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  "id": "pgr-1981",
  "citation": "C-052-2000",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Plazo de caducidad de cuatro años para anular acto que reconoció riesgo policial",
  "title_en": "Four-year expiration period to annul act recognizing police-risk pay",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza si procede la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo que mantuvo el pago del plus salarial por riesgo policial a un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública trasladado a funciones administrativas en 1995. La PGR concluye que la potestad anulatoria excepcional del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública está sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años, contado desde la emisión del acto, que no admite interrupción ni suspensión. Habiendo transcurrido más de cuatro años desde el traslado del servidor (13 de febrero de 1995), la gestión de nulidad es extemporánea. Por tanto, el Ministerio se encuentra impedido para declarar la nulidad, con independencia de los vicios que pudiera contener el acto. Se deniega la solicitud de dictamen favorable.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office examines whether an administrative act that maintained police-risk pay for a public employee reassigned to administrative duties in 1995 may be declared absolutely, evidently, and manifestly void. It concludes that the exceptional annulment power under Article 173 of the General Public Administration Act is subject to a four-year expiration period running from the act's issuance, which is not subject to interruption or suspension. Since more than four years elapsed since the employee's reassignment (February 13, 1995), the annulment petition is time-barred. The Ministry is therefore precluded from declaring nullity regardless of any defects in the act. The request for a favorable opinion is denied.",
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  "date": "16/03/2000",
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    "nulidad absoluta, evidente y manifiesta",
    "caducidad",
    "potestad anulatoria",
    "acto declaratorio de derechos",
    "dictamen preceptivo",
    "contencioso de lesividad",
    "intangibilidad de los actos propios"
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      "article": "Art. 173",
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    "nulidad absoluta",
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    "acto administrativo",
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    "Ley General de la Administración Pública",
    "artículo 173",
    "plazo cuatrienal",
    "Procuraduría General",
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    "absolute nullity",
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    "administrative act",
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    "General Public Administration Act",
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    "four-year period",
    "Attorney General",
    "binding opinion"
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  "excerpt_es": "En el caso que nos ocupa, según se desprende del expediente administrativo que nos fuera remitido en su momento, el acto cuya nulidad absoluta, evidente y manifiesta se pretende declarar data del 13 de febrero de 1995, fecha en la que se trasladó al servidor XXX al Departamento de Inspección Policial del Ministerio de Seguridad Pública; manteniéndosele el pago del plus salarial denominado \"riesgo policial\" a pesar de que sus funciones pasaron a ser de índole administrativa. Conforme se podrá apreciar, han transcurrido más de cuatro años desde la adopción del acto, razón por la cual, la gestión de nulidad cuyo dictamen afirmativo se nos solicita emitir, resulta a todas luces extemporánea.\n\nA pesar de que la Administración debe declarar la nulidad de los actos que contengan vicios de tal naturaleza, ello debe ajustarse a las limitaciones establecidas legalmente, siendo una de ellas la regulada en el numeral 173.5 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior significa que a pesar de que el acto de mérito pudiera contener un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, al haber transcurrido más de cuatro años desde su emisión, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra impedido para hacer tal declaratoria.",
  "excerpt_en": "In the case at hand, as appears from the administrative file forwarded to us, the act whose absolute, evident, and manifest nullity is sought to be declared dates from February 13, 1995, when officer XXX was transferred to the Police Inspectorate Department of the Ministry of Public Security and continued receiving the police-risk pay despite his duties having become administrative. As can be seen, more than four years have elapsed since the act was adopted, which is why the annulment petition for which we are asked to issue a favorable opinion is clearly untimely.\n\nAlthough the Administration must declare the nullity of acts containing such defects, it must comply with legally established limitations, one of which is governed by Article 173(5) of the General Public Administration Act. This means that even if the act in question might contain an absolute, evident, and manifest nullity defect, more than four years having passed since its issuance, the Ministry of Public Security is barred from making such a declaration.",
  "outcome": {
    "label_en": "Unfavorable opinion",
    "label_es": "Dictamen desfavorable",
    "summary_en": "The Attorney General's Office rules that the absolute, evident, and manifest nullity requested by the Ministry of Public Security regarding the police-risk pay is not appropriate, as more than four years have elapsed since the act, causing expiration of the statutory period.",
    "summary_es": "La PGR dictamina que no procede la nulidad absoluta, evidente y manifiesta solicitada por el Ministerio de Seguridad Pública respecto al pago del plus salarial por riesgo policial, al haber transcurrido más de cuatro años desde el acto y operado la caducidad del plazo legal."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "II. La nulidad de actos administrativos declaratorios de derechos",
      "quote_en": "The Administration's power to annul acts declaring rights without resorting to lesividad litigation is exceptional and limited to cases in which the nullity, besides being absolute, is evident and manifest.",
      "quote_es": "La potestad de la Administración para anular actos declaratorios de derechos sin recurrir al contencioso de lesividad es excepcional y está limitada a los casos en donde la nulidad, además de absoluta, presente las características de ser evidente y manifiesta."
