{ "id": "pgr-17246", "citation": "C-187-2012", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Prohibición del ejercicio liberal de la abogacía y notariado para funcionarios municipales", "title_en": "Ban on Private Practice of Law and Notarial Function for Municipal Employees", "summary_es": "La Procuraduría General analiza el régimen de prohibición del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aplicable a abogados municipales. Concluye que esta norma impide de manera imperativa el ejercicio privado de la abogacía para todos los servidores municipales, sean propietarios, interinos o contratados por servicios especiales, sin distinción de la naturaleza del cargo. Destaca que esta prohibición, por sí sola, no conlleva compensación económica automática, requiriéndose una norma legal expresa que autorice el pago, la cual no existe para los abogados municipales en general. La excepción se da para quienes realizan funciones propias de la administración tributaria municipal, quienes sí pueden recibir el pago por prohibición conforme a la Ley 5867 y sus reformas. El dictamen también aborda el régimen de dedicación exclusiva, señalando que es incompatible con la prohibición legal, por cuanto ésta última es imperativa mientras que la dedicación exclusiva es voluntaria y contractual. Respecto al notariado, se concluye que los funcionarios municipales están impedidos de ejercer privadamente la función notarial en virtud del artículo 4 inciso f) del Código Notarial, y no existe base legal para compensar dicha incompatibilidad. Se prevé una excepción para los contratados a plazo fijo excluidos del servicio civil y que no reciban sobresueldos o compensación por prohibición o dedicación exclusiva, conforme al artículo 5 inciso d) del mismo código.", "summary_en": "The Attorney General's Office analyzes the prohibition regime under Article 244 of the Organic Law of the Judiciary applicable to municipal attorneys. It concludes that this provision imperatively bars all municipal employees—whether permanent, interim, or hired for special services—from engaging in private law practice, regardless of their specific role. This prohibition alone does not warrant automatic financial compensation; an express legal provision is required to authorize such payment, and none exists for municipal attorneys in general. An exception applies to those performing municipal tax administration functions, who may receive the prohibition bonus under Law 5867 and its reforms. The opinion also addresses the exclusive dedication regime, finding it incompatible with the statutory prohibition, as the latter is mandatory while exclusive dedication is voluntary and contractual. Regarding notarial functions, municipal employees are barred from private practice under Article 4(f) of the Notarial Code, with no legal basis for compensating this incompatibility. An exception exists for fixed-term hires excluded from civil service who receive no bonus or compensation for prohibition or exclusive dedication, under Article 5(d) of the same code.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "ejercicio liberal", "prohibición", "dedicación exclusiva", "abogacía", "notariado", "servicios especiales", "administración tributaria municipal", "Ley 5867" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 244", "law": "Ley Orgánica del Poder Judicial" }, { "article": "Art. 4 inciso f", "law": "Código Notarial" }, { "article": "Art. 5 inciso d", "law": "Código Notarial" }, { "article": null, "law": "Ley 5867" }, { "article": "Art. 4 incisos d y e", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Art. 118", "law": "Código de Procedimientos Tributarios" } ], "keywords_es": [ "prohibición", "ejercicio liberal", "abogacía", "notariado", "funcionario municipal", "dedicación exclusiva", "compensación económica", "administración tributaria", "artículo 244 LOPJ", "Código Notarial", "Ley 5867", "Procuraduría General", "dictamen" ], "keywords_en": [ "prohibition", "private practice", "law", "notarial", "municipal employee", "exclusive dedication", "financial compensation", "tax administration", "Article 244 OLJ", "Notarial Code", "Law 5867", "Attorney General", "legal opinion" ], "excerpt_es": "Es clara la citada norma al establecer que la restricción del ejercicio liberal de la profesión va dirigida a todos aquellos servidores o funcionarios públicos abogados en propiedad o interinos, que presten el servicio en cualquiera de las instituciones a que se hacen alusión allí, es decir, de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República y de las municipalidades; excepto en la atención de sus propios negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados.\nEn lo que respecta a la inquietud acerca de “si para el caso de los abogados que sean notarios tanto la prohibición al ejercicio liberal de la profesión de la abogacía como el Régimen de la Dedicación Exclusiva cubre para que no puedan ejercer actos notariales o dichas limitaciones no cubren un impedimento para ejercer el notariado aunque sean funcionarios”(Sic), cabe comentar de primero, que para ser notario público en nuestro ordenamiento jurídico, el profesional debe contar con la licenciatura en Derecho.", "excerpt_en": "It is clear from the cited provision that the restriction on the private practice of law applies to all public servants or officials—whether permanent or interim—who serve in any of the institutions mentioned therein, i.e., the Executive and Judicial Branches, the Supreme Electoral Tribunal, the Comptroller General of the Republic, the Attorney General of the Republic, and the municipalities, with the exception of attending to their own affairs and those of their spouses, ascendants, descendants, siblings, in-laws, sons-in-law, and brothers-in-law.\nRegarding the question of “whether for attorneys who are notaries, both the prohibition on the private practice of law and the Exclusive Dedication Regime cover the inability to perform notarial acts, or whether such limitations do not bar notarial practice even though they are public officials” (sic), it must first be noted that in our legal system, being a notary public requires a law degree.", "outcome": { "label_en": "Interpretive opinion", "label_es": "Dictamen interpretativo", "summary_en": "The Attorney General determined that municipal attorneys are legally barred from private law and notarial practice, with no general financial compensation, except for those performing tax administration functions.", "summary_es": "La Procuraduría determinó que los abogados municipales están legalmente impedidos de ejercer la abogacía privada y el notariado, sin que exista compensación económica general, excepto para quienes cumplen funciones tributarias." }, "pull_quotes": [ { "context": "Análisis de la consulta", "quote_en": "The prohibition on the private practice of law, contained in Article 244 of the Organic Law of the Judiciary, applies to attorneys who also work in the country's various municipalities.", "quote_es": "La prohibición del ejercicio liberal de la abogacía, contenida en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, afecta a los abogados que también laboran en las diferentes municipalidades del país." }, { "context": "Análisis de la consulta", "quote_en": "None of the cited laws expressly included municipal attorneys as beneficiaries of the economic compensation under study.", "quote_es": "En ninguna de las leyes citadas se incluyó expresamente como beneficiarios de la compensación económica en estudio a los abogados de las municipalidades." }, { "context": "Conclusión", "quote_en": "It is not appropriate for the attorney officials of that municipality to be subject to the Exclusive Dedication Regime, since they are legally barred from privately practicing the profession they hold.", "quote_es": "No es procedente que los funcionarios abogados de esa municipalidad se sujeten al Régimen de Dedicación Exclusiva, ya que se encuentran impedidos legalmente a ejercer de manera privada la profesión que ostentan como tales." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-2840", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 5867" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=17246&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": 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tengan una\nfunción directamente jurídica, del contrato para Dedicación Exclusiva.\n\n \n\n2.- Para el caso de los abogados que sean notarios, tanto la prohibición como la Dedicación\nExclusiva cubre para que no puedan  ejercer actos notariales como tal, o dichas limitaciones no\ncubren un impedimento para ejercer el notariado aunque sean funcionarios.\n\n3.- Resulta procedente pagarle el derecho a la prohibición a los abogados que como asesores sean\ncontratados, de manera temporal o definitiva, por el Concejo Municipal como asesores legales en\ntodas las materias, incluyendo la tributaria.\n\n \n\n4.- Constituye una prohibición implícita la indicada en el artículo 244 supra indicado, para que\ntodos los abogados que laboren de manera temporal o en propiedad en las municipalidades, por el\nsimple hecho de ser abogados y sean nombrados en la administración municipal tengan la prohibición\nde ejercer externamente su profesión, sin que tengan derecho a algún reconocimiento salarial extra\ncomo lo es la Dedicación Exclusiva.”\n\n \n\nI.- CONSIDERACIÓN PRELIMINAR:\n\n \n\nDe previo a evacuar las dudas planteadas, es menester señalar que, pese no aportarse el criterio\nlegal que exige el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,[1] para\ndar trámite al estudio correspondiente,  y dado que  indica en su Oficio, que el tema de consulta es\nde interés directo de los abogados de esa municipalidad, este Órgano Consultor procederá a evacuar\ncada una de aquellas, en virtud del reiterado criterio que al respecto existe.\n\n \n\nEn segundo lugar, es importante también advertir que de conformidad con los artículos 1, 2 y 3,\ninciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley No. 6815 de 27 de\nsetiembre de 1982), esta Procuraduría por ser el órgano superior consultivo, técnico-jurídico de la\nAdministración Pública, solamente está autorizada para evacuar consultas a los diferentes repartos\nadministrativos que así lo requieren en aspectos jurídicos de carácter general y abstracto. En ese\nsentido, se ha señalado, que:\n\n“… las consultas sometidas a la Procuraduría General de la República, por parte de los diferentes\nrepartos administrativos, deben tratarse de cuestiones jurídicas de carácter general; es decir, que\nno versen sobre situaciones concretas e individualizables, sobre las que además se encuentre\npendiente una decisión por parte de la Administración activa, ya que nuestros dictámenes se\ncircunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas,\nabstractamente considerados (Al respecto pueden consultarse los dictámenes C-194-1994, C-145-1999,\nC-151-2002, C-188-2002, C-271-2002, C-277-2002, C-306-2002, C-006-2003, C-018-2003, C-041-2003,\nC-062-2003, C-068-2003, C-099-2003, C-147-2003, C-218-2003, C-378-2003, C-018-2004, C-021-2004,\nC-120-2004, C-222-2004, C-315-2004, C-361-2004, C-364-2004 y C-294-2005; así como las opiniones\njurídicas O.J. 025-2003, O.J.- 016-2004, O.J.-037-2004, O.J.-009-2005 y O.J.-015-2005). y menos, es\nposible que emitamos nuestro criterio técnico-jurídico sobre asuntos que han sido sometidos\npreviamente a los Tribunales de Justicia, en los que no se ha dictado sentencia definitiva (En ese\nsentido remito a los dictámenes C-123-2003, C-138-2003 y C-080-2005, así como a las Opiniones\nJurídicas O.J.- 019-2003, O.J.-037-2003, O.J.-085-2003 y O.J.-  230-2003).\n\nVéase Dictamen No. C-425, de 08 de diciembre del 2005)\n\nEn virtud de lo anteriormente expuesto, y a fin de que sea de utilidad a la administración\ncorporativa, esta Procuraduría se permitirá emitir el criterio correspondiente de manera general y\nabstracta, es decir sin hacer mención a situaciones individuales que pudiesen anteceder sobre  el\ntema consultado, tal y como se deja ver de la documentación aportada.\n\n     II.- ANÁLISIS DE LA CONSULTA PLANTEADA:\n\n-Sobre el Régimen de Prohibición al Ejercicio Liberal de la profesión de abogacía en la\nAdministración Pública:\n\nEsta Procuraduría en reiteradas y diversas ocasiones se ha pronunciado en torno al régimen de la\nprohibición al ejercicio liberal de la profesión de abogado, al tenor del artículo 244 de la Ley\nOrgánica del Poder Judicial, que a la letra, establece:\n\n“ARTICULO 244.-\n\nAunque sean abogados, no podrán ejercer la profesión los servidores propietarios de los Poderes\nEjecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República,\nde la Procuraduría General de la República y de las municipalidades, salvo en sus propios negocios y\nen los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados.\n\nSe exceptúan de la prohibición anterior los servidores del Poder Ejecutivo que presten servicios en\nlos establecimientos oficiales de enseñanza y que no tengan ninguna otra incompatibilidad; lo mismo\nque los servidores judiciales interinos o suplentes, siempre que ese interinato no exceda de tres\nmeses; los fiscales específicos; los munícipes y apoderados municipales; el Director de la Revista\nJudicial; los defensores públicos de medio tiempo y los que sean retribuidos por el sistema de\nhonorarios y, en general, todos los servidores que no devenguen sueldo sino dietas.”