{ "id": "pgr-18310", "citation": "OJ-065-2014", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Concesión portuaria y litispendencia", "title_en": "Port concession and lis pendens", "summary_es": "La consulta legislativa preguntaba cuál es la instancia estatal competente para dar en concesión una porción marítima para construir un puerto, en referencia al contrato de la Terminal de Contenedores de Moín adjudicado a APM Terminals. La Procuraduría General de la República determinó que la cuestión no es admisible, porque el objeto de la consulta coincide con la materia debatida en el proceso contencioso administrativo N.° 11-1347-1027-CA, que aún se encuentra en fase de casación ante la Sala Primera. Con base en su jurisprudencia reiterada, la Procuraduría se abstiene de emitir pronunciamiento sobre asuntos que están siendo ventilados en sede judicial, para evitar interferencias con la función jurisdiccional y respetar la jerarquía normativa.", "summary_en": "The legislative inquiry asked which state entity is competent to grant a concession over a maritime area for the construction of a port, referencing the Moín Container Terminal contract awarded to APM Terminals. The Attorney General's Office determined that the query is inadmissible because its subject matter overlaps with the issues being litigated in administrative contentious proceeding No. 11-1347-1027-CA, which is still pending cassation appeal before the First Chamber of the Supreme Court. Following its well-established practice, the Attorney General abstains from opining on matters under judicial review to avoid interference with the jurisdictional function and to respect normative hierarchy.", "court_or_agency": "", "date": "25/06/2014", "year": "2014", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "litispendencia", "materia no consultable", "función consultiva", "proceso contencioso administrativo", "casación", "cosa juzgada material", "jerarquía normativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "proceso N.° 11-1347-1027-CA", "law": "Ley de lo Contencioso Administrativo" }, { "article": "C-18-2014, C-136-2014, OJ-043-2003", "law": "Jurisprudencia PGR" } ], "keywords_es": [ "Opinión Jurídica", "Procuraduría General de la República", "consulta legislativa", "litispendencia", "materia no consultable", "proceso contencioso administrativo", "interferencia jurisdiccional", "jerarquía normativa", "concesión portuaria", "Terminal de Contenedores de Moín", "JAPDEVA", "APM Terminals" ], "keywords_en": [ "Attorney General's Opinion", "legal opinion admissibility", "lis pendens", "non-consultable matter", "administrative contentious proceeding", "judicial interference", "normative hierarchy", "port concession", "Moín Container Terminal", "APM Terminals", "JAPDEVA", "legislative inquiry" ], "excerpt_es": "En este sentido, conviene indicar que ha sido criterio reiterado en la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo que éste debe abstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia. Esto a fin de evitar interferencias con el ejercicio de la función jurisdiccional, pero además de respetar el criterio de jerarquía normativa. Así se considera, entonces, que los asuntos objeto de discusión ante los tribunales de justicia – como el que se da en la especie – son materia no consultable.\n\nErgo, es claro que, a pesar del afán de colaboración hacia el Poder Legislativo que ha motivado a que este Órgano Superior Consultivo atienda las consultas de las diferentes comisiones legislativas y de los señores diputados, lo cierto es que, en este caso, la cuestión consultada constituye también parte del objeto que se encuentra actualmente en controversia dentro del proceso contencioso administrativo N.° 11-1347-1027-CA, lo cual implica que no sea admisible.", "excerpt_en": "In this regard, it is worth noting that it has been the consistent criterion of the administrative case law of this Superior Consultative Body that it must refrain from issuing an opinion on matters that are the subject of discussion before the courts of justice. This is to avoid interference with the exercise of the jurisdictional function, and also to respect the principle of normative hierarchy. It is thus considered that matters under discussion before the courts of justice—such as the one at hand—are not consultable.\n\nTherefore, it is clear that, despite the eagerness to cooperate with the Legislative Branch that has motivated this Superior Consultative Body to address the inquiries of the various legislative committees and members of Congress, the fact is that, in this case, the question asked is also part of the subject matter currently in dispute in administrative contentious proceeding No. 11-1347-1027-CA, which renders it inadmissible.", "outcome": { "label_en": "Inadmissible", "label_es": "Inadmisible", "summary_en": "The legislative inquiry regarding the authority to grant a maritime concession in Moín is inadmissible due to lis pendens with administrative contentious proceeding No. 11-1347-1027-CA.", "summary_es": "La consulta legislativa sobre la competencia para otorgar una concesión marítima en Moín es inadmisible por litispendencia con el proceso contencioso administrativo N.° 11-1347-1027-CA." