{ "id": "pgr-18151", "citation": "C-066-2014", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Caducidad de la potestad de anulación de patente comercial", "title_en": "Expiration of the Power to Annul a Commercial License", "summary_es": "La Procuraduría General de la República se pronunció sobre la solicitud de dictamen preceptivo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acuerdo municipal que aprobó el traspaso de una patente comercial en 2007. Concluyó que no es posible rendir dicho dictamen porque el plazo de caducidad de cuatro años, aplicable a actos firmes antes del 1 de enero de 2008, se había agotado incluso antes de abrir el procedimiento administrativo. El pronunciamiento reitera el criterio consolidado de que la reforma del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública no opera retroactivamente y que los actos anteriores a 2008 se rigen por el plazo original de cuatro años.", "summary_en": "The Attorney General's Office addressed a request for a mandatory legal opinion to declare the absolute, evident, and manifest nullity of a municipal agreement that approved the transfer of a commercial license in 2007. It concluded that it cannot issue the required favorable opinion, because the four-year expiration period applicable to acts finalized before January 1, 2008, had already lapsed even before the administrative proceeding was initiated. The opinion reaffirms the consolidated position that the reform of Article 173 of the General Law of Public Administration does not apply retroactively and that pre-2008 acts remain subject to the original four-year deadline.", "court_or_agency": "", "date": "04/03/2014", "year": "2014", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "nulidad absoluta, evidente y manifiesta", "caducidad", "acto declarativo de derechos", "artículo 173 LGAP", "dictamen preceptivo", "Código Procesal Contencioso Administrativo", "Procuraduría General de la República" ], "concept_anchors": [ { "article": "Artículo 173", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Transitorio III", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" } ], "keywords_es": [ "nulidad absoluta", "caducidad", "acto declarativo de derechos", "artículo 173 LGAP", "patente comercial", "Procuraduría General de la República", "Municipalidad de Tibás", "procedimiento administrativo", "Código Procesal Contencioso Administrativo", "dictamen preceptivo" ], "keywords_en": [ "absolute nullity", "expiration", "act declaring rights", "Article 173 LGAP", "commercial license", "Attorney General's Office", "Municipality of Tibás", "administrative proceeding", "Contentious-Administrative Procedure Code", "mandatory opinion" ], "excerpt_es": "Por su carácter ablatorio y excepcional, la potestad prevista en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se encuentra sujeta a la garantía del plazo de caducidad.\n\nAhora bien, aunque es cierto que con la reforma del artículo 173 – promulgada por el Código Contencioso Administrativo- se ha modificado dicho plazo de caducidad, lo cierto es que esa reforma opera únicamente en relación con los actos administrativos declarativos de derechos dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha reforma – sea el 1 de enero de 2008 -. (Sobre la forma en que opera el nuevo plazo de caducidad ver el dictamen C-281-2013 de 4 de diciembre de 2013)\n\nErgo, en el caso de los actos administrativos declarativos de derechos dictados con anterioridad al 1 de enero de 2008, aplicable es de 4 años contados a partir de la comunicación del acto, tal y como se preveía antes de la reforma mentada. Al respecto, conviene citar el dictamen C-131-2013 de 8 de julio de 2013, el cual contiene una relación de los reiterados criterios que la Procuraduría General de la República ha emitido en el tema:", "excerpt_en": "Due to its ablatory and exceptional nature, the power provided in Article 173 of the General Law of Public Administration (LGAP) is subject to the guarantee of an expiration period.\n\nNow, although it is true that the reform of Article 173 – enacted by the Contentious-Administrative Procedure Code – has modified said expiration period, it is equally true that this reform only applies to administrative acts that declare rights and were issued after the entry into force of said reform – that is, after January 1, 2008. (On how the new expiration period operates, see opinion C-281-2013 of December 4, 2013.)