\n\n(Lo resaltado en negrilla no es del texto original)\n\nEs clara la citada norma al establecer que la restricción del ejercicio liberal de la profesión va\ndirigida a todos aquellos servidores o funcionarios públicos abogados en propiedad o interinos [2],\nque presten el servicio en cualquiera de las instituciones a que se hacen alusión allí, es decir, de\nlos Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de\nla República, de la Procuraduría General de la República y de las municipalidades; excepto en la\natención de sus propios negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos,\nsuegros, yernos y cuñados. Así, este Despacho mediante Opinión Jurídica No. 111, de 08 de julio del\n2003, atinadamente, señaló:\n\n“Según lo ha precisado en otras muchas oportunidades este Órgano Asesor, lo previsto en el numeral\ntranscrito de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resulta ser, fundamentalmente, una prohibición\nlegal inherente a la relación de servicio público, que impide ejercer liberal o privadamente la\nprofesión de abogado a los servidores propietarios e interinos (éstos últimos según resolución Nº\n2001-00648 de las 16:45 horas del 24 de enero del 2001, de la Sala Constitucional) de los Poderes\nEjecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República,\nde la Procuraduría General de la República y de las municipalidades, con las salvedades que la\npropia norma establece.\n\nEsta prohibición, de acatamiento obligatorio, está determinada por la incompatibilidad que tienen\nlos servidores públicos, una vez sometidos al régimen jurídico que les rige en sus puestos, para\ndesempeñarse en actividades particulares que puedan comprometer los deberes éticos y morales de\nimparcialidad, lealtad, objetividad e independencia de la función estatal (dictamen C-320-2001 de 22\nde noviembre del 2001 y C-209-2002 de 21 de agosto del 2002).\n\nSegún lo ha reiterado la Sala Constitucional, \"las incompatibilidades se basan en razones de\nmoralidad y tienden a evitar la acumulación de facultades en una sola persona, así como que los\nfuncionarios aparezcan en oposición con el organismo público del cual dependen, en contiendas\njudiciales o reclamos administrativos, a causa de la designación profesional por parte de\nparticulares, es decir tiende a evitar la colisión de intereses –interés público e interés privado.\"\n\n(resolución Nº 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995, y en sentido similar, las\nresoluciones 649-93 de las 14:45 horas del 9 de febrero de 1993, 3502-94 de las 15:28 horas del 12\nde julio de 1994, 642-94 de las 14:06 horas del 20 de diciembre de 1994, 2883-96 de las 17:00 horas\ndel 13 de junio de 1996 y 2000-00444 de las 16:51 del 12 de enero del 2000 y 00-11524 de 21 de\ndiciembre del 2000).\n\nEs indiscutible entonces, que resulta necesario resguardar, a través del régimen de prohibiciones,\nimpedimentos e incompatibilidades, la imparcialidad y objetividad de los órganos administrativos,\npara un adecuado ejercicio de la función administrativa.\n\nEn lo que interesa al caso en consulta, el Código Municipal -Ley Nº 7794 de 30 de abril de 1998 y\nsus reformas-, establece entre los deberes de los servidores municipales: el cumplir las\nobligaciones vigentes en sus cargos, el prestar los servicios contratados con absoluta dedicación y\napego a los principios legales, morales y éticos, así como garantizar su compromiso en cuanto a la\nintegridad y fidelidad en su trabajo en aras de cumplir con los objetivos y la misión de la\nmunicipalidad (artículo 147, incisos a, b y d). A su vez, les está prohibido actuar en el desempeño\nde sus cargos, con fines distintos de los encomendados, tener obligaciones laborales en otras\nentidades, públicas o privadas, o adquirir compromisos con evidente superposición horaria y el\nparticipar en actividades vinculadas con empresas o intereses privados que puedan causar evidente\nperjuicio a los municipales o competir con ellos (artículo 148, incisos b, c y d).\n\nSegún lo ha determinado esta Procuraduría General, las exigencias legales vistas, no son condición\nde elegibilidad, sino de incompatibilidad funcional; se trata de condiciones personales que tienden\na garantizar el correcto ejercicio del cargo público, no sólo en aras de aumentar la neutralidad,\nlibertad e independencia de los servidores municipales, sino para incrementar la calidad y\neficiencia de sus servicios (Pronunciamientos C-127-2002 de 24 de mayo del 2002 y O.J.-109-2002 de 5\nde agosto del 2002).\n\nEn razón de lo expuesto, tanto los funcionarios que ocupan un puesto en propiedad, como los\ninterinos, de los Poderes de la República y demás dependencias y entes públicos enunciados en el\nartículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se encuentran compelidos, de manera imperativa,\na no ejercer, de manera privada, la abogacía, por ostentar, precisamente, la condición de\n\"funcionario\"; es decir, basta con aceptar un cargo público y que su nombramiento se haya conformado\nmediante acto válido y eficaz de investidura, al tenor de lo dispuesto en el ordinal 111 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública, para que no puedan ejercer, de modo particular, su profesión\nde abogados. “\n\nSe infiere del texto jurisprudencial transcrito, que la finalidad que se persigue con esta clase de\nnorma en nuestro ordenamiento jurídico, es indudablemente tutelar la eficiencia y efectividad de la\ngestión pública bajo los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad que deben prevalecer\nen todo actuar del servidor o funcionario público, tal y como lo ordenan los artículos 11 de la\nConstitución Política y, 4 y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Pues de lo\ncontrario, permitir la simultaneidad de ambos conceptos en la Administración Pública, puede\nconllevar a un eventual enfrentamiento entre el interés público y el interés particular del abogado\ncon las consecuencias que ello ocasionaría en perjuicio del interés general; circunstancia que es\nprecisamente lo que el legislador trata de evitar a través de normas como la de análisis en este\naparte, y que valga enfatizar, en los incisos b) y d) del artículo 148 del Código Municipal  se\nestablece la prohibición del servidor municipal de actuar en el desempeño de sus cargos, con fines\ndistintos de los encomendados o participar en actividades vinculadas con empresas o intereses\nprivados que puedan causar evidente perjuicio a los municipales o competir con ellos.\n\nNo menos importante es subrayar que la prohibición al ejercicio liberal de la profesión de abogado\nque establece el artículo 244 de la LOPJ comprende también al servidor o funcionario que ostentando\ndicha profesión, estuviere nombrado para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios\npermanentes, contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades\ntemporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios\nespeciales o jornales ocasionales, es decir en los términos del segundo párrafo del artículo 118 del\nCódigo Municipal.\n\nDe lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que el numeral 244 de la Ley Orgánica del Poder\nJudicial no hace distinción alguna en cuanto a cuáles abogados de las citadas instituciones públicas\nse refiere cuando establece que “aunque sean abogados no podrán ejercer la profesión los servidores\nde los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General\nde la República y de las municipalidades”; y, en ese sentido, cabe advertir con la autorizada\ndoctrina patria, que “No es lícito distinguir donde la ley no distingue”[3]. Por consiguiente, la\ncitada norma debe ser aplicada en los términos claros de su contenido, al tenor del precitado\nprincipio de legalidad administrativa.\n\n \n\n- Sobre el pago de la prohibición al ejercicio liberal de la profesión de abogado:\n\nSi bien mediante el mencionado artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece el\nimpedimento al ejercicio liberal de la profesión de abogacía que ostentan los funcionarios o\nservidores que prestan el servicio en los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Tribunal Supremo de\nElecciones, de la Contraloría General de la República y de las municipalidades, esa restricción por\nsí misma no autoriza una compensación económica.  Debe existir por aparte una norma legal que\nexpresamente establezca el pago respectivo.\n\nAsí, este Órgano Consultor ha señalado:\n\n“ Esto es, que el pago por prohibición requiere de base legal, sin la cual deviene improcedente, es\ndecir, que no solamente debe existir una norma legal que establezca la prohibición al ejercicio\nliberal de la profesión, sino que también, es indispensable otra disposición, de rango legal, que\nautorice la retribución económica, como resarcimiento al profesional por el costo de oportunidad que\nimplica no ejercer en forma privada su profesión, a efecto de que todos sus conocimientos y energía\nlos ponga al servicio de la entidad patronal.”\n\n(Dictamen C-299-2005 del 19 de agosto del 2005.)\n\nEn el caso de los servidores o funcionarios abogados que prestan el servicio en las diferentes\nmunicipalidades del país, ya se ha indicado que este colectivo se encuentra limitado en el ejercicio\nliberal de la profesión que ostentan como tales, según claramente lo estipula el artículo 244 de la\nLey Orgánica del Poder Judicial. No obstante ello, y a pesar de esa limitación, no existe una norma\ndentro de nuestro ordenamiento jurídico que autorice compensar a ese personal a través de un\nporcentaje salarial, como en efecto se aplica para una gran mayoría de funcionarios o servidores, al\ntenor de la Ley No. 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, así como lo dispuesto en el\nartículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. En\nese sentido, este Despacho, ha señalado, en lo conducente:\n\n“Como puede verse de ese texto legal, aparte de las salvedades allí establecidas, los funcionarios\nque ocupen puestos en propiedad e incluso -se agrega ahora- los que ocupen puestos interinos en las\nmunicipalidades del país ( según reiterado criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de\nJusticia, en cuanto que la ocupación de un cargo de forma interina no es justificación razonable\npara distinguir los derechos y deberes entre uno y otro funcionario, como se explicará adelante) [1]\nse encuentran compelidos a no ejercer, privadamente, la profesión de abogado, por ostentar,\nprecisamente, la condición de \"funcionario\"; es decir, basta que su nombramiento se haya conformado\nmediante un acto válido y eficaz de investidura, al tenor de lo dispuesto por el artículo 111 de la\nLey General de Administración Pública, para que se encuentren limitados a ejercer liberalmente la\nprofesión que ostenta, si no es en contravención con la señalada norma legal.\n\nHecha la anterior observación, se concluye, en lo que a este aparte atañe, que la prohibición del\nejercicio liberal de la abogacía, contenida en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder\nJudicial, afecta a los abogados que también laboran en las diferentes municipalidades del país.\n\nSin embargo, el legislador, a través de diversas reformas a la Ley Número 5867 de 15 de diciembre de\n1975, (entre ellas, mediante Ley No. 6008 del 9 de diciembre de 1976, reformada por Ley 6222 de 2 de\nmayo de 1978, se aplica el incentivo por prohibición a los licenciados y egresados del Poder\nJudicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil y Contraloría General de la República,\npues los abogados del Poder Ejecutivo ya estaban contemplados en el texto original del artículo 5)\nse ha dado a la tarea de otorgar con carácter impositivo, un rubro salarial, que en alguna medida,\nviene a compensar la apuntada restricción a una gran parte de los profesionales de la función\npública, dejando de lado algunos de ellos, como sucede en el presente estudio. Así lo detectó este\nDespacho en su oportunidad, al argüir:\n\n\" A pesar de lo anterior, en ninguna de las leyes citadas se incluyó expresamente como beneficiarios\nde la compensación económica en estudio a los abogados de las municipalidades (1) . Ello implica que\na esos profesionales no podría reconocérseles como consecuencia de la prohibición específica\nestablecida en el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, compensación económica alguna,\npues -insistimos- aunque la restricción para el ejercicio profesional privado está contemplada en el\nordenamiento jurídico y debe acatarse, no existe norma alguna que respalde el pago de una\nretribución salarial derivada de esa prohibición. \" (…) (Ver, Opinión Jurídica Número 035-2000 de 27\nde abril del 2000)”\n\n(Dictamen C-025-2007 del 02 de febrero del 2007)\n\nSin embargo, es oportuno señalar, que esta Procuraduría ha sostenido en varios de sus dictámenes,\nque en tratándose de funcionarios o servidores abogados que realizan funciones derivadas del\nejercicio de las competencias propias que ejercen las Municipalidades como administración tributaria\na la luz, fundamentalmente, de los incisos d) y e) del artículo 4 del Código Municipal, procedería\nel pago de la compensación económica a que refiere la citada Ley No. 5867, ya que ese personal,\nsalvo en ciertas excepciones, se encontraría constreñido en desempeñarse en la empresa privada en\nactividades propias de la materia tributaria, o hacer reclamos a favor de los contribuyentes o\nasesorarlos en sus alegatos o presentaciones en cualesquiera de las instancias. En ese sentido, el\nartículo 118 del Código de Procedimientos Tributarios (Código Tributario) [4] establece:\n\n“Artículo 118.