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    {
      "context": "II. La nulidad de actos administrativos declaratorios de derechos",
      "quote_en": "More than four years have elapsed since the act was adopted, which is why the annulment petition for which we are asked to issue a favorable opinion is clearly untimely.",
      "quote_es": "Ha transcurrido más de cuatro años desde la adopción del acto, razón por la cual, la gestión de nulidad cuyo dictamen afirmativo se nos solicita emitir, resulta a todas luces extemporánea."
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      "quote_en": "Even though the act in question might contain an absolute, evident, and manifest nullity defect, more than four years having passed since its issuance, the Ministry of Public Security is barred from making such a declaration.",
      "quote_es": "A pesar de que el acto de mérito pudiera contener un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, al haber transcurrido más de cuatro años desde su emisión, el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra impedido para hacer tal declaratoria."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=1981&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 052 del 16/03/2000   \n\n\n\nC- 052 -2000\n\n\n\n\nSan José, 16 de marzo del 2000\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciada\n\n\n\n\nKattia Sequeira Muñoz\n\n\n\n\nEncargada de Cobros Administrativos\n\n\n\n\nMinisterio de Seguridad\n\n\n\n\nS. O.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República me es grato dar respuesta a su\nestimable oficio n.° 704-2000 AL, del 1° de febrero del año en curso, mediante el cual solicita a\neste Despacho rendir el dictamen preceptivo al que hace referencia el artículo 173 de la Ley General\nde la Administración Pública en orden a declarar, eventualmente, la nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta del acto administrativo mediante el cual se le reconoció al señor XXX el plus salarial\npor concepto de riesgo policial en el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 1995 y el 2 de\njulio de 1998.\n\n\n\n\nI. ANTECEDENTES:\n\n\n\n Del expediente administrativo remitido a este Despacho se extraen los siguientes hechos relevantes\npara la definición del asunto planteado:\n\n\n\n 1.      El 21 de setiembre de 1992, el señor XXX inició su relación de servicio con el Ministerio\nde Seguridad Pública, destacado en la Sección Aérea y desempeñando funciones policiales.\nPosteriormente, el 13 de febrero de 1995 fue trasladado al Departamento de Inspección Policial donde\nse le asignaron funciones de índole administrativa. Luego, el 3 de julio de 1998, fue trasladado a\nla Inspección General de la Fuerza Pública, donde cumple funciones de naturaleza policial (véase\ncertificación a folio 17 del expediente administrativo, emitida por el Lic. Alejandro Redondo Soto,\njefe de Evaluación y Control del Ministerio de Seguridad Pública).\n\n\n\n 2.      El señor Francisco López Trejos, encargado de Aplicaciones y Remuneraciones del Ministerio\nde Seguridad Pública, mediante oficio n.° 98-00759 DRH-RA, del 12 de mayo de 1998, informó a la\nLicda. Flor López Mora, jefe a.i. del Departamento de Contratación Administrativa y Procedimientos\ndel citado Ministerio, que el señor XXX cobró en el periodo comprendido entre el 21 de setiembre de\n1992 hasta el 30 de abril de 1998, sin corresponderle, (sic. Nótese que el período durante el cual\nel señor Anchía no cumplió funciones policiales fue el comprendido entre el 13 de febrero de 1995 y\nel 2 de julio de 1998) la suma de ¢ 575.612.82 (quinientos setenta y cinco mil seiscientos doce\ncolones con ochenta y dos céntimos) por concepto de riesgo policial (folios 11 al 15 del expediente\nadministrativo).\n\n\n\n 3.      Mediante resolución n.° 2020-99 DM de las 13:05 horas del 17 de agosto de 1999 el señor\nJuan Rafael Lizano S., Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, designó como órgano\ndirector del procedimiento a la encargada de cobros administrativos del Departamento de Reclamos de\nla Dirección de Asuntos Legales, \"… a fin de determinar si existe nulidad evidente y manifiesta\nreferente al pago del plus salarial denominado Riesgo Policial al señor XXX\" (folio 18 del\nexpediente administrativo).