votos Nº 1224-91 de las 16:30 horas del\n27 de junio de 1991, N° 2945-94 de las 08:12 horas del 17 de junio de 1994 y N° 5469-95 de las 18:03\nhoras del 4 de octubre de 1995, todas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por consiguiente, si no medió la debida intimación del carácter y fines del procedimiento, como\ntampoco la expresa indicación del acto que ahora se pretende anular, ni se respetó el plazo previsto\nen la ley para que la administrada pudiera prepararse a ejercer su derecho de defensa, en cabal\ncumplimiento del fin garantista del debido proceso que origina nuestra intervención como contralor\nde legalidad en estos asuntos, en los que la Administración -de forma excepcional- pretenda ir\ncontra sus propios actos en sede gubernativa, debemos declarar la nulidad absoluta de todo lo\nactuado con los efectos pertinentes, sin más opción que devolver el expediente sin el dictamen\nfavorable que fuera requerido en aplicación del supracitado artículo 173.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por último consideramos conveniente recordarle que la competencia no es sólo un\nprincipio de organización, sino de legalidad administrativa, pues toda conducta administrativa que\nimplique el ejercicio de una competencia tiene que estar, en principio, previamente autorizada de\nforma expresa. Así las cosas, el órgano director debe ceñir el ejercicio de su competencia\ninstructiva al objeto expreso del procedimiento administrativo indicado por el órgano decisor; no\npudiendo así instruir cargos o emitir recomendación alguna más allá de aquél objeto. En otras\npalabras, si el procedimiento es para declarar la eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta\nde un  acto declaratorio de derechos determinado, entonces la labor del órgano director deberá\nlimitarse sólo a ello, y no a establecer, por ejemplo, la procedencia o no de la recuperación de\nsumas derivadas de aquella nulidad, ya que ese será un aspecto que deberá deducirse en un\nprocedimiento independiente y posterior, de conformidad con lo previsto por el numeral 200.2 de la\ncitada Ley General. \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nConclusión:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De conformidad con lo expuesto, este Despacho se encuentra jurídicamente imposibilitado\npara rendir el dictamen favorable al que hace referencia del artículo 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública, toda vez que lo actuado en el correspondiente procedimiento administrativo\nresulta absolutamente nulo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En razón de lo anterior, devolvemos el expediente administrativo que nos fuera\nsuministrado para este estudio, a efecto de que dentro del plazo de caducidad previsto en el\nordenamiento jurídico, se enderecen los procedimientos correspondientes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nMSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera\n\n\n\n\nPROCURADOR\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLGBH/gvv\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n 1)         Esto es: que dicha nulidad además de absoluta -por disconformidad sustancial con el\nordenamiento- sea patente, notoria, ostensible, palpable de manera cierta y clara, sin que exista\nmargen de duda y sin que se requiera de un proceso o esfuerzo interpretativo o exegético para su\nverificación, dada su índole grosera y grave (Véase al respecto, entre otras muchas, la resolución\nNº 2003-4369 de las 08:30 horas del 23 de mayo de 2003, de la Sala Constitucional).",
  "body_en_text": "Opinion : 337 of 27/09/2005\n\n\n\nC-337-2005\n\n\n\n\n27 September 2005\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\n\nFernando Trejos B.\n\n\n\nMinister of Labor and Social Security\n\nS.   D.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDear Sir:\n\n\n\n\n \n\n\n\n            With the approval of the Attorney General of the Republic, I respond to your official letter number DMT-1767-2005 of 29 August 2005, by means of which, you sent us certified copies of the file of the administrative proceeding conducted against Mrs. XXX, bearer of identity card number XXX, who is the beneficiary of several periodic economic benefits by reason of survivorship, from both the Hacienda Pension Regime and the War one. In addition to being the original beneficiary of a pension from the Communications Regime. The foregoing, because the competent body to determine the appropriateness or not of the declaration of absolute, evident, and manifest nullity of the granting of the benefit of the aforementioned War regime is the Attorney General's Office.