{ "id": "pgr-20255", "citation": "OJ-158-2017", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Reforma a la Ley General de Migración y Extranjería — política migratoria y discrecionalidad legislativa", "title_en": "Reform of the Migration and Aliens Law — immigration policy and legislative discretion", "summary_es": "La Procuraduría analiza el proyecto de ley 20.429 que reforma varios artículos de la Ley General de Migración y Extranjería para hacerlos más operativos. Concluye que toda la propuesta, que incluye cambios en las sanciones por permanencia irregular de no residentes, la acreditación del seguro social para renovar residencias, el endurecimiento del plazo de abandono para turistas vencidos y la clarificación de las obligaciones de los medios de transporte internacional, se enmarca dentro de la soberanía del Estado para definir su política migratoria y dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador. Únicamente recomienda mejorar la redacción del artículo 33 para que la imposición de la multa no sea potestativa sino obligatoria.", "summary_en": "The Attorney General's Office reviews bill 20.429, which seeks to reform several articles of the Migration and Aliens Law to make them more practical. It concludes that the entire proposal—including changes to sanctions for irregular stay of non-residents, the accreditation of social security for residency renewal, stricter deadlines for overstaying tourists to leave the country, and the clarification of obligations for international carriers—falls within the State's sovereign power to define its immigration policy and within the legislature's discretion. It only recommends improving the wording of Article 33 so that the fine is mandatory rather than discretionary.", "court_or_agency": "", "date": "15/12/2017", "year": "2017", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "permanencia irregular", "multa migratoria", "no residente", "categoría migratoria", "aseguramiento CCSS", "discrecionalidad legislativa", "expediente 20.429" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 33", "law": "Ley General de Migración y Extranjería" }, { "article": "Art. 78", "law": "Ley General de Migración y Extranjería" }, { "article": "Art. 80", "law": "Ley General de Migración y Extranjería" }, { "article": "Art. 91", "law": "Ley General de Migración y Extranjería" }, { "article": "Arts. 164 y 170", "law": "Ley General de Migración y Extranjería" }, { "article": "Arts. 6 y 19", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "Ley General de Migración", "política migratoria", "soberanía", "permanencia irregular", "multa migratoria", "no residente", "turista", "aseguramiento CCSS", "discrecionalidad legislativa" ], "keywords_en": [ "Migration Law", "immigration policy", "sovereignty", "irregular stay", "immigration fine", "non-resident", "tourist", "CCSS insurance", "legislative discretion" ], "excerpt_es": "ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea...\nARTÍCULO 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.\nBajo esa inteligencia, resulta claro que aún cuando la Constitución Política establece los derechos y principios de los extranjeros, lo cierto es, que el desarrollo de estos preceptos se encuentra reservado a la ley. De esta manera, el establecimiento de reglas y requisitos, que regulen el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional, así como la facultad de expulsar a un extranjero que incumpla dichos requisitos o atente contra la seguridad nacional, el orden público, la moral, la salud pública y los derechos fundamentales de los demás, no es sino, el producto del ejercicio de las potestades soberanas del Estado.", "excerpt_en": "ARTICLE 6.- The State exercises complete and exclusive sovereignty over the airspace of its territory, its territorial waters within twelve miles from the low-water line along its coasts, its continental shelf, and its insular shelf in accordance with the principles of International Law. It also exercises a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory within two hundred miles from the same line...\nARTICLE 19.- Aliens have the same individual and social duties and rights as Costa Ricans, with the exceptions and limitations established by this Constitution and the laws.\nUnder this understanding, it is clear that even though the Political Constitution establishes the rights and principles of aliens, the development of these precepts is reserved to the law. Thus, the establishment of rules and requirements regulating the entry and stay of aliens in national territory, as well as the power to expel an alien who fails to comply with those requirements or threatens national security, public order, morals, public health, or the fundamental rights of others, is nothing other than the product of the exercise of the State's sovereign powers.", "outcome": { "label_en": "Interpretive opinion", "label_es": "Dictamen interpretativo", "summary_en": "The PGR concludes that bill 20.429 falls within the legislature's discretion and the State's immigration sovereignty, with a drafting recommendation on the fine imposition in Article 33.", "summary_es": "La PGR concluye que el proyecto de ley 20.429 se ajusta a la discrecionalidad del legislador y a la soberanía migratoria del Estado, con una recomendación de redacción sobre la imposición de la multa en el artículo 33." }, "pull_quotes": [ { "context": "Sección II", "quote_en": "Hence, the approval or rejection of the bill falls within the legislature's discretion.", "quote_es": "De ahí que la aprobación o no del proyecto de ley se enmarque dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador." }, { "context": "Comentario al Art. 33", "quote_en": "The only observation we must make is that the sanction established in the proposal is discretionary, since it states that the Directorate General 'may' impose the fine. In this regard, we recommend improving the bill's wording so that the imposition of the fine is not left to the subjective judgment of a public official.", "quote_es": "La única observación que debemos realizar, es que la sanción que establece la propuesta se propone de manera potestativa, por cuanto se indica que la Dirección General 'podrá' establecer la multa dispuesta. Al respecto, se recomienda mejorar la redacción del proyecto de ley para que no quede bajo el criterio subjetivo de un funcionario público la imposición o no de la multa dispuesta." }, { "context": "Comentario a Arts. 164 y 170", "quote_en": "The proposed rules do not alter the substance of the current legislation; they merely vary the wording of both rules with the aim of clarifying the Migration Directorate's authority to authorize the departure of international carriers once compliance with immigration laws by the travelers has been verified.", "quote_es": "Las normas propuestas no varían en cuanto al fondo lo dispuesto en la legislación actual, sino que únicamente varían la redacción de ambas normas con la intención de clarificar la competencia de la Dirección de Migración para autorizar el egreso de los medios de transporte internacional cuando se haya verificado el cumplimiento de la legislación migratoria por parte de las personas que viajan." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-871", "kind": "cited_norm", "label": "Constitución Política" } ], "external": [ { "ref_id": "nexus-res-10734-2008", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=416851&strTipM=T", "kind": "cited_jurisprudence", "label": "Sentencia 10734-2008", "resolution_num": "10734", "year": "2008", "expediente": "07-015740-0007-CO" }, { "ref_id": "norm-65766", "url": "http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=65766&nValor3=76990&strTipM=FN&strNoVolver=no", "kind": "cited_norm", "label": "Convención sobre la Condición de los Extranjeros", "norm_id": "65766" } ] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=20255&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Opinión Jurídica : 158 - J   del 15/12/2017   \n\n\n\n15 de diciembre 2017\n\n\n\n\nOJ-158-2017\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciada\n\n\n\n\nEricka Ugalde Camacho\n\n\n\n\nJefa de Área\n\n\n\n\nComisiones Legislativas III\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio CG-121-2017\ndel 23 de agosto de 2017, mediante el cual solicita el criterio de este órgano superior consultivo\ntécnico-jurídico, sobre el proyecto de ley denominado: “Reforma de los artículos 33, 78, 80, 91, 164\ny 170 de la Ley General de Migración y Extranjería”, que se tramita bajo el expediente legislativo\nN.° 20.429.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Previamente debe aclararse que el criterio que a continuación se expone, es una simple opinión\njurídica de la Procuraduría General de la República, por lo que carece de efecto vinculante para la\nAsamblea Legislativa al no ser Administración Pública.  En consecuencia, se emite como una\ncolaboración en la importante labor que desempeñan las señoras y señores diputados. Asimismo, debe\nseñalarse que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Institución, por cuanto no nos\nencontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa\n(consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una\ninstitución autónoma).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.                   OBJETO DEL PROYECTO DE LEY\n\n\n\n\n \n\n\n\n El presente Proyecto de ley es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que pretende reformar algunos\nartículos de la Ley General de Migración y Extranjería, con la finalidad de resolver dificultades\nprácticas que no se previeron al emitir dicha ley, tomando en consideración especial los cambios\nproducidos con los flujos migratorios temporales y de estancias prolongadas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Considera el proponente que el Ejecutivo debe, de manera responsable, dotar al país de instrumentos\nque permitan al Estado dar respuestas a la administración efectiva de flujos migratorios hacia y\ndesde Costa Rica, para garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad del país.\n\n\n\n\n \n\n\n\n II.                LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SE ENMARCA DENTRO DEL ÁMBITO DE\nDISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR\n\n\n\n De la conjunción de los artículos 6 y 19 de la Constitución Política, surge para el Estado la\npotestad de regular la política migratoria que regirá en el país, definiendo condiciones para el\ningreso y permanencia legal de los extranjeros. Señalan los artículos indicados, lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su\nterritorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja\nmar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los\nprincipios del Derecho Internacional.\n\n\n\n Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una\nextensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar\ncon exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el\nsubsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.\n\n\n\n ARTÍCULO 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los\ncostarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen.\n\n\n\n No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los\ntribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía\ndiplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Esta potestad es reconocida por el Derecho Internacional para todos los Estados, en el artículo 1\nde la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, ratificada por Costa Rica por la Ley N°40\ndel 20 de diciembre de 1932, cuyo texto expresa:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes las condiciones de entrada y\nresidencia de los extranjeros en sus territorios”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Bajo la misma línea de pensamiento, la Sala Constitucional ha reconocido en reiterados\npronunciamientos la posibilidad del Estado de establecer políticas migratorias sustentadas en el\ninterés del Estado, sin que ello signifique la violación a un derecho fundamental.  Ha señalado la\nSala Constitucional, lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “IV.- SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA DEL ESTADO.  En reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que una\nde las manifestaciones de la soberanía del Estado es la de definir la política migratoria a seguir,\nla cual implica la facultad de regular el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en el\nterritorio nacional,  potestad que deberá  ser ejercida por el Estado, con absoluto respeto de las\nnormas y principios que integran el Derecho de la Constitución, atendiendo principalmente a la\ndignidad del ser humano  y a los derechos  fundamentales. En ese sentido, la potestad del Estado de\ndefinir su propia  política migratoria, se encuentra reconocida no solo por nuestra Carta Magna,\nsino también por el Derecho Internacional, tal como se desprende del artículo 22 de la Convención\nAmericana Sobre Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que\nen lo que interesa, señalan lo siguiente:\n\n\n\n\n“Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia.\n\n\n\n  1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por\nel mismo, y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.\n\n\n\n\n 2. Toda persona detiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.\n\n\n\n 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en\nla medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para\nproteger la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades\nde los demás (Convención Americana sobre Derechos Humanos).”\n\n\n\n\n \"Artículo 12.-\n\n\n\n 1. Toda persona que se halle legalmente en territorio de un Estado tendrá derecho a circular\nlibremente en él y a escoger libremente su residencia.\n\n\n\n\n2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.\n\n\n\n 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se\nhallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público,\nla salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los\ndemás derechos reconocidos en el presente Pacto (Pacto Internacional de Derechos Civiles y\nPolíticos).”