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  "citation": "OJ-106-2017",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Posibilidad de desaplicación del Plan Regulador de Grecia al territorio de Río Cuarto",
  "title_en": "Possibility of disapplying the Grecia Regulatory Plan to Río Cuarto territory",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza si la Municipalidad de Grecia puede desaplicar su Plan Regulador Urbano y Rural al territorio que conformaría el nuevo Cantón de Río Cuarto, creado por la Ley N° 9440. Concluye que no es jurídicamente posible, porque al momento de la consulta la ley de creación aún no había sido publicada en La Gaceta y, por tanto, no integraba el ordenamiento jurídico. Además, aunque adquiera vigencia formal, sus efectos quedan diferidos hasta que se realicen las elecciones municipales correspondientes, en virtud de la inmutabilidad de la división territorial administrativa durante los catorce meses previos a elecciones nacionales, según la Ley N° 6068. El Plan Regulador es una ley material que define el contenido del derecho de propiedad y su aplicación se mantiene hasta que la segregación territorial sea efectiva.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office analyzes whether the Municipality of Grecia can disapply its Urban and Rural Regulatory Plan to the territory that would form the new Canton of Río Cuarto, created by Law 9440. It concludes that it is not legally possible because, at the time of the consultation, the creating law had not yet been published in the Official Gazette and therefore was not part of the legal system. Even if it acquires formal validity, its effects are deferred until the corresponding municipal elections are held, due to the immutability of the administrative territorial division during the fourteen months prior to national elections, pursuant to Law 6068. The Regulatory Plan is a material law that defines the content of property rights and its application remains until the territorial segregation becomes effective.",
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    "Plan Regulador",
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  "excerpt_es": "Resulta palmaria la imposibilidad de desaplicar el Plan Regulador Urbano y Rural, emitido por la Municipalidad de Grecia, por cuanto, el proyecto de Ley que propugna por la Creación del Cantón la Amistad, aún no integra el ordenamiento jurídico y aunque así fuera, este último continúa perteneciendo a la primera hasta que la segmentación geográfica pueda materializarse.",
  "excerpt_en": "It is manifestly impossible to disapply the Urban and Rural Regulatory Plan issued by the Municipality of Grecia, because the bill advocating for the Creation of the Canton of La Amistad is not yet part of the legal system and, even if it were, the latter territory continues to belong to the former until the geographical segmentation can materialize.",
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    "summary_es": "La Procuraduría concluyó que la Municipalidad de Grecia no puede desaplicar su Plan Regulador al territorio de Río Cuarto mientras la ley de creación del nuevo cantón no esté en vigor y la segregación territorial no sea efectiva."
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      "quote_es": "Resulta palmaria la imposibilidad de desaplicar el Plan Regulador Urbano y Rural, emitido por la Municipalidad de Grecia, por cuanto, el proyecto de Ley que propugna por la Creación del Cantón la Amistad, aún no integra el ordenamiento jurídico y aunque así fuera, este último continúa perteneciendo a la primera hasta que la segmentación geográfica pueda materializarse."
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      "quote_en": "The regulatory plan is the legal instrument through which local government plans urban progress, establishing areas that can be designated for a specific purpose, such as construction, recreation, or environmental reserve, and holds the status of a material law.",
      "quote_es": "El plan regulador es el instrumento jurídico, mediante el cual, el gobierno local proyecta el progreso urbano, estableciendo así, las áreas que pueden destinarse para un determinado fin, como, por ejemplo, construcción, recreación o reserva ambiental y detenta condición de Ley material."
