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  "id": "pgr-22644",
  "citation": "C-075-2021",
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  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Inadmisibilidad de consulta legislativa individual sobre Bono Conectividad",
  "title_en": "Individual legislative consultation on Connectivity Bond ruled inadmissible",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta presentada por el diputado Wagner Jiménez Zúñiga sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley N.° 22106 (Ley de Creación del Bono Conectividad para la Educación). Se razona que, aunque la Procuraduría atiende consultas de la Asamblea Legislativa como colaboración, estas deben provenir de la Comisión Legislativa encargada del proyecto. Las consultas individuales de diputados, sin el aval de dicha Comisión, no cumplen con los parámetros de admisibilidad establecidos por la interpretación institucional. Se reitera que esta asesoría es no vinculante y de índole estrictamente jurídica, y que la función consultiva no puede desnaturalizarse ni mediatizarse. En consecuencia, no se emite criterio sobre el fondo del proyecto.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office declares inadmissible the consultation submitted by Deputy Wagner Jiménez Zúñiga regarding the substitute text of Bill No. 22106 (Law to Create the Connectivity Bond for Education). It argues that, although the Office addresses legislative consultations as a form of collaboration, these must come from the Legislative Committee in charge of the bill. Individual queries from deputies, without the endorsement of that Committee, do not meet the admissibility parameters set by institutional interpretation. It reiterates that this advisory is non-binding and strictly legal, and that the consultative function cannot be distorted or compromised. Consequently, no opinion on the merits of the bill is issued.",
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  "date": "12/03/2021",
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    "Procuraduría General de la República",
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    "Procuraduría General de la República",
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  "excerpt_es": "En esta ocasión, al requerirse el análisis del contenido del texto sustitutivo de un proyecto de ley por parte de un señor Diputado, a título individual, y no provenir esa solicitud de la Comisión encargada de tramitar la iniciativa, la consulta no cumple con el parámetro de admisibilidad antes expuesto.\n\nEn consecuencia, la consulta es inadmisible, y, lamentablemente, nos encontramos impedidos para rendir el criterio solicitado.",
  "excerpt_en": "On this occasion, since the analysis of the content of the substitute text of a bill is requested by a Deputy, in his individual capacity, and this request does not come from the Committee responsible for processing the initiative, the consultation does not meet the admissibility parameter set forth above.\n\nConsequently, the consultation is inadmissible, and, regrettably, we are unable to render the requested opinion.",
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    "summary_en": "The consultation submitted by a deputy individually regarding the substitute text of a bill is declared inadmissible because it does not come from the Legislative Committee responsible for its processing.",
    "summary_es": "La consulta planteada por un diputado a título individual sobre el texto sustitutivo de un proyecto de ley es declarada inadmisible por no provenir de la Comisión Legislativa encargada de su trámite."
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      "quote_es": "En esta ocasión, al requerirse el análisis del contenido del texto sustitutivo de un proyecto de ley por parte de un señor Diputado, a título individual, y no provenir esa solicitud de la Comisión encargada de tramitar la iniciativa, la consulta no cumple con el parámetro de admisibilidad antes expuesto."
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  "body_es_text": "Dictamen : 075 del 12/03/2021   \n\n\n\n12 de marzo de 2021\n\n\n\n\nC-075-2021\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñor\n\n\n\n\nWagner Jiménez Zúñiga\n\n\n\n\nDiputado\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio no. AL-\nFPLN-03-OFI-026-2021 de 9 de marzo de 2021, mediante el cual requiere nuestro criterio jurídico\nsobre el texto sustitutivo del proyecto de ley no. 22106, Ley de Creación del Bono Conectividad para\nla Educación.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de\nsetiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la\nAdministración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que\nle solicite la Administración Pública.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración\nPública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando\nrequiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Pese a lo anterior y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha\nacostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán\nde colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les\natribuye.  De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de\nley o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control\npolítico y que razonablemente puedan estimarse de interés general.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Tal y como hemos dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboración no dispuesta\nen la Ley tiene como objeto colaborar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello\nmediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Dicho asesoramiento no puede\ndesnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría ni mediatizar su función, al punto de\nimpedirle suministrar la asesoría a quien está legitimado para solicitársela, sea la Administración\nPública. Así, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el contenido propio de la\nfunción consultiva, su eficiente ejercicio respecto de la Administración Pública y la razonabilidad\ny mesura de la consulta que se formule. (Véanse nuestros pronunciamientos nos. OJ-030-2017 de 9 de\nmarzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de agosto de 2018, C-101-2019 de\n5 de abril de 2019, C-071-2020 de 2 de marzo de 2020, C-145-2020 de 20 de abril de 2020, entre\notros).