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  "id": "pgr-20580",
  "citation": "C-198-2018",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Inadmisibilidad de consulta sobre legalidad de criterio jurídico concreto de la CCSS",
  "title_en": "Inadmissibility of inquiry into legality of a specific CCSS legal opinion",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta formulada por un diputado que solicitaba valorar los alcances del criterio jurídico DJ-2290-2018 de la Dirección Jurídica de la CCSS. Señala que su función consultiva se limita a temas jurídicos generales y abstractos, y no puede pronunciarse sobre actos administrativos concretos, pues ello implicaría sustituir a la administración activa y ejercer un control de legalidad que no le compete. La consulta planteaba una revisión de legalidad de un informe específico, lo que desborda su competencia asesora. Reitera su línea de inadmitir consultas sobre casos particulares, en aplicación de los artículos 3 inciso b), 4 y 5 de su Ley Orgánica.",
  "summary_en": "The Office of the Attorney General declares inadmissible an inquiry from a member of parliament requesting an assessment of the scope of legal opinion DJ-2290-2018 issued by the Legal Directorate of the Costa Rican Social Security Fund (CCSS). The PGR states that its advisory function is limited to general and abstract legal issues and cannot rule on specific administrative acts, as doing so would replace the active administration and exercise a legality control it does not possess. The inquiry sought a legality review of a specific report, exceeding its advisory authority. The opinion reaffirms the PGR's consistent practice of rejecting inquiries on particular cases under Articles 3(b), 4, and 5 of its Organic Law.",
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  "date": "17/08/2018",
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    "Procuraduría General de la República",
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    "Procuraduría General de la República",
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    "Organic Law 6815",
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    "C-198-2018"
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  "excerpt_es": "Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico que, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que integran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos institutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la administración activa.\n\nEn esta ocasión se pretende que determinemos si el criterio jurídico No. DJ-2290-2018 -que el Presidente Ejecutivo de la CCSS envió por correo electrónico a los funcionarios de institución- es correcto o no, es decir, que valoremos la legalidad de un informe específico. Y como ya lo dispusimos, si accedemos a rendir el criterio solicitado, estaríamos refiriéndonos sobre la validez de actuaciones administrativas concretas, con lo cual invadiríamos competencias que no nos corresponden y desconoceríamos nuestra función asesora.\n\nDefinitivamente, nuestra competencia consultiva no nos faculta para revisar o analizar la legalidad de los actos adoptados por otras instituciones en el ejercicio de las funciones que les corresponden.",
  "excerpt_en": "This Office of the Attorney General has indicated on countless occasions that the technical-legal advice provided through its opinions and pronouncements to the various bodies and entities of the Public Administration is limited to the analysis and clarification of different legal institutes, principles, and rules, considered abstractly. Accordingly, specific matters on which a decision is pending by the active administration are not subject to consultation.\n\nIn this case, we are being asked to determine whether legal opinion No. DJ-2290-2018—which the Executive President of the CCSS sent by email to the institution's officials—is correct or not; that is, to assess the legality of a specific report. And as we have already stated, if we agreed to issue the requested opinion, we would be ruling on the validity of specific administrative actions, thereby invading competences that are not ours and disregarding our advisory function.\n\nDefinitively, our advisory competence does not empower us to review or analyze the legality of acts adopted by other institutions in the exercise of their respective functions.",
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    "label_en": "Inadmissible",
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    "summary_en": "The inquiry is declared inadmissible as it concerns the legality of a specific administrative act of the CCSS, exceeding the Attorney General's advisory function.",
    "summary_es": "La consulta se declara inadmisible por versar sobre la legalidad de un acto administrativo concreto de la CCSS, lo que excede la función consultiva de la Procuraduría."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=20580&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 198 del 17/08/2018   \n\n\n\n17 de agosto de 2018\n\n\n\n\nC-198-2018\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñor\n\n\n\n\nLuis Antonio Aiza Campos\n\n\n\n\nDiputado\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio No.\nDLA-118-2018 de 6 de agosto de 2018, recibido el 7 de agosto, en el cual nos consulta lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Los alcances del criterio emitido por la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro\nSocial, mediante oficio DJ-2290-2018 de 27 de abril de 2018 (el cual se adjunta), ¿se encuentran\napegados al bloque de legalidad y de constitucionalidad que rigen nuestro ordenamiento jurídico?