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  "title_es": "Viabilidad jurídica de crear categoría migratoria por cambio climático en Costa Rica",
  "title_en": "Legal viability of creating a climate change migration category in Costa Rica",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República emite opinión jurídica no vinculante sobre el proyecto de Ley N.° 24.665, que busca establecer una categoría migratoria para personas desplazadas por cambio climático y desastres ambientales. Se concluye que el proyecto es jurídicamente viable y coherente con el bloque de legalidad internacional, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Procuraduría destaca que la falta de un instrumento vinculante específico no impide la protección de estos migrantes, fundamentada en principios como el pro persona y el control de convencionalidad. Se recomienda consultar a la Dirección General de Migración y al MINAE, establecer salvaguardas claras para la base de datos de migrantes ambientales y prever mecanismos de regularización para personas en situación irregular por causas climáticas.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office issues a non-binding legal opinion on Bill No. 24.665, which aims to establish a migratory category for persons displaced by climate change and environmental disasters. It concludes that the bill is legally viable and consistent with the international legal framework, including the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The Attorney General highlights that the absence of a specific binding instrument does not preclude the protection of these migrants, grounded in principles such as pro persona and conventionality control. It recommends consulting the Directorate General of Migration and MINAE, establishing clear safeguards for the environmental migrants' database, and providing regularization mechanisms for those already in the country in irregular situations due to climatic causes.",
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  "excerpt_es": "Partiendo de lo expuesto, debemos concluir que el proyecto de ley analizado es jurídicamente viable y se encuentra alineado con el bloque de legalidad internacional aplicable en materia de derechos humanos, promoviendo una nueva categoría migratoria por razones climáticas, y garantizando derechos fundamentales como el debido proceso, la dignidad humana y la no discriminación.\n\nPara mejorar su implementación, se recomienda consultar a la Dirección General de Migración y Extranjería y el MINAE, establecer salvaguardas claras para el uso y acceso a la base de datos de migrantes ambientales (artículo 10), y prever mecanismos que permitan la regularización de personas en condición migratoria irregular por causas climáticas.\n\nLa Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-25/18, ha reconocido la necesidad de interpretar de manera amplia y evolutiva los marcos de protección internacional frente a nuevas dinámicas de desplazamiento forzado.",
  "excerpt_en": "Based on the foregoing, we must conclude that the bill analyzed is legally viable and aligned with the applicable international legal framework on human rights, promoting a new migratory category for climate-related reasons, and guaranteeing fundamental rights such as due process, human dignity, and non-discrimination.\n\nTo improve its implementation, it is recommended to consult the Directorate General of Migration and Immigration and MINAE, establish clear safeguards for the use and access to the environmental migrants' database (Article 10), and provide mechanisms that allow the regularization of persons in irregular migration status due to climatic causes.\n\nThe Inter-American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-25/18, has recognized the need for a broad and evolving interpretation of international protection frameworks in light of new dynamics of forced displacement.",
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      "quote_es": "el proyecto de ley es jurídicamente viable y se encuentra en armonía con el bloque de legalidad vigente en materia de protección de derechos humanos frente a nuevas amenazas derivadas del cambio climático, por lo que su aprobación se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador."
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  "body_es_text": "Texto Opinión Jurídica 112\n\n \n\n  Opinión Jurídica :  112  - J    del 09/07/2025\n\n9 de julio de 2025\n\nPGR-OJ-112-2025\n\n \n\nSeñora\n\nNoemy Montero\n\nJefa de Área\n\nComisiones Legislativas I                                            \n\nAsamblea Legislativa\n\n \n\nEstimada señora:\n\n \n\nCon aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio\n\nAL-CPEDER-0194-2025 del 18 de febrero de 2025, mediante el cual solicita que nos pronunciemos sobre el proyecto de Ley N.° 24.665, “Ley para la Gestión de la Migración por motivos de cambio climáticos y ambientales, con enfoque de Derechos Humanos”, el cual se tramita en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.\n\n \n\nDe previo, debemos señalar que, de conformidad con la Ley N.° 6815 del 27 de setiembre de 1982, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor sólo puede realizar su función consultiva rindiendo los criterios legales que le soliciten los jerarcas de los diferentes niveles de la Administración Pública. En otras palabras, la Asamblea Legislativa no está legitimada para consultar cuando ejerce su función legislativa, sin embargo, con el fin de colaborar con ese poder de la República, hemos acostumbrado atender la consulta realizada, advirtiendo que el presente pronunciamiento se trata de un criterio jurídico no vinculante.