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  "id": "pgr-14710",
  "citation": "C-284-2007",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Imposibilidad de emitir criterio por consulta sobre caso concreto de cálculo de vacaciones",
  "title_en": "Inability to issue opinion on concrete case regarding vacation pay calculation",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República declina emitir criterio sobre la consulta planteada por la Directora Administrativa del SINART, relativa al cálculo del pago de vacaciones en la liquidación de un funcionario que ha estado incapacitado por un año y medio. La Procuraduría fundamenta su negativa en dos motivos de inadmisibilidad. En primer lugar, la consulta versa sobre un caso concreto, identificando a un funcionario particular con condiciones especiales, cuando la función consultiva de la Procuraduría se limita a cuestiones jurídicas genéricas, según lo dispuesto en el artículo 3 inciso b) de su Ley Orgánica. En segundo lugar, la consulta no fue formulada por el jerarca competente (la Junta Directiva o el Presidente Ejecutivo del SINART), sino por una Directora Administrativa, incumpliendo el requisito del artículo 4 de la misma ley. Por tanto, la Procuraduría se ve imposibilitada de ejercer su competencia consultiva, ya que hacerlo implicaría sustituir a la administración activa en una decisión que solo a ella corresponde.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office declines to issue an opinion on the inquiry submitted by the Administrative Director of SINART regarding the calculation of vacation pay in the settlement of an employee who has been on sick leave for a year and a half. The Office bases its refusal on two grounds of inadmissibility. First, the inquiry concerns a specific case, identifying a particular employee with special conditions, whereas the Office's advisory function is limited to generic legal questions, as provided in Article 3(b) of its Organic Law. Second, the inquiry was not submitted by the competent superior officer (the Board of Directors or the Executive President of SINART), but by an Administrative Director, failing to meet the requirement of Article 4 of the same law. Therefore, the Office finds itself unable to exercise its advisory jurisdiction, as doing so would mean substituting the active administration in a decision that belongs exclusively to it.",
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  "date": "21/08/2007",
  "year": "2007",
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    "Procuraduría General de la República",
    "caso concreto",
    "cuestión jurídica genérica",
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    "administración activa",
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  "keywords_es": [
    "Procuraduría General de la República",
    "consulta caso concreto",
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    "derechos laborales",
    "vacaciones",
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    "SINART",
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    "Ley Orgánica PGR"
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    "Attorney General's Office",
    "concrete case inquiry",
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    "PGR Organic Law"
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  "excerpt_es": "Analizada su petición de asesoría, se observa que la consulta planteada consiste expresamente en determinar cómo se realiza el cálculo del pago de las vacaciones en la liquidación de derechos laborales de un funcionario en particular que además tiene condiciones especiales. Sobre el particular, estima esta Procuraduría General que, al tenor de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3 de nuestra Ley Orgánica, nos vemos imposibilitados para verter el criterio requerido, en tanto se incumple con el requisito de admisibilidad relativo a que las consultas deben versar sobre cuestiones jurídicas en genérico. Asimismo, se detecta un motivo adicional por el cual también debe esta Procuraduría General rechazar la consulta planteada, el cual se deriva de lo dispuesto en el artículo 4 de nuestra Ley Orgánica, que dispone lo siguiente: “Artículo 4.- Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”",
  "excerpt_en": "After analyzing your request for advice, it is noted that the inquiry expressly consists of determining how to calculate vacation pay in the settlement of labor rights of a particular employee who also has special conditions. In this regard, this Attorney General's Office considers that, pursuant to the provisions of Article 3(b) of our Organic Law, we are unable to provide the requested opinion, as the admissibility requirement that inquiries must concern generic legal questions is not met. Moreover, an additional reason is detected for which this Office must also reject the inquiry, which arises from the provisions of Article 4 of our Organic Law, which states: 'Article 4.- Inquiries: The bodies of the Public Administration, through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-legal opinion of the Attorney General's Office; in each case, they must attach the opinion of the respective legal counsel, except in the case of internal auditors, who may submit the inquiry directly.'",
  "outcome": {
    "label_en": "Inquiry denied",
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    "summary_en": "The Attorney General's Office declines to issue an opinion because the inquiry concerns a concrete case and was not submitted by the competent superior officer.",
    "summary_es": "La Procuraduría se abstiene de emitir criterio por tratarse de un caso concreto y por no haber sido formulada la consulta por el jerarca competente."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "I. Imposibilidad para ejercer la función consultiva por tratarse de un caso concreto",
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      "quote_es": "la Procuraduría ha señalado reiteradamente que en virtud del efecto vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a pronunciarse sobre situaciones concretas, así como tampoco le está permitido dirimir los distintos conflictos que se sometan a decisión de los entes públicos."
