{ "id": "pgr-21756", "citation": "C-011-2020", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Inadmisibilidad de consulta sobre terrenos de JAPDEVA en Limón por judicialización y particulares", "title_en": "Inadmissibility of consultation on JAPDEVA lands in Limón due to judicialization and private interests", "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta formulada por la diputada Marolin Azofeifa Trejos sobre el régimen jurídico de la finca No. 96658 de Limón, la rectificación de medida por JAPDEVA, la legitimidad de fincas particulares y la posibilidad de venta o donación. La PGR fundamenta la inadmisibilidad en cuatro razones: (1) el derecho de petición no ampara a funcionarios públicos en tal condición, ni aplica a solicitudes de criterio jurídico; (2) varias preguntas involucran decisiones de administración activa, lo que excede la función consultiva; (3) existen procesos judiciales en trámite que discuten el régimen de esos terrenos (expedientes 05-160088-0507-AG y 13-5568-1027-CA), por lo que abstenerse evita interferencia jurisdiccional; y (4) la consulta podría funcionar como canal para intereses particulares, no cubiertos por la función de control político ni por la competencia consultiva de la PGR. En consecuencia, la Procuraduría se abstiene de emitir criterio.", "summary_en": "The Office of the Attorney General declares inadmissible a query from Deputy Marolin Azofeifa Trejos regarding the legal status of farm No. 96658 in Limón, land measurement rectification by JAPDEVA, validity of private titles, and potential sale or donation of lands. The Attorney General bases inadmissibility on four grounds: (1) the right of petition does not apply to public officials acting as such, nor does it compel issuance of legal opinions; (2) several questions entail active administration decisions beyond the advisory role; (3) there are ongoing judicial proceedings concerning the same lands (dockets 05-160088-0507-AG and 13-5568-1027-CA), and abstaining avoids jurisdictional interference; and (4) the query might serve private interests, which fall outside political oversight function and the advisory competence of the Office. The Attorney General therefore refrains from issuing an opinion.", "court_or_agency": "", "date": "15/01/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "derecho de petición", "administración activa", "competencia consultiva", "control político", "bienes de dominio público", "inadmisibilidad", "proceso judicial pendiente", "Ley Orgánica de la Procuraduría" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 1, 2, 3(b)", "law": "Ley 6815" } ], "keywords_es": [ "Procuraduría General de la República", "inadmisibilidad de consulta", "bienes de dominio público", "JAPDEVA", "finca Limón", "judicialización", "intereses particulares", "control político", "derecho de petición", "función consultiva" ], "keywords_en": [ "Attorney General’s Office", "inadmissibility of consultation", "public domain lands", "JAPDEVA", "Limón farm", "judicialization", "private interests", "political oversight", "right of petition", "advisory function" ], "excerpt_es": "De ahí que, al existir un proceso judicial pendiente de resolver en el cual se discute el régimen jurídico aplicable a los terrenos objeto de la consulta, debemos abstenernos de emitir un criterio al respecto en el ejercicio de nuestra competencia consultiva.\n\nAunado a lo anterior, debe señalarse que no es procedente responder aquellas consultas que, aunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal transmisor de una duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado, pues, de conformidad con nuestra Ley Orgánica, no somos competentes para atender las consultas de particulares.\n\nPor lo tanto, en razón de todo lo expuesto, su gestión es inadmisible, y, en consecuencia, nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.", "excerpt_en": "Hence, since there is a pending judicial proceeding in which the legal regime applicable to the lands subject to the query is being discussed, we must refrain from issuing an opinion in the exercise of our advisory competence.\n\nIn addition, it is not appropriate to answer those queries that, even when raised by deputies, have the purpose of serving as a conduit for a legal doubt concerning a private legal subject, because, pursuant to our Organic Law, we are not competent to handle queries from private individuals.\n\nTherefore, on the basis of all of the foregoing, your request is inadmissible, and, consequently, we are unable to issue the requested opinion.", "outcome": { "label_en": "Query inadmissible", "label_es": "Consulta inadmisible", "summary_en": "The Attorney General declares the deputy's query inadmissible because it involves active administration decisions, there are ongoing judicial proceedings, and it may channel private interests.", "summary_es": "La Procuraduría declara inadmisible la consulta de la diputada por involucrar decisiones de administración activa, existencia de procesos judiciales pendientes y posible canalización de intereses particulares." }, "pull_quotes": [ { "context": "Fundamentación jurídica", "quote_en": "the right of petition belongs to individuals, not to public officials when acting in that capacity.", "quote_es": "el derecho de petición es propio de los administrados o individuos, no de los funcionarios públicos cuando actúan en esa condición." }, { "context": "Consideraciones sobre admisibilidad", "quote_en": "handling such queries would mean transferring to the Attorney General’s Office the function proper to the active administration of making decisions on specific matters, and therefore we