{ "id": "pgr-15433", "citation": "C-327-2008", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Improcedencia de consulta sobre pago de dietas a regidor", "title_en": "Inadmissibility of Consultation on Payment of Councilor's Allowances", "summary_es": "La Procuraduría General de la República rechaza la consulta planteada por la Municipalidad de Paraíso, al considerar que no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En particular, se señala que la consulta versa sobre un caso concreto —la posible cancelación de dietas a un regidor específico durante un período determinado—, mientras que la función consultiva de la Procuraduría se limita a asuntos jurídicos abstractos y genéricos. El dictamen advierte que emitir un pronunciamiento sobre este caso implicaría sustituir a la administración activa en la toma de una decisión que solo a ella corresponde, debido al carácter vinculante de los dictámenes de la Procuraduría. Por tanto, se declina la competencia consultiva, sin perjuicio de que la municipalidad pueda reformular la consulta en términos generales en el futuro.", "summary_en": "The Office of the Attorney General declines to answer the query submitted by the Municipality of Paraíso, finding that it fails to meet the admissibility requirements established in the Organic Law of the Attorney General's Office. Specifically, the query concerns a specific case —whether certain allowances should be paid to a particular councilor for a defined period— whereas the Attorney General's advisory function is limited to abstract, generic legal questions. The opinion warns that issuing a pronouncement on this matter would amount to substituting the active administration in taking a decision that belongs to it alone, given the binding nature of the Attorney General's opinions. Accordingly, the advisory jurisdiction is declined, without prejudice to the municipality reframing the query in general terms in the future.", "court_or_agency": "", "date": "17/09/2008", "year": "2008", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "Procuraduría General de la República", "dictamen", "requisitos de admisibilidad", "función consultiva", "administración activa", "caso concreto", "efecto vinculante" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 3", "law": "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, No. 6815" } ], "keywords_es": [ "Procuraduría General de la República", "dictamen C-327-2008", "requisitos de admisibilidad", "función consultiva", "caso concreto", "cuestiones jurídicas genéricas", "dietas", "regidor", "Municipalidad de Paraíso", "artículo 3 Ley Orgánica de la PGR" ], "keywords_en": [ "Attorney General's Office", "opinion C-327-2008", "admissibility requirements", "advisory function", "specific case", "generic legal questions", "allowances", "councilor", "Municipality of Paraíso", "Article 3 Organic Law of the PGR" ], "excerpt_es": "Vistos los términos de la consulta planteada, debemos señalar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas), establece una serie de requisitos de admisibilidad, que deben ser verificados de previo a ejercer la función consultiva.\n\nAsí, tenemos que toda consulta debe venir formulada por el jerarca respectivo –salvo aquellos casos en que proceda su planteamiento directo por parte del auditor interno–; debe aportarse el criterio legal correspondiente; y las interrogantes deben versar sobre cuestiones jurídicas en genérico, de ahí que no debe consultarse sobre casos concretos que estén siendo ventilados en el seno de la Administración.\n\nEn virtud de que la consulta de mérito está referida a un caso concreto, respecto del cual se ponen en nuestro conocimiento los antecedentes respectivos, lamentablemente nos vemos obligados a declinar el ejercicio de la competencia consultiva con fundamento en las consideraciones expuestas, en tanto se incumple con el requisito de admisibilidad relativo a que las consultas deben versar sobre cuestiones planteadas en términos genéricos.", "excerpt_en": "Having examined the terms of the consultation submitted, we must note that the Organic Law of the Attorney General's Office (Law No. 6815 of September 27, 1982, and amendments) sets forth a series of admissibility requirements that must be verified prior to exercising the advisory function.\n\nThus, any consultation must be submitted by the respective head of the entity —except in cases where it may be filed directly by the internal auditor—; the corresponding legal opinion must be provided; and the questions must concern generic legal matters, hence consultations on specific cases pending resolution within the Administration are not permitted.\n\nGiven that the consultation at issue refers to a specific case, the background of which has been brought to our attention, we are unfortunately compelled to decline the exercise of advisory jurisdiction based on the foregoing considerations, as the admissibility requirement that consultations must address matters framed in generic terms is not met.", "outcome": { "label_en": "Consultation inadmissible", "label_es": "Consulta inadmisible", "summary_en": "The Attorney General declines to issue an opinion because the query concerns a specific case, failing the requirement that consultations must address generic legal questions.", "summary_es": "La Procuraduría declina pronunciarse por tratarse de un caso concreto, incumpliendo el requisito de que las consultas deben versar sobre cuestiones jurídicas genéricas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Requisitos de admisibilidad", "quote_en": "the questions must concern generic legal matters, hence consultations on specific cases pending resolution within the Administration are not permitted.", "quote_es": "las interrogantes deben versar sobre cuestiones jurídicas en genérico, de ahí que no debe consultarse sobre casos