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  "body_es_text": "Opinión Jurídica : 106 - J   del 23/08/2017   \n\n\n\nOJ-106-2017\n\n\n\n\n23 de agosto de 2017\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñor\n\n\n\n\nMichael Arce Sancho\n\n\n\n\nDiputado\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, se conoce oficio número MAS-\nPLN-565-17 fechado 22 de mayo del 2017, a través del cual consulta sobre Plan Regulador.\nPuntualmente peticiona dilucidar lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “1) A la luz de la reciente aprobación de la Ley N°9440, Creación del Cantón XVI Río Cuarto, de la\nprovincia de Alajuela; ¿puede la Municipalidad de Grecia \"DESAPLICAR\" el Plan Regulador Urbano y\nRural de ese cantón, para el territorio de Río Cuarto?; tomando en consideración que dicha Ley:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n• \"Rige a partir de su publicación\".\n\n\n\n\n \n\n\n\n • Su eficacia queda de pleno derecho diferida para el siguiente proceso electoral; conforme a\ncriterios emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones mediante oficios TSE-0493-2015 de 20 de\nmarzo de 2015, así como en el TSE-1730-2015 de 22 de setiembre de 2015. Lo anterior, dado a que\nestamos en un período de veda para variar la División Territorial Administrativa del país a tenor de\nlo dispuesto en la Ley N° 6068.\n\n\n\n\n \n\n\n\n • De acuerdo a criterio emitido por el Departamento de Servicios Técnicos en oficio AL-DEST-\nCJU-12-2017, la incorporación de Río Cuarto como cantón de la provincia de Alajuela a la división\nterritorial, \"tendría sus efectos a partir del 5 de febrero de 2018, modificándose para los procesos\nelectorales posteriores la división territorial electoral.\n\n\n\n\n \n\n\n\n • La cabecera del cantón será definida mediante consulta popular, que se realizará en los mismos\ncomicios en los que se elijan las autoridades municipales del cantón (artículo 2 de la Ley).\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1)      En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa. ¿Cuál sería el órgano competente\n(Concejo Municipal, etc.), así como el procedimiento a seguir para realizar la \"desaplicación\" del\nPlan Regulador de Grecia en el territorio de Río Cuarto?…”\n\n\n\n\n \n\n\n\n De previo a rendir el criterio peticionado, valga aclarar que este no constituye un dictamen\nvinculante, ya que, quien lo formula no conforma administración activa y su labor resulta\nindelegable en otro órgano del Estado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En consecuencia, tomando en consideración la competencia de la Procuraduría, lo vertido se\ncircunscribe a una opinión jurídica y se emite como una colaboración institucional.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Bajo esta inteligencia, se analizará los cuestionamientos que nos son sometidos, en los acápites\nsiguientes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.- SOBRE EL PLAN REGULADOR Y SU APLICACIÓN EN EL TIEMPO\n\n\n\n\n \n\n\n\n De previo a analizar la temática sometida a este órgano técnico asesor, se impone mencionar que, al\nmomento de emitir la presente opinión jurídica, el proyecto de Ley denominado “Creación del Cantón\nla Amistad, Cantón XVI de la provincia de Alajuela”, tramitado bajo el número 19632, no constituye\nLey de la República, ya que, no ha finalizado el trámite correspondiente culminado con publicación\nen el Diario Oficial la Gaceta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Clarificado lo anterior y tomando en consideración que lo consultado se relaciona directamente con\naplicación del medio jurídico de organización territorial, conviene, realizar un breve análisis del\nsignificado y naturaleza jurídica que este detenta.\n\n\n\n Así, cabe indicar que, el instituto en análisis, doctrinariamente, se ha definido de la siguiente\nforma:\n\n\n\n “…el plan urbanístico es “un acto de poder público que ordena el territorio estableciendo\nprevisiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y residencia; regula la ordenación y\nutilización del suelo urbano para su destino público o privado y al hacerlo, define el contenido del\nderecho de propiedad, y programa el desarrollo de la gestión urbanística.” [1]        \n\n\n\n Por su parte, el ordenamiento jurídico, lo conceptualiza en el canon primero de la Ley de\nPlanificación Urbana, el cual, en lo conducente dispone: \n\n\n\n “Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos,\nmapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los\nplanes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios\npúblicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tenemos entonces que, el plan regulador es el instrumento jurídico, mediante el cual, el gobierno\nlocal proyecta el progreso urbano, estableciendo así, las áreas que pueden destinarse para un\ndeterminado fin, como, por ejemplo, construcción, recreación o reserva ambiental.