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    {
      "context": "I. Imposibilidad para ejercer la función consultiva por tratarse de un caso concreto",
      "quote_en": "The Attorney General's Office would disregard its own jurisdiction if it were to substitute the Administration by resolving concrete cases.",
      "quote_es": "La Procuraduría desconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos concretos."
    },
    {
      "context": "I. Imposibilidad para ejercer la función consultiva por tratarse de un caso concreto",
      "quote_en": "the inquiry must be submitted directly by the head of the body or by the internal auditor when appropriate.",
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=14710&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 284 del 21/08/2007   \n\n\n\nC-284-2007\n\n\n\n\n21 de agosto de 2007\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nMBA. Guiselle Carballo Villalobos\n\n\n\n\nDirectora Administrativa\n\n\n\n\nSistema Nacional de Radio y Televisión\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con la aprobación de la Sra. Procuradora General de la República, nos referimos a su\noficio DRH-814-2007 de fecha 09 de agosto del 2007. En el oficio referido, se solicita el criterio\nde esta Procuraduría General en los siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Cómo se realiza el cálculo del pago de las vacaciones en la liquidación de derechos laborales de\nun funcionario, cuando éste tiene año y medio de estar incapacitado, por lo que lo único que ha\nestado percibiendo es el subsidio del 40% indicado por ley.\n\n\n\n Lo anterior obedece a que dicho funcionario tiene varios períodos de vacaciones acumulados y\nrequerimos realizarle el pago correspondiente a sus extremos laborales ya que recibirá el beneficio\nde la pensión.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n A partir de lo anterior, pasamos a exponer los motivos por los cuales esta Procuraduría General se\nencuentra imposibilitada para emitir el criterio requerido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n I.                   Imposibilidad para ejercer la función consultiva por tratarse de un caso\nconcreto\n\n\n\n\n \n\n\n\n La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de\n1982 y sus reformas), establece una serie de requisitos que deben ser verificados previo a ejercer\nla función consultiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Entre otros aspectos se ha establecido que la consulta debe venir formulada por el jerarca\nrespectivo, o bien el auditor interno cuando proceda; asimismo, debe aportarse el criterio legal\ncorrespondiente, y las interrogantes deben versar sobre cuestiones jurídicas en genérico, en\nconsecuencia, no debe consultarse sobre casos concretos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Propiamente en relación con la consulta planteada, interesa recordar lo dispuesto en el artículo 3\ninciso b) de nuestra Ley Orgánica, cuyo texto indica:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 3.- Atribuciones. Son atribuciones de la Procuraduría General de la República:\n\n\n\n\n \n\n\n\n b) Dar informe, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas,\nle soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas\nestatales. (...)”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSobre el particular, mediante dictamen C-294-2005 del 17 de agosto del 2005, se indicó:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “De forma más reciente, este órgano técnico jurídico ha señalado que “…no obstante la competencia\nconsultiva general que el artículo 3 de la Ley Orgánica le atribuye, la Procuraduría ha señalado\nreiteradamente que en virtud del efecto vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a\npronunciarse sobre situaciones concretas, así como tampoco le está permitido dirimir los distintos\nconflictos que se sometan a decisión de los entes públicos. La función consultiva no puede, en\nefecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de administración activa. Ejercicio que\nimplicaría una sustitución de la Administración activa, única competente de acuerdo con el\nordenamiento jurídico para resolver los casos sometidos a su conocimiento. La Procuraduría\ndesconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos\nconcretos.” (C-141-2003 del 21 de mayo del 2003 y, en el mismo sentido C-203-2005 del 25 de mayo del\n2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n En este mismo sentido, mediante dictamen C-390-2005 de 14 de noviembre de 2005, se señaló lo\nsiguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “3) Deberá plantearse sobre \"cuestiones jurídicas\" en genérico, haciéndose abstracción del caso\nparticular. Pues si se identifica un caso concreto objeto de decisión por parte de la administración\nconsultante, ““indirectamente estaría trasladando la resolución de la petición del interesado a lo\nque en definitiva se concluyera en nuestro pronunciamiento” (C-306-2002 del 12 de noviembre) y, de\ndar respuesta, “ estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos\nconfiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.