{ "id": "pgr-17128", "citation": "C-101-2012", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Declaratoria de caminos públicos municipales", "title_en": "Declaration of municipal public roads", "summary_es": "La Procuraduría General de la República responde a la consulta de la Municipalidad de Pérez Zeledón sobre la posibilidad de declarar un camino público municipal. Analiza cuatro supuestos: la apertura de calles derivada de proyectos urbanísticos aprobados con posterioridad al plan regulador, la declaratoria de calles existentes de hecho que no figuran en el mapa oficial, el cambio de destino de un bien de dominio público mediante norma del mismo rango que la afectación original, y la cesión o expropiación de terrenos privados. Concluye que la municipalidad tiene competencia para abrir o reabrir calles públicas en bienes demaniales, aun cuando no estén contempladas en el plan regulador, siempre que se ajuste a los procedimientos legales. En terrenos privados, la declaratoria requiere previa adquisición voluntaria o expropiación, so pena de violar el derecho de propiedad.", "summary_en": "The Attorney General's Office addresses the inquiry of the Municipality of Pérez Zeledón regarding the possibility of declaring a municipal public road. It examines four scenarios: opening streets as part of approved development projects after the regulatory plan, declaring de facto existing streets not in the official map, changing the purpose of public domain property through a norm of equal rank to its original designation, and acquisition or expropriation of private land. It concludes that the municipality has authority to open or reopen public roads on public domain land, even if not included in the regulatory plan, provided legal procedures are followed. On private land, declaration requires prior voluntary transfer or expropriation, otherwise property rights are violated.", "court_or_agency": "", "date": "07/04/2012", "year": "2012", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "camino público", "declaratoria", "plan regulador", "mapa oficial", "dominio público", "afectación", "expropiación", "derecho de propiedad", "red vial cantonal", "cesión voluntaria" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 1, 15, 16, 21, 40, 42, 43, 45, 58", "law": "Ley de Planificación Urbana 4240" }, { "article": "Arts. 1, 2, 32, 33", "law": "Ley General de Caminos Públicos 5060" }, { "article": "Arts. 4, 7, 8", "law": "Ley de Construcciones 833" }, { "article": "Art. 45", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "camino público", "declaratoria", "municipalidad", "plan regulador", "mapa oficial", "dominio público", "expropiación", "Ley de Planificación Urbana", "Ley General de Caminos Públicos", "reapertura" ], "keywords_en": [ "public road", "declaration", "municipality", "regulatory plan", "official map", "public domain", "expropriation", "Urban Planning Law", "General Public Roads Law", "reopening" ], "excerpt_es": "Así las cosas, el requisito establecido a la municipalidad para realizar la declaratoria de una calle pública, es que el terreno sea de dominio público, y que la calle de su jurisdicción esté entregada por ley o de hecho al servicio público, sin que sea indispensable que esté expresamente contemplada en el plano de vialidad del Plan Regulador.\n\nDe lo anterior, se desprende que para constituir una calle pública es necesario que el propietario de un inmueble privado ceda o venda voluntariamente el terreno a la autoridad respectiva, pues de lo contrario deberá realizarse el respectivo trámite de expropiación.", "excerpt_en": "Thus, the requirement established for the municipality to declare a public street is that the land must be of public domain, and that the street under its jurisdiction be dedicated by law or de facto to public service, without it being essential that it be expressly included in the road map of the Regulatory Plan.\n\nFrom the foregoing, it follows that to establish a public street it is necessary that the owner of a private property voluntarily cede or sell the land to the respective authority, otherwise the corresponding expropriation procedure must be carried out.", "outcome": { "label_en": "Interpretive opinion", "label_es": "Dictamen interpretativo", "summary_en": "The Attorney General's Office concludes that the municipality may declare the opening or reopening of a public street even if not in the regulatory plan, as long as the land is public domain and dedicated to public use; on private land, voluntary transfer or expropriation is required.", "summary_es": "La Procuraduría concluye que la municipalidad puede declarar la apertura o reapertura de una calle pública aun si no está en el plan regulador, siempre que el terreno sea de dominio público y esté afecto al uso público; en terreno privado se requiere cesión voluntaria o expropiación." }, "pull_quotes": [ { "context": "Supuesto 2: camino municipal entregado de hecho al uso público", "quote_en": "Thus, the requirement established for the municipality to declare a public street is that the land must be of public domain, and that the street under its jurisdiction be dedicated by law or de facto to public service, without it being essential that it be expressly included in the road map of the Regulatory Plan.", "quote_es": "Así las cosas, el requisito establecido a la municipalidad para realizar la declaratoria de una calle pública, es que el terreno sea de dominio público, y que la calle de su jurisdicción esté entregada por ley o de hecho al servicio público, sin que sea indispensable que esté expresamente contemplada en el plano de vialidad del Plan Regulador." }, { "context": "Supuesto 4: cesión o venta de terreno particular", "quote_en": "From the 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nos pregunta de manera general sobre el tema de la declaratoria de caminos públicos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Desprendiéndose del contenido del citado Oficio que interesa a esa corporación\nmunicipal determinar su ámbito de competencia en relación a este tópico, procedo a transcribirle\nparte del dictamen No. C-256-2011 de 21 de octubre de 2011, en el cual se hace un análisis minucioso\nsobre las diversas hipótesis jurídicas por las que se puede llegar a tener como camino público una\ndeterminada franja de terreno y las facultades municipales sobre esta materia:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“II.- SOBRE EL FONDO\n\n\n\n\n \n\n\n\n       El consultante solicita que este órgano asesor se pronuncie sobre la posibilidad legal de que\nuna municipalidad realice la apertura de una calle pública, aun cuando no esté contemplada en el\nplano de vialidad del Plan Regulador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Vista la amplitud de la interrogante planteada, este órgano asesor deberá referirse a\ncontinuación a los diferentes supuestos que establece la Ley en esta materia, así como los límites\ndispuestos para cada uno de ellos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1.                  Sobre la apertura de calles a partir de proyectos urbanísticos posteriores a la\nemisión del Plan Regulador\n\n\n\n\n \n\n\n\n       El artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, define\nlos conceptos de planificación urbana y plan regulador en los siguientes términos:\n\n\n\n “Planificación Urbana, es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y\nreglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar\nde la comunidad.\n\n\n\n Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos,\nmapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los\nplanes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios\npúblicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.\n\n\n\n\n(…)”    (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n       De la normativa anterior se desprende que dentro de las competencias de ordenamiento y\nplanificación territorial, se encuentra la posibilidad de incluir dentro de los planes reguladores\nlo relativo a la creación de vías de circulación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Asimismo, en el artículo 15 de la ley de cita, encontramos el sustento de la competencia\nmunicipal en lo relativo a planificación y control del desarrollo urbanístico dentro de los límites\nde su jurisdicción, para lo cual se reconoce la competencia de las municipalidades para implementar\nplanes reguladores y reglamentos de desarrollo urbano conexos. Sobre dicha competencia, la Sala\nConstitucional señaló en la sentencia N° 11900-2007 de las 14:46 horas del 21 de agosto de 2007, lo\nsiguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “…este Tribunal debe referirse a la potestad de las Municipalidades de elaborar y aprobar los\nPlanes Reguladores de su cantón para el mejor ordenamiento no solo de los recursos sino de las\nnecesidades y desarrollo sostenible.Es (sic) así como el artículo 169 de la Constitución Política, a\nlas Municipalidades les asiste no sólo la facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar\nel orden social y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el\ncometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta la administración de\nlos intereses y servicios locales, nace la obligación de velar por un orden social y urbanístico de\nsu jurisdicción territorial. En virtud de esa competencia genérica, a los gobiernos locales les\ncorresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos públicos –como calles,\nparques etc.- se hagan de manera ordenada, manteniendo siempre una relación armónica. De lo dicho,\nqueda claro que a las municipalidades les corresponde ejercer las funciones no sólo de vigilancia,\nsino también de creadora de planes con los cuales establezca de manera concreta las normas que deben\nrespetarse en su determinada circunscripción territorial, por ello es necesario la formación de los\nllamados planes reguladores, que desarrollan lo relacionado con el uso de suelo por actividades\nconcretas –residencia, comercial, industrial, protección, etc.