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  "id": "pgr-18692",
  "citation": "C-020-2015",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Inadmisibilidad de consulta sobre régimen laboral del Viceministerio de Telecomunicaciones por existir proceso judicial",
  "title_en": "Consultation on Labor Regime of Vice Ministry of Telecommunications Inadmissible Due to Pending Judicial Proceeding",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) sobre el régimen jurídico laboral de los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones. La consulta se originó en la duda sobre si estos funcionarios se rigen por el régimen de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), conforme al artículo 39 de la Ley 8660, y la validez del Decreto Ejecutivo 35458-MINAET (Estatuto Autónomo de Servicios del Viceministerio de Telecomunicaciones). La Procuraduría fundamenta su inadmisibilidad en que los aspectos consultados —diferencias salariales, régimen de vacaciones, jornada laboral y aplicabilidad normativa— están siendo objeto de discusión en procesos judiciales laborales activos tramitados ante el Juzgado de Trabajo de Heredia (expedientes 13-000509-0505-LA-3 y 13-000508-0505-LA-3). Conforme a su reiterada jurisprudencia, la Procuraduría se abstiene de emitir criterio sobre asuntos pendientes de resolución judicial para no interferir con la función jurisdiccional y respetar la jerarquía normativa. Por tanto, la consulta es rechazada y se deberá esperar a lo que resuelvan los tribunales.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office declares inadmissible the consultation submitted by the Ministry of Science, Technology and Telecommunications (MICITT) regarding the legal labor regime applicable to officials of the Vice Ministry of Telecommunications. The consultation concerned whether these officials are governed by the SUTEL regime under Article 39 of Law 8660 and the validity of Executive Decree 35458-MINAET. The PGR bases the inadmissibility on the fact that the consulted issues — salary differences, vacation regime, working hours, and applicable regulations — are being litigated in active judicial labor proceedings before the Labor Court of Heredia (case files 13-000509-0505-LA-3 and 13-000508-0505-LA-3). Consistent with its settled policy, the PGR abstains from issuing opinions on matters pending judicial resolution to avoid interference with the judicial function and to respect normative hierarchy. Therefore, the consultation is rejected, and the matter must await the courts' decision.",
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  "date": "09/02/2015",
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    "inadmisibilidad por litispendencia",
    "Procuraduría General de la República",
    "consulta vinculante",
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    "Viceministerio de Telecomunicaciones",
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  "keywords_en": [
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    "labor regime",
    "Vice Ministry of Telecommunications",
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    "Art. 39 Law 8660",
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  "excerpt_es": "En esas circunstancias, resulta indiscutible que la presente consulta concierne aspectos que deberán de ser dilucidados en el referido proceso contencioso-administrativo.\n\nAl respecto, debemos indicarle que ha sido criterio reiterado de la Procuraduría que debe abstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia. Se desea evitar interferencias con el ejercicio de la función jurisdiccional, pero además se respeta el criterio de jerarquía normativa.",
  "excerpt_en": "Under these circumstances, it is unquestionable that the present consultation concerns aspects that must be resolved in the aforementioned administrative litigation.\n\nIn this regard, we must indicate that it has been the repeated criterion of the Attorney General's Office that it must refrain from issuing an opinion on matters that are the subject of discussion before the courts. The aim is to avoid interferences with the exercise of the judicial function, and furthermore, to respect the criterion of normative hierarchy.",
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    "label_en": "Inadmissible",
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    "summary_en": "The PGR declares the consultation inadmissible because the consulted issues are under judicial discussion, abstaining from issuing an opinion until the courts decide.",
    "summary_es": "La Procuraduría declara inadmisible la consulta por estar los temas objeto de discusión en sede judicial, absteniéndose de emitir criterio hasta que los tribunales resuelvan."
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      "quote_en": "matters that are the subject of discussion before the courts — as in the present case — are not consultable; hence, it is inadmissible to address this consultation.",
      "quote_es": "los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia – como el que se da en la especie – son materia no consultable; de ahí que resulte inadmisible atender la presente consulta."
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      "quote_en": "it has been the repeated criterion of the Attorney General's Office that it must refrain from issuing an opinion on matters that are the subject of discussion before the courts.",
      "quote_es": "ha sido criterio reiterado de la Procuraduría que debe abstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia."
