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  "citation": "OJ-053-2020",
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  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Criterio sobre la reforma integral al Código Notarial",
  "title_en": "Opinion on the comprehensive reform of the Notarial Code",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza el proyecto de Ley de reforma integral al Código Notarial (expediente N° 20079). Señala que muchas de las reformas propuestas ya cuentan con regulación especial vigente, por lo que debe valorarse su necesidad. Advierte que el proyecto, lejos de afianzar la seguridad jurídica, la pone en entredicho, y que algunas modificaciones pueden resultar antagónicas con el ordenamiento jurídico. Identifica inconsistencias de técnica legislativa, referencias erróneas y posibles roces constitucionales, como la solicitud de exámenes de salud para la inscripción de notarios y la eliminación tácita del notario institucional. Concluye que el proyecto podría presentar serios problemas de constitucionalidad, pero su aprobación es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office analyzes the bill for a comprehensive reform of the Notarial Code (Legislative File No. 20079). It points out that many of the proposed reforms are already addressed by existing special regulations, so their need should be assessed. It warns that the bill, far from strengthening legal certainty, undermines it, and that some amendments may conflict with the current legal system. It identifies inconsistencies in legislative drafting, erroneous cross-references, and potential constitutional issues, such as requiring health examinations for notary registration and tacitly eliminating the institutional notary. It concludes that the bill could have serious constitutional problems, but its approval is the exclusive competence of the Legislative Assembly.",
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  "date": "25/03/2020",
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    "Procuraduría General de la República",
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    "Dirección Nacional de Notariado",
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    "Procuraduría General de la República",
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    "Dirección Nacional de Notariado",
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    "Attorney General's Office",
    "legal opinion",
    "comprehensive reform",
    "Notarial Code",
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    "constitutional problems",
    "National Directorate of Notaries",
    "Superior Notarial Council"
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  "excerpt_es": "CONCLUSIONES\n\n1.- El proyecto de ley analizado, trae cambios sustanciales al notariado costarricense, ejemplo de ello, es la eliminación de la figura del notario institucional. Habrá que analizar con detalle, la conveniencia de esta reforma, por los costos que acarrearía para las instituciones del Estado.\n\n2.- Muchas de las reformas que se gestan dentro de este proyecto, ya tienen regulación especial en nuestro ordenamiento, según se analizó con detalle, por lo que habrá que valorar la conveniencia de su aprobación y que efectivamente los cambios se puedan implementar. Ejemplo de ello, es la plataforma digital index para el envío de índices y más recientemente, la posibilidad de enviar documentos al Registro mediante ventanilla digital.\n\n3.- Lejos de afianzar la seguridad jurídica, muchos de los cambios introducidos en el proyecto, la ponen en entredicho.",
  "excerpt_en": "CONCLUSIONS\n\n1.- The bill under review introduces substantial changes to the Costa Rican notary system, for example, eliminating the institutional notary. The desirability of this reform must be analyzed in detail, given the costs it would entail for State institutions.\n\n2.- Many of the reforms proposed in this bill are already addressed by special regulations in our legal system, as analyzed in detail, so the advisability of their approval and actual implementation must be assessed. An example is the digital platform 'index' for sending indices, and more recently, the possibility of sending documents to the Registry via digital window.\n\n3.- Far from strengthening legal certainty, many of the changes introduced by the bill call it into question.",
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    "summary_en": "The PGR concludes that the Notarial Code reform bill could have serious constitutional problems, but its approval is the exclusive competence of the Legislative Assembly.",
    "summary_es": "La PGR concluye que el proyecto de reforma al Código Notarial podría presentar serios problemas de constitucionalidad, pero su aprobación es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa."
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      "quote_en": "Far from strengthening legal certainty, many of the changes introduced by the bill call it into question.",
      "quote_es": "Lejos de afianzar la seguridad jurídica, muchos de los cambios introducidos en el proyecto, la ponen en entredicho."
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      "quote_en": "The bill called 'Comprehensive Reform Law to Law No. 7764 of May 22, 199, Notarial Code' could have serious constitutional problems; however, its approval or not is a matter that falls solely and exclusively to that Branch of the Republic.",
      "quote_es": "El proyecto de ley denominado” Ley de reforma integral a la Ley N° 7764 de 22 de mayo de 199, Código Notarial”, podría presentar serios problemas de constitucionalidad; sin embargo, su aprobación o no, es un asunto que compete única y exclusivamente a ese Poder de la República."
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      "quote_en": "Many of the reforms proposed in this bill are already addressed by special regulations in our legal system, as analyzed in detail, so the advisability of their approval and actual implementation must be assessed.",
      "quote_es": "Muchas de las reformas que se gestan dentro de este proyecto, ya tienen regulación especial en nuestro ordenamiento, según se analizó con detalle, por lo que habrá que valorar la conveniencia de su aprobación y que efectivamente los cambios se puedan implementar."
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      "citation": "OJ-166-2017",
      "title_en": "Opinion on the bill for administrative titling in consolidated settlements",
      "title_es": "Opinión sobre el proyecto de ley para titulación administrativa en asentamientos consolidados",
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      "date": "22/12/2017",
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  "body_es_text": "Opinión Jurídica : 053 - J   del 25/03/2020   \n\n\n\n25 de marzo del 2020\n\n\n\n\nOJ-053-2020\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nNery Agüero Montero\n\n\n\n\nJefa de Comisión\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio N°\nAL-CPOJ-OFI-0424-2017, del 20 de marzo del 2017, mediante el cual solicita el criterio de éste\nÓrgano Superior Consultivo Técnico-Jurídico, sobre el Proyecto de Ley denominado ”Ley de reforma\nintegral a la Ley N° 7764 de 22 de mayo de 199, Código Notarial”, el que se tramita con el\nexpediente legislativo N° 20079, cuyo texto se publicó en el Alcance N°216 a La Gaceta N°95, del 11\nde octubre del 2016.\n\n\n\n Es necesario aclarar que el criterio que se expondrá, es una mera opinión jurídica, lo que implica\nque no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración\nPública.\n\n\n\n En consecuencia, la opinión que se emite, responde a una colaboración en la importante labor que\ndesempeñan los señores y señoras diputados (as) en el Congreso de la República.\n\n\n\n Asimismo, debe señalarse que el plazo de ocho días concedido no vincula a esta Institución, por\ncuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la\nAsamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el\nPoder Judicial o una institución autónoma).