\n\n\n\n 4.      El órgano director del procedimiento administrativo, mediante resolución n.° 1218-99 AL de\nlas 8:20 horas del 13 de octubre de 1999, dictó el auto de apertura del procedimiento administrativo\ncon el fin de determinar si existe nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el pago realizado a\nfavor del señor XXX por concepto de riesgo policial. Asimismo, se convocó al citado servidor a una\naudiencia oral y privada a realizarse a las 8:30 horas del 4 de noviembre de 1999, en la cual podría\nofrecer toda la prueba de descargo y los alegatos que considerara pertinentes (folio 19 del\nexpediente administrativo).\n\n\n\n 5.      A las 8:50 horas del 4 de noviembre de 1999, con la presencia del señor XXX, se llevó a\ncabo la comparecencia oral y privada (folios 67 y 68 del expediente administrativo).\n\n\n\n 6.      Mediante resolución n.° 59-2000 Al de las 13:00 horas del 3 de enero del año en curso el\nórgano director del procedimiento resolvió: \"Recomendar al señor Ministro de esta Cartera, dictar la\nresolución final y diligenciar el presente caso ante la Procuraduría General de la República a fin\nde que se cumpla con el numeral 173 de la Ley General de la República (sic, se refiere a la Ley\nGeneral de la Administración Pública) y se pronuncie acerca de si existe nulidad absoluta, evidente\ny manifiesta en el pago del plus salarial del riesgo policial, en el periodo del 13 de febrero de\n1995 en que se trasladó al señor XXX, cédula de identidad No. XXX, al Departamento de Inspección\nPolicial, hasta el 03 de julio de 1998, lo anterior por cuanto no existía base legal para el pago de\ndicho plus salarial, según el informe de auditoría AGSP-A19-09-97 [...]\" (folios 69 y 70 del\nexpediente administrativo).\n\n\n\n 7.      El señor Ministro de Seguridad Pública, mediante resolución n.° 72-2000 de las 13:00 horas\ndel 11 de enero del año en curso, resolvió: \"Enviar a la Procuraduría General de la República, las\npresentes diligencias, a fin de que se dictamine respecto a si existe o no nulidad absoluta,\nevidente y manifiesta, en el otorgamiento del plus salarial del riesgo policial en el periodo\ncomprendido entre el 13 de febrero de 1995 al 02 de julio de 1998, al señor XXX [...] lo anterior\ncon base en el artículo 173 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración\nPública; toda vez que dicho pago se realizó sin que existieran bases legales para hacerse\" (folios\n71 a 74 del expediente administrativo).\n\n\n\n 8.      La Licda. Kattia Sequeira Muñoz, Encargada de Cobros Administrativos de la Dirección de\nAsuntos Legales del Ministerio de Seguridad Pública, mediante oficio n.° 704-2000 AL del 1° de\nfebrero del año en curso, remitió a la Procuraduría General de la República el expediente\nadministrativo correspondiente.\n\n\n\n II.- LA NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DECLARATORIOS DE DERECHOS Y EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE PESA\nSOBRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ANULATORIA:\n\n\n\n La potestad de la Administración para anular actos declaratorios de derechos sin recurrir al\ncontencioso de lesividad es excepcional y está limitada a los casos en donde la nulidad, además de\nabsoluta, presente las características de ser evidente y manifiesta. Fuera de esas hipótesis\nextremas rige plenamente el principio de intangibilidad de los actos propios. Sobre el punto, esta\nProcuraduría ha indicado:\n\n\n\n \"El proceso de lesividad constituye una garantía para los administrados, en cuya virtud debe\nentenderse proscrita la posibilidad de que la Administración declare, en vía administrativa, la\nnulidad de actos suyos creadores de derechos subjetivos favorables a aquéllos (sic). Para el logro\nde tal finalidad debe, más bien, demandar la anulación ante la jurisdicción contencioso-\nadministrativa, debiendo –a tales efectos– haber declarado previamente que el acto es lesivo a los\nintereses públicos, económicos o de otra naturaleza (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la\nJurisdicción Contencioso-Administrativa).