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  "citation": "OJ-055-2013",
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  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Reforma del inciso b) del artículo 46 de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa",
  "title_en": "Reform of subsection b) of Article 46 of the Legislative Assembly Personnel Law",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República emite una opinión jurídica sobre el proyecto de ley n.° 18.600, que reforma el inciso b) del artículo 46 de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa. El proyecto busca aclarar el procedimiento para remover a los empleados de confianza de las fracciones políticas, estableciendo que bastará con el visto bueno del diputado a cargo y del jefe de fracción, en lugar de un acuerdo formal de fracción. La Procuraduría concluye que el proyecto no presenta vicios de constitucionalidad, aunque sugiere una corrección de forma en la redacción. Se aclara que este es un criterio no vinculante y que la decisión final corresponde a la discrecionalidad legislativa.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office issues a legal opinion on bill No. 18,600, which reforms subsection b) of Article 46 of the Legislative Assembly Personnel Law. The bill clarifies the procedure for dismissing trusted employees of political factions, requiring only the approval of the responsible deputy and the faction head instead of a formal faction agreement. The Attorney General concludes that the bill raises no constitutional issues, though it suggests a wording improvement. This is a non-binding opinion, and the final decision rests with legislative discretion.",
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    "Procuraduría General de la República",
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  "excerpt_es": "Teniendo en cuenta lo expuesto, estimamos que la reforma legislativa sobre la cual se nos confiere audiencia no presenta roces de constitucionalidad, pues la materia que regula se encuentra dentro de la esfera competencial del legislador, por lo que es éste quien, en última instancia, debe definir el procedimiento que se ha de seguir para la remoción de los servidores de confianza de las fracciones políticas.\n\nEn cuanto a la forma del proyecto, sugerimos cambiar la frase que indica “Cuando se trate de los empleados de fracción, su remoción bastará con el visto bueno del diputado a cargo y el respectivo jefe de fracción”, por la siguiente: “Cuando se trate de empleados de fracción, para su remoción bastará con el visto bueno del diputado que tiene a su cargo al funcionario y del respectivo jefe de fracción”.",
  "excerpt_en": "In light of the above, we consider that the legislative reform on which we are being consulted raises no constitutional issues, since the matter it regulates falls within the sphere of competence of the legislator, who must ultimately define the procedure for the removal of trusted staff of political factions.\n\nAs for the form of the bill, we suggest changing the phrase that states, “In the case of faction employees, their removal shall only require the approval of the deputy in charge and the respective faction head,” to: “In the case of faction employees, their removal shall only require the approval of the deputy responsible for the official and the respective faction head.”",
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    "summary_en": "The bill raises no constitutional issues, though a wording correction is suggested.",
    "summary_es": "El proyecto de ley no presenta roces de constitucionalidad, aunque se sugiere una corrección de forma."
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      "quote_es": "Teniendo en cuenta lo expuesto, estimamos que la reforma legislativa sobre la cual se nos confiere audiencia no presenta roces de constitucionalidad, pues la materia que regula se encuentra dentro de la esfera competencial del legislador."