-\n\nLos Directores Generales, los Subdirectores, los Jefes o Subjefes de Departamento y de Sección, de\nlas dependencias de la Administración Tributaria, así como los miembros propietarios del Tribunal\nFiscal Administrativo y los suplentes en funciones, no pueden ejercer otros puestos públicos con o\nsin relación de dependencia, excepción hecha de la docencia o de funciones desempeñadas con\nautorización de su respectivo superior jerárquico, cuyos cargos estén sólo remunerados con dietas.\n\nEn general queda prohibido al personal de los entes precedentemente citados, con la única excepción\nde la docencia, desempeñar en la empresa privada actividades relativas a materias tributarias.\nAsimismo está prohibido a dicho personal hacer reclamos a favor de los contribuyentes o asesorarlos\nen sus alegatos o presentaciones en cualesquiera de las instancias, salvo que se trate de sus\nintereses personales, los de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, suegros, yernos y\ncuñados.\n\nEn los casos de excepción a que se refiere este artículo, para acogerse a ellos, debe comunicarse al\nsuperior de la dependencia su decisión de hacer uso de las excepciones previstas en este Código.\n\n(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5179 de 27 de febrero de 1973).\n\n(Así corregida su numeración por el artículo 6 de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de\nagosto de 1995, que lo traspasó del antiguo 113 al actual)”\n\n(El enfatizado no es del texto original)\n\nSobre el particular y mediante el Dictamen C-348-2007 de 02 de octubre del 2007, este Órgano\nConsultor, señaló, en lo que interesa:\n\n“De esa manera se indicó en el citado Dictamen, que en lo que respecta a la compensación económica a\nque refiere la Ley No. 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, ésta fue creada originalmente\npara aquel personal de la Administración Tributaria, que en razón de sus cargos, se les prohíbe,\nfundamentalmente, desempeñarse en la empresa privada en actividades propias de la materia\ntributaria, salvo en determinadas situaciones. Así, el artículo 118 (antes 113) del “Código de\nNormas y Procedimientos Tributarios”, establece lo siguiente: ….\n\nDe ahí que esta Procuraduría, mediante el Dictamen No. C-329-2005, de 16 de septiembre del 2005,\nseñaló también que de conformidad con el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos\nTributarios, aquel personal que tenga a cargo tareas de administración, percepción y fiscalización\nde tributos en otras instituciones del Estado, como sería el caso de las municipalidades, procedería\nel reconocimiento del pago del citado plus por prohibición al ejercicio privado de la profesión, si\nreúnen los requisitos que la recién citada normativa establece al respecto . En ese sentido, este\nÓrgano Consultor reiteró en otros de sus pronunciamientos, que:\n\n\"La compensación económica por prohibición fue prevista originalmente para aquellos servidores que\nintegrasen la llamada Administración Tributaria, al tenor de lo establecido en el artículo 113\n(numeración anterior) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que corresponde hoy al\nartículo 99 de dicho cuerpo normativo en razón de la reforma introducida por el artículo 3 de la Ley\nde Justicia Tributaria No.7535 de 1 de agosto de 1995.\n\nEl referido artículo 99 establece que \"Se entiende por Administración Tributaria al órgano\nadministrativo que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos, ya se trate del\nFisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 11 y 14 del\npresente Código.\"\n\n \n\nEl artículo 4 inciso e) del Código Municipal vigente (Ley 7794) establece entre otras atribuciones\nde las Municipalidades \"Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los\ntributos y demás ingresos municipales.\"\n\n \n\nConsecuente con lo anterior no queda ninguna duda de que las corporaciones municipales integran la\nllamada administración tributaria, y con ello el personal municipal que por razón de sus cargos\ndesempeñen labores estrechamente relacionadas con la materia tributaria que administran, tal y como\nlo expresó la Contraloría General de República en su Oficio 14968 de 25 de noviembre de 1994, lo que\ndeterminarán las propias municipalidades, se encuentran sujetos a la referida prohibición del\nejercicio liberal de sus profesiones, regulada en la citada ley 5867 y sus reformas\". (OJ-085-99)\n\n(Ver, Dictamen 006-2001 de 16 de enero de 2001. En el mismo sentido, ver Dictámenes, Número C-395-83\nde 1 de diciembre de 1983, C-077-91 de 9 de mayo de 1991; C-098-91 de 11 de junio de 1991; C-041-92\nde 2 de marzo de 1992; C-170- 2003 de 12 de junio de 2003)\n\nDe lo anteriormente transcrito, pudo concluirse que al tener las municipalidades bajo su competencia\nla administración, fiscalización y recaudación de impuestos municipales, -por disposición del inciso\n13 del artículo 121 de la Constitución Política y Ley Número 7794 de 9 de octubre de 1998- se\nconstituyen, per se, \"administración tributaria\". De esa forma, los incisos d) y e) del artículo 4\ndel citado Código Municipal, prescriben, expresamente, que las entidades corporativas municipales\ntienen la atribución de aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, proponer\nlos proyectos de tarifas de impuestos municipales, como también de percibir, recaudar y administrar\ntoda esa clase de tributos. Por ende, -se repite- a todas aquellas personas que tienen a cargo las\nmencionadas tareas, les asistiría el derecho a percibir la compensación económica en análisis,\nprevio cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 1 de la precitada Ley.\nResponsabilidad que compete determinar y decidir a la Administración bajo su cargo, a fin de que el\npago sea conforme con el ordenamiento jurídico. “\n\n-Improcedencia de la aplicación del Régimen de la Dedicación Exclusiva a los abogados de la\nAdministración Municipal:\n\nEn cuanto  a la posibilidad de que los abogados en general de esa institución corporativa puedan\npercibir el rubro por concepto de dedicación exclusiva de la función pública, es pertinente reiterar\nque, el impedimento de ejercer liberalmente  la abogacía proviene del artículo 244 de la Ley\nOrgánica del Poder Judicial, y como tal, esa disposición legal es de obligada aplicación a todos los\nfuncionarios o servidores públicos que laboran en las diferentes instituciones establecidas allí,\ndentro de los cuales se encuentran los abogados de las municipalidades; es decir, el contenido de\ndicha norma es de carácter imperativo. Circunstancia,  que resulta ser diferente en tratándose del\nRégimen de la Dedicación Exclusiva, pues el sujetarse o no a esta normativa, depende tanto de la\nvoluntad del trabajador como  de la Administración Pública para poder suscribir un contrato de esa\níndole. En otras palabras, el profesional puede sujetarse a ese régimen de manera voluntaria,\nmediante un convenio suscrito entre él y la Administración, a fin de que el primero se obligue a\ndedicarse exclusivamente a la función pública bajo los términos que al respecto se regulen en el\nrespectivo reglamento, mientras que la institución pública o municipalidad  correspondiente se\nobliga a retribuirle un determinado porcentaje adicional calculado casi siempre sobre el salario\nbase del servidor o funcionario público. En este sentido, esta Procuraduría ha señalado que este\nrégimen se define “ como la obligación que adquiere el profesional con la Institución con la que\nlabora, de no ejercer de manera particular en forma remunerada o ad honorem ninguna profesión que\nostente, ni actividades relacionadas con ésta, adquiriendo la entidad el compromiso de retribuirle\nun porcentaje adicional sobre el salario base, previa suscripción de un contrato”. (Citado en\nOJ-067-2005 de 26 de mayo de 2005. En ese mismo sentido ver pronunciamiento C-386-83, de 17 de\nnoviembre de 1983; y C-345-2006, de 28 de agosto, C-366-2006; de 14 de setiembre y C-418-2006, de 19\nde octubre, todos de 2006).\n\nPor su parte la Sala Constitucional, ha señalado que el Régimen de la Dedicación Exclusiva es el\nmedio mediante el cual “ la Administración pretende por razones de interés público contar con un\npersonal dedicado exclusiva y permanentemente a la función estatal que lo convierta en una fuerza de\ntrabajo idónea y más eficiente, contratar con el funcionario de nivel profesional sus servicios\nexclusivos, a cambio de un plus salarial. Así, el sistema le permite al servidor calcular si el\nbeneficio del ejercicio privado de su profesión es mayor o menor que la compensación salarial que el\nEstado le entrega a cambio de la prestación exclusiva de sus servicios. En consecuencia, el servidor\nevalúa la situación y decide voluntariamente concertar con la Administración (si a su vez ésta\nconviene en ello) el pago del plus salarial o continuar ejerciendo libremente su profesión.\" (Véase,\nSentencia Número 2312-95 de las dieciséis horas quince minutos del nueve de mayo de mil novecientos\nnoventa y cinco. En el mismo sentido, véase Sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de\nJusticia No. 89-171-LAB de 14:30 horas del 3 de noviembre de 1989)\n\nEn consecuencia, y de conformidad con todo lo anteriormente expuesto en este acápite, se concluye\nque, no resulta procedente que los abogados de esa municipalidad se acojan al Régimen de Dedicación\nExclusiva allí existente, pues ellos están sujetos de manera imperativa al régimen de\nincompatibilidad que existe entre el ejercicio liberal de la profesión de abogacía y la función\npública, según el tantas veces citado artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En otras\npalabras, ambos regímenes son distintos y excluyentes entre sí, en virtud de la naturaleza que cada\nuno de éstos tienen en nuestro ordenamiento jurídico.\n\nSobre el impedimento legal del funcionario o servidor municipal respecto del ejercicio privado de la\nfunción notarial, e inexistencia de norma legal que autorice un pago compensatorio:\n\nEn lo que respecta a la inquietud acerca de “si para el caso de los abogados que sean notarios tanto\nla prohibición al ejercicio liberal de la profesión de la abogacía como el Régimen de la Dedicación\nExclusiva cubre para que no puedan ejercer actos notariales o dichas limitaciones   no cubren un\nimpedimento para ejercer el notariado aunque sean funcionarios”(Sic), cabe comentar de primero, que\npara ser notario público  en nuestro ordenamiento jurídico, el profesional debe contar con la\nlicenciatura en  Derecho.  Así, los artículos 1, 2 y 3, inciso c) del Código  Notarial, establecen,\nen su orden:\n\n“ARTÍCULO 1.- Notariado público\n\nEl notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario\nhabilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o\ncontratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él.\n\n                  (El resaltado en negrita no es del texto original)\n\nARTÍCULO 2.- Definición de notario público\n\nEl notario público es el profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral,\nhabilitado legalmente para ejercer la función notarial.\n\nEn leyes, reglamentos, acuerdos y documentos, cuando se use la palabra notario debe entenderse\nreferida al notario público.”\n\n                   (El resaltado en negrita no es del texto original)\n\n \n\n“ARTÍCULO 3.- Requisitos\n\nPara ser notario público y ejercer como tal, deben reunirse los siguientes requisitos:\n\n(…)\n\nc) Ser licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una\nuniversidad reconocida por las autoridades educativas competentes; además, haber estado incorporado\nal Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma antelación, haber\nsolicitado la habilitación para ejercer el cargo”\n\nComo puede observarse del contenido claro de las normas transcritas, la función notarial se liga\ncomo una especialidad en la carrera profesional del Derecho, al establecerse en los numerales  2 y\n3, inciso c), que para ser notario público el individuo debe ser licenciado en derecho con el\nposgrado en Derecho Notarial y Registral. De ahí que, el impedimento del funcionario público de\nrealizar privadamente actos o contratos notariales, según el inciso f) del artículo 4 del Código\nNotarial coincide en alguna medida con el impedimento del funcionario público de ejercer\nprivadamente la abogacía, según el numeral 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo las\nexcepciones estipuladas expresamente en cada una de esas normativas. Aunque claro está, aquella\nprohibición cubre a más funcionarios o servidores públicos al incluir a los que ocupen cargos en\ncualquier dependencia del sector público, incluso en las estructuradas según modelos\norganizacionales del Derecho Privado, en los que se les prohíba el ejercicio externo del notariado.