{ "id": "pgr-25262", "citation": "C-232-2025", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "dictamen", "title_es": "Obligación de retención y transferencia inmediata por firmas beneficiadoras de café", "title_en": "Coffee processing firms' obligation to withhold and immediately transfer loan payments", "summary_es": "La Procuraduría General de la República responde a consulta de FONASCAFÉ sobre si las firmas beneficiadoras de café tienen facultad para decidir el momento de realizar retenciones para recuperar créditos otorgados bajo el fideicomiso de apoyo a productores afectados por la roya. Concluye que el artículo 83 bis de la Ley 2762 obliga a las firmas beneficiadoras a efectuar retenciones sobre cualquier adelanto o liquidación, sin excepción, y a transferir los montos de manera inmediata al acreedor. La norma no otorga discrecionalidad a las beneficiadoras para decidir cuándo retener, pues ello frustraría los fines de financiamiento y sostenibilidad cafetalera de FONASCAFÉ. Además, el incumplimiento de esta obligación de transferencia configura el delito de retención indebida del artículo 223 del Código Penal.", "summary_en": "The Attorney General's Office answers a query from FONASCAFÉ regarding whether coffee processing firms have the authority to decide when to withhold payments from coffee growers to recover loans granted under the trust to support farmers affected by coffee rust. It concludes that Article 83 bis of Law 2762 obligates processing firms to make withholdings on any advance or settlement, without exception, and to transfer the amounts immediately to the creditor. The law grants no discretion to processors to decide when to withhold, as that would frustrate FONASCAFÉ's financing and sustainability goals. Moreover, failure to transfer the withheld funds constitutes the crime of unlawful retention under Article 223 of the Penal Code.", "court_or_agency": "", "date": "08/12/2025", "year": "2025", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "FONASCAFÉ", "firmas beneficiadoras", "retención", "adelanto o liquidación", "artículo 83 bis", "Ley 2762", "fideicomiso roya", "retención indebida" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 83 bis", "law": "Ley 2762" }, { "article": "Arts. 1, 2, 8, 10", "law": "Ley 9630" }, { "article": "Art. 223", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "FONASCAFÉ", "Firmas beneficiadoras", "Retención", "Ley 2762", "Artículo 83 bis", "Crédito cafetalero", "Fideicomiso Roya", "Retención indebida", "Artículo 223 Código Penal", "Sostenibilidad cafetalera", "Ley 9630" ], "keywords_en": [ "FONASCAFÉ", "Coffee processing firms", "Withholding", "Law 2762", "Article 83 bis", "Coffee credit", "Coffee rust trust", "Unlawful retention", "Article 223 Penal Code", "Coffee sustainability", "Law 9630" ], "excerpt_es": "De esta disposición introducida por el legislador se advierte la clara intención de garantizar el pago de este tipo de beneficios crediticios mediante el mecanismo de la retención que hacen las firmas beneficiadoras, incluyendo cualquier adelanto o liquidación –parcial o total– que haga el productor. En consecuencia, la beneficiadora está legalmente obligada a hacer la retención correspondiente sobre toda entrega o liquidación que haga el productor, es decir, en todos los casos.\n\nConcomitantemente con esa obligación de hacer las respectivas retenciones, está la obligación de hacer también las correspondientes transferencias al acreedor. Nótese que esa obligación de transferir no está sujeta a ningún tipo de plazo o condición, por lo que no cabe hacer alguna interpretación que introduzca elementos que no están en la norma, mucho menos que vengan a variar el espíritu de esa disposición, cual es precisamente la instauración de un mecanismo ágil, oportuno y seguro que garantice el cumplimiento de las obligaciones crediticias.\n\nEn consecuencia, y en orden a la pregunta planteada en su consulta, es claro que las firmas beneficiadoras no tienen la facultad de “decidir” en qué momento realizan las retenciones, sino que deben ejecutarse sobre cualquier adelanto o liquidación, es decir, en todos los casos, de manera obligatoria, y para su inmediata transferencia al acreedor.", "excerpt_en": "This provision introduced by the legislature reveals the clear intention to guarantee the payment of these credit benefits through the mechanism of withholding by processing firms, including any advance or settlement—partial or total—made by the grower. Consequently, the processor is legally obligated to make the corresponding withholding on every payment or settlement the grower makes, that is, in all cases.\n\nConcomitant with this obligation to make the respective withholdings is the obligation to also make the corresponding transfers to the creditor. Note that this obligation to transfer is not subject to any deadline or condition, so no interpretation may introduce elements not found in the statute, much less alter the spirit of that provision, which is precisely the establishment of an agile, timely and secure mechanism to guarantee compliance with credit obligations.\n\nConsequently, and in order to answer the question posed in your query, it is clear that the processing firms do not have the authority to “decide” when to make the withholdings; rather, they must be made on any advance or settlement, that is, in all cases, mandatorily, and for immediate transfer to the creditor.", "outcome": { "label_en": "Binding opinion", "label_es": "Dictamen vinculante", "summary_en": "Processing firms must withhold in all cases on any advance or settlement and transfer immediately to the creditor; otherwise they commit unlawful retention.", "summary_es": "Las firmas beneficiadoras deben retener en todo caso sobre cualquier adelanto o liquidación y transferir de inmediato al acreedor; de lo contrario incurren en retención indebida." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "the processor is legally obligated to make the corresponding withholding on every payment or settlement the grower makes, that is, in all cases.", "quote_es": "la beneficiadora está legalmente obligada a hacer la retención correspondiente sobre toda entrega o liquidación que haga el productor, es decir, en todos los casos." }, { "context": "Conclusión", "quote_en": "the processing firms do not have the authority to “decide” when to make the withholdings; rather, they must be made on any advance or settlement, that is, in all cases, mandatorily, and for immediate transfer to the creditor.", "quote_es": "las firmas beneficiadoras no tienen la facultad de “decidir” en qué momento realizan las retenciones, sino que deben ejecutarse sobre cualquier adelanto o liquidación, es decir, en todos los casos, de manera obligatoria, y para su inmediata transferencia al acreedor." }, { "context": "Artículo 83 bis Ley 2762", "quote_en": "If the processing firm fails to transfer the withholdings to the creditor, it shall be classified as the crime of unlawful retention.", "quote_es": "De no realizar la firma beneficiadora el traslado al acreedor de las retenciones, se tendrá tipificado como el delito de retención indebida." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-88139", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 9630 Arts. 1, 2, 8, 10" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=25262&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Dictamen : 232 del 08/12/2025   \n\n\n\n08 de diciembre del 2025\n\n\n\n\nPGR-C-232-2025\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nMBA.\n\n\n\n\nRodolfo Víquez Herrera\n\n\n\n\nGerente\n\n\n\n\nFondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera\n\n\n\n\n(FONASCAFÉ)\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n\n \n\n\n\n Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio N°\nGFNSC-141-2024, mediante el cual nos plantea la siguiente interrogante:\n\n\n\n\n \n\n\n\n ¿Tienen las Firmas Beneficiadoras la facultad de decidir en qué momento deben realizar las\nretenciones para la recuperación de los créditos otorgados a los caficultores en el marco del\nFideicomiso de apoyo a productores de café afectados por la roya (hemileia vastatrix) que sirven\ncomo medio para cumplir las competencias otorgadas por Ley al Fondo Nacional de Sostenibilidad\nCafetalera, Ley N° 9630? O por el contrario, ¿deben efectuarlo sobre cualquier adelanto o\nliquidación que realice el productor?\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tal como se indica en su oficio, la referida consulta se encuentra respaldada por el Acuerdo N° 7\nde la sesión N° 82 del 30 de mayo de 2024 del Consejo Ejecutivo del Fondo Nacional de\nSostenibilidad. Asimismo, se adjuntó el criterio legal respectivo, rendido mediante oficio número\nUAJ-CRI-011-2024.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nI.