{ "id": "pgr-15165", "citation": "C-162-2008", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Rechazo por referirse a un caso concreto", "title_en": "Rejection for Referring to a Specific Case", "summary_es": "La Procuraduría General de la República declina emitir pronunciamiento sobre la obligación legal del órgano director de emitir un informe final al concluir la instrucción de procedimientos administrativos. La consulta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se formula a raíz de una resolución del Tribunal de Servicio Civil que anuló un reclamo por falta de dicho informe, y aunque el criterio de la Dirección Jurídica se presenta en términos genéricos, el oficio de consulta menciona expresamente el expediente concreto del reclamo de Rosa María Jiménez Debernardi. La PGR reitera que su función consultiva no puede ejercerse sobre casos concretos pendientes de decisión administrativa, pues al ser vinculantes sus dictámenes, ello supondría sustituir a la administración activa en sus competencias. En consecuencia, la solicitud es inadmisible por incumplir el requisito de generalidad.", "summary_en": "The Attorney General's Office declines to issue an opinion on whether the directing body has a legal obligation to issue a final report at the conclusion of the investigation phase of administrative proceedings. The query from the Ministry of Public Works and Transport was prompted by a Civil Service Tribunal ruling that annulled a claim due to the absence of such a report, and while the legal opinion of the Ministry's own legal department frames the question generically, the consultation letter expressly refers to the specific case file of the claim filed by Rosa María Jiménez Debernardi. The PGR reiterates that its advisory function cannot be exercised over specific cases pending administrative decision, because its opinions are binding and would thereby substitute the active administration in its own competencies. Accordingly, the request is inadmissible for failing to meet the requirement of generality.", "court_or_agency": "", "date": "13/05/2008", "year": "2008", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "competencia consultiva", "dictamen vinculante", "órgano director", "etapa de instrucción", "reclamo administrativo", "Tribunal de Servicio Civil" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 3", "law": "Ley 6815" }, { "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "Procuraduría General de la República", "competencia consultiva", "inadmisibilidad", "caso concreto", "generalidad", "informe final", "órgano director", "procedimiento administrativo", "Tribunal de Servicio Civil", "dictamen vinculante", "administración activa" ], "keywords_en": [ "Attorney General's Office", "advisory jurisdiction", "inadmissibility", "specific case", "generality", "final report", "directing body", "administrative proceeding", "Civil Service Tribunal", "binding opinion", "active administration" ], "excerpt_es": "En virtud de que la consulta de mérito está referida a un caso concreto, del cual se nos adjuntan los antecedentes respectivos, lamentablemente nos vemos obligados a declinar el ejercicio de la competencia consultiva con fundamento en las consideraciones expuestas, en tanto se incumple con el requisito de admisibilidad relativo a que las consultas deben versar sobre cuestiones planteadas en términos genéricos. Lo anterior, sin perjuicio de que en el futuro las inquietudes jurídicas de fondo involucradas en la consulta puedan ser elevadas ante este Despacho, corrigiendo el aspecto de admisibilidad señalado.", "excerpt_en": "Given that the present query refers to a specific case, of which the respective background documents have been provided to us, we regret that we are compelled to decline the exercise of our advisory jurisdiction based on the considerations set forth above, insofar as the admissibility requirement that consultations must address questions framed in generic terms is not met. The foregoing is without prejudice to the possibility that in the future the substantive legal issues involved in the query may be submitted to this Office, having corrected the admissibility aspect noted above.", "outcome": { "label_en": "Inadmissible", "label_es": "Inadmisible", "summary_en": "The query is rejected because it refers to a specific case, failing to meet the generality requirement for the PGR's advisory function.", "summary_es": "La consulta es rechazada por referirse a un caso concreto, incumpliendo el requisito de generalidad exigido para la función consultiva de la PGR." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando (cita de C-141-2003)", "quote_en": "the advisory function cannot, in effect, lead to an effective exercise of the active administration function. 