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  "id": "pgr-23255",
  "citation": "OJ-050-2022",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Reforma al artículo 39 de la Ley General de Policía: organización, carácter permanente y ampliación de funciones de la Reserva",
  "title_en": "Amendment to Article 39 of the General Police Law: organization, permanent status and expanded functions of the Police Reserve",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza el proyecto de ley 22589, que propone reformar el artículo 39 de la Ley General de Policía — actual artículo 43 — para trasladar del Presidente de la República al Ministro de Seguridad Pública la organización de la Reserva de las Fuerzas de Policía, otorgarle carácter permanente y permitir su actuación no solo en emergencias sino también en lugares con altos índices delictivos. Concluye que la configuración legal de ese cuerpo policial es de reserva legislativa, por lo que los tres cambios propuestos se enmarcan en la discrecionalidad del legislador y no presentan obstáculos constitucionales ni legales. Advierte que el traslado de la competencia organizativa no afecta el mando supremo presidencial sobre la fuerza pública. No emite juicio sobre oportunidad o conveniencia de los cambios, ni sobre el carácter ad honorem de los reservistas.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office analyzes legislative bill 22589, which proposes amending Article 39 of the General Police Law — currently Article 43 — to transfer the organization of the Police Reserve from the President to the Minister of Public Security, make the reserve permanent, and allow it to operate in high-crime areas as well as emergencies. It concludes that the police body is strictly a legislative creation, so all three proposed changes fall within the legislator's discretion and present no constitutional or legal obstacles. The opinion clarifies that shifting organizational authority does not affect the President's supreme command of the public force. It refrains from judging the policy merits or the ad honorem nature of the reservists.",
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  "date": "18/03/2022",
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    "reserva de ley",
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    "Reserva de las Fuerzas de Policía",
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    "Constitución Política artículo 139.3",
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  "excerpt_es": "La primera observación que se impone realizar al proyecto de ley en estudio es que el artículo 39 al cual se refiere esa iniciativa corresponde ahora al artículo 43 de la Ley General de Policía, cambio que tuvo su origen en la reforma ordenada en el artículo 2° de la ley de “Creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”, n.° 10061 de 15 de noviembre del 2021.\n\nHecha esa precisión, interesa indicar que la Reserva de las Fuerzas de Policía es un cuerpo policial de configuración estrictamente legislativa, por lo que está en manos del legislador definir lo relativo a su organización y funcionamiento, siempre que esa definición respete las disposiciones constitucionales relacionadas con la materia.\n\nEn virtud de lo anterior, el primero de los objetivos del proyecto de ley, orientado a establecer que la organización de la Reserva de las Fuerzas de Policía esté a cargo del Ministro de Seguridad y no del Presidente de la República como está dispuesto ahora, es un tema que se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.",
  "excerpt_en": "The first observation that must be made about the legislative bill under study is that article 39 referred to in the initiative now corresponds to article 43 of the General Police Law, a change originating in the amendment ordered by article 2 of Law No. 10061 of November 15, 2021, “Creation of the Air Surveillance Service Directorate as a police body attached to the Ministry of Public Security.”\n\nHaving clarified that, it is important to note that the Police Reserve is a police body of strictly legislative configuration, so it is up to the legislator to define its organization and operation, as long as that definition respects the constitutional provisions related to the matter.\n\nBased on the above, the first goal of the bill, aimed at establishing that the organization of the Police Reserve be in charge of the Minister of Security and not the President as currently provided, is a matter within the legislator’s discretion.",
  "outcome": {
    "label_en": "Non-binding legal opinion",
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    "summary_en": "The Attorney General considers that the three proposed changes (organizational transfer, permanent status, and expanded functions) fall within legislative discretion and have no constitutional or legal flaws.",
    "summary_es": "La Procuraduría considera que los tres cambios propuestos (traslado organizativo, permanencia y ampliación de funciones) son de discrecionalidad legislativa y no presentan vicios constitucionales ni legales."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "II. Observaciones sobre el proyecto de ley",
      "quote_en": "The Police Reserve is a police body of strictly legislative configuration, so it is up to the legislator to define its organization and operation, as long as that definition respects the constitutional provisions related to the matter.",
      "quote_es": "La Reserva de las Fuerzas de Policía es un cuerpo policial de configuración estrictamente legislativa, por lo que está en manos del legislador definir lo relativo a su organización y funcionamiento, siempre que esa definición respete las disposiciones constitucionales relacionadas con la materia."