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  "body_es_text": "Dictamen : 020 del 09/02/2015   \n\n\n\n9 de febrero de 2015\n\n\n\n\nC-020-2015\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nGisella Kopper A.\n\n\n\n\nMinistra\n\n\n\n\nMinisterio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio n.°\nDM-658-MICITT-2014 del 6 de noviembre del año pasado – recibido el día siguiente – en el que se\nformulan una serie de interrogantes relacionadas con el régimen jurídico laboral de los funcionarios\ndel Viceministerio de Telecomunicaciones a partir del traslado que se hizo de ese viceministerio del\nMinisterio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología con la\nLey n.°9046 del 25 de junio de 2012.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Según se explica en su misiva, el traslado se hizo efectivo el 31 de enero de 2013, fecha en la que\nla cartera a su cargo recibió a 58 funcionarios sometidos al régimen laboral establecido en el\nartículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector\nTelecomunicaciones (n. °8660 del 8 de agosto del 2008), que señala que “estarán sujetos al régimen\njurídico laboral aplicable a los de la Superintendencia de Telecomunicaciones.”  Generándose de esta\nforma una diferenciación de regímenes respecto a los 78 funcionarios que ya laboraban para el\nMICITT, quienes están cobijados bajo el Estatuto del Servicio Civil.\n\n\n\n\n \n\n\n\n A ello se suma la promulgación por el Poder Ejecutivo del Estatuto Autónomo de Servicios del\nViceministerio de Telecomunicaciones (Decreto n.°35458-MINAET del 8 de julio del 2009) con la\nfinalidad de regular la relación de servicios entre dicho Viceministerio y sus funcionarios, lo que\nsegún se indica por usted, ameritó sendos análisis técnicos por parte del Departamento de Recursos\nHumanos y la Unidad de Asesoría Jurídica de ese Ministerio, en el que el primero determinó que a los\nfuncionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones les es aplicable el régimen de la SUTEL y por\nañadidura el Reglamento Autónomo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con\nuna serie de implicaciones a definir en cuanto a materia salarial, ascensos, ingreso, etc. Por su\nparte, el criterio legal determinó que el régimen laboral que se aplica actualmente a dichos\nfuncionarios  difiere del que se le aplica a los funcionarios de la SUTEL, “por lo que considera\nprocedente declarar la nulidad del citado Decreto Ejecutivo.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEn ese contexto, se solicita por la señora Ministra atender las siguientes preguntas:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “1. ¿Tiene el Poder Ejecutivo competencia para emitir reglamentos que regulen el régimen jurídico\nlaboral entre el Viceministerio de Telecomunicaciones y sus funcionarios?\n\n\n\n 2. ¿Se debe aplicar a los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones el Reglamento\nAutónomo de las Relaciones de Servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus\nÓrganos Desconcentrados y sus funcionarios?\n\n\n\n 3. ¿Deben someterse los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones al Reglamento\nAutónomo de las Relaciones de Servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,\n(sic) ¿Se debe aplicar en forma retroactiva? ¿qué sucedería en cuanto a las responsabilidades\nadministrativas y civiles que pudieran derivarse?\n\n\n\n 4. ¿Se rigen los funcionarios del  Viceministerio de Telecomunicaciones por políticas salariales\nrelacionadas con el incremento salariales (sic) que fija la ARESEP con base en el artículo 39 de la\nLey N°8660 o será la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria quien los determine con base\nen la escala de sueldos y salarios de la Administración Pública?\n\n\n\n 5. ¿En caso de que la política salarial aplicable sea la determinada para la ARESEP, cómo debe\nhacerse efectivos los aumentos semestrales y quién es el órgano competente para que la Secretaría\nTécnica de la Autoridad Presupuestaria los aplique?\n\n\n\n 6. ¿En caso de que la política salarial aplicable sea la determinada para la ARESEP, debe\nreconocerse a los servidores los incrementos fijados por esa Institución desde el ingreso de los\nfuncionarios a la Institución a la fecha, según cada caso?\n\n\n\n 7. ¿Debe proceder la Administración de oficio en el otorgamiento de los beneficios, pago de\ndiferencias salariales y/o cobros de dineros pagados de más o debe mediar solicitud expresa del\nservidor y/o resolución administrativa?\n\n\n\n 8. Los funcionarios que perciben salario global. ¿tienen impedimento alguno para ejercer su\nprofesión en forma liberal fuera de la institución? En caso afirmativo, está esto determinado por el\npuesto que ocupan o por percibir salario global?