\n\n\n\n\n \n\n\n\n            In this regard, as we have done in other similar cases during this year, we must indicate to you that unfortunately we will be unable to grant your request, since upon review of the file sent for this purpose, it can be deduced that in the present case, substantial formalities of the administrative procedure were breached, to the detriment of the guarantees of the individual rights of the administered party; for which reason, the activity carried out by the Administration has been illegitimate.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.- Background.\n\n\n\n\n \n\n\n\n            From the administrative file annexed to us, the following chronology of relevant facts for the due resolution of this matter can be extracted.\n\n\n\n\n \n\n\n\n1)      By resolution R-DNP-2245-94 at 09:00 hours on 25 November 1994, issued by the National Directorate of Pensions, Mrs. XXX was recognized as a beneficiary of a pension from the Communications Regime.\n\n\n\n2)      On 14 July 2003, Mrs. XXX submitted a formal request before the National Directorate of Pensions for the transfer of a pension from the Hacienda Regime -Ley 148 of 23 August 1943 and its reforms-, by virtue of being the surviving spouse of XXX, who was the original beneficiary of that regime.\n\n\n\n3)      On 20 August 2003, the cited lady submitted a formal request before the National Directorate of Pensions for the transfer of a War pension, by virtue of being the widow of XXX, the original beneficiary of that regime.\n\n\n\n4)      By resolution R-TP-DNP-NRE-13392-2003 at 12:00 hours on 25 August 2003 -notified on 18 September 2003-, the National Directorate of Pensions granted the aforementioned lady the requested transfer for survivorship of the Hacienda pension.\n\n\n\n5)      By resolution PG-9366-2004 at 11:00 hours on 6 July 2004, notified on 27 August 2004, the formulated request was declared with merit and the War pension was granted to the interested party as a survivorship benefit.\n\n\n\n6)      By resolution Nº 912 at 12:15 hours on 3 March 2005, the Minister of Labor and Social Security appointed an Investigative Commission to analyze and determine the existence of possible absolute, evident, and manifest nullities or lesividades in the granting of the retirement benefit under the War Regime in favor of Mrs. XXX.\n\n\n\n7)      By official letter dated 15 March 2005, signed by Messrs. Mario Esteban López Mora and Carlos Roberto Ramos Monge, both officials of the Ministry of Labor and Social Security, in compliance with the order issued by the cited resolution Nº 912 at 12:15 hours on 3 March 2005, they render a report on the determination of possible absolute, evident, and manifest nullities or lesividades of the economic benefit granted to Mrs. XXX under the War Regime, and in that regard recommend appointing a Directing Body for the Administrative Proceeding so that, upon an affirmative opinion from the Attorney General’s Office, proceedings may be taken to declare the nullity of the War pension.\n\n\n\n8)      By resolution Nº 322 at 10:30 hours on 29 March 2005, the Minister of Labor and Social Security resolved to appoint officials Marcela María Zamora Jara and Alexander Rojas Salas as members of the directing body of the administrative proceeding, so that within the period indicated by the regulations, they proceed to determine the existence of absolute, evident, and manifest nullities in the declaration of the retirement right under the War Regime in favor of Mrs. XXX; this based on Article 173 of the Ley General de la Administración Pública and Articles 10 and 35 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -this latter regulation referring to the lesividad process- (Folios 2 through 6 of the administrative file).\n\n\n\n9)      By resolution Nº ODP-0007-2005 at 09:00 hours on 26 April 2005 -personally notified on 4 May 2005-, the cited directing body makes the notification of charges (traslado de cargos) to Mrs. XXX, upon the understanding that “Proceedings are taken to initiate the administrative proceeding in order to determine the existence of possible absolute, evident, and manifest nullities, or lesividades, in the granting of the right of transfer of the pension under the War regime, as well as for the recovery of sums overpaid as applicable.” And it scheduled a private oral hearing (comparecencia oral y privada) for 09:00 hours on 27 May 2005 (Folios 7 through 11 Ibidem).\n\n\n\n10)   Mrs. XXX appeared and requested a copy of the administrative file, this by means of a writing dated 9 May 2005 (Folio 12).