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      "context": "Sobre la iniciativa legislativa",
      "quote_en": "As for the form of the bill, we suggest changing the phrase that states, “In the case of faction employees, their removal shall only require the approval of the deputy in charge and the respective faction head,” to: “In the case of faction employees, their removal shall only require the approval of the deputy responsible for the official and the respective faction head.”",
      "quote_es": "En cuanto a la forma del proyecto, sugerimos cambiar la frase que indica “Cuando se trate de los empleados de fracción, su remoción bastará con el visto bueno del diputado a cargo y el respectivo jefe de fracción”, por la siguiente: “Cuando se trate de empleados de fracción, para su remoción bastará con el visto bueno del diputado que tiene a su cargo al funcionario y del respectivo jefe de fracción”."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=17732&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Opinión Jurídica : 055 - J   del 09/09/2013   \n\n\n\n9 de setiembre de 2013\n\n\n\n\nOJ-055-2013\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nAna Lorena Cordero Barboza\n\n\n\n\nComisión Permanente de Asuntos Sociales\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación de la señora Procuradora General de la Republica, me refiero a su oficio n.°\nCPAS-2589 del 14 de junio último, por medio del cual la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de\nla Asamblea Legislativa consulta nuestro criterio sobre el  proyecto de ley n.° 18.600, denominado\n“Reforma del inciso b) del artículo 46 de la Ley N. 4556, Ley de Personal de la Asamblea\nLegislativa”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.                   OBSERVACIONES PREVIAS\n\n\n\n\n \n\n\n\n En vista de que la gestión que nos ocupa no proviene de un órgano del Estado en ejercicio de una\nfunción administrativa, sino de un órgano parlamentario en ejercicio de una función legislativa, lo\nque emitiremos en este caso, como una forma de colaborar con esa importante labor, no es un dictamen\nvinculante (pues es evidente que nuestro pronunciamiento no podría vincular al legislador), sino una\nopinión jurídica carente de esos efectos. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Además, debemos indicar que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la\nAsamblea Legislativa, no es aplicable en este caso, por no tratarse de la audiencia a que se refiere\nel artículo 190 de la Constitución Política.  Así lo hemos sostenido en otras oportunidades al\nseñalar:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “… el plazo de 8 días hábiles establecido en el Articulo 157 (…) se refiere a las consultas de\nconformidad con la Constitución (artículo 88, 97, 167 y 190) deben serle formuladas obligatoriamente\na las instituciones del Estado, interesadas en un determinado proyecto de ley (verbigracia el\nTribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una Institución\nAutónoma), no así a las consultas optativas o voluntarias como la presente, que no está regulada por\nla normativa de cita.”  (Procuraduría General de la Republica, OJ-053-98 del 18 de junio 1998).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Asimismo, aclaramos que este criterio se basa en consideraciones jurídicas de constitucionalidad y\nlegalidad. Queda fuera de nuestras posibilidades emitir un criterio económico, o de oportunidad y\nconveniencia, toda vez que esta Procuraduría es un órgano técnico-jurídico, por lo que nuestra\ncompetencia se circunscribe a ese ámbito.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.                ANTECEDENTES\n\n\n\n\n \n\n\n\n Para atender la solicitud que se nos plantea, es importante tener en cuenta que ya la Dirección\nEjecutiva de la Asamblea Legislativa, por medio del oficio Direcc. 1226-12-2009 del 16 de diciembre\nde 2009, había consultado el criterio de esta Procuraduría acerca del trámite que se debía seguir\npara la remoción de los funcionarios de confianza de las fracciones políticas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En esa consulta se hizo alusión al criterio de la Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa (oficio\nAs. Leg. 954-09, del 26 de noviembre de 2009) en el cual se sostuvo, con fundamento en lo dispuesto\nen los artículos 46 y 47 de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (n.° 4556 de 29 de abril\nde 1970), que cualquier cese de funcionarios de confianza de fracciones políticas que fuese conocido\npor el Directorio Legislativo, debía estar precedido de un acuerdo de la fracción y no de un simple\nvisto bueno del jefe de fracción, como había sido la costumbre.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             La consulta mencionada fue atendida por esta Procuraduría mediante su dictamen C-161-\n2012, del 27 de junio de 2012, en el cual se arribó a la misma conclusión a la que había llegado la\nAsesoría Legal de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que el cese de los funcionarios de\nconfianza de fracciones políticas −por disponerlo así, expresamente, el artículo 46 de la Ley de\nPersonal de la Asamblea Legislativa− requiere un acuerdo de fracción.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII.             