\n\n\n\n 9. En caso de que sea procedente declarar su nulidad, ¿Debe proceder la administración al cobro a\nlos funcionarios de sumas otorgadas incorrectamente en virtud de la aplicación del Decreto N°\n35458-MINAET denominado “Estatuto Autónomo de Servicios del Viceministerio de Telecomunicaciones”?\n\n\n\n 10. ¿Puede el reglamento autónomo del MICITT incluir regulación en cuanto horarios, obligaciones de\nlos funcionarios, etc., específica para los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones o\ndebe aplicarse el Reglamento que al efecto emita ARESEP?\n\n\n\n 11. ¿Qué sucede con los nombramientos realizados al amparo del Decreto Ejecutivo cuya nulidad se\nsolicita?”\n\n\n\n\n \n\n\n\n A la presente consulta se adjuntó el oficio n.°MICITT-AJ-33-2014 del 25 de abril del año pasado, en\nel que se rindió el criterio legal de la Asesoría Jurídica de ese ministerio, para la que, con\nfundamento en el principio de legalidad que rige el accionar de toda la Administración Pública, el\nrégimen jurídico laboral de los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones es el mismo de\nlos servidores de la SUTEL de conformidad con el artículo 39 de la Ley n.°8660, reformado a su vez\npor la Ley n.°9046. Por lo que también se regirían por el Reglamento autónomo de servicios que\nemitió la ARESEP para regular la relación con sus servidores. Al contraponerse el Estatuto Autónomo\nde Servicios del Viceministerio de Telecomunicaciones (Decreto n. °35458-MINAET)  con el régimen\njurídico laboral que se aplica a los funcionarios de la SUTEL, concluye que dicho decreto presenta\nvicios de nulidad en cuanto a su competencia y porque desconoce los derechos subjetivos derivados de\nlas leyes 8660 y 9046 en favor de los empleados públicos del sector de telecomunicaciones.      \n\n\n\n\n \n\n\n\n En ese entendido, tenemos que desde el 9 de diciembre del 2013 la Procuraduría fue notificada de un\nprimer proceso laboral de xxx y otros funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones en\ncontra del Estado, tramitado en el Juzgado de Trabajo de Heredia bajo el número de expediente\n13-000509-0505-LA-3. A esta causa le fue luego acumulada una segunda demanda (por auto de las 9:30\nhoras del 16 de junio del 2014) que interpuso el también funcionario de esa Rectoría, señor xxx,\ncorrespondiente al expediente 13-000508-0505-LA-3 y que ingresó a esta institución el 29 de abril\ndel 2014.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En ambas demandas – con una ligera diferencia respecto al puesto del señor xxx – las pretensiones\nde los demandantes en contra del Estado van dirigidas a:\n\n\n\n “a) Que se le aplique a mis poderdantes el régimen laboral que se le aplica a los funcionarios del\nmismo rango profesional de la Superintendencia de Telecomunicaciones.\n\n\n\n b) Que derivado de lo anterior, se le cancele a mis poderdantes todas las diferencias salariales\nque les correspondan, y de conformidad con el salario establecido por el puesto o rango profesional\n3 de Sutel, desde que iniciaron sus relaciones laborales con el ente accionado, y hacia el futuro,\nsin necesidad de nueva gestión al efecto, y de conformidad con el salario del grado de profesional 3\ncancelado a los funcionarios de la Sutel al momento en que mis poderdantes iniciaron sus relaciones\nlaborales para con el accionado.\n\n\n\n c) Que se condene al accionado al pago de todas las diferencias que por concepto de vacaciones\nanuales les corresponden a mis poderdantes, desde que iniciaron labores para el mismo, y hacia el\nfuturo, sin necesidad de nueva gestión al efecto.\n\n\n\n d) Pago a mis poderdantes de toda la jornada extraordinaria que se les adeuda, desde que iniciaron\nlabores para el mismo y hacia el futuro, sin necesidad de nueva gestión al efecto.\n\n\n\n\ne) Que se ordene la indexación de las sumas adeudadas a mis patrocinados.\n\n\n\n f) Pago de los intereses sobre todas las sumas adeudadas, desde que debieron ser canceladas y hasta\nel efecto pago de las mismas.\n\n\n\n\ng) Pago de ambas costas de esta litis.” (El subrayado no es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tal como se desprende del texto transcrito, en este momento existe una causa judicial en curso en\nel que se discuten los puntos objeto de consulta, lo que de acuerdo a la línea jurisprudencial\nsostenida por este órgano superior consultivo determina su inadmisibilidad. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Este problema de admisibilidad se hace más evidente al momento de revisar el cuadro fáctico y los\nargumentos de Derecho en que se sustentan tanto los escritos de demanda, como de contestación por\nparte de la Procuraduría en representación del Estado. Así, por ejemplo, por parte de los actores se\nalega en su “hecho” quinto: “Que pese a la claridad y contundencia de las disposiciones contenidas\npor la versión vigente del último párrafo del numeral 39, a mi poderdante se le ha dado un trato\nlaboral diferente, puesto que se le ha sometido a un régimen laboral diverso a aquel establecido\npara la Superintendencia de Telecomunicaciones desde que inició su relación laboral con el Estado-\npatrono, por lo que recurrimos a esa sede, a fin de que tal situación sea debidamente corregida.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n A lo que agregan, en el apartado de consideraciones de Derecho: “debemos indicar que a mis\npoderdantes se les ha fijado, por parte del Micitt, un salario único de los coaccionantes, diferente\nal que se otorga a los funcionarios de la Sutel, al momento en que mis patrocinados iniciaron sus\nrelaciones laborales con dicho Ministerio. En igual sentido, a los coaccionantes se les ha impuesto\nun régimen de descanso anual, o vacaciones, diverso al que se le otorga a los funcionarios de la\nSutel, y de la misma forma, a mis poderdantes se les ha impuesto un horario de trabajo diario\nsuperior al que deben cumplir los funcionarios de la Sutel.”\n\n\n\n\n           \n\n\n\n Por su parte, el Estado en sus respectivas contestaciones de demandada presentadas los días 15 de\nenero y 21 de mayo del año pasado, como parte de sus argumentos jurídicos de defensa hizo referencia\nexpresa al citado Estatuto Autónomo de Servicios del Viceministerio de Telecomunicaciones,\nconfrontándolo incluso con el también mencionado Reglamento Autónomo de las Relaciones de Servicio\nentre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y sus\nfuncionarios en los siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Como un segundo punto, en su escrito demanda los actores centran su disconformidad en la\nexistencia de un salario único y una jornada laboral distinta de la que rige a los funcionarios de\nla SUTEL. Por tal motivo pretenden que se ordene a la institución patronal efectuar una valoración\nsalarial en sus puestos de mayor categoría, incluso equiparándolos con la categoría salarial\ncorrespondiente al profesional 3 de la SUTEL. En virtud de ello, resulta pertinente confrontar el\nEstatuto Autónomo de Servicios del Viceministerio de Comunicaciones, en contraposición al Reglamento\nAutónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus\nórganos desconcentrados y sus funcionarios, con el fin de determinar sí existen diferencias entre\nlas condiciones labores de los actores y las que rigen para los funcionarios de la SUTEL.\n\n\n\n Es menester resaltar que con respecto a la aplicación del salario único, ambas normativas\nestablecen para sus funcionarios dicha modalidad de pago, esto de conformidad con lo indicado en los\nartículos 12 y 55 del “Estatuto Autónomo de Servicios del Viceministerio de Comunicaciones” y el\n“Reglamento Autónomo de las relaciones de servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios\nPúblicos, sus órganos desconcentrados y sus funcionarios”, respectivamente, por lo que no existe una\ndiferencia en cuanto dicho aspecto.\n\n\n\n Es claro entonces, que si bien las relaciones laborales de los actores se encuentran reguladas por\nnormativa salarial distinta, las condiciones de empleo son análogas, y por ende no es cierto que se\nles haya causado detrimento alguno a sus derechos; todo lo contrario, la similitud de las normas\nindicadas, encuentra sustento en lo establecido en el párrafo último del artículo 39 de la Ley 8660.\nDe manera que carece de veracidad lo indicado por los actores al alegar un supuesto trato\ndiscriminatorio, ya que es claro que la Administración siempre se ha conducido de conformidad con\nlos principios de buena fe y legalidad; y que si bien emitió una normativa distinta del Reglamento\nAutónomo que rige a la SUTEL, según lo detallado líneas arriba, allí se estableció una relación\nlaboral con condiciones análogas a los funcionarios de la SUTEL.” (El subrayado no es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Se desprende de lo expuesto, que el juicio de marras abarca una serie de cuestiones del régimen\njurídico laboral de los funcionarios de la Rectoría de Telecomunicaciones (como salarios, horarios,\netc.), incluida la aplicación de normas (el artículo 39 de la Ley n.°9046, el Estatuto Autónomo de\nServicios del Viceministerio de Telecomunicaciones y el Reglamento autónomo de las relaciones de\nservicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sus Órganos Desconcentrados y sus\nfuncionarios) acerca de cuya interpretación se nos consulta y sobre las cuales es el Juez de Trabajo\nel que está llamado a pronunciarse en sentencia.