-        Fines y competencias de FONASCAFÉ\n\n\n\n\n \n\n\n\n La consulta de mérito implica pronunciarse sobre las condiciones bajo las cuales las firmas\nbeneficiadoras hacen retenciones para efectos de que los caficultores cubran los créditos que han\nrecibido, particularmente en relación con aquellos derivados del fideicomiso de apoyo para los\nproductores afectados por la roya, que es el supuesto aquí consultado. Lo anterior, relacionado con\nlas competencias que ejerce el FONASCAFÉ. Así las cosas, resulta imprescindible remitirnos al marco\nlegal que regula el FONASCAFÉ y el manejo de los créditos que son otorgados a los caficultores.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tenemos que la Ley N° 9630 de fecha 2 de diciembre de 2018, sea la Ley de Creación del Fondo\nNacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFÉ), establece, en lo que aquí nos interesa, lo\nsiguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “ARTÍCULO 1- Se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, denominado Fonascafé-, como un\nente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Fonascafé, será administrado por un órgano superior que fungirá como Consejo Ejecutivo, el cual\nejercerá sus competencias y atribuciones con absoluta independencia de acuerdo con los fines, las\ncondiciones y demás disposiciones determinados en esta ley.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Fonascafé se encargará del manejo de créditos y avales para los productores, labor de\nadministración que realizará bajo la estructura operativa del Instituto del Café de Costa Rica\n(lcafé).\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Fondo deberá presentar los informes financieros ante el Congreso Nacional Cafetalero, en las\nsesiones ordinarias que se celebrarán en diciembre de cada año.\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 2-  El Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) tendrá que mantener, dentro\nde sus fines, la sostenibilidad de la actividad cafetalera, mediante un programa permanente de\nfinanciamiento directo e indirecto para los productores de café, dirigido con especial énfasis al\npequeño productor, en proyectos viables y sostenibles dentro de las fases de renovación y\nmantenimiento de las plantaciones de café, así como para la adquisición de nuevas tecnologías, para\naumentar la productividad y la competitividad de las plantaciones.\n\n\n\n\n \n\n\n\n El Fonascafé queda autorizado para emitir avales, garantías y contra garantías en favor de los\nintermediarios financieros que otorguen créditos para los fines indicados, en una relación objetiva\nque permita cubrir hasta un setenta y cinco por ciento (75%) del monto del financiamiento emitido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Adicionalmente, el Fonascafé impulsará y llevará a cabo programas tendentes a garantizar la\nsostenibilidad cafetalera, mediante el aporte derivado de la producción cafetalera, para ejecutar\nproyectos de responsabilidad social en las distintas regiones cafetaleras del país, procurando en la\nmedida de las necesidades y prioridades existentes una distribución equitativa, tomando como\nreferencia el aporte efectuado por cada región.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nPROGRAMAS DE CRÉDITOS Y AVALES PARA EL SECTOR PRODUCTOR\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 8- Para el cumplimiento de la competencia que le otorga esta ley, el Fondo Nacional de\nSostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) contará con los siguientes recursos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n a)    El monto que aporte el Instituto del Café de Costa Rica (lcafé) como capital semilla, según\nla autorización expresa de la presente ley. Los recursos, definidos como activos y pasivos que se\ncapten del Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Hemileia vastatrix),\nLey N.º 9153, Creación del Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya\n(Hemileia vastatrix) de 3 de julio de 2013, y que correspondan al pago y a la recuperación de los\ncréditos otorgados a los productores afectados por la roya del café, para la asistencia, poda y\nrenovación de sus cafetales.\n\n\n\n\nb)   (…)”\n\n\n\n\n(énfasis suplido)\n\n\n\n\n \n\n\n\n ARTÍCULO 10- El Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) destinará prioritariamente\nsus recursos a la atención integral de las necesidades que enfrenten, especialmente, los pequeños\nproductores de café de todo el país, registrados en la nómina del Instituto del Café de Costa Rica\n(lcafé) para:\n\n\n\n\n \n\n\n\n a) Girar avales directos o de aporte al costo financiero por el giro de otro ente, así como\ncualquier otro tipo de garantías y contra garantías a productores en proyectos que mejoren la\nproducción y la productividad, siempre y cuando las garantías de estos no sean suficientes para las\ninstituciones financieras.\n\n\n\n\n \n\n\n\n b) Atender el pago, tanto del capital como de los intereses, de cualquiera de las deudas contraídas\ny de los bonos emitidos por el Fonascafé, para la consecución de nuevos recursos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n c) Otorgamiento de crédito a tasas de interés favorables para la renovación y la asistencia de las\nplantaciones de café.\n\n\n\n\n \n\n\n\n d) Otorgamiento de crédito a tasas de interés favorables para la renovación de cafetales con\nvariedades autorizadas por el lcafé.\n\n\n\n\n\ne) Financiamiento para el desarrollo de proyectos innovadores que generen un valor agregado dentro\ndel producto final.\n\n\n\n\n \n\n\n\n f) Financiar y/o auxiliar las distintas opciones de seguros que se requieran dentro de la etapa\nproductiva de la actividad cafetalera.\n\n\n\n\n \n\n\n\n g) Auxiliar la tasa de interés, de créditos que obtengan los productores para desarrollar mejoras\nde infraestructura en su finca y la adquisición de equipo.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n Lógicamente esa actividad de financiamiento requiere contar con adecuadas fuentes de recursos, que\nnutran ese otorgamiento de beneficios a los productores de café. Como vemos, entre esas fuentes se\nencuentra justamente el pago y la recuperación de los créditos otorgados a los productores en el\nmarco del Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Hemileia vastatrix). Tal\nfideicomiso se encontraba previsto en la Ley Nº 9153[1] –que fue derogada posteriormente por la\nmisma Ley 9630–, normativa que establecía el otorgamiento de créditos y otros beneficios, en los\nsiguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“ARTÍCULO 2.- Fines del Fideicomiso\n\n\n\n\n \n\n\n\n La finalidad primordial del Fideicomiso será la atención integral de las necesidades que enfrentan\nlos productores y productoras de café, cuya producción sea hasta de doscientos dobles hectolitros de\ncafé (100 fanegas), durante las cosechas cafetaleras 2012-2013 y 2013-2014.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLos apoyos se orientarán prioritariamente a lo siguiente:\n\n\n\n\na) Entrega de capital semilla reembolsable.\n\n\n\n b) Financiamiento de los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), dirigidos a\natender a las familias afectadas por la roya del café y otras contingencias agroproductivas\nrelacionadas con el cultivo; el IMAS queda autorizado a utilizar criterios e instrumentos especiales\nde selección y calificación de las condiciones de pobreza, o de riesgo y vulnerabilidad, que\nenfrentan las personas o familias productoras afectadas.\n\n\n\n\nc) Atención de cafetales en su primera etapa.\n\n\n\n d) Renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya, o bien, otras actividades\nagroproductivas.\n\n\n\n\ne) Readecuación de deudas existentes ante entidades financieras y prestatarios físicos privados.\n\n\n\n\nf) Otorgamiento de crédito a tasas de interés favorables para la atención o renovación del cultivo.\n\n\n\n\n(…)”\n\n\n\n Consecuente con lo anterior, el Reglamento de la Ley 9630 (DE-42301 de fecha 7 de febrero de 2020),\nen lo que aquí nos interesa, dispone lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“DE LOS RECURSOS DEL FONASCAFÉ\n\n\n\n\nSECCION I\n\n\n\n\nDE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS\n\n\n\n\n\nArtículo 25. Origen de los recursos: Los recursos para el otorgamiento de créditos, avales y\ngarantías tramitados directamente con FONASCAFÉ, son los que provienen del traslado de fondos\nseñalados en el artículo 8 de la Ley 9630, así como la recuperación de créditos otorgados por el\nFideicomiso de la Ley 9153, que hoy se encuentra expresamente derogada, y la recuperación de nuevos\ncréditos otorgados bajo el amparo de Programa de créditos y avales para el sector productor.”\n\n\n\n\n(énfasis agregado)\n\n\n\n\n \n\n\n\n        De las anteriores disposiciones podemos advertir que el ordenamiento ha tenido el claro\nobjetivo de proporcionar apoyo económico-financiero a los caficultores, y para ello ha surgido la\ncreación del FONASCAFÉ, que maneja una serie de programas de ayuda a los productores, mediante la\ncreación de sistemas permanentes de financiamiento.