- y, el entorno urbanístico –condición\nde las edificaciones-, en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 constitucional (…).” (La\nnegrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Aunado a esto, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones,\nprecisa que el Plan Regulador es “…El instrumento de planificación local que define en un conjunto\nde planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de\ndesarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación,\nservicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas\nurbanas.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Respecto al Mapa Oficial, este mismo reglamento lo define como “El plano o conjunto de planos\nen que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y áreas a reservar\npara usos y servicios comunales. “\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Por su parte, la Ley de Planificación Urbana califica al mapa oficial como parte de los\nprincipales reglamentos de desarrollo urbano, que deberá tratar de la provisión y conservación de\nlos espacios para vías públicas y áreas comunales (Artículo 21 inciso 3).\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Tanto el plan regulador como el mapa oficial se caracterizan por ser normativa de carácter\nobligatoria, a la que no puede desvincularse el ente municipal, por cuanto “Cualquiera sea el\ninstrumento jurídico (Ley, Plan Regulador, Mapa Oficial, etc) que asigne el uso público a\ndeterminado espacio territorial, integra el bloque de legalidad, al que han de ajustarse las\nactuaciones de los órganos administrativos…” (Dictamen C-070-93 del 20 de mayo de 1993).\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Así las cosas, en principio, lo que se establezca en el plan regulador o en el respectivo\nmapa oficial en cuanto a la disposición de vías públicas, resulta vinculante en razón de que “se\ntrata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce derechos y\nestablece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la\ncircunscripción territorial del respectivo cantón.”  (Sala Constitucional, Voto No. 13330-2006 de 6\nde setiembre del 2006)\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Ahora bien, en lo que respecta al tema de la consulta, el artículo 16 de la  Ley de \nPlanificación Urbana, señala los elementos que deberá contener el plan regulador local, dentro de\nlos que se encuentra:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “d) El estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en forma general, la localización\nde las vías pública principales y de las rutas y a terminales del transporte”         (La negrita no\nes del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n       La norma citada es clara al señalar que el plan regulador debe establecer en forma general,\nla localización de las vías públicas principales, lo cual tiene sentido pues resulta imposible\npredecir en forma exacta dónde se ubicarán las vías públicas creadas a futuro a partir de los nuevos\nproyectos que se desarrollen en el cantón.\n\n\n\n\n      En igual sentido los artículos 42 y 43 de dicha ley señalan:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 42.- El reglamento del Mapa Oficial establecerá las normas sobre reservas, adquisición,\nuso y conservación de las áreas necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás usos\ncomunales, expresando la localización y el tamaño de las ya entregadas al servicio público y de las\ndemarcadas sólo preventivamente.” (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\nArtículo 43.-\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro\nespecial fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya\nentregados a usos públicos.” (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Nótese que el mapa oficial contiene las vías ya entregadas al servicio público, pues\nlógicamente aquellas que nazcan a partir de proyectos urbanísticos futuros, no podrían ser\ncontempladas en forma específica en este mapa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Al respecto, no debe olvidarse que en la Ley de Planificación Urbana, existen lineamientos a\nseguir para el fraccionamiento y urbanización, así como las áreas que deberá ceder gratuitamente el\ndesarrollador urbanístico para uso público, dentro de las que se encuentran las calles (artículo\n40). Asimismo, el artículo 8 de la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de noviembre de 1949, señala\nque para realizar un fraccionamiento o loteo, los terrenos que en los planos aparezcan como\ndestinados a vías públicas, por ese solo hecho saldrán del dominio del fraccionador y pasarán al\ndominio público.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Dada la obligatoriedad de lo dispuesto en el Plan Regulador, resulta indispensable que todo\nproyecto que se realice, cumpla con la zonificación ahí dispuesta para la apertura de calles\npúblicas (artículo 58 Ley Planificación Urbana), sin embargo, está claro que su especificación en el\nmapa oficial no es un requisito indispensable, en los casos de los proyectos elaborados con\nposterioridad, pues tal como se desprende de las normas ya comentadas, el plan regulador y el mapa\noficial únicamente pueden realizar una descripción de las vías ya entregadas al servicio público al\nmomento de su emisión.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Así, tratándose de urbanizaciones y fraccionamientos, la vía que el ordenamiento jurídico ha\ndispuesto para la apertura de calles públicas es la elaboración y desarrollo armónico de proyectos\nconstructivos, ajustándose a lo dispuesto en el plan regulador existente. Sin embargo, las calles\nque de dichos proyectos deriven se ceden al uso público y pasan a formar parte del demanio\nmunicipal, aun cuando no estén descritas específicamente en el mapa oficial.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Sobre este tema, es también de importancia recalcar la especial competencia de la Dirección\nde Urbanismo del Instituto Costarricense de Urbanismo, sobre lo cual esta Procuraduría ha señalado:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“IV.-\n\n\n\n\nATRIBUCION DE LA DIRECCION DE URBANISMO PARA AUTORIZAR LA APERTURA DE CALLES EN URBANIZACIONES\n\n\n\n\n \n\n\n\n En materia de control de fraccionamientos y urbanizaciones la Dirección de Urbanismo ostenta una\ncompetencia nacional (artículos 7 inciso 4, 10 inciso 2), y 77, Ley 4240; 1 y 2 del Reglamento para\nel Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y nuestro dictamen C-073-87).-\n\n\n\n Con el deber de control, la Ley de Planificación Urbana, artículos 7, inciso 4), 10, inciso 2), le\nasigna a dicha Dirección el de:\n\n\n\n \"Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de urbanización o\nde fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal\".\n\n\n\n\nDe ello, en el ámbito de esa Ley, infirió la Procuraduría mediante dictamen C-235-86, que:\n\n\n\n a) la \"...apertura de una calle pública de modo necesario se identifica con los conceptos definidos\nde urbanización y fraccionamiento para efectos de urbanización\", y\n\n\n\n b) \"...en las hipótesis de \"urbanización\" y de \"fraccionamiento para efectos de urbanización\", los\nplanos correspondientes deben tener el visado de la Dirección de Urbanismo y posteriormente la\naprobación municipal, de suerte que, quien autoriza la apertura tanto de calles como de servicios lo\nes el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a través de la indicada Dirección, previamente al\nvisado del plano respectivo por la Corporación Municipal, el cual se negaría si no cuenta con el\npermiso del INVU a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 inciso b) de la Ley indicada\".-\n\n\n\n Nótese que la Ley de Planificación Urbana artículo 58, incisos 1 y 2, veda a las Municipalidades\nautorizar obras si el predio de la edificación se origina de un fraccionamiento hecho sin el visado\nde ley o se pretendiere utilizar fundos sin observar los requerimientos de una urbanización.” \n(Dictámenes C-116-94 del 14 de julio de 1994 y  C-243-2008 del 15 de julio del 2008)\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En vista de tales consideraciones, la declaratoria como públicas de calles debe\nresponder a una adecuada planificación urbana y a proyectos de desarrollo previamente estudiados y\naprobados por las entidades públicas correspondientes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n2.                  Cuando el camino municipal esté entregado por ley o de hecho al uso público\n\n\n\n\n \n\n\n\n       El  artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley  5060 del 22 de agosto de 1972,\nofrece una clasificación de los caminos públicos de acuerdo a su función y el órgano encargado de su\nadministración. El primer supuesto lo constituye la Red Vial Nacional, cuya administración\ncorresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y está constituida por: \n\n\n\n\n \n\n\n\n “a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por\nvolúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales,\ninterprovinciales o de larga distancia.\n\n\n\n\n \n\n\n\n b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por\ncarreteras primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen una\ncantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias\ny secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre\ndistritos importantes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará, dentro de la Red vial nacional, las\ncarreteras de acceso restringido, en las cuales sólo se permitirá el acceso o la salida de vehículos\nen determinadas intersecciones con otros caminos públicos. También designará las autopistas, que\nserán carreteras de acceso restringido, de cuatro o más carriles, con o sin isla central divisoria.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n El segundo supuesto que contempla el artículo 1 de la ley de cita, es la Red Vial Cantonal, la cual\nse conforma por los caminos no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)\ndentro de la red vial de su competencia, y es administrada por las municipalidades. Está formada\npor:\n\n\n\n “a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras\nactividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se\ncaracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta\ndistancia.