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    {
      "context": "II. Observaciones sobre el proyecto de ley",
      "quote_en": "Although article 139.3 of the Political Constitution provides that exclusive duties and powers of the President include ‘Exercising supreme command of the public force,’ that power would not be affected by placing the organization of the Police Reserve under the Minister of Security, because even if that authority is transferred, the President retains command over the entire public force, including the Police Reserve.",
      "quote_es": "Si bien el artículo 139.3 de la Constitución Política dispone que son deberes y atribuciones exclusivas del Presidente de la República ‘Ejercer el mando supremo de la fuerza pública’, tal atribución no se vería afectada por el hecho de que la organización de la Reserva de las Fuerzas de Policía esté a cargo del Ministro de Seguridad, pues aun cuando esa facultad sea trasladada al Ministro citado, el Presidente conservaría el poder de mando sobre la totalidad de la fuerza pública, incluida la Reserva de las Fuerzas de Policía."
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  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=23255&strTipM=T",
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  "body_es_text": "Opinión Jurídica : 050 - J   del 18/03/2022   \n\n\n\n18 de marzo del 2022\n\n\n\n\nPGR-OJ-050-2022\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSeñora\n\n\n\n\nDaniela Agüero Bermúdez \n\n\n\n\nJefa de Área\n\n\n\n\nÁrea de Comisiones Legislativas VII\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\nS. O.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimada señora\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta, damos respuesta a su oficio\nAL-22589-CPSN-0191-2021 del 21 de setiembre de 2021, por medio del cual nos indica que la Comisión\nPermanente Especial de Seguridad y Narcotráfico aprobó conferirnos audiencia sobre el proyecto de\nley denominado “Reforma al artículo 39 de la Ley General de Policía, n.° 7410 del 26 de mayo de\n1994”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 22589. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Antes de iniciar el análisis del proyecto de ley sobre el cual se requiere nuestro criterio debemos\nindicar que, debido a que la gestión que se nos remite no proviene de un órgano del Estado en\nejercicio de una función administrativa, sino de un órgano parlamentario en ejercicio de una función\nlegislativa, lo que emitiremos en este caso, como una forma de colaborar con esa importante labor,\nno es un dictamen vinculante (pues es evidente que en ese ámbito nuestro pronunciamiento no podría\nprivar sobre el del legislador), sino una opinión jurídica carente de esos efectos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Además, debemos señalar que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del\nReglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a este asunto, por no tratarse de la audiencia\na la que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política. Sobre ese aspecto pueden\nconsultarse, entre otras, la OJ-053-98 del 18 de junio de 1998, la OJ-055-2013 del 9 de setiembre de\n2013, la OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, la PGR-OJ-189-2021 de 3 de diciembre del 2021 y la PGR-\nOJ-014-2022 de 8 de febrero del 2022.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI. - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY\n\n\n\n\n \n\n\n\n La exposición de motivos del proyecto de ley sometido a nuestra consideración señala que el\nartículo 39 de la Ley General de Policía, n.° 7410 de 26 de mayo de 1994, creó la Reserva de las\nFuerzas de Policía como producto de la necesidad del país de contar con recurso humano (ad honorem)\nque auxilie a las fuerzas de policía ordinarias en estados de emergencia y en situaciones\nexcepcionales. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Transcribe el artículo 39 de la Ley n.° 7410 citada, según el cual, “El Presidente de la República\npodrá organizar y convocar, con carácter transitorio, a la reserva de las fuerzas de policía, como\ncuerpo auxiliar extraordinario, con carácter ad honoren, para atender estados de emergencia o\nsituaciones excepcionales”. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Manifiesta que el primer aspecto a considerar en relación con ese artículo es que le encomienda al\nPresidente de la República la tarea de organizar y convocar a las personas que formarán parte de la\nReserva de las Fuerzas de Policía, sin tomar en cuenta la gran cantidad de funciones que ejerce el\nPresidente.  Indica que esas tareas deben estar a cargo del Ministro de Seguridad Pública, el cual\ntiene dentro de sus competencias habituales organizar y conformar las fuerzas de policía, establecer\nnormas y procesos, así como los procedimientos para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Afirma que el segundo aspecto relevante es que la norma transcrita le confiere carácter transitorio\na la Reserva de las Fuerzas de Policía, lo que resulta inconveniente para atender las necesidades de\nseguridad del país.  