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n             II.-       Las retenciones que hacen las firmas beneficiadoras deben ejecutarse en\ntodos los casos y son de transferencia inmediata       \n\n\n\n\n \n\n\n\n Los programas de financiamiento aparejan la obligación del productor (deudor) de pagar\nadecuadamente las cuotas a las que queda obligado según el crédito otorgado. Teniendo claro lo\nanterior, procede entonces analizar bajo qué condiciones están obligadas las firmas beneficiadoras a\nhacer retenciones sobre las liquidaciones que efectúan los productores de café, justamente con el\nfin de que se cancelen adecuadamente esas cuotas del respectivo crédito. Es ahí donde cobra\nimportancia lo dispuesto en el artículo 83 bis de la Ley 2762[2] (Ley del Régimen de Relaciones\nentre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café), cuando prevé lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 83 bis- Cuando los productores obtengan financiación directa en las agencias bancarias,\nfirmas beneficiadoras o a través de una institución facilitadora de crédito oficial para la\nagricultura, el productor deberá informar a las firmas beneficiadoras que entregue su café para que\nestas a su vez informen al Instituto del Café de Costa Rica (lcafé) y al Fondo Nacional de\nSostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) del monto de su deuda, autorizando a la firma beneficiadora de\noficio para que realice la retención sobre cualquier adelanto o liquidación correspondiente a su\ncafé o al del núcleo familiar o grupo de interés económico del productor beneficiado con el crédito,\npara que el beneficio realice las transferencias correspondientes al acreedor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n De no realizar la firma beneficiadora el traslado al acreedor de las retenciones, se tendrá\ntipificado como el delito de retención indebida consignado en el artículo 223 de la Ley 4573, Código\nPenal, de 4 de mayo de 1970, procediendo el lcafé a presentar la respectiva denuncia ante el\nMinisterio Público.” (énfasis suplido)\n\n\n\n\n \n\n\n\n   De esta disposición introducida por el legislador se advierte la clara intención de garantizar el\npago de este tipo de beneficios crediticios mediante el mecanismo de la retención que hacen las\nfirmas beneficiadoras, incluyendo cualquier adelanto o liquidación –parcial o total– que haga el\nproductor. En consecuencia, la beneficiadora está legalmente obligada a hacer la retención\ncorrespondiente sobre toda entrega o liquidación que haga el productor, es decir, en todos los\ncasos.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Concomitantemente con esa obligación de hacer las respectivas retenciones, está la obligación de\nhacer también las correspondientes transferencias al acreedor. Nótese que esa obligación de\ntransferir no está sujeta a ningún tipo de plazo o condición, por lo que no cabe hacer alguna\ninterpretación que introduzca elementos que no están en la norma, mucho menos que vengan a variar el\nespíritu de esa disposición, cual es precisamente la instauración de un mecanismo ágil, oportuno y\nseguro que garantice el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Así las cosas, en aplicación\ndel aforismo de que no cabe distinguir donde la ley no lo hace[3], no podríamos arribar a una\nconclusión diferente.\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Permítasenos la siguiente cita sobre el sentido y alcance de ese conocido aforismo, en\nlos siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“El Principio “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”\n\n\n\n La enunciación de este principio se encuentra en la obra ‘Brocardica’ (18,3) que se atribuye a\nAzon, con la intención de remarcar la obligatoriedad de la ley en todos sus aspectos. Este principio\nse ha ido consolidando en el derecho intermedio, al tiempo que se afirmaban las monarquías superando\nel caos y la división del período de las invasiones bárbaras. La ley 13 de Partidas dispone que «Las\nleyes se deben entender derechamente con el verdadero entendimiento de su parte más sana y\nprovechosa según las palabras y razones que presenten. Y por esta razón no se deben escribir\nabreviaciones ni menguar en razones para que los hombres caigan en yerro, sino según la letra, no\nson para aprender y decorar, sino para saber su entendimiento.»\n\n\n\n Así también, el aforismo fue muy bien recibido por el estatal-legalismo, en la afirmación de la\npotestad legislativa como una atribución del estado nacional.  Se busca que nada pueda modificar la\npotestad suprema del Estado como legislador. (Montesquieu afirmaba que «los jueces de la nación no\nson más que el instrumento (la boca) que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no\npueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes» (Del espíritu de las leyes, L. XI, cap. VI,\n49, ap. 1; Madrid, Alianza, 2003)\n\n\n\n Por tal motivo, no nos sorprende que este aforismo sea uno de los más citados por los tribunales en\ntiempos modernos. En la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha indicado que donde\nla ley no distingue, no cabe distinguir (Fallos: 333:735), pues si el legislador hubiera querido\nhacer distinciones, lejos de expresarse en términos generales, hubiese hecho las salvedades o\nexcepciones pertinentes.”[4] (énfasis suplido)\n\n\n\n\n \n\n\n\n En consecuencia, y en orden a la pregunta planteada en su consulta, es claro que las firmas\nbeneficiadoras no tienen la facultad de “decidir” en qué momento realizan las retenciones, sino que\ndeben ejecutarse sobre cualquier adelanto o liquidación, es decir, en todos los casos, de manera\nobligatoria, y para su inmediata transferencia al acreedor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Tan clara e importante es la obligación de hacer una transferencia inmediata de esas retenciones,\nque la misma norma (artículo 83 bis) deja establecido que, de no realizar la firma beneficiadora esa\nentrega de los fondos incurrirá en un ilícito penal, sea el de retención indebida.  Sobre el\nparticular, el artículo 223 del Código Penal establece ese delito, en los siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n “Apropiación y retención indebidas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Artículo 223.-Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de lo apropiado o\nretenido al que, teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título\nque produzca la obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o\nrestituyere a su debido tiempo, en perjuicio de otro.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena se reducirá, a\njuicio del juez.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En todo caso, previamente el imputado será prevenido por la autoridad que conozca del asunto, para\nque, dentro del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere no habrá delito,\nquedando a salvo las acciones civiles que tuviere el dueño.”\n\n\n\n\n (Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).\n\n\n\n\n \n\n\n\n   Dado que el ordenamiento prevé tan gravosa consecuencia en caso de no ser transferidas las sumas\nretenidas por parte de las firmas beneficiadoras, conviene tener claridad sobre el tipo penal en\ncuestión, y para ello resulta ilustrativa la explicación que contiene la sentencia que –en lo\nconducente– nos permitimos transcribir a continuación:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “En cuanto al delito de Apropiación y Retención Indebida. La figura delictiva de apropiación y\nretención indebida está contemplada en el ordenamiento jurídico costarricense, en el artículo 223\ndel Código Penal, que señala como conducta típica: \"…al que, teniendo bajo su poder o custodia una\ncosa mueble o un valor ajeno, por un título que produzca la obligación de entregar a o devolver, se\napropiarede ello o no lo entregare o restituyere  a su debido tiempo,  en perjuicio de otro.\" (El\nsubrayado no es del original). El numeral citado revela la  concepción y  elementos de  éste, \nresultando que el verbo o la acción que debe llevar a cabo el agente activo consiste en  apropiarse\no no entregar el bien ajeno, siendo que dichos verbos de acuerdo con la Real Academia Española se\ndefinen de la siguiente forma: (i) la acción de apropiarse radica en “…Tomar para sí alguna cosa, \nhaciéndose dueña de ella,  por lo común de propia autoridad” (Ver\nen http://dle.rae.es/?id=WXknmzC,), y (ii)  en cuanto a la conducta de entregar  se precisa en:\n“1.tr. Dar algo a alguien, o hacer que pase a tenerlo.” (Ver, La Real Academia Española, Idem),\nsiendo que de acuerdo con la acepción negativa dispuesta por el legislador en la norma, debe\nentenderse como: no dar algo a alguien o no hacer que pase a tenerlo. Asimismo, de dicho artículo se\ndesprende la presencia del elemento subjetivo, el cual se aprecia con la resolución inobjetable del\nagente de no entregar o no restituir el bien o  el valor a sabiendas de que éste le es ajeno\n(dolo);   un elemento  objetivo,  consistente en el objeto del delito que refiere a un bien mueble o\nun valor ajeno que se tiene bajo poder del agente activo gracias a un título, que no le confiere la\npropiedad del bien sino, la obligación de devolverlo al cumplirse determinadas  circunstancias.