\n\n\n\n Bajo esa inteligencia, resulta claro que aún cuando la Constitución Política  establece  los\nderechos y principios de  los  extranjeros, lo cierto es, que el desarrollo de estos preceptos se\nencuentra reservado a la ley. De esta manera, el establecimiento de reglas y requisitos, que regulen\nel ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional, así como la facultad de expulsar\na un extranjero que incumpla dichos requisitos o atente contra la seguridad nacional, el orden\npúblico, la moral, la salud pública y los derechos fundamentales de los demás, no es sino, el\nproducto del ejercicio de las potestades soberanas del Estado. En virtud de ello, todo extranjero\nque se encuentra legalmente en un país, o bien, que desee ingresar a el, deberá cumplir con los\nrequisitos que a esos efectos exige el ordenamiento interno del país al que desee ingresar. En ese\nsentido, de conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Migración, corresponde al Poder\nEjecutivo definir la Política migratoria del Estado y  determinar cuáles extranjeros ingresan o no\nal territorio nacional. Así las cosas, cabe agregar, que no corresponde a este Tribunal\nConstitucional,  cuestionar la Política migratoria establecida por el Poder Ejecutivo, ni determinar\nen forma casuística a quien debe autorizársele o no, el ingreso al territorio nacional. “(Sala\nConstitucional, resolución número 2008-10734 de las dieciocho horas del 26 de junio del 2008, el\nsubrayado no es del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tal y como lo señala la Sala Constitucional, los instrumentos de derechos humanos reconocen sin\nlugar a dudas la potestad de los Estados de regular las condiciones de entrada y salida de los\nextranjeros, por lo que el disfrute de los derechos de éstos deberá efectuarse dentro del marco de\nla política pública migratoria.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Derecho Internacional también ha reconocido la posibilidad de los Estados de establecer medidas\nmigratorias para regular el ingreso de los extranjeros a Costa Rica, así como para regular las\ncondiciones de permanencia, sin que dichas medidas sean violatorias de los derechos de los\nextranjeros. Tal es el caso de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no\nson nacionales del país en que viven del  13 de diciembre de 1985, el Convenio 149 sobre las\nmigraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los\ntrabajadores migrantes adoptado el 24 de junio de 1975 por la Organización Internacional del\nTrabajo, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que\ncomplementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Dichos instrumentos internacionales reconocen la obligación de los Estados de establecer políticas\nmigratorias que impidan el flujo de migrantes con otros fines.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Reconociendo el poder soberano de los Estados en esta materia, debemos señalar que la reforma que\nse plantea por iniciativa del Poder Ejecutivo a las normas de la Ley General de Migración y\nExtranjería con la intención de hacerlas más operativas, se encuentran dentro de la atribución del\nEstado en materia migratoria.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De ahí que la aprobación o no del proyecto de ley se enmarque dentro del ámbito de discrecionalidad\ndel legislador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Sin perjuicio de lo anterior, procederemos a realizar un análisis comparativo del articulado\npropuesto, con relación a la normativa vigente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII.             SOBRE EL ARTICULADO\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nA)    Reforma al artículo 33 inciso 3) y párrafos último y penúltimo\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nNORMA VIGENTE\n\n\n\t\n\nPROPUESTA\n\n\n\n\n\nARTÍCULO 33.-\n\n\n\n Las personas extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley, su\nReglamento y, en general, al ordenamiento jurídico vigente, así como a las siguientes obligaciones:\n\n\n\n\n(…)\n\n\n\n 3)   Las personas extranjeras tendrán la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de\npermanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de\ncategoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria.  Toda estancia irregular en\nterritorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria\nequivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de\nestancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente\nal triple del tiempo de su permanencia irregular.\n\n\n\n\n(…)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Quedarán exentos de estos pagos, las personas menores de edad, refugiadas, asiladas, apátridas,\npersonas mayores de edad con discapacidad y trabajadores transfronterizos, así como turistas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n La Dirección de Migración y Extranjería, con base en criterios emitidos por el Ministerio de\nVivienda y Asentamientos Humanos y el IMAS, podrá exonerar a las personas extranjeras de dicho pago,\ncuando la condición socioeconómica así lo justifique.  Además, podrá hacerlo, mediante resolución\nfundada, cuando por medios razonables se determine dicha situación de vulnerabilidad social.\n\n\n\t\n\n Artículo 33-\n\n\n\n\n[…]\n\n\n\n 3) Las personas extranjeras tendrán la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de\npermanencia originalmente otorgado por la autoridad migratoria, salvo que medie solicitud o\nautorización de cambio de categoría migratoria o de prórroga de permanencia.\n\n\n\n Las personas extranjeras cuyo ingreso al país fue autorizado bajo la categoría migratoria de No\nResidentes que permanezcan en el territorio nacional vencido el plazo otorgado al efecto, podrán ser\nsancionadas por la  Dirección General, al realizar los trámites de egreso del territorio nacional,\ncon el pago de una multa de cien dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), o su\nequivalente en colones según el tipo de cambio oficial de venta que determine el Banco Central de\nCosta Rica (BCCR) para el día del cobro, por cada mes o fracción de mes de permanencia irregular.\n\n\n\n En caso de que la persona extranjera no realice -por cualquier motivo- el pago de la multa indicada\nen el párrafo anterior, podrá ser sancionada con una prohibición de ingreso por un plazo equivalente\nal triple del tiempo de su permanencia irregular. El reglamento establecerá el procedimiento y forma\nde pago de esta multa, así como situaciones de excepción.\n\n\n\n\n[…]\n\n\n\n\nQuedarán exentos de los pagos indicados en los incisos 4 y 5:\n\n\n\n a) Las personas menores de edad, refugiadas, asiladas, apátridas, y las personas admitidas como\nturistas.\n\n\n\n b) Las personas que, con fundamento en su condición socioeconómica, no puedan hacer frente al pago,\ncon base en criterios emitidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y/o el\nInstituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).\n\n\n\n\n(La negrita no es del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n       La propuesta anterior, según la exposición de motivos, pretende hacer posible la aplicación\nde la sanción prevista por permanencia irregular, de una persona extranjera a quien se le autorizó\nel ingreso bajo la condición de turista (No Residente) y que irrespetó el plazo otorgado, en\naquellos casos en que la deportación no tiene sentido pues la persona intenta salir del país por sus\npropios medios.