\n\n\n\n Empero, dicha regla conoce una excepción, establecida en el numeral 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública. A su tenor, queda la Administración autorizada a declarar, en la vía\nadministrativa y sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad, la nulidad de un acto\ndeclaratorio de derechos, cuando la misma, además de ser absoluta, sea evidente y manifiesta. Aún\nasí y también en garantía del administrado, en el procedimiento respectivo subsiste la intervención\nde un órgano ajeno al autor del acto en cuestión: la Procuraduría General de la República. Su\nactuación en estas hipótesis, se plasma mediante la emisión de un dictamen vinculante, que reviste\nla naturaleza de un acto de control preventivo de legalidad; lo anterior, en el tanto que dicho\ndictamen, que ha de rendirse antes de dictar el acto final del procedimiento, debe ser favorable a\nla pretensión anulatoria de la Administración, en el sentido de acreditar que en la especie los\nvicios del acto son efectivamente de tal magnitud\" (Dictamen n.º C-080-94 del 17 de mayo de 1994).\n\n\n\n Por otra parte, es importante resaltar que la potestad anulatoria con que cuenta la Administración\npara llevar a cabo el procedimiento descrito en el artículo 173 de la Ley General de la\nAdministración Pública, debe ejercitarse dentro del plazo cuatrienal que establece el inciso 5) de\nla norma en referencia. En relación con ese punto, esta Procuraduría ha establecido que se trata de\nun plazo de caducidad y no de prescripción; razón por la cual resulta ininterrumpible (véase al\nrespecto, entre otros, los dictámenes C-182-89 de 4 de octubre de 1989; C-032-92 de 17 de febrero de\n1992; C-111-93 de 24 de agosto de 1993; C-044-95 de 8 de marzo de 1995; C-117-95 de 31 de mayo de\n1995; C-141-95 de 21 de junio de 1995; C-030-96 de 19 de febrero de 1996 y C-037-99 de 11 de febrero\nde 1999). El citado dictamen C-044-95 resume ese criterio institucional en los siguientes términos:\n\n\n\n \"5.- De lo expuesto hasta aquí podemos tener por establecido lo siguiente: a) que la vía\ncontemplada por la normativa comentada para que la Administración pueda anular en sede\nadministrativa sus propios actos declaratorios de derechos sin acudir al juicio contencioso de\nlesividad, tiene un carácter excepcional. b) que el término para efectuar la declaratoria de nulidad\ndel acto es de caducidad, y por ello, opera hasta tanto ésta se haga efectiva por parte de la\nAdministración; en este caso, la propia declaratoria de nulidad del nombramiento. c) La\ninterposición de un recurso de amparo no tiene la virtud de interrumpir ni suspender el plazo de\ncaducidad que comienza a contarse desde la emisión del acto presuntamente nulo.\n\n\n\n 6.- Las anteriores consecuencias son congruentes con el fin que inspira la normativa que regula\nesta potestad, cual es brindar seguridad jurídica a los administrados a cuyo favor se hayan\ndeclarado derechos subjetivos de algún tipo a través de un acto administrativo. Ello requiere\nindefectiblemente que el término para hacerlo sea absolutamente rígido, pues de lo contrario, habría\ntotal incertidumbre y se vería desnaturalizado el límite que se establece precisamente a través del\nplazo de los cuatro años, a fin de que no se vea sujeto a circunstancias de cualquier naturaleza que\npudieran presentarse durante los trámites previos a la declaratoria de nulidad, -sea el desarrollo\ndel proceso administrativo ordinario y la solicitud de criterio a este Despacho-, gestiones que de\nningún modo tienen la cualidad de interrumpir o suspender el transcurso del plazo en cuestión\".