{ "id": "pgr-24523", "citation": "C-141-2024", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Inadmisibilidad de consulta sobre requisitos para curso de certificadores de uso de suelo", "title_en": "Inadmissibility of consultation on requirements for land-use certifier course", "summary_es": "La Procuraduría General de la República declara inadmisible la consulta formulada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. El acuerdo de Junta Directiva que originó la solicitud no precisó las interrogantes concretas, delegando esa tarea al presidente, y el criterio legal adjunto no analizó las preguntas específicas planteadas. La Procuraduría recuerda que para la admisibilidad se requiere: acuerdo firme del órgano colegiado con las cuestiones claras, y un dictamen legal interno que aborde todos los puntos de la consulta. Al no cumplirse estos requisitos, no se emite opinión sobre el fondo del asunto.", "summary_en": "The Attorney General's Office declares the consultation submitted by the College of Agronomists inadmissible. The Board's agreement did not specify the questions, leaving that to the president, and the attached legal opinion did not address the specific queries. The Office reiterates that admissibility requires: a firm resolution from the collegiate body with clear questions, and an internal legal analysis covering all points. 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  \n\n\n\n08 de julio del 2024\n\n\n\n\nPGR-C-141-2024\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIngeniero\n\n\n\n\nHernán Antonio Sancho Vargas\n\n\n\n\nPresidente\n\n\n\n\nJunta Directiva\n\n\n\n\nColegio de Ingenieros\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del Sr. Procurador General de la República, me refiero a su oficio número\nP-20-2024 de 3 de junio de 2024, recibido electrónicamente en esta Procuraduría en la misma fecha.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.                OBJETO DE LA CONSULTA\n\n\n\n\n \n\n\n\n Mediante el oficio indicado, número P-20-2024 de 3 de junio de 2024, se nos comunica el acuerdo de\nla Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, número 15-12-2024 adoptado en la sesión\nNo.12-2024 del 27 de mayo de 2024, certificado mediante oficio número JD: 26-05-2024 de fecha 6 de\njunio de 2024, cuyo contenido es el siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n \"ACUERDO   No.15-12-2024: Solicitar el pronunciamiento a la Procuraduría en base al dictamen del\nLic. Bernal Jiménez Núñez, sobre el pronunciamiento del Comité de Postulantes de Uso Conforme de\nSuelo. Aprobado por la totalidad de los presentes. ACUERDO FIRME”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Además, el Sr. Presidente de la Junta Directiva del Colegio profesional consultante, procede a\nconcretar, en el oficio supra mencionado, las interrogantes que se formulan a este Órgano Asesor, en\nlos siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1. ¿Puede el Comité Evaluador de Postulantes a Certificadores de Uso de Suelo determinar quiénes\nllevan el curso de Certificadores de Uso de Suelo o su función se limita a evaluar el cumplimiento\nde requisitos?\n\n\n\n\n \n\n\n\n 2. Si el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería son quienes\nimparten el curso, ¿les corresponde a estos dos entes determinar los requisitos que deben cumplir\nquiénes pueden llevar el curso de Certificadores de Uso de Suelo?\n\n\n\n\nSe adjunta a esta gestión, un criterio legal, que señala lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n ·              “El Comité Evaluador de Postulantes a Certificadores de Uso de Suelo no puede\narrogarse competencias no asignadas por el Decreto 30636-MAG.\n\n\n\n\n \n\n\n\n ·              La competencia del Comité Evaluador de Postulantes a Certificadores de Uso de Suelo\nse limita a recibir los requisitos de los postulantes y evaluar su cumplimiento. No puede solicitar\nrequisitos adicionales ni rechazar aspirantes al Curso de Certificadores de Uso de Suelo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n ·              Le corresponde al Colegio de Ingenieros Agrónomos y al Ministerio de Agricultura y\nGanadería, por medio del INTA definir quienes llevan al curso y los requisitos necesarios para\nllevar el curso. No obstante, tanto el Colegio como el INTA no pueden exigir requisitos que la\nnormativa no contempla.\n\n\n\n\n \n\n\n\n ·              Por tratarse de una definición de potestades y competencias entre entes públicos\nrecomiendo hacer la solicitud de criterio a la Procuraduría General de la República.