\nSobre este requisito, la doctrina ha puntualizado: “… Es pues indispensable que esta  tenencia se le\nhaya transferido con implicaciones jurídicas (poder) o como mero poder de hecho (custodia), pero\nsiempre debe tratarse de una custodia que se ejerza autónomamente respecto de la que  ejercía  quien\nha entregado la cosa, … de  ahí que el poder adquirido por el agente  sobre  la cosa  debe \nengendrarse en el otorgamiento que de él le ha hecho el anterior  titular de la tenencia en virtud\nde un negocio jurídico (título)” (Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Astrea.\nBuenos Aires, 1998, pág. 503 y 504). Conforme a la jurisprudencia de esta Cámara que en lo que\ninteresa ha determinado: …El suceso acusado a partir del que se fundamentó la querella y acción\ncivil, consistente en el ilícito de retención indebida, cuyo verbo típico previsto en el artículo\n223 del Código Penal, se traduce en la contención ilícita de un objeto cuya posesión se ha originado\npor un cauce legítimo y del cual derivaba la obligación de devolver o entregar, con perjuicio para\notra persona. Esto es, se trata del ejercicio por parte del poseedor legítimo de actos dominicales\n(sic) que suponen el incumplimiento del indicado deber de devolución o entrega, de modo que la\nposesión originaria lícita se torna ilícita. De esta manera, dentro de los elementos objetivos del\ntipo penal de comentario, no sólo se haya la existencia del objeto material del bien jurídico\nlesionado y su posesión por parte del sujeto activo, sino el incumplimiento de una obligación\njurídica de devolver o entregar la cosa…”. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto\n2006-00597, de las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil seis, el suplido no pertenece al\noriginal) y en donde “…lo fundamental es que el agente tuviera el objeto en su custodia (provenga\nesta de una situación de hecho o de derecho), y se rehusara a entregarlos a pesar de estar obligado\na ello…” (El suplido es del original. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 2011-00539,\na las diez y dieciséis minutos del veinte de mayo del dos mil once. Dicho órgano de Casación estuvo\nintegrado por los Magistrados: Carlos Chinchilla S. y Jesús Ramírez Q., y las Magistradas: Magda\nPereira V., María Elena Gómez C. y Lilliana García V.) Asimismo, es la exigencia de un título que\nimpone la devolución del bien, lo que diferencia al delito de apropiación y retención indebida de\nlos ilícitos de fraude (la estafa en sus diferentes modalidades, fraude de simulación,\nadministración fraudulenta, entre otros) en los cuales la razón por la que el agente pasivo se\ndesprende de parte o la totalidad de su peculio obedece a vicios en la voluntad, por cuanto el\nsujeto activo del delito lo induce a error o engaño. Al respecto, esta Sala ha referido: “… En el\ncaso concreto, no es admisible prever que en vez de administración fraudulenta se dio el delito de\napropiación indebida pues como ya se indicó, se tuvo por acreditado que todos los encartados en\nasocio común, perjudicaron a la empresa Serporatla en forma fraudulenta o engañosa, siendo que el\ncaso de los que prestaron sus cuentas bancarias para consumar el fraude no estaban autorizados para\nretener o apropiarse de los montos de dinero que se les depositaron de más producto de las maniobras\nfraudulentas elaboradas a lo interno por Glen y Rodney, es  decir, no contaban con título alguno que\nles confiara la posesión de esos valores en forma legítima sino que todo lo contrario,  los tenían\nproducto del fraude  en el que dolosamente participaron por lo que no lleva razón el recurrente en\nese  punto.” (Resolución N° 2011-0331, de las 9:30 horas, del 31 de marzo del 2011 y cuya\nintegración de la Sala estuvo conformada por los Magistrados: Chinchilla Sandí, Arroyo Gutiérrez,\nRamírez Quirós, y las Magistradas: Pereira Villalobos y Gómez Cortés.) Además, nuestra legislación\nexige que al agente activo se le prevenga judicialmente para devolver ese bien (dentro del plazo de\ncinco días posteriores a la notificación de la citada orden) y es con el incumplimiento deliberado\nde tal mandato, que el delito nace a la vida jurídica. En ese sentido, esta Sala, en la resolución\nN° 044-91, de las 10:05 horas, del 25 de enero del 1991, consignó: “…Es cierto que en la apropiación\nindebida común existe un plus en la conducta del sujeto que la distingue del uso indebido, ya que en\nesta última el sujeto activo sólo pretende usar la cosa con perjuicio ajeno, mientras que en la\nprimera la pretensión va más allá al retenerse o apropiarse indebidamente del bien, estando obligado\na devolver. Pero, de no aceptarse la prevención establecida en el párrafo final del artículo 223\ncitado, como requisito del tipo de uso indebido, se llegaría al absurdo de excluir la\nresponsabilidad penal cuando se da la figura simple o común del párrafo primero, en los casos que el\nsujeto devuelve el bien, pero de penar y sancionar la forma atenuada (uso indebido) no obstante que\ntambién devuelva el bien…”. (La conformación de la Sala estuvo constituida por los Magistrados:\nJesús Ramírez Q., Mario Houed V., Daniel González A., Alfonso Chaves R., y Rodrigo Castro M.)  En un\nasunto de más reciente data, este Órgano de Casación se pronunció en los siguientes términos: “En el\npresente caso, los jueces enunciaron la imposibilidad de recalificar los hechos acusados al delito\nde retención o apropiación indebida pues no se practicó en su momento la prevención al sindicado,\nque establece el mismo tipo penal como requisito de procedibilidad y en consecuencia absolvieron por\natipicidad de la conducta tenida por demostrada. Al faltar la tipicidad, evidentemente no puede\nexistir delito, hecho punible o injusto penal…” (Resolución N ° 1060-02, de las 9:40 horas del 25 de\noctubre de 2002, la Sala estuvo integrada por los siguientes Magistrados: Daniel González Á., Jesús\nAlberto Ramírez Q., Rodrigo Castro M., Joaquín Vargas G. y Jaime Amador H., estos dos últimos como\nMagistrados Suplentes.) Finalmente, la acción del autor de este delito debe producir un perjuicio al\ntitular del bien, quien ve su patrimonio disminuido de manera ilegítima. En resumen, es el análisis\nde cada uno de los referidos elementos los que conforman la tipicidad –tanto objetiva como\nsubjetiva- del ilícito de retención y apropiación indebida; de modo que, la ausencia –o la\nimposibilidad de su acreditación por duda- de alguno de los anteriores torna la conducta en\natípica.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 2019-00512 de las 10:00 horas\ndel 30 de abril de 2019)\n\n\n\n\n \n\n\n\n      Valga agregar que se este tipo penal ha sido objeto de aplicación justamente en casos en los\nque un agente es encargado de retener determinadas sumas o cuotas sobre pagos realizados, y que\nluego no transfiere a su legítimo titular, es decir, un supuesto similar al que aquí nos ocupa:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “…del estudio de los considerandos I a IV de la sentencia impugnada, se determina sin lugar a\ndudas, que el a quo realizó el análisis crítico de las probanzas recibidas, las cuales lo llevaron a\nla conclusión certera, de que el sentenciado teniendo bajo su custodia un valor ajeno, como eran las\ncuotas obreras de sus trabajadores, no las entregó en tiempo a la Caja Costarricense del Seguro\nSocial, causando el consecuente perjuicio a la entidad aseguradora, de modo tal que la indebida\naplicación de las normas aludidas como violadas no se dio, puesto que la conducta del imputado\ncoincidió con la tipicidad objetiva descrita en los artículos 223 del Código Penal en relación con\nel 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dándose también la\ntipicidad subjetiva, por cuanto de los hechos probados se demuestra, que el imputado en forma\nvoluntaria y con total dominio del hecho no entregó las cuotas a la entidad mencionada, dándose\ntambién la obligación de prevenir al acusado el cual debidamente notificado/judicialmente incumplió\ncon el plazo concedido. En el caso se cumplió también con la condición objetiva de punibilidad, ante\nlo cual afrontó la causa por la que fue condenado. De los hechos tenidos por demostrados por el a\nquo, no se determina que existiera ninguna causal de Exculpación, como lo analizó el Juzgador,\npuesto que el solo hecho de contar con limitaciones económicas, no lo exime de responsabilidad, dado\nque los dineros retenidos no eran de su propiedad sino retenciones legales del salario de sus\nobreros, que como patrono tenía que entregar; máxime que del mismo fallo se demuestra, que el\nimputado sabía de la existencia de dicha irregularidad antes de ser denunciado, y no acudió al\nllamado administrativo, donde pudo haber realizado un arreglo de pago previo a la denuncia penal, la\ncual incluso prosperó ante el incumplimiento de la condición objetiva de punibilidad, que hubiere\nextinguido la acción penal, como lo fue la prevención de pago. De modo tal, que las normas aludidas\nfueron debidamente aplicadas, sin que se diera la violación apuntada por el Señor Defensor del\nsentenciado.” (Tribunal Superior de Casación de San José, sentencia N° 219-F-97 de las 8:10 horas\ndel 21 de marzo de 1997)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Asimismo, tal como lo menciona el criterio legal aportado, en orden a esa eventual responsabilidad\npenal es relevante tener presente lo dispuesto en el artículo 8 de la misma Ley N° 2762, cuando\nseñala lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Artículo 8- Se presume responsables de todos los actos y las omisiones de las firmas\nbeneficiadoras a sus respectivos gerentes o, por cualquier otra forma, representantes legales,\ndebiendo responder solidariamente estos de las responsabilidades civiles o penales que a la firma\npudieran corresponder.