\" (Dictamen C-151-2002 del 12\nde junio, en igual sentido: C-299-2002 del 6 de noviembre, C-018-2003 del 18 de enero, C-335-2004\ndel 15 de noviembre y C-082-2005 del 24 de febrero). Sobre este punto, valga transcribir a manera de\nejemplo, lo dicho en algunos de nuestros pronunciamientos: “ Esta Procuraduría ha indicado, en\ninnumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y\npronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se\ncircunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,\nabstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los\nque se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora\nnos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de\nplantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de\nuna decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo verter\neste tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de\nnuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que\nsólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el\nconsiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público. ” (C-194-94 del 15\nde diciembre, véase, en igual sentido: OJ-138-2002 del 8 de octubre y C-179-2003 del 16 de junio,\nentre otros). “(…) también es importante destacar la improcedencia de someter a nuestro criterio\ncasos concretos, indicando situaciones particulares que eventualmente vendrían a ser objeto de las\ncompetencias del órgano o que podrían ver modificadas sus situaciones jurídicas particulares. Ello\nentra en abierta contradicción con nuestro artículo 5° supra transcrito, y con nuestra naturaleza de\nadministración consultiva. La misma jurisprudencia de nuestra oficina ha venido a sentar la\nnecesidad de que nos pronunciemos sobre situaciones genéricas, y que nuestro dictamen sirva como\nelemento informador e interpretativo de las competencias para su aplicación a los casos concretos\nque se le presenten al órgano de la administración activa.” (C-151-2002 del 12 de junio).” (Dictamen\nC-390-2005 de 14 de noviembre de 2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Analizada su petición de asesoría, se observa que la consulta planteada consiste expresamente en\ndeterminar cómo se realiza el cálculo del pago de las vacaciones en la liquidación de derechos\nlaborales de un funcionario en particular que además tiene condiciones especiales.  Sobre el\nparticular, estima esta Procuraduría General que, al tenor de lo dispuesto en el inciso b) del\nartículo 3 de nuestra Ley Orgánica, nos vemos imposibilitados para verter el criterio requerido, en\ntanto se incumple con el requisito de admisibilidad relativo a que las consultas deben versar sobre\ncuestiones jurídicas en genérico.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Asimismo, se detecta un motivo adicional por el cual también debe esta Procuraduría General\nrechazar la consulta planteada, el cual se deriva de lo dispuesto en el artículo 4 de nuestra Ley\nOrgánica, que dispone lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 4.- Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los\ndiferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la\nProcuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el\ncaso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.” Este último\nsupuesto se encuentra recogido en el artículo 3 inciso b), el cual dispone lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n A partir del anterior numeral se evidencia que la consulta debe formularla directamente el jerarca\ndel órgano o bien por el auditor interno cuando así proceda. En tal sentido manifestamos mediante\ndictamen C-390-2005 de fecha 14 de noviembre de dos mil cinco lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“1)       La solicitud debe ser formulada por el jerarca administrativo :\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Por jerarca debe entenderse el superior jerárquico correspondiente del respectivo órgano o entidad\nque consulta. Debe tomarse en cuenta el efecto que tienen los dictámenes de la Procuraduría. En\nvirtud de ese efecto, resulta improcedente que la Procuraduría proceda a emitir pronunciamiento\nvinculante respecto de un punto que atañe a un organismo cuando la consulta proviene de un órgano\ninferior. Es el superior jerárquico quien debe valorar la pertinencia de sujetar el reparto\nadministrativo al criterio vinculante de la Procuraduría. (…) el superior jerárquico del órgano\ndesconcentrado puede consultar el criterio de la Procuraduría respecto de la competencia\ndesconcentrada. Procede recordar que la desconcentración es una técnica de distribución de\ncompetencias, que se produce en favor de órganos de una misma persona jurídica o de un mismo órgano,\npor la cual un órgano inferior se ve atribuida una competencia en forma exclusiva, para que la\nejerza como propia, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad.” (C-263-2005 del 20 de\njulio).” (Dictamen C-390-2005 de fecha 14 de noviembre de 2005)\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Del análisis de forma de la consulta que se presenta ante esta Procuraduría General, se\ndetecta un incumplimiento del requisito descrito anteriormente, toda vez que quien gestiona es la\nDirectora Administrativa, siendo que en el presente caso, le corresponde su formulación a la Junta\nDirectiva del SINART o bien al Presidente Ejecutivo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.                Conclusión\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así las cosas, se concluye que la consulta planteada presenta problemas de admisibilidad, en el\ntanto plantea claramente un caso concreto y la formula la Directora Administrativa del SINART. En\nconsecuencia, nos vemos obligados a declinar el ejercicio de nuestra competencia consultiva por\nincumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en nuestra Ley Orgánica, los cuales\nresultan de obligada observación para esta Procuraduría General.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Sin otro particular,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\nDr. Fernando Castillo Víquez                  Gabriela Arguedas Vargas\n            Procurador Constitucional                       Asistente Profesional Jurídico\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFCV/GAV/mvc",
