{ "id": "pgr-19381", "citation": "C-099-2016", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Aclaración sobre competencia para construir el alcantarillado sanitario de Ciudad Quesada", "title_en": "Clarification on competence to build the Ciudad Quesada sanitary sewer system", "summary_es": "La Municipalidad de San Carlos solicitó a la Procuraduría General una aclaración sobre un criterio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que se declaraba incompetente para construir el alcantarillado sanitario de Ciudad Quesada, argumentando que el operador del acueducto local es la municipalidad. La PGR declara inadmisible la consulta por tres razones: no se acompañó el criterio legal de la asesoría jurídica municipal, la Procuraduría no puede valorar la legalidad de criterios ya emitidos por la Administración ni resolver conflictos interinstitucionales de criterios, y carece de competencia para dirimir conflictos de competencias, los cuales deben ser resueltos por el Presidente de la República según los artículos 71 y 78 de la Ley General de la Administración Pública. Por tanto, la solicitud es improcedente.", "summary_en": "The Municipality of San Carlos asked the Attorney General's Office for a clarification regarding an opinion of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), which declared itself incompetent to build the Ciudad Quesada sanitary sewer system, arguing that the local water operator is the municipality. The PGR declares the consultation inadmissible for three reasons: the municipal legal counsel's opinion was not attached, the PGR cannot assess the legality of administrative opinions already issued nor resolve inter-institutional conflicts of opinion, and it lacks authority to settle jurisdictional disputes, which must be resolved by the President of the Republic under Articles 71 and 78 of the General Public Administration Law. The request is therefore rejected.", "court_or_agency": "", "date": "29/04/2016", "year": "2016", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "alcantarillado sanitario", "conflicto de competencias", "AyA", "Municipalidad", "Procuraduría General", "dictamen consultivo", "Ley General de la Administración Pública", "operador de acueducto" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 71, 78", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Arts. 3 inciso b), 4, 5", "law": "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, No. 6815" } ], "keywords_es": [ "alcantarillado sanitario", "conflicto de competencias", "AyA", "Municipalidad de San Carlos", "Procuraduría General de la República", "dictamen", "consulta inadmisible", "Ley General de la Administración Pública", "operador de acueducto", "servicio de acueducto", "aguas negras", "Presidente de la República" ], "keywords_en": [ "sanitary sewer", "jurisdictional dispute", "AyA", "Municipality of San Carlos", "Attorney General's Office", "opinion", "inadmissible consultation", "General Public Administration Law", "water operator", "drinking water service", "wastewater", "President of the Republic" ], "excerpt_es": "No compete a la Procuraduría General de la República valorar por medio de un dictamen, la corrección de la solución jurídica o legalidad de criterios ya emitidos por la Administración: “la  Procuraduría General de la República no puede entrar a valorar por medio de un dictamen, como aquí se solicita, la corrección de la interpretación jurídica contenida en un documento” (Dictámenes números C-119-2011, C-017-2012 y C-126-2015) “no podemos sustituir a la Administración activa en la toma de sus decisiones ni revisar la legalidad de criterios ya emitidos.” (Dictamen No. C-83-2015)\n\nel ordenamiento jurídico no asigna a este órgano asesor la atribución de resolver conflictos de competencias:  “no cabe duda de lo que se expone en su misiva que estamos en presencia de un conflicto de competencia … De conformidad con el numeral 78 de ese cuerpo normativo, la decisión que resuelve el conflicto, en estos casos, corresponde al señor Presidente de la República. Desde esta perspectiva, no tiene el Órgano Asesor competencia para emitir un dictamen vinculante, cuyo efecto inmediato y directo fuera la resolución de un conflicto de competencias administrativas entre un órgano de un ente público y otro ente.”", "excerpt_en": "It is not within the purview of the Attorney General’s Office to assess, by means of an opinion, the correctness of the legal solution or the legality of criteria already issued by the Administration: “the Attorney General's Office cannot evaluate, through an opinion as requested, the correctness of the legal interpretation contained in a document” (Opinions C-119-2011, C-017-2012 and C-126-2015) “we cannot substitute the active Administration in its decision-making nor review the legality of criteria already issued.” (Opinion C-83-2015)\n\nthe legal system does not assign this advisory body the power to resolve jurisdictional disputes: “there is no doubt from what your letter states that we are in the presence of a jurisdictional dispute … Pursuant to Article 78 of that normative body, the decision resolving the conflict, in these cases, lies with the President of the Republic. 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permitimos adjuntar copia del Oficio DARS-CQ-0135-016 de la Directora Regional de Salud\nde Ciudad Quesada, así como del Oficio PRE-2015-1637, de la Master Yamileth Astorga, Presidenta\nEjecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ambos referidos a la temática\nde alcantarillado sanitario, y en específico, al inexistente alcantarillado sanitario de Ciudad\nQuesada.\n\n\n\n En dichos Oficios, y apoyándose en el dictamen C-257-2003 de la Procuraduría adjunta, se sostiene\nla tesis de que el A y A no es competente para construir el alcantarillado sanitario de Ciudad\nQuesada, en razón de que el operador local del sistema de acueducto, es la Municipalidad de San\nCarlos.\n\n\n\n Es nuestra apreciación, que dicha posición, se aleja del todo, de lo establecido por esa\nProcuraduría, en el dictamen citado, provocando un conflicto de competencias entre ambas\ninstituciones, en virtud de lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1.                  El servicio de acueducto (agua potable) de un sector de Ciudad Quesada, si es\nadministrado por este Gobierno Local, pero no así, un servicio de alcantarillado sanitario, pues\nnunca ha existido el mismo físicamente.\n\n\n\n 2.                  Señala el Dictamen C-257-2003 que el A y A, es el ente público que el\nordenamiento jurídico designa como el encargado de administrar y operar lo relacionado con los\nacueductos y alcantarillados en todo el País, cuando se trate de sistemas que requieran para su\nfuncionamiento ser administrados y operados como tal, por un ente o sujeto distinto a los usuarios\ndel mismo, lo que ocurre por ejemplo con el caso de las plantas de tratamiento, adicionalmente\nseñala que la administración y operación de los sistemas de agua potable y recolección y evacuación\nde aguas negras, no integran el conjunto de competencias materiales, que en razón de su carácter\nlocal se atribuye a las Municipalidades.\n\n\n\n 3.                  De tal manera, que, no existiendo el servicio de alcantarillado sanitario en\nnuestra jurisdicción, no es un servicio que nos corresponda seguir administrando porque nunca se ha\nadministrado.\n\n\n\n 4.                  Adicionalmente a lo anterior, la temática de recolección y evacuación de aguas\nnegras, mediante un sistema como tal, no es un asunto de competencia local, como lo señala esa\nProcuraduría, además, el servicio de agua potable que administra esta Municipalidad, ni siquiera\nabarca la totalidad de la Ciudad, mucho menos del distrito, en donde se asienta el núcleo\npoblacional, pues existen varias administradoras de agua potable (ASADAS) que no podrían de ninguna\nmanera, asumir un servicio de alcantarillado sanitario, prácticamente por barrios.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n De tal suerte, me permito por este medio, solicitar una aclaración a la posición del A y A, en el\nsentido, de que es competencia municipal, la construcción, administración y operación de todo un\nsistema de alcantarillado sanitario.” (El destacado no pertenece al original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n A su memorial acompaña: oficio No. PRE-2015-1637 dirigido por la Presidenta Ejecutiva del Instituto\nCostarricense de Acueductos y Alcantarillados a la Directora Área rectora de salud Ciudad Quesada\ndel Ministerio de Salud, remitiéndole el memorando No. PRE-J-RM-2015-5511, contentivo de criterio de\nla Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sobre la\nincompetencia del citado Instituto en cuanto a la construcción del alcantarillado sanitario para\nCiudad Quesada; y oficio No. DARS-CQ-0135-016 dirigido por la Directora Área rectora de salud Ciudad\nQuesada del Ministerio de Salud a su persona, donde le remite copia del citado criterio legal “para\nsu revisión y consideración”.