\n\n\n\n             Sobre el proyecto en particular, se analizarán los artículos que introducen las\nreformas más significativas en relación con la normativa vigente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n SOBRE EL PROYECTO DE LEY.TÍTULO I, ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO PÚBLICO. CAPÍTULO PRIMERO,\nDISPOSICIONES GENERALES\n\n\n\n El Código Notarial vigente, define con claridad lo que es el Notariado y el Notario Público.\nAlgunas variantes que se pretenden introducir en los artículos uno y dos, parecieran innecesarias.\n\n\n\n Sobre el numeral segundo en particular, párrafo primero, preocupa el hecho de que quiera eliminarse\nde manera tácita el notario institucional. Además, el último párrafo no tiene relación alguna con el\nresto del contenido del artículo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO SEGUNDO, REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EJERCER EL NOTARIADO PÚBLICO\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 4, establece los requisitos para ejercer el Notariado. Entre éstos, según\nel inciso b), la aprobación de un examen de oposición, lo cual crea un requisito adicional, a la\nespecialidad en Derecho Notarial y Registral.\n\n\n\n Asimismo, se crea la obligatoriedad de asistir a cursos quinquenales, con el fin de contar con la\nidoneidad y actualización en materia notarial y registral. Al respecto, habría que analizar\ndetenidamente, la conveniencia de imponer de manera obligatoria a los Notarios dicho requisito.\n\n\n\n             El párrafo relacionado con el ejercicio de notarios extranjeros, es bastante ambiguo,\npues no se especifica si es extranjeros con título nacional o extranjeros con título de su país de\norigen u otro, lo que habría que estudiar de manera integral con la normativa vigente en nuestro\npaís y el Colegio profesional respectivo.\n\n\n\n\n            En el artículo 7, se omite el inciso d) del artículo del Código Notarial vigente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO III, INSCRIPCIÓN DE LOS NOTARIOS\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 9, establece la posibilidad de que la Dirección Nacional de Notariado,\nsolicite exámenes psicológicos, psiquiátricos o físicos como medio adicional de prueba, para\nverificar la aptitud del postulante para ser inscrito como notario.\n\n\n\n             La solicitud de los exámenes de salud ya indicados, es un tema que tiene que analizarse\ncuidadosamente, pues podría prestarse para que algún solicitante, se sienta discriminado o\nvulnerado, por alguna condición especial que padezca. Además, la Dirección de Notariado no cuenta\ncon peritos que interpreten de manera técnica, un dictamen médico, por lo que la introducción de\nesta reforma, podría tener algún roce con la Constitución Política y crear un precedente\ninconveniente en la incorporación de profesionales a su gremio. Es preciso indicar, que nuestra\nlegislación le da acceso al expediente médico, únicamente al interesado y al médico tratante.\n\n\n\n             Otro punto a considerar en este numeral, es que elimina el requisito actual de\npresentar la certificación de antecedentes penales, lo cual podría ser contraproducente al momento\nde inscribirlo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO IV, VIGENCIA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 11 establece las causales de inhabilitación del notario público. Sobre el\nparticular, los incisos e) y f), introducen cuestiones distintas a la legislación actual. El inciso\ne) elimina la posibilidad de que la Dirección Nacional de Notariado dicte medidas cautelares y\ntraslada esta posibilidad exclusivamente a la judicatura. Lo anterior, podría ser contraproducente\ncon el ejercicio de la función, por la pérdida de inmediatez con la causal y la dilación en sede\njudicial.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO V, DEL NOTARIADO CONSULAR\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 12, dispone que el notario consular no está obligado a la inscripción de\nlos documentos otorgados en su misión diplomática. Sin embargo, tampoco establece cómo proceder en\nesos supuestos, lo cual eventualmente podría poner en riesgo la seguridad jurídica registral, por\nejemplo, el principio de tracto sucesivo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO VI, RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS\n\n\n\n\n \n\n\n\n Los artículos 13 al 17, regulan la responsabilidad del notario en el ejercicio de su función. El\nartículo 18 sustituye el actual fondo de garantía notarial, con la suscripción de una póliza de\nfidelidad profesional, con alguna empresa aseguradora reconocida por la SUGESE. Del monto cada\npóliza individual (que no dice como se determinará éste), se establece la obligatoriedad de girar a\nla DNN el 5%. En caso de no pago por parte del notario, se establece causal de inhabilitación.\n\n\n\n             En la especie, habrá que revisar con detenimiento, la procedencia legal de girar el 5%\nde cada póliza, a favor de la DNN. Por otro lado, hace mención omisa sobre el destino del fondo de\ngarantía notarial ya citado, vigente en la actualidad y que tiene dos propósitos, usarse como\nindemnización y eventualmente como pensión complementaria del notario.\n\n\n\n\n            Véase artículo 217, transitorio VII del presente proyecto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO VII, DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 19, le otorga la posibilidad a la DNN, para que pueda recibir donaciones de\nbienes muebles o inmuebles, ya sea de instituciones públicas o privadas, además, de la realización\nde todo tipo de convenios o alianzas de cooperación con instituciones públicas o privadas,\nnacionales o internacionales, así como el establecimiento de oficinas regionales.\n\n\n\n             Sobre el particular, habría que analizar la procedencia y sobre todo el motivo,\nviniendo de instituciones privadas, de distintos tipos de donaciones. Es de suma importancia\ndeterminar la conveniencia para la administración de esta reforma, pues es un “numeros apertus”, que\npodría reñir con la Ley de Enriquecimiento Ilícito y Control Interno.\n\n\n\n             El artículo 20, dispone en el inciso d), las inspecciones en las oficinas de los\nnotarios, no como un mecanismo de control previo, tal como ocurre en la actualidad, sino como una\nespecie de mecanismo de control a posteriori, cuando se haya cometido una falta, lo cual varía en\nforma considerable, el espíritu de la verdadera función de fiscalización que se tiene en la\nactualidad.\n\n\n\n             El artículo 21, deber ser revisado con atención, pues habla del financiamiento de la\nDNN. Llama la atención que habla de los órganos de la DNN (que no existen en la actualidad),\nrefiriéndose a empresas que desempeñan actividad lucrativa (venta de papel y protocolos), y de\nsuperávits que parecieran –según el artículo-, tener en forma separada el Consejo Superior Notarial\ny la DNN. Al respecto, es preciso indicar, que los proveedores, por ejemplo, de papel de seguridad,\nse contratan bajo los esquemas de establecidos en la Ley de Contratación y los protocolos son\nproveídos para su venta, por medio de la Banca Estatal.\n\n\n\n             El artículo 22, varía la conformación actual del Consejo Superior Notarial, según lo\ndispuesto en los incisos c), e) y f). Asimismo, se crea la dieta para los miembros del Consejo, lo\ncual debe ser analizado a la luz de la realidad actual económica de nuestro país, los recortes\npresupuestarios actuales y la eventual contradicción que puede tener con el ordenamiento, por\nejemplo, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.\n\n\n\n             El numeral 23, dispone los requisitos para ser miembro del Consejo Superior Notarial.