would be disregarding our purely advisory role and invading competencies that are not ours.", "quote_es": "atender ese tipo de consultas implicaría trasladar a la Procuraduría la función propia de la administración activa de tomar decisiones sobre asuntos específicos, y, por tanto, estaríamos desconociendo nuestra función meramente consultiva e invadiendo competencias que no nos corresponden." }, { "context": "Jurisprudencia administrativa citada", "quote_en": "matters under discussion before the courts of justice are non-consultable.", "quote_es": "los asuntos objeto de discusión ante los tribunales de justicia son materia no consultable." }, { "context": "Consideración final sobre particulares", "quote_en": "it is not appropriate to answer those queries that, even when raised by deputies, have the purpose of serving as a conduit for a legal doubt concerning a private legal subject.", "quote_es": "no es procedente responder aquellas consultas que, aunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal transmisor de una duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38915", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6815 Arts. 1, 2, 3(b)" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=21756&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Dictamen : 011 del 15/01/2020   \n\n\n\n15 de enero de 2020\n\n\n\n\nC-011-2020\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nMarolin Azofeifa Trejos\n\n\n\n\nDiputada\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no.\nDAMT-002-2020 de 6 de enero de 2020, recibido en la Procuraduría el 7 de enero, mediante el cual\nrequiere nuestro criterio jurídico sobre varias interrogantes relacionadas con el régimen aplicable\na los terrenos comprendidos en la finca de la provincia de Limón no. 96658, el procedimiento\ncorrecto para que JAPDEVA rectifique la medida de esa finca y libere los terrenos correspondientes a\nfincas inscritas a nombre de particulares, la legitimidad de las fincas inscritas de particulares\nubicadas en esos terrenos y la posibilidad de que JAPDEVA venda o done pociones de esa finca a\nparticulares.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Indica que fundamenta su solicitud en lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 121 inciso 23) de la\nConstitución Política, 239, 275 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, 6 y 7\nde la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y, 1, 3 y 6\nde la Ley de Regulación del Derecho de Petición.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ante ello, debemos indicar que el derecho de petición es propio de los administrados o individuos,\nno de los funcionarios públicos cuando actúan en esa condición. (Al respecto véanse los votos de la\nSala Constitucional nos. 1217-2004 de las 14 horas 31 minutos de 11 de febrero de 2004, 2459-2012 de\nlas 14 horas 30 minutos de 22 de febrero de 2012, 5649-2016 de las 9 horas 5 minutos de 29 de abril\nde 2016 y 13414-2017 de las 9 horas 15 minutos de 25 de agosto de 2017).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Además, tal y como lo hemos dispuesto en otras ocasiones, los derechos de petición, pronta\nrespuesta y libre acceso a los departamentos administrativos son aplicables a las solicitudes de\ninformación o datos que poseen las distintas oficinas públicas. En ese carácter, no comprenden\naquellas gestiones que requieren nuestro criterio jurídico sobre algún tema específico, que implica\nelaborar un análisis legal sobre un tema específico, y que, por ello, es distinto a la obligación de\nbrindar la información que sobre nuestra gestión sea requerida. (Pronunciamientos nos. OJ-074-2017\nde 20 de junio de 2017, C-294-2019 de 17 de octubre de 2019 y C-316-2019 de 30 de octubre de 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por lo tanto, a su gestión no le resultan aplicables las disposiciones constitucionales citadas, la\nLey de Regulación del Derecho de Petición ni los artículos citados de la Ley de Protección al\nCiudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, que, según el artículo 1°, regula las\ngestiones que los administrados, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho\no acceso a la justicia administrativa, dirijan a la Administración Pública. Tampoco son aplicables\nlos artículos 239 y 275 de la Ley General de la Administración Pública, referidos a la comunicación\nde los actos de procedimiento y las partes de los procedimientos administrativos, pues, su gestión\nno involucra ni tiene relación con el desarrollo de un procedimiento administrativo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Ahora bien, de conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no.\n6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico,\nde la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales\nque le solicite la Administración Pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración\nPública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando\nrequiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Pese a lo anterior y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha\nacostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán\nde colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les\natribuye.  De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de\nley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control\npolítico y que razonablemente puedan estimarse de interés general.