\n\nAsimismo, debemos señalar que el plazo de los ocho días otorgado para dar respuesta, no es aplicable a esta institución, por no encontrarnos en alguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma.\n\n \n\nI.                   OBJETO DEL PROYECTO DE LEY\n\nEl proyecto busca establecer una categoría migratoria específica para personas desplazadas por motivos de cambio climático y desastres ambientales, reconociendo sus derechos y garantizando un procedimiento migratorio especial bajo el principio de no devolución.\n\nSe considera que en la actualidad existe un vacío normativo en la legislación costarricense con relación a este tema y su regulación permitiría que estas personas\n\naccedieran a un estatus legal definido, garantizando su derecho a no ser devueltos a situaciones peligrosas y su acceso a servicios básicos como salud, educación y trabajo. Esta ley brindaría una base legal clara para que las autoridades costarricenses gestionen los flujos de migrantes ambientales de manera efectiva y humana.\n\nII.                JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DESDE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES E INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS\n\nEn la actualidad la legislación costarricense no reconoce de manera expresa, a los migrantes por causas ambientales. A pesar de ello, el reconocimiento legal de esta figura resulta coherente con la evolución del derecho internacional y la tendencia creciente de desplazamientos causados por desastres ambientales, tal como lo ha documentado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).[1]\n\nExiste un conjunto sólido de normas y principios del derecho internacional público y del sistema interamericano de derechos humanos, de los cuales puede derivarse la protección de personas desplazadas por motivos ambientales y climáticos, aun cuando todavía no ha sido suscrito un instrumento vinculante en esta materia.\n\nDentro de las normas de carácter internacional que podríamos mencionar como fundamento, se encuentran los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que reconocen el derecho de toda persona a circular libremente y el derecho de buscar asilo frente a la persecución, lo que puede ser interpretado extensivamente frente a amenazas graves como las derivadas del cambio climático.\n\nEl Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza en su artículo 6 el derecho a la vida, a partir del cual puede protegerse a las personas frente a riesgos ambientales que amenacen su existencia. Además, en su artículo 7 se prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual también puede aplicarse a contextos de retornos forzados por condiciones de degradación ambiental severa.\n\nPor su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuada (artículo 11) y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12). Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece el interés superior del niño como principio rector y la protección de niños refugiados y desplazados, principios que resultan aplicables, por analogía, a niñas y niños migrantes desplazados por factores climáticos y ambientales (artículo 22).\n\nEn el ámbito de los acuerdos internacionales, encontramos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la cual Costa Rica es parte, que establece la necesidad de mitigar los impactos del cambio climático y promover mecanismos de adaptación, incluyendo consideraciones sobre movilidad humana. Si bien no establece formalmente el concepto de “migrante por razones ambientales”, sí reconoce la vulnerabilidad de los países por los efectos del cambio climático y la posibilidad de que las personas se vean obligadas a migrar debido a sus consecuencias.\n\nEl Acuerdo de París (2015), también reconoce en su preámbulo y en el artículo 8, la importancia de respetar los derechos humanos en las medidas para hacer frente al cambio climático, incluyendo el respeto a las personas desplazadas. En igual sentido, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), establece el deber de minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país de origen, incluyendo desastres naturales y degradación ambiental, además de promover la cooperación internacional y los marcos normativos que reconozcan la movilidad humana inducida por el cambio climático (objetivos 2, 5 y 23). Finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ODS 13 (“Acción por el Clima”) y ODS 10 (“Reducción de Desigualdades”), exigen a los Estados adoptar medidas para proteger a las personas vulnerables, incluyendo migrantes desplazados por eventos climáticos extremos.\n\n            En el ámbito interamericano, podemos encontrar varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que protegen el derecho a la vida (artículo 4), a la integridad personal (artículo 5), el derecho de circulación y residencia (artículo 22) y el derecho a la protección judicial (artículo 25). Estos derechos deben interpretarse conforme al principio pro persona y al control de convencionalidad que obliga a todos los poderes públicos costarricenses.\n\nLa Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-25/18, ha reconocido la necesidad de interpretar de manera amplia y evolutiva los marcos de protección internacional frente a nuevas dinámicas de desplazamiento forzado. En particular, al referirse a la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Corte destaca que:\n\n“La ampliación de la definición de refugiado responde no sólo a las dinámicas de desplazamiento forzado que la originaron, sino que también satisface los desafíos de protección que derivan de otros patrones de desplazamiento que suceden en la actualidad.” (OC-25/18, párr. 96).