\n\n\n\n\n \n\n\n\n Además, indica que específicamente se requiere nos pronunciemos sobre una conclusión concreta del\ninforme indicado, cuyo texto transcribe.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ante ello, debemos indicar que, de conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra\nLey Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo,\ntécnico jurídico, de la Administración Pública, y en esa condición, cumple su función rindiendo los\ncriterios legales que le solicite la Administración Pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración\nPública, cuando nos consulta un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así, cuando\nrequiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Pese a lo anterior, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula\nla Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las\nimportantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios\njurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley o en relación con aspectos jurídicos\nque pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan\nestimarse de interés general.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Pero, tal y como lo hemos dispuesto en otras oportunidades, esa colaboración no nos\npermite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas, puesto que lo contrario\nimplicaría desnaturalizar nuestra función asesora. (Al respecto véanse las Opiniones Jurídicas Nos.\nOJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005, OJ-53-2010 de 9 de agosto de 2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de\n2017 y OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Uno de los requisitos de admisibilidad de las consultas que se extraen de los artículos\n3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica es que las interrogantes planteadas versen sobre\ntemas jurídicos generales, sin que se cuestionen casos concretos o actos administrativos\nespecíficos, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la administración activa en la\ntoma de decisiones y ejercer una función de control de legalidad que no nos corresponde,\ndesconociendo así nuestra competencia consultiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Al respecto, hemos dispuesto que:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Esta Procuraduría ha indicado, en innumerables ocasiones, que el asesoramiento técnico-jurídico\nque, a través de sus dictámenes y pronunciamientos, presta a los distintos órganos y entes que\nintegran la Administración Pública, se circunscribe al análisis y precisión de los distintos\ninstitutos, principios y reglas jurídicas, abstractamente considerados. En tal orden de ideas, no\nson consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la\nadministración activa.  El asunto que ahora nos ocupa, se subsume con claridad en la indicada\nsituación de excepción: aunque se trate de plantear la cuestión en términos generales, lo cierto es\nque se nos invita a juzgar la legalidad de una decisión administrativa concreta. Evidentemente, no\nes propio de nuestro rol consultivo verter este tipo de juicios (…) Amen de lo ya señalado, nótese\nque con un eventual pronunciamiento de nuestra parte, estaríamos sustituyendo a la administración\nactiva en la adopción de una decisión que sólo a ella corresponde, en atención al carácter\nvinculante de nuestros criterios, con el consiguiente desatendimiento de las responsabilidades\npropias del agente público.”  (C-194-1994 de 15 de diciembre de 1994, reiterado en OJ-005-1998 de 27\nde enero de 1998, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero de 2006, C-026-2015\nde 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016 y C-085-2016 de 25 de abril de 2016,\nentre muchos otros).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En esta ocasión se pretende que determinemos si el criterio jurídico No. DJ-2290-2018\n-que el Presidente Ejecutivo de la CCSS envió por correo electrónico a los funcionarios de\ninstitución- es correcto o no, es decir, que valoremos la legalidad de un informe específico. Y como\nya lo dispusimos, si accedemos a rendir el criterio solicitado, estaríamos refiriéndonos sobre la\nvalidez de actuaciones administrativas concretas, con lo cual invadiríamos competencias que no nos\ncorresponden y desconoceríamos nuestra función asesora.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Definitivamente, nuestra competencia consultiva no nos faculta para revisar o analizar\nla legalidad de los actos adoptados por otras instituciones en el ejercicio de las funciones que les\ncorresponden.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por esa razón, la consulta planteada es inadmisible, y lamentablemente, nos encontramos\nimposibilitados para rendir el criterio requerido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            De usted, atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAmanda Grosser Jiménez                                Elizabeth León Rodríguez\n\n\n\n\n         Procuradora                                         Abogada de Procuraduría",