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Tal y como hemos dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboración no dispuesta\nen la Ley tiene como objeto colaborar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello\nmediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Dicho asesoramiento no puede\ndesnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría ni mediatizar su función, al punto de\nimpedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración\nPública. Así, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la\nfunción consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad\ny mesura de la consulta que se formule.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En ese entendido, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios a la\nAsamblea Legislativa y sus Diputados, no nos permite obviar los requisitos esenciales de\nadmisibilidad de las consultas, puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función\nasesora. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005, OJ-53-2010 de 9\nde agosto de 2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018\nde 17 de agosto de 2018 y C-101-2019 de 5 de abril de 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Así, en cuanto a los requisitos de admisibilidad de las consultas hemos indicado que\nlas interrogantes deben ser planteadas de forma clara y precisa y versar sobre temas jurídicos en\ngenérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser\nresuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto\nadministrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro\nórgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto\njudicial en trámite. (Ver pronunciamientos Nos. C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19\nde agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016 y C-377-2019\nde 19 de diciembre de 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Si bien es cierto las preguntas formuladas no están referidas propiamente a un asunto concreto,\nalgunas están relacionadas con actuaciones cuya decisión y ejecución correspondería adoptar a la\nadministración activa. Y, como ya hemos señalado, atender ese tipo de consultas implicaría trasladar\na la Procuraduría la función propia de la administración activa de tomar decisiones sobre asuntos\nespecíficos, y, por tanto, estaríamos desconociendo nuestra función meramente consultiva e\ninvadiendo competencias que no nos corresponden. (Al respecto, véanse los pronunciamientos Nos.\nC-194-1994 de 15 de diciembre de 1994, OJ-017-2002 de 1° de marzo de 2002, C-021-2006 de 20 de enero\nde 2006, C-026-2015 de 17 de febrero de 2015, C-042-2016 de 25 de febrero de 2016, C-143-2017 de 23\nde junio de 2017, OJ-155-2018 de 23 de noviembre de 2018, C-023-2019 de 29 de enero de 2019, entre\nmuchos otros).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Además, importa advertir que ha sido criterio reiterado en la jurisprudencia\nadministrativa de este Órgano Superior Consultivo que éste debe abstenerse de emitir pronunciamiento\nrespecto de los asuntos que son objeto de discusión ante los tribunales de justicia. Esto a fin de\nevitar interferencias con el ejercicio de la función jurisdiccional, pero, además, de respetar el\ncriterio de jerarquía normativa. Así, se considera que los asuntos objeto de discusión ante los\ntribunales de justicia son materia no consultable. (Al respecto, véanse los pronunciamientos Nos.\nOJ-043-2003 de 12 de marzo de 2003, C-053-2010 del 25 de marzo de 2010, C-278-2011 del 10 de\nnoviembre de 2011, C-18-2014 de 17 de enero de 2014, C-136-2014 de 2 de mayo de 2014, OJ-065-2014 de\n25 de junio de 2014 y C-226-2016 de 31 de octubre de 2016, OJ-130-2017 de 9 de marzo de 2017, entre\notros).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Al respecto, se advierte que la finca de la provincia de Limón no. 96658 sobre la cual\nversa la consulta, posee la anotación de una demanda ordinaria, tramitada en el Tribunal Agrario,\nbajo el expediente no. 05-160088-0507-AG.\n\n\n\n             Asimismo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se encuentra\nen trámite el expediente no. 13-5568-1027-CA, cuya demanda tiene por objeto el reconocimiento de la\nlegalidad de la inscripción de varias fincas que se traslapan con los linderos de la finca no. 96658\ny el cobro de daños y perjuicios al Estado. En ese mismo expediente, el Estado, representado por\nesta Procuraduría, presentó una contrademanda, solicitando la anulación de los asientos registrales\nde las fincas indicadas, alegándose haber sido inscritas sobre bienes declarados de dominio público\ncon anterioridad.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De ahí que, al existir un proceso judicial pendiente de resolver en el cual se discute\nel régimen jurídico aplicable a los terrenos objeto de la consulta, debemos abstenernos de emitir un\ncriterio al respecto en el ejercicio de nuestra competencia consultiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Aunado a lo anterior, debe señalarse que no es procedente responder aquellas consultas\nque, aunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal\ntransmisor de una duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado, pues, de conformidad con\nnuestra Ley Orgánica, no somos competentes para atender las consultas de particulares. (Véanse las\nOpiniones Jurídicas Nos. OJ-147-2005 de 26 de setiembre de 2005, OJ-003-2008 de 15 de enero de 2008,\nOJ-018-2018 de 29 de enero de 2018 y C-316-2019 de 30 de octubre de 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De tal forma, pese a que su consulta involucra temas relacionados con bienes de dominio\npúblico que podrían ser objeto del ejercicio de la función de control político, lo cierto es que\nésta podría involucrar intereses particulares de quienes ocupan terrenos en la finca antes citada o\nson propietarios de fincas inscritas ubicadas en esa misma área y requieren definir mecanismos para\nregularizar su situación y para mantener la legitimidad de sus títulos de propiedad. En\nconsecuencia, el ligamen de lo consultado con el ejercicio de la función de control político no\nresulta completamente claro.