\n\n\n\n\n \n\n\n\n b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas\ncomo travesías urbanas de la Red vial nacional.\n\n\n\n c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas\nanteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos\nusuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. (Así reformado por ley N°\n6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º).”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De lo anterior se deduce que la determinación de un camino público recae en un primer\nmomento, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues sólo residualmente los que no\nincluya dentro de la red vial nacional, quedarían comprendidos dentro de la red vial municipal, sin\nperjuicio de lo que indicaremos en cuanto a la competencia de la municipalidad en las calles de su\njurisdicción.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Si bien en la norma indicada, no se hace referencia expresa a qué deberá entenderse como camino\npúblico, del artículo anterior puede extraerse una primera aproximación. Al respecto, esta\nProcuraduría en opinión jurídica OJ-110-2000 del 3 de octubre de 2000, ha dicho que en la Ley\nGeneral de Caminos Públicos “…se dispuso cuales caminos deben ser considerados públicos, y presenta\nen el artículo 1º una clasificación de los mismos, atendiendo a su función y al correspondiente\nórgano competente para su administración. Tal y como se desprende de la clasificación referida, la\npeculiaridad general que caracteriza a los caminos públicos es que unen o conectan cabeceras\ncantonales y distritos importantes, así como distintos centros de población, o carreteras, en otras\npalabras son medios de comunicación desde el punto de vista social y económico, por los que - bajo\ndicho concepto -, igual transitan personas, vehículos, ganado etc. Es entonces, cuando se logre\ndeterminar que un camino es de carácter público que procede la aplicación de los artículos 32, 33 y\n34 de la Ley General de Caminos.” (La negrita es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con respecto a la naturaleza demanial de estas vías, el artículo 2 de la misma ley\nestablece:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 2º.-\n\n\n\n\n \n\n\n\n Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o\nque se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su\njurisdicción. (…) (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n(Así reformado por ley No. 6312 de 12 de enero de 1979, artículo 1º)”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Nótese que dicho artículo crea la posibilidad de crear a futuro caminos públicos y\notorga a las municipalidades la propiedad de las calles de su jurisdicción, con lo cual la potestad\ngenérica otorgada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se relativiza en el caso de las\ncalles municipales, propiedad de la municipalidad respectiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Acorde con lo anterior, este órgano asesor en dictamen Nº C- 007-92 de 15 de enero de 1992, aclaró\nque: \"la determinación, tanto de si una calle o camino es público o privado, como de la eventual\norden de reapertura, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes o bien a la\nMunicipalidad del lugar, según la delimitación de competencias que realizan los artículos 1º, 2º, 32\ny 33 de la Ley General de Caminos Públicos.\"\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Aunado a lo anterior, el artículo 4 de Ley de Construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949,\nnos acerca un poco más al concepto definiendo qué se entiende por vía pública, reconociendo que ésta\npuede ser por disposición de ley o de hecho, al indicar:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por\ndisposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las\nleyes y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su\nclase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aereación e\niluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la\ninstalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra\npública o destinados a un servicio público.” (La negrita y el subrayado no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Como se aprecia de la lectura anterior, una vía pública sólo puede establecerse sobre terrenos de\ndominio público a partir de la existencia de una norma expresa o cuando de hecho está destinado al\nuso público. En otras palabras, en este último supuesto, no son vías que expresamente por ley se han\ndestinado al uso público, sino que la costumbre y su finalidad hacen de ésta una vía pública\ntransitable, a pesar de que no se encuentre oficialmente establecida como tal.\n\n\n\n De lo anterior, se deduce que dentro de la jurisdicción municipal, la municipalidad respectiva\npodría realizar la declaratoria de una calle pública, aun cuando esta no esté formalmente\nestablecida en el plano de vialidad del Plan Regulador, siempre y cuando dentro de las hojas\ncartográficas, mapas, catastros, etc, se pueda deducir con mediana facilidad que es un bien de\ndominio público y que de hecho haya estado destinada a tal fin. Lo anterior encuentra respaldo en el\nartículo 7 de la Ley de Construcciones, que señala:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 7º.- Propiedad. Todo terreno que en los planos existentes de la Municipalidad, o en el\nArchivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de la Dirección General de Caminos, o en el\nCatastro, o en cualquier otro archivo, museo o biblioteca pública, aparezca como vía pública se\npresumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena en contrario, que deberá rendir aquél que\nafirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho\nexclusivo a su uso. Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá\nimpedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así las cosas, el requisito establecido a la municipalidad para realizar la declaratoria de una\ncalle pública, es que el terreno sea de dominio público, y que la calle de su jurisdicción esté\nentregada por ley o de hecho al servicio público, sin que sea indispensable que esté expresamente\ncontemplada en el plano de vialidad del Plan Regulador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Siguiendo esa línea, los artículos 32 y 33 de Ley General de Caminos Públicos, establecen incluso\nun procedimiento de reapertura de caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio\npúblico, indicando:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 32.-\n\n\n\n\n \n\n\n\n Nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o\ncalles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una\nlocalidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial dictada en expediente tramitado con\nintervención de representantes del Estado o de la municipalidad respectiva o por derechos adquiridos\nconforme a leyes anteriores a la presente o las disposiciones de esta ley. La resolución judicial se\ncomprobará con certificación de la misma, y la adquisición con el título respectivo; ambas deberán\nmostrarse y facilitarse a la autoridad que lo exija.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Quien contraviniere lo anterior será juzgado conforme a las leyes penales correspondientes si,\nsegún la naturaleza del hecho, se determina la existencia del delito indicado por el artículo 227\ndel Código Penal o la contravención prevista en el artículo 400 del mismo Código, todo ello sin\nperjuicio de la reapertura de la vía sin lugar a indemnización alguna por mejoras o construcciones.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Es obligación de los funcionarios de caminos denunciar ante quien corresponda la contravención\nreferida a iniciar las diligencias administrativas que establece el artículo siguiente para la\nreapertura de la vía. (Así reformado por el artículo 1º de la ley N° 5113 de 21 de noviembre de\n1972).”  (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 33.-\n\n\n\n\n \n\n\n\n Para la reapertura de la vía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Municipalidad en\ncaso de calles de su jurisdicción, por sí o a instancia de los funcionarios de caminos o de\ncualquier persona procederá a levantar una información que hará constar, mediante declaración de\ntres testigos, mayores de edad, vecinos del lugar y de reconocida buena conducta que el camino\nestaba abierto al servicio público o de particulares y desde cuándo ha sido estrechada o cerrada e\nincluirá su informe técnico de la Oficina correspondiente. Oído el infractor y comprobado en la\ninformación que el camino fue cerrado o estrechado sin la debida autorización, o que estuvo al\nservicio público por más de un año, el Ministerio o la Municipalidad ordenará la reapertura en un\nplazo perentorio no mayor de tres días y en rebeldía del obligado, ejecutará por su cuenta la orden.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la municipalidad, cabrán los\nrecursos administrativos previstos en el ordenamiento.  Esta información únicamente regirá para la\nreapertura de la vía, dada su trascendencia pública; pero, en lo judicial, no tendrá otro valor que\nel que le concedan los tribunales, de conformidad con sus facultades. (Así reformado el párrafo\nanterior por el artículo 207 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-\nAdministrativo).”\n\n\n\n\n \n\n\n\n De la lectura de los anteriores artículos, se desprende que la municipalidad tiene la potestad de\nreabrir una calle de su jurisdicción que fue cerrada, por lo que debemos concluir con mucha más\nrazón, que también tiene la posibilidad de declarar su apertura originaria si por ley o de hecho\nestá destinada a dicho uso público, para lo cual basta que así se desprenda de las hojas\ncartográficas, mapas, catastros, etc, y se pueda deducir que el terreno es propiedad del Estado, sin\nque sea necesario que esté oficializado en el plano de vialidad del Plan Regulador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n 3.                  