\n\n Pero por lo demás, tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Segunda de la Corte Suprema de\nJusticia han concordado en que el impedimento establecido en el citado artículo 4, inciso f) del\nCódigo en referencia, tiene su origen en la situación en que el notario adquiere una condición\nespecial y contradictoria con la función de ser funcionario público. Así, la Sala Constitucional al\ncitar la sentencia constitucional No. 2000-4258, ha explicado en lo conducente:\n\n “En este sentido es oportuno recordar lo señalado en la sentencia 2000-4258 en el sentido de que\ntales impedimentos  pretenden garantizar que el Notario cumpla cabalmente los deberes que le impone\nel Código de Notariado  cuyo primer artículo describe la función notarial como una función pública\nejercida privadamente, por medio de la cual el notario asesora a las personas sobre la correcta\nformación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los\nhechos que ocurran ante él. Precisamente, es esa calificación de la función notarial -función\npública ejercida privadamente- , la que justifica que al Notario se le impongan restricciones\nsimilares a las que se han impuesto a funcionarios públicos que no tienen tal condición, pero que\nsuscriben contratos de dedicación exclusiva o se adhieren al régimen de prohibición. Se trata de\nevitar la posibilidad de desempeñar dos funciones al mismo tiempo, por el inevitable conflicto de\nintereses que podría darse. Por ello, la limitación derivada del tipo de contrato laboral -a plazo\nfijo-, lejos de ser contraria al orden constitucional, encuentra fundamento en sus principios. Debe\nrecordarse que el texto de la primera Ley Orgánica de Notariado que tuvo el país, del doce de\noctubre de mil ochocientos ochenta y siete, disponía en el artículo 23 y de manera absoluta que: “El\nejercicio del Notariado  es incompatible con cualquier otro empleo o cargo público, que exija un\nservicio diario de tres o más horas. El que aceptare cargo ó empleo de esa clase, cesará en sus\nfunciones de Notario (…)”. En relación con el tema de las incompatibilidades, este Tribunal, en la\nsentencia 1993-0643, señaló: “(…) lo que se ha venido considerando como una prohibición, debe\nentenderse más correctamente como una incompatibilidad, ya que lo que se pretende evitar es una\nsituación de conflicto entre ser funcionario público y simultáneamente ejercer otra función -que\ntambién es pública- como es la de Notario. Esta incompatibilidad es insoslayable, si tenemos en\ncuenta que la función pública merece protección y así incluso se ha estimado de siempre, como que al\nfuncionario público se le veda desempeñar otra función o trabajo, en el tanto pueda menoscabar el\nestricto cumplimiento de sus deberes, o comprometer su imparcialidad o su independencia. Esta tesis\nno es extraña al espíritu constitucional, tal como puede colegirse del principio de responsabilidad\nde los funcionarios (artículo 9º), del principio-deber de legalidad (artículo 11), así como de la\nexigencia de que la administración pública funcione a base de eficiencia e idoneidad (artículo\n191)”. Es así como razones de orden público justifican plenamente la sujeción de la función notarial\na toda una serie de requisitos e impedimentos. Un análisis de las actas legislativas en las cuales\nse discutió el Código Notarial, permite concluir que la voluntad del legislador fue que la labor de\nlos notarios, al menos por regla general, sean realizadas por profesionales que no sean servidores\nregulares de las dependencias públicas (ver en este sentido sentencia 2000-004258). La exigencia de\nque la función notarial sea realizada por funcionarios sujetos a un contrato laboral de plazo\ndeterminado -ya sea porque se determine cronológicamente o sujeto al cumplimiento de determinadas\ntareas-, es reflejo de esa voluntad. Ello no solo no es inconstitucional, sino que resulta coherente\ncon la naturaleza de la función notarial y la conducta que el legislador desea del notario. Esos\nfuncionarios -los contratados a plazo fijo-, no están sujetos a una relación de empleo público; su\ncondición temporal justifica que se les exceptúe del impedimento  general. De ahí que el Tribunal\nestima que el concepto -plazo fijo-, no viola ningún derecho fundamental\" (voto n.° 9564 de las\n16:07 horas del 5 de julio de 2006).\n\nDe lo analizado hasta aquí, se puede concluir, que el funcionario o servidor municipal en general se\nencontraría impedido para ejercer privadamente la función notarial. No obstante ello,  no existe\nnorma en nuestro ordenamiento que autorice un pago compensatorio por dicha restricción.  En ese\nsentido, este Despacho mediante el Dictamen No. C-161 de 13 de mayo del 2008, ya había expresado muy\natinadamente, que:\n\n“Al respecto cabe indicar que este punto sujeto también a consulta no es nuevo. En efecto, en la vía\nordinaria laboral se conoció y resolvió sobre una demanda interpuesta por un notario funcionario\npúblico.\n\nLa pretensión del accionante consistió en que el Estado debía reconocerle por la limitación impuesta\n-no ejercicio del notariado- “una retribución diferente de la prohibición de la abogacía, no menor\nque el porcentaje recibido por concepto de prohibición al ejercicio de la abogacía (no menor al 65%\ndel salario base)”\n\nEse proceso, dada su complejidad y novedad, tuvo la característica de que la sentencia de primera\ninstancia fue a favor del actor. No obstante, ese fallo fue revocado en segunda instancia y\nconfirmado por Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia N° 1999-00333 de las\n10:30 horas del 27 de octubre de 1999.\n\nA continuación transcribiremos las razones o fundamentos que tuvo la Sala para confirmar el fallo\ndel Tribunal y, por ende, rechazar la demanda interpuesta:\n\n“II.-\n\nTal y como se ha indicado en anteriores pronunciamientos, el pago de prohibición a los servidores\npúblicos, se estableció para retribuirles la imposibilidad legal de ejercer su profesión, fuera del\npuesto desempeñado. Por eso, el pago opera automáticamente, pues no está dentro de las facultades\ndel servidor renunciar a esa prohibición y el patrono carece de discrecionalidad para poder\ndispensarla; entonces, cabe afirmar que, la sola aceptación del puesto, implica su pago.\n\nIII.-\n\nSi se observa el contenido de esa normativa especial, con el debido detenimiento, se concluye, con\nfacilidad, que lo que dichas disposiciones mandan pagar, como una compensación salarial, es la\nprohibición para ejercer la profesión, por la cual el servidor fue contratado y que resulta de la\nnormativa (orgánica o estatutaria), reguladora de la relación de empleo público. Este tipo de\nprohibiciones tienen un indudable fundamento ético; pues, cuando se establecen lo que se busca es\nimpedirle al servidor público destinar su tiempo a otras actividades, en el campo privado; dado que\nello se considera inconveniente, porque puede afectar la necesaria intensidad, en el ejercicio de\nlas actividades propias de la función o bien porque puede producirse una indeseable confusión, en\nlos intereses de uno y otro campos, dejando los públicos subordinados o hasta al servicio de los\nprivados. Se crea y se paga así una incompatibilidad propia y originada en la relación de empleo\npúblico, para determinados cargos de rango profesional o académico. (…) Si un profesional en\nDerecho, que también ostenta el título de Notario Público, acepta un destino concreto en el Estado,\nen relación de empleo público, se coloca en una situación de incompatibilidad, en lo que respecta a\nla función notarial; que también es pública pero de ejercicio privado, y queda en tal situación\nespecial, no porque las leyes de empleo lo establezcan, sino porque la ley que organiza el\nnotariado, crea la incompatibilidad. Así las cosas y visto el asunto desde esta perspectiva;\nexpresó, correctamente, el Tribunal, bajo el cardinal principio de legalidad su criterio jurídico,\nen un todo conforme a Derecho, porque no se puede aplicar una ley que ha establecido o permitido el\npago de un plus salarial, por la prohibición que resulta de normativa del empleo y basar en ella una\ncompensación, por una incompatibilidad propia de otro régimen. En realidad no existe norma que\nautorice el pretendido pago de la incompatibilidad y no se ve por qué deba haberla, ya que la\nsituación en que queda el Abogado, que libremente acepta un destino público, en relación con el\nejercicio de la función notarial, tiene su origen en una elección de la persona, adoptada\nvoluntariamente, en el ejercicio de su derecho de escoger la actividad que más le convenga, desde el\npunto de vista de sus intereses personales, familiares y económicos. De esta manera, ni siquiera la\nparidad de razones, podría aplicarse, legal y supletoriamente, aquel otro régimen de pago de\nprohibición; dado que este supuesto, es completamente diferente”.\n\nDel fallo antes transcrito se desprenden argumentos contundentes que hacen imposible reconocer una\ncompensación por el no ejercicio del notariado, derivada de una relación de empleo público. La razón\nprincipal como bien lo afirma la Sala en su sentencia, es que en nuestra legislación no hay norma\nalguna que autorice ese pago.\n\n(El resaltado no es del texto original)\n\nEn consecuencia, y por las mismas razones arriba señaladas, no es posible que un funcionario o\nservidor público que se encontrare impedido legalmente para ejercer liberalmente el notariado pueda\nsujetarse al régimen de la dedicación exclusiva, en virtud de la naturaleza contractual que ostenta\nesta clase de normativa.\n\nEstá demás resaltar, las excepciones al impedimento en comentario, según lo dispuesto en el inciso\nd) del artículo 5 del Código Notarial, que a la letra dice:\n\n“ARTÍCULO 5.- Excepciones.\n\n    Se exceptúan de la prohibición contenida en el inciso f) del artículo anterior:\n\n(…)\n\nd) Los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las instituciones públicas y\nmunicipalidades, contratados a plazo fijo, excluidos del Régimen de Servicio Civil y que no gocen de\nsobresueldo ni compensación económica de ninguna clase por prohibición o dedicación exclusiva,\nsiempre que no exista superposición horaria ni disposición en contrario, en la legislación\nreguladora del órgano o institución donde se presten los servicios\n\n(…)”\n\nPuede observarse de la norma legal transcrita, que del impedimento que posee todo funcionario o\nservidor público al ejercicio privado del notariado, al tenor del mencionado inciso f) del artículo\n4 del Código Notarial se exceptúan aquellos funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las\ninstituciones pública y municipalidades que se encuentren ocupando puestos a plazo fijo, excluidos\ndel Régimen Estatutario, y que no gocen de un sobresueldo o compensación económica ya sea por\nprohibición o dedicación exclusiva. Ello, siempre que no exista superposición horaria ni exista\nalguna disposición a lo interno de la institución que prohíba la función notarial. En este sentido,\neste Despacho mediante el Dictamen No. 232 de 04 de noviembre de 1998, señaló en lo conducente:\n\n“En relación con lo que dispone el mencionado inciso d) del numeral 5, valga aclarar que, cuando ahí\nse prescribe la posibilidad de que un grupo específico de funcionarios pueda ejercer el notariado,\nlo hace teniendo en consideración de que no se trate de funcionarios comunes y corrientes, sino de\naquellos que, por las especiales características de sus cargos, no les liga los principios de los\nnumerales 191 y 192 de la Carta Política, a saber: \"Un estatuto de servicio civil regulará las\nrelaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia\nde la administración.\" y \"Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil\ndeterminen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser\nremovidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el\ncaso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor\norganización de los mismos.\"\n\nFinalmente, se recomienda que esa administración se remita a los dictámenes números C-413, de 20 de\nnoviembre del 2008 y C-089 de 25 de abril del 2011, a fin de contar con una panorama más amplio\nsobre el impedimento que poseen los funcionarios y servidores públicos en general respecto del\nejercicio privado de la función notarial, así como sus excepciones, en los términos precisos y\nclaros del mencionado Código Notarial, No. 7764 de 17 de abril de 1998.\n\nIII.- CONCLUSIONES:\n\nDe conformidad con todo lo expuesto, se concluye lo siguiente:\n\n1.- En virtud del artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todo funcionario o servidor\nmunicipal que ostente la profesión de abogado se encuentra impedido para ejercer privadamente la\nabogacía; excepto en la atención de sus propios negocios y en los de sus cónyuges, ascendientes o\ndescendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados.\n\n             2.- Pese que los servidores o funcionarios abogados que presten el servicio en las\ndiferentes municipalidades del país, se encuentran impedidos para ejercer privadamente la abogacía,\nno existe una norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico que autorice el pago por dicho concepto\n, como en efecto se aplica para una gran mayoría de funcionarios o servidores, al tenor de la Ley\nNo. 