\n\nTherefore, in the case of administrative acts declaring rights that were issued before January 1, 2008, the applicable period is 4 years from the notification of the act, as provided before the aforementioned reform. In this regard, it is appropriate to cite opinion C-131-2013 of July 8, 2013, which contains a summary of the repeated criteria issued by the Attorney General's Office on this matter:", "outcome": { "label_en": "Unfavorable opinion", "label_es": "Dictamen desfavorable", "summary_en": "The Attorney General returns the request without the favorable opinion, because the period to exercise the power of absolute nullity over the 2007 municipal agreement has expired.", "summary_es": "La Procuraduría devuelve sin el dictamen favorable solicitado la gestión para anular el acuerdo municipal de 2007, por haber caducado el plazo para ejercer la potestad de nulidad absoluta." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Due to its ablatory and exceptional nature, the power provided in Article 173 of the General Law of Public Administration (LGAP) is subject to the guarantee of an expiration period.", "quote_es": "Por su carácter ablatorio y excepcional, la potestad prevista en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) se encuentra sujeta a la garantía del plazo de caducidad." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "this reform only applies to administrative acts that declare rights and were issued after the entry into force of said reform – that is, after January 1, 2008.", "quote_es": "esa reforma opera únicamente en relación con los actos administrativos declarativos de derechos dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha reforma – sea el 1 de enero de 2008." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "That is, more than four years have elapsed since the former Article 173 LGAP provided. 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Se\nextendió un testimonio de la escritura de protocolización con fecha 7 de agosto de 2007. (Ver folio\n5 del expediente administrativo.)\n\n\n\n b.        En fecha 7 de agosto de 2007, el señor Alvaro Marín Barquero solicitó a la Municipalidad\nde Tibás que aprobara el traspaso de esa patente comercial. (Ver folios 6 y 6 bis del expediente\nadministrativo.)\n\n\n\n c.         Por oficio del 6 de setiembre de 2007, el Departamento de Patentes de la Municipalidad\nde Tibás le comunicó al señor Alvaro Marín Barquero que el Concejo Municipal en sesión ordinaria N.°\n71 de 4 de setiembre de 2007 habría aprobado el traspaso a su favor de la patente comercial de Soda\ny Venta de Pollo de Pollos a la Leña Los Doraditos. (Ver folio 12 del expediente administrativo.)\n\n\n\n d.        Por escrito de 10 de marzo de 2008, la señora Ana Violeta Chacón Morales presentó un\nescrito alegando la invalidez del acuerdo del Concejo Municipal de traspaso de la patente de Pollos\na la Leña Los Doraditos, tomada en sesión del 4 de setiembre de 2007. Este escrito fue presentado\nhabiéndose vencido el plazo previsto, en el artículo 156 del Código Municipal, para presentar\nrecursos ordinarios contra los actos municipales. Sin embargo, la señora Chacón Morales señaló que\nel traspaso de la patente padecía de un vicio toda vez que se hizo sin su consentimiento como co-\npropietaria del inmueble. Finalmente, la señora Chacón Morales solicitó la revocatoria, por\nanulación, del acuerdo municipal de 4 de setiembre de 2007 relativo a la aprobación de la patente de\nPollos a la Leña Los Doraditos. Al efecto, indicó que ella es copropietaria del negocio y de la\npropiedad inmueble de Pollos a la Leña Los Doraditos. (Ver folios 13 al 16 del expediente\nadministrativo.)\n\n\n\n e.         Por acuerdo municipal N. II-1 de la sesión ordinaria N.° 125 de 16 de setiembre de 2008,\nel Concejo Municipal de Tibás resolvió revocar, por evidentes vicios de nulidad, el traspaso de la\npatente de Pollos Los Doraditos. (Ver folios 24 a 25 del expediente administrativo.)\n\n\n\n f.         Por acuerdo municipal N.° IV-2 de la sesión ordinaria N.° 127 de 30 de setiembre de\n2008, el Concejo Municipal de Tibás rechazó un recurso de revocatoria interpuesto por el señor\nAlvaro Marín Barqueo. (Ver folios 28 a 31 del expediente administrativo.)\n\n\n\n g.        La decisión del Concejo Municipal de 16 de setiembre de 2008, sin embargo, fue vetada por\nel Alcalde indicando que, de previo a dejar sin efecto un acto declarativo de derecho, debe seguirse\nun procedimiento administrativo ordinario. El veto fue acogido por el Concejo Municipal el día 28 de\nsetiembre de 2008. (Ver folios 42 a 43 del expediente administrativo.)\n\n\n\n h.        Mediante acuerdo del Concejo Municipal N.° III-3 de la sesión ordinaria N.° 185 de 10 de\nnoviembre de 2009, se resolvió nombrar una comisión, de entre sus miembros, para recomendar el curso\nde acción a seguir con la patente de Pollos a la Leña Los Doraditos. (Ver folio 48 del expediente\nadministrativo.)