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando jurídico", "quote_en": "it has been the consistent criterion of the administrative case law of this Superior Consultative Body that it must refrain from issuing an opinion on matters that are the subject of discussion before the courts of justice.", "quote_es": "ha sido criterio reiterado en la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo que éste debe abstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia." }, { "context": "Considerando jurídico", "quote_en": "it is thus considered that matters under discussion before the courts of justice—such as the one at hand—are not consultable.", "quote_es": "se considera, entonces, que los asuntos objeto de discusión ante los tribunales de justicia – como el que se da en la especie – son materia no consultable." }, { "context": "Cita de OJ-043-2003", "quote_en": "an opinion of the Attorney General's Office could be seen as an improper interference with the exercise of the jurisdictional function by the judges, which, as is well known, is governed by the principles of exclusivity, universality, and independence of the judge.", "quote_es": "un dictamen de la Procuraduría General de la República podría verse como una interferencia indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los jueces, la cual, como bien se sabe, está regentada por los principios de exclusividad, universalidad e independencia del juzgador." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=18310&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Opinión Jurídica : 065 - J   del 25/06/2014   \n\n\n25 de junio, 2014\n\nOJ-065-2014\n\n\n\n\n                                              \n\n\n\nSeñora\nLigia Elena Fallas Rodríguez\n\nDiputada\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta a su LFR-\nFFA-0047-2014 de 9 de junio de 2014.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En el oficio LFR-FFA-0047-2014 de 9 de junio de 2014 se consulta cuál es la instancia del Estado\ncompetente para dar en concesión una porción marítima para construir un puerto. Específicamente se\nindica que es de interés conocer cuál es la norma que otorgó competencia para suscribir el\ndenominado “Contrato de Concesión de Obra Pública para el Diseño, Financiamiento, Construcción,\nOperación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)” el cual fue adjudicado a APM\nTerminals. Se indica que este contrato implica una concesión de una porción de 80 hectáreas\ncubiertas por mar en la zona de Moín, Limón.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La consulta, sin embargo, no es admisible por cuanto la cuestión consultada constituye un asunto\nobjeto de discusión actual en un proceso jurisdiccional que se encuentra en trámite ante la\njurisdicción contenciosa administrativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n A.                LA CUESTION CONSULTADA CONSTITUYE UN ASUNTO OBJETO DE DISCUSION ACTUAL EN SEDE\nJURISDICCIONAL\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tal y como se ha explicado, la presente consulta tiene por objeto que se determine, en opinión\njurídica,  cuál es el órgano competente para dar en concesión una porción marítima a efectos de\nconstruir un puerto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De forma expresa, la consultante señala que lo que le interesa es que se determine cuál es el\nórgano competente para otorgar la concesión que tiene por objeto los servicios de diseño,\nplanificación, financiamiento, construcción y mantenimiento de la nueva Terminal de Contenedores de\nPuerto Moín, en la Provincia de Limón, así como su explotación, lo cual ha implicado conceder un\nárea cubierta por el mar. Incluso, se ha detallado que la consulta se refiere al contrato suscrito\npor el Poder Ejecutivo y Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente\nAtlántica (JAPDEVA) con Sociedad Anónima Nacional, APM Terminals Moín S.A. y APM TERMINALS CENTRAL\nAMERICA B.V.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Luego, debe señalarse que el objeto consultado constituye un asunto que actualmente es objeto de\ndiscusión  dentro del proceso contencioso administrativo N.° 11-1347-1027-CA (Cámara Nacional de\nBananeros, Sindicato Trabajadores JADPDEVA contra APM Terminal Central América B.V, Autoridad\nReguladora de los Servicios Públicos, Consejo Nacional de Concesiones, Contraloría General de la\nRepública, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica y\nel Estado.)\n\n\n\n\n \n\n\n\n En efecto, se impone advertir que dentro  del proceso contencioso aquí citado se ha discutido, como\nuno de sus puntos esenciales, la competencia del Poder Ejecutivo y del Concejo Nacional de\nConcesiones para licitar y suscribir el contrato con Sociedad Anónima Nacional, APM Terminals Moín\nS.A. y APM TERMINALS CENTRAL AMERICA B.V.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, debe advertirse que aunque en dicho proceso ya se ha dictado sentencia de instancia por\nparte de la sección VI del Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia N.° 153-2012-VI de las\n8:45 horas del 6 de agosto de 2012, el mismo no ha concluido ni esa sentencia se encuentra en firme,\ntoda vez que todavía se halla en fase de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de\nJusticia.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Así las cosas, es evidente que el objeto de la presente consulta y de la cuestión del proceso\njurisdiccional N.° 11-1347-1027-CA se traslapan.