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Su génesis se encuentra, en los ordinales 169 de la Constitución Política y 15 de la Ley de\nPlanificación Urbana, el primero, en tanto, dota de competencia a las Municipalidades para\nadministrar los intereses y servicios locales, extremos que comprenden, claro está, el control en\nmateria de distribución poblacional y el segundo, al puntualizar la posibilidad jurídica supra\ncitada.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAsí lo ha establecido el Tribunal Constitucional, al señalar:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “…es incuestionable la competencia del ente municipal para administrar los intereses y servicios\nlocales del Cantón de Alajuela, tal y como lo determina la misma Constitución Política en su\nartículo 169, otorgándole para tal efecto autonomía municipal (artículo 170 ibíd). Si bien es cierto\nel artículo 169 no define ni da mayores elementos de juicio como para extraer en forma definitiva lo\nque debe entenderse por \"intereses y servicios locales\", ya la Sala en otras oportunidades ha dicho\nque se trata de un concepto jurídico indeterminado como lo son el de \"orden público\" o el de \"buenas\ncostumbres\" por citar algunos que también la Constitución utiliza; sin embargo, la Sala también ha\nadmitido que \"…la potestad atribuida a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano\ndentro de los límites de su territorio sí integra el concepto constitucional de \"intereses y\nservicios locales\" a que hace referencia el artículo 169 de la Constitución (…)\" (sentencia\n5757-94). Así las cosas, la normativa constitucional encuentra desarrollo en la legislación vigente,\nespecíficamente el artículo 1 de la Ley de Construcciones claramente determina que son las\nMunicipalidades de la República las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las\ncondiciones necesarias de seguridad, salubridad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y\nconstrucciones que en terrenos de las mismas se levanten, sin perjuicio de las facultades que las\nleyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos. Asimismo, el artículo 15 de la Ley\nde Planificación Urbana reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para\nplanificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional,\ny el artículo 13 inciso g) del Código Municipal señala que son atribuciones del Concejo dictar las\nmedidas de ordenamiento urbano. [2]\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tocante a la naturaleza jurídica del Plan Regulador, cabe mencionar que, detenta condición de Ley\nmaterial, según lo ha establecido la Sala Constitucional, mediante voto número 2006-13330 de las\ndiecisiete horas con treinta y tres minutos del seis de setiembre del dos mil seis, al disponer:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “… se ha estimado que el contenido que se impone en los diversos planes urbanísticos es acorde con\nla exigencia constitucional –de su aprobación mediante ley calificada–, por derivar su competencia\npara su aprobación de la competencia derivada del artículo 169 de la Constitución Política y del\nartículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, la cual sí fue aprobada en cumplimiento del\ncondicionante constitucional –dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa-, en\nvirtud de lo cual, esa legitimación se transfiere a los mismos. Sin embargo, también es importante\natender al contenido de estas regulaciones urbanísticas, las cuales, en atención a la importantísima\nfunción que tienen, como ordenadoras del ordenamiento territorial –más que como restricciones a la\npropiedad–, se deben de tratar como instrumentos que intentan controlar la correcta utilización del\nsuelo y del resto de los recursos naturales, a fin de garantizar un desarrollo racional y armónico\nde los centros urbanos, en los que hay diversidad de usos (residenciales, comerciales, industriales,\náreas protegidas, etc.). Es así como, a través de las regulaciones urbanísticas, se determina el\ncontenido del derecho de esa propiedad, a la cual, ha hecho referencia nuestra jurisprudencia\nconstitucional en los siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"XI. En virtud del proceso urbanístico y la planificación urbana, la ordenación urbana ha de\ntraducirse en un régimen regulador del derecho de propiedad, en cuanto el contenido propio del\nderecho de propiedad es definido a través de las diversas disposiciones que componen el derecho\nurbanístico, esto es, los planes reguladores y los reglamentos dictados por los gobiernos\nmunicipales, y en su defecto -como se verá luego-, por las normas dictadas por el Instituto Nacional\nde Vivienda y Urbanismo. De esta manera, las limitaciones y deberes que se imponen a la propiedad\nprivada son las que definen el contenido normal de la propiedad; y la ordenación urbana establece\nlos límites de las facultades del derecho de propiedad, pero no constriñe o reduce o condiciona el\nejercicio del derecho, sino que más bien define el contenido normal de la propiedad en la función\nque cumple\" (sentencia número 4205-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de\nagosto de mil novecientos noventa y seis).