\n\n\n\n i.          Por acuerdo del Concejo Municipal N.° IV-1 de la sesión ordinaria N.° 37 de 11 de enero\nde 2011, se acogieron las recomendaciones  de la Comisión, designada por el Concejo Municipal de\nentre sus miembros para determinar el curso de acción a seguir con la patente de Pollos a la Leña\nLos Doraditos – esto en razón del veto del Alcalde -. El Concejo, acogiendo las recomendaciones de\nla Comisión – estimó que lo procedente era acoger el veto por tratarse de un acto declaratorio de\nderechos y proceder a abrir un procedimiento, conforme el artículo 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública, para declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta. (Ver folios 48 y\n49 del expediente administrativo.)\n\n\n\n j.          En sesión extraordinaria  N.° 66 de 7 de setiembre de 2012 y mediante acuerdo V-ALT-1,\nel Concejo Municipal instruye al Alcalde para contratar un profesional externo que dirija el\nprocedimiento administrativo para anular por nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo\ntomado en sesión ordinaria N.° 71 de 4 de setiembre de 2007 que  habría aprobado el traspaso a su\nfavor de la patente comercial de Soda y Venta de Pollo de Pollos a la Leña Los Doraditos. Esta\ncontratación se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2013. (Ver folio 1 del expediente\nadministrativo.)\n\n\n\n k.        Por resolución OD-001 se dicta la resolución de inicio del procedimiento administrativo\npara declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del traspaso de la patente comercial de\nPollos a la Leña Los Doraditos. Esta resolución fue notificada a Alvaro Marín Barquero el día 19 de\ndiciembre de 2013. En esta resolución se convocó para audiencia oral y privada el día 31 de enero de\n2014. (Ver folios del 77 al 83 del expediente administrativo.)\n\n\n\n l.          La audiencia oral y privada se celebró a las 8:30 horas del 31 de enero de 2014. (Ver\nfolios del 122 al 139 del expediente administrativo.)\n\n\n\n m.      Por acuerdo N.° VII-1 tomado en la sesión ordinaria N.° 198 de 11 de febrero de 2014, el\nConcejo Municipal de Tibás resolvió solicitar a la Procuraduría General de la República el dictamen\nfavorable para anular el acuerdo firme tomado en la sesión ordinaria N.° 71 de 4 de setiembre de\n2007 que  habría aprobado el traspaso a su favor de la patente comercial de Soda y Venta de Pollo de\nPollos a la Leña Los Doraditos.(Ver folios sin número del expediente administrativo.)\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.                IMPROCEDENCIA DE RENDIR EL DICTAMEN PRECEPTIVO Y FAVORABLE REQUERIDO\n\n\n\n\n \n\n\n\n Examinados los antecedentes es necesario indicar que no es posible rendir el dictamen preceptivo y\nfavorable.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEn este sentido deben hacerse las siguientes consideraciones de interés.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por su carácter ablatorio y excepcional, la potestad prevista en el numeral 173 de la Ley General\nde la Administración Pública (LGAP) se encuentra sujeta a la garantía del plazo de caducidad.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, aunque es cierto que con la reforma del artículo 173 – promulgada por el Código\nContencioso Administrativo- se ha modificado dicho plazo de  caducidad, lo cierto es que esa reforma\nopera únicamente en relación con los actos administrativos declarativos de derechos dictados con\nposterioridad a la entrada en vigencia de dicha reforma – sea el 1 de enero de 2008 -. (Sobre la\nforma en que opera el nuevo plazo de caducidad ver el dictamen C-281-2013 de 4 de diciembre de 2013)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ergo, en el caso de los actos administrativos declarativos de derechos dictados con anterioridad al\n1 de enero de 2008, aplicable es de 4 años contados a partir de la comunicación del acto, tal y como\nse preveía antes de la reforma mentada. Al respecto, conviene citar el dictamen C-131-2013 de 8 de\njulio de 2013, el cual contiene una relación de los reiterados criterios que la Procuraduría General\nde la República ha emitido en el tema:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“B.               