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior tiene implicaciones de la mayor importancia en orden a la posibilidad de atender, por\nel fondo, la consulta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En este sentido, conviene indicar que  ha sido criterio reiterado en la jurisprudencia\nadministrativa de este Órgano Superior Consultivo que éste debe abstenerse de emitir pronunciamiento\nrespecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia. Esto a fin de\nevitar interferencias con el ejercicio de la función jurisdiccional, pero además de respetar el\ncriterio de jerarquía normativa. Así se considera, entonces, que los asuntos objeto de discusión\nante los tribunales de justicia – como el que se da en la especie – son materia no consultable. Al\nrespecto, conviene citar lo señalado en el reciente dictamen C-18-2014 de 17 de enero de 2014 –\nreiterado por el C-136-2014 de 2 de mayo de 2014-:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Ante esas circunstancias, debemos indicarle que ha sido criterio reiterado de la Procuraduría que\ndebe abstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son objeto de discusión ante\nlos tribunales de justicia. Se desea evitar interferencias con el ejercicio de la función\njurisdiccional, pero además se respeta el criterio de jerarquía normativa:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “En segundo término, estamos frente a un asunto que se está ventilando en los Tribunales de\nJusticia. En efecto, el suscrito es el representante del Estado en el juicio ordinario que planteó\nCOOPESA contra aquél a causa de la situación que se presenta con la aplicación del régimen tarifario\nen el AIJS, el cual se tramita bajo el expediente judicial n.° 01-000416-0163-C.A. Frente a este\npanorama, la Procuraduría General de la República no puede ni debe ejercer la función consultiva,\ntoda vez que el tema está residenciado en sede judicial y, por consiguiente, serán los Tribunales de\nJusticia quienes, en definitiva, dirán a cuál de las partes le asiste la razón mediante una\nsentencia con el carácter de cosa juzgada material. Por otra parte, un dictamen de la Procuraduría\nGeneral de la República podría verse como una interferencia indebida en el ejercicio de la función\njurisdiccional por parte de los jueces, la cual, como bien se sabe, está regentada por los\nprincipios de exclusividad, universalidad e independencia del juzgador.” (Opinión Jurídica\nn.°OJ-043-2003 de 12 de marzo de 2003, ver en igual sentido los dictámenes C-053-2010 del 25 de\nmarzo de 2010 y C-278-2011 del 10 de noviembre de 2011).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Se considera, entonces, que los asuntos objeto de discusión ante los tribunales de justicia – como\nel que se da en la especie – son materia no consultable; de ahí que resulte inadmisible la presente\ngestión de reconsideración.”    \n\n\n\n\n \n\n\n\n             Ergo, es claro que, a pesar del afán de colaboración hacia el Poder Legislativo que ha\nmotivado a que este Órgano Superior Consultivo atienda las consultas de las diferentes comisiones\nlegislativas y de los señores diputados, lo cierto es que, en este caso, la cuestión consultada\nconstituye también parte del objeto que se encuentra actualmente en controversia dentro del proceso\ncontencioso administrativo N.° 11-1347-1027-CA, lo cual implica que no sea admisible.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nB.                CONCLUSION\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCon fundamento en lo expuesto, se concluye que la consulta no es admisible.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                                                Atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                                 Jorge Andrés Oviedo\nAlvarez                 \n\n\n\n\n                                                                                Procurador Adjunto", "body_en_text": "Legal Opinion : 065 - J of 6/25/2014\n\n\n\nJune 25, 2014\n\nOJ-065-2014\n\n\n\n\n\n\nMrs.\nLigia Elena Fallas Rodríguez\n\nMember of Congress\n\n\n\n\nLegislative Assembly\n\n\n\n\n\n\nDear Madam:\n\n\n\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I am responding to your document LFR-\nFFA-0047-2014 of June 9, 2014.\n\n\n\n\nIn document LFR-FFA-0047-2014 of June 9, 2014, an inquiry is made regarding which State entity is\ncompetent to grant a concession for a maritime portion to build a port. Specifically, it is\nindicated that it is of interest to know which rule granted the competence to sign the\nso-called \"Public Works Concession Contract for the Design, Financing, Construction,\nOperation, and Maintenance of the Moín Container Terminal (TCM)\" which was awarded to APM\nTerminals. It is indicated that this contract implies a concession of a portion of 80 hectares\ncovered by the sea in the Moín area, Limón.\n\n\n\n\nThe inquiry, however, is not admissible because the matter under consultation constitutes an issue\ncurrently under discussion in a judicial proceeding that is pending before the\ncontentious-administrative jurisdiction.\n\n\n\n\nA. THE MATTER UNDER CONSULTATION CONSTITUTES AN ISSUE CURRENTLY UNDER DISCUSSION IN A\nJUDICIAL VENUE\n\n\n\n\nAs has been explained, the purpose of this consultation is to determine, by means of a legal\nopinion, which body is competent to grant a concession for a maritime portion for the purpose of\nbuilding a port.