concretos que estén siendo ventilados en el seno de la Administración." }, { "context": "C-141-2003 citado en el dictamen", "quote_en": "The advisory function cannot, in fact, lead to an effective exercise of the active administrative function. Such exercise would entail a substitution of the active Administration, which alone is competent under the legal system to resolve the cases brought before it.", "quote_es": "La función consultiva no puede, en efecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de administración activa. Ejercicio que implicaría una sustitución de la Administración activa, única competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico para resolver los casos sometidos a su conocimiento." }, { "context": "C-194-94 citado en el dictamen", "quote_en": "note that any pronouncement on our part would mean substituting the active administration in the adoption of a decision that corresponds only to it, given the binding nature of our opinions, with the consequent neglect of the public official's own responsibilities.", "quote_es": "nótese que con un eventual pronunciamiento de nuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que sólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38915", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, No. 6815 Art. 3" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=15433&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Dictamen : 327 del 17/09/2008   \n\n\n\nC-327-2008\n\n\n\n\n17 de setiembre de 2008\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nAna Rosa Ramírez Bonilla\n\n\n\n\nSecretaria del Concejo Municipal\n\n\n\n\nMunicipalidad de Paraíso\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su\noficio N° SCM 429-08 fechado 14 de agosto del año en curso, recibido en esta Procuraduría el día 22\nde agosto siguiente, mediante el cual se nos consulta –de conformidad con lo acordado por el Concejo\nMunicipal en el artículo 27 de la sesión número 184 del 6 de agosto del 2008– si es procedente o no\ncancelar las dietas al regidor propietario Marcos Armando Solano Moya, por el período comprendido\nentre el 28 de agosto del 2007 hasta el 13 de enero del 2008, y que no fueron pagadas oportunamente\na raíz de la cancelación de sus credenciales, cancelación que se originó en un procedimiento\nefectuado en forma incorrecta por parte de la Contraloría General de la República.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La consulta de mérito se acompaña del criterio rendido por el asesor legal,  Lic. Rommel Calvo, en\nel cual se hace una relación de hechos pormenorizada acerca de la situación concreta ocurrida con el\nseñor regidor Solano Moya, los términos bajo los cuales originalmente se habían cancelado sus\ncredenciales por así haberlo solicitado la Contraloría General de la República, actuaciones que\nposteriormente fueron anuladas, en virtud de haberse determinado que existió una cadena de errores\nque dio como resultado el equívoco en cuestión, de tal suerte que al haberse demostrado que el\nindicado funcionario no había incurrido en ninguna falta, igualmente el Tribunal Supremo de\nElecciones anuló la cancelación de credenciales y ordenó reinstalar al señor Solano en su cargo de\nregidor propietario.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En vista de las circunstancias mencionadas, el criterio legal recomendó acceder al reclamo\npresentado por el citado regidor, en el sentido de que se le paguen todas las dietas dejadas de\npercibir durante el período en el que estuvo fuera de sus funciones en virtud de esa particular\nsituación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n Vistos los términos de la consulta planteada, debemos señalar que la Ley Orgánica de la\nProcuraduría General de la República, (Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas),\nestablece una serie de requisitos de admisibilidad, que deben ser verificados de previo a ejercer la\nfunción consultiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así, tenemos que toda consulta debe venir formulada por el jerarca respectivo –salvo aquellos casos\nen que proceda su planteamiento directo por parte del auditor interno–; debe aportarse el criterio\nlegal correspondiente; y las interrogantes deben versar sobre cuestiones jurídicas en genérico, de\nahí que no debe consultarse sobre casos concretos que estén siendo ventilados en el seno de la\nAdministración.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSobre el particular, mediante dictamen C-294-2005 del 17 de agosto del 2005, señalamos lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “De forma más reciente, este órgano técnico jurídico ha señalado que “…no obstante la competencia\nconsultiva general que el artículo 3 de la Ley Orgánica le atribuye, la Procuraduría ha señalado\nreiteradamente que en virtud del efecto vinculante de sus dictámenes no le corresponde entrar a\npronunciarse sobre situaciones concretas, así como tampoco le está permitido dirimir los distintos\nconflictos que se sometan a decisión de los entes públicos. La función consultiva no puede, en\nefecto, llevar a un ejercicio efectivo de la función de administración activa. Ejercicio que\nimplicaría una sustitución de la Administración activa, única competente de acuerdo con el\nordenamiento jurídico para resolver los casos sometidos a su conocimiento. La Procuraduría\ndesconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos\nconcretos.” (C-141-2003 del 21 de mayo del 2003 y, en el mismo sentido C-203-2005 del 25 de mayo del\n2005).