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con lo cual, en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse que\nse trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce derechos\ny establece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la\ncircunscripción territorial del respectivo cantón. Pero también debemos atender al procedimiento de\nformación de estas regulaciones, en tanto se constituye en manifestación de la democracia directa,\ntoda vez que, son elaborados y aprobados por las respectivas municipalidades, las que encuentran su\nrazón de ser, precisamente en su conformación, esto es, por los munícipes o vecinos, en una\ncircunscripción territorial determinada –cantón-, para la \"administración de los intereses y\nservicios locales\" (artículos 169 de la Constitución Política y 1° del Código Municipal..…”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, cuestionándose en este asunto la posibilidad jurídica que detenta la Municipalidad de\nGrecia para desaplicar el Plan Regulador al territorio Río Cuarto, cabe mencionar, primeramente,\nque, la división territorial no se ha suscitado, en tanto, la propuesta que lo disgrega de Grecia no\nha alcanzado la condición de Ley, por cuanto, se insiste, el proyecto numerado 19632, no ha\nfinalizado el íter procedimental para considerar que detenta esta última calidad.  Circunstancia que\npor sí misma dice de la inviabilidad jurídica que permea al ente territorial para desaplicar el Plan\nRegulador Urbano y Rural a un territorio cuya tutela le corresponde.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Pero más aún, en caso de suscitarse el requerimiento citado –condición de ley-, la materialización\nde la norma no se produciría sino hasta que se efectúen elecciones nacionales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Véase que, el cardinal primero de la Ley número 6068 imposibilita la fragmentación territorial\ncatorce meses previos a tal circunstancia. Así dispone:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Declárase invariable la División Territorial Administrativa de la República, durante los catorce\nmeses anteriores a todas las elecciones nacionales de Presidente y Vicepresidentes. En consecuencia,\nno podrán ser creadas nuevas circunscripciones y administrativas durante ese lapso.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEn esta línea, se ha decantado el Tribunal Supremo de Elecciones, al sostener:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “…  El artículo 1° de la ley n.° 6068 de 20 de julio de 1977 declara invariable la División\nTerritorial Administrativa de la República, al establecer la imposibilidad de modificar la DTA\ndurante los catorce meses anteriores a todas las elecciones nacionales de Presidente y\nVicepresidentes, lo que impide “crear nuevas circunscripciones y administrativas” durante ese\ntiempo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Desde la resolución n.° 1883-E-2001 de las 09:15 horas del 07 de setiembre de 2001 este Tribunal\naclaró que, el artículo primero de la citada ley n.° 6068, es de obligada aplicación a las\nelecciones nacionales de alcaldes, síndicos y miembros de los concejos de distrito, lo que también\nimpide variar la división territorial administrativa durante los catorce meses anteriores a estas\nelecciones. En la parte dispositiva de ese fallo se apuntó, en lo conducente: “El artículo primero\nde la Ley 6068 es de obligada aplicación para las Elecciones Nacionales de Alcaldes, Síndicos y\nMiembros de los Concejos de Distrito y por consiguiente, la División Territorial Administrativa, no\npuede ser variada durante los catorce meses anteriores a esas elecciones…” [3]\n\n\n\n\n \n\n\n\n En consecuencia, resulta palmaria la imposibilidad de desaplicar el Plan Regulador Urbano y Rural,\nemitido por la Municipalidad de Grecia, por cuanto, el proyecto de Ley que propugna por la Creación\ndel Cantón la Amistad, aún no integra el ordenamiento jurídico y aunque así fuera, este último\ncontinúa perteneciendo a la primera hasta que la segmentación geográfica pueda materializarse.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.- CONCLUSIONES:\n\n\n\n A.- El plan regulador es el instrumento jurídico, mediante el cual, el gobierno local proyecta el\nprogreso urbano, estableciendo así, las áreas que pueden destinarse para un determinado fin, como,\npor ejemplo, construcción, recreación o reserva ambiental y detenta condición de Ley material.\n\n\n\n B.- El cardinal primero de la Ley número 6068 imposibilita la fragmentación territorial catorce\nmeses previos a elecciones nacionales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n C.- Resulta palmaria la imposibilidad de desaplicar el Plan Regulador Urbano y Rural, emitido por\nla Municipalidad de Grecia, por cuanto, el proyecto de Ley que propugna la Creación del Cantón la\nAmistad aún no integra el ordenamiento jurídico y aunque así fuera, este último continúa\nperteneciendo a la primera hasta que la división territorial pueda materializarse.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano consultivo. Sin otro\nparticular, con toda consideración,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLaura Araya Rojas\n\n\n\n\nProcuradora\n\n\n\n\nÁrea Derecho Público\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLAR/jlh\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n[1] Rojas Morales Iris Rocío, Derecho Urbanístico Costarricense, pág. 386\n\n\n\n [2] Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2008-18869 de las trece horas\ny diecinueve minutos del diecinueve de diciembre del dos mil ocho. \n\n\n\n\n \n\n\n\n [3] Tribunal Supremo de Elecciones, Opinión Consultiva 5417-E8-2014 de once horas veinte minutos\ndel veintitrés de diciembre de dos mil catorce.",
