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  "citation": "C-461-2007",
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  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Límites de la vigilancia del ICT sobre la ZMT frente a las municipalidades",
  "title_en": "Limits of ICT oversight over the Maritime Zone vs. municipalities",
  "summary_es": "La consulta del ICT busca esclarecer hasta dónde puede ejercer su función de \"superior y general vigilante de la zona marítimo terrestre\" sin invadir las potestades de los gobiernos locales como administradores directos. La Procuraduría analiza las competencias genéricas y específicas que la Ley 6043 y su reglamento otorgan al ICT (autorización de concesiones, aprobación de planes reguladores costeros, elaboración del plan general de uso, registro de concesiones) y a las municipalidades (usufructo y administración de la zona litoral). Destaca que existen competencias compartidas, como la planificación territorial costera, que exigen coordinación obligatoria. La opinión concluye que la \"superior y general vigilancia\" no implica sustituir las competencias autónomas de las municipalidades, sino ejercer las funciones legales específicas y colaborar con ellas, sin que el ICT pueda suplantarlas en sus decisiones administrativas propias.",
  "summary_en": "The ICT consults on how far its role as \"superior and general supervisor of the maritime-terrestrial zone\" can go without encroaching upon the powers of local governments as direct administrators. The Attorney General’s Office reviews the generic and specific competencies that Law 6043 and its regulation assign to the ICT (approval of concessions, approval of coastal regulatory plans, drafting the general land use plan, concessions registry) and to the municipalities (usufruct and administration of the littoral zone). It highlights shared competencies, such as coastal territorial planning, which demand mandatory coordination. The opinion concludes that \"superior and general oversight\" does not mean substituting the autonomous competencies of municipalities, but rather exercising specific legal functions in collaboration, without the ICT being able to supplant them in their own administrative decisions.",
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  "excerpt_es": "Así pues, y en atención a las consideraciones generales antes expuestas, se entiende que la superior vigilancia de la zona marítimo-terrestre (en tanto competencia genérica de la que derivan funciones específicas) supone el ejercicio de competencias compartidas entre el ICT y las municipalidades, más no implica la sustitución de las competencias autónomas que ostentan los gobiernos locales. Antes bien, la normativa aplicable a la materia establece la posibilidad –y necesidad- de coordinación y colaboración institucional de los entes y órganos administrativos con competencias en la zona costera.",
  "excerpt_en": "Thus, in light of the general considerations set forth above, it is understood that the superior oversight of the maritime-terrestrial zone (as a generic competence from which specific functions derive) entails the exercise of shared competencies between ICT and municipalities, but does not imply the substitution of the autonomous competencies held by local governments. Rather, the applicable regulations establish the possibility—and necessity—of institutional coordination and collaboration among entities and administrative bodies with competencies in the coastal zone.",
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    "summary_en": "The Attorney General’s Office concludes that ICT’s \"superior and general oversight\" over the maritime zone involves shared competencies with municipalities, but does not authorize ICT to replace or encroach upon the autonomous powers of local governments.",
    "summary_es": "La Procuraduría concluye que la \"superior y general vigilancia\" del ICT sobre la zona marítimo terrestre implica competencias compartidas con las municipalidades, pero no autoriza al ICT a sustituir ni invadir las potestades autónomas de los gobiernos locales."
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      "quote_es": "la superior vigilancia de la zona marítimo-terrestre (en tanto competencia genérica de la que derivan funciones específicas) supone el ejercicio de competencias compartidas entre el ICT y las municipalidades, más no implica la sustitución de las competencias autónomas que ostentan los gobiernos locales."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=14968&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 461 del 21/12/2007   \n\n\n\nC-461-2007\n\n\n\n\n21 de diciembre de 2007\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\n\nAllan René Flores Moya\n\n\n\n\nGerente\n\n\n\n\nInstituto Costarricense de Turismo\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación de la Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio número\nG-1215-2005 de fecha 23 de junio de 2005, suscrito por el entonces gerente de este Instituto, en el\nque se nos plantea la siguiente inquietud: “…hasta donde puede y debe llegar el accionar del ICT en\nsu condición de superior y general vigilante de la zona marítimo terrestre, sin que ello signifique\nuna usurpación de las potestades y funciones que tienen asignadas los gobiernos locales en su\ncarácter de administradores directos de esa franja demanial.” Ofrecemos disculpas por la tardanza en\nla emisión de este dictamen, motivada en el alto volumen de trabajo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En atención al tema planteado, hay que empezar por señalar que la ley sobre la zona marítimo-\nterrestre (número 6043 del 2 de marzo de 1977 y sus reformas) confiere al instituto costarricense de\nturismo (ICT) la competencia para ejercer en nombre del Estado, la superior y general vigilancia de\ntodo lo relacionado con la zona marítimo-terrestre (artículo 2), en tanto que el numeral 3, le\notorga a las municipalidades el usufructo y administración de la zona litoral de su jurisdicción, y\nles atribuye la competencia de velar directamente por el cumplimiento de las normas referentes al\ndominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la franja costera, en especial de las áreas turísticas\nde los litorales. Ahora bien, estas funciones genéricas suponen, a su vez, competencias específicas\nque permiten caracterizar el papel que ostentan el ICT y las municipalidades.