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n II.             SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS A ESTE\nÓRGANO ASESOR\n\n\n\n\n \n\n\n\n Esta Procuraduría ha desarrollado ampliamente, en sus dictámenes, las limitaciones fijadas por los\nartículos 3° inciso b) y 4° y 5° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el\ndesempeño de la función consultiva.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Al efecto, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que el\nobjeto de la consulta sea planteado de forma clara y precisa y verse sobre temas jurídicos en\ngenérico. b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los\ntemas cuestionados y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la\ninstitución.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En este caso particular, se advierten falencias en los requisitos de admisibilidad indicados como\npasamos a indicar.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En el caso de Órganos Colegiados, como es el caso, la decisión de consultar debe concretarse a\ntravés de un acuerdo adoptado en sesión válida, de suerte que, aunque se autorice a alguno de sus\nmiembros para requerir nuestro criterio, debe adjuntarse el acuerdo firme del órgano colegiado en el\nque se decidió consultar y se determinaron los términos de la consulta. (Al respecto véanse los\ndictámenes Nos. C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-406-2014 de 18 de noviembre de 2014, C-276-2016\nde 16 de diciembre de 2016, C-073-2017 de 5 de abril de 2017, C-378-2019 de 19 de diciembre de\n2019).\n\n\n\n\n \n\n\n\n En el presente asunto, el acuerdo número 15-12-2024 adoptado por la Junta Directiva del Colegio de\nIngenieros Agrónomos en la sesión No.12-2024 del 27 de mayo de 2024, instruye la presentación de una\nconsulta ante esta Procuraduría, con “base al dictamen del Lic. Bernal Jiménez Núñez, sobre el\npronunciamiento del Comité de Postulantes de Uso Conforme de Suelo”, pero sin concretar las\ninterrogantes que son de interés de ese Órgano Colegiado a efecto de ser evacuadas por esta\nProcuraduría.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             No es, sino, con el oficio número P-20-2024 de 3 de junio de 2024, suscrito por el Sr.\nHernán Antonio Sancho Vargas, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de ese Colegio\nprofesional, que éste procede a concretar dos interrogantes. Sin embargo, el acuerdo de Junta\nDirectiva número 15-12-2024 no establece de forma puntual, expresa y clara, los términos de la\nconsulta que se acordó formular a este Órgano Asesor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Además, de la redacción del acuerdo de Junta Directiva, se remite a un “pronunciamiento\ndel Comité de Postulantes de Uso Conforme de Suelo”, sin embargo, no se hace especificación alguna\nde ese “pronunciamiento”, ni aporta el mismo, en caso de estar contenido en un acto administrativo\nformal.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Adicionalmente, en punto al requisito de aporte del criterio legal, esta Procuraduría ha señalado\nque éste debe ser un análisis jurídico detallado sobre todos los puntos que se someten a nuestra\nconsideración, y que tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y\ndiscutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento\nvinculante.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De ese modo, el criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad debe\nemitirse específicamente para los efectos de aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos\nconsulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente debe requerir el\ncriterio de su asesoría legal sobre los cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que\ndicho informe legal responda todos los cuestionamientos generales que se nos plantean (Al respecto\nver dictámenes números C-188-2021 de 29 de junio de 2021,C-139-2017 de 20 de junio de 2017,\nC-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-246-2018 de 21 de setiembre de 2018, C-046-2019 de 20 de febrero\nde 2019, C-003-2020 de 9 de enero de 2020 y C-088-2021 de 23 de marzo de 2021).\n\n\n\n\n \n\n\n\n             En este caso, se adjuntó un criterio legal de fecha 24 de mayo de 2024, el cual aborda\n“consultas sobre el Decreto 30636-MAG sobre el registro de Certificadores Uso del Suelo”, sin\nembargo, el mismo no se refiere, puntualmente, a las interrogantes concretas que son formuladas a\nesta Procuraduría por parte del Presidente de la Junta Directiva, en la presente gestión.