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       La única observación que debemos realizar, es que la sanción que establece la propuesta se\npropone de manera potestativa, por cuanto se indica que la Dirección General “podrá” establecer la\nmulta dispuesta. Al respecto, se recomienda mejorar la redacción del proyecto de ley para que no\nquede bajo el criterio subjetivo de un funcionario público la imposición o no de la multa dispuesta.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nB)    Reforma al artículo 78\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nNORMA VIGENTE\n\n\n\t\n\nPROPUESTA\n\n\n\n\n\nARTÍCULO 78.-\n\n\n\n Podrán optar por la categoría migratoria de residente permanente, las personas extranjeras que\ncumplan los siguientes requisitos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1)   La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por consanguinidad que\nhayan gozado de una residencia temporal durante tres años consecutivos.\n\n\n\n 2)   La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad con ciudadano\ncostarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos menores o mayores con discapacidad y\nlos hermanos menores de edad o mayores con discapacidad.\n\n\n\n\n3)   A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha condición.\n\n\n\n Para efectos de renovación de su condición migratoria y cuando corresponda, los residentes\npermanentes deberán acreditar su aseguramiento a los seguros de la CCSS, como mínimo desde el\nmomento en que se les otorgó dicha residencia y en forma ininterrumpida hasta el momento de renovar\nsu cédula de extranjería. Las excepciones a esta norma serán establecidas vía reglamento.\n\n\n\n\n \n\n\n\t\n\nArtículo 78- Podrán optar por la categoría migratoria de residencia permanente:\n\n\n\n 1) La persona extranjera, su cónyuge, madre, padre o hijos menores de edad o mayores con\ndiscapacidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años consecutivos.\n\n\n\n 2) El padre, la madre, los hijos menores de edad o mayores con discapacidad y los hermanos menores\nde edad o mayores con discapacidad, de ciudadano costarricense.\n\n\n\n La persona residente permanente deberá acreditar su aseguramiento ante la Caja Costarricense de\nSeguro Social (CCSS), a la Dirección General al momento de la renovación de su categoría migratoria.\nLas excepciones a esta norma serán\n\n\n\n\nestablecidas vía reglamento.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nARTÍCULO 80.-\n\n\n\n Los residentes temporales únicamente podrán realizar las actividades remuneradas o lucrativas, por\ncuenta propia o en relación de dependencia, que la Dirección General les autorice.  Tal autorización\ntomará en cuenta los dictámenes de carácter recomendativo elaborados por el Ministerio de Trabajo y\nSeguridad Social, así como otros criterios de conveniencia y oportunidad.\n\n\n\n Asimismo, los dependientes de dichos residentes temporales podrán estudiar o laborar, previa\nautorización de la Dirección.  Además, deberán cancelar el pago migratorio correspondiente.\n\n\n\n Los residentes temporales comprendidos en las categorías 1), 2), 5) y 6) del artículo 79 de esta\nLey, quedarán exentos del pago migratorio contemplado en el inciso 4) del artículo 33 de esta Ley.\n\n\n\n Para efectos de renovación de su condición migratoria y cuando corresponda, los residentes\ntemporales deberán acreditar su aseguramiento a los seguros de la CCSS, desde el momento en que se\nles otorga dicha residencia y en forma ininterrumpida hasta el momento de renovar su cédula de\nextranjería.  Las excepciones a esta norma serán establecidas vía reglamento.\n\n\n\t\n\n \n\n\n\n Artículo 80- Los residentes temporales únicamente podrán estudiar o realizar las actividades\nremuneradas o lucrativas, por cuenta propia o en relación de dependencia, que la Dirección General\nles autorice. Tal autorización podrá fundamentarse en dictámenes de carácter recomendativo que emita\nel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como otros criterios de conveniencia y oportunidad.\n\n\n\n Los residentes temporales comprendidos en las categorías 1), 2), 5) y 6) del artículo 79 de esta\nLey, quedarán exentos del pago migratorio contemplado en el inciso 4) del artículo 33 de esta Ley.\n\n\n\n La persona residente temporal deberá acreditar su aseguramiento ante la Caja Costarricense de\nSeguro Social (CCSS), al momento de la renovación del documento que lo acredita como residente\ntemporal. Las excepciones a esta norma serán establecidas vía reglamento.\n\n\n\n\n \n\n\n\n       Con las reformas propuestas a los artículos 78 y 80 de la Ley General de Migración y\nExtranjería se pretende armonizar dicha legislación con la que regula la materia de aseguramiento en\nla Caja Costarricense de Seguro Social y con la realidad social fáctica. La exposición de motivos\nseñala que miles de residentes no logran dar continuidad ininterrumpida a su seguro social como\nestablece la norma actual, pues dicho aseguramiento depende de su condición laboral.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De ahí que para no entorpecer una eventual renovación de la condición migratoria, se propone las\nnormas indicadas, sin que ello signifique que se esté levantado la obligación de mantener el seguro\nal día.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lo anterior evidencia, que la reforma propuesta se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad\ndel legislador y pretende solucionar más bien un problema práctico existente en la actualidad.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nC)    Reforma al artículo 91\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nARTÍCULO VIGENTE\n\n\n\t\n\nPROPUESTA\n\n\n\n\n\nARTÍCULO 91.-\n\n\n\n Vencido el plazo máximo de permanencia legal de una persona extranjera en condición de turista,\ndeberá abandonar el territorio nacional; si no lo hace y pretende acceder a presentar una solicitud\npara tener acceso a alguna de las condiciones migratorias contenidas en la presente Ley y a juicio\nde la Dirección de Migración y Extranjería cumple los requisitos de idoneidad para efectos de incoar\ndicha solicitud legal, deberá cancelar, a favor del Estado costarricense, el monto previsto en el\ninciso 3) del artículo 33 de esta Ley.  Dicha persona dispondrá de noventa días para concluir el\ntrámite solicitado y, a partir del vencimiento de dicho plazo, la persona extranjera incurrirá\nnuevamente en una condición migratoria irregular y quedará expuesta a las sanciones dispuestas en la\npresente Ley.\n\n\n\t\n\nArtículo 91- Vencido el plazo máximo de permanencia legal de una persona extranjera que haya sido\nadmitida al territorio nacional bajo la categoría migratoria de No Residente, deberá abandonar el\nterritorio nacional, si no lo hace quedará expuesta a las sanciones dispuestas en la presente ley.