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En esas circunstancias, resulta indiscutible que la presente consulta concierne aspectos que\ndeberán de ser dilucidados en el referido proceso contencioso-administrativo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Al respecto, debemos indicarle que ha sido criterio reiterado de la Procuraduría que debe\nabstenerse de emitir pronunciamiento respecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los\ntribunales de justicia. Se desea evitar interferencias con el ejercicio de la función\njurisdiccional, pero además se respeta el criterio de jerarquía normativa:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “En segundo término, estamos frente a un asunto que se está ventilando en los Tribunales de\nJusticia. En efecto, el suscrito es el representante del Estado en el juicio ordinario que planteó\nCOOPESA contra aquél a causa de la situación que se presenta con la aplicación del régimen tarifario\nen el AIJS, el cual se tramita bajo el expediente judicial n.° 01-000416-0163-C.A. Frente a este\npanorama, la Procuraduría General de la República no puede ni debe ejercer la función consultiva,\ntoda vez que el tema está residenciado en sede judicial y, por consiguiente, serán los Tribunales de\nJusticia quienes, en definitiva, dirán a cuál de las partes le asiste la razón mediante una\nsentencia con el carácter de cosa juzgada material. Por otra parte, un dictamen de la Procuraduría\nGeneral de la República podría verse como una interferencia indebida en el ejercicio de la función\njurisdiccional por parte de los jueces, la cual, como bien se sabe, está regentada por los\nprincipios de exclusividad, universalidad e independencia del juzgador.” (Opinión Jurídica\nn.°OJ-043-2003 de 12 de marzo de 2003, ver en igual sentido los dictámenes C-053-2010 del 25 de\nmarzo de 2010, C-278-2011 del 10 de noviembre de 2011, C-018-2014 del 17 de enero, C-245-2014 de 11\nde agosto y C-467-2014 del 15 de diciembre, todos del año 2014).\n\n\n\n\n \n\n\n\n De conformidad con lo expuesto, se considera que los asuntos objeto de discusión ante los\ntribunales de justicia – como el que se da en la especie – son materia no consultable; de ahí que\nresulte inadmisible atender la presente consulta.     \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCONCLUSION:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCon base en lo anterior, es criterio de la Procuraduría General de la República, que:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n1.                  Los temas objeto de consulta son objeto de discusión en sede judicial.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 2.                  En consecuencia, la consulta es inadmisible. Deberá estarse a lo que resuelvan\nlos tribunales en ejercicio de la función jurisdiccional.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAtentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAlonso Arnesto Moya\n\n\n\n\nProcurador\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAAM/Kjm",
  "body_en_text": "Opinion : 020 of 02/09/2015   \n\n\n\nFebruary 9, 2015\n\n\n\n\nC-020-2015\n\n\n\n\n \n\n\n\nMrs.\n\n\n\n\nGisella Kopper A.\n\n\n\n\nMinister\n\n\n\n\nMinistry of Science, Technology and Telecommunications \n\n\n\n\n \n\n\n\nDear Minister:\n\n\n\n\n \n\n\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I refer to your official letter No. DM-658-MICITT-2014 of November 6 of last year – received the following day – in which a series of questions are formulated related to the legal labor regime of the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications following the transfer of that vice-ministry from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology by means of Law No. 9046 of June 25, 2012.\n\n\n\n\n \n\n\n\nAs explained in your missive, the transfer became effective on January 31, 2013, the date on which the ministry under your charge received 58 officials subject to the labor regime established in Article 39 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities of the Telecommunications Sector (No. 8660 of August 8, 2008), which states that “they shall be subject to the legal labor regime applicable to those of the Superintendence of Telecommunications.” Thus generating a differentiation of regimes with respect to the 78 officials who already worked for MICITT, who are covered under the Civil Service Statute.