\nEl inciso e), establece que éstos no pueden formar parte de la Junta Administrativa del Registro\nNacional. Dicho requerimiento tendría que justificarse legalmente, en caso de existir conflicto de\nintereses, pues de lo contrario, podría reñir con principios constitucionales.\n\n\n\n             En cuanto al artículo 24, relativo a las atribuciones del Consejo Superior Notarial,\npodría haber un exceso en las facultades conferidas (ver incisos b), f), j), l), n), p)), lo cual\npodría entrar en conflicto con normas vigentes, pues algunas de las atribuciones podrían ser reserva\nexclusiva de ley. Reduce el plazo de los integrantes en sus puestos, de cinco a tres.\n\n\n\n             El resto del articulado de este capítulo, no tiene variación sustancial con la\nnormativa actual.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO IX, DE LOS ÍNDICES\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 29, varía el plazo para la presentación del índice de quincenal, a mensual.\nAl respecto, la Dirección General del Archivo Nacional, mediante oficio número DGAN-DG-doscientos\ndiecisiete-dos mil diecisiete, de fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, dispuso lo\nsiguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n 3) “ …El artículo veintinueve, relativo a la presentación de índices dispone que el índice de\ninstrumentos públicos pasa a presentarse por mes, con una seria consecuencia ante la seguridad\njurídica, siendo este uno de los objetivos del proyecto según la exposición de motivos, pues si hoy\ndía que se presentan quincenalmente hay omisiones, pérdida de información y delitos, más lo será si\nse pasa a un mes. Hay que tomar en cuenta que el índice no solo es un instrumento descriptivo del\ntomo de protocolo, sino que es un instrumento de prueba e investigación para las autoridades\njudiciales, administrativas y la ciudadanía, pues es el documento más a mano con que se cuenta, pues\nrecordemos que da publicidad a los actos y contratos que se otorgan ante un notario. No se justifica\nel cambio más que en razones de comodidad.\n\n\n\n 4) En ese mismo artículo, párrafo final se exime de la obligación de presentar índices a los\nnotarios que utilicen protocolo digital, perdiéndose de esta manera la descripción archivística de\nlos tomos de protocolo…” (resaltado no es del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Con respecto al artículo 30, el Archivo Nacional recomendó eliminar la posibilidad de\nenviar el índice por correo certificado. Debe considerarse que en la actualidad, existe una\nplataforma digital (Index) para el envío de los índices por medios electrónicos. Se sanciona con\nmulta la no remisión de índices por tres meses y el incumplimiento de tres índices, con una sanción\ndisciplinaria.\n\n\n\n En relación con la legislación vigente, pareciera que la reforma pretende hacer mucho más flexibles\nlos controles que actualmente se tienen en esta materia. Sobre este punto, debe revisarse con\ndetenimiento, lo señalado por el Archivo Nacional en el oficio citado con anterioridad.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTÍTULO II DE LA FUNCIÓN NOTARIAL\n\n\n\n\nCAPÍTULO I, COMPETENCIA MATERIAL, CAPÍTULO II, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Este capítulo en su artículo 35, establece la facultad de que el notario pueda dentro\ndel territorio nacional, autorizar actos o contratos con efectos fuera de nuestro país. Por su\nparte, el artículo 37, inciso j), extiende la facultad de expedir certificaciones, con bases de\ndatos de países extranjeros. Ambos textos deberían revisarse con detenimiento, por un tema de\nseguridad jurídica.\n\n\n\n El inciso n), confiere facultades amplísimas al Consejo Superior Notarial, que podrían ser reserva\nde ley.\n\n\n\n             El artículo 41, que se refiere al secreto profesional, tiene problemas de técnica\njurídica, pues los párrafos segundo y tercero se contradicen. Sobre este punto, deben revisarse las\nreformas que recientemente se han hecho a las leyes relacionadas con el lavado de activos, Leyes N°\n7786, N°8204 y 8719.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTÍTULO III DE LOS PROTOCOLOS  CAPÍTULO I, DISPOSCIONES GENERALES\n\n\n\n\n            El numeral 46, crea el protocolo digital y mantiene el tradicional de hojas removibles.\n\n\n\n El numeral 47, habla de la creación de una plataforma digital denominada Sistema Notarial Digital,\nla cual pareciera estará a cargo de la DNN. Sin embargo, en el artículo 28 de este proyecto, inciso\ng), le asigna dicha función al Archivo Nacional, lo que genera confusión.\n\n\n\n Nuevamente, el párrafo tercero le concede al Consejo una potestad que podría exceder sus\ncompetencias.\n\n\n\n El artículo 48, establece una coadministración de los sistemas notariales digitales, lo cual podría\nser engorroso tratándose de la administración pública y eventualmente, hasta contrario al principio\nde legalidad presupuestaria.\n\n\n\n El resto del articulado de este capítulo, regula cuestiones relativas al manejo de los protocolos y\narchivos de referencia, estableciendo diferencias significativas en cuanto al protocolo tradicional\ny el digital, lo cual podría eventualmente generar diferencias odiosas que lesionen principios de\níndole constitucional.\n\n\n\n Asimismo, cabe resaltar la naturaleza de carácter privado que se le quiere dar a los archivos de\nreferencia y copia de instrumentos públicos, lo cual es algo contradictorio por sí mismo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO III, REPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE CONSTAN EN EL PROTOCOLO\n\n\n\n             El artículo 67, dispone que en caso de daño o extravío, el tomo se tendrá por concluido\ny deberá entregarse. Sería conveniente analizar la conveniencia de esta norma, frente a la\nreposición correspondiente.\n\n\n\n             Finalmente, es preciso indicar que la Dirección de Archivo Nacional, ya se pronunció\nmediante el documento citado adelante, sobre las regulaciones relativas a esa Institución, tratadas\nen los capítulos anteriores.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTÍTULO IV, DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 77, le otorga facultades de traductor oficial al Notario, cuando éste\nentienda el idioma del compareciente. La conveniencia de esta norma debe analizarse detenidamente,\npues podría darse un conflicto de intereses.\n\n\n\n             Por su parte, el artículo 80, dispone que los errores o las omisiones deben salvarse\npor medio de notas al final del documento, pero antes de las firmas o mediante documento adicional.\nCon esta reforma, se estarían eliminado las notas al margen de la matriz, dispuestas actualmente en\nel artículo 96 del Código Notarial, que le permite al notario hacer correcciones cuando “… se\nrefiera a modificaciones comprobables por medio del archivo de referencia o cualquiera otra fuente\nobjetiva y no constituya variación de las voluntades consentidas…” . La reforma en este caso, sería\nuna especie de retroceso, que indudablemente le resta practicidad a la labor diaria del notario y\npone en entredicho su fe pública.\n\n\n\n\nEl artículo 104, regula lo concerniente a notas marginales, pero su redacción es confusa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO II, ESCRITURAS PÚBLICAS\n\n\n\n\n \n\n\n\n El artículo 87, párrafo final, es contrario a lo establecido en el numeral 450 del Código Civil,\npor lo que la aprobación de este texto, lo derogaría tácitamente, al eliminar la posibilidad de\ninscribir títulos mediante ejecutorias o documentos auténticos autorizados por ley al efecto.\n\n\n\n             Sobre lo establecido en el artículo 88, hay que prestar especial atención. La redacción\ndel artículo es poco clara, por lo que pareciera que se pueden expedir testimonios, aunque no estén\nasentados en la matriz. El testimonio es la copia exacta o en lo conducente, de la matriz. Este\nartículo pareciera separar uno de otro, lo cual crea incerteza e inseguridad jurídica. La ambigüedad\nde la norma, podría ir en detrimento del ordenamiento jurídico. El párrafo segundo de este artículo,\nno tiene relación el primero, pues habla de copias o testimonios físicos o digitales.