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, así como lo dispuesto en el artículo 14 de la\nLey contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.\n\n3.- No es procedente que los funcionarios abogados de esa municipalidad se sujeten al Régimen de\nDedicación Exclusiva, ya que se encuentran impedidos legalmente a ejercer de manera privada la\nprofesión que ostentan como tales, según lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Orgánica del\nPoder Judicial.\n\n4.- Tratándose de funcionarios o servidores abogados que realizan funciones derivadas del ejercicio\nde las competencias propias que ejercen las Municipalidades como administración tributaria a la luz,\nfundamentalmente, de los incisos d) y e) del artículo 4 del Código Municipal, procedería el pago de\nla compensación económica a que refiere la citada Ley No. 5867, ya que ese personal, salvo en\nciertas excepciones, se encontraría constreñido en desempeñarse en la empresa privada en actividades\npropias de la materia tributaria, o hacer reclamos a favor de los contribuyentes o asesorarlos en\nsus alegatos o presentaciones en cualesquiera de las instancias. Circunstancia ésta que deberá la\nadministración sopesar cuidadosamente, a los efectos del pago correspondiente.\n\n5.- De conformidad con el inciso f) del artículo 4 del Código Notarial todo funcionario o servidor\npúblico en general, se encuentra impedido de ejercer privadamente la función notarial.  No obstante\nello, no existe en nuestro ordenamiento jurídico alguna norma que autorice el pago compensatorio por\ndicha restricción, ni tampoco pueden sujetarse por este concepto al régimen de dedicación exclusiva\nexistente en esa Municipalidad.\n\n6.- Al tenor del inciso d) del artículo 5 del Código Notarial se exceptúan del impedimento de la\nfunción notarial, a los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, las instituciones\npúblicas y municipalidades que se encuentren ocupando puestos a plazo fijo, excluidos del Régimen\nEstatutario, y que no gocen de un sobresueldo o compensación económica ya sea por prohibición o\ndedicación exclusiva. Ello, siempre que no exista superposición horaria ni exista alguna disposición\na lo interno de la institución que prohíba la función notarial.\n\nDe Usted, con toda consideración,\n\n \n\nMSc. Luz Marina Gutiérrez Porras\n\nPROCURADORA\n\n \n\nLMGP/gvv\n\n \n\n[1]  “  ARTÍCULO 4\nº\n.—CONSULTAS:\n\n Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles\nadministrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso,\ndeberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores\ninternos, quienes podrán realizar la consulta directamente.\n\n    (Así reformado por el inciso c) del artículo 45 de  la Ley N\n°\n8292 de 31 de julio del 2002, Ley de Control Interno)”\n\n \n\n[2] En ese sentido, véase Dictamen No. 262, de 01 de octubre del 2001\n\n[3] Véase, Brenes Córdoba (ALBERTO), “Tratado de las Personas”, Editorial Costa Rica, San José,\n1974, p.44\n\n[4] Véase Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971 y sus reformas", "body_en_text": "Legal Opinion 187\n\nOpinion: 187 of 07/30/2012\n\nJuly 27, 2012\nJuly 30, 2012\nC-187-2012\n\nSeñora\nVera Violeta Corrales Blanco\nMayor\nMunicipalidad de Pérez Zeledón\n\nDear Madam:\n\nWith the consent of the Señora Attorney General of the Republic, I am pleased to respond to your official letter OFI-2585-12-DAM, dated June 22, 2012, through which you request our technical-legal opinion regarding the following:\n\n“1.- Is it legally possible, considering that the application of article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch basically refers to the payment for the prohibition (prohibición), for it to be applied to municipal lawyers, hired under a temporary regime such as Special Services (Servicios Especiales) or permanently, directly or as municipal employees in other positions that do not have a directly legal function, from the contract for Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva).\n\n2.- In the case of lawyers who are notaries, does both the prohibition (prohibición) and the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva) cover the inability to carry out notarial acts as such, or do such limitations not cover an impediment to practicing as a notary even if they are employees.\n\n3.- Is it appropriate to pay the right to the prohibition (prohibición) to lawyers who, as advisors, are hired, temporarily or permanently, by the Municipal Council (Concejo Municipal) as legal advisors in all matters, including tax matters.\n\n4.- Does the prohibition indicated in article 244 supra constitute an implied prohibition (prohibición implícita) so that all lawyers who work temporarily or permanently in the municipalities, by the mere fact of being lawyers and being appointed in the municipal administration, are prohibited from externally exercising their profession, without having the right to any extra salary recognition such as the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva).”\n\nI.- PRELIMINARY CONSIDERATION:\n\nPrior to resolving the questions raised, it is necessary to point out that, despite not providing the legal opinion required by article 4 of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic,[1] to process the corresponding study, and given that you indicate in your official letter that the subject of the consultation is of direct interest to the lawyers of that municipality, this Advisory Body will proceed to resolve each one of them, by virtue of the reiterated opinion that exists in this regard.\n\nSecondly, it is also important to warn that in accordance with articles 1, 2, and 3, subsection b) of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic (Law No. 6815 of September 27, 1982), this Attorney General's Office, being the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, is only authorized to resolve consultations from the different administrative departments that so require on general and abstract legal aspects. In that sense, it has been indicated that:\n\n“… the consultations submitted to the Attorney General's Office of the Republic, by the different administrative departments, must deal with legal questions of a general nature; that is, they must not deal with concrete and individualizable situations, regarding which a decision by the active Administration is also pending, since our opinions are limited to the analysis and specification of the different legal institutes, principles, and rules, abstractly considered (In this regard, opinions C-194-1994, C-145-1999, C-151-2002, C-188-2002, C-271-2002, C-277-2002, C-306-2002, C-006-2003, C-018-2003, C-041-2003, C-062-2003, C-068-2003, C-099-2003, C-147-2003, C-218-2003, C-378-2003, C-018-2004, C-021-2004, C-120-2004, C-222-2004, C-315-2004, C-361-2004, C-364-2004, and C-294-2005 may be consulted; as well as legal opinions O.J. 025-2003, O.J.- 016-2004, O.J.-037-2004, O.J.-009-2005, and O.J.-015-2005). and less so, is it possible for us to issue our technical-legal opinion on matters that have been previously submitted to the Courts of Justice, in which a final judgment has not been issued (In that sense, I refer to opinions C-123-2003, C-138-2003, and C-080-2005, as well as to Legal Opinions O.J.- 019-2003, O.J.-037-2003, O.J.-085-2003, and O.J.- 230-2003).\n\nSee Opinion No. C-425, of December 08, 2005)\n\nBy virtue of the foregoing, and in order for it to be useful to the corporate administration, this Attorney General's Office will allow itself to issue the corresponding opinion in a general and abstract manner, that is, without mentioning individual situations that could precede the subject consulted, as is evident from the documentation provided.\n\nII.- ANALYSIS OF THE CONSULTATION RAISED:\n\n-On the Regime of Prohibition (Prohibición) of the Liberal Exercise of the Legal Profession in the Public Administration:\n\nThis Attorney General's Office, on reiterated and diverse occasions, has pronounced on the regime of the prohibition (prohibición) of the liberal exercise of the legal profession, pursuant to article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch, which literally establishes:\n\n“ARTICLE 244.-\n\nEven if they are lawyers, the permanent employees (servidores propietarios) of the Executive and Judicial Branches, of the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), of the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República) and of the municipalities, may not practice the profession, except in their own affairs and those of their spouses, ascendants or descendants, siblings, parents-in-law, sons-in-law, and brothers-in-law.\n\nExcepted from the previous prohibition are the employees of the Executive Branch who provide services in official educational establishments and who have no other incompatibility; the same as interim or substitute judicial employees, provided that this interim appointment (interinato) does not exceed three months; specific prosecutors (fiscales específicos); municipal council members (munícipes) and municipal legal representatives (apoderados municipales); the Director of the Judicial Review (Revista Judicial); part-time public defenders and those who are compensated by the fee system and, in general, all employees who do not earn a salary but rather per diem allowances (dietas).”\n\n(The bold highlighting is not from the original text)\n\nThe cited norm is clear in establishing that the restriction on the liberal exercise of the profession is directed at all those public servants or officials who are permanent (en propiedad) or interim (interinos) lawyers [2], who provide service in any of the institutions alluded to there, that is, the Executive and Judicial Branches, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República), and the municipalities; except in the handling of their own affairs and those of their spouses, ascendants or descendants, siblings, parents-in-law, sons-in-law, and brothers-in-law. Thus, this Office, through Legal Opinion No. 111, of July 08, 2003, aptly stated:\n\n“As this Advisory Body has specified on many other occasions, the provisions of the transcribed numeral of the Organic Law of the Judicial Branch turn out to be, fundamentally, a legal prohibition (prohibición legal) inherent to the public service relationship, which prevents permanent (propietarios) and interim (interinos) lawyer employees (the latter according to resolution No. 2001-00648 of 4:45 p.m. on January 24, 2001, of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional)) of the Executive and Judicial Branches, of the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), of the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República), and of the municipalities, from practicing the legal profession liberally or privately, with the exceptions that the norm itself establishes.\n\nThis prohibition (prohibición), of mandatory compliance, is determined by the incompatibility that public servants have, once subjected to the legal regime that governs their positions, to engage in private activities that could compromise the ethical and moral duties of impartiality, loyalty, objectivity, and independence of the state function (opinion C-320-2001 of November 22, 2001 and C-209-2002 of August 21, 2002).\n\nAs the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has reiterated, \"incompatibilities are based on reasons of morality and tend to prevent the accumulation of faculties in a single person, as well as to prevent officials from appearing in opposition to the public body on which they depend, in judicial disputes or administrative claims, because of professional designation by private parties, that is, it tends to avoid the collision of interests – public interest and private interest.\"\n\n(resolution No. 3932-95 of 3:33 p.m. on July 18, 1995, and in a similar sense, resolutions 649-93 of 2:45 p.m. on February 9, 1993, 3502-94 of 3:28 p.m. on July 12, 1994, 642-94 of 2:06 p.m. on December 20, 1994, 2883-96 of 5:00 p.m. on June 13, 1996 and 2000-00444 of 4:51 p.m. on January 12, 2000 and 00-11524 of December 21, 2000).\n\nIt is indisputable then, that it is necessary to protect, through the regime of prohibitions (prohibiciones), impediments, and incompatibilities, the impartiality and objectivity of the administrative bodies, for an adequate exercise of the administrative function.\n\nRegarding what is of interest in the case under consultation, the Municipal Code -Law No. 7794 of April 30, 1998 and its amendments-, establishes among the duties of municipal employees: to fulfill the obligations in force in their positions, to provide the contracted services with absolute dedication and adherence to legal, moral, and ethical principles, as well as to guarantee their commitment regarding integrity and fidelity in their work in order to fulfill the objectives and mission of the municipality (article 147, subsections a, b, and d). In turn, they are prohibited from acting in the performance of their duties, for purposes other than those entrusted, having labor obligations in other entities, public or private, or acquiring commitments with evident scheduling overlap (superposición horaria) and participating in activities linked to companies or private interests that may cause evident harm to municipal ones or compete with them (article 148, subsections b, c, and d).