\n\n\n\n\n \n\n\n\nAdded to this is the promulgation by the Executive Branch of the Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Telecommunications (Decree No. 35458-MINAET of July 8, 2009) for the purpose of regulating the service relationship between said Vice-Ministry and its officials, which, as indicated by you, warranted separate technical analyses by the Human Resources Department and the Legal Advisory Unit of that Ministry, in which the former determined that the SUTEL regime is applicable to the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications and, by extension, the Autonomous Regulation of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP), with a series of implications to be defined regarding salary matters, promotions, hiring, etc. For its part, the legal opinion determined that the labor regime currently applied to said officials differs from that applied to SUTEL officials, “for which reason it considers it appropriate to declare the nullity of the cited Executive Decree.”\n\n\n\n\n \n\n\n\nIn this context, the Minister requests that the following questions be addressed:\n\n\n\n\n \n\n\n\n“1. Does the Executive Branch have the authority to issue regulations governing the legal labor regime between the Vice-Ministry of Telecommunications and its officials?\n\n\n\n2. Should the Autonomous Regulation of Service Relations between the Regulatory Authority for Public Services, its Deconcentrated Bodies, and its officials be applied to the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications?\n\n\n\n3. Must the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications be subject to the Autonomous Regulation of Service Relations between the Regulatory Authority for Public Services, (sic) Should it be applied retroactively? What would happen regarding any administrative and civil liabilities that might arise?\n\n\n\n4. Are the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications governed by salary policies related to salary increases (sic) set by ARESEP based on Article 39 of Law No. 8660, or will the Technical Secretariat of the Budgetary Authority determine them based on the Public Administration salary and wage scale?\n\n\n\n5. If the applicable salary policy is that determined for ARESEP, how should the semi-annual increases be made effective, and which body is competent for the Technical Secretariat of the Budgetary Authority to apply them?\n\n\n\n6. If the applicable salary policy is that determined for ARESEP, should the increases set by that Institution be recognized for the employees from the date the officials joined the Institution to the present, according to each case?\n\n\n\n7. Must the Administration proceed ex officio in granting benefits, paying salary differences, and/or collecting overpayments, or must there be an express request from the employee and/or an administrative resolution?\n\n\n\n8. Do officials receiving a global salary have any impediment to practicing their profession independently outside the institution? If so, is this determined by the position they hold or by receiving a global salary?\n\n\n\n9. If it is appropriate to declare its nullity, must the administration proceed to collect from the officials sums incorrectly granted by virtue of the application of Decree No. 35458-MINAET denominated “Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Telecommunications”?\n\n\n\n10. Can the autonomous regulation of MICITT include regulation regarding schedules, obligations of officials, etc., specific to the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications, or must the Regulation issued by ARESEP for that purpose be applied?\n\n\n\n11. What happens with the appointments made under the protection of the Executive Decree whose nullity is requested?”\n\n\n\n\n \n\n\n\nAttached to this consultation was official letter No. MICITT-AJ-33-2014 of April 25 of last year, in which the legal opinion of the Legal Advisory Office of that ministry was rendered, for which, based on the principle of legality that governs the actions of the entire Public Administration, the legal labor regime of the officials of the Vice-Ministry of Telecommunications is the same as that of the employees of SUTEL in accordance with Article 39 of Law No. 8660, reformed in turn by Law No. 9046. Therefore, they would also be governed by the Autonomous Regulation of Services issued by ARESEP to regulate the relationship with its employees. By contrasting the Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Telecommunications (Decree No. 35458-MINAET) with the legal labor regime applicable to SUTEL officials, it concludes that said decree presents defects of nullity regarding the authority to issue it and because it disregards the subjective rights derived from Laws 8660 and 9046 in favor of public employees of the telecommunications sector.      \n\n\n\n\n \n\n\n\nIn that understanding, we note that since December 9, 2013, the Attorney General’s Office was notified of a first labor proceeding by xxx and other officials of the Vice-Ministry of Telecommunications against the State, processed in the Labor Court of Heredia under case file number 13-000509-0505-LA-3. A second lawsuit was later consolidated with this case (by order at 9:30 a.m. on June 16, 2014) filed by another official of that Rector’s Office, Mr. xxx, corresponding to case file 13-000508-0505-LA-3, which was received by this institution on April 29, 2014.