\n\n\n\n11)   According to the minutes, the private oral hearing was held at 09:00 hours on 27 May 2005, with the presence of the directing body, Mrs. XXX and her attorneys, who, besides making conclusions, submitted a written statement of defense (escrito de descargo) (Folios 14 through 24).\n\n\n\n12)   By official letter dated 07 June 2005, the directing body renders its final report and recommends, in relevant part: “(...) That the existence of an absolute, evident, and manifest nullity must be declared within the process of granting the right of pension by transfer from the War regime to XXX, this due to an evident violation of the stipulations indicated in Article 32 of Ley 7302; Article 15 of Ley 14 Ley General de Pensiones and Article 11 of the Ley de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra (...) That a process for the collection of sums overpaid to Mrs. XXX should not be initiated, because according to the reports from the payments department of the National Directorate of Pensions, Mrs. XXX has not been included in the pensioner payroll, so she has not received any amount for the concept of transfer pension under the War regime; therefore, she has no debt in favor of the State (...)” (Folios 25 through 33).\n\n\n\n13)   By resolution number 661 at 10:30 hours on 13 June 2005, the Minister of Labor declared, on his own motion (oficiosamente), null the acts performed in the ordinary administrative proceeding conducted against Mrs. XXX, for contravening the guidelines of Directriz number 007-2005 of 15 April 2005, by failing to properly indicate the object, nature, and purpose of the proceeding from the notification of charges (Folios 34 through 37).\n\n\n\n14)   By resolution ODP-0008-05 at 09:00 hours on 21 June 2005, the directing body effects the summons and imputation of charges (intimación e imputación de cargos), establishing that the instigated administrative proceeding seeks to determine the existence of possible absolute, evident, and manifest nullities or lesividades (Article 173 of the Ley General de la Administración Pública and Articles 10 and 35 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) of the declaratory act in her favor for the transfer of the War pension of her late husband. And a private oral hearing is scheduled for 09:00 hours on 22 July 2005 (Folios 38 through 43).\n\n\n\n15)   Mrs. XXX filed ordinary appeals for revocation (revocatoria) and appeal (apelación) against resolution ODP-0008-05 at 09:00 hours on 21 June 2005 (Folios 44 through 45).\n\n\n\n16)   By resolution ODP-0009-2005 at 09:00 hours on 4 July 2005, the directing body denied the filed appeal for revocation and forwarded the file to the superior for it to resolve the appeal (Folios 46 through 52).\n\n\n\n17)   By resolution DMT-CDP-338-05 at 11:50 hours on 19 July 2005, the Minister of Labor denied the filed appeal for reconsideration (reposición) (Folios 52 through 56).\n\n\n\n18)   By resolution ODP-0011-05 at 09:00 hours on 26 July 2005, the summoning and imputation of charges by the directing body is once again effected, with the express indication that the proceeding was established to determine the existence of possible absolute, evident, and manifest nullities, or lesividades, all within the provisions of Article 173 of the Ley General de la Administración Pública and Articles 10 and 35 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. And the private oral hearing is scheduled for 09:00 hours on 5 August 2005 -it was notified on 26 July 2005- (Folios 57 through 61).\n\n\n\n19)   According to the minutes, the private oral hearing was held at 09:00 hours on 5 August 2005, with the presence of the directing body, Mrs. XXX and her attorneys, who, besides making conclusions, submitted a written statement of defense and evidence (Folios 62 through 75).\n\n\n\n20)    By means of a writing dated 10 August 2005, the directing body renders its final report and in relevant part recommends: “(...) That the existence of an absolute, evident, and manifest nullity must be declared within the process of granting the right of pension by transfer from the War regime to Mrs. XXX, this due to an evident violation of the stipulations indicated in Article 32 of Ley 7302; Article 15 of Ley 14 Ley General de Pensiones and Article 11 of the Ley de Pensiones e Indemnizaciones de Guerra (...) That a process for the collection of sums overpaid to Mrs. XXX should not be initiated, because according to the reports from the payments department of the National Directorate of Pensions, Mrs. XXX has not been included in the pensioner payroll, so she has not received any amount for the concept of transfer pension under the War regime; therefore, she has no debt in favor of the State (...)” (Folios 76 through 85).