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             De ahí que, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios a la Asamblea\nLegislativa y sus Diputados, no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las\nconsultas, puesto que lo contrario implicaría desnaturalizar nuestra función asesora. (Véanse\nnuestros pronunciamientos nos. OJ-095-2009 de 5 de octubre de 2005, OJ-53-2010 de 9 de agosto de\n2010, OJ-030-2017 de 9 de marzo de 2017, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-198-2018 de 17 de\nagosto de 2018 y C-101-2019 de 5 de abril de 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Además, interesa señalar que la emisión de nuestros pronunciamientos no se rige por lo\ndispuesto en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, ni 32 de la Ley de la Jurisdicción\nConstitucional (n.°7135 del 11 de octubre de 1989), puesto que el ejercicio de esa competencia no\ninvolucra una petición pura y simple de información en poder de la Procuraduría, sino el estudio y\nemisión de un criterio técnico jurídico que por su naturaleza no queda sujeto al plazo de diez días\nhábiles establecido en el último precepto citado. Al respecto, la Sala Constitucional en la\nsentencia no. 23112-2019 de las 8:50 horas de 22 de noviembre de 2019, dispuso:  \n\n\n\n\n \n\n\n\n “En este nuevo amparo es claro que la recurrente pretende que la Procuraduría General de la\nRepública emita un criterio jurídico. De conformidad con las razones expuestas de manera\nreiterada por este Tribual una consulta así planteada no constituye parte del ejercicio de los\nderechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Por consiguiente, no hay\nrazón para estimar el recurso.”  (El subrayado no es del original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n             Ahora bien, en vista de que el trámite de consulta de la Asamblea Legislativa a la\nProcuraduría no se encuentra regulado legalmente, la admisibilidad de las consultas formuladas se\nresuelve vía interpretación de este órgano asesor. De ahí que, en cuanto a nuestro asesoramiento\nsobre el contenido de los proyectos de ley, lo usual ha sido que la Procuraduría se refiera a éstos\ncomo parte del trámite que las Comisiones Legislativas llevan a cabo al discutirlos y analizarlos.\nEs decir, la Procuraduría ha atendido, únicamente, aquellas consultas que son planteadas por la\nComisión Legislativa que tenga a cargo la tramitación y discusión de la iniciativa legal respectiva,\nno así, aquellas consultas que, aunque tengan por objeto el análisis de un proyecto de ley, sean\nplanteadas por uno o varios señores Diputados, sin el aval de la Comisión Legislativa\ncorrespondiente. (Véase al respecto nuestra opinión jurídica no. OJ-127-2019 de 30 de octubre de\n2019 y los dictámenes nos. C-170-2020 de 10 de marzo de 2020 y C-471-2020 de 9 de diciembre de\n2020).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Las ocasiones en las que se ha procedido a evacuar consultas referidas a proyectos de ley que no\nprovienen de una Comisión Legislativa, se han referido a casos específicos en los que es difícil\ndeterminar si la consulta que se plantea es propia de la labor de control político o del trámite\nlegislativo; y, a supuestos muy concretos, en los que, al estar de por medio circunstancias\nexcepcionales, se ha estimado oportuno rendir nuestro criterio como una forma de colaboración ante\nla situación extraordinaria presentada. (Por ejemplo, véase nuestra opinión jurídica no. OJ-064-2020\nde 7 de abril de 2020).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En esta ocasión, al requerirse el análisis del contenido del texto sustitutivo de un\nproyecto de ley por parte de un señor Diputado, a título individual, y no provenir esa solicitud de\nla Comisión encargada de tramitar la iniciativa, la consulta no cumple con el parámetro de\nadmisibilidad antes expuesto.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En consecuencia, la consulta es inadmisible, y, lamentablemente, nos encontramos\nimpedidos para rendir el criterio solicitado.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            De Usted, atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                                       Elizabeth León Rodríguez\n\n\n\n\n                                                                       Procuradora",
  "body_en_text": "Opinion : 075 of 12/03/2021  \n\n\n\n12 March 2021\n\n\n\n\nC-075-2021\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nMr.\n\n\n\n\nWagner Jiménez Zúñiga\n\n\n\n\nDeputy\n\n\n\n\nLegislative Assembly\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\nDear Sir:\n\n\n\n\n \n\n\n\n With the approval of the Attorney General of the Republic, I am responding to your official communication no. AL-\nFPLN-03-OFI-026-2021 of 9 March 2021, through which you request our legal opinion\non the substitute text of bill no. 22106, Law for the Creation of the Connectivity Bond for\nEducation.\n\n\n\n\n \n\n\n\n In accordance with articles 1, 2, and 3 subsection b) of our Organic Law (no. 6815 of 27\nSeptember 1982), the Office of the Attorney General is the superior consultative, technical-legal body of the\nPublic Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal opinions\nrequested by the Public Administration.