Apertura de una calle municipal a partir del cambio de destino de un bien de\ndominio público\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Dado que la interrogante que plantea el Concejo Municipal de Flores es muy amplia y no\nespecifica si la consulta va dirigida a los supuestos en que la municipalidad desea realizar la\napertura de una calle pública en forma unilateral, consideramos procedente referirnos a un tercer\nsupuesto donde la municipalidad requiere de norma que la autorice para realizar la declaratoria de\ncalle pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Ya indicamos que para que exista un camino público y dentro de ellos, una calle pública\nmunicipal, debe existir un bien de dominio público sobre el cual recaiga dicho uso. Sin embargo,\ntambién podría darse el supuesto de que el bien de dominio público tenga asignado por ley o por\nreglamento, un uso público determinado que no es precisamente el del tránsito vehicular y peatonal.\nAsí por ejemplo, podríamos encontrar alamedas, plazas, parques, jardines, entre otros, que tienen un\nfin público específico y que la municipalidad desee convertirlos por necesidad en vías públicas.\nNótese que no se trata de una desafectación del dominio público, sino de una mutación del destino\npara el cual fueron creadas, pero siempre manteniendo su naturaleza de bienes demaniales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n   Al respecto, esta Procuraduría se ha referido a la posibilidad de cambiar el destino original de\nun bien de dominio público cuando exista un interés público que así lo justifique. Específicamente\nen el dictamen C-210-2002 del 21 de agosto del 2002, se indicó:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"…En doctrina se admite que la mutación demanial externa a que dan lugar las relaciones\nintersubjetivas entre entidades administrativas, no entran en pugna con la regla de inalienabilidad,\nque sólo sustrae aquellos bienes del tráfico jurídico privado, pero no excluye las transmisiones en\nla esfera del Derecho Público, cuando hay un interés jurídico prevalente o más intenso a tutelar,\ntengan respaldo en una norma legal de rango suficiente y se garantice la inseparabilidad del régimen\nde domino público.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Se altera el destino que originó la primitiva afectación, pero el bien conserva el carácter\ndemanial que antes tenía, el carácter servicial a una función pública. (Cassese, Sebastiano llama\nmutación subjetiva de la demanialidad a este transferimiento del bien de un ente público a otro. Le\ndestinazione dei beni degli enti pubblici. Milano Dott. A. Giuffré. Milán. 1962, pág. 140).\n\n\n\n\n \n\n\n\n (…) A modo de ejemplo, Clavero Arévalo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de\nSevilla, sostiene que si la titularidad administrativa del dominio público es atribuida por ley,\ncualquier cambio supone una modificación legal. De donde colige que \"son válidas las transmisiones\nde titularidad de este dominio, siempre que se realice por disposiciones del debido rango legal\".\n(La inalienabilidad del dominio público, RAP N° 25, pg. 51).\n\n\n\n Es la posición que se recoge en Fuentes Bodelón, Fernando: \"Si la afectación se ha hecho por Ley\nformal, la mutación requiere una norma de igual rango\" (Derecho Administrativo de los bienes.\nPublicaciones de la Escuela Nacional de la Administración Pública. Madrid. 1977, pg. 86). Y en\nBocanegra, Raúl y otros profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo: \"Hay que\npartir de la regla general según la cual se exige que el acto por el que se efectúa la mutación\ntenga, al menos, el mismo rango que la afectación; así, cuando la afectación se haga por Ley, la\nmutación también tiene que hacerse por Ley formal\" (Bocanegra Sierra, Raúl, Lecciones de dominio\npúblico. Obra colectiva. Edit. Colex. Madrid. 1999, págs. 34-35).\n\n\n\n\n \n\n\n\n (…) Marienhoff, trae a colación jurisprudencia de su país en el sentido de que cuando los bienes de\ndomino público afectados por ley deban \"facilitar la realización de un nuevo destino\" de utilidad\ngeneral, de más amplio concepto que el primitivo, el cambio de destino ha de ser \"declarado por una\nley de la Nación\" (Tratado Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1998, págs.\n312-313, y en Villegas, Wálter. Régimen jurídico de la expropiación. Edics. Depalma. Buenos Aires.\n1973, pág. 73 ss.).\n\n\n\n\n \n\n\n\n (…) Aunque la mutación demanial y la desafectación son nociones diferentes, presuponen un cambio\ndel destino inicial del bien y, por ahí, participan de similitud interpretativa. Al decir de la Sala\nConstitucional cuando los bienes demaniales tienen ese carácter a causa de una afectación legal,\n\"solamente por ley se puede privar o modificar el régimen especial que los regula\" (resolución N°\n2000-10466).\n\n\n\n\n \n\n\n\n (…) Otro tanto hace la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 de 2 de mayo de 1995, artículo\n69, al prever que los bienes inmuebles afectos a un fin público, \"podrán desafectarse por el mismo\nprocedimiento utilizado para establecer su destino actual\". (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n De lo anterior, podemos extraer que en el ámbito doctrinario se ha aceptado el cambio de destino de\nun bien de dominio público, siempre que se haga a través de una norma de rango legal, lo cual en\nnuestro ordenamiento jurídico tiene sus matices, pues por disposición del artículo 69 de la Ley de\nContratación Administrativa N° 7494 del 2 de mayo de 1995, se permite realizar el cambio de destino\nutilizando el mismo procedimiento de afectación. Dispone dicho artículo:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“ARTICULO 69.-\n\n\n\n\nLímites. La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin público.\n\n\n\n Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para establecer su destino\nactual.\n\n\n\n Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no conste el procedimiento\nutilizado para la afectación”\n\n\n\n\n \n\n\n\n En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico interno permite que el cambio de destino de un\nbien de dominio público opere a través del procedimiento utilizado para fijar el destino inicial.\nConsecuentemente, si la afectación fue realizada vía ley, se requerirá de una norma de igual rango\npara variar el destino, pero si la afectación ocurrió a través de una norma reglamentaria,\nentenderíamos que su cambio de destino podría ocurrir por la misma vía.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En respaldo de lo anterior, el artículo 45 de la Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de\nnoviembre de 1968, establece:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 45.-\n\n\n\n Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, podrán ser transferidos a otro uso público,\nconforme a las determinaciones del Plan Regulador; más si tuvieren destino señalado en la ley, el\ncambio deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.” (La negrita no forma parte del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n   De lo anterior, se deduce que por principio toda desafectación de un bien de dominio público o su\ncambio de destino debe realizarse vía ley, salvo que el procedimiento de afectación no se haya\nrealizado por esa vía y así conste expresamente, o bien que la ley lo permita de forma expresa, en\ncuyo caso el bien puede desafectarse o cambiarse de destino por la misma vía que se afectó (sin que\nmedie necesariamente una norma de rango legal).\n\n\n\n\n \n\n\n\n   La excepción a la regla anterior, lo constituyen las áreas silvestres protegidas, consideradas\npatrimonio natural del Estado, pues en todos los casos, la Ley Orgánica del Ambiente obliga en su\nartículo 38, que su cobertura no pueda ser reducida sino es a través de una ley de la República,\ndespués de realizar los estudios técnicos que justifiquen la medida.\n\n\n\n\n \n\n\n\n   Así las cosas, aun cuando el plano de vialidad del plan regulador no haya contemplado ciertos\ninmuebles de dominio público como calles públicas cantonales, podría cambiarse el destino de otros\nbienes públicos para ser destinados para tal fin, siempre que la municipalidad lo haga amparada en\nuna norma de igual rango a aquella que realizó la afectación al fin público.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n         \n\n\n\n\n4.                  Cesión, venta voluntaria o forzosa de un terreno particular\n\n\n\n\n \n\n\n\n       En los apartados anteriores, señalamos que para constituir una vía de naturaleza pública,\nincluso de hecho, es necesario que recaiga sobre terrenos de dominio público. En otras palabras, no\npuede realizarse la declaratoria de calle pública sobre terrenos propiedad de particulares.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior nos lleva a afirmar que un camino que atraviesa una propiedad privada no puede\nconsiderarse entregado a un uso público, por no cumplir con la principal característica de ser un\nbien demanial, a pesar de que haya tenido un uso común por simple tolerancia del propietario. Decir\nlo contrario, sería violentar el derecho de propiedad, reconocido en el artículo 45 de la\nConstitución Política.