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Algunas de las atribuciones concretas que la ley y su respectivo reglamento, le encomiendan al ICT\nson: dictar y hacer cumplir las medidas que estimen necesarias para la conservación o para evitar\nque se perjudiquen las condiciones originarias de la zona costera (art. 17); dar su autorización\npara la construcción de instalaciones industriales, mineras o de artesanía (art. 18 LZMT y 8 RZMT);\nautorizar los planos y proyectos de las obras de infraestructura y construcción que excepcionalmente\nse permita instalar en la zona pública (arts. 22 LZMT y 11 RZMT); otorgar su acuerdo para el uso\nparticular de la zona pública, tratándose de propiedades debidamente inscritas (art. 25 LZMT);\nelaborar el plan general de uso de la tierra ubicada en la zona marítimo-terrestre (art 26 LZMT);\nhacer la declaratoria de zonas turísticas o no turísticas, ya sea por propia iniciativa o a\nsolicitud de las municipalidades (arts. 27 LZMT y 6 RZMT); formular proyectos de desarrollo\nturístico integral que comprendan parte o el total de una zona turística (art. 28 LZMT); dictar las\ndisposiciones necesarias para el mejor aprovechamiento de las zonas declaradas de aptitud turística\n(art. 29); llevar el registro general de concesiones[1] (art. 30 LZMT); aprobar los planes de\ndesarrollos urbanos o turísticos[2] que afecten la zona marítimo terrestre (art. 31 LZMT); aprobar\nlas solicitudes de concesiones (art 42 LZMT); aprobar o en su caso, denegar las solicitudes de\nprórroga de las concesiones (arts. 50 y 53 LZMT); entre otras.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, conviene hacer notar que además de las funciones genéricas y específicas, el legislador\noptó por disponer de competencias compartidas entre el Instituto y las municipalidades, lo que\nsupone sin duda, la necesaria coordinación entre ambas entidades. Un ejemplo claro, es el de la\nplanificación de la zona marítimo-terrestre y áreas adyacentes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Y es que si bien la planificación del territorio (incluyendo el ordenamiento de la zona costera) es\nuna competencia de las municipalidades -tal y como está regulada en la LPU y es reconocida a nivel\nconstitucional- lo cierto es que se trata de una función pública que requiere la necesaria\ncoordinación con otros entes y órganos administrativos. En efecto, y como parte del enfoque integral\nque caracteriza la ordenación del territorio costero a nivel cantonal, hay que decir que el ICT\nostenta un importante papel, pues además de brindar apoyo técnico y solventar las carencias de las\nmunicipalidades como una forma de apoyo institucional (asumiendo la elaboración del plan regulador\nen las zonas declaradas de interés turístico), le corresponde la aprobación de los planes\nreguladores costeros, noción que equivale a dar el visto bueno al proceso de elaboración del mismo.\nLo que le permite además, controlar y fiscalizar que el plan, es conforme con los lineamientos de la\nplanificación territorial (sea regional o nacional) éste lleva a cabo[3].\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así pues, y en atención a las consideraciones generales antes expuestas, se entiende que la\nsuperior vigilancia de la zona marítimo-terrestre (en tanto competencia genérica de la que derivan\nfunciones específicas) supone el ejercicio de competencias compartidas entre el ICT y las\nmunicipalidades, más no implica la sustitución de las competencias autónomas que ostentan los\ngobiernos locales. Antes bien, la normativa aplicable a la materia establece la posibilidad –y\nnecesidad- de coordinación y colaboración institucional de los entes y órganos administrativos con\ncompetencias en la zona costera.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nGloria Solano Martínez\n\n\n\n\nProcuradora\n\n\n\n\nGSM/meml\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n [1] Esta dependencia pasó a formar parte del registro nacional (ver decreto ejecutivo número 21756,\ndel 24 de noviembre de 1992, en concordancia con el Transitorio I de la ley número 5695, del 28 de\nmayo de 1975).\n\n\n\n [2] Este órgano consultivo ha entendido que aunque el artículo 38 citado no haga referencia a\nplanes sino a planos, se debe suponer que el legislador se refería a los planes de desarrollo y no a\nlos planos, que son a los que se refieren los artículos 31 y 33 ibídem en relación con la\nconstrucción de proyectos habitacionales o turísticos, y que corresponde elaborarlos a los\ninteresados para que la administración los apruebe (OJ-096-2005 del 14 de julio de 2005).\n\n\n\n [3] Artículos 26, 29 y 38 párrafo segundo, de la LZMT, y 17 de su reglamento. Véase además,\npronunciamiento OJ-096-2005 del 14 de julio de 2005",