Sostiene que, ante la criminalidad actual, es necesario que los servicios\nprestados por las personas que conformarán el cuerpo auxiliar de las fuerzas armadas sean\npermanentes.  Señala que en el país existe la necesidad de contar con el recurso humano suficiente\npara realizar una efectiva labor de prevención y contención delictiva. \n\n\n\n\n \n\n\n\n Como último aspecto, afirma que es importante que las personas voluntarias que integran la Reserva\nde las Fuerzas de Policía puedan servir al país con sus conocimientos, experiencia y energía, no\nsolo en estados de emergencia, sino también en la cotidianeidad de la prevención delictiva a cargo\ndel Ministerio de Seguridad Pública y de otros órganos policiales.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Afirma que la adecuada organización, administración y funcionamiento de un cuerpo auxiliar ad\nhonorem (especialmente de índole policial) debe ser una prioridad nacional, pues aun cuando existe\nuna necesidad palpable de mayor seguridad, la situación económica que atraviesa el país hace que no\nsea posible subsanar las deficiencias de recurso humano existentes.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n Concretamente, el proyecto propone reformar el artículo 39 de la Ley General de Policía.  El texto\nque se sugiere es el siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n           “ARTÍCULO 1-         Refórmese el artículo 39 de la Ley General de Policía, N.º 7410, de\n26 de mayo de 1994, que se leerá de la siguiente manera:\n\n\n\n\n           Artículo 39- Naturaleza de la Reserva\n\n\n\n El ministro organizará, con carácter permanente, a la Reserva de las Fuerzas de Policía, como\ncuerpo auxiliar extraordinario, con carácter “ad honorem”, para atender estados de emergencia,\nsituaciones excepcionales o lugares con mayores índices de criminalidad, orientado a la integración\nde personas que según sus perfiles, aptitudes y competencias, puedan servir de manera coadyuvante en\nel ámbito de los cuerpos policiales del país.\n\n\n\n\n             Rige a partir de su publicación.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Seguidamente emitiremos nuestra opinión con respecto al proyecto de ley sobre el cual\nse nos confiere audiencia, no sin antes aclarar que dicho criterio se basa en consideraciones\njurídicas de constitucionalidad y de legalidad.  Queda fuera de nuestra posibilidad emitir juicios\neconómicos, o de oportunidad y conveniencia, toda vez que esta Procuraduría es un órgano técnico-\njurídico, por lo que nuestra competencia se circunscribe a ese ámbito.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            II.- OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY\n\n\n\n             La primera observación que se impone realizar al proyecto de ley en estudio es que el\nartículo 39 al cual se refiere esa iniciativa corresponde ahora al artículo 43 de la Ley General de\nPolicía, cambio que tuvo su origen en la reforma ordenada en el artículo 2° de la ley de “Creación\nde la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como cuerpo policial adscrito al Ministerio de\nSeguridad Pública”, n.° 10061 de 15 de noviembre del 2021.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Hecha esa precisión, interesa indicar que la Reserva de las Fuerzas de Policía es un\ncuerpo policial de configuración estrictamente legislativa, por lo que está en manos del legislador\ndefinir lo relativo a su organización y funcionamiento, siempre que esa definición respete las\ndisposiciones constitucionales relacionadas con la materia.  \n\n\n\n\n \n\n\n\n             En virtud de lo anterior, el primero de los objetivos del proyecto de ley, orientado a\nestablecer que la organización de la Reserva de las Fuerzas de Policía esté a cargo del Ministro de\nSeguridad y no del Presidente de la República como está dispuesto ahora, es un tema que se encuentra\ndentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En nuestro medio, la Ley General de Policía es el instrumento normativo que regula lo\nrelacionado con las fuerzas de policía.  El artículo 6 de esa ley establece que son fuerzas de\npolicía: la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y\nde actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía\nde Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía\nPenitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez y la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea.  No\nobstante, esa enunciación no es taxativa, pues el propio artículo 6 mencionado dispone que también\ndeben catalogarse como fuerzas de policía todas aquellas cuya competencia esté prevista en la ley,\ncomo ocurre precisamente con la Reserva de las Fuerzas de Policía, cuya regulación se encuentra en\nlos artículos 43 al 46 de la propia Ley n.° 7410.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Por su parte, las atribuciones de la Reserva de las Fuerzas de Policía son las mismas\nque poseen las demás fuerzas de policía del país y que se encuentran enumeradas en el artículo 8 de\nla Ley General de Policía.  