\n\nEsta referencia implícita a “otros patrones de desplazamiento” debe ser comprendida en el contexto actual de fenómenos asociados al cambio climático, desastres naturales, inseguridad ambiental y otras emergencias humanitarias, los cuales generan situaciones de alta vulnerabilidad y pueden colocar a las personas fuera de la protección efectiva de su Estado de origen.\n\nSi bien las personas desplazadas por motivos ambientales no siempre cumplen con la definición tradicional de refugiado según la Convención de 1951, la interpretación evolutiva adoptada por la Corte permite considerar su necesidad de protección internacional, ya sea por vías de asilo, protección complementaria o principios como el de no devolución, cuando el retorno implique un riesgo grave para su vida, salud o integridad.\n\nDesde esta perspectiva, los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pueden adoptar medidas especiales de identificación, admisión y protección en favor de personas desplazadas por desastres naturales, bajo un enfoque de derechos humanos y en armonía con el principio pro persona.\n\nConsecuentemente, en virtud del bloque de legalidad internacional y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica, el proyecto de ley consultado es coherente con estos estándares y promueve la interpretación progresiva y pro persona que exige el artículo 29 de la Convención Americana.\n\n \n\nIII.             ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL ARTICULADO\n\nEl proyecto de ley incorpora principios fundamentales del derecho internacional como el de dignidad humana, no devolución, confidencialidad, igualdad, no discriminación, interés superior del niño, interseccionalidad, entre otros. Además, incluye conceptos relevantes como “migrante climático”, “desplazamiento interno/externo”, “reubicación” y “vulnerabilidad”, alineados con el lenguaje de la OIM y otros organismos internacionales.\n\nEl articulado que se propone, resulta acorde con la intención del proyecto de ley de reconocer la existencia de una nueva categoría migratoria en la Ley General de Migración y Extranjería por razones climáticas, para lo cual se establece un trámite ágil, digital y con garantía del debido proceso.\n\nPor tanto, el proyecto de ley es jurídicamente viable y se encuentra en armonía con el bloque de legalidad vigente en materia de protección de derechos humanos frente a nuevas amenazas derivadas del cambio climático, por lo que su aprobación se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador.\n\nA pesar de ello, debemos realizar tres observaciones puntuales. En primer lugar, se recomienda la consulta de la presente iniciativa a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Ministerio de Ambiente y Energía, dadas las competencias que se asignan a dichas instituciones en el proyecto de ley. y específicamente. en el artículo 7.\n\nAdemás, se recomienda establecer salvaguardas suficientes en el artículo 10 del proyecto de ley, que crea una base de datos con información de migrantes ambientales y climáticos. Si bien este registro se establece con la intención de contar con datos suficientes para desarrollar políticas públicas informadas y cooperar con organismos internacionales y obliga a cumplir con los principios de confidencialidad y protección de datos personales, lo cierto es que su redacción no es clara en cuanto a cuáles autoridades estarán autorizadas a acceder a esta base de datos y bajo qué condiciones.\n\n \n\nDado lo anterior, se recomienda establecer salvaguardas suficientes y mecanismos de seguridad para el manejo de la información personal de los migrantes ambientales, en protección de su derecho fundamental a la autodeterminación informativa.\n\nFinalmente, recomendamos establecer una norma que clarifique si la condición de migrante climático puede regularizar situaciones migratorias preexistentes, así como la consideración de medidas de regularización migratoria para personas ya presentes en el país por causas climáticas y en situación de irregularidad. Esto, con la intención de evitar problemas futuros de aplicación de la ley.\n\nIV.             CONCLUSIÓN\n\nPartiendo de lo expuesto, debemos concluir que el proyecto de ley analizado es jurídicamente viable y se encuentra alineado con el bloque de legalidad internacional aplicable en materia de derechos humanos, promoviendo una nueva categoría migratoria por razones climáticas, y garantizando derechos fundamentales como el debido proceso, la dignidad humana y la no discriminación.\n\nPara mejorar su implementación, se recomienda consultar a la Dirección General de Migración y Extranjería y el MINAE, establecer salvaguardas claras para el uso y acceso a la base de datos de migrantes ambientales (artículo 10), y prever mecanismos que permitan la regularización de personas en condición migratoria irregular por causas climáticas.\n\n \n\n \n\nAtentamente,\n\n \n\n                              Silvia Patiño Cruz\n\n                             Procuradora\n\n \n\n \n\nSPC/nmm\n\nCod.1792-2025\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n[1] OIM. Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Terminología, conceptos y estado de la cuestión para formuladores de políticas En https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbdl626/files/documents/CAMBIO%20CLIMATICO%201_baja.pdf",
