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  "id": "pgr-21852",
  "citation": "C-071-2020",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Inadmisibilidad de consulta de diputada sobre Banco Cooperativo Costarricense",
  "title_en": "Inadmissibility of Legislative Deputy’s Inquiry on Banco Cooperativo Costarricense",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta formulada por una diputada sobre la naturaleza jurídica del Banco Cooperativo Costarricense R.L. La solicitud fue presentada con el propósito expreso de responder a una persona adulta mayor, un particular ajeno a la Administración Pública. La PGR recuerda que, conforme a su Ley Orgánica, su función consultiva se limita a asesorar a la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones, y que la colaboración con la Asamblea Legislativa es una práctica excepcional, de índole estrictamente jurídica y no vinculante, dirigida a apoyar la función de control político o la formación de proyectos de ley. Sin embargo, esta colaboración no puede desnaturalizar su función ni servir como canal para atender consultas de particulares, lo que desviaría sus funciones hacia intereses privados. Por tanto, la gestión es inadmisible y no se emite criterio alguno.",
  "summary_en": "The Office of the Attorney General of Costa Rica (Procuraduría General de la República) rules inadmissible an inquiry made by a legislative deputy regarding the legal nature of the Banco Cooperativo Costarricense R.L. The query was expressly aimed at answering a private individual — an elderly person — rather than assisting the deputy in her parliamentary duties. The PGR underscores that under its Organic Law, its advisory mandate is reserved for the Public Administration, and while it has traditionally provided non-binding legal opinions to the Legislative Assembly to support political oversight or bill drafting, such collaboration cannot be used to channel private interests. Because the request here was solely to benefit a third party, it falls outside the PGR’s institutional role and would divert its advisory function from public to private ends. Consequently, the petition is declared inadmissible, and no opinion is issued.",
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  "date": "02/03/2020",
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    "Procuraduría General de la República",
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      "law": "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, No. 6815"
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    "Procuraduría General de la República",
    "consulta legislativa",
    "inadmisibilidad",
    "función consultiva",
    "interés particular",
    "control político",
    "asesoramiento jurídico no vinculante"
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  "keywords_en": [
    "Attorney General of Costa Rica",
    "legislative inquiry",
    "inadmissibility",
    "advisory function",
    "private interest",
    "political oversight",
    "non-binding legal advice"
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  "excerpt_es": "En esta ocasión, se indica expresamente que el propósito de su solicitud es responder a un sujeto privado, y, por tanto, de acceder a atender su consulta, la Procuraduría estaría desviando sus funciones a fines ajenos al interés público, ya que, nuestro criterio no tendría como objetivo servir de insumo para el ejercicio de la función de control político, sino más bien, atender un interés particular. Por lo tanto, su gestión resulta inadmisible, y no podemos emitir el criterio requerido.",
  "excerpt_en": "On this occasion, it is expressly stated that the purpose of your request is to answer a private party, and therefore, by agreeing to address your inquiry, the Attorney General's Office would be diverting its functions to ends unrelated to the public interest, since our opinion would not aim to serve as input for the exercise of the political oversight function, but rather to satisfy a private interest. Therefore, your petition is inadmissible, and we cannot issue the requested opinion.",
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    "label_en": "Inadmissible",
    "label_es": "Inadmisible",
    "summary_en": "The inquiry is declared inadmissible because the deputy is acting as a conduit for a private interest rather than in furtherance of her parliamentary duties.",
    "summary_es": "La consulta es declarada inadmisible porque la diputada actúa como canal de un interés particular y no en ejercicio de sus funciones parlamentarias."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando",
      "quote_en": "it is not appropriate to answer those consultations that, although raised by legislators, are intended to serve as a conduit for a legal doubt that concerns a private party, since, in accordance with our Organic Law, we are not competent to handle consultations from individuals, and moreover, this would involve diverting the exercise of our advisory functions towards private ends and interests.",
      "quote_es": "no es procedente responder aquellas consultas que, aunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal transmisor de una duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado, pues, de conformidad con nuestra Ley Orgánica, no somos competentes para atender las consultas de particulares, y, además, ello implicaría desviar el ejercicio de nuestras funciones consultivas a fines e intereses particulares."
    },
    {
      "context": "Considerando",
      "quote_en": "the advice provided to legislators has as its limit the proper content of the advisory function, its efficient exercise vis-à-vis the Public Administration, and the reasonableness and restraint of the query formulated.",
      "quote_es": "el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de la consulta que se formule."