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.- Violation of due process (debido proceso) and its corollaries, especially the principle of summoning (principio de intimación).\n\n\n\n\n \n\n\n\nAs will be within your estimable knowledge, our administrative jurisprudence has been clear and forceful in pointing out that Article 173 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP) establishes an exception to the principle of the intangibility of one's own acts (principio de intangibilidad de los actos propios), by allowing the Administration to revisit its own acts, in patent cases of absolute, evident, and manifest nullity, and as long as said nullity is declared through an ordinary administrative proceeding (ordinary administrative proceeding, Articles 308 and following of the Ley General de la Administración Pública), in which the principles and guarantees of due process are observed, all of which must be verified by the Attorney General's Office prior to issuing the requisite opinion.\n\n\n\n\n \n\n\n\nAs we have warned on repeated occasions, the object, the nature, and the purposes of the administrative proceeding must necessarily be expressly determined from the administrative resolution by which the directing body is appointed. Therefore, when the annulment in administrative venue (sede gubernativa) of acts that grant subjective rights is sought, the directing body must take into consideration that it is indispensable that, from the very beginning of the administrative proceeding, that is, with the notification of charges (traslado de cargos), the affected party has full knowledge not only that this is a special proceeding founded exclusively on the power of administrative self-review (autotutela administrativa) manifested in Article 173 of the Ley General de la Administración Pública, but also of which duly individualized declaratory act of rights —and which must also appear reliably in the respective file— is sought to be annulled, and thereby, be warned thus of the possible legal consequences of such a proceeding (See, among others, opinions C-242-2001 of 7 September 2001, C-243-2001 of 10 September 2001, C-255-2001 of 25 September 2001, C-326-2001 of 28 November 2001, C-340-2001 and C-341-2001, both of 10 December 2001); only in this way is the principle of legal certainty (principio de seguridad jurídica) made effective, understood as the reasonably founded certainty or expectation of the citizen regarding the legal system applicable to the specific case (SSTC 176/1999, of 30 September, FJ 4; and 74/2000, of 16 March, FJ 3, both of the Spanish Constitutional Court).\n\n\n\n\n \n\n\n\nNow then, taking what has been stated as a parameter, and once the exhaustive analysis of the administrative file in which the action that concerns us was carried out is concluded, a series of essential violations of the principle of due process become evident, which prevent this body from rendering the favorable opinion requested.\n\n\n\n\n \n\n\n\nUpon review of the documents that make up the file sent, it is observed that in the ad-litem the requirements set forth in the preceding paragraph were not met, since in accordance with the relation of facts giving rise to the decision to open the proceeding conducted against Mrs. XXX, it is clear that the object, the nature, and the purposes of this proceeding were not clearly and correctly stated by the directing body; this at the moment of making the three notifications of charges to the interested party. Observe that in each and every one of them, it is indicated that the proceeding was established to determine the existence of possible absolute, evident, and manifest nullities, or lesividades, all within the provisions of Article 173 of the Ley General de la Administración Pública and Articles 10 and 35 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, which evidently causes confusion.\n\n\n\n\n \n\n\n\nAnd it must be pointed out that this imprecision, in the judgment of this body that controls administrative legality (órgano contralor de legalidad administrativa), not only produces a serious violation of the principle of legal certainty previously commented upon, but also a clear and forceful limitation on the exercise of the effective defense of the interested party, which furthermore flagrantly vitiates the content of the order of avocation (auto de avocamiento) by which the charges were notified to the administered party; which, by what has been said, was done without due compliance with the provisions of subparagraphs c) and f) of Article 249 and Article 245 of the Ley General de la Administración Pública, since the interested party was not duly notified of the certain nature and the concrete purposes of the proceeding, nor of the effective legal consequences that this could entail for her, in the event of annulling the act that formally granted her the War survivorship pension. And in that sense, Article 254 of the cited Ley General is clear in imposing that defective summonses due to the omission of any of the requirements demanded by Article 249 shall be null, and thus it must be declared in this case.