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De ahí que si a la municipalidad le asiste un interés para declarar pública una vía en terrenos\ninscritos a nombre de un particular, debe proceder utilizando los mecanismos legales para su\nrespectiva afectación al dominio público. Así lo reconoció la Sala Constitucional en el voto N°\n3145-96 de las 9:27 horas del 28 de junio de 1996, en la cual que:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “…es criterio de la Sala que las normas que se impugnan no son inconstitucionales, porque el\nrégimen especial de protección de los bienes públicos entiende que la naturaleza demanial de las\nvías públicas se presume, y excluye cualquier otra posesión que se pretenda, solo y solamente,\ncuando la respectiva administración cuente con prueba fehaciente de su titularidad sobre el inmueble\nde que se trate, como lo pueden ser, a manera de ejemplo, la inscripción en el Registro Público de\nla Propiedad Inmueble; el traspaso, sea a título gratuito u oneroso, otorgado en escritura pública\npero no inscrito; el registro del inmueble incorporado a la vía pública en catastros municipales o\nnacionales, o en mapas oficiales respaldado por actos administrativos que declaran la afectación,\ncomo por ejemplo los acuerdos municipales que tienen por aprobada y recibida oficialmente una\nurbanización o fraccionamiento; o la existencia de una ley afectando a un bien o a un conjunto de\nbienes determinados al uso público, lo que implicaría que se deba tramitar la adquisición\nadministrativa de los inmuebles, o en su lugar, disponer la respectiva expropiación; y todo lo\nanterior, sin perjuicio, desde luego, de lo que pueda resolverse en la vía jurisdiccional plena. Y\nlo ya dicho, porque no es posible interpretar que el dominio público se crea por decisión unilateral\nde la Administración, con prescindencia de la voluntad del propietario y menos cuando el inmueble\nestá inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, si no ha mediado de previo, un acto\nde entrega voluntario, que se pueda ser probado por la Administración por cualquier medio; o si no\nha mediado previa indemnización, si se trata de adquirir el inmueble por la vía forzosa, tal y como\nlo señala el artículo 45 constitucional.” (La negrita y el subrayado no forman parte del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n De dicha sentencia se deduce que para la declaratoria de un camino público, debe constar\nnecesariamente la titularidad de la Administración sobre el inmueble, y en caso de que se trate de\nun inmueble inscrito a nombre de un particular, debe realizarse la declaratoria de necesidad y\nutilidad pública y proceder con los trámites expropiatorios en caso de oposición del propietario.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las administraciones\npúblicas, y en particular las municipalidades no debe realizar actuaciones unilaterales que resulten\nlesivas al derecho de propiedad de los particulares, aun cuando éste no resulta ser un derecho\nabsoluto e ilimitado. Declarar camino público aquel que se encuentre dentro de una propiedad\nprivada, sin antes haber recurrido a los mecanismos legalmente establecidos, devendría en un acto\nlesivo de derechos fundamentales. Así, en reciente jurisprudencia, el Tribunal Constitucional\nexpresó que:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Queda claro del elenco de hechos probados consignados en el Considerando I de esta resolución, que\nla calle cuya apertura se dispone en el acuerdo impugnado, atravesaría al menos en parte, un área\ndel fundo privado a nombre de la señora Herrera Bolaños, terreno inscrito en el Registro Nacional,\nbajo la matrícula 48391-000, lo que resulta violatorio de su derecho de propiedad, consagrado en el\nartículo 45 de la Constitución Política. El derecho de propiedad es un derecho fundamental, por lo\nque no es susceptible de violación, infracción o quebranto por parte de las autoridades públicas, y\nsi bien no es absoluto ni ilimitado, puesto que el Estado puede despojar de su bien al propietario,\nen el supuesto de que exista una causa de utilidad pública, debe necesariamente utilizar el\nprocedimiento de expropiación establecido en la ley, previa indemnización, lo que no se ha producido\nen el presente caso. Siendo así, debe anularse, como en efecto se hace, el acto impugnado.”  (Sala\nConstitucional, Voto N° 2009-003820 de las 16:44 horas del 10 de marzo de 2009)\n\n\n\n\n \n\n\n\n De lo anterior, se desprende que para constituir una calle pública es necesario que el propietario\nde un inmueble privado ceda o venda voluntariamente el terreno a la autoridad respectiva, pues de lo\ncontrario deberá realizarse el respectivo trámite de expropiación.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                        De usted, atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                                   Lic. Víctor\nBulgarelli Céspedes\n\n\n\n                                                                                              \nProcurador Agrario\n\n\n\n\nVBC/hga", "body_en_text": "Opinion : 101 of 07/04/2012\n\nApril 7, 2012\n\nC-101-2012\n\nLicenciada\nVera Violeta Corrales Blanco\nMayor of Pérez Zeledón\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to Official Letter No. OFI-1145-11-DAM, signed by Mr. Luis Mendieta Escudero, former mayor of that canton, by which he asks us generally about the issue of the declaration of public roads.\n\nGiven that the content of the cited Official Letter indicates that this municipal corporation is interested in determining its scope of competence in relation to this topic, I proceed to transcribe for you part of opinion No. C-256-2011 of October 21, 2011, which provides a detailed analysis of the various legal hypotheses by which a specific strip of land can come to be considered a public road and the municipal powers regarding this matter:\n\n“II.- ON THE MERITS\n\nThe consultant requests that this advisory body rule on the legal possibility of a municipality opening a public street, even when it is not contemplated in the road plan of the Regulating Plan.\n\nGiven the breadth of the question posed, this advisory body must refer below to the different scenarios established by the Law in this matter, as well as the limits stipulated for each of them.\n\n1. On the opening of streets from urban projects subsequent to the issuance of the Regulating Plan\n\nArticle 1 of the Urban Planning Law No. 4240 of November 15, 1968, defines the concepts of urban planning and regulating plan in the following terms:\n\n\"Urban Planning is the continuous and integral process of analysis and formulation of plans and regulations on urban development, aimed at ensuring the safety, health, comfort, and well-being of the community.\n\nA Regulating Plan is the local planning instrument that defines, in a set of plans, maps, regulations, and any other document, graphic, or supplement, the development policy and the plans for population distribution, land uses, circulation routes, public services, community facilities, and construction, conservation, and rehabilitation of urban areas.\n\n(…)\" (The bold text is not part of the original)\n\nFrom the above regulations, it follows that within the competencies of territorial planning and zoning, there is the possibility of including within the regulating plans matters related to the creation of circulation routes.\n\nLikewise, in Article 15 of the cited law, we find the basis for municipal competence regarding the planning and control of urban development within the limits of its jurisdiction, for which the competence of the municipalities to implement regulating plans and related urban development regulations is recognized. Regarding this competence, the Constitutional Chamber stated in ruling No. 11900-2007 of 2:46 p.m. on August 21, 2007, the following:\n\n\"…this Court must refer to the power of the Municipalities to draft and approve the Regulating Plans of their canton for the better ordering not only of resources but also of needs and sustainable development. It is (sic) thus, as Article 169 of the Political Constitution, that the Municipalities are vested not only with the power but also the duty to guarantee, defend, and preserve social order and the right to a healthy and ecologically balanced environment. In that sense, the constitutional mandate entrusted to local governments, regarding the administration of local interests and services, gives rise to the obligation to ensure a social and urban order within their territorial jurisdiction. By virtue of this generic competence, local governments are responsible for making the necessary provisions so that the enjoyment of public resources –such as streets, parks, etc.– is done in an orderly manner, always maintaining a harmonious relationship. From the foregoing, it is clear that municipalities are responsible for exercising the functions not only of oversight, but also of creator of plans with which they concretely establish the rules that must be respected in their specific territorial circumscription. For this reason, the formation of the so-called regulating plans is necessary, which develop matters related to land use by specific activities –residential, commercial, industrial, protection, etc.– and the urban environment –condition of buildings–, in short, everything protected by constitutional numeral 50 (…).\" (The bold text is not part of the original)\n\nIn addition to this, the Regulation for National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones) specifies that the Regulating Plan is \"…The local planning instrument that defines, in a set of plans, maps, regulations, and any other document, graphic, or supplement, the development policy and the plans for population distribution, land uses, circulation routes, public services, community facilities, and construction, conservation, and rehabilitation of urban areas.\"\n\nRegarding the Official Map (Mapa Oficial), this same regulation defines it as \"The plan or set of plans in which the position of the layouts of public roads and areas to be reserved for community uses and services is accurately indicated.\"\n\nFor its part, the Urban Planning Law classifies the official map as part of the main urban development regulations, which must deal with the provision and conservation of spaces for public roads and community areas (Article 21, subsection 3).\n\nBoth the regulating plan and the official map are characterized as mandatory regulations, from which the municipal entity cannot detach itself, since \"Whatever the legal instrument (Law, Regulating Plan, Official Map, etc.) that assigns public use to a specific territorial space, it is part of the legal framework to which the actions of administrative bodies must conform…\" (Opinion C-070-93 of May 20, 1993).\n\nTherefore, in principle, what is established in the regulating plan or the respective official map regarding the layout of public roads is binding because \"these are true legal norms or laws in a material sense, as they recognize rights and establish obligations for the owners and possessors of properties located within the territorial circumscription of the respective canton.\" (Constitutional Chamber, Ruling No. 13330-2006 of September 6, 2006)\n\nNow, regarding the subject matter of the consultation, Article 16 of the Urban Planning Law indicates the elements that the local regulating plan must contain, among which is:\n\n\"d) The circulation study, through which the location of the main public roads and the routes and transportation terminals are indicated, in a general manner.