SOBRE EL PLAZO DE CADUCIDAD\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por su carácter ablatorio y excepcional, la potestad prevista en el numeral 173 LGAP se encuentra\nsujeta  a la garantía del plazo de caducidad. Ha sido criterio consolidado de la jurisprudencia\nadministrativa, que en el caso de los actos dictados con anterioridad al 1 de enero de 2008 – fecha\nde entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual reformó el numeral\n173 – el plazo de caducidad aplicable es de 4 años contados a partir de la comunicación del acto,\ntal y como se preveía antes de la reforma mentada. Sobre este tema baste citar el dictamen C-55-2011\nde 3 de marzo de 2011:\n\n\n\n\n \n\n\n\n          “ Entre el régimen de garantías que condicionan el ejercicio de la potestad prevista del\nartículo 173 LGAP, debe destacarse que el inciso 4 de la norma citada, ha establecido un plazo de\ncaducidad.         \n\n\n\n\n \n\n\n\n Este plazo de caducidad, de acuerdo con el  inciso 4 del artículo 173 LGAP vigente,  es actualmente\nde un  año, contado a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. Nótese que la\nredacción actual del artículo 173 es el resultado de la reforma operada por la Ley N.° 8508 de 28 de\nabril de 2006, vigentes desde el 1 de enero de 2008 (Código Procesal Contencioso Administrativo.)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Sin embargo, nuestra jurisprudencia administrativa ha establecido que en relación con los actos\ndeclaratorios de derechos dictados antes del 1 de enero de 2008, y en orden a ejercer la potestad de\nrevisión del 173 LGAP, el plazo de caducidad que rige es el que establecía el inciso 5 del artículo\n173 LGAP antes de la reforma implementada por el Código Procesal Contencioso Administrativo. Esto en\nvirtud del régimen transitorio previsto en el transitorio III del Código. Es decir que para dichos\nactos el plazo de caducidad que rige es el de cuatro años contados a partir de la adopción del acto.\nEn este sentido, conviene citar el dictamen C-059-2009 de 23 de febrero de 2009, reiterado por el\ndictamen C-121-2009 de 6 de mayo de 2009:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “No obstante, antes de su reforma – modificación que operó por virtud del Código Procesal\nContencioso Administrativo –, correspondía al inciso 5 del artículo 173 determinar el plazo de\ncaducidad, el cual se había fijado en cuatro años contados, por supuesto, a partir de dictado el\nacto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLa cita de las anteriores normas se justifica por las siguientes razones:\n\n\n\n 1.En primer término, con anterioridad a la reforma que sufrieron ambos artículos por la emisión del\nCódigo Procesal Contencioso Administrativo, la Administración contaba con un plazo de caducidad de\ncuatro años para intentar la declaratoria de nulidad, en cualesquiera de las dos vías que estas\nnormas proscribían.  Sin embargo, es claro que la nueva redacción implica un cambio radical en\ncuanto al ejercicio temporal de la potestad, pues ahora se cuenta con un plazo “abierto” siempre que\nel acto administrativo esté desplegando efectos.   Y precisamente en el caso de un acto de\nincorporación a un colegio profesional, estima la Procuraduría General que estaríamos en presencia\nde unos efectos que perduran –mantienen- en el tiempo, sin importar la fecha de aquella\nincorporación, pues se trata de la habilitación para que un profesional pueda desempañarse en el\ncampo científico o técnico que está cobijado por la tutela del Colegio Profesional.  Luego,\nestimamos que, en el caso descrito –incorporación- el Colegio Profesional puede ejercitar su\npotestad anulatoria siempre que el colegiado se mantenga activo, y hasta un año después de que, por\nalguna circunstancia, haya cesado su status de miembro activo del Colegio.\n\n\n\n 2. Lo dicho en el punto anterior también lleva a reflexionar sobre la vigencia temporal de las\nreformas legislativas sufridas por los artículos 173 y 183 reseñados.  Esto por cuanto resulta de\nfácil suposición el que, por ejemplo, el acto de incorporación sobre el cual se tengan motivos\nfundados para cuestionar su legalidad, se haya acordado con anterioridad al 1 de enero del 2008, sea\ncuando aquellos artículos aún conservaban el plazo de caducidad de los cuatro años.   Lo cual haría\nsurgir la duda bajo cuál redacción del 173 o 183 se debe intentar la nulidad si esa decisión se\nadopta, por ejemplo, el día de hoy.  Específicamente, si respetando los cuatro años si el acto de\nincorporación se adoptó antes del 1 de enero del 2008, o bien, sin sujeción a plazo, atendiendo a la\nliteralidad de los artículos 173 y 183 vigentes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Nuestro criterio es que el asunto viene resuelto por el Transitorio III del Código Procesal\nContencioso Administrativo, que dispone:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“TRANSITORIO III.