  "body_en_text": "Opinión Jurídica: 106 - J of 23/08/2017\n\nOJ-106-2017\n\nAugust 23, 2017\n\nMr.\nMichael Arce Sancho\nLegislator\nLegislative Assembly\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, official letter number MAS-PLN-565-17 dated May 22, 2017, is hereby acknowledged, through which you consult regarding the Regulatory Plan (Plan Regulador). Specifically, you request clarification of the following:\n\n“1) In light of the recent approval of Law No. 9440, Creation of Canton XVI Río Cuarto, of the province of Alajuela; can the Municipality of Grecia 'DISAPPLY' the Urban and Rural Regulatory Plan (Plan Regulador Urbano y Rural) of that canton, with respect to the territory of Río Cuarto?; taking into consideration that said Law:\n\n• 'Shall be effective upon its publication'.\n\n• Its effectiveness is fully deferred by law until the following electoral process; in accordance with criteria issued by the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) through official letters TSE-0493-2015 of March 20, 2015, as well as TSE-1730-2015 of September 22, 2015. The foregoing, given that we are in a blackout period (período de veda) for altering the Administrative Territorial Division of the country under the terms of Law No. 6068.\n\n• According to criteria issued by the Department of Technical Services in official letter AL-DEST-CJU-12-2017, the incorporation of Río Cuarto as a canton of the province of Alajuela into the territorial division 'would take effect as of February 5, 2018, with the electoral territorial division being modified for subsequent electoral processes.'\n\n• The head town of the canton will be defined by popular consultation, to be held in the same elections in which the municipal authorities of the canton are elected (Article 2 of the Law).\n\n2) In the event that the previous answer is affirmative. What would be the competent body (Municipal Council, etc.), as well as the procedure to be followed to carry out the 'disapplication' of the Regulatory Plan (Plan Regulador) of Grecia in the territory of Río Cuarto?…”\n\nBefore rendering the requested criterion, it should be clarified that this does not constitute a binding opinion, since the person formulating it does not form part of the active administration and her duty is non-delegable to another State body.\n\nConsequently, taking into consideration the competence of the Office of the Attorney General (Procuraduría), the foregoing is circumscribed to a legal opinion and is issued as an institutional collaboration.\n\nUnder this understanding, the questions submitted to us will be analyzed in the following sections.\n\nI. THE REGULATORY PLAN (PLAN REGULADOR) AND ITS APPLICATION OVER TIME\n\nBefore analyzing the subject matter submitted to this technical advisory body, it is necessary to mention that, at the time of issuing this legal opinion, the bill of Law called “Creation of Canton la Amistad, Canton XVI of the province of Alajuela,” processed under number 19632, does not constitute a Law of the Republic, since the corresponding process, culminating in publication in the Official Gazette (Diario Oficial la Gaceta), has not been completed.\n\nHaving clarified the foregoing and taking into consideration that the consultation is directly related to the application of the legal means of territorial organization, it is appropriate to conduct a brief analysis of its meaning and legal nature.\n\nThus, it should be noted that, doctrinally, the institute under analysis has been defined as follows:\n\n“…the urban plan is 'an act of public power that orders the territory by establishing provisions on the location of centers of production and residence; regulates the organization and use of urban land for its public or private purpose and, in doing so, defines the content of the right to property, and programs the development of urban management.' [1]\n\nFor its part, the legal system conceptualizes it in the first provision of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), which, as relevant, provides:\n\n'Regulatory Plan (Plan Regulador), is the local planning instrument that defines, in a set of plans, maps, regulations and any other document, graphic or supplement, the development policy and the plans for population distribution, land uses, circulation routes, public services, community facilities, and construction, conservation and rehabilitation of urban areas.'\n\nWe have, then, that the regulatory plan (plan regulador) is the legal instrument by which the local government projects urban progress, thus establishing the areas that may be designated for a specific purpose, such as, for example, construction, recreation, or environmental reserve.