Entre esas atribuciones está la de resguardar el orden constitucional;\nprevenir potenciales violaciones a la integridad territorial de la República; velar por la\nintegridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía; asegurar la vigilancia y el mantenimiento\ndel orden público; ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan, en los asuntos de su\ncompetencia, los tribunales de justicia y los organismos electorales, a solicitud de estos;\ncolaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la\nRepública y la Contraloría General de la República, en todas las actuaciones policiales requeridas y\nremitirles los elementos probatorios y los informes del caso, según corresponda; colaborar en la\nprevención y la represión del delito, sobre bases de reciprocidad, con las organizaciones\ninternacionales de policía, de conformidad con los convenios vigentes; etc.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Es la propia Ley General de Policía la que regula también lo relativo a la\nsubordinación de las fuerzas de policía al poder civil (artículo 3), sus funciones básicas (artículo\n4), la reserva de ley que aplica en materia de creación de competencias policiales (artículo 7), y\nlos principios fundamentales de la actuación policial (artículo 10).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Lo anterior ratifica lo ya expuesto en el sentido de que la Reserva de las Fuerzas de\nPolicía, como fuerza de policía que es, constituye un cuerpo policial creado y regulado por ley, por\nlo que es la propia Asamblea Legislativa quien puede definir si su organización debe continuar a\ncargo del Presidente de la República, como ocurre actualmente, o si debe trasladarse al Ministro de\nSeguridad, como se propone.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Cabe señalar, en todo caso, que si bien el artículo 139.3 de la Constitución Política\ndispone que son deberes y atribuciones exclusivas del Presidente de la República “Ejercer el mando\nsupremo de la fuerza pública”, tal atribución no se vería afectada por el hecho de que la\norganización de la Reserva de las Fuerzas de Policía esté a cargo del Ministro de Seguridad, pues\naun cuando esa facultad sea trasladada al Ministro citado, el Presidente conservaría el poder de\nmando sobre la totalidad de la fuerza pública, incluida la Reserva de las Fuerzas de Policía.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Una situación similar ocurre con las otras dos pretensiones básicas del proyecto de ley en estudio,\ncomo son: la de otorgar carácter permanente a la Reserva de las Fuerzas de Policía y la de permitir\nque ese cuerpo policial funcione no solo en estados de emergencia o situaciones excepcionales, sino\ntambién en situaciones normales, con el objetivo de brindar seguridad en los lugares con mayores\níndices de criminalidad del país.  A juicio de esta Procuraduría, el legislador está habilitado para\notorgarle carácter permanente a la Reserva de las Fuerzas de Policía y para definir su ámbito de\nacción, por lo que el proyecto de ley, en cuanto a esos aspectos, no presenta problemas jurídicos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Ciertamente, la iniciativa de ley, por sus alcances, podría generar discusión en torno\na la oportunidad y conveniencia de los cambios propuestos, sobre todo si se toma en cuenta que los\nintegrantes de ese cuerpo policial siguen siendo “ad honorem”; sin embargo, esta Procuraduría, como\nórgano técnico jurídico que es, no podría entrar a evaluar esos aspectos, pues esa es una tarea que\ncompete a la Asamblea Legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n            III.- CONCLUSIÓN\n\n\n\n\n           \n\n\n\n\n            Con fundamento en lo expuesto, eta Procuraduría arriba a las siguientes conclusiones:\n\n\n\n\n \n\n\n\n             1.- El artículo 39 de la Ley General de Policía, al cual se refiere el proyecto de ley\nen estudio, corresponde ahora al artículo 43 de esa ley, cambio que tuvo su origen en la reforma\nordenada en el artículo 2° de la ley de “Creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea\ncomo cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública”.\n\n\n\n             2.- La Reserva de las Fuerzas de Policía es un cuerpo policial de configuración\nestrictamente legislativa, por lo que está en manos del legislador definir lo relativo a su\norganización y funcionamiento, siempre que esa definición respete las disposiciones constitucionales\nrelacionadas con la materia.  \n\n\n\n\n \n\n\n\n             3.- El primero de los objetivos del proyecto de ley, orientado a establecer que la\norganización de la Reserva de las Fuerzas de Policía esté a cargo del Ministro de Seguridad y no del\nPresidente de la República como está dispuesto ahora, es un tema que se encuentra dentro del ámbito\nde discrecionalidad del legislador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             4.