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             La reforma propuesta pretende endurecer la norma actual, en cuanto pretende impedir que\nel extranjero que pague la multa por su permanencia irregular en el país, permanezca noventa días\nmás. \n\n\n\n             Por tanto, la reforma pretende que la persona abandone el país, vencido el plazo máximo\nde permanencia legal bajo el que haya sido admitida bajo la categoría migratoria de No Residente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Esta propuesta también queda comprendida dentro de la libertad de legislar y la\nsoberanía del Estado para disponer su política migratoria.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nD)    Reforma a los artículos 164 y 170\n\n\n\n\nNORMA VIGENTE\n\n\n\t\n\nPROPUESTA\n\n\n\n\n\nARTÍCULO 164.-\n\n\n\n La Dirección General de Aviación Civil del MOPT, por medio de los controladores aéreos\ncorrespondientes, no autorizará la salida del país de ninguna aeronave hasta que la Dirección\nGeneral comunique, formalmente, el cumplimiento de los requisitos migratorios por parte de toda\npersona que viaje.  El incumplimiento de esta disposición será sancionado mediante una multa\nequivalente a diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $ 10 000,00).\n\n\n\n El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo implicará falta grave, en el ejercicio de\nlas funciones del controlador aéreo responsable; para ello, la Dirección General de Migración y\nExtranjería solicitará al MOPT, por medio de Aviación Civil, el procedimiento administrativo\ncorrespondiente, para su aplicación.\n\n\n\t\n\n \n\n\n\n Artículo 164- La Dirección General deberá coordinar con la Dirección General de Aviación Civil del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para impedir la salida del país de un medio de\ntransporte aéreo, hasta que se acredite formalmente, el cumplimiento de los requisitos migratorios\npor toda persona que viaje en este. El medio de transporte aéreo que abandone el territorio nacional\nsin la debida autorización de la Dirección General, podrá ser sancionado conforme lo establece el\nartículo 170 de la presente ley.\n\n\n\n\n\nARTÍCULO 170.-\n\n\n\n En caso de que las empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias\nde un medio de transporte internacional se nieguen a cumplir las obligaciones impuestas por la\npresente Ley, la Dirección General de Migración y Extranjería podrá impedir su salida del territorio\nnacional, hasta que sean cumplidas las obligaciones pertinentes.  Para ello, la Dirección General\npodrá solicitar el apoyo de los distintos cuerpos policiales o de las autoridades administrativas\ndel país.\n\n\n\n Mediante el Reglamento de la presente Ley, se determinará lo relativo a la multa de diez mil\ndólares moneda de los Estados Unidos de América (US$10 000,00), por infracción de la presente Ley.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\t\n\n \n\n\n\n Artículo 170- En caso de que las empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o\nconsignatarias de un medio de transporte internacional se nieguen a cumplir las obligaciones\nimpuestas por la presente ley, la Dirección General podrá impedir su salida del territorio nacional,\nhasta que sean cumplidas las obligaciones pertinentes. Para ello, la Dirección General podrá\nsolicitar el apoyo de los distintos cuerpos policiales o de las autoridades administrativas del\npaís.\n\n\n\n El medio de transporte internacional que abandone el territorio costarricense sin la debida\nautorización de la Dirección General, podrá ser sancionado con multa de diez mil dólares, moneda de\nlos Estados Unidos de América (US$10.000,00), o su equivalente en colones, según el tipo de cambio\noficial de venta que determine el Banco Central de Costa Rica (BCCR), para el día en que se realice\nel pago. La responsabilidad del medio de transporte se determinará mediante un procedimiento\nadministrativo ordinario, conforme a las normas que al efecto establece la Ley N.° 6227, Ley General\nde la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. La multa integrará el fondo especial creado\nmediante el artículo 231 de la presente ley.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Las normas propuestas no varían en cuanto al fondo lo dispuesto en la legislación actual, sino que\núnicamente varían la redacción de ambas normas con la intención de clarificar la competencia de la\nDirección de Migración para autorizar el egreso de los medios de transporte internacional cuando se\nhaya verificado el cumplimiento de la legislación migratoria por parte de las personas que viajan.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por lo anterior, este órgano asesor considera nuevamente que se trata de un tema de libre\ndisposición por parte del legislador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIV. CONCLUSIÓN\n\n\n\n Realizando en análisis comparativo de las normas actuales con las propuestas en el presente\nproyecto de ley, logra determinarse que su aprobación se encuentra dentro del margen de\ndiscrecionalidad del legislador y forma parte del ejercicio soberano del Estado en materia\nmigratoria. \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAtentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSilvia Patiño Cruz\n\n\n\n\nProcuradora Adjunta", "body_en_text": "Legal Opinion : 158 - J of 12/15/2017\n\nDecember 15, 2017\n\nOJ-158-2017\n\nLicenciada\n\nEricka Ugalde Camacho\n\nArea Chief\n\nLegislative Commissions III\n\nLegislative Assembly\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter CG-121-2017 of August 23, 2017, by which you request the opinion of this superior consultative technical-legal body on the bill entitled: “Reform of articles 33, 78, 80, 91, 164 and 170 of the General Law on Migration and Foreigners,” which is being processed under legislative file No. 20.429.\n\nIt must first be clarified that the opinion set forth below is a simple legal opinion of the Attorney General's Office, and therefore has no binding effect for the Legislative Assembly since it is not a Public Administration entity. Consequently, it is issued as a collaboration in the important work performed by the deputies. Likewise, it should be noted that the eight-day deadline granted does not bind this Institution, because we are not faced with any of the scenarios of article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly (consultation with the Supreme Elections Tribunal, the University of Costa Rica, the Judicial Branch, or an autonomous institution).\n\nI. PURPOSE OF THE BILL\n\nThis Bill is an initiative of the Executive Branch, which seeks to reform some articles of the General Law on Migration and Foreigners, with the purpose of resolving practical difficulties that were not foreseen when issuing said law, taking into special consideration the changes produced by temporary migratory flows and prolonged stays.\n\nThe proponent considers that the Executive must, responsibly, equip the country with instruments that allow the State to provide responses to the effective administration of migratory flows to and from Costa Rica, to guarantee the peace, tranquility, and security of the country.