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Para operar una planta de beneficio se requiere obtener licencia del Instituto del Café de Costa\nRica (lcafé), que establecerá las garantías que juzgue necesarias.\n\n\n\n\n \n\n\n\n En el caso de arrendatarios de plantas beneficiadoras, el Instituto del Café de Costa Rica\ndeterminará las garantías adicionales que deben ofrecerse.” (énfasis agregado)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Volviendo al tema de los alcances del artículo 83 bis de la Ley 2762, es claro que nos decantamos\npor una interpretación que recurra fundamentalmente al propio texto y sentido de las palabras que\ncontiene la norma[5]. Pero aunado a lo anterior, igualmente esa interpretación resulta congruente y\narmoniosa con los fines que persigue FONASCAFÉ y las competencias que para ello se le han atribuido.\n\n\n\n\n \n\n\n\n   En efecto, recordemos que de conformidad con los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Ley 9630 que\ntranscribimos supra, el FONASCAFÉ debe encargarse del manejo de créditos y avales para los\nproductores, a fin de mantener la sostenibilidad de la actividad cafetalera, mediante un programa\npermanente de financiamiento directo e indirecto para los productores de café.\n\n\n\n\n \n\n\n\n Bajo ese entendido, y para el cumplimiento de tales objetivos y competencias, que implican otorgar\nfinanciamiento, el ordenamiento dispone que contará con los recursos que se capten del Fideicomiso\nde Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Ley Nº 9153), y que correspondan justamente al\npago y a la recuperación de los créditos otorgados a los productores.  \n\n\n\n\n \n\n\n\n   Así las cosas, si el pago cumplido y oportuno de los créditos otorgados a los productores de café\nconstituye una fuente de recursos necesaria e indispensable para el cumplimiento de los fines\npúblicos que el ordenamiento le ha encargado al FONASCAFÉ, resulta de obligada conclusión que la\ninterpretación que estamos sosteniendo es la más conforme y acorde con tales fines. Lo anterior, por\ncuanto ejecutar las retenciones respecto de cualquier tipo de liquidación y hacer su traslado\ninmediato constituye la forma idónea y adecuada de satisfacer dichos fines.\n\n\n\n En este punto, se impone retomar lo que ya hemos señalado en múltiples ocasiones acerca de los\nmétodos para interpretar el alcance de las normas, recordando que la lectura y aplicación de las\ndisposiciones legales siempre debe resultar razonable, lógica y dirigida a alcanzar el fin previsto\npor el ordenamiento (inteligencia de los artículos 10 y 16 de la Ley General de la Administración\nPública). Sobre el particular, nos permitimos citar nuestro dictamen N° C-048-2021 del 19 de febrero\ndel 2021[6]:\n\n\n\n “En primer lugar, es menester recordar que el Derecho Administrativo, por su naturaleza, es un\nderecho autónomo, cuyos principios y reglas son prevalentes sobre otros ordenamientos por estar\ndestinado a normar el funcionamiento, actividad o prestación de servicios públicos de la\nAdministración Pública, así lo expresa el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública,\nLey N° 6227 del 02 de mayo de 1978. En virtud de ello, cuando el operador jurídico requiera\ninterpretar la norma, la formula a aplicar esta cardinalmente establecida en el canon 10 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública, que dispone: \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 10.-\n\n\n\n La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del\nfin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.\n\n\n\n 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y\nvalor de la conducta y hechos a que se refiere.” (El resaltado no corresponde al original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n Sobre el alcance del artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, en nuestro\ndictamen C-281-2019 del 01 de octubre de 2019 explicamos lo siguiente:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “Durante el trámite legislativo de la Ley General de la Administración Pública, don Eduardo Ortiz\nse refirió a los alcances de la disposición recién transcrita en los siguientes términos:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “... fíjense que de acuerdo con el párrafo 2) la interpretación se hace tomando en cuenta las otras\nnormas conexas y además la naturaleza de los hechos, el valor de las conductas que están tratando de\nregularse o armonizarse dentro del caso.  Es decir, tomando en cuenta todos esos elementos,\nnaturalmente obligan al administrador y al juez a tener un conocimiento completo de la ley en todo\nsu articulado y de la situación que está tratando de resolver, se llega a la conclusión de que un\nartículo de la ley y esto ocurre a menudo, contradice al resto o no se compagina con la finalidad\nque los otros persiguen, porque más bien hace imposible que se realice lo que la ley persigue o\ndificulta su realización y además desconoce la realidad a que se tiene que aplicar la ley, entonces\nen ese caso nosotros optamos por decir que el administrador, o el juez, puedan desaplicar ese\nartículo ateniéndose al resto del articulado y a la naturaleza de la situación social que está\ncontemplando”. (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo A 23 E5452.  Transcrito por QUIRÓS\nCORONADO (Roberto), Ley General de la Administración Pública Concordada y Anotada con el Debate\nLegislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Editorial ASELEX S.A., primera edición,\n1996, página 93 y 94).\n\n\n\n\n \n\n\n\n También esta Procuraduría ha indicado, con base en el artículo 10 transcrito, que no es admisible\nla interpretación que conduzca a consecuencias distintas a las pretendidas por el legislador:\n\n\n\n\n \n\n\n\n “De conformidad con los criterios que rigen la interpretación de las normas jurídicas\nadministrativas, el intérprete jurídico debe dar prioridad a la interpretación teleológica.  Dispone\nel artículo 10.-1. de la Ley General de la Administración Pública: (…) Conforme lo cual resulta\ninválida la interpretación que tienda a desvirtuar la finalidad de la ley o bien, que produzca un\nefecto contrario al querido por el legislador. Criterio interpretativo que reafirma el artículo 10\ndel Código Civil, al disponer que se debe atender ‘fundamentalmente al espíritu y finalidad de\nellas’”. (OJ-100-2004 del 19 de agosto del 2004, reiterado en el dictamen C-349-2006 del 30 de\nagosto del 2006).”         \n\n\n\n\n \n\n\n\n Esta misma línea de interpretación conforme la finalidad de la norma lo ha explicado la doctrina\nnacional al indicar que “La norma es un medio creado por el legislador para lograr un fin, que se\nsupone valioso. Detrás de toda norma hay una valoración, que es la que le da sentido a los diversos\ntérminos de la misma. Estos deben interpretarse en función de esa valoración y del fin perseguido,\npara lograr que se realice. El significado de los términos empleados por una norma no está dado por\nsu correspondencia con la realidad, sino por su utilidad para lograr el resultado que la norma\npersigue, de acuerdo con aquella valoración […]” (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho\nAdministrativo Tomo I, pág. 220).”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Asimismo, debemos recordar la norma principista contenida en el artículo 16 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública, cuyo texto señala:\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n“Artículo 16.-\n\n\n\n 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica,\no a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.