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        "label": "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, No. 6815  Arts. 1, 2, 3 inciso b)"
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=21852&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Dictamen : 071 del 02/03/2020   \n\n\n\n02 de marzo de 2020\n\n\n\n\nC-071-2020\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nCatalina Montero Gómez\n\n\n\n\nDiputada\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. PAC-\nCMG-285-2020 de 26 de febrero de 2020, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre la\nnaturaleza jurídica del Banco Cooperativo Costarricense R.L, e indica que formula la consulta con el\npropósito de responder a una persona adulta mayor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de\nsetiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la\nAdministración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que\nle solicite la Administración Pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración\nPública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando\nrequiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Pese a lo anterior y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha\nacostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán\nde colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les\natribuye.  De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de\nley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control\npolítico y que razonablemente puedan estimarse de interés general.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Tal y como hemos dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboración no dispuesta\nen la Ley tiene como objeto colaborar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello\nmediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Dicho asesoramiento no puede\ndesnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría ni mediatizar su función, al punto de\nimpedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración\nPública. Así, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la\nfunción consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad\ny mesura de la consulta que se formule.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De ahí que, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios a la Asamblea\nLegislativa y sus Diputados, no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las\nconsultas, puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora. (Véanse\nnuestros pronunciamientos nos. OJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005, OJ-53-2010 de 9 de agosto de\n2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de\nagosto de 2018 y C-101-2019 de 5 de abril de 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En ese sentido, debe señalarse que no es procedente responder aquellas consultas que,\naunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal transmisor de\nuna duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado, pues, de conformidad con nuestra Ley\nOrgánica, no somos competentes para atender las consultas de particulares, y, además, ello\nimplicaría desviar el ejercicio de nuestras funciones consultivas a fines e intereses particulares.\n(Véanse las Opiniones Jurídicas Nos. OJ-147-2005 de 26 de setiembre de 2005, OJ-003-2008 de 15 de\nenero de 2008, OJ-018-2018 de 29 de enero de 2018, C-316-2019 de 30 de octubre de 2019 y C-011-2020\nde 15 de enero de 2020).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En esta ocasión, se indica expresamente que el propósito de su solicitud es responder a\nun sujeto privado, y, por tanto, de acceder a atender su consulta, la Procuraduría estaría desviando\nsus funciones a fines ajenos al interés público, ya que, nuestro criterio no tendría como objetivo\nservir de insumo para el ejercicio de la función de control político, sino más bien, atender un\ninterés particular.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Por lo tanto, su gestión resulta inadmisible, y no podemos emitir el criterio requerido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            De Usted, atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                                 Elizabeth León\nRodríguez\n\n\n\n\n                                                                                Procuradora",
  "body_en_text": "Opinion : 071 of 02/03/2020  \n\n\n\n02 March 2020\n\n\n\n\nC-071-2020\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nCatalina Montero Gómez\n\n\n\n\nDiputada\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n With the approval of the Señor Procurador General de la República, I am responding to your communication no. PAC-\nCMG-285-2020 of 26 February 2020, by which you request our criterion regarding the\nlegal nature of Banco Cooperativo Costarricense R.L., and you state that you are submitting the consultation for the\npurpose of responding to an older adult (persona adulta mayor).\n\n\n\n\n \n\n\n\n In accordance with Articles 1, 2, and 3, subsection b) of our Ley Orgánica (no. 6815 of 27\nSeptember 1982), the Procuraduría is the superior consultative, technical-legal body of the\nAdministración Pública, and, in that capacity, it performs its function by rendering the legal criteria\nrequested of it by the Administración Pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             For those purposes, the Asamblea Legislativa could be considered as Administración\nPública when it consults us on a matter in the exercise of its administrative function, but not when\nit requests our criterion on some matter of interest for the exercise of the legislative function.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Despite the foregoing, and despite there being no legal provision to that effect, the Procuraduría has\ncustomarily addressed the consultations submitted by the Asamblea Legislativa and its members (diputados), in an effort\nto collaborate with the exercise of the important functions that the Constitución Política bestows upon\nthem.  Hence, non-binding legal criteria are rendered on certain bills\n(proyectos de ley) or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political oversight function\n(control político) and that may reasonably be deemed to be of general interest.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             As we have stated on other occasions, the purpose of this form of collaboration, which is *not* provided for\nin the Law, is to collaborate in the fulfillment of parliamentary functions, and this is done\nby means of advisory services of a strictly legal nature. Said advisory services cannot\ndistort the consultative function of the Procuraduría nor mediatize its function, to the point of\npreventing it from supplying advisory services to the entity entitled to request them, i.e., the Administración\nPública. Thus, the advisory services to members of the legislature (señores diputados) are limited by the inherent content of the\nconsultative function, its efficient exercise with respect to the Administración Pública, and the reasonableness\nand moderation of the consultation that is submitted.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Hence, the collaboration provided through our criteria to the Asamblea\nLegislativa and its Diputados, does not allow us to circumvent the essential admissibility requirements for\nconsultations, since the contrary would imply distorting our advisory function. (See\nour pronouncements nos. OJ-095-2009 of 5 October 2005, OJ-53-2010 of 9 August\n2010, OJ-030-2017 of 9 March 2017, OJ-061-2017 of 29 May 2017, C-198-2018 of 17\nAugust 2018, and C-101-2019 of 5 April 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             In that sense, it must be pointed out that it is not appropriate to respond to those consultations that,\nalthough presented by members of the legislature (señores diputados), have the objective of acting as a transmission channel for\na legal question that concerns a private legal entity (sujeto de derecho privado), since, in accordance with our Ley Orgánica,\nwe are not competent to address consultations from private individuals (particulares), and, furthermore, it\nwould imply diverting the exercise of our consultative functions to private ends and interests.\n(See the Opiniones Jurídicas Nos. OJ-147-2005 of 26 September 2005, OJ-003-2008 of 15\nJanuary 2008, OJ-018-2018 of 29 January 2018, C-316-2019 of 30 October 2019, and C-011-2020\nof 15 January 2020).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             On this occasion, it is expressly stated that the purpose of your request is to respond to\na private entity, and, therefore, if we were to agree to address your consultation, the Procuraduría would be diverting\nits functions to ends alien to the public interest, since our criterion would not be intended\nto serve as an input for the exercise of the political oversight function (control político), but rather, to address a\nprivate interest.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Therefore, your submission is inadmissible, and we cannot issue the criterion requested.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            Sincerely,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                                 Elizabeth León\nRodríguez\n\n\n\n\n                                                                                Procuradora"
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