- Si bien el artículo 139.3 de la Constitución Política dispone que son deberes y\natribuciones exclusivas del Presidente de la República “Ejercer el mando supremo de la fuerza\npública”, tal atribución no se vería afectada por el hecho de que la organización de la Reserva de\nlas Fuerzas de Policía esté a cargo del Ministro de Seguridad, pues aun cuando esa facultad sea\ntrasladada al Ministro citado, el Presidente conservaría el poder de mando sobre la totalidad de la\nfuerza pública, incluida la Reserva de las Fuerzas de Policía.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 5.- Aprobar las otras dos pretensiones básicas del proyecto de ley en estudio (como son: la de\notorgar carácter permanente a la Reserva de las Fuerzas de Policía y la de permitir que ese cuerpo\npolicial funcione no solo en estados de emergencia o situaciones excepcionales, sino también en\nsituaciones normales, con el objetivo de brindar seguridad en los lugares con mayores índices de\ncriminalidad del país) se encuentra también dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             6.- La iniciativa de ley, por sus alcances, podría generar discusión en torno a la\noportunidad y conveniencia de los cambios propuestos, sobre todo si se toma en cuenta que los\nintegrantes de ese cuerpo policial siguen siendo “ad honorem”; sin embargo, esta Procuraduría, como\nórgano técnico jurídico que es, no podría entrar a evaluar esos aspectos, pues esa es una tarea que\ncompete a la Asamblea Legislativa.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                                  Cordialmente;\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                                  Julio César Mesén Montoya\n\n\n\n\n                                                                        PROCURADOR\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nJCMM/mmg",
  "body_en_text": "Legal Opinion: 050 - J of 03/18/2022\n\nMarch 18, 2022\n\nPGR-OJ-050-2022\n\nMrs.\nDaniela Agüero Bermúdez\nArea Chief\nÁrea de Comisiones Legislativas VII\nAsamblea Legislativa\nS. O.\n\nDear Madam:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General, we respond to your official letter AL-22589-CPSN-0191-2021 of September 21, 2021, by which you indicate that the Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico approved granting us a hearing on the bill called “Reforma al artículo 39 de la Ley General de Policía, n.° 7410 del 26 de mayo de 1994,” which is being processed under legislative file no. 22589.\n\nBefore beginning the analysis of the bill on which our opinion is required, we must indicate that, because the request sent to us does not come from a State organ exercising an administrative function, but rather from a parliamentary organ exercising a legislative function, what we will issue in this case, as a way of collaborating with that important task, is not a binding legal opinion (dictamen) (since it is evident that in this area our pronouncement could not prevail over that of the legislator), but rather a legal opinion lacking those effects.\n\nFurthermore, we must point out that the eight-day period provided for in article 157 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa is not applicable to this matter, as it does not concern the hearing referred to in article 190 of the Constitución Política. On this aspect, one may consult, among others, OJ-053-98 of June 18, 1998, OJ-055-2013 of September 9, 2013, OJ-08-2015 of August 3, 2015, PGR-OJ-189-2021 of December 3, 2021, and PGR-OJ-014-2022 of February 8, 2022.\n\nI. - GENERAL DESCRIPTION OF THE BILL\n\nThe statement of legislative intent of the bill submitted for our consideration indicates that article 39 of the Ley General de Policía, No. 7410 of May 26, 1994, created the Reserva de las Fuerzas de Policía as a result of the country's need for human resources (ad honorem) to assist the ordinary police forces in states of emergency and exceptional situations.\n\nIt transcribes article 39 of the cited Law No. 7410, according to which, “The President of the Republic may organize and convoke, on a temporary basis, the reserve of the police forces, as an extraordinary auxiliary body, on an ad honorem basis, to address states of emergency or exceptional situations.”\n\nIt states that the first aspect to consider in relation to that article is that it entrusts the President of the Republic with the task of organizing and convoking the persons who will form part of the Reserva de las Fuerzas de Policía, without taking into account the large number of functions exercised by the President. It indicates that these tasks should be the responsibility of the Minister of Public Security, who has within his usual powers organizing and forming the police forces, establishing norms and processes, as well as procedures for strengthening citizen security.