\n\n\n\n 2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos\ndiscrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n             Así las cosas, la retención de fondos que se ejecuta en forma consistente y en todos\nlos casos sobre las liquidaciones que hagan los productores y su traslado inmediato[7] por parte de\nlas firmas beneficiadoras es lo que permite no solo el pago oportuno de esas obligaciones\ncrediticias, sino la recuperación de fondos para que el FONASCAFÉ pueda satisfacer los fines\npúblicos que le fueron encargados, en orden a los programas de financiamiento para los productores\nde café. Ello, en aras de una eficiente administración, dirigida a la obtención de los recursos\nnecesarios para su funcionamiento y mejoramiento continuo.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nIII.-     Conclusiones\n\n\n\n\n \n\n\n\n 1.-   De conformidad con los artículos 1, 2, 8 y 10 de la Ley 9630, el FONASCAFÉ debe encargarse\ndel manejo de créditos y avales, a fin de mantener la sostenibilidad de la actividad cafetalera,\nmediante un programa permanente de financiamiento directo e indirecto para los productores de café.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 2.-   Para el cumplimiento de tales objetivos y competencias, que implican otorgar financiamiento,\nel ordenamiento dispone que contará –entre otros– con los recursos que se capten del Fideicomiso de\nApoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Ley Nº 9153), y que correspondan justamente al\npago y a la recuperación de los créditos otorgados a los productores.  \n\n\n\n\n \n\n\n\n 3.-   La retención que para tales efectos hacen las firmas beneficiadoras debe ejecutarse sobre\ncualquier adelanto o liquidación. En consecuencia, la beneficiadora está legalmente obligada a hacer\nla retención correspondiente sobre toda entrega o liquidación –parcial o total– que haga el\nproductor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 4.-   Concomitantemente con esa obligación de hacer las respectivas retenciones, está la obligación\nde hacer también las correspondientes transferencias al acreedor. Esa obligación de transferir no\nestá sujeta a ningún tipo de plazo o condición, por lo que no cabe hacer ninguna otra interpretación\nfuera de los términos de la normativa aplicable.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 5.-   En consecuencia, las firmas beneficiadoras no tienen la facultad de “decidir” en qué momento\nrealizan las retenciones, sino que deben ejecutarse de manera obligatoria sobre cualquier adelanto o\nliquidación –es decir, en todos los casos– y para su inmediata transferencia al acreedor.\n\n\n\n\n \n\n\n\n 6.-   Tan clara e importante es la obligación de hacer una transferencia inmediata de esas\nretenciones, que la misma norma (artículo 83 bis Ley 2762) deja establecido que, de no realizar la\nfirma beneficiadora esa entrega de los fondos incurrirá en un ilícito penal, sea el de retención\nindebida. \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDe usted con toda consideración, suscribe atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n                                                         Andrea Calderón Gassmann\n\n\n\n\nProcuradora\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nACG/nmm\n\n\n\n\nCod.5418-2024\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n[1] En cuanto a su patrimonio, esa Ley 9153 se disponía lo siguiente:\n\n\n\n\n“ARTÍCULO 4.- Patrimonio del Fideicomiso\n\n\n\n\nEl patrimonio del Fideicomiso estará conformado por lo siguiente:\n\n\n\n a) Los recursos girados por el Ministerio de Hacienda, al menos por el equivalente en moneda\nnacional a cuarenta millones de dólares.\n\n\n\n b) Las donaciones, las transferencias y los aportes económicos especiales que por esta ley se\nautorizan y que podrán realizar todas las instituciones públicas o privadas, las entidades autónomas\no semiautónomas, las empresas del Estado, los entes públicos no estatales, los organismos\ninternacionales que destinen fondos a investigación en café, así como cualquier otra entidad\npública, al Fideicomiso de ayuda a productores y productoras que por esta ley se crea.\n\n\n\n c) Recursos del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) en el monto que autorice la\nJunta Directiva para productores y productoras del sector cooperativo, que se encuentren afectados\npor la roya.”\n\n\n\n\n \n\n\n\n [2] Ley que fue reformada parcialmente y reproducido su texto en forma íntegra por el artículo 1°\nde la ley N° 9872 del 28 de julio del 2020.\n\n\n\n [3] Sobre el particular, hemos señalado: “En esa misma línea de pensamiento, tampoco es válido,\nahora, deducir de esa disposición la no permanencia de ejercer la excepción de comentario, pues ni\nsiquiera se desprende de su propio texto la indicada restricción; lo que en ese sentido, no se puede\nhacer \"distinciones donde la norma no lo hace\". \"No es lícito distinguir donde la ley no\ndistingue\".  (Este es otro aforismo que tiende a evitar que los jueces penetren en los dominios del\nlegislador modificando sus disposiciones por medio de desautorizados distingos.\" Vid. Brenes Córdoba\n(ALBERTO), \"Tratado de las Personas\", edición 1974, p. 44.) (dictamen C-091-1999 del 10 de mayo de\n1999, entre otros)\n\n\n\n\n \n\n\n\n [4] LOCOCO, Julio Javier, Universidad Católica Temuco, Chile: “Pervivencia del aforismo “Ubi lex\nnon distinguit nec nos distinguere debemus”. (https://pagbam.com/wp-\ncontent/uploads/2023/04/Pervivencia-actual-de-los-aforismos-juridicos-latinos-Version-\nelectronica-1.pdf)\n\n\n\n\n \n\n\n\n [5] Recordemos que el Código Civil, en su título preliminar, dispone: ARTÍCULO 10.- Las normas se\ninterpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes\nhistóricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo\nfundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n [6] En el mismo sentido, ver nuestros dictámenes PGR-C-228-2021 del 10 de agosto del 2021 y\nPGR-C-083-2025 del 2 de mayo de 2025, entre otros.\n\n\n\n\n \n\n\n\n [7] Valga acotar que suponemos que así lo ha venido entendiendo la entidad consultante, dado que de\nconformidad con su circular N° 118 de fecha 9 de mayo de 2025, se recalca la obligación derivada del\nartículo 83 bis de la Ley 27762, indicándose que todos los productores con créditos activos con\nFONASCAFE han suscrito un compromiso de retención en la fuente, autorizando a las firmas\nbeneficiadoras a retener, de sus liquidaciones provisionales y definitivas, los montos destinados al\npago de su obligación crediticia, y que todos los montos retenidos por concepto de créditos del\nFideicomiso Roya deberán ser depositados en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la\nretención. Dicho plazo –atendiendo a los trámites administrativos que esas gestiones conllevan–\npuede estimarse razonablemente requerido para hacer un traslado inmediato de los fondos retenidos.", "body_en_text": "Legal Opinion : 232 of 12/08/2025\n\nDecember 8, 2025\n\n\nPGR-C-232-2025\n\n\nMBA.\nRodolfo Víquez Herrera\nManager\nFondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera\n(FONASCAFÉ)\n\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter No. GFNSC-141-2024, through which you pose the following question:\n\nDo Beneficiadoras have the power to decide at what moment they must make the withholdings for the recovery of credits granted to coffee growers within the framework of the Trust for the support of coffee producers affected by rust (hemileia vastatrix) that serve as a means to fulfill the powers granted by Law to the Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, Law No. 9630? Or, on the contrary, must they do so on any advance or settlement made by the producer?\n\nAs indicated in your official letter, the aforementioned consultation is supported by Agreement No. 7 of session No. 82 of May 30, 2024, of the Executive Council of the Fondo Nacional de Sostenibilidad. Likewise, the respective legal opinion, issued via official letter number UAJ-CRI-011-2024, was attached.\n\nI.- Purposes and Powers of FONASCAFÉ\n\nThe consultation at hand implies ruling on the conditions under which the beneficiadoras make withholdings for the purpose of coffee growers covering the credits they have received, particularly in relation to those derived from the support trust for producers affected by rust, which is the scenario consulted here. The foregoing is related to the powers exercised by FONASCAFÉ. Thus, it is essential to refer to the legal framework that regulates FONASCAFÉ and the management of credits granted to coffee growers.\n\nWe have that Law No. 9630 of December 2, 2018, that is, the Law for the Creation of the Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFÉ), establishes, in what is of interest here, the following:\n\n\"ARTICLE 1- The Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, called Fonascafé, is created as a non-state public entity, with its own legal personality and assets.