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por lo tanto, en razón de todo lo expuesto, su gestión es inadmisible, y, en\nconsecuencia, nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.\n\n\n\n\n           \n\n\n\n\n            De Usted, atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                                       Elizabeth León Rodríguez\n\n\n\n\n                                                                       Procuradora", "body_en_text": "Opinion: 011 of 15/01/2020\n\nJanuary 15, 2020\n\nC-011-2020\n\nLady\nMarolin Azofeifa Trejos\nDeputy\nLegislative Assembly\n\nDear Lady:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I respond to your official communication no. DAMT-002-2020 of January 6, 2020, received at the Attorney General's Office on January 7, by which you request our legal opinion on several questions related to the regime applicable to the lands comprised in property (finca) of the province of Limón no. 96658, the correct procedure for JAPDEVA to rectify the measurement (medida) of that property and release the lands corresponding to properties (fincas) registered in the name of private individuals, the legitimacy of the registered properties of private individuals located on those lands, and the possibility of JAPDEVA selling or donating portions of that property to private individuals.\n\nYou indicate that you base your request on the provisions of Articles 27, 30, and 121 subsection 23) of the Political Constitution, 239, 275, and concordant articles of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), 6 and 7 of the Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Requirements and Administrative Procedures (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), and 1, 3, and 6 of the Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición).\n\nIn light of this, we must indicate that the right of petition belongs to administered parties (administrados) or individuals, not to public officials when acting in that capacity. (In this regard, see the rulings of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) nos. 1217-2004 of 2:31 p.m., February 11, 2004; 2459-2012 of 2:30 p.m., February 22, 2012; 5649-2016 of 9:05 a.m., April 29, 2016; and 13414-2017 of 9:15 a.m., August 25, 2017).\n\nFurthermore, as we have stated on other occasions, the rights of petition, prompt response, and free access to administrative departments are applicable to requests for information or data held by various public offices. In that capacity, they do not encompass those requests that require our legal opinion on a specific topic, which involves preparing a legal analysis on a specific topic, and which, therefore, is different from the obligation to provide information that may be required about our work. (Pronouncements nos. OJ-074-2017 of June 20, 2017; C-294-2019 of October 17, 2019; and C-316-2019 of October 30, 2019).\n\nTherefore, the cited constitutional provisions, the Law Regulating the Right of Petition, nor the cited articles of the Law for the Protection of the Citizen from the Excess of Requirements and Administrative Procedures—which, according to Article 1°, regulates the requests that administered parties, in exercising their right of petition, information, and/or right of access to administrative justice, direct to the Public Administration—are applicable to your request. Nor are Articles 239 and 275 of the General Public Administration Law applicable, which refer to the communication of procedural acts and the parties to administrative procedures, since your request does not involve nor is it related to the development of an administrative procedure.\n\nHowever, in accordance with Articles 1°, 2°, and 3° subsection b) of our Organic Law (no. 6815 of September 27, 1982), the Attorney General's Office is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal opinions requested by the Public Administration.\n\nFor these purposes, the Legislative Assembly could be considered part of the Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of its administrative function, but not when it requests our opinion on a matter of interest for the exercise of the legislative function.\n\nDespite the foregoing and the fact that there is no legal provision to that effect, the Attorney General's Office has customarily addressed the consultations formulated by the Legislative Assembly and its deputies, with the desire to collaborate in the exercise of the important functions that the Political Constitution assigns to them. Hence, non-binding legal opinions are rendered on certain bills or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political oversight function and that may reasonably be deemed of general interest.\n\nAs we have stated on other occasions, this form of collaboration, not provided for in the Law, aims to collaborate in the fulfillment of parliamentary functions, through strictly legal advice. This advice cannot distort the consultative function of the Attorney General's Office nor mediate its function to the point of preventing it from providing advice to those entitled to request it, that is, the Public Administration. Thus, the advice provided to the deputies is limited by the proper content of the consultative function, its efficient exercise regarding the Public Administration, and the reasonableness and moderation of the consultation formulated.