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La copia recibida del memorando No. PRE-J-RM-2015-5511 está incompleta, sin embargo, es visible su\nconclusión:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “De la normativa y las consideraciones señaladas supra, en particular lo dispuesto, en el dictamen\nNo. C-257-2003, se colige, que AyA no es competente para construir el alcantarillado sanitario para\nCiudad Quesada, en razón de que el operador del sistema de acueducto local lo es la Municipalidad de\nSan Carlos, en razón de lo anterior, es el obligado a proveer a sus usuarios del respectivo\nsaneamiento.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n De lo expuesto se infiere, que el ente local no se encuentra conforme con el criterio vertido por\nel Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y nos solicita su revisión.\n\n\n\n Al respecto me permito indicarle que los numerales 3, inciso b), 4 y 5 de la Ley Orgánica de la\nProcuraduría General de la República, No. 6815 de 27 de setiembre de 1982, y la jurisprudencia\nadministrativa emanada de este Órgano Asesor, condicionan el ejercicio de nuestra función consultiva\nal cumplimiento de varios requisitos de admisibilidad, cuyo defecto impide conocer el fondo de las\nsolicitudes que se nos presentan.  En este caso, advertimos:\n\n\n\n               1)  Entre los documentos recibidos no figura un criterio legal de la asesoría\njurídica municipal sobre lo que pretende consultarse.  Sobre este punto pueden revisarse los\ndictámenes números C-151-2002, C-018-2004, C-074-2004, C-144-2004, C-167-2004, C-168-2004,\nC-277-2004, C-134-2005, C-138-2005, C-166-2005, C-276-2005, C-007-2008, C-237-2009 y C-468-2014,\nentre otros.  Su importancia o finalidad ha sido destacada por este órgano asesor:\n\n\n\n “tal y como lo prescribe expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, es requisito de\nadmisibilidad que a la consulta expresa del jerarca administrativo correspondiente, se acompañe el\ncriterio de la asesoría legal. Lo anterior permite a este Órgano Asesor analizar la perspectiva que\ntiene ese departamento sobre el tema que interesa; brindando elementos de estudio que se relacionan\ndirectamente con la realidad del funcionamiento del órgano [o ente]. De suerte tal que devenga en un\nelemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría General de la\nRepública está llamada a brindar a la Administración Pública costarricense.” (Dictamen No.\nC-151-2002, lo indicado entre corchetes no pertenece al original)\n\n\n\n 2) No compete a la Procuraduría General de la República valorar por medio de un dictamen, la\ncorrección de la solución jurídica o legalidad de criterios ya emitidos por la Administración:\n\n\n\n “la  Procuraduría General de la República no puede entrar a valorar por medio de un dictamen, como\naquí se solicita, la corrección de la interpretación jurídica contenida en un documento” (Dictámenes\nnúmeros C-119-2011, C-017-2012 y C-126-2015)\n\n\n\n “no podemos sustituir a la Administración activa en la toma de sus decisiones ni revisar la\nlegalidad de criterios ya emitidos.” (Dictamen No. C-83-2015)\n\n\n\n “no corresponde a la Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la Administración\nPública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso la opinión externada por\nasesorías o dependencias internas, son conformes o no al ordenamiento jurídico. La función\nconsultiva debe ser ejercida respecto de competencias u organización de la Administración\nconsultante, de la interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre\nactuaciones o criterios concretos vertidos por la Administración, sus dependencias o asesorías\n(Dictámenes C-277-2002 de 16 de octubre de 2002, C-196-2003 de 25 de junio de 2003, C-241-2003 de 8\nde agosto de 2003 y C-120-2004 de 20 de abril de 2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005,\nC-328-2005 de 16 de setiembre de 2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y C-392-2006 de 6 de\noctubre de 2006, entre otros muchos).” (Dictamen No. C-147-2007)\n\n\n\n “En otras palabras, la posibilidad de elevar las consultas a este Despacho no puede ser utilizada\ncomo un mecanismo para obtener un pronunciamiento que venga a resolver un conflicto de criterios\nsurgido en el seno de la Administración, pues tal cosa nos estaría colocando en una posición ajena a\nla naturaleza propia de la función consultiva que ha sido encargada a esta Procuraduría General por\nvirtud de nuestra ley orgánica.” (Dictamen No. C-244-2011).