\n\n\n\n El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de\nla vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Entonces, si el acto de declaratorio de derechos que tomó el Colegio de Bibliotecarios\nse estima nulo, y fue adoptado con anterioridad al 1 de enero del 2008, se sujeta la discusión del\nvicio, sea por vía del procedimiento administrativo de nulidad absoluta, evidente y manifiesta [1] ,\no por la vía jurisdiccional de la lesividad [2] , a que no hayan transcurrido cuatro años desde la\nfecha de emisión de aquel acto.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            En el caso concreto, pues, resulta claro que el plazo de caducidad se ha agotado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En efecto, de la relación de antecedentes precedente se deriva que el acto que  la\nAdministración ha pretendido anular por la vía administrativa fue adoptado el 14 de marzo de 2006.\nEs decir que el plazo de caducidad que rige dicho acto es el de 4 años vigente en el momento en que\nfue adoptado, y el cual claramente se encontraba vencido incluso al momento en que se ordenó abrir\nel procedimiento administrativo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por lo expuesto, este Órgano Superior Consultivo encuentra una imposibilidad de rendir\nel dictamen preceptivo y favorable requerido por el inciso 1 del Artículo 173 de la Ley General de\nla Administración Pública. Lo anterior sin perjuicio, primero, de las responsabilidades penales que\npodría eventualmente haberse incurrido por el presunto uso de documento falso. Y luego, sin\nperjuicio también de la posibilidad que tiene la Administración de investigar la existencia de\nnulidad absoluta, evidente y manifiesta del oficio DDE-549-2008 de 14 de agosto de 2008 dictado por\nel Departamento de Desarrollo Educativo. Acto a través del cual se reconoce y equipara como\nBachillerato el Título de Educación Media expedido presuntamente por la institución denominada\nInternational HCU.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEn el presente caso, pues, es evidente que el plazo de caducidad se ha agotado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En efecto, debe advertirse que el acto administrativo que aquí se pretende anular es un acuerdo del\nConcejo Municipal de Tibás tomado en la sesión ordinaria N.° 71 de 4 de setiembre de 2007 y\ncomunicado a la parte interesada el 6 de setiembre de 2007.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Es decir que a la fecha han transcurrido más de los cuatro años previstos en el antiguo artículo\n173 LGAP. Debe notarse que este plazo incluso ya se había vencido en el momento de dictar la\nresolución de inicio del presente procedimiento administrativo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por lo expuesto, este Órgano Superior Consultivo encuentra una imposibilidad de rendir el dictamen\npreceptivo y favorable requerido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII.             CONCLUSION\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con fundamento en lo expuesto, se devuelve sin el dictamen afirmativo solicitado la gestión\ntendiente acuerdo del Concejo Municipal de Tibás tomado en la sesión ordinaria N.° 71 de 4 de\nsetiembre de 2007 y comunicado a la parte interesada el 6 de setiembre de 2007.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                                                Atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                                 Jorge Andrés Oviedo\nAlvarez                            \n\n\n\n                                                                                 Procurador\nAdjunto                                         \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nJOA/jmd", "body_en_text": "Opinion : 066 of 03/04/2014\n\n\n\nMarch 4, 2014\n\n\nC-066-2014\n\n\n\n\nMs.\n\n\nJannina Villalobos Solís\n\n\nMunicipality of Tibás\n\n\nSecretary\n\n\n\n\nDear Madam:\n\n\n\n With the approval of the Attorney General of the Republic, I respond to official letter\nSCM-008-E-02-2014 of February 12, 2014.\n\n\n\n By official letter SCM-008-E-02-2014, we are notified of the agreement of the Municipal Council of\nTibás No. VII-1 of Ordinary Session No. 198 of February 11, 2013, by which the mandatory and\nfavorable opinion required by Article 173 of the General Law of Public Administration is requested,\nin order to declare the absolute, evident, and manifest nullity of the act of transfer of the\ncommercial license (patente comercial) of Pollos a la Leña Doraditos, which is an agreement of the\nMunicipal Council of Tibás adopted in ordinary session No. 71 of September 4, 2007, and communicated\nto the interested party on September 6, 2007.