\n\n\n\n\n \n\n\n\nIn both lawsuits – with a slight difference regarding Mr. xxx’s position – the claims of the plaintiffs against the State are directed at:\n\n\n\n“a) That the labor regime applied to officials of the same professional rank of the Superintendence of Telecommunications be applied to my clients.\n\n\n\nb) That derived from the foregoing, all corresponding salary differences be paid to my clients, in accordance with the salary established for the position or professional rank 3 of Sutel, from the time they began their employment relationships with the defendant entity, and going forward, without the need for further action to that effect, and in accordance with the salary of professional grade 3 paid to Sutel officials at the time my clients began their employment relationships with the defendant.\n\n\n\nc) That the defendant be ordered to pay all differences for annual vacation pay owed to my clients, from the time they began working for the same, and going forward, without the need for further action to that effect.\n\n\n\nd) Payment to my clients of all extraordinary working hours owed to them, from the time they began working for the same and going forward, without the need for further action to that effect.\n\n\n\n\ne) That the indexation of the sums owed to my clients be ordered.\n\n\n\nf) Payment of interest on all sums owed, from the time they should have been paid and until their effective payment.\n\n\n\n\ng) Payment of both sets of costs of this litigation.” (Underlining not in the original).\n\n\n\n\n \n\n\n\nAs is evident from the transcribed text, there is currently a judicial proceeding underway in which the points subject to consultation are being discussed, which, according to the jurisprudential line sustained by this superior consultative body, determines its inadmissibility. \n\n\n\n \n\n\n\nThis admissibility problem becomes more evident when reviewing the factual background and the legal arguments on which both the complaint and the response briefs by the Attorney General’s Office on behalf of the State are based. Thus, for example, the plaintiffs allege in their “fact” five: “That despite the clarity and forcefulness of the provisions contained in the current version of the last paragraph of numeral 39, my client has been given different labor treatment, since he has been subjected to a labor regime different from that established for the Superintendence of Telecommunications from the time he began his employment relationship with the State-employer, for which reason we appeal to this venue, so that this situation may be duly corrected.”\n\n\n\n\n \n\n\n\nTo which they add, in the section on legal considerations: “we must indicate that a single salary for the co-plaintiffs has been set by Micitt, different from that granted to Sutel officials at the time my clients began their employment relationships with said Ministry. In the same sense, an annual leave regime, or vacation, different from that granted to Sutel officials has been imposed on the co-plaintiffs, and in the same manner, a daily work schedule exceeding that which Sutel officials must fulfill has been imposed on my clients.”\n\n\n\n\n           \n\n\n\nFor its part, the State, in its respective responses to the lawsuit presented on January 15 and May 21 of last year, as part of its legal defense arguments, made express reference to the cited Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Telecommunications, even contrasting it with the also mentioned Autonomous Regulation of Service Relations between the Regulatory Authority for Public Services, its Deconcentrated Bodies, and its officials in the following terms:\n\n\n\n\n \n\n\n\n“As a second point, in their complaint, the plaintiffs focus their disagreement on the existence of a single salary and a workday different from that governing SUTEL officials. For this reason, they seek an order for the employer institution to carry out a salary assessment in their highest category positions, even equating them with the salary category corresponding to professional 3 of SUTEL. By virtue of this, it is pertinent to compare the Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Communications, in contrast to the Autonomous Regulation of Service Relations between the Regulatory Authority for Public Services, its deconcentrated bodies, and its officials, in order to determine if there are differences between the working conditions of the plaintiffs and those governing SUTEL officials.