\n\n\n\n En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional al precisar las características del\ninstituto jurídico de la caducidad:\n\n\n\n \"Primeramente debe señalarse que la figura jurídica de la caducidad se caracteriza por lo\nsiguiente: 1) Con anterioridad debe haber surgido una situación jurídica de posibilidad axiológica,\n2) Cuya falta de ejercicio en una forma determinada, produzca su extinción, 3) Plazo corto y rígido\npara el cumplimiento de un acto, de lo contrario se pierde el derecho (es un plazo al que no se\naplica ni la interrupción ni la suspensión), 4) Tiene eficacia innovativa-extintiva\" (sentencia n.°\n2134-95 de las 15:00 horas del 2 de mayo de 1995).\n\n\n\n Igual plazo cuatrienal debe observarse –tratándose de nulidades que no sean absolutas, evidentes y\nmanifiestas– para la declaratoria de lesividad a que hacen referencia los artículos 10 y 35 de la\nLey Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.\n\n\n\n Por consiguiente, una vez transcurrido el plazo indicado caduca la posibilidad de revisión oficiosa\nde la Administración, por lo que los actos que han conferido derechos a los administrados, aunque\npresenten vicios, se tornan intangibles.\n\n\n\n En el caso que nos ocupa, según se desprende del expediente administrativo que nos fuera remitido\nen su momento, el acto cuya nulidad absoluta, evidente y manifiesta se pretende declarar data del 13\nde febrero de 1995, fecha en la que se trasladó al servidor XXX al Departamento de Inspección\nPolicial del Ministerio de Seguridad Pública; manteniéndosele el pago del plus salarial denominado\n\"riesgo policial\" a pesar de que sus funciones pasaron a ser de índole administrativa. Conforme se\npodrá apreciar, han transcurrido más de cuatro años desde la adopción del acto, razón por la cual,\nla gestión de nulidad cuyo dictamen afirmativo se nos solicita emitir, resulta a todas luces\nextemporánea.\n\n\n\n\nIII. CONCLUSION:\n\n\n\n De conformidad con lo expuesto y teniendo por acreditado que el acto administrativo que se pretende\nanular fue adoptado el 13 de febrero de 1995, resulta obligatorio concluir que el plazo de caducidad\nprevisto para efectuar la declaratoria correspondiente se ha cumplido holgadamente a esta fecha.\n\n\n\n A pesar de que la Administración debe declarar la nulidad de los actos que contengan vicios de tal\nnaturaleza, ello debe ajustarse a las limitaciones establecidas legalmente, siendo una de ellas la\nregulada en el numeral 173.5 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior significa\nque a pesar de que el acto de mérito pudiera contener un vicio de nulidad absoluta, evidente y\nmanifiesta, al haber transcurrido más de cuatro años desde su emisión, el Ministerio de Seguridad\nPública se encuentra impedido para hacer tal declaratoria.\n\n\n\n Por lo anterior, resulta innecesario realizar un examen pormenorizado del asunto e improcedente\nemitir criterio favorable en relación con la solicitud planteada.\n\n\n\n\nSin otro particular, se suscribe,\n\n\n\n\nCordialmente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLic. Julio César Mesén Montoya\n\n\n\n\nProcurador Adjunto\n\n\n\n\nAdjunto: Expediente Administrativo.",
  "body_en_text": "Opinion: 052 of 03/16/2000\n\n\n\nC- 052 -2000\n\n\n\nSan José, March 16, 2000\n\n\n\n\n\n\nLicenciada\n\n\n\nKattia Sequeira Muñoz\n\n\n\nAdministrative Collections Officer\n\n\n\nMinistry of Security\n\n\n\nS. O.\n\n\n\n\n\n\nDear Madam:\n\n\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I am pleased to respond to your esteemed official communication no. 704-2000 AL, dated February 1 of this year, through which you request this Office to issue the mandatory opinion (dictamen) referenced in Article 173 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) in order to potentially declare the absolute, evident, and manifest nullity of the administrative act by which Mr. XXX was granted the police risk salary supplement (plus salarial por riesgo policial) for the period between February 13, 1995, and July 2, 1998.