  "body_en_text": "Legal Opinion 112\n\nLegal Opinion: 112 - J of 07/09/2025\n\nJuly 9, 2025\n\nPGR-OJ-112-2025\n\nMrs.\n\nNoemy Montero\n\nArea Chief\n\nLegislative Commissions I\n\nLegislative Assembly\n\nDear Mrs. Montero:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official communication AL-CPEDER-0194-2025 of February 18, 2025, through which you request that we issue an opinion on draft Law No. 24.665, “Ley para la Gestión de la Migración por motivos de cambio climáticos y ambientales, con enfoque de Derechos Humanos”, which is being processed in the Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.\n\nBeforehand, we must point out that, in accordance with Law No. 6815 of September 27, 1982, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, this advisory body can only perform its consultative function by rendering the legal criteria requested by the heads of the different levels of the Public Administration. In other words, the Legislative Assembly is not authorized to consult when exercising its legislative function; however, in order to collaborate with that branch of the Republic, we have customarily addressed the consultation submitted, warning that this pronouncement is a non-binding legal criterion.\n\nLikewise, we must point out that the eight-day deadline granted for a response is not applicable to this institution, as we are not in any of the circumstances set forth in Article 157 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa (consultation to the Tribunal Supremo de Elecciones, the Universidad de Costa Rica, the Poder Judicial, or an autonomous institution).\n\nI. PURPOSE OF THE DRAFT LAW\n\nThe draft seeks to establish a specific migratory category for persons displaced due to climate change and environmental disasters, recognizing their rights and guaranteeing a special migratory procedure under the principle of non-refoulement (no devolución).\n\nIt is considered that a regulatory gap currently exists in Costa Rican legislation regarding this issue, and its regulation would allow these persons to access a defined legal status, guaranteeing their right not to be returned to dangerous situations and their access to basic services such as health, education, and work. This law would provide a clear legal basis for Costa Rican authorities to manage flows of environmental migrants in an effective and humane manner.\n\nII. JUSTIFICATION OF THE DRAFT LAW BASED ON INTERNATIONAL AND INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS STANDARDS\n\nCurrently, Costa Rican legislation does not expressly recognize migrants for environmental reasons. Despite this, the legal recognition of this figure is consistent with the evolution of international law and the growing trend of displacements caused by environmental disasters, as documented by the International Organization for Migration (IOM).[1]\n\nA solid set of norms and principles of public international law and the inter-American human rights system exists, from which the protection of persons displaced for environmental and climate reasons can be derived, even though a binding instrument on this matter has not yet been signed.\n\nAmong the international norms we could mention as a foundation are Articles 13 and 14 of the Universal Declaration of Human Rights (1948), which recognize the right of every person to freedom of movement and the right to seek asylum from persecution, which can be interpreted extensively in the face of serious threats such as those derived from climate change.\n\nThe International Covenant on Civil and Political Rights guarantees in its Article 6 the right to life, based on which persons can be protected against environmental risks that threaten their existence. Furthermore, its Article 7 prohibits torture and cruel, inhuman, or degrading treatment, which can also be applied to contexts of forced returns due to conditions of severe environmental degradation.\n\nFor its part, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recognizes the right to an adequate standard of living, which includes adequate food, clothing, and housing (Article 11), and the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (Article 12). Likewise, the Convention on the Rights of the Child establishes the best interests of the child as a guiding principle and the protection of refugee and displaced children, principles that are applicable, by analogy, to migrant children displaced by climate and environmental factors (Article 22).\n\nIn the realm of international agreements, we find the United Nations Framework Convention on Climate Change, to which Costa Rica is a party, which establishes the need to mitigate the impacts of climate change and promote adaptation mechanisms, including considerations on human mobility. While it does not formally establish the concept of “migrant for environmental reasons,” it does recognize the vulnerability of countries to the effects of climate change and the possibility that people may be forced to migrate due to its consequences.\n\nThe Paris Agreement (2015) also recognizes in its preamble and in Article 8 the importance of respecting human rights in actions to address climate change, including respect for displaced persons. In the same vein, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (2018) establishes the duty to minimize the adverse factors that compel people to leave their country of origin, including natural disasters and environmental degradation, in addition to promoting international cooperation and regulatory frameworks that recognize human mobility induced by climate change (objectives 2, 5, and 23). Finally, the 2030 Agenda for Sustainable Development, SDG 13 (“Climate Action”) and SDG 10 (“Reduced Inequalities”), require States to adopt measures to protect vulnerable persons, including migrants displaced by extreme climate events.\n\nIn the inter-American sphere, we can find several norms of the American Convention on Human Rights (ACHR) that protect the right to life (Article 4), personal integrity (Article 5), the right to movement and residence (Article 22), and the right to judicial protection (Article 25). These rights must be interpreted in accordance with the pro persona principle and the conventionality control that binds all Costa Rican public authorities.