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Bajo esa misma línea de razonamiento, mediante nuestro dictamen C-390-2005 de 14 de noviembre de\n2005, se señaló lo siguiente respecto a la admisibilidad de las gestiones consultivas:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “3) Deberá plantearse sobre \"cuestiones jurídicas\" en genérico, haciéndose abstracción del caso\nparticular. Pues si se identifica un caso concreto objeto de decisión por parte de la administración\nconsultante, ““indirectamente estaría trasladando la resolución de la petición del interesado a lo\nque en definitiva se concluyera en nuestro pronunciamiento” (C-306-2002 del 12 de noviembre) y, de\ndar respuesta, “estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos\nconfiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.\"(Dictamen C-151-2002 del 12\nde junio, en igual sentido: C-299-2002 del 6 de noviembre, C-018-2003 del 18 de enero, C-335-2004\ndel 15 de noviembre y C-082-2005 del 24 de febrero). Sobre este punto, valga transcribir a manera de\nejemplo, lo dicho en algunos de nuestros pronunciamientos: “Esta Procuraduría ha indicado, en\ninnumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y\npronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se\ncircunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,\nabstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los\nque se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa. El asunto que ahora\nnos ocupa, se subsume con claridad en la indicada situación de excepción: aunque se trate de\nplantear la cuestión en términos generales, lo cierto es que se nos invita a juzgar la legalidad de\nuna decisión administrativa concreta. Evidentemente, no es propio de nuestro rol consultivo verter\neste tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese que con un eventual pronunciamiento de\nnuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración activa en la adopción de una decisión que\nsólo a ella corresponde, en atención al carácter vinculante de nuestros criterios, con el\nconsiguiente desatendimiento de las responsabilidades propias del agente público.”(C-194-94 del 15\nde diciembre, véase, en igual sentido: OJ-138-2002 del 8 de octubre y C-179-2003 del 16 de junio,\nentre otros). “(…) también es importante destacar la improcedencia de someter a nuestro criterio\ncasos concretos, indicando situaciones particulares que eventualmente vendrían a ser objeto de las\ncompetencias del órgano o que podrían ver modificadas sus situaciones jurídicas particulares. Ello\nentra en abierta contradicción con nuestro artículo 5° supra transcrito, y con nuestra naturaleza de\nadministración consultiva. La misma jurisprudencia de nuestra oficina ha venido a sentar la\nnecesidad de que nos pronunciemos sobre situaciones genéricas, y que nuestro dictamen sirva como\nelemento informador e interpretativo de las competencias para su aplicación a los casos concretos\nque se le presenten al órgano de la administración activa.”(C-151-2002 del 12 de junio).”\n(Reiterado, entre otros, por los dictámenes C-284-2007 del 21 de agosto del 2007, C-308-2007 del 4\nde setiembre del 2007, C-90-2008 del 28 de marzo del 2008 y C-162-2008 del 13 de mayo del 2008).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nConclusión\n\n\n\n\n \n\n\n\n En virtud de que la consulta de mérito está referida a un caso concreto, respecto del cual se ponen\nen nuestro conocimiento los antecedentes respectivos, lamentablemente nos vemos obligados a declinar\nel ejercicio de la competencia consultiva con fundamento en las consideraciones expuestas, en tanto\nse incumple con el requisito de admisibilidad relativo a que las consultas deben versar sobre\ncuestiones planteadas en términos genéricos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior, sin perjuicio de que en el futuro las inquietudes jurídicas de fondo involucradas en\nla consulta puedan ser elevadas ante este Despacho, corrigiendo el aspecto de admisibilidad\nseñalado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            De usted con toda consideración, suscribe atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAndrea Calderón Gassmann\n\n\n\n\n                Procuradora Adjunta\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nACG/msch", "body_en_text": "Opinion: 327 of 09/17/2008\n\nC-327-2008\n\nSeptember 17, 2008\n\nMrs.\nAna Rosa Ramírez Bonilla\nSecretary of the Municipal Council\nMunicipalidad de Paraíso\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter No. SCM 429-08 dated August 14 of the current year, received in this Attorney General's Office on the following August 22, through which we are consulted—in accordance with what was agreed by the Municipal Council in article 27 of session number 184 of August 6, 2008—whether or not it is proper to cancel the per diem payments (dietas) to the proprietary council member (regidor propietario) Marcos Armando Solano Moya, for the period from August 28, 2007, to January 13, 2008, which were not paid in a timely manner due to the cancellation of his credentials, a cancellation that originated in a procedure carried out incorrectly by the General Comptroller's Office (Contraloría General de la República).\n\nThe consultation in question is accompanied by the legal opinion rendered by the legal advisor, Mr. Rommel Calvo, which provides a detailed account of the facts concerning the specific situation that occurred with council member Solano Moya, the terms under which his credentials were originally canceled at the request of the General Comptroller's Office (Contraloría General de la República), actions that were subsequently annulled by virtue of having determined that a chain of errors existed resulting in the mistake in question, such that, having been demonstrated that the indicated official had not incurred any fault, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) likewise annulled the cancellation of credentials and ordered the reinstatement of Mr. Solano to his position of proprietary council member (regidor propietario).