\n\n\n\nI. BACKGROUND:\n\n\n\nFrom the administrative file (expediente administrativo) sent to this Office, the following facts relevant to the definition of the matter raised are extracted:\n\n\n\n 1. On September 21, 1992, Mr. XXX began his service relationship with the Ministry of Public Security, assigned to the Air Section and performing police duties. Subsequently, on February 13, 1995, he was transferred to the Police Inspection Department where he was assigned administrative duties. Then, on July 3, 1998, he was transferred to the General Inspectorate of the Public Force, where he performs duties of a police nature (see certification at folio 17 of the administrative file, issued by Lic. Alejandro Redondo Soto, head of Evaluation and Control of the Ministry of Public Security).\n\n\n\n 2. Mr. Francisco López Trejos, head of Applications and Remuneration of the Ministry of Public Security, through official communication no. 98-00759 DRH-RA, dated May 12, 1998, informed Licda. Flor López Mora, acting head of the Department of Administrative Contracting and Procedures of the cited Ministry, that Mr. XXX received pay in the period between September 21, 1992, and April 30, 1998, without being entitled to it, (sic. Note that the period during which Mr. Anchía did not perform police duties was from February 13, 1995, to July 2, 1998) the sum of ¢ 575,612.82 (five hundred seventy-five thousand six hundred twelve colones and eighty-two cents) for the police risk supplement (folios 11 to 15 of the administrative file).\n\n\n\n 3. Through resolution no. 2020-99 DM at 1:05 p.m. on August 17, 1999, Mr. Juan Rafael Lizano S., Minister of Governance and Police and Public Security, designated the administrative collections officer of the Claims Department of the Directorate of Legal Affairs as the directing body of the procedure, \"… in order to determine if there exists evident and manifest nullity regarding the payment of the salary supplement called Police Risk to Mr. XXX\" (folio 18 of the administrative file).\n\n\n\n 4. The directing body of the administrative procedure, through resolution no. 1218-99 AL at 8:20 a.m. on October 13, 1999, issued the order (auto) to open the administrative procedure to determine if there exists absolute, evident, and manifest nullity in the payment made to Mr. XXX for the police risk supplement. Likewise, the aforementioned public servant was summoned to an oral and private hearing to be held at 8:30 a.m. on November 4, 1999, in which he could offer all exculpatory evidence and arguments he deemed pertinent (folio 19 of the administrative file).\n\n\n\n 5. At 8:50 a.m. on November 4, 1999, with the presence of Mr. XXX, the oral and private proceeding was held (folios 67 and 68 of the administrative file).\n\n\n\n 6. Through resolution no. 59-2000 Al at 1:00 p.m. on January 3 of this year, the directing body of the procedure resolved: \"To recommend to the Minister of this Portfolio to issue the final resolution and to refer the present case to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) so that numeral 173 of the General Law of the Republic (sic, refers to the General Law of Public Administration) is complied with and to rule on whether there exists absolute, evident, and manifest nullity in the payment of the police risk salary supplement, in the period from February 13, 1995, when Mr. XXX, identity card No. XXX, was transferred to the Police Inspection Department, until July 3, 1998, the foregoing because there was no legal basis for the payment of said salary supplement, according to audit report AGSP-A19-09-97 [...]\" (folios 69 and 70 of the administrative file).\n\n\n\n 7. The Minister of Public Security, through resolution no. 72-2000 at 1:00 p.m. on January 11 of this year, resolved: \"To send the present proceedings to the Office of the Attorney General of the Republic, so that an opinion is rendered as to whether or not there exists absolute, evident, and manifest nullity, in the granting of the police risk salary supplement in the period from February 13, 1995, to July 2, 1998, to Mr. XXX [...] the foregoing based on Article 173 and following and concordant articles of the General Law of Public Administration; given that said payment was made without legal bases for doing so\" (folios 71 to 74 of the administrative file).