\n\nFonascafé shall be administered by a superior body that will act as the Executive Council, which shall exercise its powers and attributions with absolute independence in accordance with the purposes, conditions, and other provisions set forth in this law.\n\nFonascafé shall be responsible for the management of credits and guarantees for producers, an administrative task it shall carry out under the operational structure of the Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).\n\nThe Fund must present financial reports before the National Coffee Congress, at the ordinary sessions to be held in December of each year.\n\nARTICLE 2- The Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) must maintain, within its purposes, the sustainability of the coffee activity, through a permanent program of direct and indirect financing for coffee producers, directed with special emphasis on the small producer, in viable and sustainable projects within the phases of renovation and maintenance of coffee plantations, as well as for the acquisition of new technologies, to increase the productivity and competitiveness of the plantations.\n\nFonascafé is authorized to issue guarantees, sureties, and counter-guarantees in favor of financial intermediaries that grant credits for the indicated purposes, in an objective relationship that allows covering up to seventy-five percent (75%) of the amount of the financing issued.\n\nAdditionally, Fonascafé shall promote and carry out programs aimed at guaranteeing coffee sustainability, through the contribution derived from coffee production, to execute social responsibility projects in the different coffee-growing regions of the country, seeking, to the extent of existing needs and priorities, an equitable distribution, taking as a reference the contribution made by each region.\n\nCREDIT AND GUARANTEE PROGRAMS FOR THE PRODUCER SECTOR\n\nARTICLE 8- To fulfill the power granted by this law, the Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) shall have the following resources:\n\na) The amount contributed by the Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) as seed capital, according to the express authorization of this law. The resources, defined as assets and liabilities collected from the Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Hemileia vastatrix), Law No. 9153, Creation of the Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Hemileia vastatrix) of July 3, 2013, and that correspond to the payment and recovery of credits granted to producers affected by coffee rust, for the assistance, pruning, and renovation of their coffee plantations.\n\nb) (...)\"\n\n(emphasis supplied)\n\nARTICLE 10- The Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) shall prioritize its resources for the comprehensive care of the needs faced, especially, by small coffee producers throughout the country, registered on the list of the Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) to:\n\na) Issue direct guarantees or contributions to the financial cost for the issuance by another entity, as well as any other type of guarantees and counter-guarantees to producers in projects that improve production and productivity, provided that their guarantees are not sufficient for financial institutions.\n\nb) Attend to the payment, both of principal and interest, of any of the debts contracted and bonds issued by Fonascafé, for obtaining new resources.\n\nc) Granting of credit at favorable interest rates for the renovation and assistance of coffee plantations.\n\nd) Granting of credit at favorable interest rates for the renovation of coffee plantations with varieties authorized by Icafé.\n\ne) Financing for the development of innovative projects that generate added value within the final product.\n\nf) Financing and/or subsidizing the different insurance options required within the productive stage of the coffee activity.\n\ng) Subsidizing the interest rate of credits obtained by producers to develop infrastructure improvements on their farm and the acquisition of equipment.\"\n\nLogically, this financing activity requires adequate sources of resources to nurture the granting of benefits to coffee producers. As we see, among these sources is precisely the payment and recovery of credits granted to producers within the framework of the Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Hemileia vastatrix). Such trust was provided for in Law No. 9153[1] –which was subsequently repealed by Law 9630 itself–, a regulation that established the granting of credits and other benefits, in the following terms:\n\n\"ARTICLE 2.- Purposes of the Trust\n\nThe primary purpose of the Trust shall be the comprehensive care of the needs faced by coffee producers, whose production is up to two hundred double hectoliters of coffee (100 fanegas), during the 2012-2013 and 2013-2014 coffee harvests.\n\nThe support shall be oriented primarily to the following:\n\na) Delivery of reimbursable seed capital.\nb) Financing of the social programs of the Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aimed at attending to families affected by coffee rust and other agro-productive contingencies related to the crop; IMAS is authorized to use special criteria and instruments for the selection and qualification of poverty conditions, or risk and vulnerability, faced by the affected producer persons or families.\nc) Care of coffee plantations in their first stage.\nd) Renovation of coffee plantations with varieties resistant to rust, or other agro-productive activities.\ne) Restructuring of existing debts with financial entities and private physical lenders.\nf) Granting of credit at favorable interest rates for the care or renovation of the crop.\n(…)\" \n\nConsistent with the foregoing, the Regulation to Law 9630 (DE-42301 dated February 7, 2020), in what is of interest here, provides the following:\n\n\"OF THE RESOURCES OF FONASCAFÉ\nSECTION I\nOF THE DISTRIBUTION OF RESOURCES\n\nArticle 25. Origin of the resources: The resources for the granting of credits, guarantees, and sureties processed directly with FONASCAFÉ are those coming from the transfer of funds indicated in Article 8 of Law 9630, as well as the recovery of credits granted by the Trust of Law 9153, which today is expressly repealed, and the recovery of new credits granted under the protection of the Credit and Guarantee Program for the producer sector.\"\n\n(emphasis added)\n\nFrom the provisions above, we can note that the legal system has had the clear objective of providing economic-financial support to coffee growers, and for that purpose, the creation of FONASCAFÉ has emerged, which manages a series of aid programs for producers, through the creation of permanent financing systems.\n\nII.- The Withholdings Made by the Beneficiadoras Must Be Executed in All Cases and Are for Immediate Transfer\n\nThe financing programs entail the obligation of the producer (debtor) to duly pay the installments to which they are bound according to the granted credit. Having the above clear, it is then appropriate to analyze under what conditions the beneficiadoras are obliged to make withholdings on the settlements made by coffee producers, precisely so that these installments of the respective credit are properly paid. It is here that the provisions of Article 83 bis of Law 2762[2] (Law on the Régimen de Relaciones between Producers, Beneficiadores, and Exporters of Coffee) become important, when it stipulates the following:\n\n\"Article 83 bis- When producers obtain direct financing from bank agencies, beneficiadoras, or through an official credit facilitation institution for agriculture, the producer must inform the beneficiadoras to which they deliver their coffee so that they, in turn, inform the Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) and the Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) of the amount of their debt, authorizing the beneficiadora ex officio to make the withholding on any advance or settlement corresponding to their coffee or that of the family nucleus or economic interest group of the producer benefited with the credit, so that the beneficio makes the corresponding transfers to the creditor.\n\nIf the beneficiadora does not transfer the withholdings to the creditor, it shall be classified as the crime of unlawful retention set forth in Article 223 of Law 4573, Penal Code, of May 4, 1970, and Icafé shall proceed to file the respective complaint before the Public Ministry.\" (emphasis supplied)\n\nFrom this provision introduced by the legislator, the clear intention to guarantee the payment of this type of credit benefit via the mechanism of withholding made by the beneficiadoras is evident, including any advance or settlement –partial or total– made by the producer. Consequently, the beneficiadora is legally obliged to make the corresponding withholding on every delivery or settlement made by the producer, that is, in all cases.