\n\n\n\n\nI. BACKGROUND\n\n\n\n After analyzing the administrative file attached to the request, we consider it appropriate to\nmention the following background information of importance for the decision on this matter:\n\n\n\n a. By means of a contract recorded in the protocol of Notary Maureen Catalina Bustos Jiménez,\nMr. Jose Antonio Solano Gutiérrez assigned to Mr. Alvaro Marín Barquero the commercial license\n(patente comercial) of the business called Pollos a la Leña Los Doraditos, located in Tibás. A\ncertified copy (testimonio) of the deed of protocolization dated August 7, 2007, was issued. (See\nfolio 5 of the administrative file.)\n\n\n\n b. On August 7, 2007, Mr. Alvaro Marín Barquero requested the Municipality of Tibás to approve\nthe transfer of said commercial license (patente comercial). (See folios 6 and 6 bis of the\nadministrative file.)\n\n\n\n c. By official letter of September 6, 2007, the Licensing Department (Departamento de Patentes)\nof the Municipality of Tibás informed Mr. Alvaro Marín Barquero that the Municipal Council, in\nordinary session No. 71 of September 4, 2007, had approved the transfer to him of the commercial\nlicense (patente comercial) for Soda y Venta de Pollo de Pollos a la Leña Los Doraditos. (See folio\n12 of the administrative file.)\n\n\n\n d. By written submission of March 10, 2008, Ms. Ana Violeta Chacón Morales filed a document\nalleging the invalidity of the Municipal Council agreement to transfer the license (patente) of\nPollos a la Leña Los Doraditos, adopted in the session of September 4, 2007. This document was filed\nafter the deadline established in Article 156 of the Municipal Code for filing ordinary appeals\nagainst municipal acts had expired. However, Ms. Chacón Morales stated that the license transfer\nsuffered from a defect (vicio) since it was done without her consent as co-owner of the property.\nFinally, Ms. Chacón Morales requested the revocation, through annulment, of the municipal agreement\nof September 4, 2007, regarding the approval of the license (patente) for Pollos a la Leña Los\nDoraditos. To that end, she indicated that she is co-owner of the business and the real property of\nPollos a la Leña Los Doraditos. (See folios 13 to 16 of the administrative file.)\n\n\n\n e. By municipal agreement No. II-1 of ordinary session No. 125 of September 16, 2008, the\nMunicipal Council of Tibás decided to revoke, due to evident nullity defects (vicios de nulidad),\nthe transfer of the license (patente) of Pollos Los Doraditos. (See folios 24 to 25 of the\nadministrative file.)\n\n\n\n f. By municipal agreement No. IV-2 of ordinary session No. 127 of September 30, 2008, the\nMunicipal Council of Tibás rejected an appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed by Mr.\nAlvaro Marín Barquero. (See folios 28 to 31 of the administrative file.)\n\n\n\n g. The decision of the Municipal Council of September 16, 2008, was, however, vetoed by the\nMayor, indicating that, before rendering a right-conferring act (acto declarativo de derecho)\nineffective, an ordinary administrative procedure must be followed. The veto was accepted by the\nMunicipal Council on September 28, 2008. (See folios 42 to 43 of the administrative file.)\n\n\n\n h. By Municipal Council agreement No. III-3 of ordinary session No. 185 of November 10, 2009,\nit was decided to appoint a committee, from among its members, to recommend the course of action to\nbe followed regarding the license (patente) of Pollos a la Leña Los Doraditos. (See folio 48 of the\nadministrative file.)\n\n\n\n i. By Municipal Council agreement No. IV-1 of ordinary session No. 37 of January 11, 2011, the\nrecommendations of the Committee, designated by the Municipal Council from among its members to\ndetermine the course of action to be followed regarding the license (patente) of Pollos a la Leña\nLos Doraditos – this due to the Mayor's veto – were accepted. The Council, accepting the Committee's\nrecommendations, considered that the appropriate action was to accept the veto because it was a\nright-conferring act (acto declaratorio de derechos) and to proceed to open a procedure, pursuant to\nArticle 173 of the General Law of Public Administration, to declare its absolute, evident, and\nmanifest nullity. (See folios 48 and 49 of the administrative file.)\n\n\n\n j. In extraordinary session No. 66 of September 7, 2012, and through agreement V-ALT-1, the\nMunicipal Council instructed the Mayor to hire an external professional to lead the administrative\nprocedure to annul, for absolute, evident, and manifest nullity, the agreement adopted in ordinary\nsession No. 71 of September 4, 2007, which had approved the transfer to him of the commercial\nlicense (patente comercial) of Soda y Venta de Pollo de Pollos a la Leña Los Doraditos. This hiring\nbecame effective on December 9, 2013. (See folio 1 of the administrative file.)