SOBRE LA INCIATIVA LEGISLATIVA\n\n\n\n\n \n\n\n\n El proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia tiene como objetivo, según su exposición\nde motivos, ajustar la normativa vigente a la realidad material del personal de confianza de la\nAsamblea Legislativa, de manera tal que no existan dudas en cuanto al trámite que se debe seguir\npara remover a los funcionarios de ese tipo que presten servicios a las fracciones políticas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEl texto de la reforma propuesta es el siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo Único.- Modifíquese el artículo 46 de la Ley N° 4556, Ley de Personal de la Asamblea\nLegislativa, para que en adelante su inciso b) se lea de la siguiente manera:\n\n\n\n b) Cuando se trate de los empleados de fracción, su remoción bastará con el visto bueno del\ndiputado a cargo y el respectivo jefe de fracción”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 46 vigente de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa dispone que las\nremociones de los empleados de confianza de las fracciones políticas serán acordadas por el\nDirectorio de la Asamblea Legislativa, previa “… recomendación y acuerdo formal de la respectiva\nfracción”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Nótese que la duda que se había estado presentando en la Asamblea Legislativa con el\nartículo 46, inciso b, de su Ley de Personal, giraba en torno a la necesidad (o no) de un acuerdo de\nfracción para el cese de los empleados de confianza de fracciones políticas.  De aprobarse la\nreforma queda claro que ese acuerdo no es necesario y que basta con el visto bueno del jefe de\nfracción.  Además se agrega −porque no estaba previsto en la normativa anterior− que para el cese es\nnecesario el visto bueno del diputado que tenía a cargo el funcionario que va a ser removido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Cabe agregar que ya en el dictamen C-161-2012 aludido habíamos indicado que “Si el\nDirectorio Legislativo considera que es más conveniente que la remoción de ese tipo de funcionarios\nesté precedida solo de un visto bueno del jefe de Fracción, y no de un acuerdo formal de la\nFracción, lo procedente es proponer y tramitar una reforma legal en ese sentido”. \n\n\n\n\n \n\n\n\n             Teniendo en cuenta lo expuesto, estimamos que la reforma legislativa sobre la cual se\nnos confiere audiencia no presenta roces de constitucionalidad, pues la materia que regula se\nencuentra dentro de la esfera competencial del legislador, por lo que es éste quien, en última\ninstancia, debe definir el procedimiento que se ha de seguir para la remoción de los servidores de\nconfianza de las fracciones políticas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En cuanto a la forma del proyecto, sugerimos cambiar la frase que indica “Cuando se\ntrate de los empleados de fracción, su remoción bastará con el visto bueno del diputado a cargo y el\nrespectivo jefe de fracción”, por la siguiente: “Cuando se trate de empleados de fracción, para su\nremoción bastará con el visto bueno del diputado que tiene a su cargo al funcionario y del\nrespectivo jefe de fracción”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIV.             CONCLUSIÓN\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con fundamento en lo expuesto, es criterio de este órgano asesor que el proyecto de ley\nsobre el cual se nos confiere audiencia no presenta problemas de constitucionalidad, aunque sí\nalgunos de forma, que sugerimos corregir.  Su aprobación o no implica consideraciones de oportunidad\ny conveniencia que entran dentro del ámbito de la discrecionalidad legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCordialmente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nJulio César Mesén Montoya\n\n\n\n\nProcurador de Hacienda \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nJCMM/Kjm",
  "body_en_text": "Legal Opinion: 055 - J of 09/09/2013\n\nSeptember 9, 2013\n\nOJ-055-2013\n\nMrs.\nAna Lorena Cordero Barboza\nPermanent Committee on Social Affairs\nLegislative Assembly\n\nDear Mrs. Cordero Barboza:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter No. CPAS-2589 of June 14 last, through which the Permanent Committee on Social Affairs of the Legislative Assembly requests our opinion on bill No. 18.600, entitled “Reform of subsection b) of Article 46 of Law No. 4556, Personnel Law of the Legislative Assembly.”\n\nI. PRELIMINARY OBSERVATIONS\n\nGiven that the request before us does not come from a State body exercising an administrative function, but rather from a parliamentary body exercising a legislative function, what we will issue in this case, as a way of collaborating with that important work, is not a binding opinion (it is evident that our pronouncement could not bind the legislator), but a legal opinion lacking those effects.\n\nFurthermore, we must indicate that the eight-day period set forth in Article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly is not applicable in this case, as it does not concern the hearing referred to in Article 190 of the Political Constitution. We have so held on other occasions by stating:\n\n“… the period of 8 business days established in Article 157 (…) refers to consultations pursuant to the Constitution (Articles 88, 97, 167, and 190) that must be mandatorily submitted to State institutions interested in a specific bill (for example, the Supreme Electoral Tribunal, the University of Costa Rica, the Judicial Branch, or an Autonomous Institution), and not to optional or voluntary consultations such as this one, which is not governed by the cited regulation.” (Office of the Attorney General of the Republic, OJ-053-98 of June 18, 1998).