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Ejercicio que implicaría una sustitución de la Administración activa, única competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico para resolver los casos sometidos a su conocimiento." }, { "context": "Considerando (cita de C-194-94)", "quote_en": "This Office has indicated on countless occasions that the technical-legal advice that it provides, through its opinions and pronouncements, to the various bodies and entities that make up the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of the different legal institutes, principles and rules, considered in the abstract.", "quote_es": "Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados." }, { "context": "Considerando (cita de C-390-2005)", "quote_en": "It must be posed concerning 'legal questions' in generic terms, abstracting from the particular case.", "quote_es": "Deberá plantearse sobre 'cuestiones jurídicas' en genérico, haciéndose abstracción del caso particular." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38915", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6815 Art. 3" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=15165&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Dictamen : 162 del 13/05/2008   \n\n\n\nC-162-2008\n\n\n\n\n13 de mayo de 2008\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciada\n\n\n\n\nKarla González Carvajal\n\n\n\n\nMinistra de Obras Públicas y Transportes\n\n\n\n\nSu Despacho\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su\noficio N° 2008 1295 fechado 6 de febrero del año en curso, y recibido en esta Procuraduría el día 9\nde abril del 2008, mediante el cual se nos consulta si al finalizar la etapa de instrucción de los\nprocedimientos administrativos, el órgano director tiene la obligación legal de emitir un informe\nfinal, con o sin recomendaciones, como acto de conclusión de la etapa de instrucción.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior, por cuanto –según se nos indica– el Tribunal de Servicio Civil, dentro de una\nresolución relativa a un reclamo administrativo citó como uno de los fundamentos de las nulidades\nque justificaban la declaratoria con lugar del reclamo justamente la falta de ese informe dentro del\nprocedimiento llevado a cabo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             La consulta de mérito se acompaña del criterio de la Dirección Jurídica de ese\nMinisterio, el cual indica expresamente que el asunto está referido al caso del reclamo\nadministrativo incoado por la servidora Rosa María Jiménez Debernardi ante el Tribunal de Servicio\nCivil, respecto del cual, además, se nos aportan copia de la resolución N° 11109 dictada por ese\nTribunal dentro del expediente N° 14391, referido justamente a la tramitación de dicho reclamo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Vistos los términos de la consulta planteada, debemos señalar que la Ley Orgánica de la\nProcuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas),\nestablece una serie de requisitos de admisibilidad, que deben ser verificados de previo a ejercer la\nfunción consultiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así, tenemos que toda consulta debe venir formulada por el jerarca respectivo –salvo aquellos casos\nen que proceda su planteamiento directo por parte del auditor interno–; debe aportarse el criterio\nlegal correspondiente; y las interrogantes deben versar sobre cuestiones jurídicas en genérico, de\nahí que no debe consultarse sobre casos concretos que estén siendo ventilados en el seno de la\nAdministración.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSobre el particular, mediante dictamen C-294-2005 del 17 de agosto del 2005, señalamos lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “De forma más reciente, este órgano técnico jurídico ha señalado que “…no obstante la competencia\nconsultiva general que el artículo 3 de la Ley Orgánica le atribuye, la Procuraduría ha señalado\nreiteradamente que en virtud del efecto vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a\npronunciarse sobre situaciones concretas, así como tampoco le está permitido dirimir los distintos\nconflictos que se sometan a decisión de los entes públicos. La función consultiva no puede, en\nefecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de administración activa. Ejercicio que\nimplicaría una sustitución de la Administración activa, única competente de acuerdo con el\nordenamiento jurídico para resolver los casos sometidos a su conocimiento. La Procuraduría\ndesconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos\nconcretos.” (C-141-2003 del 21 de mayo del 2003 y, en el mismo sentido C-203-2005 del 25 de mayo del\n2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Bajo esa misma línea de razonamiento, mediante nuestro dictamen C-390-2005 de 14 de noviembre de\n2005, se señaló lo siguiente respecto a la admisibilidad de las gestiones consultivas:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n “3) Deberá plantearse sobre \"cuestiones jurídicas\" en genérico, haciéndose abstracción del caso\nparticular. Pues si se identifica un caso concreto objeto de decisión por parte de la administración\nconsultante, ““indirectamente estaría trasladando la resolución de la petición del interesado a lo\nque en definitiva se concluyera en nuestro pronunciamiento” (C-306-2002 del 12 de noviembre) y, de\ndar respuesta, “estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos\nconfiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.