\n\nII. THE APPROVAL OF THE BILL FALLS WITHIN THE SCOPE OF THE LEGISLATOR'S DISCRETION\n\nFrom the conjunction of articles 6 and 19 of the Political Constitution, the power arises for the State to regulate the migratory policy that will govern the country, defining conditions for the legal entry and permanence (permanencia) of foreigners. The indicated articles state the following:\n\nARTICLE 6.- The State exercises complete and exclusive sovereignty over the airspace of its territory, over its territorial waters for a distance of twelve miles from the low-water line along its coasts, over its continental shelf, and over its insular base in accordance with the principles of International Law.\n\nIt also exercises a special jurisdiction over the seas adjacent to its territory for an extension of two hundred miles from the same line, in order to protect, conserve, and exclusively exploit all the natural resources and wealth existing in the waters, the soil, and the subsoil of those zones, in accordance with those principles.\n\nARTICLE 19.- Foreigners have the same individual and social duties and rights as Costa Ricans, with the exceptions and limitations that this Constitution and the laws establish.\n\nThey may not intervene in the political affairs of the country, and are subject to the jurisdiction of the courts of justice and the authorities of the Republic, without being able to resort to diplomatic channels, except as provided by international conventions.\n\nThis power is recognized by International Law for all States, in article 1 of the Convention on the Status of Foreigners, ratified by Costa Rica by Law No. 40 of December 20, 1932, the text of which states:\n\n“States have the right to establish, through laws, the conditions of entry and residence of foreigners in their territories”\n\nUnder the same line of thought, the Constitutional Chamber has recognized in repeated pronouncements the State's ability to establish migratory policies supported by the interest of the State, without this implying a violation of a fundamental right. The Constitutional Chamber has stated the following:\n\n“IV.- ON THE STATE'S MIGRATORY POLICY. On repeated occasions, this Chamber has indicated that one of the manifestations of the State's sovereignty is to define the migratory policy to be followed, which implies the power to regulate the entry, permanence (permanencia), and exit of foreigners in the national territory, a power that must be exercised by the State, with absolute respect for the norms and principles that make up Constitutional Law, attending primarily to the dignity of the human being and fundamental rights. In this sense, the State's power to define its own migratory policy is recognized not only by our Magna Carta, but also by International Law, as is clear from article 22 of the American Convention on Human Rights and 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which, as relevant, state the following:\n\n“Article 22. Right of Movement and Residence.\n\n1. Every person legally present in the territory of a State has the right to move about in it, and to reside in it subject to the legal provisions.\n\n2. Every person has the right to leave any country freely, including his own.\n\n3. The exercise of the foregoing rights may not be restricted except pursuant to a law, to the extent indispensable in a democratic society, to prevent criminal offenses or to protect national security, public order, public health or morals, or the rights and freedoms of others (American Convention on Human Rights).”\n\n\"Article 12.-\n\n1. Every person legally present in the territory of a State shall have the right to move freely within it and to freely choose his residence.\n\n2. Every person shall have the right to leave any country freely, including his own.\n\n3. The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order, public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant (International Covenant on Civil and Political Rights).”\n\nUnder that understanding, it is clear that even though the Political Constitution establishes the rights and principles of foreigners, the truth is that the development of these precepts is reserved to the law. In this way, the establishment of rules and requirements that regulate the entry and permanence (permanencia) of foreigners in the national territory, as well as the power to expel a foreigner who fails to comply with said requirements or threatens national security, public order, morals, public health, or the fundamental rights of others, is nothing other than the product of the exercise of the State's sovereign powers. By virtue of this, every foreigner who is legally present in a country, or who wishes to enter it, must comply with the requirements that the domestic legal system of the country they wish to enter requires for those purposes. In that sense, in accordance with article 5 of the General Law on Migration, it corresponds to the Executive Branch to define the State's Migratory policy and to determine which foreigners may or may not enter the national territory. Thus, it must be added that it is not for this Constitutional Court to question the Migratory policy established by the Executive Branch, nor to determine on a case-by-case basis who should be authorized or not to enter the national territory.” (Constitutional Chamber, resolution number 2008-10734 of eighteen hours on June 26, 2008, the underlining is not from the original)\n\nAs the Constitutional Chamber points out, human rights instruments undoubtedly recognize the power of States to regulate the conditions of entry and exit of foreigners, and therefore the enjoyment of their rights must be carried out within the framework of public migratory policy.\n\nInternational Law has also recognized the ability of States to establish migratory measures to regulate the entry of foreigners into Costa Rica, as well as to regulate the conditions of permanence (permanencia), without such measures being a violation of the rights of foreigners. Such is the case of the Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live of December 13, 1985, Convention 149 concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers adopted on June 24, 1975 by the International Labour Organization, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.\n\nThese international instruments recognize the obligation of States to establish migratory policies that prevent the flow of migrants for other purposes.\n\nRecognizing the sovereign power of States in this matter, we must point out that the reform proposed by the initiative of the Executive Branch to the norms of the General Law on Migration and Foreigners with the intention of making them more operational, falls within the State's attribution in migratory matters.\n\nHence, the approval or rejection of the bill falls within the scope of the legislator's discretion.\n\nWithout prejudice to the foregoing, we will proceed to carry out a comparative analysis of the proposed articles, in relation to the current regulations.\n\nIII. ON THE ARTICLES\n\nA) Reform to article 33 subsection 3) and the last and penultimate paragraphs\n\nCURRENT RULE\n\nPROPOSAL\n\nARTICLE 33.