\n\n\n\n 8. Licda. Kattia Sequeira Muñoz, Administrative Collections Officer of the Directorate of Legal Affairs of the Ministry of Public Security, through official communication no. 704-2000 AL dated February 1 of this year, sent the corresponding administrative file to the Office of the Attorney General of the Republic.\n\n\n\n II.- THE NULLITY OF ADMINISTRATIVE ACTS DECLARATORY OF RIGHTS AND THE EXPIRATION PERIOD (plazo de caducidad) THAT GOVERNS THE EXERCISE OF THE POWER OF ANNULMENT:\n\n\n\n The power of the Administration to annul acts declaratory of rights without resorting to a lesivity proceeding (contencioso de lesividad) is exceptional and is limited to cases where the nullity, in addition to being absolute, presents the characteristics of being evident and manifest. Outside of these extreme hypotheses, the principle of intangibility of one's own acts fully applies. On this point, this Office of the Attorney General has indicated:\n\n\n\n \"The lesivity process constitutes a guarantee for the persons under administration, by virtue of which the possibility that the Administration may declare, via administrative channel, the nullity of its own acts that create favorable subjective rights for those persons must be understood as proscribed. To achieve this purpose, it must, rather, demand annulment before the contentious-administrative jurisdiction, having—to that end—previously declared that the act is damaging to public, economic, or other interests (articles 10.4 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).\n\n\n\n However, this rule recognizes an exception, established in numeral 173 of the General Law of Public Administration. According to its terms, the Administration is authorized to declare, in administrative channel and without needing to resort to a lesivity proceeding, the nullity of an act declaratory of rights, when said nullity, besides being absolute, is evident and manifest. Even so, and also as a guarantee for the person under administration, in the respective procedure the intervention of a body external to the author of the act in question subsists: the Office of the Attorney General of the Republic. Its action in these hypotheses is embodied through the issuance of a binding opinion (dictamen vinculante), which takes on the nature of an act of preventive legality control; the foregoing, insofar as said opinion, which must be rendered before issuing the final act of the procedure, must be favorable to the Administration's annulment claim, in the sense of certifying that in the specific case the defects of the act are indeed of such magnitude\" (Opinion no. C-080-94 of May 17, 1994).\n\n\n\n On the other hand, it is important to highlight that the power of annulment available to the Administration to carry out the procedure described in Article 173 of the General Law of Public Administration must be exercised within the four-year period established by subsection 5) of the norm in reference. In relation to that point, this Office of the Attorney General has established that this is an expiration period (plazo de caducidad) and not one of prescription (prescripción); which is why it is non-interruptible (see in this regard, among others, opinions C-182-89 of October 4, 1989; C-032-92 of February 17, 1992; C-111-93 of August 24, 1993; C-044-95 of March 8, 1995; C-117-95 of May 31, 1995; C-141-95 of June 21, 1995; C-030-96 of February 19, 1996, and C-037-99 of February 11, 1999). The cited opinion C-044-95 summarizes that institutional criterion in the following terms:\n\n\n\n \"5.- From what has been stated so far, we can take the following as established: a) that the avenue contemplated by the commented regulations so that the Administration may annul its own acts declaratory of rights in an administrative venue without resorting to a contested lesivity trial has an exceptional character. b) that the term to effect the declaration of nullity of the act is one of expiration, and therefore, it operates until it is made effective by the Administration; in this case, the declaration of nullity of the appointment itself. c) The filing of a writ of amparo does not have the effect of interrupting or suspending the expiration period that begins to run from the issuance of the presumably null act.