\n\nIt affirms that the second relevant aspect is that the transcribed norm confers a temporary nature on the Reserva de las Fuerzas de Policía, which is inconvenient for addressing the country's security needs. It maintains that, given current criminality, it is necessary for the services provided by the persons who will make up the auxiliary body of the armed forces to be permanent. It points out that the country has a need for sufficient human resources to carry out effective crime prevention and containment work.\n\nAs a final aspect, it affirms that it is important for volunteer persons who make up the Reserva de las Fuerzas de Policía to be able to serve the country with their knowledge, experience, and energy, not only in states of emergency, but also in the daily routine of crime prevention under the responsibility of the Ministry of Public Security and other police bodies.\n\nIt affirms that the adequate organization, administration, and operation of an ad honorem auxiliary body (especially of a police nature) must be a national priority, since even though there is a palpable need for greater security, the economic situation the country is experiencing makes it impossible to remedy existing deficiencies in human resources.\n\nSpecifically, the bill proposes to reform article 39 of the Ley General de Policía. The suggested text is as follows:\n\n“ARTICLE 1- Reform article 39 of the Ley General de Policía, No. 7410, of May 26, 1994, which shall read as follows:\n\nArticle 39- Nature of the Reserve\n\nThe minister shall organize, on a permanent basis, the Reserva de las Fuerzas de Policía, as an extraordinary auxiliary body, on an “ad honorem” basis, to address states of emergency, exceptional situations, or places with higher crime rates, oriented towards the integration of persons who, according to their profiles, skills, and competencies, can serve in a contributory manner within the scope of the country's police bodies.\n\nIt shall enter into force upon its publication.”\n\nNext, we will issue our opinion regarding the bill on which we are granted a hearing, not without first clarifying that said opinion is based on legal considerations of constitutionality and legality. Issuing economic judgments, or on opportunity and convenience, is beyond our ability, since this Procuraduría is a technical-legal body, and therefore our competence is limited to that scope.\n\nII.- OBSERVATIONS ON THE BILL\n\nThe first observation that must be made regarding the bill under study is that article 39 to which that initiative refers now corresponds to article 43 of the Ley General de Policía, a change that originated in the reform ordered in article 2 of the law for the “Creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública,” No. 10061 of November 15, 2021.\n\nHaving made that clarification, it is of interest to indicate that the Reserva de las Fuerzas de Policía is a police body of strictly legislative configuration, so it is in the hands of the legislator to define matters relating to its organization and operation, provided that definition respects the constitutional provisions related to the subject matter.\n\nBy virtue of the foregoing, the first objective of the bill, aimed at establishing that the organization of the Reserva de las Fuerzas de Policía be the responsibility of the Minister of Security and not of the President of the Republic as is currently provided, is a matter that falls within the scope of the legislator's discretion.\n\nIn our environment, the Ley General de Policía is the normative instrument that regulates matters related to the police forces. Article 6 of that law establishes that the police forces are: the Guardia de Asistencia Rural, the police in charge of the control of unauthorized drugs and related activities, the Policía de Fronteras, the Policía de Migración y Extranjería, the Policía de Control Fiscal, the Dirección de Seguridad del Estado, the Policía de Tránsito, the Policía Penitenciaria, the Policía Escolar y de la Niñez, and the Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea. However, this listing is not exhaustive, since the aforementioned article 6 itself provides that all those whose competence is established by law must also be classified as police forces, as precisely occurs with the Reserva de las Fuerzas de Policía, whose regulation is found in articles 43 through 46 of Law No. 7410 itself.\n\nFor its part, the powers of the Reserva de las Fuerzas de Policía are the same as those possessed by the other police forces of the country and which are listed in article 8 of the Ley General de Policía. Among these powers are that of safeguarding the constitutional order; preventing potential violations of the territorial integrity of the Republic; ensuring the integrity of the property and rights of the citizenry; ensuring the surveillance and maintenance of public order; executing and enforcing everything resolved or ordered, in matters within their competence, by the courts of justice and the electoral bodies, at their request; collaborating with the courts of justice, the Ministerio Público, the Procuraduría General de la República, and the Contraloría General de la República, in all required police actions and forwarding the evidentiary elements and case reports, as appropriate; collaborating in the prevention and repression of crime, on a basis of reciprocity, with international police organizations, in accordance with the agreements in force; etc.