\"(Dictamen C-151-2002 del 12\nde junio, en igual sentido: C-299-2002 del 6 de noviembre, C-018-2003 del 18 de enero, C-335-2004\ndel 15 de noviembre y C-082-2005 del 24 de febrero). Sobre este punto, valga transcribir a manera de\nejemplo, lo dicho en algunos de nuestros pronunciamientos: “Esta Procuraduría ha indicado, en\ninnumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y\npronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se\ncircunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,\nabstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los\nque se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora\nnos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de\nplantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de\nuna decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo verter\neste tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de\nnuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que\nsólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el\nconsiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público.”(C-194-94 del 15\nde diciembre, véase, en igual sentido: OJ-138-2002 del 8 de octubre y C-179-2003 del 16 de junio,\nentre otros). “(…) también es importante destacar la improcedencia de someter a nuestro criterio\ncasos concretos, indicando situaciones particulares que eventualmente vendrían a ser objeto de las\ncompetencias del órgano o que podrían ver modificadas sus situaciones jurídicas particulares. Ello\nentra en abierta contradicción con nuestro artículo 5° supra transcrito, y con nuestra naturaleza de\nadministración consultiva. La misma jurisprudencia de nuestra oficina ha venido a sentar la\nnecesidad de que nos pronunciemos sobre situaciones genéricas, y que nuestro dictamen sirva como\nelemento informador e interpretativo de las competencias para su aplicación a los casos concretos\nque se le presenten al órgano de la administración activa.”(C-151-2002 del 12 de junio).”\n(Reiterado, entre otros, por los dictámenes C-284-2007 del 21 de agosto del 2007, C-308-2007 del 4\nde setiembre del 2007 y C-90-2008 del 28 de marzo del 2008).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nConclusión\n\n\n\n\n \n\n\n\n En virtud de que la consulta de mérito está referida a un caso concreto, del cual se nos adjuntan\nlos antecedentes respectivos, lamentablemente nos vemos obligados a declinar el ejercicio de la\ncompetencia consultiva con fundamento en las consideraciones expuestas, en tanto se incumple con el\nrequisito de admisibilidad relativo a que las consultas deben versar sobre cuestiones planteadas en\ntérminos genéricos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior, sin perjuicio de que en el futuro las inquietudes jurídicas de fondo involucradas en\nla consulta puedan ser elevadas ante este Despacho, corrigiendo el aspecto de admisibilidad\nseñalado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDe usted con toda consideración, suscribe atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAndrea Calderón Gassmann\n\n\n\n\nProcuradora Adjunta\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nACG/msch", "body_en_text": "Opinion : 162 of 05/13/2008\n\nC-162-2008\n\nMay 13, 2008\n\nLicenciada\nKarla González Carvajal\nMinister of Public Works and Transport\nYour Office\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official communication No. 2008 1295 dated February 6 of this year, and received in this Attorney General's Office on April 9, 2008, in which we are consulted as to whether, upon the conclusion of the investigative stage of administrative proceedings, the directing body has a legal obligation to issue a final report, with or without recommendations, as the act concluding the investigative stage.\n\nThe foregoing, because—as we have been informed—the Civil Service Tribunal, within a resolution relating to an administrative claim, cited as one of the grounds for the nullities justifying the declaration that the claim was upheld precisely the lack of that report within the proceedings that were conducted.\n\nThe consultation on its merits is accompanied by the legal opinion of the Legal Directorate of that Ministry, which expressly indicates that the matter refers to the case of the administrative claim filed by the employee Rosa María Jiménez Debernardi before the Civil Service Tribunal, regarding which, moreover, we are provided with a copy of resolution No. 11109 issued by that Tribunal within file No. 14391, referring precisely to the processing of said claim.\n\nHaving examined the terms of the consultation posed, we must note that the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic (Law No. 6815 of September 27, 1982, and its amendments) establishes a series of admissibility requirements, which must be verified before exercising the advisory function.\n\nThus, we have that every consultation must be formulated by the respective head of the entity—except in those cases where its direct filing by the internal auditor is proper—; the corresponding legal opinion must be provided; and the questions must deal with legal issues in the abstract, hence consultations must not be made regarding specific cases that are being ventilated within the Administration itself.