\n\n\n\n\n \n\n\n\nFurthermore, due to the imprecision and ambiguity with which the object, nature, and purposes of this proceeding are stated, by unjustifiably confusing the special administrative proceeding of Article 173 of the Ley General with the lesividad process of the administrative contentious jurisdiction, we have warned on other occasions that in these cases the administrative will cannot even be considered duly constituted in relation to the various options contemplated in Articles 10 and 35 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa and Article 173 of the Ley General de la Administración Pública (pronouncement C-089-2005 of 1 March 2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n            We insist once again that these are two distinct avenues. The first is the avenue that may lead to the declaration of nullity by the jurisdictional body, in which case it need not be preceded by an ordinary administrative proceeding, but rather the substantiated declaration of lesividad by the superior body of the corresponding administrative hierarchy is sufficient. The second arises solely and exclusively when one is faced with the hypothesis of absolute nullity, \"evident and manifest\", and the corresponding ordinary proceeding has been observed, at the end of which the Administration could declare the nullity, should the mandatory opinion of this body be affirmative. It will thus be the exclusive province of the consulting Administration to carry out the prior assessment of the type of invalidity that vitiates the administrative acts under examination, and based on that, also the determination of the applicable procedure for their annulment.\n\n\n\n\n \n\n\n\n            All of the foregoing therefore entails a basic problem in the summoning and imputation (intimación e imputación); a basic principle of the administrative proceeding that obliges the body in charge of conducting the proceeding to make known to the affected party a timely, express, precise, clear, and detailed relation of the facts for which the investigation is initiated and its probable legal consequences, which must be combined with the inescapable duty of the Administration to notify the nature and purposes of the proceeding (See Votos Nº 2945-94 of 08:12 hours on 17 June 1994, N° 2253-98 of 13:03 hours on 27 March and N° 2376-98 of 1 April, both of 1998; N° 216-I-98 of 16:45 hours on 14 April 1998 and N° 632-99 of 10:48 hours on 29 January 1999, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. And in the same sense, Nº 21 of 14:15 hours on 9 April 1997, from the First Chamber of the Supreme Court of Justice).\n\n\n\n\n \n\n\n\nIII.- The summons (citación) of the parties to the private oral hearing must be made with fifteen days' notice (Art. 311 of the Ley General de la Administración Pública).\n\n\n\n\n \n\n\n\nAs expressly and specially prescribed by the Ley General de la Administración Pública, the summons to the oral hearing must be made with fifteen business days' notice (harmonious reading of Articles 311 and 256.2 Ibidem); otherwise, the opportunity for the administered parties to adequately prepare their defense and allegations would be illegitimately limited (See in this regard, among many others, pronouncements C-193-2001 of 11 July 2001 and C-263-2001 of 1 October 2001).\n\n\n\n\n \n\n\n\nSaid period constitutes a legal guarantee that has been qualified by the Constitutional Chamber itself, and by the Attorney General's Office, as a substantial formality of the ordinary administrative proceeding, the omission of which causes the absolute nullity of what was acted against the grain of that norm; this in accordance with the provisions of Articles 223 and 254 of the cited Ley General (I refer, among others, to resolutions Nº 5653-93 of 08:27 hours on 5 November 1993 and 2002-02175 of 10:31 hours on 1 March 2002, of the Constitutional Chamber, as well as pronouncements C-223-97 of 24 November 1997, C-193-2001 of 11 July 2001, C-205-2002 of 14 August 2002, C-159-2002 of 18 June 2002 and C-340-2003, among many others).