\n\n\n\n\nThe consulting party expressly states that her interest is in determining which body is\ncompetent to grant the concession for the services of design,\nplanning, financing, construction, and maintenance of the new Moín Container Terminal, in the\nProvince of Limón, as well as its operation, which has entailed granting an\narea covered by the sea. It has even been detailed that the consultation refers to the contract signed\nby the Executive Branch and the Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic\nSlope (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente\nAtlántica, JAPDEVA) with Sociedad Anónima Nacional, APM Terminals Moín S.A., and APM TERMINALS CENTRAL\nAMERICA B.V.\n\n\n\n\nIt must then be noted that the subject matter of the inquiry constitutes an issue that is currently under\ndiscussion within contentious-administrative proceeding No. 11-1347-1027-CA (National Chamber of\nBanana Growers, JADPDEVA Workers' Union against APM Terminal Central América B.V, Regulatory\nAuthority for Public Services, National Concessions Council, Comptroller General of the\nRepublic, Board of Port Administration and Economic Development of the Atlantic Slope, and\nthe State.)\n\n\n\n\nIndeed, it is necessary to point out that within the judicial proceeding cited here, the competence of the Executive Branch and the National\nConcessions Council to tender and sign the contract with Sociedad Anónima Nacional, APM Terminals Moín\nS.A., and APM TERMINALS CENTRAL AMERICA B.V. has been discussed as one of its essential points.\n\n\n\n\nNow, it should be noted that although a trial court judgment has already been issued in that proceeding\nby Section VI of the Contentious-Administrative Tribunal, judgment No. 153-2012-VI at\n8:45 a.m. on August 6, 2012, the proceeding has not concluded, nor is that judgment final,\ngiven that it is still in the cassation phase before the First Chamber of the Supreme Court of\nJustice.\n\n\n\n\nThus, it is evident that the object of this consultation and the matter of judicial\nproceeding No. 11-1347-1027-CA overlap.\n\n\n\n\nThe foregoing has implications of the utmost importance regarding the possibility of addressing the\nconsultation on its merits.\n\n\n\n\nIn this regard, it is appropriate to indicate that it has been a reiterated criterion in the\nadministrative jurisprudence of this Higher Advisory Body that it must refrain from issuing an opinion\nregarding matters that are under discussion before the courts of justice. This is in order\nto avoid interference with the exercise of the judicial function, but also to respect the\ncriterion of regulatory hierarchy. It is thus considered that matters under discussion\nbefore the courts of justice – as is the case here – are issues not subject to consultation. In\nthis regard, it is appropriate to cite what was stated in recent opinion C-18-2014 of January 17, 2014 –\nreiterated by opinion C-136-2014 of May 2, 2014-:\n\n\n\n\n\"Under those circumstances, we must indicate that it has been a reiterated criterion of the Attorney General's Office that it\nmust refrain from issuing an opinion regarding matters that are under discussion before\nthe courts of justice. The goal is to avoid interference with the exercise of the\njudicial function, and furthermore, the criterion of regulatory hierarchy is respected:\n\n\n\n\n'Secondly, we are faced with a matter that is being ventilated in the Courts of\nJustice. Indeed, the undersigned is the representative of the State in the ordinary lawsuit filed by\nCOOPESA against the former due to the situation arising from the application of the tariff regime\nin the AIJS, which is processed under judicial case file No. 01-000416-0163-C.A. Faced with this\nscenario, the Attorney General's Office cannot and must not exercise its advisory function,\ngiven that the matter is lodged in a judicial venue and, consequently, it will be the Courts of\nJustice who will ultimately state which party is in the right through a\njudgment having the character of substantive res judicata. On the other hand, an opinion from the Attorney\nGeneral's Office could be seen as an undue interference in the exercise of the judicial\nfunction by the judges, which, as is well known, is governed by the\nprinciples of exclusivity, universality, and independence of the judge.' (Legal Opinion\nNo. OJ-043-2003 of March 12, 2003, see in the same sense opinions C-053-2010 of March\n25, 2010, and C-278-2011 of November 10, 2011).\n\n\n\n\nIt is thus considered that matters under discussion before the courts of justice – like\nthe one at hand – are issues not subject to consultation; hence, the present request for\nreconsideration is inadmissible.\"\n\n\n\n\nTherefore, it is clear that, despite the desire for collaboration with the Legislative Branch that\nhas motivated this Higher Advisory Body to address the consultations of the different legislative\ncommittees and of members of Congress, the truth is that, in this case, the matter under consultation\nalso constitutes part of the object currently in dispute within the contentious-\nadministrative proceeding No. 11-1347-1027-CA, which means it is not admissible.\n\n\n\n\nB. CONCLUSION\n\n\n\n\nBased on the foregoing, it is concluded that the consultation is not admissible.\n\n\n\n\n\n\n\nSincerely,\n\n\n\n\n\n\n\nJorge Andrés Oviedo\nAlvarez\n\n\n\nDeputy Attorney General" }