\n\n\n\n k. By resolution OD-001, the resolution initiating the administrative procedure to declare the\nabsolute, evident, and manifest nullity of the transfer of the commercial license (patente\ncomercial) of Pollos a la Leña Los Doraditos was issued. This resolution was notified to Alvaro\nMarín Barquero on December 19, 2013. In this resolution, an oral and private hearing was called for\nJanuary 31, 2014. (See folios 77 to 83 of the administrative file.)\n\n\n\n l. The oral and private hearing was held at 8:30 a.m. on January 31, 2014. (See folios 122 to\n139 of the administrative file.)\n\n\n\n m. By agreement No. VII-1 adopted in ordinary session No. 198 of February 11, 2014, the\nMunicipal Council of Tibás resolved to request from the Attorney General's Office the favorable\nopinion to annul the final agreement adopted in ordinary session No. 71 of September 4, 2007, which\nhad approved the transfer to him of the commercial license (patente comercial) of Soda y Venta de\nPollo de Pollos a la Leña Los Doraditos. (See unnumbered folios of the administrative file.)\n\n\n\n\nII. INAPPROPRIATENESS OF RENDERING THE REQUIRED MANDATORY AND FAVORABLE OPINION\n\n\n\n Having examined the background, it is necessary to indicate that it is not possible to render the\nmandatory and favorable opinion.\n\n\n\n In this regard, the following considerations of interest must be made.\n\n\n\n Due to its ablatory and exceptional nature, the power provided for in Article 173 of the General\nLaw of Public Administration (LGAP) is subject to the guarantee of the limitation period (plazo de\ncaducidad).\n\n\n\n Now, although it is true that with the reform of Article 173 – enacted by the Contentious\nAdministrative Code – said limitation period (plazo de caducidad) has been modified, the fact is\nthat said reform only operates in relation to right-conferring administrative acts issued after the\nentry into force of said reform – that is, January 1, 2008. (On the manner in which the new\nlimitation period operates, see opinion C-281-2013 of December 4, 2013)\n\n\n\n Ergo, in the case of right-conferring administrative acts issued before January 1, 2008, the\napplicable period is 4 years counted from the communication of the act, as was provided for before\nthe aforementioned reform. In this regard, it is appropriate to cite opinion C-131-2013 of July 8,\n2013, which contains an account of the reiterated criteria that the Attorney General's Office has\nissued on the subject:\n\n\n\n\n“B. ON THE LIMITATION PERIOD (PLAZO DE CADUCIDAD)\n\n\n\n Due to its ablatory and exceptional nature, the power provided for in Article 173 LGAP is subject\nto the guarantee of the limitation period (plazo de caducidad). It has been a consolidated criterion\nof administrative jurisprudence that, in the case of acts issued before January 1, 2008 – the date\nof entry into force of the Contentious Administrative Procedural Code, which reformed Article 173 –\nthe applicable limitation period (plazo de caducidad) is 4 years counted from the communication of\nthe act, as was provided for before the aforementioned reform. On this subject, it suffices to cite\nopinion C-55-2011 of March 3, 2011:\n\n\n\n ‘Among the guarantees that condition the exercise of the power provided for in Article 173 LGAP,\nit should be noted that subsection 4 of the cited norm has established a limitation period (plazo de\ncaducidad).\n\n\n\n This limitation period (plazo de caducidad), according to current subsection 4 of Article 173\nLGAP, is currently one year, counted from the adoption of the act, unless its effects persist. Note\nthat the current wording of Article 173 is the result of the reform implemented by Law No. 8508 of\nApril 28, 2006, in force since January 1, 2008 (Contentious Administrative Procedural Code.)\n\n\n\n However, our administrative jurisprudence has established that in relation to right-conferring\nacts issued before January 1, 2008, and in order to exercise the power of review under Article 173\nLGAP, the governing limitation period (plazo de caducidad) is that which was established in\nsubsection 5 of Article 173 LGAP before the reform implemented by the Contentious Administrative\nProcedural Code. This is by virtue of the transitional regime provided for in Transitory Provision\nIII of the Code. That is to say, for such acts, the governing limitation period (plazo de caducidad)\nis four years counted from the adoption of the act. In this sense, it is appropriate to cite opinion\nC-059-2009 of February 23, 2009, reiterated by opinion C-121-2009 of May 6, 2009:\n\n\n\n “However, before its reform – a modification that took effect by virtue of the Contentious\nAdministrative Procedural Code – subsection 5 of Article 173 determined the limitation period (plazo\nde caducidad), which had been set at four years counted, of course, from the issuance of the act.