\" (The bold text is not from the original)\n\nThe cited norm is clear in stating that the regulating plan must establish, in a general manner, the location of the main public roads, which makes sense because it is impossible to predict exactly where public roads created in the future from new projects developed in the canton will be located.\n\nIn the same vein, Articles 42 and 43 of said law state:\n\n\"Article 42.- The Official Map regulation shall establish the norms regarding reservations, acquisition, use, and conservation of the areas necessary for roads, parks, plazas, buildings, and other community uses, expressing the location and size of those already delivered to public service and those demarcated only preventively.\" (The bold text is not part of the original)\n\nArticle 43.-\n\nThe Official Map, together with the plans or the cadastre that complements it, shall constitute a special, reliable registry regarding the property and the dedication to the public domain of the lands or spaces already delivered to public uses.\" (The bold text is not part of the original)\n\nNote that the official map contains the roads already delivered to public service, since logically, those arising from future urban projects could not be specifically contemplated in this map.\n\nIn this regard, it should not be forgotten that the Urban Planning Law contains guidelines to follow for subdivisions and urbanizations (fraccionamiento y urbanización), as well as the areas that the urban developer must cede free of charge for public use, among which are the streets (Article 40). Likewise, Article 8 of the Construction Law No. 833 of November 2, 1949, states that when carrying out a subdivision or plot division (fraccionamiento o loteo), the lands that appear on the plans as destined for public roads shall, by that sole fact, leave the domain of the subdivider and pass into the public domain.\n\nGiven the binding nature of what is stipulated in the Regulating Plan, it is essential that every project carried out comply with the zoning therein stipulated for the opening of public streets (Article 58 Urban Planning Law). However, it is clear that its specification in the official map is not an indispensable requirement in cases of projects developed subsequently, since, as follows from the norms already discussed, the regulating plan and the official map can only provide a description of the roads already delivered to public service at the time of their issuance.\n\nThus, in the case of urbanizations and subdivisions (fraccionamientos), the path that the legal system has established for the opening of public streets is the development and harmonious execution of construction projects, adjusting to what is stipulated in the existing regulating plan. However, the streets derived from such projects are ceded to public use and become part of the municipal public domain (demanio municipal), even if they are not specifically described in the official map.\n\nOn this subject, it is also important to emphasize the special competence of the Urban Planning Directorate (Dirección de Urbanismo) of the Costa Rican Institute of Urbanism (Instituto Costarricense de Urbanismo), on which this Attorney General's Office has stated:\n\n\"IV.-\nATTRIBUTION OF THE URBAN PLANNING DIRECTORATE TO AUTHORIZE THE OPENING OF STREETS IN URBANIZATIONS\n\nRegarding the control of subdivisions and urbanizations (fraccionamientos y urbanizaciones), the Urban Planning Directorate holds national competence (Articles 7 subsection 4, 10 subsection 2), and 77, Law 4240; 1 and 2 of the Regulation for National Control of Subdivisions and Urbanizations and our opinion C-073-87).-\n\nWith the duty of control, the Urban Planning Law, Articles 7, subsection 4), 10, subsection 2), assigns to said Directorate the duty to:\n\n'Examine and approve, unavoidably, the plans corresponding to urbanization projects or subdivision projects for urbanization purposes (proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización), prior to their municipal approval.'\n\nFrom this, within the scope of that Law, the Attorney General's Office inferred through opinion C-235-86 that:\na) the '...opening of a public street necessarily identifies with the defined concepts of urbanization and subdivision for urbanization purposes (urbanización y fraccionamiento para efectos de urbanización),' and\nb) '...in the hypotheses of \"urbanization\" and \"subdivision for urbanization purposes,\" the corresponding plans must have the approval of the Urban Planning Directorate and subsequently the municipal approval, such that the entity authorizing the opening of both streets and services is the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), through the indicated Directorate, prior to the approval of the respective plan by the Municipal Corporation, which would be denied if it does not have the permit from INVU in accordance with the provisions of Article 36 subsection b) of the indicated Law.'-\n\nNote that the Urban Planning Law Article 58, subsections 1 and 2, prohibits Municipalities from authorizing works if the property for the building originates from a subdivision (fraccionamiento) made without the legal approval or if lands are intended to be used without observing the requirements of an urbanization.\" (Opinions C-116-94 of July 14, 1994 and C-243-2008 of July 15, 2008)\n\nIn view of such considerations, the declaration of streets as public must respond to adequate urban planning and development projects previously studied and approved by the corresponding public entities.\n\n2. When the municipal road is delivered by law or de facto to public use\n\nArticle 1 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), Law 5060 of August 22, 1972, offers a classification of public roads according to their function and the body responsible for their administration. The first category is the National Road Network (Red Vial Nacional), whose administration corresponds to the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) and is constituted by:\n\n\"a) Primary highways: Network of trunk routes, serving as corridors, characterized by relatively high traffic volumes and a high proportion of international, interprovincial, or long-distance trips.\n\nb) Secondary highways: Routes that connect important canton capitals – not served by primary highways – as well as other population, production, or tourism centers that generate a considerable number of interregional or intercanton trips.\n\nc) Tertiary highways: Routes that serve as traffic collectors for primary and secondary highways, and that constitute the main roads for trips within a region, or between important districts.\n\nThe Ministry of Public Works and Transport shall designate, within the National Road Network, the restricted-access highways, on which vehicle access or exit shall only be permitted at specific intersections with other public roads. It shall also designate the expressways (autopistas), which shall be restricted-access highways with four or more lanes, with or without a central dividing island.\"\n\nThe second category contemplated by Article 1 of the cited law is the Cantonal Road Network (Red Vial Cantonal), which is made up of roads not included by the Ministry of Public Works and Transport (MOPT) within the road network of its competence, and is administered by the municipalities. It is formed by:\n\n\"a) Neighborhood roads (Caminos vecinales): Public roads that provide direct access to farms and other economically rural activities; they connect hamlets and towns with the National Road Network, and are characterized by low traffic volumes and high proportions of short-distance local trips.\n\nb) Local streets (Calles locales): Public roads included within the quadrant of an urban area, not classified as urban crossings of the National Road Network.\n\nc) Unclassified roads (Caminos no clasificados): Public roads not classified within the categories described above, such as bridle paths, paths, footpaths, which provide access to very few users, who shall cover the maintenance and improvement costs. (Thus amended by Law No. 6676 of September 18, 1981, Article 1).\"\n\nFrom the foregoing, it follows that the determination of a public road falls, in the first instance, to the Ministry of Public Works and Transport, since only residually, those not included by it within the national road network would be comprised within the municipal road network, without prejudice to what we will indicate regarding the competence of the municipality in its jurisdictional streets.\n\nAlthough the indicated norm does not make express reference to what should be understood as a public road, a first approximation can be extracted from the preceding article. In this regard, this Attorney General's Office, in legal opinion OJ-110-2000 of October 3, 2000, has stated that the General Law of Public Roads \"…established which roads must be considered public, and presents in Article 1 a classification thereof, according to their function and the corresponding competent body for their administration. As follows from the referred classification, the general peculiarity that characterizes public roads is that they join or connect canton capitals and important districts, as well as different population centers, or highways, in other words, they are means of communication from a social and economic point of view, by which – under that concept – people, vehicles, livestock, etc., alike transit. It is then, when it can be determined that a road is of a public nature, that the application of Articles 32, 33, and 34 of the General Law of Public Roads proceeds.\" (The bold text is from the original).\n\nRegarding the public domain nature (naturaleza demanial) of these routes, Article 2 of the same law establishes:\n\n\"Article 2.