\n\n\n\n 3) El ordenamiento jurídico no asigna a este órgano asesor la atribución de resolver conflictos de\ncompetencias: \n\n\n\n “no cabe duda de lo que se expone en su misiva que estamos en presencia de un conflicto de\ncompetencia …\n\n\n\n Ya hemos reseñado que “De conformidad con la doctrina, los conflictos de competencia pueden ocurrir\npor dos vías: por acción o por omisión. En el primer caso, estamos en presencia de un conflicto\npositivo, es decir, donde los sujetos involucrados en él reclaman para sí y, en forma exclusiva y\nexcluyente, el ejercicio de una competencia o atribución. Parafraseando la doctrina española, se\npuede afirmar que los conflictos positivos no sólo constituyen un instrumento exclusivamente\ndiseñado para reinvindicar competencias usurpadas, sino también para reaccionar frente a una lesión\nde una respectiva esfera de potestad derivada de un ejercicio incorrecto de las competencias ajenas\npor sus titulares.  En el segundo caso, estamos ante un conflicto negativo, donde los actores\nrehúsan asumir la competencia o atribución, ya que consideran recíprocamente que corresponde al\notro”  (Dictamen OJ-025-2004 de 3 de marzo de 2004).\n\n\n\n Ahora bien, frente a tal fenómeno jurídico, nuestra Ley General de la Administración Pública\nestatuye un conjunto de técnicas de resolución de conflictos de competencia en sede administrativa.\n\n\n\n En efecto, en su numeral 71 y siguientes, se establecen las reglas para la solución de los\nconflictos administrativos, dentro de las cuales se incluyen los conflictos entre el Estado y otros\nentes o entre entes públicos. \n\n\n\n De conformidad con el numeral 78 de ese cuerpo normativo, la decisión que resuelve el conflicto, en\nestos casos, corresponde al señor Presidente de la República. Desde esta perspectiva, no tiene el\nÓrgano Asesor competencia para emitir un dictamen vinculante, cuyo efecto inmediato y directo fuera\nla resolución de un conflicto de competencias administrativas entre un órgano de un ente público y\notro ente, ya que esa atribución el ordenamiento jurídico se la asigna al órgano supra indicado.\n\n\n\n De acuerdo con lo anterior, deviene en improcedente la solicitud planteada pues la Procuraduría\ncarece de competencia para resolver el conflicto aludido, y no queda más que recomendar a ese\nMinisterio que acuda al procedimiento estipulado en el artículo 79 de la misma Ley General, para\nobtener una solución jurídica a su problema.” (Dictamen No. C-033-2006, en la misma línea, los\nDictámenes números C-135-2010 y C-269-2011).\n\n\n\n En consecuencia, lamentablemente  esta Procuraduría General se encuentra imposibilitada para emitir\nel dictamen solicitado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAtentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                       M. Sc. Susana Fallas Cubero\n\n                                                                       Procuradora", "body_en_text": "Opinion : 099 of 29/04/2016\n\nApril 29, 2016\n\nC-99-2016\n\nLicenciado\nAlfredo Córdoba Soro\nMayor\nMunicipalidad de San Carlos\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your letter No. A.M.-0370-2016 of March 29 of this year, in which you state:\n\n\"We are enclosing a copy of Official Letter DARS-CQ-0135-016 from the Regional Health Director of Ciudad Quesada, as well as Official Letter PRE-2015-1637, from Master Yamileth Astorga, Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, both referring to the issue of sanitary sewerage, and specifically, to the non-existent sanitary sewerage system of Ciudad Quesada.\n\nIn these Official Letters, and relying on opinion C-257-2003 from the attached Attorney General's Office, the thesis is maintained that AyA is not competent to build the sanitary sewerage system of Ciudad Quesada, because the local operator of the aqueduct system is the Municipalidad de San Carlos.\n\nIt is our view that this position departs entirely from what was established by this Attorney General's Office in the cited opinion, creating a conflict of competencies between both institutions, by virtue of the following:\n\n1. The aqueduct service (drinking water) for a sector of Ciudad Quesada is indeed administered by this Local Government, but a sanitary sewerage service is not, since it has never physically existed.