\n\n\n\n En efecto, el criterio legal que se nos remitió con la presente consulta, si bien se refiere al\ntema de inquietud para el consultante, no aborda, una por una, las preguntas específicas que se nos\nformulan, lo que nos impide emitir el criterio que se solicita.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Por las razones dichas, la consulta que se nos plantea resulta inadmisible, y, por tanto,\nlamentablemente nos encontramos imposibilitados para emitir el dictamen requerido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII.           CONCLUSIÓN\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con fundamento en lo expuesto, la consulta que se nos plantea resulta inadmisible por no cumplir a\ncabalidad con los requisitos de admisibilidad indicados.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nAtentamente;\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSandra Sánchez Hernández                 \n\n\n\n\nProcuradora\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nSSH/cpb", "body_en_text": "Opinion: 141 of 07/08/2024\n\n\n\nJuly 8, 2024\n\n\n\n\nPGR-C-141-2024\n\n\n\n\n\n\n\n\nEngineer\n\n\n\n\nHernán Antonio Sancho Vargas\n\n\n\n\nPresident\n\n\n\n\nBoard of Directors\n\n\n\n\nColegio de Ingenieros\n\n\n\n\n\n\n\n\nDear Sir:\n\n\n\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official communication number\nP-20-2024 of June 3, 2024, received electronically by this Office of the Attorney General on the same date.\n\n\n\n\n\n\n\n\nI. PURPOSE OF THE CONSULTATION\n\n\n\n\nBy means of the indicated official communication, number P-20-2024 of June 3, 2024, we are notified of the agreement of\nthe Board of Directors of the Colegio de Ingenieros Agrónomos, number 15-12-2024 adopted in session\nNo. 12-2024 of May 27, 2024, certified by official communication number JD: 26-05-2024 dated June\n6, 2024, the content of which is as follows:\n\n\n\n\n\"AGREEMENT No. 15-12-2024: To request a pronouncement from the Office of the Attorney General based on the opinion of\nLic. Bernal Jiménez Núñez, regarding the pronouncement of the Applicant Evaluation Committee for Land-Use Conformity (Comité de Postulantes de Uso Conforme del Suelo). Approved by all those present. FINAL AGREEMENT”\n\n\n\n\nFurthermore, the President of the Board of Directors of the consulting professional association proceeds to\nspecify, in the aforementioned official communication, the questions posed to this Advisory Body, in\nthe following terms:\n\n\n\n\n1. Can the Evaluation Committee for Applicants for Land-Use Certifiers (Comité Evaluador de Postulantes a Certificadores de Uso de Suelo) determine who\ntakes the Land-Use Certifiers course or is its function limited to evaluating the fulfillment\nof requirements?\n\n\n\n\n2. If the Colegio de Ingenieros Agrónomos and the Ministry of Agriculture and Livestock are those who\nteach the course, does it correspond to these two entities to determine the requirements that must be met by\nthose who can take the Land-Use Certifiers course?\n\n\n\n\nAttached to this request is a legal opinion, which states the following:\n\n\n\n\n· \"The Applicant Evaluation Committee for Land-Use Certifiers cannot\narrogate powers not assigned by Decree 30636-MAG.\n\n\n\n\n· The authority of the Applicant Evaluation Committee for Land-Use Certifiers\nis limited to receiving the requirements of the applicants and evaluating their fulfillment. It cannot request\nadditional requirements nor reject candidates for the Land-Use Certifiers Course.\n\n\n\n\n· It corresponds to the Colegio de Ingenieros Agrónomos and the Ministry of Agriculture and\nLivestock, through INTA, to define who takes the course and the necessary requirements for\ntaking the course. However, neither the Colegio nor INTA can demand requirements that the\nregulations do not contemplate.\n\n\n\n\n· Since this is a definition of powers and competencies between public entities,\nI recommend making the request for an opinion to the Office of the Attorney General of the Republic.”\n\n\n\n\n\n\n\n\nII. ON THE REQUIREMENTS FOR THE ADMISSIBILITY OF CONSULTATIONS POSED TO THIS\nADVISORY BODY\n\n\n\n\nThis Office of the Attorney General has extensively developed, in its opinions, the limitations set by\narticles 3 subsection b) and 4 and 5 of our Organic Law (No. 6815 of September 27, 1982) regarding\nthe performance of the advisory function.