\n\n\n\n             El artículo 96, se refiere al Registro Inmobiliario, como Registro de la Propiedad\nInmueble, lo cual deberá corregirse. En igual sentido, el término correcto sería Subdirección\nCatastral y no oficina de catastro.\n\n\n\n             Existen dos artículos enumerados como 105, el de “Reserva en inmuebles” y “Escrituras\nadicionales”.\n\n\n\n             Seguidamente, el artículo 106 establece la posibilidad de que se constituya hipoteca,\nsin la presencia del acreedor. Además, se autoriza la cancelación de hipotecas de las entidades\nreguladas por la SUGEF, sin la comparecencia del acreedor. Ambos escenarios podrían lesionar\npotencialmente la seguridad jurídica.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO IV, ACTOS EXTRAPROTOCOLARES\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 116, hace referencia al artículo 107, que no tiene relación alguna con\néste. Introduce la posibilidad de certificar por medios electrónicos, pero es poco preciso al\nrespecto. Nuestro país ya tiene legislación relacionada con ese tema, la Ley N°8454, Ley de\ncertificados, firmas digitales y documentos electrónicos.\n\n\n\n             El numeral 119, habla de conotariado, figura eliminada en este código, por lo que no\naplicaría.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCAPÍTULO V, REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS\n\n\n\n             El artículo 128, establece el uso de fórmulas impresas o digitales, para realizar cada\nuna de las transacciones legales inscribibles. Dichas fórmulas de alguna manera sustituyen la\nactuación notarial, las cuales deberían ir firmadas por el notario únicamente, al igual que el\ntestimonio. No está demás indicar, que debe dimensionarse el efecto de la utilización de éste\nmecanismo, en relación con el ejercicio de la función notarial.\n\n\n\n\n \n\n\n\n TÍTULO V, DE LA EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS. CAPÍTULO II, INVALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS\nPÚBLICOS\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El inciso d) del artículo 131, está mal referenciado, pues es el inciso b) y no c), del\nartículo 7).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTÍTULO VI, LOS PROCESOS TRAMITADOS EN SEDE NOTARIAL.CAPÍTULO ÚNICO\n\n\n\n\n \n\n\n\n             El artículo 134 en general, amplía la competencia de los notarios en la actividad\njudicial no contenciosa. El inciso r), es contrario a la disposición del artículo 55 del Código de\nFamilia.\n\n\n\n             El numeral 135, establece que el notario no podrá dictar sentencia de fondo. De ser\naprobada esta reforma, el notario se convertiría en una especie de tramitador solamente. Además, al\nesperar que un juez dicte resolución de fondo, torna más engorroso el trámite, desnaturalizando de\nesta manera, este tipo de procedimientos.\n\n\n\n             En la actualidad, si existe acuerdo de partes, se otorga escritura para dividir\nmaterialmente las cosas, el artículo 145, es poco práctico con respecto a la legislación actual.\n\n\n\n             En el artículo 154, no queda claro si en el caso de la liquidación y distribución\nanticipada de bienes gananciales, se debe otorgar una escritura pública o protocolización o\ncertificación, pues el texto habla indistintamente de ambas.\n\n\n\n             En relación al numeral 156, debe revisarse a la luz de lo dispuesto en el Código de\nFamilia.\n\n\n\n             En relación con el numeral 157, ya la Procuraduría se ha pronunciado en distintas\nocasiones, sobre la no conveniencia de titular en sede que no sea judicial, a favor de particulares.\nEn ese sentido, véase Opinión Jurídica número OJ-166-2017, de fecha 22 de diciembre del 2017, la\ncual concluyó lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1.            “…El objeto de esta ley es proveer de un título inscribible en el Registro Público\nsobre una finca no inscrita (de dominio público o privado), a quien carece de él, y que\nanteriormente adquirió el bien por prescripción positiva o usucapión, cumpliendo eventualmente con\nuna serie de requisitos que establece el proyecto.\n\n\n\n 2.            La Ley General de Informaciones Posesorias, establece el procedimiento o mecanismo\npara adquirir cuando se ha poseído un terreno por más de diez años y ha operado la prescripción\npositiva decenal. Esta norma está provista de controles y garantías judiciales necesarios para\nacceder a la titulación. La Procuraduría General de la República, ha considerado que éste es el\nprocedimiento idóneo para los efectos ya dichos.\n\n\n\n 3.            Puede afirmarse que la experiencia de titulación en sede administrativa, no ha sido\npositiva en nuestro país. Las normas que en algún momento han sido autorizadas, se han derogado o\nanulado por vicios que rozan con nuestra Constitución Política…”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nPara el caso concreto, ni siquiera se menciona cuál será el procedimiento a seguir.\n\n\n\n             El artículo 158, establece la posibilidad de que el notario pueda llevar a cabo\nprocesos de ejecución de garantías mobiliarias, así como procesos de ejecución hipotecarios,\nprendarios y monitorios de cobro judicial. Este tipo de procedimientos tienen regulación especial en\nnuestro ordenamiento jurídico, por lo que debe determinarse con certeza que no exista una antinomia.\n\n\n\n\n \n\n\n\n TÍTULO VII DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS NOTARIOS.CAPÍTULO I, COMPETENCIA DISCIPLINARIA Y CLASES\nDE SANCIONES\n\n\n\n En términos generales, pareciera que con las reformas que se pretenden introducir a través del\npresente proyecto de ley, hay una tendencia a suavizar el régimen disciplinario actual. Ejemplo de\nello, el artículo 166, dispone en su párrafo final, que las sanciones contenidas en ese artículo,\npueden ser suspendidas y no generarán información en la base de datos del notario. En igual sentido,\nvéase lo dispuesto en el numeral 171 y otros.\n\n\n\n El artículo 173 establece la posibilidad de exonerar al notario, a cambio de una indemnización y\nhace una referencia equivocada a los incisos d) del artículo 7 del proyecto, el cual no existe.\n\n\n\n De esta manera, pareciera que eventualmente la coerción que se persigue a través de los efectos\nsancionatorios, a efecto de que se cumplan debidamente las prescripciones legales, pierden en parte\nsu razón de ser.\n\n\n\n Las actuaciones indebidas de parte de los notarios, deben ser debidamente sancionadas, el\ncumplimiento del ordenamiento jurídico, no se puede dejar a merced de una mera transacción de índole\npecuniario.\n\n\n\n Por otro parte, los artículos del 175 al 184, son una réplica exacta de los artículos 185 a 194,\npor lo que hay dos “capítulos segundos”, con diferente numeración.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTÍTULO IX, FONDO DE MUTUALIDAD Y PENSIÓN\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Este tema en concreto, corresponde al gremio de los Notarios. Su conocimiento, debe\nestar supeditado a la existencia del Colegio que se pretende crear. Debe analizarse con\ndetenimiento, la procedencia de incluir un título como el sugerido, dentro del cuerpo legal del\npresente proyecto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nREFORMAS\n\n\n\n             Ahora bien en cuanto a las reformas, es menester hacer hincapié, sobre la eventual\nmodificación del artículo 468 del Código Civil, que establece una prescripción decenal, para las\nmedidas cautelares administrativas. La Dirección del Registro Inmobiliario, mediante oficio\nDRI-01-0203-2017, de fecha 20 de abril del 2017, afirmó que se estaba en total desacuerdo con\nestablecer una prescripción decenal, pues se estaría generando una violación al principio de\nseguridad jurídica registral.