\n\nIts genesis lies in Articles 169 of the Political Constitution and 15 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana); the former, insofar as it endows the Municipalities with competence to administer local interests and services, which includes, of course, control regarding population distribution, and the latter, by specifying the aforementioned legal possibility.\n\nSo has the Constitutional Court (Tribunal Constitucional) established, in stating:\n\n“…the competence of the municipal entity to administer the local interests and services of the Canton of Alajuela is unquestionable, just as the Political Constitution itself determines in its Article 169, granting it municipal autonomy for such purpose (Article 170 ibid.). Although it is true that Article 169 does not define or provide greater elements of judgment as to definitively extract what should be understood by 'local interests and services,' this Chamber has said on other occasions that it is an indeterminate legal concept, such as 'public order' or 'good customs,' to cite some that the Constitution also uses; however, this Chamber has also admitted that '…the power attributed to local governments to plan urban development within the limits of their territory does integrate the constitutional concept of \"local interests and services\" referred to in Article 169 of the Constitution (…)' (judgment 5757-94). Thus, the constitutional rules find development in current legislation, specifically Article 1 of the Construction Law (Ley de Construcciones) clearly determines that the Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, and beauty in their public roads and buildings and constructions erected on their lands, without prejudice to the powers that laws grant in these matters to other administrative bodies. Likewise, Article 15 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) recognizes the competence and authority of municipal governments to plan and control urban development, within the limits of their jurisdictional territory, and Article 13 subsection g) of the Municipal Code (Código Municipal) states that the Council (Concejo) has the power to dictate urban planning measures. [2]\n\nRegarding the legal nature of the Regulatory Plan (Plan Regulador), it is worth mentioning that it holds the condition of material law, as established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through vote number 2006-13330 at seventeen hours and thirty-three minutes on September sixth, two thousand six, in providing:\n\n“…it has been deemed that the content imposed in the various urban plans is in accordance with the constitutional requirement – of their approval by qualified law –, because their competence for approval derives from the competence derived from Article 169 of the Political Constitution and Article 15 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), which was indeed approved in compliance with the constitutional conditioning – two-thirds of the total members of the Legislative Assembly –, by virtue of which, that legitimacy is transferred to them. However, it is also important to attend to the content of these urban regulations, which, in attention to their hugely important function as planners of territorial organization – rather than as restrictions on property –, must be treated as instruments that attempt to control the correct use of land and other natural resources, in order to guarantee a rational and harmonious development of urban centers, where there is a diversity of uses (residential, commercial, industrial, protected areas, etc.). It is thus that, through urban regulations, the content of that property right is determined, to which our constitutional jurisprudence has referred in the following terms:\n\n'XI. By virtue of the urban process and urban planning, urban regulation must translate into a regulatory regime for the right to property, insofar as the proper content of the right to property is defined through the various provisions that make up urban law, that is, regulatory plans (planes reguladores) and regulations issued by municipal governments, and in their absence – as will be seen later –, by the rules dictated by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo). In this way, the limitations and duties imposed on private property are those that define the normal content of property; and urban regulation establishes the limits of the powers of the right to property, but does not constrain or reduce or condition the exercise of the right, but rather defines the normal content of property in the function it fulfills' (judgment number 4205-96, at fourteen hours and thirty-three minutes on August twentieth, nineteen ninety-six).