\n\n\n\n\nTo this effect, three minimum requirements for the admissibility of consultations have been developed: a) That the\npurpose of the consultation is posed in a clear and precise manner and concerns legal issues in\ngeneral. b) That the opinion of the institution's legal advisory office on all the\nquestioned topics is attached and c) That the consultation is formulated by the administrative head of the\ninstitution.\n\n\n\n\nIn this particular case, deficiencies in the indicated admissibility requirements are noted, as we\nproceed to indicate.\n\n\n\n\nIn the case of Collegiate Bodies, as is the case here, the decision to consult must be formalized\nthrough an agreement adopted in a valid session, such that, even if one of its members is authorized\nto request our opinion, the final agreement of the collegiate body in\nwhich it was decided to consult and the terms of the consultation were determined must be attached. (In this regard, see\nopinions Nos. C-07-2010 of January 11, 2010, C-406-2014 of November 18, 2014, C-276-2016\nof December 16, 2016, C-073-2017 of April 5, 2017, C-378-2019 of December 19,\n2019).\n\n\n\n\nIn the present matter, agreement number 15-12-2024 adopted by the Board of Directors of the Colegio\nde Ingenieros Agrónomos in session No. 12-2024 of May 27, 2024, instructs the presentation of a\nconsultation before this Office of the Attorney General, “based on the opinion of Lic. Bernal Jiménez Núñez, on the\npronouncement of the Applicant Evaluation Committee for Land-Use Conformity”, but without specifying the\nquestions that are of interest to that Collegiate Body in order to be answered by this\nOffice of the Attorney General.\n\n\n\n\nIt is only, with official communication number P-20-2024 of June 3, 2024, signed by Mr.\nHernán Antonio Sancho Vargas, in his capacity as President of the Board of Directors of that professional\nassociation, that he proceeds to specify two questions. However, the Board of Directors\nagreement number 15-12-2024 does not establish in a punctual, express, and clear manner, the terms of the\nconsultation that was agreed to be formulated to this Advisory Body.\n\n\n\n\nFurthermore, from the wording of the Board of Directors agreement, it refers to a “pronouncement\nof the Applicant Evaluation Committee for Land-Use Conformity”, however, no specification whatsoever\nis made of that “pronouncement”, nor is it provided, in the event it is contained in a formal administrative\nact.\n\n\n\n\nAdditionally, regarding the requirement to provide the legal opinion, this Office of the Attorney General has indicated\nthat it must be a detailed legal analysis of all the points submitted for\nour consideration, and that its purpose is to be able to determine if, after having studied and\ndiscussed the matter internally, the need to request our binding\npronouncement persists.\n\n\n\n\nThus, the legal opinion that our Organic Law requires as an admissibility requirement must\nbe issued specifically for the purposes of clarifying the doubts about which we are finally\nconsulted. That is, before requesting our opinion, the corresponding head must request the\nopinion of their legal advisory office on the questions they wish to consult us about, so that\nsaid legal report answers all the general questions posed to us (In this regard,\nsee opinions numbers C-188-2021 of June 29, 2021, C-139-2017 of June 20, 2017,\nC-061-2018 of April 3, 2018, C-246-2018 of September 21, 2018, C-046-2019 of February 20,\n2019, C-003-2020 of January 9, 2020 and C-088-2021 of March 23, 2021).\n\n\n\n\nIn this case, a legal opinion dated May 24, 2024, was attached, which addresses\n“consultations on Decree 30636-MAG on the registry of Land-Use Certifiers”, however,\nit does not refer, punctually, to the specific questions that are formulated to\nthis Office of the Attorney General by the President of the Board of Directors, in the present request.\n\n\n\nIndeed, the legal opinion that was sent to us with the present consultation, while it refers to the\ntopic of concern for the consulting party, does not address, one by one, the specific questions that are\nformulated to us, which prevents us from issuing the opinion requested.\n\n\n\n\nFor the reasons stated, the consultation posed to us is inadmissible, and, therefore,\nwe are unfortunately unable to issue the required opinion.\n\n\n\n\n\n\n\n\nIII. CONCLUSION\n\n\n\n\nBased on the foregoing, the consultation posed to us is inadmissible for not fully complying\nwith the indicated admissibility requirements.\n\n\n\n\nSincerely;\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSandra Sánchez Hernández\n\n\n\n\nProcuradora" }