-\n\nThe State is the owner of all lands occupied by existing public highways and roads or those built in the future. The municipalities own the streets in their jurisdiction. (…) (The bold text is not part of the original)\n\n(Thus amended by Law No. 6312 of January 12, 1979, Article 1)\"\n\nNote that this article creates the possibility of creating public roads in the future and grants the municipalities ownership of the streets in their jurisdiction, whereby the generic power granted to the Ministry of Public Works and Transport is relativized in the case of municipal streets, property of the respective municipality.\n\nIn accordance with the above, this advisory body, in opinion No. C-007-92 of January 15, 1992, clarified that: \"the determination, both of whether a street or road is public or private, and of the eventual reopening order, corresponds to the Ministry of Public Works and Transport or else to the Municipality of the locality, according to the delimitation of competencies carried out by Articles 1, 2, 32, and 33 of the General Law of Public Roads.\"\n\nCoupled with the above, Article 4 of the Construction Law, No. 833 of November 2, 1949, brings us a little closer to the concept by defining what is understood by public road (vía pública), recognizing that it can be by provision of law or de facto, by stating:\n\n\"Article 4.- Definition. A public road is all terrain of public domain (dominio público) and common use, that by provision of the administrative authority is or was destined for free transit in accordance with the planning laws and regulations and that, in fact, is already destined for that public use. According to its class, public roads shall also be destined to ensure the conditions of aeration and illumination of the buildings that border them; to facilitate access to adjacent properties; to the installation of any pipeline, device, apparatus, or accessory belonging to a public work or destined to a public service.\" (The bold and underlined text is not part of the original)\n\nAs can be seen from the preceding reading, a public road can only be established on public domain lands based on the existence of an express norm or when, in fact, it is destined for public use. In other words, in this latter case, these are not routes that have been expressly destined by law for public use, but rather custom and their purpose make them a traversable public road, even if they are not officially established as such.\n\nFrom the above, it follows that within the municipal jurisdiction, the respective municipality could issue the declaration of a public street, even if it is not formally established in the road plan of the Regulating Plan, provided that within the cartographic sheets, maps, cadastres, etc., it can be deduced with reasonable ease that it is a public domain asset and that, in fact, it has been destined for such purpose. The foregoing finds support in Article 7 of the Construction Law, which states:\n\n\"Article 7.- Property. Any land that appears as a public road in the existing plans of the Municipality, or in the Archive of the General Directorate of Public Works, or that of the General Directorate of Roads, or in the Cadastre, or in any other archive, museum, or public library shall be presumed to have that status, barring full proof to the contrary, which must be provided by anyone who affirms that the land in question is private property or claims to have any exclusive right to its use. As long as a final judgment declaring it so is not issued, no one may impede or obstruct the public use of the land in question.\n\nTherefore, the requirement established for the municipality to declare a public street is that the land is of public domain, and that the street in its jurisdiction is delivered by law or de facto to public service, without it being essential that it is expressly contemplated in the road plan of the Regulating Plan.\n\nFollowing this line, Articles 32 and 33 of the General Law of Public Roads even establish a procedure for the reopening of roads or streets delivered by law or de facto to public service, indicating:\n\n\"Article 32.-\n\nNo one shall have the right to partially or totally close or narrow, by fencing or building, roads or streets delivered by law or de facto to public service or to the service of the owner or neighbors of a locality, except when proceeding by virtue of a judicial resolution issued in a file processed with the intervention of representatives of the State or the respective municipality or by rights acquired in accordance with laws prior to this one or the provisions of this law. The judicial resolution shall be proven with a certification thereof, and the acquisition with the respective title; both must be shown and provided to the authority that demands it.\n\nAnyone who contravenes the foregoing shall be judged according to the corresponding criminal laws if, according to the nature of the act, the existence of the crime indicated by Article 227 of the Penal Code or the violation provided for in Article 400 of the same Code is determined, all without prejudice to the reopening of the road without any compensation for improvements or constructions.\n\nIt is the obligation of road officials to report the referred violation to the appropriate authority and to initiate the administrative proceedings established in the following article for the reopening of the road. (Thus amended by Article 1 of Law No. 5113 of November 21, 1972).\" (The bold text is not part of the original)\n\n\"Article 33.-\n\nFor the reopening of the road, the Ministry of Public Works and Transport or the Municipality, in the case of streets in its jurisdiction, acting on its own initiative or at the request of road officials or any person, shall proceed to gather information that shall record, through the declaration of three witnesses, of legal age, residents of the locality, and of recognized good conduct, that the road was open to public or private service and since when it has been narrowed or closed, and shall include its technical report from the corresponding Office. After hearing the violator and after verifying in the information that the road was closed or narrowed without due authorization, or that it was in public service for more than one year, the Ministry or the Municipality shall order its reopening within a peremptory period not exceeding three days, and in the event of default by the obligated party, shall execute the order on its own account.\n\nThe administrative remedies provided for in the legal system may be filed against the resolution of the Ministry of Public Works and Transport or the municipality. This information shall only apply for the reopening of the road, given its public importance; however, in the judicial sphere, it shall have no other value than that which the courts grant it, in accordance with their powers. (The preceding paragraph thus amended by Article 207 of Law No. 8508 of April 28, 2006, Contentious-Administrative Procedure Code).\"\n\nFrom the reading of the preceding articles, it follows that the municipality has the power to reopen a street in its jurisdiction that was closed, so we must conclude with even greater reason that it also has the possibility of declaring its original opening if, by law or de facto, it is destined for said public use, for which it suffices that this be evident from the cartographic sheets, maps, cadastres, etc., and it can be deduced that the land is State property, without it being necessary for it to be formalized in the road plan of the Regulating Plan.\n\n3. Opening of a municipal street based on a change of purpose of a public domain asset\n\nGiven that the question posed by the Municipal Council of Flores is very broad and does not specify whether the consultation is directed at scenarios where the municipality wishes to unilaterally open a public street, we consider it appropriate to refer to a third scenario where the municipality requires a norm authorizing it to declare a public street.\n\nWe have already indicated that for a public road, and among them a municipal public street, to exist, there must be a public domain asset on which that use lies. However, there could also be a scenario where the public domain asset has, by law or regulation, a specific public use assigned to it that is not precisely that of vehicular and pedestrian transit. Thus, for example, we could find public walkways (alamedas), plazas, parks, gardens, among others, which have a specific public purpose and that the municipality wishes to convert, due to necessity, into public roads. Note that this is not a disaffectation of public domain (desafectación del dominio público), but rather a mutation of the purpose (mutación del destino) for which they were created, while always maintaining their nature as public domain assets (bienes demaniales).\n\nIn this regard, this Attorney General's Office has referred to the possibility of changing the original purpose of a public domain asset when a public interest justifies it. Specifically, in opinion C-210-2002 of August 21, 2002, it was stated:\n\n\"…In doctrine, it is admitted that the external domain mutation (mutación demanial externa) arising from intersubjective relationships between administrative entities does not conflict with the rule of inalienability, which only removes those assets from private legal transactions, but does not exclude transfers within the sphere of Public Law, when there is a prevalent or more intense legal interest to protect, provided they are backed by a legal norm of sufficient rank and the inseparability of the public domain regime is guaranteed.\n\nThe purpose that originated the original affectation is altered, but the asset retains the public domain character (carácter demanial) it previously had, its servicial character to a public function. (Cassese, Sebastiano calls this transfer of the asset from one public entity to another a subjective mutation of domain (mutación subjetiva de la demanialidad). Le destinazione dei beni degli enti pubblici. Milano Dott. A. Giuffré. Milan. 1962, p. 140).\n\n(…) By way of example, Clavero Arévalo, Professor of Administrative Law at the University of Seville, maintains that if the administrative ownership of the public domain is attributed by law, any change implies a legal modification. From which he deduces that 'transfers of ownership of this domain are valid, provided they are carried out by provisions of the appropriate legal rank.' (La inalienabilidad del dominio público, RAP No. 25, p. 51).