\n\n2. Opinion C-257-2003 points out that AyA is the public entity that the legal system designates as responsible for administering and operating matters related to aqueducts and sewerage systems nationwide, when dealing with systems that, for their operation, need to be administered and operated as such by an entity or subject other than its users, as occurs, for example, in the case of treatment plants; additionally, it points out that the administration and operation of drinking water systems and the collection and disposal of blackwater do not form part of the set of material competencies attributed to the Municipalities by reason of their local character.\n\n3. Therefore, since the sanitary sewerage service does not exist in our jurisdiction, it is not a service that we are responsible for continuing to administer because it has never been administered.\n\n4. In addition to the above, the issue of blackwater collection and disposal, through a system as such, is not a matter of local competence, as stated by that Attorney General's Office; furthermore, the drinking water service that this Municipality administers does not even cover the entirety of the City, much less the district where the population center is located, since there are several drinking water administrators (ASADAS) that could in no way take on a sanitary sewerage service, practically on a neighborhood-by-neighborhood basis.\"\n\nThus, I take this opportunity to request a clarification of the position of AyA, in the sense that the construction, administration, and operation of an entire sanitary sewerage system is a municipal competence.\" (The emphasis is not from the original).\n\nYour memorandum includes: official letter No. PRE-2015-1637 sent by the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to the Director of the Ciudad Quesada Health Governing Area of the Ministry of Health, forwarding memorandum No. PRE-J-RM-2015-5511, containing the criteria of the Legal Directorate of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding the lack of competence of said Institute concerning the construction of the sanitary sewerage system for Ciudad Quesada; and official letter No. DARS-CQ-0135-016 sent by the Director of the Ciudad Quesada Health Governing Area of the Ministry of Health to your person, forwarding a copy of said legal criteria \"for your review and consideration.\"\n\nThe copy received of memorandum No. PRE-J-RM-2015-5511 is incomplete; however, its conclusion is visible:\n\n\"From the regulations and the considerations indicated above, in particular the provisions of opinion No. C-257-2003, it follows that AyA is not competent to build the sanitary sewerage system for Ciudad Quesada, because the operator of the local aqueduct system is the Municipalidad de San Carlos; due to the above, it is the entity obligated to provide its users with the respective sanitation.\"\n\nFrom the foregoing, it is inferred that the local entity is not in agreement with the criteria provided by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and requests our review.\n\nIn this regard, I must point out that items 3, subsection b), 4, and 5 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, No. 6815 of September 27, 1982, and the administrative jurisprudence emanating from this Advisory Body, condition the exercise of our consultative function on the fulfillment of several admissibility requirements, the absence of which prevents us from hearing the merits of the requests submitted to us. In this case, we note:\n\n1) Among the documents received, there is no legal criteria from the municipal legal advisory office regarding what is intended to be consulted. On this point, you may review opinions C-151-2002, C-018-2004, C-074-2004, C-144-2004, C-167-2004, C-168-2004, C-277-2004, C-134-2005, C-138-2005, C-166-2005, C-276-2005, C-007-2008, C-237-2009, and C-468-2014, among others. Its importance or purpose has been highlighted by this advisory body:\n\n\"as expressly prescribed by article 4 of our Organic Law, it is an admissibility requirement that the express consultation of the corresponding administrative head be accompanied by the criteria of the legal advisory office. The foregoing allows this Advisory Body to analyze the perspective that department has on the subject of interest, providing elements of study that are directly related to the operational reality of the organ [or entity]. So that it becomes an additional element to achieve the most adequate advice that the Procuraduría General de la República is called upon to provide to the Costa Rican Public Administration.