  "body_en_text": "Opinion : 198 of 17/08/2018  \n\n\n\n17 August 2018  \n\n\n\n\nC-198-2018  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nSeñor  \n\n\n\n\nLuis Antonio Aiza Campos  \n\n\n\n\nDiputado  \n\n\n\n\nAsamblea Legislativa  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nDear Sir:  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n With the approval of the Procurador General de la República, we respond to your official communication No.\nDLA-118-2018 of 6 August 2018, received on 7 August, in which you consult us on the following:  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n “Does the scope of the legal opinion issued by the Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro\nSocial, through official communication DJ-2290-2018 of 27 April 2018 (attached), comply\nwith the body of law and constitutional principles that govern our legal system?”  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n Additionally, it indicates that we are specifically requested to pronounce on one particular conclusion of the\nreferenced report, the text of which is transcribed.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n In view of this, we must indicate that, in accordance with articles 1°, 2° and 3° subsection b) of our\nLey Orgánica (No. 6815 of 27 September 1982), the Procuraduría is the superior consultative,\ntechnical-legal body of the Public Administration, and in that capacity, it fulfills its function by rendering the\nlegal opinions requested by the Public Administration.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n For those purposes, the Asamblea Legislativa could be considered as Public Administration\nwhen it consults us on a matter in the exercise of its administrative function, but not when\nit requests our opinion on a matter of interest for the exercise of the legislative function.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n Despite the foregoing, the Procuraduría has customarily addressed the consultations submitted\nby the Asamblea Legislativa and its diputados, in an effort to collaborate with the exercise of the\nimportant functions that the Constitución Política grants them. Hence, non-binding legal\nopinions are rendered on specific bills or in relation to legal aspects that can be considered covered\nby the political oversight function and that can reasonably be deemed of general interest.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n However, as we have established on other occasions, such collaboration does not\nallow us to disregard the essential admissibility requirements for consultations, since doing otherwise\nwould distort our advisory function. (In this regard, see Legal Opinions Nos.\nOJ-095-2009 of 5 October 2005, OJ-53-2010 of 9 August 2010, OJ-030-2017 of 9 March of\n2017 and OJ-061-2017 of 29 May 2017).  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n One of the admissibility requirements for consultations inferred from articles\n3° subsection b) and 4° and 5° of our Ley Orgánica is that the questions posed must concern\ngeneral legal issues, without questioning specific cases or specific administrative acts,\nsince pronouncing on such matters would entail substituting the active administration in its\ndecision-making and exercising a legality oversight function that does not correspond to us,\nthereby disregarding our consultative competence.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nIn this regard, we have established that:  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n “This Procuraduría has indicated, on countless occasions, that the technical-legal advice\nit provides, through its opinions (dictámenes) and pronouncements, to the various bodies and entities that\nmake up the Public Administration, is limited to the analysis and clarification of the various\nlegal institutes, principles, and rules, considered in the abstract. In this line of thinking,\nspecific matters on which a decision by the active administration is pending are not subject to\nconsultation. The matter at hand clearly falls within this exceptional\nsituation: although the question may be framed in general terms, the fact is\nwe are being invited to judge the legality of a specific administrative decision. Evidently, it\nis not within our consultative role to offer this type of judgment (…) Aside from the foregoing, note\nthat a potential pronouncement by us would mean substituting the active\nadministration in the adoption of a decision that corresponds to it alone, given the\nbinding nature of our opinions, with the consequent disregard for the responsibilities\ninherent to the public official.” (C-194-1994 of 15 December 1994, reiterated in OJ-005-1998 of 27\nJanuary 1998, OJ-017-2002 of 1 March 2002, C-021-2006 of 20 January 2006, C-026-2015\nof 17 February 2015, C-042-2016 of 25 February 2016 and C-085-2016 of 25 April 2016,\namong many others).  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n On this occasion, it is intended that we determine whether legal opinion No. DJ-2290-2018\n—which the Presidente Ejecutivo of the CCSS sent by email to the institution’s officials—\nis correct or not; that is, that we assess the legality of a specific report. And as\nwe have already established, if we agree to render the requested opinion, we would be commenting on the\nvalidity of concrete administrative actions, thereby invading competences that do not\ncorrespond to us and disregarding our advisory function.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n Most definitely, our consultative competence does not empower us to review or analyze\nthe legality of acts adopted by other institutions in the exercise of their respective\nfunctions.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n For this reason, the consultation submitted is inadmissible, and regrettably, we find ourselves\nunable to render the required opinion.  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nYours sincerely,  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nAmanda Grosser Jiménez                        Elizabeth León Rodríguez  \n\n\n\n\n         Procuradora                                     Abogada de Procuraduría"
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