\n\n\n\n\n            Asimismo, se externó el siguiente criterio:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “…Se debe aclarar a los señores diputados, que es mediante el proceso de gestión administrativa que\nse hace del conocimiento de terceros interesados o afectados, la existencia de una inexactitud de\norigen registral, con el objeto de realizar la corrección con su debido consentimiento, o proceder a\nla inmovilización del asiento registral que corresponda. En nuestro país, las medidas cautelares se\nclasifican en tradicionales y no tradicionales, las primeras son la nota de advertencia\nadministrativa y la inmovilización, y las segundas pueden ser de origen extra registral, como la\nnota de prevención, y de origen registral-catastral, como el aviso catastral…”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En cuanto a la reforma al artículo 13 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe\nanalizarse con detalle la pertinencia de no tomar en cuenta, la fecha de inscripción de los\ninmuebles en el Registro. En ese sentido, el Registro Inmobiliario indicó en el oficio supra citado,\nque se sugería aplicar la reforma por única vez, siempre y cuando el inmueble a rectificar se\nencuentre ubicado en zona catastrada, caso contrario, solo podría rectificarse a tenor del numeral\n14 de esa misma ley.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDISPOSICIONES TRANSITORIAS\n\n\n\n\n \n\n\n\n En los transitorios II y VI, habla someramente de las instituciones que tengan a su servicio\nnotarios a sueldo y de la vigencia del notariado institucional. No se entiende con claridad, a que\nse refiere con la cancelación o validación de los notarios en sus puestos, pues esto es contrario a\nlo dispuesto en el cuerpo normativo ya analizado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCONCLUSIONES\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1.- El proyecto de ley analizado, trae cambios sustanciales al notariado costarricense, ejemplo de\nello, es la eliminación de la figura del notario institucional. Habrá que analizar con detalle, la\nconveniencia de esta reforma, por los costos que acarrearía para las instituciones del Estado.\n\n\n\n 2.- Muchas de las reformas que se gestan dentro de este proyecto, ya tienen regulación especial en\nnuestro ordenamiento, según se analizó con detalle, por lo que habrá que valorar la conveniencia de\nsu aprobación y que efectivamente los cambios se puedan implementar. Ejemplo de ello, es la\nplataforma digital index para el envío de índices y más recientemente, la posibilidad de enviar\ndocumentos al Registro mediante ventanilla digital.\n\n\n\n 3.- Lejos de afianzar la seguridad jurídica, muchos de los cambios introducidos en el proyecto, la\nponen en entredicho.\n\n\n\n 4.- Algunas de las reformas aquí dispuestas, pueden resultar antagónicas con el ordenamiento\njurídico vigente.\n\n\n\n 5.- En términos generales, el proyecto presenta muchas inconsistencias, tanto de técnica\nlegislativa, referencias y orden en general.\n\n\n\n 6.- Cuando se gestiona una reforma integral a determinada legislación, deben analizarse todos los\naspectos relacionados con ella, jurídicos, sociales, económicos, pues eventualmente podría ser que\npor falta de planificación, no puedan materializarse los cambios propuestos.\n\n\n\n 7.- El proyecto de ley denominado” Ley de reforma integral a la Ley N° 7764 de 22 de mayo de 199,\nCódigo Notarial”, podría presentar serios problemas de constitucionalidad; sin embargo, su\naprobación o no, es un asunto que compete única y exclusivamente a ese Poder de la República.\n\n\n\n\n \n\n\n\n                                                                                         \nAtentamente,\n\n\n\n                                                                                      Msc. Irina\nDelgado Saborío\n\n\n\n                                                                                      Procuradora\nAdjunta\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIDS/srm",
  "body_en_text": "Legal Opinion: 053 - J of 03/25/2020\n\n\n\nMarch 25, 2020\n\n\n\n\nOJ-053-2020\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nMrs.\n\n\n\n\nNery Agüero Montero\n\n\n\n\nCommittee Chair\n\n\n\n\nLegislative Assembly\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDear Mrs. Agüero:\n\n\n\n\n \n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official communication No.\nAL-CPOJ-OFI-0424-2017, dated March 20, 2017, through which you request the opinion of this\nSuperior Technical-Legal Consultative Body on the Bill entitled \"Ley de reforma\nintegral a la Ley N° 7764 de 22 de mayo de 199, Código Notarial,\" which is being processed under\nlegislative file No. 20079, the text of which was published in Supplement No. 216 to La Gaceta No. 95, of October\n11, 2016.\n\nIt is necessary to clarify that the opinion to be rendered is a mere legal opinion, which implies\nit has no binding effect on the Legislative Assembly as it is not Public Administration.\n\nConsequently, the opinion issued responds to a collaboration in the important work\ncarried out by the deputies in the Congress of the Republic.\n\nLikewise, it must be noted that the eight-day deadline granted does not bind this Institution, as\nwe are not facing any of the scenarios set forth in Article 157 of the Regulations of the\nLegislative Assembly (consultation with the Supreme Electoral Tribunal, the University of Costa Rica, the\nJudiciary, or an autonomous institution).\n\nRegarding the bill in particular, the articles introducing the\nmost significant reforms in relation to the current regulations will be analyzed.\n\n\n\n\n \n\nON THE BILL. TITLE I, ORGANIZATION OF THE PUBLIC NOTARIAT. CHAPTER ONE,\nGENERAL PROVISIONS\n\nThe current Notarial Code clearly defines what the Notariat and the Public Notary are.\nSome variations that are intended to be introduced in Articles one and two seem unnecessary.\n\nRegarding numeral two in particular, first paragraph, there is concern over the fact that it seeks to tacitly eliminate\nthe institutional notary. Furthermore, the last paragraph has no relation whatsoever to the\nrest of the article's content.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER TWO, REQUIREMENTS AND IMPEDIMENTS TO PRACTICE THE PUBLIC NOTARIAT\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 4 establishes the requirements to practice the Notariat. Among these, according\nto subsection b), is passing a competitive examination, which creates an additional requirement to the\nspecialty in Notarial and Registry Law.\n\nLikewise, the mandatory nature of attending five-year courses is created, in order to have the\nsuitability and up-to-date knowledge in notarial and registry matters. In this regard, it would be necessary to analyze\ncarefully the advisability of mandatorily imposing this requirement on Notaries.\n\nThe paragraph related to the practice of foreign notaries is quite ambiguous,\nas it does not specify whether they are foreigners with a national degree or foreigners with a degree from their country\nof origin or another, which would need to be studied comprehensively with the regulations in force in our\ncountry and the respective professional Colegio.\n\n\n\n\nIn Article 7, subsection d) of the article of the current Notarial Code is omitted.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER III, REGISTRATION OF NOTARIES\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 9 establishes the possibility for the National Directorate of Notariats\nto request psychological, psychiatric, or physical examinations as an additional means of proof, to\nverify the applicant's aptitude to be registered as a notary.\n\nThe request for the aforementioned health examinations is a matter that must be analyzed\ncarefully, as it could lend itself to some applicant feeling discriminated against or\nviolated, due to some special condition they suffer from. Furthermore, the Directorate of Notariats does not have\nexperts to technically interpret a medical report, so the introduction of\nthis reform could have some friction with the Political Constitution and create an\nunfortunate precedent in the incorporation of professionals into their guild. It is necessary to state that\nour legislation grants access to the medical file only to the interested party and the treating physician.