  "body_en_text": "**Opinion: 284 of 21/08/2007**\n\n**C-284-2007**\n\n**21 August 2007**\n\nMBA. Guiselle Carballo Villalobos\nAdministrative Director\nSistema Nacional de Radio y Televisión\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to your official communication DRH-814-2007 dated 09 August 2007. In the referenced communication, the opinion of this Attorney General's Office is requested in the following terms:\n\n\"How is the calculation of vacation pay carried out in the settlement of an employee's labor rights, when said employee has been on sick leave for a year and a half, such that the only thing they have been receiving is the 40% subsidy indicated by law?\n\nThe foregoing is due to the fact that said employee has several accumulated vacation periods and we need to make the corresponding payment for their labor entitlements since they will be receiving the pension benefit.\"\n\nHaving stated the above, we proceed to set forth the reasons why this Attorney General's Office is unable to issue the requested opinion.\n\n**I. Impossibility of exercising the advisory function due to it being a specific case**\n\nThe Organic Law of the Procuraduría General de la República (Law No. 6815 of 27 September 1982 and its amendments) establishes a series of requirements that must be verified prior to exercising the advisory function.\n\nAmong other aspects, it has been established that the consultation must be formulated by the respective head of the entity, or by the internal auditor when appropriate; likewise, the corresponding legal opinion must be provided, and the questions must concern legal issues in the abstract; consequently, consultations must not be made regarding specific cases.\n\nSpecifically in relation to the consultation posed, it is pertinent to recall the provisions of Article 3, subsection b) of our Organic Law, the text of which states:\n\n\"Article 3.- Powers. The powers of the Procuraduría General de la República are:\n\nb) To provide reports, opinions (dictámenes), pronouncements, and advice that, regarding legal issues, are requested by the State, the decentralized entities, the other public bodies, and state enterprises. (...)\".\n\nOn this matter, via opinion C-294-2005 of 17 August 2005, it was stated:\n\n\"More recently, this technical legal body has indicated that '...notwithstanding the general advisory competence that Article 3 of the Organic Law attributes to it, the Procuraduría has repeatedly indicated that, by virtue of the binding effect of its opinions (dictámenes), it does not correspond to it to rule on specific situations, nor is it permitted to settle the various conflicts that are submitted for the decision of public entities. The advisory function cannot, in effect, lead to an effective exercise of the active administration function. An exercise that would imply a substitution for the active Administration, the sole entity competent in accordance with the legal system to resolve cases submitted to it. The Procuraduría would fail to recognize its own competence if it were to substitute for the Administration, resolving specific cases.' (C-141-2003 of 21 May 2003 and, in the same sense, C-203-2005 of 25 May 2005).\n\nIn this same sense, via opinion C-390-2005 of 14 November 2005, the following was noted:\n\n'3) It must be posed regarding \"legal issues\" in the abstract, making an abstraction of the specific case. For, if a specific case that is the subject of a decision by the consulting administration is identified, 'it would indirectly be transferring the resolution of the interested party's petition to whatever is definitively concluded in our pronouncement' (C-306-2002 of 12 November) and, by responding, 'we would be contravening the nature of a superior consultative body that the law confers upon us, transforming ourselves into part of the active administration.' (Opinion C-151-2002 of 12 June, in the same sense: C-299-2002 of 6 November, C-018-2003 of 18 January, C-335-2004 of 15 November and C-082-2005 of 24 February). On this point, it is worth transcribing, by way of example, what was stated in some of our pronouncements: 'This Procuraduría has indicated, on countless occasions, that the technical-juridical advice that, through its opinions (dictámenes) and pronouncements, it provides to the various bodies and entities that make up the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of the distinct legal institutes, principles, and rules, considered abstractly. In this order of ideas, specific matters regarding which a decision by the active administration is pending are not susceptible