\" (Opinion No. C-151-2002, the text in brackets is not from the original)\n\n2) It is not within the competence of the Procuraduría General de la República to assess, through an opinion, the correctness of the legal solution or legality of criteria already issued by the Administration:\n\n\"the Procuraduría General de la República cannot proceed to assess, through an opinion, as requested here, the correctness of the legal interpretation contained in a document\" (Opinions C-119-2011, C-017-2012, and C-126-2015)\n\n\"we cannot substitute the active Administration in making its decisions nor review the legality of criteria already issued.\" (Opinion No. C-83-2015)\n\n\"it does not fall to the Procuraduría General, as the superior consultative body of the Public Administration, to assess whether a specific administrative decision, or even the opinion expressed by internal advisory offices or departments, is in conformity with the legal system or not. The consultative function must be exercised regarding the competencies or organization of the consulting Administration, the interpretation of legal norms, and even their effects, but not regarding specific actions or criteria issued by the Administration, its departments, or advisory offices (Opinions C-277-2002 of October 16, 2002, C-196-2003 of June 25, 2003, C-241-2003 of August 8, 2003, and C-120-2004 of April 20, 2004, C-315-2005 of September 5, 2005, C-328-2005 of September 16, 2005, C-418-2005 of December 7, 2005, and C-392-2006 of October 6, 2006, among many others).\" (Opinion No. C-147-2007)\n\n\"In other words, the possibility of submitting consultations to this Office cannot be used as a mechanism to obtain a pronouncement that resolves a conflict of criteria that has arisen within the Administration, since such a thing would place us in a position alien to the very nature of the consultative function entrusted to this Procuraduría General by virtue of our organic law.\" (Opinion No. C-244-2011).\n\n3) The legal system does not assign this advisory body the authority to resolve conflicts of competencies:\n\n\"there is no doubt from what is stated in your missive that we are in the presence of a conflict of competence …\n\nWe have already outlined that 'In accordance with doctrine, conflicts of competence can occur in two ways: by action or by omission. In the first case, we are in the presence of a positive conflict, that is, where the subjects involved claim for themselves, exclusively and exclusionarily, the exercise of a competence or attribution. Paraphrasing Spanish doctrine, it can be affirmed that positive conflicts not only constitute an instrument exclusively designed to reclaim usurped competencies but also to react against an injury to a respective sphere of power derived from an incorrect exercise of the competencies of others by their holders. In the second case, we are faced with a negative conflict, where the actors refuse to assume the competence or attribution, since they reciprocally consider that it corresponds to the other.' (Opinion OJ-025-2004 of March 3, 2004).\n\nNow then, in the face of such a legal phenomenon, our General Law of Public Administration establishes a set of techniques for resolving conflicts of competence within the administrative sphere.\n\nIndeed, in its item 71 and following, the rules for the resolution of administrative conflicts are established, which include conflicts between the State and other entities or between public entities.\n\nIn accordance with item 78 of that regulatory body, the decision that resolves the conflict, in these cases, corresponds to the President of the Republic. From this perspective, the Advisory Body does not have the competence to issue a binding opinion whose immediate and direct effect would be the resolution of a conflict of administrative competencies between an organ of a public entity and another entity, since the legal system assigns that attribution to the organ indicated above.\n\nAccordingly, the request made is inappropriate because the Procuraduría lacks the competence to resolve the aforementioned conflict, and there is no choice but to recommend that Ministry resort to the procedure stipulated in article 79 of the same General Law to obtain a legal solution to its problem.\" (Opinion No. C-033-2006, in the same line, Opinions C-135-2010 and C-269-2011).\n\nConsequently, unfortunately, this Procuraduría General is unable to issue the requested opinion.\n\nSincerely,\n\nM. Sc. Susana Fallas Cubero\nProcuradora" }