\n\n\n\n 6.- The preceding consequences are congruent with the purpose that inspires the regulations governing this power, which is to provide legal certainty to the persons under administration in whose favor subjective rights of some type have been declared through an administrative act. This unfailingly requires that the term to do so be absolutely rigid, otherwise, there would be total uncertainty and the limit established precisely through the four-year period would be distorted, so that it is not subject to circumstances of any nature that could arise during the prior procedures to the declaration of nullity—be it the development of the ordinary administrative process and the request for criteria from this Office—, procedures that in no way have the quality of interrupting or suspending the course of the period in question.\"\n\n\n\n In the same sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has ruled when specifying the characteristics of the legal institution of expiration (caducidad):\n\n\n\n \"Firstly, it must be noted that the legal figure of expiration is characterized by the following: 1) A legal situation of axiological possibility must have previously arisen, 2) Whose lack of exercise in a determined manner produces its extinction, 3) Short and rigid period for the fulfillment of an act, otherwise the right is lost (it is a period to which neither interruption nor suspension applies), 4) It has innovative-extinctive efficacy\" (judgment no. 2134-95 at 3:00 p.m. on May 2, 1995).\n\n\n\n The same four-year period must be observed—in the case of nullities that are not absolute, evident, and manifest—for the declaration of lesivity referenced in articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction.\n\n\n\n Consequently, once the indicated period has elapsed, the possibility of the Administration's sua sponte review expires, meaning that acts that have conferred rights to persons under administration, even if they present defects, become intangible.\n\n\n\n In the case at hand, as is evident from the administrative file that was sent to us in due course, the act whose absolute, evident, and manifest nullity is sought to be declared dates from February 13, 1995, the date on which the public servant XXX was transferred to the Police Inspection Department of the Ministry of Public Security; the payment of the salary supplement called \"police risk\" (riesgo policial) was maintained for him even though his duties became administrative in nature. As can be appreciated, more than four years have elapsed since the adoption of the act, which is why the nullity action for which we are requested to issue a favorable opinion is clearly untimely.\n\n\n\n\nIII. CONCLUSION:\n\n\n\n In accordance with the foregoing and having found it proven that the administrative act sought to be annulled was adopted on February 13, 1995, it is obligatory to conclude that the expiration period (plazo de caducidad) established to make the corresponding declaration has been amply fulfilled by this date.\n\n\n\n Although the Administration must declare the nullity of acts containing defects of such nature, this must conform to the legally established limitations, one of which is regulated in numeral 173.5 of the General Law of Public Administration. The foregoing means that even though the act in question could contain a defect of absolute, evident, and manifest nullity, more than four years having elapsed since its issuance, the Ministry of Public Security is precluded from making such a declaration.\n\n\n\n Therefore, it is unnecessary to conduct a detailed examination of the matter and inappropriate to issue a favorable criterion in relation to the request made.\n\n\n\n\nWithout further particular, I subscribe,\n\n\n\n\nCordially,\n\n\n\n\n\n\nLic. Julio César Mesén Montoya\n\n\n\nAssistant Attorney General\n\n\n\nAttached: Administrative File."
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