\n\n\n\nThe citation of the previous norms is justified for the following reasons:\n\n\n\n 1. First, prior to the reform that both articles underwent due to the issuance of the Contentious\nAdministrative Procedural Code, the Administration had a limitation period (plazo de caducidad) of\nfour years to seek the declaration of nullity, through either of the two routes proscribed by these\nnorms. However, it is clear that the new wording implies a radical change regarding the temporal\nexercise of the power, as there is now an “open” period provided the administrative act is producing\neffects. And precisely in the case of an act of incorporation into a professional association\n(colegio profesional), the Attorney General's Office considers that we would be in the presence of\neffects that persist – are maintained – over time, regardless of the date of said incorporation,\nsince it involves the authorization for a professional to practice in the scientific or technical\nfield protected by the Professional Association's oversight. Therefore, we consider that, in the\ndescribed case – incorporation – the Professional Association can exercise its annulment power as\nlong as the member remains active, and for up to one year after, for some circumstance, their status\nas an active member of the Association has ceased.\n\n\n\n 2. What was stated in the previous point also leads to reflection on the temporal effect of the\nlegislative reforms undergone by the referenced Articles 173 and 183. This is because it is easy to\nassume that, for example, the act of incorporation for which there are well-founded reasons to\nquestion its legality was agreed upon before January 1, 2008, that is, when those articles still\npreserved the four-year limitation period (plazo de caducidad). This would raise the question under\nwhich wording of Article 173 or 183 the nullity must be sought if that decision is adopted, for\nexample, today. Specifically, whether respecting the four years if the act of incorporation was\nadopted before January 1, 2008, or else, without subjection to a period, following the literal text\nof Articles 173 and 183 currently in force.\n\n\n\n Our criterion is that the matter is resolved by Transitory Provision III of the Contentious\nAdministrative Procedural Code, which states:\n\n\n\n\n“TRANSITORY PROVISION III.\n\n\n\n The regime for challenging acts that have become final in administrative proceedings before the\nentry into force of this Code shall be governed by the legislation in force at that time.”\n\n\n\n Therefore, if the right-conferring act (acto de declaratorio de derechos) adopted by the College\nof Librarians is deemed null, and was adopted before January 1, 2008, the discussion of the defect\n(vicio) is subject – whether through the administrative procedure of absolute, evident, and manifest\nnullity [1], or through the jurisdictional route of lesividad (lesividad) [2] – to the condition\nthat four years have not elapsed from the date of issuance of that act.”\n\n\n\n\n In the present case, therefore, it is evident that the limitation period (plazo de caducidad) has\nexpired.\n\n\n\n Indeed, it should be noted that the administrative act sought to be annulled here is an agreement\nof the Municipal Council of Tibás adopted in ordinary session No. 71 of September 4, 2007, and\ncommunicated to the interested party on September 6, 2007.\n\n\n\n That is to say, as of today, more than the four years provided for in the former Article 173 LGAP\nhave elapsed. It should be noted that this period had even already expired at the time of issuing the\nresolution initiating the current administrative procedure.\n\n\n\n For the foregoing reasons, this Higher Consultative Body finds it impossible to render the\nrequired mandatory and favorable opinion.\n\n\n\n\nIII. CONCLUSION\n\n\n\n Based on the foregoing, the request concerning the agreement of the Municipal Council of Tibás\nadopted in ordinary session No. 71 of September 4, 2007, and communicated to the interested party on\nSeptember 6, 2007, is returned without the requested affirmative opinion.\n\n\n\n\nSincerely,\n\n\n\n Jorge Andrés Oviedo Alvarez\n Deputy Attorney General\n\n\n\nJOA/jmd" }