\n\nAnother point to consider in this numeral is that it eliminates the current requirement of\npresenting the certification of criminal record, which could be counterproductive at the time\nof registration.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER IV, VALIDITY OF THE NOTARIAL FUNCTION\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 11 establishes the grounds for disqualification of the public notary. Regarding\nthis matter, subsections e) and f) introduce issues different from current legislation. Subsection\ne) eliminates the possibility for the National Directorate of Notariats to issue precautionary measures and\ntransfers this possibility exclusively to the judiciary. The foregoing could be counterproductive\nto the exercise of the function, due to the loss of immediacy with the ground and the delay in\nthe judicial venue.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER V, CONSULAR NOTARIAT\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 12 provides that the consular notary is not obliged to register\nthe documents executed in their diplomatic mission. However, it also does not establish how to proceed in\nthose cases, which could eventually jeopardize registry legal certainty, for example,\nthe principle of successive tract (principio de tracto sucesivo).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER VI, RESPONSIBILITY OF NOTARIES\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticles 13 to 17 regulate the notary's responsibility in the exercise of their function. Article\n18 replaces the current notarial guarantee fund with the subscription of a professional\nfidelity policy (póliza de fidelidad profesional), with an insurance company recognized by SUGESE. From the amount of each\nindividual policy (it does not state how this will be determined), the obligation is established to remit to\nthe DNN 5%. In case of non-payment by the notary, a ground for disqualification is established.\n\nIn this specific case, the legal appropriateness of remitting 5%\nof each policy in favor of the DNN must be carefully reviewed. On the other hand, it makes no mention\nof the destination of the aforementioned notarial guarantee fund, currently in force and which has two purposes: to be used as\ncompensation and eventually as a supplementary pension for the notary.\n\n\n\n\nSee Article 217, Transitory Provision VII of this bill.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER VII, NATIONAL DIRECTORATE OF NOTARIATS\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 19 grants the DNN the possibility to receive donations of\nmovable or immovable property, whether from public or private institutions, as well as the execution\nof all types of cooperation agreements or alliances with public or private institutions,\nnational or international, as well as the establishment of regional offices.\n\nIn this regard, the appropriateness and above all the reason for receiving different types of donations,\ncoming from private institutions, would need to be analyzed. It is of the utmost importance\nto determine the advisability for the administration of this reform, as it is an \"open number\" (numerus apertus), which\ncould conflict with the Law on Illicit Enrichment and Internal Control.\n\nArticle 20 provides, in subsection d), inspections of notaries' offices,\nnot as a prior control mechanism, as currently occurs, but as a\nkind of a posteriori control mechanism, when a fault has been committed, which considerably varies\nthe spirit of the true oversight function currently in place.\n\nArticle 21 must be reviewed carefully, as it discusses the financing of the\nDNN. It is noteworthy that it speaks of the organs of the DNN (which do not currently exist),\nreferring to companies that carry out lucrative activity (sale of paper and protocols), and of\nsurpluses that seem—according to the article—to be held separately by the Superior Notarial Council\nand the DNN. In this regard, it must be stated that suppliers, for example, of security paper,\nare contracted under the schemes established in the Contracting Law, and the protocols are\nprovided for sale through the State Banks.\n\nArticle 22 varies the current composition of the Superior Notarial Council, according to\nwhat is provided in subsections c), e), and f). Likewise, a stipend is created for the Council members, which\nmust be analyzed in light of our country's current economic reality, the current\nbudget cuts, and the eventual contradiction it may have with the legal system, for\nexample, with the Law for the Strengthening of Public Finances.\n\nNumeral 23 provides the requirements to be a member of the Superior Notarial Council.\nSubsection e) establishes that they cannot be part of the Administrative Board of the National\nRegistry. This requirement would have to be legally justified in case a conflict of\ninterest exists, as otherwise it could conflict with constitutional principles.\n\nRegarding Article 24, concerning the powers of the Superior Notarial Council,\nthere could be an excess in the powers conferred (see subsections b), f), j), l), n), p)), which\ncould conflict with current rules, as some of the powers could be the exclusive\npreserve of law. It reduces the term of the members in their positions from five to three.\n\nThe rest of the articles of this chapter have no substantial variation from\nthe current regulations.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER IX, INDICES\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 29 varies the deadline for submitting the biweekly index to monthly.\nIn this regard, the General Directorate of the National Archive, through official communication number DGAN-DG-two hundred\nseventeen-two thousand seventeen, dated March thirtieth, two thousand seventeen, provided the\nfollowing:\n\n\n\n\n \n\n\n\n3) \" ...Article twenty-nine, concerning the submission of indices, provides that the index of\npublic instruments shall henceforth be submitted per month, with a serious consequence for legal\ncertainty, this being one of the bill's objectives according to the statement of motives, because if today,\nwhen they are submitted biweekly, there are omissions, loss of information, and crimes, this will be even more so if\nit is changed to one month. It must be taken into account that the index is not only a descriptive instrument of the\nprotocol volume, but also an instrument of proof and investigation for judicial\nand administrative authorities and the citizenry, as it is the most readily available document, for\n let us remember that it publicizes the acts and contracts executed before a notary. The change is not justified\nexcept for reasons of convenience.\n\n4) In that same article, final paragraph, notaries who use a digital protocol are exempted from\nthe obligation to submit indices, thereby losing the archival description of\nthe protocol volumes...\" (highlighting is not from the original)\n\n\n\n\n \n\n\n\nWith respect to Article 30, the National Archive recommended eliminating the possibility of\nsending the index by certified mail. It must be considered that currently, there is a\ndigital platform (Index) for sending indices by electronic means. The failure to submit\nindices for three months is sanctioned with a fine, and non-compliance with three indices is sanctioned with a\ndisciplinary penalty.\n\nIn relation to current legislation, it appears that the reform seeks to make the\ncontrols currently in place in this area much more flexible. On this point, the observations\nmade by the National Archive in the aforementioned communication must be carefully reviewed.