\n\nAs this Attorney General's Office has determined, the legal requirements seen are not a condition of eligibility, but of functional incompatibility; they are personal conditions that tend to guarantee the correct exercise of public office, not only in order to increase the neutrality, freedom, and independence of municipal employees, but also to increase the quality and efficiency of their services (Pronouncements C-127-2002 of May 24, 2002 and O.J.-109-2002 of August 5, 2002).\n\nBy reason of the foregoing, both officials who occupy a permanent (en propiedad) position, and interim (interinos) ones, of the Branches of the Republic and other dependencies and public entities listed in article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch, are compelled, in an imperative manner, not to practice law privately, precisely because they hold the condition of \"official\"; that is, it is enough to accept a public office and for their appointment to have been formalized through a valid and effective act of investiture, pursuant to the provisions of ordinance 111 of the General Law of Public Administration, so that they cannot exercise their legal profession privately.”\n\nIt is inferred from the transcribed jurisprudential text that the purpose pursued with this type of norm in our legal system is undoubtedly to protect the efficiency and effectiveness of public management under the principles of neutrality, objectivity, and impartiality that must prevail in all actions of the public servant or official, as ordered by articles 11 of the Political Constitution and 4 and 11 of the General Law of Public Administration. For otherwise, allowing the simultaneity of both concepts in the Public Administration could lead to a potential confrontation between the public interest and the private interest of the lawyer with the consequences that this would cause to the detriment of the general interest; a circumstance that is precisely what the legislator tries to avoid through norms such as the one under analysis in this section, and which is worth emphasizing, in subsections b) and d) of article 148 of the Municipal Code the prohibition of the municipal employee to act in the performance of their duties for purposes other than those entrusted or to participate in activities linked to companies or private interests that may cause evident harm to municipal interests or compete with them is established.\n\nNo less important is it to underline that the prohibition (prohibición) on the liberal exercise of the legal profession established by article 244 of the LOPJ also includes the public servant or official who, holding said profession, is appointed to cover the temporary absences of permanent officials, hired through the budget line for substitutes (suplencias) or through contracts to cover temporary needs of fixed term or specific work and covered by the salary budget lines for special services (servicios especiales) or occasional wages (jornales ocasionales), that is, in the terms of the second paragraph of article 118 of the Municipal Code.\n\nFrom what has been set forth so far, it can be concluded that numeral 244 of the Organic Law of the Judicial Branch makes no distinction whatsoever as to which lawyers of the cited public institutions it refers to when it establishes that “even if they are lawyers, the employees of the Executive and Judicial Branches, of the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and of the municipalities may not practice the profession”; and, in that sense, it is appropriate to warn with the authorized national doctrine, that “It is not lawful to distinguish where the law does not distinguish”[3]. Consequently, the cited norm must be applied within the clear terms of its content, pursuant to the aforementioned principle of administrative legality.\n\n- Regarding the payment for the prohibition (prohibición) on the liberal exercise of the legal profession:\n\nAlthough through the aforementioned article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch the impediment to the liberal exercise of the legal profession held by officials or servants who provide service in the Executive and Judicial Branches, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and the municipalities is established, that restriction by itself does not authorize an economic compensation. There must exist separately a legal norm that expressly establishes the respective payment.\n\nThus, this Advisory Body has indicated:\n\n“That is to say, that the payment for the prohibition (prohibición) requires a legal basis, without which it becomes inappropriate, that is, not only must there exist a legal norm establishing the prohibition (prohibición) on the liberal exercise of the profession, but it is also indispensable to have another provision, of legal rank, that authorizes the economic compensation, as reparation to the professional for the opportunity cost implied by not privately exercising their profession, so that they place all their knowledge and energy at the service of the employing entity.”\n\n(Opinion C-299-2005 of August 19, 2005.)\n\nIn the case of public servants or lawyer officials who provide service in the different municipalities of the country, it has already been indicated that this group is limited in the liberal exercise of the profession they hold as such, as clearly stipulated in article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch. Notwithstanding that, and despite that limitation, there is no norm within our legal system that authorizes compensating that personnel through a salary percentage, as is in effect applied for a large majority of officials or servants, pursuant to Law No. 5867 of December 15, 1975 and its amendments, as well as the provisions of article 14 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office. In that sense, this Office, has indicated, in relevant part:\n\n“As can be seen from that legal text, apart from the exceptions established there, officials who occupy permanent (en propiedad) positions and even -one now adds- those who occupy interim (interinos) positions in the municipalities of the country (according to the reiterated opinion of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, in that occupying a position in an interim manner is not a reasonable justification to distinguish the rights and duties between one and the other official, as will be explained later) [1] are compelled not to privately exercise the legal profession, precisely because they hold the condition of \"official\"; that is, it is sufficient that their appointment has been formalized through a valid and effective act of investiture, pursuant to the provisions of article 111 of the General Law of Public Administration, for them to be limited in liberally exercising the profession they hold, if not in contravention of the indicated legal norm.\n\nHaving made the previous observation, it is concluded, as far as this section is concerned, that the prohibition (prohibición) of the liberal exercise of law, contained in article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch, affects the lawyers who also work in the different municipalities of the country.\n\nHowever, the legislator, through various reforms to Law Number 5867 of December 15, 1975, (among them, through Law No. 6008 of December 9, 1976, amended by Law 6222 of May 2, 1978, the incentive for prohibition (prohibición) is applied to licentiates (licenciados) and graduates of the Judicial Branch, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), Civil Registry (Registro Civil), and Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), since the lawyers of the Executive Branch were already contemplated in the original text of article 5) has undertaken the task of granting, with a mandatory character, a salary item, which to some extent, compensates for the noted restriction to a large part of the professionals of the public function, leaving aside some of them, as occurs in the present study. This Office detected this in its time, when arguing:\n\n\"In spite of the foregoing, in none of the cited laws were the lawyers of the municipalities (1) expressly included as beneficiaries of the economic compensation under study. This implies that no economic compensation could be recognized to those professionals as a consequence of the specific prohibition (prohibición) established in article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch, since -we insist- although the restriction for private professional practice is contemplated in the legal system and must be complied with, there is no norm whatsoever that supports the payment of a salary compensation derived from that prohibition (prohibición).\" (…) (See, Legal Opinion Number 035-2000 of April 27, 2000)”\n\n(Opinion C-025-2007 of February 02, 2007)\n\nHowever, it is timely to point out that this Attorney General's Office has sustained in several of its opinions, that in the case of officials or lawyer servants who perform functions derived from the exercise of the competencies that Municipalities exercise as a tax administration (administración tributaria) in light of, fundamentally, subsections d) and e) of article 4 of the Municipal Code, the payment of the economic compensation referred to by the cited Law No. 5867 would be appropriate, since that personnel, except in certain exceptions, would be constrained from working in the private sector in activities specific to tax matters, or from filing claims on behalf of taxpayers or advising them in their allegations or presentations in any of the instances. In that sense, article 118 of the Code of Tax Procedures (Tax Code) [4] establishes:\n\n“Article 118.-\n\nThe General Directors, the Subdirectors, the Department and Section Chiefs or Subchiefs, of the dependencies of the Tax Administration (Administración Tributaria), as well as the permanent members (miembros propietarios) of the Tax Administrative Tribunal (Tribunal Fiscal Administrativo) and the substitutes in functions, cannot hold other public positions with or without an employment relationship, with the exception of teaching or functions performed with authorization from their respective hierarchical superior, whose positions are only remunerated with per diem allowances (dietas).\n\nIn general, the personnel of the entities previously cited are prohibited, with the sole exception of teaching, from engaging in activities related to tax matters in private companies. Likewise, said personnel are prohibited from filing claims on behalf of taxpayers or advising them in their allegations or presentations in any of the instances, unless it concerns their personal interests, those of their spouse, ascendants, descendants, siblings, parents-in-law, sons-in-law, and brothers-in-law.\n\nIn the cases of exception referred to in this article, to avail oneself of them, the decision to make use of the exceptions provided in this Code must be communicated to the superior of the dependency.\n\n(Thus amended by article 1 of law No. 5179 of February 27, 1973).\n\n(Its numbering thus corrected by article 6 of the Tax Justice Law No.7535 of August 1, 1995, which transferred it from the former 113 to the current)”\n\n(The emphasis is not from the original text)\n\nOn this matter and through Opinion C-348-2007 of October 02, 2007, this Advisory Body indicated, in what is relevant:\n\n“In that way, it was indicated in the cited Opinion, that with respect to the economic compensation referred to by Law No. 5867 of December 15, 1975 and its amendments, it was originally created for that personnel of the Tax Administration (Administración Tributaria), who, by reason of their positions, are fundamentally prohibited from working in the private sector in activities specific to tax matters, except in certain situations. Thus, article 118 (formerly 113) of the “Code of Tax Norms and Procedures”, establishes the following: ….\n\nHence, this Attorney General's Office, through Opinion No. C-329-2005, of September 16, 2005, also indicated that in accordance with article 99 of the Code of Tax Norms and Procedures, for that personnel who are in charge of administration, collection, and inspection tasks of taxes in other State institutions, as would be the case of municipalities, the recognition of the payment of the cited bonus for prohibition (prohibición) on the private exercise of the profession would be appropriate, if they meet the requirements that the recently cited regulation establishes in this regard. In that sense, this Advisory Body reiterated in other of its pronouncements, that:\n\n\"The economic compensation for the prohibition (prohibición) was originally provided for those servants who formed part of the so-called Tax Administration (Administración Tributaria), pursuant to the provisions of article 113 (previous numbering) of the Code of Tax Norms and Procedures, which corresponds today to article 99 of said regulatory body by reason of the amendment introduced by article 3 of the Tax Justice Law No.7535 of August 1, 1995.