\n\nThis is the position taken up in Fuentes Bodelón, Fernando: 'If the affectation has been made by formal Law, the mutation requires a norm of equal rank' (Derecho Administrativo de los bienes. Publications of the National School of Public Administration. Madrid. 1977, p. 86). And in Bocanegra, Raúl and other professors of Administrative Law at the University of Oviedo: 'One must start from the general rule according to which it is required that the act by which the mutation is effected has, at least, the same rank as the affectation; thus, when the affectation is made by Law, the mutation must also be made by formal Law' (Bocanegra Sierra, Raúl, Lecciones de dominio público. Collective work. Edit. Colex. Madrid. 1999, pp. 34-35).\n\n(…) Marienhoff, brings up jurisprudence from his country to the effect that when public domain assets affected by law must 'facilitate the realization of a new purpose' of general utility, of a broader concept than the original one, the change of purpose must be 'declared by a law of the Nation' (Tratado Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1998, pp. 312-313, and in Villegas, Wálter. Régimen jurídico de la expropiación. Edics. Depalma. Buenos Aires. 1973, p. 73 et seq.).\n\n(…) Although domain mutation (mutación demanial) and disaffectation (desafectación) are different notions, they both presuppose a change of the initial purpose of the asset and, thereby, share interpretive similarity. As stated by the Constitutional Chamber, when public domain assets have that character due to a legal affectation, 'only by law can the special regime that regulates them be deprived or modified' (resolution No. 2000-10466).\n\n(…) The Administrative Contracting Law, No. 7494 of May 2, 1995, Article 69, does the same by providing that immovable property assigned to a public purpose 'may be disaffected (desafectarse) by the same procedure used to establish its current purpose.' (The bold text is not part of the original)\n\nFrom the above, we can extract that in doctrinal circles, the change of use (cambio de destino) of a public domain asset has been accepted, provided it is done through a norm of legal rank, which in our legal system has its nuances, since by provision of Article 69 of the Administrative Contracting Law No. 7494 of May 2, 1995, the change of use is permitted using the same procedure for designating the asset for public use (afectación). Said article provides:\n\n\n\"ARTICLE 69.-\n\n\nLimits. The Administration may not alienate real property designated for public use (afectos a un fin público).\n\nThe assets may be released from public use (desafectarse) by the same procedure used to establish their current use (destino).\n\nThe express authorization of the Legislative Assembly shall be required when the procedure used for the designation (afectación) is not recorded.\"\n\n\nIn other words, our domestic legal system allows the change of use of a public domain asset to operate through the procedure used to set the initial use. Consequently, if the designation (afectación) was carried out via law, a norm of equal rank will be required to vary the use, but if the designation occurred through a regulatory norm, we would understand that its change of use could occur through the same route.\n\n\nIn support of the above, Article 45 of the Urban Planning Law, No. 4240 of November 15, 1968, establishes:\n\n\n\"Article 45.-\n\nThe real property referred to in the previous article may be transferred to another public use, in accordance with the determinations of the Regulatory Plan; but if they have a use (destino) designated by law, the change must be approved by the Legislative Assembly.\" (The bold text is not part of the original)\n\n\nFrom the above, it is deduced that, in principle, any release from public use (desafectación) of a public domain asset or its change of use must be carried out via law, unless the procedure for designation was not carried out via law and this is expressly recorded, or the law expressly permits it, in which case the asset can be released from public use or its use changed through the same means by which it was designated (without necessarily requiring a norm of legal rank).\n\n\nThe exception to the previous rule is constituted by protected wild areas (áreas silvestres protegidas), considered the natural heritage of the State, as in all cases, the Organic Environmental Law mandates in its Article 38 that their cover cannot be reduced except through a law of the Republic, after conducting the technical studies that justify the measure.\n\n\nThus, even if the road map of the regulatory plan did not contemplate certain public domain assets as cantonal public roads, the use of other public assets could be changed to be destined for such purpose, provided the municipality does so under the protection of a norm of equal rank to that which carried out the designation for the public use.\n\n\n4. Voluntary or forced cession or sale of private land\n\n\nIn the preceding sections, we pointed out that to constitute a road of public nature, even de facto, it must be situated on public domain land. In other words, the declaration of a public road cannot be carried out on land owned by private individuals.\n\n\nThe above leads us to affirm that a path that crosses private property cannot be considered handed over to public use, because it does not meet the main characteristic of being a public domain asset (bien demanial), even if it had common use by simple tolerance of the owner. Stating otherwise would violate the right to property, recognized in Article 45 of the Political Constitution.\n\n\nHence, if a municipality has an interest in declaring a road located on land registered in the name of a private individual as public, it must proceed using the legal mechanisms for its respective designation for public use (afectación al dominio público). The Constitutional Chamber recognized this in Ruling No. 3145-96 of 9:27 a.m. on June 28, 1996, in which it stated:\n\n\n\"...it is the Chamber's criterion that the challenged norms are not unconstitutional, because the special protection regime for public assets understands that the public domain nature (naturaleza demanial) of public roads is presumed, and excludes any other possession that may be claimed, only and solely, when the respective administration has conclusive proof of its ownership of the real property in question, such as, by way of example, registration in the Public Registry of Real Property; the transfer, whether free of charge or for a consideration, granted in a public deed but not registered; the registration of the real property incorporated into the public road in municipal or national cadastres, or in official maps backed by administrative acts that declare the designation, such as municipal agreements that approve and officially receive an urbanization or subdivision (fraccionamiento); or the existence of a law designating a specific asset or a set of specific assets for public use, which would imply that the administrative acquisition of the real property must be processed, or alternatively, the respective expropriation ordered; and all the foregoing, without prejudice, of course, to what may be resolved in the full jurisdictional venue. And the above, because it is not possible to interpret that the public domain is created by a unilateral decision of the Administration, disregarding the will of the owner, and even less so when the real property is registered in the Public Registry of Real Property, if a prior voluntary act of handing over has not occurred, which the Administration can prove by any means; or if prior compensation has not taken place, if the acquisition of the real property is through forced means, as indicated in Article 45 of the Constitution.\" (The bold and underlined text is not part of the original).\n\n\nFrom said judgment, it is deduced that for the declaration of a public road, the Administration's ownership of the real property must necessarily be recorded, and in the event that it involves a real property registered in the name of a private individual, the declaration of necessity and public utility must be made and expropriation procedures must be undertaken in case of opposition from the owner.\n\n\nIn this same sense, constitutional jurisprudence has indicated that public administrations, and particularly municipalities, must not perform unilateral actions that are harmful to the property right of private individuals, even when this right is not absolute and unlimited. Declaring a road that lies within private property as public, without first having resorted to the legally established mechanisms, would result in an act harmful to fundamental rights. Thus, in recent jurisprudence, the Constitutional Court expressed that:\n\n\n\"It is clear from the list of proven facts set forth in Considering I of this resolution, that the road whose opening is ordered in the challenged agreement would cross, at least in part, an area of the private property in the name of Mrs. Herrera Bolaños, land registered in the National Registry under registration number 48391-000, which is a violation of her property right, enshrined in Article 45 of the Political Constitution. The property right is a fundamental right, and as such, it is not susceptible to violation, infringement, or breach by public authorities, and although it is not absolute or unlimited, since the State can deprive an owner of their property, in the event that there is a cause of public utility, it must necessarily use the expropriation procedure established by law, after prior compensation, which has not occurred in the present case. This being so, the challenged act must be annulled, as is hereby done.\" (Constitutional Chamber, Ruling No. 2009-003820 of 4:44 p.m. on March 10, 2009)\n\n\nFrom the above, it follows that to constitute a public road, it is necessary for the owner of a private property to voluntarily cede or sell the land to the respective authority, otherwise the respective expropriation procedure must be carried out.\"\n\n\nSincerely,\n\n\nLic. Víctor Bulgarelli Céspedes\nAgrarian Attorney\n\nVBC/hga" }