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTITLE II, THE NOTARIAL FUNCTION\n\n\n\n\nCHAPTER I, MATERIAL COMPETENCE, CHAPTER II, EXERCISE OF THE NOTARIAL FUNCTION\n\n\n\n\n \n\n\n\nThis chapter, in its Article 35, establishes the faculty for the notary to, within\nthe national territory, authorize acts or contracts with effects outside our country. For its\npart, Article 37, subsection j), extends the faculty to issue certifications with databases\nfrom foreign countries. Both texts should be carefully reviewed due to an issue of\nlegal certainty.\n\nSubsection n) grants very broad faculties to the Superior Notarial Council, which could be a preserve\nof law.\n\nArticle 41, which refers to professional secrecy, has problems of legal\ndrafting technique, as the second and third paragraphs contradict each other. On this point, the\nreforms recently made to laws related to money laundering, Laws No.\n7786, No. 8204, and 8719, must be reviewed.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTITLE III, PROTOCOLS CHAPTER I, GENERAL PROVISIONS\n\n\n\n\nNumeral 46 creates the digital protocol and maintains the traditional one with removable sheets.\n\nNumeral 47 speaks of the creation of a digital platform called the Digital Notarial System,\nwhich appears to be under the responsibility of the DNN. However, in Article 28 of this bill, subsection\ng), this function is assigned to the National Archive, which generates confusion.\n\nAgain, the third paragraph grants the Council a power that could exceed its\ncompetencies.\n\nArticle 48 establishes a co-administration of the digital notarial systems, which could\nbe cumbersome in the case of public administration and eventually even contrary to the principle\nof budgetary legality.\n\nThe rest of the articles of this chapter regulate issues related to the management of protocols and\nreference archives, establishing significant differences between the traditional protocol\nand the digital one, which could eventually generate objectionable differences that harm\nprinciples of a constitutional nature.\n\nLikewise, it is worth highlighting the private character that is sought to be given to the\nreference archives and copies of public instruments, which is contradictory in itself.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER III, REPLACEMENT OF PUBLIC INSTRUMENTS CONTAINED IN THE PROTOCOL\n\n\n\nArticle 67 provides that in case of damage or loss, the volume shall be considered concluded\nand must be delivered. It would be advisable to analyze the suitability of this rule, in comparison with\nthe corresponding replacement.\n\nFinally, it is necessary to indicate that the National Archive Directorate has already issued its opinion,\nthrough the document cited above, on the regulations relating to that Institution, addressed\nin the previous chapters.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTITLE IV, NOTARIAL INSTRUMENTS CHAPTER I, GENERAL PROVISIONS\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 77 grants official translator faculties to the Notary, when the Notary\nunderstands the language of the appearing party. The advisability of this rule must be carefully analyzed,\nas a conflict of interests could arise.\n\nFor its part, Article 80 provides that errors or omissions must be corrected\nby means of notes at the end of the document, but before the signatures, or by means of an additional document.\nWith this reform, the marginal notes (notas al margen) to the original (matriz), currently provided for in\nArticle 96 of the Notarial Code, which allow the notary to make corrections when \"... it\nrefers to verifiable modifications by means of the reference archive or any other objective\nsource and does not constitute a variation of the consented wills...,\" would be eliminated. The reform in this case would be\na kind of step backward, which undoubtedly reduces practicality in the daily work of the notary and\ncalls their public faith into question.\n\n\n\n\nArticle 104 regulates matters concerning marginal notes, but its wording is confusing.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER II, PUBLIC DEEDS\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 87, final paragraph, is contrary to what is established in numeral 450 of the Civil Code,\nso the approval of this text would tacitly repeal it, by eliminating the possibility of\nregistering titles through unappealable judgments (ejecutorias) or authentic documents authorized by law for this purpose.\n\nRegarding what is established in Article 88, special attention must be paid. The wording\nof the article is unclear, making it seem that certified copies (testimonios) can be issued even if they are not\nrecorded in the original (matriz). The certified copy (testimonio) is the exact copy, or as appropriate, of the original (matriz). This\narticle seems to separate one from the other, which creates uncertainty and legal insecurity. The ambiguity\nof the rule could be detrimental to the legal system. The second paragraph of this article\nbears no relation to the first, as it speaks of physical or digital copies or certified copies (testimonios).\n\nArticle 96 refers to the Real Estate Registry as the \"Registro de la Propiedad\nInmueble,\" which should be corrected. Similarly, the correct term would be Subdirectorate\nof Cadastre (Subdirección Catastral) and not cadastre office.\n\nThere are two articles numbered 105, the one on \"Reserva en inmuebles\" and \"Escrituras\nadicionales\".\n\nNext, Article 106 establishes the possibility of constituting a mortgage\nwithout the presence of the creditor. Furthermore, the cancellation of mortgages of entities\nregulated by SUGEF is authorized without the appearance of the creditor. Both scenarios could potentially\nharm legal certainty.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER IV, EXTRA-PROTOCOL ACTS\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 116 refers to Article 107, which has no relation whatsoever to\nit. It introduces the possibility of certifying by electronic means, but it is not very precise in this\nregard. Our country already has legislation related to this subject, Law No. 8454, Law on\nCertificates, Digital Signatures, and Electronic Documents.\n\nNumeral 119 speaks of co-notary (conotariado), a figure eliminated in this code, so it\nwould not apply.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCHAPTER V, REPRODUCTION OF PUBLIC INSTRUMENTS\n\n\n\nArticle 128 establishes the use of printed or digital forms to carry out each\nof the registrable legal transactions. These forms somehow replace\nthe notarial action and should be signed only by the notary, like the certified copy (testimonio). It is not superfluous to indicate\nthat the effect of using this mechanism must be assessed in relation to the exercise of the\nnotarial function.\n\n\n\n\n \n\n\n\nTITLE V, THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC INSTRUMENTS. CHAPTER II, INVALIDITY OF PUBLIC INSTRUMENTS\n\n\n\n\n \n\n\n\nSubsection d) of Article 131 is incorrectly referenced, as it is subsection b) and not c) of\nArticle 7).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTITLE VI, PROCEEDINGS PROCESSED THROUGH NOTARIAL CHANNELS. SOLE CHAPTER\n\n\n\n\n \n\n\n\nArticle 134 in general expands the competence of notaries in non-contentious\njudicial activity. Subsection r) is contrary to the provision of Article 55 of the Family Code.\n\nNumeral 135 establishes that the notary may not issue a judgment on the merits. Should\nthis reform be approved, the notary would become merely a kind of processor. Furthermore,\nhaving to wait for a judge to issue a decision on the merits makes the process more cumbersome, thereby denaturing\nthis type of procedure.\n\nCurrently, if there is an agreement between the parties, a deed is executed to materially divide\nthe things; Article 145 is impractical compared to the current legislation.