\n\nThe referred article 99 establishes that \"Tax Administration (Administración Tributaria) is understood to mean the administrative body that is in charge of the collection and inspection of taxes, whether it is the Treasury (Fisco) or other public entities that are active subjects, in accordance with articles 11 and 14 of this Code.\"\n\nArticle 4 subsection e) of the current Municipal Code (Law 7794) establishes among other attributions of the Municipalities \"To collect and administer, in their capacity as tax administration (administración tributaria), the taxes and other municipal revenues.\"\n\nConsistent with the above, there is no doubt whatsoever that municipal corporations form part of the so-called tax administration (administración tributaria), and with that, the municipal personnel who by reason of their positions perform work closely related to the tax matters they administer, as expressed by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) in its Official Letter 14968 of November 25, 1994, which the municipalities themselves will determine, are subject to the referred prohibition (prohibición) on the liberal exercise of their professions, regulated in the cited law 5867 and its amendments\". (OJ-085-99)\n\n(See, Opinion 006-2001 of January 16, 2001. In the same sense, see Opinions, Number C-395-83 of December 1, 1983, C-077-91 of May 9, 1991; C-098-91 of June 11, 1991; C-041-92 of March 2, 1992; C-170- 2003 of June 12, 2003)\n\nFrom the foregoing transcribed text, it could be concluded that since municipalities have under their competence the administration, inspection, and collection of municipal taxes—by provision of subsection 13 of article 121 of the Political Constitution and Law Number 7794 of October 9, 1998—they constitute, per se, a \"tax administration (administración tributaria)\". In that way, subsections d) and e) of article 4 of the cited Municipal Code prescribe, expressly, that municipal corporate entities have the authority to approve municipal rates, prices, and contributions, propose draft tariffs for municipal taxes, as well as to collect, receive, and administer all such kinds of taxes. Therefore—it is repeated—all those persons who are in charge of the mentioned tasks would have the right to receive the economic compensation under analysis, upon prior compliance with the requirements established by article 1 of the aforementioned Law. A responsibility that it is incumbent upon the Administration under your charge to determine and decide, so that the payment is in accordance with the legal system.”\n\n- Inappropriateness of the application of the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva) Regime to the lawyers of the Municipal Administration:\n\nRegarding the possibility that lawyers in general of that corporate institution could receive the item for the concept of exclusive dedication (dedicación exclusiva) to the public function, it is pertinent to reiterate that the impediment to liberally practice law comes from article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch, and as such, that legal provision is of mandatory application to all officials or public servants who work in the different institutions established there, among which are the lawyers of the municipalities; that is, the content of said norm is of an imperative nature. A circumstance that turns out to be different in the case of the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva) Regime, since subjecting oneself or not to this regulation depends both on the will of the worker and on that of the Public Administration in order to sign a contract of that nature. In other words, the professional can subject themselves to that regime voluntarily, through an agreement signed between them and the Administration, so that the former obligates themselves to dedicate themselves exclusively to the public function under the terms that are regulated in the respective regulation, while the corresponding public institution or municipality obligates itself to compensate them with a specific additional percentage calculated almost always on the base salary of the public servant or official. In this sense, this Attorney General's Office has indicated that this regime is defined “as the obligation that the professional acquires with the Institution with which they work, not to practice in a remunerated or ad honorem private manner any profession they hold, nor activities related to it, with the entity acquiring the commitment to compensate them with an additional percentage on the base salary, upon prior signing of a contract”. (Cited in OJ-067-2005 of May 26, 2005. In that same sense, see pronouncement C-386-83, of November 17, 1983; and C-345-2006, of August 28, C-366-2006; of September 14, and C-418-2006, of October 19, all of 2006).\n\nFor its part, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has indicated that the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva) Regime is the means by which “the Administration intends, for reasons of public interest, to have personnel dedicated exclusively and permanently to the state function that turns them into a suitable and more efficient workforce, to contract with the official of professional level their exclusive services, in exchange for a salary bonus. Thus, the system allows the public servant to calculate whether the benefit of the private exercise of their profession is greater or lesser than the salary compensation that the State gives them in exchange for the exclusive provision of their services. Consequently, the public servant evaluates the situation and voluntarily decides to arrange with the Administration (if it in turn agrees to it) the payment of the salary bonus or to continue freely exercising their profession.\" (See, Judgment Number 2312-95 of four fifteen p.m. on May ninth, nineteen ninety-five. In the same sense, see Judgment of the Second Chamber (Sala Segunda) of the Supreme Court of Justice No. 89-171-LAB at 2:30 p.m. on November 3, 1989)\n\nConsequently, and in accordance with all the foregoing set forth in this section, it is concluded that it is not appropriate for the lawyers of that municipality to avail themselves of the Exclusive Dedication (Dedicación Exclusiva) Regime existing there, since they are imperatively subject to the incompatibility regime that exists between the liberal exercise of the legal profession and the public function, according to the many-times-cited article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch. In other words, both regimes are distinct and mutually exclusive, by virtue of the nature that each one of them has in our legal system.\n\nRegarding the legal impediment for the municipal official or servant with respect to the private exercise of the notarial function, and the non-existence of a legal norm that authorizes a compensatory payment:\n\nRegarding the concern about \"whether, in the case of lawyers who are notaries, both the prohibition on the private practice of the legal profession and the Regime of Exclusive Dedication cover so that they cannot perform notarial acts, or whether such limitations do not constitute an impediment to practicing as a notary even though they are public officials\" (Sic), it should first be noted that, to be a notary public in our legal system, the professional must hold a law degree (licenciatura en Derecho). Thus, articles 1, 2, and 3, subsection c) of the Notarial Code, establish, in order:\n\n\"ARTICLE 1.- Notary public\n\nThe notary public is the public function exercised privately. Through it, the authorized official advises persons on the correct legal formation of their will in legal acts or contracts and attests to the existence of the facts that occur before him.\n\n(The bold highlighting is not from the original text)\n\nARTICLE 2.- Definition of notary public\n\nThe notary public is the legal professional, specialist in Notarial and Registry Law, legally authorized to exercise the notarial function.\n\nIn laws, regulations, agreements, and documents, when the word notary is used, it shall be understood as referring to the notary public.\"\n\n(The bold highlighting is not from the original text)\n\n\"ARTICLE 3.- Requirements\n\nTo be a notary public and to practice as such, the following requirements must be met:\n\n(...)\n\nc) Hold a law degree (licenciado en Derecho), with a postgraduate degree in Notarial and Registry Law, graduated from a university recognized by the competent educational authorities; in addition, having been incorporated into the Costa Rican Bar Association (Colegio de Abogados de Costa Rica) for at least two years and, with the same prior notice, having requested authorization to exercise the position.\"\n\nAs can be observed from the clear content of the transcribed norms, the notarial function is linked as a specialty within the professional career of Law, establishing in articles 2 and 3, subsection c), that to be a notary public, the individual must hold a law degree with a postgraduate degree in Notarial and Registry Law. Hence, the impediment of the public official to privately perform notarial acts or contracts, according to subsection f) of article 4 of the Notarial Code, coincides to some extent with the impediment of the public official to privately practice law, according to article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), except for the exceptions expressly stipulated in each of those regulations. Although, of course, that prohibition covers more public officials or servants by including those who hold positions in any dependency of the public sector, even in those structured according to organizational models of Private Law, in which the external practice of the notarial function is prohibited to them.\n\nBut in other respects, both the Constitutional Court and the Second Chamber (Sala Segunda) of the Supreme Court of Justice have agreed that the impediment established in the cited article 4, subsection f) of the Code in reference, has its origin in the situation in which the notary acquires a special and contradictory condition with the function of being a public official. Thus, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when citing constitutional judgment No. 2000-4258, has explained, in the pertinent part:\n\n\"In this sense, it is appropriate to recall what was stated in judgment 2000-4258 in the sense that such impediments seek to guarantee that the Notary fully complies with the duties imposed by the Notarial Code, whose first article describes the notarial function as a public function exercised privately, through which the notary advises persons on the correct legal formation of their will in legal acts or contracts and attests to the existence of the facts that occur before him. Precisely, it is this qualification of the notarial function - a public function exercised privately - that justifies imposing restrictions on the Notary similar to those imposed on public officials who do not have such a condition, but who sign exclusive dedication contracts or adhere to the prohibition regime. The aim is to avoid the possibility of performing two functions at the same time, due to the inevitable conflict of interests that could arise. Therefore, the limitation derived from the type of employment contract - fixed-term -, far from being contrary to the constitutional order, finds its basis in its principles. It must be remembered that the text of the first Organic Law of Notaries (Ley Orgánica de Notariado) that the country had, of October twelfth, eighteen eighty-seven, provided in article 23, and in an absolute manner, that: 'The practice of the Notarial profession is incompatible with any other public employment or position that requires daily service of three or more hours. He who accepts a position or employment of that class shall cease in his functions as Notary (...).' In relation to the issue of incompatibilities, this Court, in judgment 1993-0643, stated: '(...) what has been considered a prohibition should be understood more correctly as an incompatibility, since what is sought to be avoided is a situation of conflict between being a public official and simultaneously exercising another function - which is also public - such as that of Notary. This incompatibility is unavoidable, if we consider that the public function deserves protection and indeed it has always been considered so, such that the public official is forbidden from performing another function or work, insofar as it may impair the strict fulfillment of his duties, or compromise his impartiality or his independence. This thesis is not foreign to the constitutional spirit, as can be deduced from the principle of responsibility of officials (article 9), the principle-duty of legality (article 11), as well as the requirement that the public administration function based on efficiency and suitability (article 191).' It is thus that reasons of public order fully justify the subjection of the notarial function to a whole series of requirements and impediments. An analysis of the legislative records in which the Notarial Code was discussed allows the conclusion that the will of the legislator was that the work of notaries, at least as a general rule, be performed by professionals who are not regular employees of the public agencies (see in this sense judgment 2000-004258). The requirement that the notarial function be performed by officials subject to a fixed-term employment contract - whether determined chronologically or subject to the fulfillment of certain tasks - is a reflection of that will. This is not only not unconstitutional, but it is also coherent with the nature of the notarial function and the conduct that the legislator desires from the notary. Those officials - those hired on a fixed term - are not subject to a public employment relationship; their temporary condition justifies them being excepted from the general impediment. Hence, the Court considers that the concept - fixed term - does not violate any fundamental right\" (vote No. 9564 of 16:07 hours on July 5, 2006).