  "body_en_text": "Opinion : 461 of 21/12/2007  \n\n\n\nC-461-2007\n\n\n\n\nDecember 21, 2007\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\n\nAllan René Flores Moya\n\n\n\n\nManager\n\n\n\n\nInstituto Costarricense de Turismo\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDear Sir:\n\n\n\n\n \n\n\n\n With the approval of the Procuradora General de la República, I am responding to official letter number\nG-1215-2005 dated June 23, 2005, signed by the then manager of this Institute, in\nwhich the following concern is raised: “…to what extent can and should the ICT act in\nits capacity as superior and general overseer of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), without this implying\na usurpation of the powers and functions assigned to local governments in their\ncapacity as direct administrators of that public-domain strip.” We apologize for the delay in\nthe issuance of this opinion, which was due to the high volume of work.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Regarding the issue raised, one must begin by pointing out that the law on the maritime-terrestrial\nzone (zona marítimo-terrestre) (number 6043 of March 2, 1977, and its amendments) confers upon the Instituto Costarricense de Turismo\n(ICT) the competence to exercise, on behalf of the State, the superior and general oversight of\neverything related to the maritime-terrestrial zone (Article 2), while Article 3\ngrants the municipalities the usufruct and administration of the coastal zone (zona litoral) within their jurisdiction,\nand assigns them the competence to directly ensure compliance with the rules concerning the\ndomain, development, exploitation, and use of the coastal strip, especially of the tourist areas\nof the coastlines. Now, these generic functions imply, in turn, specific competencies\nthat allow the role held by the ICT and the municipalities to be characterized.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Some of the concrete powers that the law and its respective regulation entrust to the ICT\nare: dictating and enforcing the measures they deem necessary for conservation or to prevent\nharm to the original conditions of the coastal zone (Art. 17); granting its authorization\nfor the construction of industrial, mining, or craft installations (Art. 18 LZMT and 8 RZMT);\nauthorizing the plans and projects for infrastructure and construction works that are exceptionally\npermitted to be installed in the public zone (zona pública) (Arts. 22 LZMT and 11 RZMT); granting its approval for the private\nuse of the public zone, in the case of duly registered properties (Art. 25 LZMT);\npreparing the general land-use plan for the land located in the maritime-terrestrial zone (Art 26 LZMT);\nmaking the declaration of tourist or non-tourist zones, either on its own initiative or at\nthe request of the municipalities (Arts. 27 LZMT and 6 RZMT); formulating comprehensive tourist development\nprojects that cover part or all of a tourist zone (Art. 28 LZMT); dictating the\nnecessary provisions for the better use of zones declared suitable for tourism\n(Art. 29); maintaining the general registry of concessions[1] (concesiones) (Art. 30 LZMT); approving urban or tourist development\nplans[2] that affect the maritime-terrestrial zone (Art. 31 LZMT); approving\napplications for concessions (Art 42 LZMT); approving or, as the case may be, denying applications for\nthe extension of concessions (Arts. 50 and 53 LZMT); among others.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Now, it should be noted that in addition to the generic and specific functions, the legislator\nchose to provide for shared competencies between the Institute and the municipalities, which\nundoubtedly implies the necessary coordination between both entities. A clear example is that of the\nplanning of the maritime-terrestrial zone and adjacent areas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Even though territorial planning (including the zoning/management of the coastal zone) is\na competence of the municipalities —as regulated in the LPU and recognized at the constitutional\nlevel— the fact is that it is a public function that requires the necessary\ncoordination with other administrative entities and bodies. Indeed, and as part of the comprehensive approach\nthat characterizes coastal territory management at the cantonal level, it must be said that the ICT\nholds an important role, because in addition to providing technical support and resolving the shortcomings of\nmunicipalities as a form of institutional support (taking on the preparation of the regulatory plan (plan regulador)\nin zones declared of tourist interest), it is responsible for the approval of coastal\nregulatory plans, a notion that equates to giving the green light to the plan's preparation process.\nThis also allows it to control and supervise that the plan conforms to the guidelines of\nterritorial planning (whether regional or national) that it carries out[3].\n\n\n\n\n \n\n\n\n Thus, and in light of the general considerations set forth above, it is understood that the\nsuperior oversight of the maritime-terrestrial zone (as a generic competence from which\nspecific functions derive) involves the exercise of shared competencies between the ICT and the\nmunicipalities, but does not imply the substitution of the autonomous competencies held by\nlocal governments. Rather, the applicable regulations on the matter establish the possibility —and\nnecessity— of institutional coordination and collaboration among the entities and administrative bodies with\ncompetencies in the coastal zone.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Sincerely,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nGloria Solano Martínez\n\n\n\n\nProcuradora\n\n\n\n\nGSM/meml\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n [1] This department became part of the national registry (see Decreto Ejecutivo number 21756,\nof November 24, 1992, in accordance with Transitory Provision I of Law number 5695, of May 28,\n1975).\n\n\n\n [2] This consultative body has understood that although the cited Article 38 does not refer to\nplans but rather to blueprints (planos), it must be assumed that the legislator was referring to development plans and not to\nthe blueprints, which are those referred to in Articles 31 and 33 ibidem in relation to the\nconstruction of housing or tourist projects, and which must be prepared by the\ninterested parties for the administration to approve them (OJ-096-2005 of July 14, 2005).\n\n\n\n [3] Articles 26, 29, and 38 second paragraph, of the LZMT, and 17 of its regulation. Also see,\npronouncement OJ-096-2005 of July 14, 2005."
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