\n\nIn view of the mentioned circumstances, the legal opinion recommended granting the claim presented by the cited council member, in the sense that he be paid all the per diem payments (dietas) he failed to receive during the period in which he was out of his functions by virtue of that particular situation.\n\nHaving seen the terms of the consultation posed, we must point out that the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), (Law No. 6815 of September 27, 1982, and its amendments), establishes a series of admissibility requirements that must be verified prior to exercising the consultative function.\n\nThus, we have that every consultation must be formulated by the respective head of the entity—except for those cases where its direct submission by the internal auditor is proper—; the corresponding legal opinion must be provided; and the questions must deal with legal matters in general, hence consultations should not be made about concrete cases that are being ventilated within the Administration.\n\nOn this matter, through opinion C-294-2005 of August 17, 2005, we indicated the following:\n\n\"More recently, this technical-legal body has pointed out that '…notwithstanding the general consultative competence that article 3 of the Organic Law attributes to it, the Attorney General's Office has repeatedly pointed out that, by virtue of the binding effect of its opinions, it is not its place to rule on concrete situations, nor is it permitted to resolve the different conflicts submitted for decision to public entities. The consultative function cannot, in effect, lead to an effective exercise of the active administration function. An exercise that would imply a substitution of the active Administration, the only entity competent according to the legal order to resolve cases brought before it. The Attorney General's Office would disregard its own competence if it were to substitute the Administration, resolving concrete cases.' (C-141-2003 of May 21, 2003, and, in the same sense, C-203-2005 of May 25, 2005).\n\nUnder this same line of reasoning, through our opinion C-390-2005 of November 14, 2005, the following was indicated regarding the admissibility of consultative requests:\n\n'3) It must be posed on 'legal matters' in general, abstracting from the particular case. For if a concrete case subject to decision by the consulting administration is identified, 'it would indirectly be transferring the resolution of the interested party's petition to what would ultimately be concluded in our pronouncement' (C-306-2002 of November 12) and, by responding, 'we would be contravening the nature of the superior consultative body that the law confers upon us, transforming ourselves into part of the active administration.' (Opinion C-151-2002 of June 12, in the same sense: C-299-2002 of November 6, C-018-2003 of January 18, C-335-2004 of November 15 and C-082-2005 of February 24). On this point, it is worth transcribing, by way of example, what was said in some of our pronouncements: 'This Attorney General's Office has indicated, on innumerable occasions, that the technical-legal advice that, through its opinions and pronouncements, it provides to the different bodies and entities that make up the Public Administration is limited to the analysis and detailing of the different legal institutes, principles, and rules, abstractly considered. In this order of ideas, concrete matters on which a decision by the active administration is pending are not consultable. The matter that now concerns us is clearly subsumed under the indicated exception situation: although the question is posed in general terms, the truth is that we are invited to judge the legality of a concrete administrative decision. Evidently, it is not proper to our consultative role to render this type of judgment (…) In addition to what has already been indicated, note that with an eventual pronouncement from our part, we would be substituting the active administration in the adoption of a decision that corresponds only to it, in attention to the binding nature of our criteria, with the consequent disregard of the public agent's own responsibilities.' (C-194-94 of December 15, see, in the same sense: OJ-138-2002 of October 8 and C-179-2003 of June 16, among others). '(…) it is also important to highlight the impropriety of submitting concrete cases to our criterion, indicating particular situations that eventually would become the object of the body's competences or that could see their particular legal situations modified. This openly contradicts our article 5 supra transcribed, and our nature as a consultative administration. The same jurisprudence of our office has established the need for us to rule on generic situations, and for our opinion to serve as an informing and interpretative element of the competences for their application to the concrete cases presented to the active administration body.' (C-151-2002 of June 12).\" (Reiterated, among others, by opinions C-284-2007 of August 21, 2007, C-308-2007 of September 4, 2007, C-90-2008 of March 28, 2008 and C-162-2008 of May 13, 2008).\n\nConclusion\n\nBy virtue of the fact that the consultation in question refers to a concrete case, regarding which the respective background information is brought to our knowledge, we unfortunately find ourselves obliged to decline the exercise of the consultative competence based on the considerations set forth, insofar as the admissibility requirement that consultations must deal with matters posed in generic terms is not met.\n\nThe foregoing, without prejudice to the fact that in the future the underlying legal concerns involved in the consultation may be raised before this Office, correcting the admissibility aspect indicated.\n\nWith the highest regard, I remain yours faithfully,\n\nAndrea Calderón Gassmann\nDeputy Attorney General (Procuradora Adjunta)\n\nACG/msch" }