\n\nIn Article 154, it is not clear whether, in the case of the liquidation and early distribution\nof community property (bienes gananciales), a public deed must be executed, or a conversion into public deed (protocolización), or\na certification must be issued, as the text speaks interchangeably of both.\n\nIn relation to numeral 156, it must be reviewed in light of what is established in the Family Code.\n\nIn relation to numeral 157, the Attorney General's Office has already opined on several\noccasions on the inadvisability of titling in favor of private parties in a non-judicial venue.\nIn that sense, see Legal Opinion number OJ-166-2017, dated December 22, 2017, which\nconcluded the following:\n\n\n\n\n \n\n\n\n1. \"...The purpose of this law is to provide a title registrable in the Public Registry\nfor an unregistered property (of public or private domain), to one who lacks it, and who\npreviously acquired the property by positive prescription or usucapion, eventually complying with\na series of requirements established by the bill.\n\n2. The General Law of Possessory Informations establishes the procedure or mechanism\nto acquire when land has been possessed for more than ten years and the decennial positive\nprescription has operated. This rule is provided with the necessary judicial controls and guarantees to\naccess titling. The Office of the Attorney General of the Republic has considered that this is the\nappropriate procedure for the aforementioned purposes.\n\n3. It can be affirmed that the experience of titling in administrative venue has not been\npositive in our country. The rules that at some time were authorized have been repealed or\nannulled for defects that clash with our Political Constitution...\"\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nFor this specific case, it does not even mention what the procedure to be followed will be.\n\nArticle 158 establishes the possibility for the notary to carry out\nexecution proceedings for security interests in movable property (garantías mobiliarias), as well as mortgage and pledge execution proceedings,\nand judicial collection payment order (monitorios de cobro judicial) proceedings. These types of procedures have special regulation in\nour legal system, so it must be determined with certainty that no antinomy exists.\n\n\n\n\n \n\n\n\nTITLE VII, THE DISCIPLINARY REGIME FOR NOTARIES. CHAPTER I, DISCIPLINARY COMPETENCE AND TYPES\nOF SANCTIONS\n\n\n\nIn general terms, it seems that with the reforms intended to be introduced through\nthe present bill, there is a tendency to soften the current disciplinary regime. An example of\nthis is Article 166, which provides in its final paragraph that the sanctions contained in that article\nmay be suspended and will not generate information in the notary's database. In the same sense,\nsee the provisions of numeral 171 and others.\n\nArticle 173 establishes the possibility of exonerating the notary in exchange for compensation and\nmakes an erroneous reference to subsection d) of Article 7 of the bill, which does not exist.\n\nThus, it seems that, eventually, the coercion pursued through the\nsanctioning effects, in order for legal prescriptions to be duly fulfilled, loses part\nof its raison d'être.\n\nImproper actions by notaries must be duly sanctioned; compliance\nwith the legal system cannot be left to the mercy of a mere pecuniary transaction.\n\nOn the other hand, Articles 175 to 184 are an exact replica of Articles 185 to 194,\nso there are two \"second chapters,\" with different numbering.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTITLE IX, MUTUALITY AND PENSION FUND\n\n\n\n\n \n\n\n\nThis specific matter corresponds to the guild of Notaries. Its knowledge must\nbe subject to the existence of the Colegio that is intended to be created. The\nappropriateness of including a title such as the suggested one within the legal text of the\npresent bill must be analyzed carefully.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nREFORMS\n\n\n\nNow, regarding the reforms, it is necessary to emphasize the eventual\nmodification of Article 468 of the Civil Code, which establishes a decennial prescription period for\nadministrative precautionary measures. The Directorate of the Real Estate Registry, through communication\nDRI-01-0203-2017, dated April 20, 2017, stated that it was in total disagreement with\nestablishing a decennial prescription period, as it would generate a violation of the principle of\nregistry legal certainty.\n\n\n\n\nLikewise, the following opinion was expressed:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\"...It must be clarified to the deputies that it is through the administrative management process that\nthe existence of an inexactitude of registry origin is made known to interested or affected third parties,\nwith the aim of making the correction with their due consent, or proceeding to\nthe immobilization of the corresponding registry entry. In our country, precautionary measures are\nclassified into traditional and non-traditional; the former are the administrative warning\nnote and immobilization, and the latter may be of extra-registry origin, such as the\nprevention note, and of registry-cadastral origin, such as the cadastral notice...\"\n\n\n\n\n \n\n\n\nRegarding the reform to Article 13 of the Law of Possessory Informations, the relevance\nof not taking into account the date of registration of\nthe properties in the Registry must be analyzed in detail. In that sense, the Real Estate Registry indicated in the aforementioned communication\nthat it was suggested to apply the reform only once, provided that the property to be rectified is\nlocated in a cadastral zone (zona catastrada); otherwise, it could only be rectified according to the terms of numeral\n14 of that same law.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nTRANSITORY PROVISIONS\n\n\n\n\n \n\n\n\nIn Transitory Provisions II and VI, they speak superficially of institutions that have\nsalaried notaries in their service and of the validity of the institutional notariat. It is not clearly understood what\nis meant by the cancellation or validation of notaries in their positions, as this is contrary to\nwhat is provided in the normative body already analyzed.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCONCLUSIONS\n\n\n\n\n \n\n\n\n1.- The bill analyzed brings substantial changes to the Costa Rican notariat; an example of\nthis is the elimination of the figure of the institutional notary. The\nadvisability of this reform will have to be analyzed in detail, due to the costs it would entail for State institutions.\n\n2.- Many of the reforms gestated within this bill already have special regulation in\nour legal system, as was analyzed in detail, so the advisability of their\napproval and whether the changes can indeed be implemented must be assessed. An example of this\nis the digital Index platform for sending indices, and more recently, the possibility of sending\ndocuments to the Registry through the digital window.\n\n3.- Far from strengthening legal certainty, many of the changes introduced in the bill\njeopardize it.\n\n4.- Some of the reforms provided herein may prove antagonistic to the\ncurrent legal system.\n\n5.- In general terms, the bill presents many inconsistencies, in terms of legislative drafting technique,\nreferences, and general order.\n\n6.- When a comprehensive reform of specific legislation is being managed, all aspects\nrelated to it must be analyzed—legal, social, economic—as it could eventually be\nthat due to a lack of planning, the proposed changes cannot materialize.\n\n7.- The bill entitled \"Ley de reforma integral a la Ley N° 7764 de 22 de mayo de 199,\nCódigo Notarial,\" could present serious constitutionality problems; however, its\napproval or not is a matter that falls solely and exclusively to that Branch of the Republic.\n\n\n\n\n \n\n\n\nSincerely,\n\n\n\nMsc. Irina\nDelgado Saborío\n\n\n\nDeputy Attorney General\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIDS/srm"
}