-\n\nForeign persons shall be subject to the provisions established in this Law, its Regulations, and, in general, to the current legal system, as well as to the following obligations:\n\n(…)\n\n3) Foreign persons shall have the obligation to leave the country when the period of permanence (permanencia) authorized by the immigration authority expires, unless there is a request for a change of category or an extension granted by said immigration authority. Any irregular stay (estancia) in Costa Rican territory shall cause foreign persons to pay an immigration fine equivalent to one hundred dollars, currency of the United States of America (US$100.00), for each month of irregular stay (estancia) in the country, or, failing this, they shall be prohibited entry for a period equivalent to triple the time of their irregular permanence (permanencia).\n\n(…)\n\nExempted from these payments shall be minors, refugees, asylees, stateless persons, older persons with disabilities, and cross-border workers, as well as tourists.\n\nThe Directorate of Migration and Foreigners, based on criteria issued by the Ministry of Housing and Human Settlements and the IMAS, may exonerate foreign persons from said payment, when their socioeconomic condition so justifies it. In addition, it may do so through a reasoned resolution, when said situation of social vulnerability is determined by reasonable means.\n\nArticle 33-\n\n[…]\n\n3) Foreign persons shall have the obligation to leave the country when the period of permanence (permanencia) originally granted by the immigration authority expires, unless there is a request or authorization for a change of migratory category or an extension of permanence (permanencia).\n\nForeign persons whose entry to the country was authorized under the migratory category of Non-Residents and who remain in the national territory after the period granted for this purpose has expired, may be sanctioned by the General Directorate, when carrying out the procedures to exit the national territory, with the payment of a fine of one hundred dollars, currency of the United States of America (US$100.00), or its equivalent in colones according to the official selling exchange rate determined by the Central Bank of Costa Rica (BCCR) for the day of collection, for each month or fraction of a month of irregular permanence (permanencia).\n\nIn the event that the foreign person does not make – for any reason – the payment of the fine indicated in the preceding paragraph, they may be sanctioned with a prohibition of entry for a period equivalent to triple the time of their irregular permanence (permanencia). The regulations shall establish the procedure and form of payment of this fine, as well as situations of exception.\n\n[…]\n\nExempted from the payments indicated in subsections 4 and 5 shall be:\n\na) Minors, refugees, asylees, stateless persons, and persons admitted as tourists.\n\nb) Persons who, based on their socioeconomic condition, cannot afford the payment, based on criteria issued by the Ministry of Housing and Human Settlements and/or the Joint Institute of Social Assistance (IMAS).\n\n(The bold print is not from the original)\n\nThe previous proposal, according to the statement of legislative intent, seeks to make possible the application of the sanction provided for irregular permanence (permanencia), of a foreign person who was authorized entry under the condition of tourist (Non-Resident) and who violated the granted period, in those cases where deportation makes no sense since the person is attempting to leave the country by their own means.\n\nThe only observation we must make is that the sanction established by the proposal is optional in nature, as it indicates that the General Directorate \"may\" impose the stipulated fine. In this regard, it is recommended to improve the wording of the bill so that the imposition or non-imposition of the stipulated fine is not left to the subjective judgment of a public official.\n\nB) Reform to article 78\n\nCURRENT RULE\n\nPROPOSAL\n\nARTICLE 78.-\n\nForeign persons who meet the following requirements may opt for the migratory category of permanent resident:\n\n1) The foreign person, their spouse, and their first-degree relatives by consanguinity who have held a temporary residence for three consecutive years.\n\n2) The foreign person with a first-degree kinship relationship by consanguinity with a Costa Rican citizen; these shall be understood to be parents, minor children or older children with disabilities, and minor siblings or older siblings with disabilities.\n\n3) The person to whom the Restricted Visa and Refugee Commission grants said condition.\n\nFor purposes of renewing their migratory condition and when applicable, permanent residents must prove their enrollment in the CCSS insurance plans, at a minimum from the moment said residence was granted to them and uninterruptedly until the moment of renewing their foreigner’s identity card. The exceptions to this rule shall be established via regulations.\n\nArticle 78- The following may opt for the migratory category of permanent residence:\n\n1) The foreign person, their spouse, mother, father, or minor children or older children with disabilities who have held a temporary residence for three consecutive years.\n\n2) The father, the mother, the minor children or older children with disabilities, and the minor siblings or older siblings with disabilities, of a Costa Rican citizen.\n\nThe permanent resident person must prove their enrollment with the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) to the General Directorate at the time of renewing their migratory category. The exceptions to this rule shall be established via regulations.\n\nARTICLE 80.-\n\nTemporary residents may only perform the remunerated or lucrative activities, on their own account or as an employee, that the General Directorate authorizes for them. Such authorization shall take into account the recommendatory opinions prepared by the Ministry of Labor and Social Security, as well as other criteria of convenience and opportunity.\n\nLikewise, the dependents of said temporary residents may study or work, with prior authorization from the Directorate. In addition, they must pay the corresponding immigration fee.\n\nTemporary residents included in categories 1), 2), 5) and 6) of article 79 of this Law, shall be exempt from the immigration fee contemplated in subsection 4) of article 33 of this Law.\n\nFor purposes of renewing their migratory condition and when applicable, temporary residents must prove their enrollment in the CCSS insurance plans, from the moment said residence is granted to them and uninterruptedly until the moment of renewing their foreigner’s identity card. The exceptions to this rule shall be established via regulations.\n\nArticle 80- Temporary residents may only study or perform the remunerated or lucrative activities, on their own account or as an employee, that the General Directorate authorizes for them. Such authorization may be based on recommendatory opinions issued by the Ministry of Labor and Social Security, as well as other criteria of convenience and opportunity.