\n\n\n\nIt is necessary to highlight that with respect to the application of the single salary, both regulations establish said payment modality for their officials, this in accordance with what is indicated in Articles 12 and 55 of the “Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Communications” and the “Autonomous Regulation of Service Relations between the Regulatory Authority for Public Services, its deconcentrated bodies, and its officials,” respectively, such that no difference exists regarding said aspect.\n\n\n\nIt is clear then, that although the employment relations of the plaintiffs are regulated by different salary regulations, the employment conditions are analogous, and therefore it is not true that any detriment has been caused to their rights; quite the contrary, the similarity of the indicated rules finds support in what is established in the last paragraph of Article 39 of Law 8660. Thus, what is indicated by the plaintiffs in alleging supposed discriminatory treatment lacks veracity, since it is clear that the Administration has always acted in accordance with the principles of good faith and legality; and that although it issued regulations distinct from the Autonomous Regulation governing SUTEL, according to what is detailed above, an employment relationship with conditions analogous to SUTEL officials was established therein.” (Underlining not in the original).\n\n\n\n\n \n\n\n\nIt is evident from the foregoing that the lawsuit in question encompasses a series of issues concerning the legal labor regime of the officials of the Rector’s Office of Telecommunications (such as salaries, schedules, etc.), including the application of rules (Article 39 of Law No. 9046, the Autonomous Statute of Services of the Vice-Ministry of Telecommunications, and the Autonomous Regulation of Service Relations between the Regulatory Authority for Public Services, its Deconcentrated Bodies, and its officials) regarding whose interpretation we are consulted and on which it is the Labor Judge who is called upon to rule in a judgment.\n\n\n\n\n \n\n\n\nUnder those circumstances, it is indisputable that this consultation concerns aspects that must be elucidated in the referenced contentious-administrative proceeding.\n\n\n\n\n \n\n\n\nIn this regard, we must indicate to you that it has been the reiterated opinion of the Attorney General’s Office that it must abstain from issuing a pronouncement regarding matters that are the subject of discussion before the courts of justice. The aim is to avoid interference with the exercise of the jurisdictional function, but also to respect the principle of normative hierarchy:\n\n\n\n\n \n\n\n\n“Secondly, we are facing a matter that is being ventilated in the Courts of Justice. Indeed, the undersigned is the representative of the State in the ordinary lawsuit filed by COOPESA against it due to the situation arising from the application of the tariff regime in the AIJS, which is processed under judicial case file No. 01-000416-0163-C.A. Faced with this panorama, the Office of the Attorney General of the Republic cannot and must not exercise the consultative function, since the matter is pending in the judicial venue and, consequently, it will be the Courts of Justice which, definitively, will say which of the parties is correct through a judgment with the character of material res judicata. Furthermore, an opinion from the Office of the Attorney General of the Republic could be seen as undue interference in the exercise of the jurisdictional function by the judges, which, as is well known, is governed by the principles of exclusivity, universality, and independence of the judge.” (Legal Opinion No. OJ-043-2003 of March 12, 2003; see in the same sense opinions C-053-2010 of March 25, 2010, C-278-2011 of November 10, 2011, C-018-2014 of January 17, C-245-2014 of August 11, and C-467-2014 of December 15, all of the year 2014).\n\n\n\n\n \n\n\n\nIn accordance with the foregoing, it is considered that the matters subject to discussion before the courts of justice – as is the case here – are non-consultable matters; hence, it is inadmissible to address this consultation.     \n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\nCONCLUSION:\n\n\n\n\n \n\n\n\nBased on the foregoing, it is the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic that:\n\n\n\n\n \n\n\n\n1.                  The topics subject to consultation are the subject of discussion in the judicial venue.\n\n\n\n \n\n\n\n2.                  Consequently, the consultation is inadmissible. The parties must abide by what the courts resolve in exercise of the jurisdictional function.\n\n\n\n \n\n\n\nSincerely,\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\nAlonso Arnesto Moya\n\n\n\n\nDeputy Attorney General\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\nAAM/Kjm"
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