\n\nLikewise, we clarify that this opinion is based on legal considerations of constitutionality and legality. It is beyond our possibilities to issue an economic opinion, or one of opportunity and convenience, since this Attorney General's Office is a technical-legal body, and therefore our competence is limited to that area.\n\nII. BACKGROUND\n\nTo address the request submitted to us, it is important to bear in mind that the Executive Directorate of the Legislative Assembly, through official letter Direcc. 1226-12-2009 of December 16, 2009, had already consulted this Attorney General's Office regarding the procedure to be followed for the removal of the confidential employees of the political fractions.\n\nThat consultation referred to the opinion of the Legal Advisory Office of the Legislative Assembly (official letter As. Leg. 954-09, of November 26, 2009), in which it was held, based on the provisions of Articles 46 and 47 of the Personnel Law of the Legislative Assembly (No. 4556 of April 29, 1970), that any termination of confidential employees of political fractions brought before the Legislative Directorate must be preceded by an agreement of the fraction and not by a simple approval of the fraction head, as had been the custom.\n\nThe aforementioned consultation was addressed by this Attorney General's Office through its opinion C-161-2012, of June 27, 2012, which arrived at the same conclusion reached by the Legal Advisory Office of the Legislative Assembly, namely that the termination of the confidential employees of political fractions—because Article 46 of the Personnel Law of the Legislative Assembly expressly so provides—requires an agreement of the fraction.\n\nIII. REGARDING THE LEGISLATIVE INITIATIVE\n\nThe bill on which we are being heard aims, according to its statement of reasons, to adjust the current regulations to the material reality of the confidential personnel of the Legislative Assembly, so that there are no doubts regarding the procedure to be followed for removing officials of that type who provide services to the political fractions.\n\nThe text of the proposed reform is as follows:\n\n“Single Article.- Amend Article 46 of Law No. 4556, Personnel Law of the Legislative Assembly, so that henceforth its subsection b) reads as follows:\nb) When dealing with fraction employees, their removal shall suffice with the approval of the deputy in charge and the respective fraction head.”\n\nThe current Article 46 of the Personnel Law of the Legislative Assembly provides that the removals of confidential employees of the political fractions shall be agreed upon by the Directorate of the Legislative Assembly, prior “… recommendation and formal agreement of the respective fraction.”\n\nNote that the doubt that had been arising in the Legislative Assembly with Article 46, subsection b, of its Personnel Law, revolved around the need (or not) for an agreement of the fraction for the termination of confidential employees of political fractions. If the reform is approved, it is clear that this agreement is not necessary and that the approval of the fraction head is sufficient. It also adds—because it was not provided for in the previous regulation—that the approval of the deputy who had the official to be removed under their charge is necessary for the termination.\n\nIt should be added that in the aforementioned opinion C-161-2012, we had already indicated that “If the Legislative Directorate considers it more convenient for the removal of that type of official to be preceded only by the approval of the Fraction head, and not by a formal agreement of the Fraction, the appropriate course of action is to propose and process a legal reform in that regard.”\n\nConsidering the foregoing, we believe that the legislative reform on which we are being heard does not present any conflicts with constitutionality, since the matter it regulates falls within the sphere of competence of the legislator, and therefore it is the legislator who, in the final instance, must define the procedure to be followed for the removal of confidential employees of the political fractions.\n\nRegarding the form of the bill, we suggest changing the phrase that states “Cuando se trate de los empleados de fracción, su remoción bastará con el visto bueno del diputado a cargo y el respectivo jefe de fracción” to the following: “Cuando se trate de empleados de fracción, para su remoción bastará con el visto bueno del diputado que tiene a su cargo al funcionario y del respectivo jefe de fracción.” [Translator's note: This suggested wording change is preserved in Spanish as it proposes a specific amendment to the Spanish legislative text.]\n\nIV. CONCLUSION\n\nBased on the foregoing, it is the opinion of this advisory body that the bill on which we are being heard does not present constitutional issues, although it does have some issues of form, which we suggest correcting. Its approval or not involves considerations of opportunity and convenience that fall within the realm of legislative discretion.\n\nSincerely,\n\nJulio César Mesén Montoya\nAttorney for the Treasury\n\nJCMM/Kjm"
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