\n\nIn this regard, through opinion C-294-2005 of August 17, 2005, we stated the following:\n\n“More recently, this technical legal body has noted that ‘…notwithstanding the general advisory competence attributed to it by Article 3 of the Organic Law, the Attorney General's Office has repeatedly pointed out that by virtue of the binding effect of its opinions, it is not its place to rule on specific situations, nor is it permitted to resolve the various conflicts that are submitted for decision by public entities. The advisory function cannot, in effect, lead to an effective exercise of the administrative function. An exercise which would imply a substitution for the active Administration, the sole entity competent in accordance with the legal system to resolve the cases submitted for its consideration. The Attorney General's Office would disregard its own competence if it were to substitute for the Administration, resolving specific cases.’ (C-141-2003 of May 21, 2003 and, in the same sense, C-203-2005 of May 25, 2005).\n\nAlong the same line of reasoning, through our opinion C-390-2005 of November 14, 2005, the following was noted regarding the admissibility of advisory requests:\n\n‘3) It must be posed regarding “legal issues” in the abstract, disregarding the particular case. Because if a specific case that is the subject of a decision by the consulting administration is identified, “it would indirectly be transferring the resolution of the interested party's petition to whatever is definitively concluded in our pronouncement” (C-306-2002 of November 12) and, if we were to respond, “we would be contravening the nature of the superior advisory body conferred upon us by law, transforming ourselves into part of the active administration.” (Opinion C-151-2002 of June 12, in the same sense: C-299-2002 of November 6, C-018-2003 of January 18, C-335-2004 of November 15, and C-082-2005 of February 24). On this point, it is worth transcribing, by way of example, what has been stated in some of our pronouncements: “This Attorney General's Office has indicated, on innumerable occasions, that the technical-legal advice that, through its opinions and pronouncements, it provides to the various bodies and entities that comprise the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of the various legal institutes, principles, and rules, considered in the abstract. In this order of ideas, specific matters regarding which a decision is pending by the active administration are not subject to consultation. The matter that now concerns us is clearly subsumed within the indicated exceptional situation: although it may be an attempt to pose the question in general terms, the truth is that we are being invited to judge the legality of a specific administrative decision. Evidently, it is not proper to our advisory role to render this type of judgment (…) In addition to what has already been noted, observe that with an eventual pronouncement on our part, we would be substituting for the active administration in the adoption of a decision that belongs only to it, in view of the binding nature of our opinions, with the consequent disregard of the responsibilities proper to the public agent.” (C-194-94 of December 15, see, in the same sense: OJ-138-2002 of October 8 and C-179-2003 of June 16, among others). “(…) it is also important to highlight the impropriety of submitting specific cases to our judgment, indicating particular situations that eventually would be subject to the body’s competencies or that could see their particular legal situations modified. This enters into open contradiction with our Article 5 transcribed above, and with our nature as an advisory administration. The very jurisprudence of our office has come to establish the need for us to pronounce on generic situations, and for our opinion to serve as an informative and interpretative element of the competencies for their application to the specific cases presented to the body of the active administration.” (C-151-2002 of June 12).’ (Reiterated, among others, by opinions C-284-2007 of August 21, 2007, C-308-2007 of September 4, 2007, and C-90-2008 of March 28, 2008).\n\nConclusion\n\nBy virtue of the fact that the consultation on its merits refers to a specific case, the respective background information of which is attached to us, we are unfortunately obliged to decline the exercise of advisory competence based on the considerations set forth, insofar as it fails to comply with the admissibility requirement that consultations must deal with questions posed in generic terms.\n\nThe foregoing, without prejudice to the fact that in the future the substantive legal concerns involved in the consultation may be submitted to this Office, correcting the admissibility aspect noted.\n\nWith all due consideration, I remain,\n\nYours sincerely,\n\nAndrea Calderón Gassmann\nDeputy Attorney General\n\nACG/msch" }