\n\nFrom what has been analyzed so far, it can be concluded that the municipal official or servant in general would be impeded from privately exercising the notarial function. Notwithstanding this, there is no norm in our legal system that authorizes a compensatory payment for said restriction. In that sense, this Office, through Opinion No. C-161 of May 13, 2008, had already very aptly expressed that:\n\n\"In this regard, it should be noted that this point, also subject to the inquiry, is not new. Indeed, in the ordinary labor jurisdiction, a lawsuit filed by a public official notary was heard and resolved.\n\nThe plaintiff's claim was that the State should recognize him, for the imposed limitation - non-practice of the notarial profession - 'a compensation different from the prohibition on the practice of law, not less than the percentage received for the prohibition on the practice of law (no less than 65% of the base salary).'\n\nThat process, given its complexity and novelty, had the characteristic that the first-instance judgment was in favor of the plaintiff. However, that ruling was overturned in the second instance and confirmed by the Second Chamber of the Supreme Court of Justice in its judgment No. 1999-00333 of 10:30 hours on October 27, 1999.\n\nBelow we will transcribe the reasons or grounds that the Chamber had for confirming the ruling of the Court and, therefore, rejecting the filed lawsuit:\n\n'II.-\n\nAs has been indicated in previous pronouncements, the payment of prohibition to public servants was established to compensate them for the legal impossibility of exercising their profession outside the position held. Therefore, the payment operates automatically, as it is not within the powers of the servant to waive that prohibition, and the employer lacks discretion to be able to dispense with it; thus, it can be affirmed that the mere acceptance of the position implies its payment.\n\nIII.-\n\nIf the content of that special regulation is observed with due care, it is easily concluded that what said provisions mandate to pay, as salary compensation, is the prohibition on exercising the profession for which the servant was hired and that results from the regulations (organic or statutory) governing the public employment relationship. This type of prohibition has an indisputable ethical basis; because, when they are established, what is sought is to prevent the public servant from devoting his time to other activities in the private sphere; given that this is considered inconvenient because it may affect the necessary intensity in the exercise of the activities inherent to the function, or because an undesirable confusion may occur in the interests of one and the other fields, leaving the public interests subordinated or even at the service of the private ones. There is thus created and paid for an incompatibility proper to and originating from the public employment relationship for certain positions of a professional or academic rank. (...) If a legal professional (profesional en Derecho), who also holds the title of Notary Public, accepts a specific post in the State, under a public employment relationship, he is placed in a situation of incompatibility with respect to the notarial function; which is also public but of private exercise, and he remains in such special situation, not because the employment laws establish it, but because the law that organizes the notarial profession creates the incompatibility. Such being the case and looking at the matter from this perspective; the Court correctly expressed, under the cardinal principle of legality, its legal criterion, entirely in accordance with the Law, because a law that has established or permitted the payment of a salary supplement for the prohibition resulting from employment regulations cannot be applied and used to base a compensation for an incompatibility proper to another regime. In reality, there is no norm that authorizes the claimed payment of the incompatibility, and it is not seen why there should be one, since the situation in which the Lawyer finds himself, who freely accepts a public post, in relation to the exercise of the notarial function, originates from a choice made by the person, adopted voluntarily, in the exercise of his right to choose the activity that best suits him, from the point of view of his personal, family, and economic interests. In this way, not even parity of reasons could legally and supplementarily apply that other prohibition payment regime; given that this scenario is completely different.'\n\nFrom the ruling transcribed above, forceful arguments emerge that make it impossible to recognize compensation for the non-practice of the notarial profession, derived from a public employment relationship. The main reason, as the Chamber rightly states in its judgment, is that in our legislation there is no norm whatsoever that authorizes that payment.\n\n(The highlighting is not from the original text)\n\nConsequently, and for the same reasons stated above, it is not possible for a public official or servant who is legally impeded from freely practicing the notarial profession to be subject to the regime of exclusive dedication (régimen de la dedicación exclusiva), by virtue of the contractual nature held by this type of regulation.\n\nIt is unnecessary to highlight the exceptions to the impediment under discussion, as provided in subsection d) of article 5 of the Notarial Code, which literally states:\n\n\"ARTICLE 5.- Exceptions.\n\nThe following are excepted from the prohibition contained in subsection f) of the previous article:\n\n(...)\n\nd) Officials of the Executive and Legislative Branches (Poderes Ejecutivo y Legislativo), public institutions, and municipalities, hired on a fixed term, excluded from the Civil Service Regime (Régimen de Servicio Civil) and who do not receive any additional salary or economic compensation of any kind for prohibition or exclusive dedication, provided there is no overlap of working hours nor any provision to the contrary in the legislation governing the body or institution where the services are provided.\n\n(...)\"\n\nIt can be observed from the transcribed legal norm that, from the impediment that every public official or servant has regarding the private practice of the notarial profession, under the terms of the aforementioned subsection f) of article 4 of the Notarial Code, those officials of the Executive and Legislative Branches, public institutions, and municipalities who are occupying fixed-term positions, excluded from the Statutory Regime (Régimen Estatutario), and who do not receive an additional salary or economic compensation, whether for prohibition or exclusive dedication, are excepted. This is provided there is no overlap of working hours and there is no internal provision within the institution that prohibits the notarial function. In this sense, this Office, through Opinion No. 232 of November 4, 1998, stated, in the pertinent part:\n\n\"In relation to what is provided in the mentioned subsection d) of article 5, it is worth clarifying that, when the possibility is prescribed that a specific group of officials may practice the notarial profession, it does so considering that they are not ordinary, run-of-the-mill officials, but rather those who, due to the special characteristics of their positions, are not bound by the principles of articles 191 and 192 of the Political Charter (Carta Política), namely: 'A civil service statute shall regulate the relations between the State and public servants, with the purpose of guaranteeing the efficiency of the administration.' and 'With the exceptions that this Constitution and the civil service statute determine, public servants shall be appointed based on proven suitability and may only be removed for the causes of justified dismissal expressed in labor legislation, or in the case of forced reduction of services, be it due to lack of funds or to achieve a better organization thereof.'\"\n\nFinally, it is recommended that this administration refer to opinions numbered C-413, of November 20, 2008, and C-089 of April 25, 2011, in order to have a broader picture of the impediment that public officials and servants in general have regarding the private practice of the notarial function, as well as its exceptions, under the precise and clear terms of the aforementioned Notarial Code, No. 7764 of April 17, 1998.\n\nIII.- CONCLUSIONS:\n\nIn accordance with all the above, the following is concluded:\n\n1.- By virtue of article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch, every municipal official or servant who holds the profession of lawyer (abogado) is impeded from privately practicing law; except in attending to their own affairs and those of their spouses, ascendants or descendants, siblings, parents-in-law, sons-in-law, and brothers-in-law.\n\n2.- Although the lawyer servants or officials who provide service in the different municipalities of the country are impeded from privately practicing law, there is no norm within our legal system that authorizes payment for said concept, as indeed applies to a great majority of officials or servants, under the terms of Law No. 5867 of December 15, 1975, and its reforms, as well as the provisions in article 14 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Function (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública).\n\n3.- It is not appropriate for this municipality's lawyer officials to be subject to the Exclusive Dedication Regime (Régimen de Dedicación Exclusiva), since they are legally impeded from privately practicing the profession they hold as such, according to the provisions of article 244 of the Organic Law of the Judicial Branch.\n\n4.- In the case of lawyer officials or servants who perform functions derived from the exercise of the competencies exercised by the Municipalities as tax administration, in light, fundamentally, of subsections d) and e) of article 4 of the Municipal Code (Código Municipal), the payment of the economic compensation referred to in the cited Law No. 5867 would be appropriate, since this personnel, except in certain exceptions, would be constrained from working in the private sector in activities specific to tax matters, or from making claims on behalf of taxpayers or advising them in their arguments or submissions in any of the instances. This circumstance must be carefully weighed by the administration for the purposes of the corresponding payment.\n\n5.- In accordance with subsection f) of article 4 of the Notarial Code, every public official or servant in general is impeded from privately exercising the notarial function. Notwithstanding this, there is no norm in our legal system that authorizes compensatory payment for said restriction, nor can they be subject, for this concept, to the exclusive dedication regime existing in that Municipality.\n\n6.- Under the terms of subsection d) of article 5 of the Notarial Code, those officials of the Executive and Legislative Branches, public institutions, and municipalities who are occupying fixed-term positions, excluded from the Statutory Regime, and who do not receive an additional salary or economic compensation, whether for prohibition or exclusive dedication, are excepted from the impediment on the notarial function. This is provided there is no overlap of working hours and there is no internal provision within the institution that prohibits the notarial function.\n\nRespectfully yours,\n\nMSc. Luz Marina Gutiérrez Porras\nPROCURATOR GENERAL (PROCURADORA)\n\nLMGP/gvv\n\n[1] \"ARTICLE 4. —CONSULTATIONS:\n\nThe bodies of the Public Administration, through the highest-ranking officials of the different administrative levels, may consult the technical-legal opinion of the Procuraduría (Attorney General's Office); in each case, they must attach the opinion of the respective legal advisory office, except in the case of internal auditors, who may make the consultation directly.\n\n(As amended by subsection c) of article 45 of Law No. 8292 of July 31, 2002, Internal Control Law)\"\n\n[2] In that sense, see Opinion No. 262, of October 1, 2001\n\n[3] See, Brenes Córdoba (ALBERTO), “Tratado de las Personas”, Editorial Costa Rica, San José, 1974, p.44\n\n[4] See Law No. 4755 of May 3, 1971, and its reforms" }