\n\nWith that understanding, the collaboration provided through our opinions to the Legislative Assembly and its Deputies does not allow us to obviate the essential admissibility requirements for consultations, since doing the contrary would imply distorting our advisory function. (See our pronouncements nos. OJ-095-2009 of October 5, 2005; OJ-53-2010 of August 9, 2010; OJ-030-2017 of March 9, 2017; OJ-061-2017 of May 29, 2017; C-198-2018 of August 17, 2018; and C-101-2019 of April 5, 2019).\n\nThus, regarding the admissibility requirements for consultations, we have indicated that the questions must be posed clearly and precisely and concern generic legal matters, which implies that they should not question a specific case that is pending or must be resolved by the Administration, that they should not be about a matter on which an administrative act or a specific decision has already been issued, that they should not involve a matter that falls under the jurisdiction of another body, that they should not seek the review of reports or legal opinions, nor correspond to a judicial matter in progress. (See Pronouncements Nos. C-158-2008 of May 12, 2008; C-157-2013 of August 19, 2013; C-121-2014 of April 8, 2014; C-99-2016 of April 29, 2016; and C-377-2019 of December 19, 2019).\n\nAlthough the questions formulated are not strictly related to a specific matter, some are related to actions whose decision and execution would be the responsibility of the active administration. And, as we have already indicated, addressing that type of consultation would imply transferring to the Attorney General's Office the active administration's own function of making decisions on specific matters, and, therefore, we would be disregarding our purely consultative function and invading jurisdictions that do not correspond to us. (In this regard, see Pronouncements Nos. C-194-1994 of December 15, 1994; OJ-017-2002 of March 1, 2002; C-021-2006 of January 20, 2006; C-026-2015 of February 17, 2015; C-042-2016 of February 25, 2016; C-143-2017 of June 23, 2017; OJ-155-2018 of November 23, 2018; C-023-2019 of January 29, 2019, among many others).\n\nFurthermore, it is important to note that it has been a reiterated criterion in the administrative jurisprudence of this Superior Consultative Body that it must refrain from issuing a pronouncement on matters that are the subject of discussion before the courts of justice. This is to avoid interference with the exercise of the jurisdictional function, and, in addition, to respect the criterion of normative hierarchy. Thus, matters under discussion before the courts of justice are considered non-consultable matters. (In this regard, see Pronouncements Nos. OJ-043-2003 of March 12, 2003; C-053-2010 of March 25, 2010; C-278-2011 of November 10, 2011; C-18-2014 of January 17, 2014; C-136-2014 of May 2, 2014; OJ-065-2014 of June 25, 2014; and C-226-2016 of October 31, 2016; OJ-130-2017 of March 9, 2017, among others).\n\nIn this regard, it is noted that property (finca) of the province of Limón no. 96658, which is the subject of the consultation, has the annotation of an ordinary lawsuit, processed before the Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario), under case file (expediente) no. 05-160088-0507-AG.\n\nLikewise, before the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), case file no. 13-5568-1027-CA is in progress; the lawsuit seeks the recognition of the legality of the registration of several properties that overlap with the boundaries of property no. 96658, and the collection of damages and losses from the State. In that same case file, the State, represented by this Attorney General's Office, filed a counterclaim, requesting the annulment of the registry entries for the indicated properties, alleging that they had been registered on goods declared to be in the public domain (dominio público) previously.\n\nHence, given that there is a pending judicial process to be resolved in which the legal regime applicable to the lands that are the subject of the consultation is being discussed, we must refrain from issuing a legal opinion in this regard in the exercise of our consultative jurisdiction.\n\nIn addition to the foregoing, it must be noted that it is not appropriate to answer those consultations that, although posed by the deputies, have the objective of functioning as a channel for transmitting a legal doubt that concerns a private law subject, since, in accordance with our Organic Law, we are not competent to address consultations from private individuals. (See Legal Opinions Nos. OJ-147-2005 of September 26, 2005; OJ-003-2008 of January 15, 2008; OJ-018-2018 of January 29, 2018; and C-316-2019 of October 30, 2019).\n\nThus, despite the fact that your consultation involves matters related to public domain goods that could be the subject of the exercise of the political oversight function, the truth is that it could involve the private interests of those who occupy lands on the aforementioned property or are owners of registered properties located in that same area and need to define mechanisms to regularize their situation and to maintain the legitimacy of their property titles. Consequently, the link between the matters consulted and the exercise of the political oversight function is not entirely clear.\n\nTherefore, for all the reasons stated, your request is inadmissible, and, consequently, we are unable to issue the requested opinion.\n\nOf you, sincerely,\n\nElizabeth León Rodríguez\nAttorney General (Procuradora)" }