\n\nTemporary residents included in categories 1), 2), 5) and 6) of article 79 of this Law, shall be exempt from the immigration fee contemplated in subsection 4) of article 33 of this Law.\n\nThe temporary resident person must prove their enrollment with the Costa Rican Social Security Fund (CCSS) at the time of renewing the document that accredits them as a temporary resident. The exceptions to this rule shall be established via regulations.\n\nWith the reforms proposed to articles 78 and 80 of the General Law on Migration and Foreigners, the aim is to harmonize said legislation with the one that regulates the matter of enrollment in the Costa Rican Social Security Fund and with the factual social reality. The statement of legislative intent notes that thousands of residents cannot maintain uninterrupted continuity in their social security as the current rule establishes, because said enrollment depends on their employment status.\n\nHence, so as not to hinder an eventual renewal of the migratory condition, the indicated rules are proposed, without this meaning that the obligation to keep the insurance up to date is lifted.\n\nThe foregoing shows that the proposed reform falls within the scope of the legislator's discretion and rather aims to solve a practical problem that currently exists.\n\nC) Reform to article 91\n\nCURRENT ARTICLE\n\nPROPOSAL\n\nARTICLE 91.-\n\nOnce the maximum period of legal permanence (permanencia) of a foreign person as a tourist has expired, they must leave the national territory; if they do not do so and seek to submit an application for access to any of the migratory conditions contained in this Law and, in the judgment of the Directorate of Migration and Foreigners, they meet the suitability requirements for the purpose of filing said legal application, they must pay, in favor of the Costa Rican State, the amount provided for in subsection 3) of article 33 of this Law. Said person shall have ninety days to complete the requested procedure and, from the expiration of said period, the foreign person shall again incur an irregular migratory condition and shall be exposed to the sanctions provided for in this Law.\n\nArticle 91- Once the maximum period of legal permanence (permanencia) of a foreign person who has been admitted to the national territory under the migratory category of Non-Resident has expired, they must leave the national territory; if they do not do so, they shall be exposed to the sanctions provided for in this law.\n\nThe proposed reform seeks to tighten the current rule, insofar as it aims to prevent the foreigner who pays the fine for their irregular permanence (permanencia) in the country from staying an additional ninety days.\n\nTherefore, the reform intends for the person to leave the country upon expiration of the maximum period of legal permanence (permanencia) under which they were admitted under the migratory category of Non-Resident.\n\nThis proposal also falls within the freedom to legislate and the sovereignty of the State to determine its migratory policy.\n\nD) Reform to articles 164 and 170\n\nCURRENT RULE\n\nPROPOSAL\n\nARTICLE 164.-\n\nThe General Directorate of Civil Aviation of the MOPT, through the corresponding air traffic controllers, shall not authorize the departure from the country of any aircraft until the General Directorate formally communicates the fulfillment of migratory requirements by every person traveling. Failure to comply with this provision shall be sanctioned by a fine equivalent to ten thousand dollars, currency of the United States of America (US $ 10,000.00).\n\nBreach of the provisions of this article shall constitute a serious fault in the exercise of the functions of the responsible air traffic controller; for this purpose, the General Directorate of Migration and Foreigners shall request from the MOPT, through Civil Aviation, the corresponding administrative procedure for its application.\n\nArticle 164- The General Directorate must coordinate with the General Directorate of Civil Aviation of the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), to prevent the departure from the country of a means of air transport until formal proof is provided of the fulfillment of migratory requirements by every person traveling on it. The means of air transport that leaves the national territory without the due authorization of the General Directorate may be sanctioned as established in article 170 of this law.\n\nARTICLE 170.-\n\nIn the event that the companies or agencies owning, representing, operating, or consigning an international means of transport refuse to comply with the obligations imposed by this Law, the General Directorate of Migration and Foreigners may prevent its departure from the national territory, until the pertinent obligations are fulfilled. For this purpose, the General Directorate may request the support of the various police forces or administrative authorities of the country.\n\nThrough the Regulations of this Law, matters relating to the fine of ten thousand dollars, currency of the United States of America (US$10,000.00), for violation of this Law shall be determined.\n\nArticle 170- In the event that the companies or agencies owning, representing, operating, or consigning an international means of transport refuse to comply with the obligations imposed by this law, the General Directorate may prevent its departure from the national territory, until the pertinent obligations are fulfilled. For this purpose, the General Directorate may request the support of the various police forces or administrative authorities of the country.\n\nThe international means of transport that leaves the Costa Rican territory without the due authorization of the General Directorate may be sanctioned with a fine of ten thousand dollars, currency of the United States of America (US$10,000.00), or its equivalent in colones, according to the official selling exchange rate determined by the Central Bank of Costa Rica (BCCR), for the day on which payment is made. The liability of the means of transport shall be determined through an ordinary administrative procedure, in accordance with the rules established for this purpose by Law No. 6227, General Law of Public Administration, of May 2, 1978. The fine shall form part of the special fund created by article 231 of this law.\n\nThe proposed rules do not change the substance of what is provided in the current legislation, but only vary the wording of both rules with the intention of clarifying the competence of the Directorate of Migration to authorize the departure (egreso) of international means of transport when compliance with immigration legislation by the persons traveling has been verified.\n\nTherefore, this advisory body considers again that this is a matter freely determined by the legislator.\n\nIV. CONCLUSION\n\nBy carrying out a comparative analysis of the current rules with those proposed in this bill, it can be determined that its approval falls within the margin of discretion of the legislator and forms part of the State's sovereign exercise in migratory matters.\n\nCordially,\n\nSilvia Patiño Cruz\nDeputy Attorney General" }