to consultation. The matter that now concerns us is clearly subsumed into the indicated exception situation: although the issue is posed in general terms, the truth is that we are invited to judge the legality of a specific administrative decision. Evidently, it is not proper to our advisory role to render this type of judgment (...) Besides the foregoing, note that with a potential pronouncement on our part, we would be substituting for the active administration in the adoption of a decision that only corresponds to it, considering the binding nature of our opinions (dictámenes), with the consequent disregard of the responsibilities inherent to the public agent.' (C-194-94 of 15 December, see, in the same sense: OJ-138-2002 of 8 October and C-179-2003 of 16 June, among others). '(...) it is also important to highlight the impropriety of submitting specific cases for our opinion, indicating particular situations that eventually would come to be the subject of the body's powers or that could have their particular legal situations modified. This is in open contradiction with our aforementioned Article 5, transcribed above, and with our nature as a consultative administration. The very jurisprudence of our office has established the necessity for us to pronounce on generic situations, and for our opinion (dictamen) to serve as an informing and interpretative element of the competences for their application to the specific cases presented to the active administration body.' (C-151-2002 of 12 June).\" (Opinion C-390-2005 of 14 November 2005).\n\nHaving analyzed your request for advice, it is observed that the consultation posed consists expressly of determining how the calculation of vacation pay is carried out in the settlement of labor rights for a specific employee who also has special conditions. On this matter, this Attorney General's Office considers that, under the terms of subsection b) of Article 3 of our Organic Law, we are unable to render the required opinion, as the admissibility requirement that consultations must concern legal issues in the abstract is not met.\n\nLikewise, an additional reason is detected for which this Attorney General's Office must also reject the consultation posed, which derives from the provisions of Article 4 of our Organic Law, which provides the following:\n\n\"Article 4.- Consultations: The bodies of the Public Administration, through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-juridical opinion of the Procuraduría; in each case, they must accompany the opinion of the respective legal advisory body, except in the case of internal auditors, who may make the consultation directly.\" This last scenario is contained in Article 3, subsection b), which provides the following:\n\nFrom the preceding paragraph, it is evident that the consultation must be formulated directly by the head of the body or by the internal auditor when appropriate. In this sense, we stated via opinion C-390-2005 dated 14 November two thousand five, the following:\n\n\"1) The request must be formulated by the administrative head:\n\n'By head of the entity (jerarca) must be understood the corresponding superior hierarchical authority of the respective body or entity that consults. The effect that the opinions (dictámenes) of the Procuraduría have must be taken into account. By virtue of that effect, it is improper for the Procuraduría to proceed to issue a binding pronouncement regarding a point that concerns an organization when the consultation comes from a lower body. It is the superior hierarchical authority who must assess the pertinence of subjecting the administrative distribution of tasks to the binding opinion of the Procuraduría. (...) the superior hierarchical authority of the deconcentrated body may consult the opinion of the Procuraduría regarding the deconcentrated competence. It is appropriate to recall that deconcentration is a technique for the distribution of competences, which occurs in favor of bodies of the same legal entity or the same body, by which a lower body is attributed a competence exclusively, so that it exercises it as its own, in its own name and under its own responsibility.' (C-263-2005 of 20 July).\" (Opinion C-390-2005 dated 14 November 2005)\n\nFrom the formal analysis of the consultation presented to this Attorney General's Office, a non-compliance with the requirement described above is detected, since the person managing it is the Administrative Director, whereas in the present case, its formulation corresponds to the Board of Directors of SINART or to the Executive President.\n\n**II. Conclusion**\n\nThus, it is concluded that the consultation posed presents admissibility problems, inasmuch as it clearly raises a specific case and is formulated by the Administrative Director of SINART. Consequently, we are obliged to decline the exercise of our advisory competence due to non-compliance with the admissibility requirements provided for in our Organic Law, which are mandatory for this Attorney General's Office to observe.\n\nWithout further particulars,\n\nDr. Fernando Castillo Víquez                                               Gabriela Arguedas Vargas\nConstitutional Attorney                                                      Professional Legal Assistant\n\nFCV/GAV/mvc"
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