\n\n\n\n\n \n\n\n\nAnd as is on record in the proceedings, the initial resolution of the directing body was not notified with the fifteen business days' advance notice required by ordinal Article 311 of the Ley General, since this was carried out on 26 July 2005 and the hearing was held on 5 August of the same year, that is, only 6 days later (see folios 57 through 61). Added to this is the imprecision and ambiguity of the manner in which the object, nature, and purposes of this proceeding were imputed, it is obvious that the administered party was placed in an unfair position in which she could not effectively exercise her defense.\n\n\n\n\n \n\n\n\nThus things stand, in accordance with the provisions of Articles 223, 239, 247, and 254 of the Ley General, we find that the indicated omissions are of a substantial nature, since they negatively impact the constitutional principle of due process and its corollaries of the right to be heard (derecho de audiencia) and the right of defense (derecho de defensa), which constitute formal guarantees demandable by any administrative authority intending to annul its own acts that create subjective rights (See Votos Nº 1224-91 of 16:30 hours on 27 June 1991, N° 2945-94 of 08:12 hours on 17 June 1994 and N° 5469-95 of 18:03 hours on 4 October 1995, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice).\n\n\n\n\n \n\n\n\nConsequently, if there was no proper summoning (intimación) of the nature and purposes of the proceeding, nor the express indication of the act now sought to be annulled, nor was the period provided by law for the administered party to prepare to exercise her right of defense respected, in full compliance with the guarantee-purpose of due process that originates our intervention as a controller of legality (contralor de legalidad) in these matters, in which the Administration —exceptionally— seeks to go against its own acts in administrative venue, we must declare the absolute nullity of all actions taken, with the pertinent effects, with no other option than to return the file without the favorable opinion that was requested in application of the supra-cited Article 173.\n\n\n\n\n \n\n\n\n            Finally, we consider it advisable to remind you that jurisdiction (competencia) is not only an organizational principle but also one of administrative legality, since all administrative conduct that implies the exercise of a jurisdiction must, in principle, be previously authorized in an express manner. Thus things stand, the directing body must confine the exercise of its investigative jurisdiction to the express object of the administrative proceeding indicated by the deciding body; thus being unable to instruct charges or issue any recommendation beyond that object. In other words, if the proceeding is to declare the eventual absolute, evident, and manifest nullity of a specific declaratory act of rights, then the work of the directing body must be limited solely to that, and not to establish, for example, the appropriateness or not of the recovery of sums derived from that nullity, since that will be an aspect to be deduced in an independent and subsequent proceeding, in accordance with the provisions of Article 200.2 of the cited Ley General.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nConclusion:\n\n\n\n\n \n\n\n\n            In accordance with the foregoing, this Office finds itself legally unable to render the favorable opinion referred to in Article 173 of the Ley General de la Administración Pública, given that the actions taken in the corresponding administrative proceeding are absolutely null.\n\n\n\n\n \n\n\n\n            By reason of the above, we return the administrative file that was provided to us for this study, so that within the expiration period (plazo de caducidad) provided for in the legal system, the corresponding proceedings may be set right.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nMSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera\n\n\n\n\nPROCURADOR\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLGBH/gvv\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n1)         That is: that said nullity, besides being absolute —due to substantial non-conformity with the legal system— must be patent, notorious, ostensible, palpably certain and clear, without any margin of doubt and without requiring an interpretive or exegetical process or effort for its verification, given its gross and serious nature (See in this regard, among many others, resolution Nº 2003-4369 of 08:30 hours on 23 May 2003, of the Constitutional Chamber)."
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