\n\n\n\n\n \n\n\n\n For these purposes, the Legislative Assembly could be considered as Public Administration when it consults us on a matter within the exercise of its administrative function, but not when\nit requires our opinion on a matter of interest for the exercise of its legislative function.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Despite the foregoing and the fact that there is no legal provision to that effect, the Office of the Attorney General has\ncustomarily attended to the consultations made by the Legislative Assembly and its deputies, with the desire\nto collaborate with the exercise of the important functions that the Political Constitution attributes to them.  \nHence, non-binding legal opinions are rendered on specific bills\nor in relation to legal aspects that may be considered covered by the political oversight function\nand that may reasonably be deemed of general interest.\n\n\n\n\n \n\n\n\n As we have stated on other occasions, this form of collaboration, not provided for\nin the Law, has the purpose of collaborating in the fulfillment of parliamentary functions, and this\nthrough strictly legal advice. Such advice may not\ndistort the consultative function of the Office of the Attorney General nor mediatize its function, to the point of\npreventing it from providing advice to those legitimately entitled to request it, that is, the Public Administration. Thus, the advice provided to the deputies is limited by the inherent content of the\nconsultative function, its efficient exercise with respect to the Public Administration, and the reasonableness\nand moderation of the consultation formulated. (See our pronouncements nos. OJ-030-2017 of 9\nMarch 2017, OJ-061-2017 of 29 May 2017, C-198-2018 of 17 August 2018, C-101-2019 of\n5 April 2019, C-071-2020 of 2 March 2020, C-145-2020 of 20 April 2020, among\nothers).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Hence, the collaboration provided through our opinions to the Legislative\nAssembly and its Deputies does not allow us to overlook the essential admissibility requirements of the\nconsultations, since the contrary would imply distorting our advisory function. (See\nour pronouncements nos. OJ-095-2009 of 5 October 2005, OJ-53-2010 of 9 August\n2010, OJ-030-2017 of 9 March 2017, OJ-061-2017 of 29 May 2017, C-198-2018 of 17\nAugust 2018 and C-101-2019 of 5 April 2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n Furthermore, it is pertinent to point out that the issuance of our pronouncements is not governed by the provisions\nof articles 27 and 30 of the Political Constitution, nor 32 of the Law of the Constitutional Jurisdiction\n(no. 7135 of 11 October 1989), since the exercise of this competence does not\ninvolve a pure and simple petition for information held by the Office of the Attorney General, but rather the study and\nissuance of a technical-legal opinion which, by its nature, is not subject to the ten business day\ndeadline established in the latter cited provision. In this regard, the Constitutional Chamber in\njudgment no. 23112-2019 of 8:50 hours on 22 November 2019, held:  \n\n\n\n\n \n\n\n\n \"In this new amparo (constitutional protection) it is clear that the appellant seeks for the Office of the Attorney General of the\nRepublic to issue a legal opinion. In accordance with the reasons expressed repeatedly by this Tribunal, a consultation so posed does not constitute part of the exercise of the\nrights enshrined in articles 27 and 30 of the Political Constitution. Consequently, there is no\nreason to grant the appeal.\" (The underlining is not from the original).\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n Now, given that the consultation process from the Legislative Assembly to the\nOffice of the Attorney General is not legally regulated, the admissibility of the consultations formulated is\nresolved through interpretation by this advisory body. Hence, regarding our advice\non the content of bills, the usual practice has been for the Office of the Attorney General to refer to them\nas part of the procedure that the Legislative Committees carry out when discussing and analyzing them.\nThat is to say, the Office of the Attorney General has attended, solely, to those consultations posed by the\nLegislative Committee in charge of the processing and discussion of the respective legal initiative,\nand not to those consultations that, although intended for the analysis of a bill, are\nposed by one or more Deputies, without the endorsement of the corresponding Legislative\nCommittee. (See in this regard our legal opinion no. OJ-127-2019 of 30 October\n2019 and opinions nos. C-170-2020 of 10 March 2020 and C-471-2020 of 9 December\n2020).\n\n\n\n\n \n\n\n\n The occasions on which consultations regarding bills that do not\noriginate from a Legislative Committee have been addressed, have referred to specific cases where it is difficult\nto determine whether the consultation posed is typical of the political oversight function or of the legislative\nprocess; and, to very specific cases in which, due to exceptional circumstances,\nit was deemed appropriate to render our opinion as a form of collaboration in light of\nthe extraordinary situation presented. (For example, see our legal opinion no. OJ-064-2020\nof 7 April 2020).\n\n\n\n\n \n\n\n\n On this occasion, since the analysis of the substitute text of a\nbill is requested by a Deputy, in an individual capacity, and this request does not originate from the\nCommittee responsible for processing the initiative, the consultation does not meet the\naforementioned admissibility parameter.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Consequently, the consultation is inadmissible, and, unfortunately, we are\nunable to render the requested opinion.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nYours sincerely,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nElizabeth León Rodríguez\n\n\n\n\nOffice of the Attorney General"
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