\n\nIt is the Ley General de Policía itself that also regulates matters relating to the subordination of the police forces to civilian power (article 3), their basic functions (article 4), the legal reserve applicable to the creation of police powers (article 7), and the fundamental principles of police action (article 10).\n\nThe foregoing ratifies what has already been stated, to the effect that the Reserva de las Fuerzas de Policía, as a police force that it is, constitutes a police body created and regulated by law, and therefore it is the Asamblea Legislativa itself that can define whether its organization should continue to be the responsibility of the President of the Republic, as currently occurs, or whether it should be transferred to the Minister of Security, as proposed.\n\nIt should be noted, in any case, that although article 139.3 of the Constitución Política provides that it is an exclusive duty and power of the President of the Republic to “Exercise supreme command of the public force,” such power would not be affected by the fact that the organization of the Reserva de las Fuerzas de Policía is the responsibility of the Minister of Security, since even if that authority is transferred to the cited Minister, the President would retain the power of command over the entirety of the public force, including the Reserva de las Fuerzas de Policía.\n\nA similar situation occurs with the other two basic aims of the bill under study, namely: granting permanent status to the Reserva de las Fuerzas de Policía and allowing that police body to operate not only in states of emergency or exceptional situations, but also in normal situations, with the objective of providing security in the places with the highest crime rates in the country. In the judgment of this Procuraduría, the legislator is authorized to grant permanent status to the Reserva de las Fuerzas de Policía and to define its scope of action, such that the bill, regarding those aspects, presents no legal problems.\n\nCertainly, the legislative initiative, due to its scope, could generate discussion regarding the opportunity and convenience of the proposed changes, especially if one takes into account that the members of that police body continue to be “ad honorem”; however, this Procuraduría, being a technical-legal body, could not evaluate those aspects, as that is a task belonging to the Asamblea Legislativa.\n\nIII.- CONCLUSION\n\nBased on the foregoing, this Procuraduría reaches the following conclusions:\n\n1.- Article 39 of the Ley General de Policía, to which the bill under study refers, now corresponds to article 43 of that law, a change that originated in the reform ordered in article 2 of the law for the “Creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública.”\n\n2.- The Reserva de las Fuerzas de Policía is a police body of strictly legislative configuration, so it is in the hands of the legislator to define matters relating to its organization and operation, provided that definition respects the constitutional provisions related to the subject matter.\n\n3.- The first objective of the bill, aimed at establishing that the organization of the Reserva de las Fuerzas de Policía be the responsibility of the Minister of Security and not of the President of the Republic as is currently provided, is a matter that falls within the scope of the legislator's discretion.\n\n4.- Although article 139.3 of the Constitución Política provides that it is an exclusive duty and power of the President of the Republic to “Exercise supreme command of the public force,” such power would not be affected by the fact that the organization of the Reserva de las Fuerzas de Policía is the responsibility of the Minister of Security, since even if that authority is transferred to the cited Minister, the President would retain the power of command over the entirety of the public force, including the Reserva de las Fuerzas de Policía.\n\n5.- Approving the other two basic aims of the bill under study (namely: granting permanent status to the Reserva de las Fuerzas de Policía and allowing that police body to operate not only in states of emergency or exceptional situations, but also in normal situations, with the objective of providing security in the places with the highest crime rates in the country) also falls within the scope of the legislator's discretion.\n\n6.- The legislative initiative, due to its scope, could generate discussion regarding the opportunity and convenience of the proposed changes, especially if one takes into account that the members of that police body continue to be “ad honorem”; however, this Procuraduría, being a technical-legal body, could not evaluate those aspects, as that is a task belonging to the Asamblea Legislativa.\n\nCordially;\n\nJulio César Mesén Montoya\nPROCURADOR\n\nJCMM/mmg"
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