\n\nTherefore, by reason of their content and their general effectiveness or binding force, they must be considered true legal norms or laws in the material sense, since they recognize rights and establish obligations for the owners and possessors of real estate located in the territorial circumscription of the respective canton. But we must also attend to the formation procedure of these regulations, insofar as it constitutes a manifestation of direct democracy, since they are drafted and approved by the respective municipalities, whose very reason for being lies precisely in their composition, that is, by the citizens or residents, in a given territorial circumscription – canton –, for the 'administration of local interests and services' (Articles 169 of the Political Constitution and 1 of the Municipal Code (Código Municipal)..…”\n\nNow, as the legal possibility that the Municipality of Grecia holds to disapply the Regulatory Plan (Plan Regulador) to the territory of Río Cuarto is being questioned in this matter, it should be mentioned, first, that the territorial division has not occurred, insofar as the proposal that separates it from Grecia has not achieved the status of Law, because, it is reiterated, bill number 19632 has not completed the procedural path (íter procedimental) to be considered to hold this latter quality. This circumstance in itself speaks to the legal unviability preventing the territorial entity from disapplying the Urban and Rural Regulatory Plan (Plan Regulador Urbano y Rural) to a territory under its guardianship.\n\nBut even more so, in the event that the cited requirement occurs – status of law –, the materialization of the norm would not take place until national elections are held.\n\nBe it noted that the first provision of Law number 6068 makes territorial fragmentation impossible during the fourteen months prior to such a circumstance. So it provides:\n\n“The Administrative Territorial Division (División Territorial Administrativa) of the Republic is declared invariable, during the fourteen months prior to all national elections for President and Vice Presidents. Consequently, no new administrative circumscriptions may be created during that period.”\n\nIn this line, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones) has pronounced itself, in holding:\n\n“… Article 1 of Law No. 6068 of July 20, 1977 declares the Administrative Territorial Division (División Territorial Administrativa) of the Republic invariable, by establishing the impossibility of modifying the ATD during the fourteen months prior to all national elections for President and Vice Presidents, which prevents 'creating new administrative circumscriptions' during that time.\n\nSince resolution No. 1883-E-2001 at 09:15 hours on September 7, 2001, this Tribunal clarified that the first article of the cited Law No. 6068 is of mandatory application to national elections for mayors, district councilors (síndicos) and members of district councils (concejos de distrito), which also prevents varying the administrative territorial division during the fourteen months prior to these elections. In the operative part of that decision, it was noted, as relevant: 'The first article of Law 6068 is of mandatory application for the National Elections of Mayors, District Councilors (Síndicos) and Members of District Councils (Concejos de Distrito) and consequently, the Administrative Territorial Division may not be varied during the fourteen months prior to those elections…' [3]\n\nConsequently, the impossibility of disapplying the Urban and Rural Regulatory Plan (Plan Regulador Urbano y Rural) issued by the Municipality of Grecia is manifest, because the bill of Law advocating for the Creation of Canton la Amistad does not yet form part of the legal system and even if it did, the latter territory continues to belong to the former until the geographic segmentation can materialize.\n\nII. CONCLUSIONS:\n\nA.- The regulatory plan (plan regulador) is the legal instrument by which the local government projects urban progress, thus establishing the areas that may be designated for a specific purpose, such as, for example, construction, recreation, or environmental reserve, and it holds the condition of material law.\n\nB.- The first provision of Law number 6068 makes territorial fragmentation impossible during the fourteen months prior to national elections.\n\nC.- The impossibility of disapplying the Urban and Rural Regulatory Plan (Plan Regulador Urbano y Rural) issued by the Municipality of Grecia is manifest, because the bill of Law advocating the Creation of Canton la Amistad does not yet form part of the legal system and even if it did, the latter territory continues to belong to the former until the territorial division can materialize.\n\nIn this manner, the matter submitted to this advisory body is concluded. With nothing further, with the utmost consideration,\n\nLaura Araya Rojas\nAttorney (Procuradora)\nPublic Law Area (Área Derecho Público)\n\nLAR/jlh\n\n\n\n[1] Rojas Morales Iris Rocío, Derecho Urbanístico Costarricense, p. 386\n\n[2] Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, vote number 2008-18869 at thirteen hours and nineteen minutes on December nineteenth, two thousand eight.\n\n[3] Supreme Electoral Tribunal, Advisory Opinion 5417-E8-2014 at eleven hours and twenty minutes on December twenty-third, two thousand fourteen."
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