\n\nThe Inter-American Court of Human Rights, in its Advisory Opinion OC-25/18, has recognized the need to interpret international protection frameworks in a broad and evolving manner in the face of new dynamics of forced displacement. In particular, when referring to the 1984 Cartagena Declaration on Refugees, the Court highlights that:\n\n“The broadening of the refugee definition responds not only to the dynamics of forced displacement that gave rise to it, but also meets the protection challenges arising from other displacement patterns occurring today.” (OC-25/18, para. 96).\n\nThis implicit reference to “other displacement patterns” must be understood in the current context of phenomena associated with climate change, natural disasters, environmental insecurity, and other humanitarian emergencies, which generate situations of high vulnerability and can place people outside the effective protection of their State of origin.\n\nAlthough persons displaced for environmental reasons do not always meet the traditional definition of refugee under the 1951 Convention, the evolving interpretation adopted by the Court allows for consideration of their need for international protection, whether through asylum pathways, complementary protection, or principles such as non-refoulement (no devolución), when return entails a serious risk to their life, health, or integrity.\n\nFrom this perspective, the States Parties to the American Convention on Human Rights may adopt special measures for the identification, admission, and protection of persons displaced by natural disasters, under a human rights approach and in harmony with the pro persona principle.\n\nConsequently, by virtue of the block of international legality and the international human rights treaties ratified by Costa Rica, the draft law under consultation is consistent with these standards and promotes the progressive and pro persona interpretation required by Article 29 of the American Convention.\n\nIII. SPECIFIC ANALYSIS OF THE ARTICLES\n\nThe draft law incorporates fundamental principles of international law such as human dignity, non-refoulement (no devolución), confidentiality, equality, non-discrimination, best interests of the child, intersectionality, among others. Furthermore, it includes relevant concepts such as “climate migrant (migrante climático),” “internal/external displacement (desplazamiento interno/externo),” “relocation (reubicación),” and “vulnerability (vulnerabilidad),” aligned with the language of the IOM and other international organizations.\n\nThe proposed articles are consistent with the draft law’s intent to recognize the existence of a new migratory category in the Ley General de Migración y Extranjería for climate reasons, for which an agile, digital procedure with due process guarantees is established.\n\nTherefore, the draft law is legally viable and is in harmony with the block of legality in force regarding the protection of human rights against new threats derived from climate change, meaning its approval falls within the scope of the legislator’s discretion.\n\nDespite this, we must make three specific observations. First, consultation on this initiative with the Dirección General de Migración y Extranjería and the MINAE is recommended, given the powers assigned to these institutions in the draft law, specifically in Article 7.\n\nFurthermore, it is recommended to establish sufficient safeguards in Article 10 of the draft law, which creates a database with information on environmental and climate migrants. Although this registry is established with the intent of having sufficient data to develop informed public policies and cooperate with international organizations, and obligates compliance with the principles of confidentiality and personal data protection, the fact is that its wording is not clear regarding which authorities will be authorized to access this database and under what conditions.\n\nGiven the above, it is recommended to establish sufficient safeguards and security mechanisms for the handling of the personal information of environmental migrants, in protection of their fundamental right to informational self-determination (autodeterminación informativa).\n\nFinally, we recommend establishing a norm that clarifies whether the status of climate migrant (migrante climático) can regularize pre-existing migratory situations, as well as the consideration of migratory regularization measures for persons already present in the country for climate reasons and in an irregular situation. This is intended to avoid future problems in the application of the law.\n\nIV. CONCLUSION\n\nBased on the foregoing, we must conclude that the analyzed draft law is legally viable and is aligned with the block of international legality applicable in the field of human rights, promoting a new migratory category for climate reasons, and guaranteeing fundamental rights such as due process, human dignity, and non-discrimination.\n\nTo improve its implementation, it is recommended to consult the Dirección General de Migración y Extranjería and the MINAE, to establish clear safeguards for the use and access to the database of environmental migrants (Article 10), and to provide mechanisms that allow for the regularization of persons in an irregular migratory status for climate reasons.\n\nSincerely,\n\nSilvia Patiño Cruz\nProcuradora\n\nSPC/nmm\nCod.1792-2025\n\n[1] OIM. Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Terminología, conceptos y estado de la cuestión para formuladores de políticas En https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbdl626/files/documents/CAMBIO%20CLIMATICO%201_baja.pdf"
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