\n\nConcomitant with that obligation to make the respective withholdings is the obligation to also make the corresponding transfers to the creditor. Note that this obligation to transfer is not subject to any type of term or condition, so no interpretation that introduces elements not in the law is appropriate, much less one that would alter the spirit of that provision, which is precisely the establishment of an agile, timely, and secure mechanism that guarantees the fulfillment of credit obligations. Thus, in application of the aphorism that one must not distinguish where the law does not[3], we could not arrive at a different conclusion.\n\nAllow us the following quote regarding the meaning and scope of that well-known aphorism, in the following terms:\n\n\"The Principle 'ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus'\n\nThe enunciation of this principle is found in the work 'Brocardica' (18,3) attributed to Azon, with the intention of highlighting the obligatory nature of the law in all its aspects. This principle has been consolidating in intermediate law, while monarchies were affirmed, overcoming the chaos and division of the period of barbarian invasions. Law 13 of Partidas provides that 'Laws must be understood righteously with the true understanding of their most sound and beneficial part according to the words and reasons they present. And for this reason, they must not be written with abbreviations nor diminished in reasons so that men fall into error, but rather according to the letter, they are not for learning and memorizing, but for knowing their understanding.'\n\nLikewise, the aphorism was very well received by state-legalism, in the affirmation of legislative power as an attribute of the national state. The goal is that nothing can modify the supreme power of the State as legislator. (Montesquieu stated that 'the judges of the nation are no more than the instrument (the mouth) that pronounces the words of the law, inanimate beings who can moderate neither the force nor the rigor of the laws' (The Spirit of the Laws, L. XI, chap. VI, 49, ap. 1; Madrid, Alianza, 2003)\n\nFor this reason, it is not surprising that this aphorism is one of the most cited by courts in modern times. In Argentina, the Supreme Court of Justice of the Nation has indicated that where the law does not distinguish, one must not distinguish (Fallos: 333:735), because if the legislator had wanted to make distinctions, far from expressing themselves in general terms, they would have made the pertinent exceptions.\"[4] (emphasis supplied)\n\nConsequently, and in order to the question posed in your consultation, it is clear that the beneficiadoras do not have the power to \"decide\" at what moment they make the withholdings, but rather they must be executed on any advance or settlement, that is, in all cases, in an obligatory manner, and for their immediate transfer to the creditor.\n\nSo clear and important is the obligation to make an immediate transfer of these withholdings, that the same law (article 83 bis) establishes that, if the beneficiadora does not make that delivery of the funds, it will incur a criminal offense, namely that of unlawful retention. In this regard, Article 223 of the Penal Code establishes this crime, in the following terms:\n\n\"Unlawful appropriation and retention.\n\nArticle 223.- The penalty established in Article 216 shall be imposed, according to the amount appropriated or retained, to whoever, having under their power or custody a movable thing or a value belonging to another, under a title that creates the obligation to deliver or return, appropriates it or does not deliver or return it in due time, to the detriment of another.\n\nIf there is no appropriation but rather unlawful use of the thing, to the detriment of another, the penalty shall be reduced, at the judge's discretion.\n\nIn any case, the accused shall first be warned by the authority hearing the matter, so that, within a period of five days, they return or deliver the good, and if they do so, there shall be no crime, safeguarding the civil actions that the owner may have.\"\n\n(As amended by Article 1 of Law No. 6726 of March 10, 1982).\n\nGiven that the legal system foresees such a serious consequence in the event that the sums withheld are not transferred by the beneficiadoras, it is convenient to be clear about the criminal offense in question, and for that, the explanation contained in the judgment that –in its relevant part– we allow ourselves to transcribe below is illustrative:\n\n\"Regarding the crime of Unlawful Appropriation and Retention. The criminal figure of unlawful appropriation and retention is contemplated in the Costa Rican legal system, in Article 223 of the Penal Code, which indicates as typical conduct: '…whoever, having under their power or custody a movable thing or a value belonging to another, under a title that creates the obligation to deliver or return, appropriates it or does not deliver or return it in due time, to the detriment of another.' (The underline is not from the original). The cited numeral reveals the conception and elements of this, resulting that the verb or the action that the active agent must carry out consists of appropriating or not delivering the good of another, with said verbs, according to the Real Academia Española, being defined as follows: (i) the action of appropriating lies in '…Taking for oneself something, becoming its owner, usually by one's own authority' (See at http://dle.rae.es/?id=WXknmzC,), and (ii) regarding the conduct of delivering, it is specified as: '1.tr. To give something to someone, or to make it so that they come to have it.' (See, La Real Academia Española, Idem), and according to the negative meaning provided by the legislator in the law, it must be understood as: not giving something to someone or not making it so that they come to have it. Likewise, from said article the presence of the subjective element emerges, which is appreciated with the incontestable resolution of the agent not to deliver or not to return the good or the value knowing that it belongs to another (intent); an objective element, consisting of the object of the crime, which refers to a movable good or a value belonging to another that is held under the power of the active agent by virtue of a title, which does not confer ownership of the good but rather the obligation to return it upon the fulfillment of certain circumstances. Regarding this requirement, legal doctrine has pointed out: '… It is therefore indispensable that this holding has been transferred with legal implications (power) or as mere de facto power (custody), but it must always be a custody exercised autonomously with respect to that exercised by the one who delivered the thing, … hence the power acquired by the agent over the thing must be engendered in the granting made to them by the previous holder of the holding by virtue of a legal transaction (title)' (Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte Especial. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1998, p. 503 and 504). According to the jurisprudence of this Chamber that in what is relevant has determined: …The accused event based on which the complaint and civil action was founded, consisting of the offense of unlawful retention, whose typical verb provided for in Article 223 of the Penal Code, translates into the unlawful retention of an object whose possession originated through a legitimate channel and from which the obligation to return or deliver derived, with detriment to another person. That is, it involves the exercise by the legitimate possessor of acts of ownership (sic) that imply the breach of the indicated duty of return or delivery, so that the originally lawful possession becomes unlawful. In this way, within the objective elements of the criminal type under discussion, there is not only the existence of the material object of the injured legal right and its possession by the active subject, but also the breach of a legal obligation to return or deliver the thing…'. Sala Tercera of the Corte Suprema de Justicia, vote 2006-00597, of nine o'clock on June twenty-third, two thousand six, the supplied emphasis does not belong to the original) and in which '…what is fundamental is that the agent had the object in their custody (whether this comes from a de facto or de jure situation), and refused to deliver it despite being obliged to do so…' (The supplied emphasis is from the original. Sala Tercera of the Corte Suprema de Justicia, vote 2011-00539, at ten sixteen minutes on May twentieth, two thousand eleven. Said Cassation Body was composed of Judges: Carlos Chinchilla S. and Jesús Ramírez Q., and Judges: Magda Pereira V., María Elena Gómez C. and Lilliana García V.) Likewise, it is the requirement of a title that imposes the return of the good that differentiates the crime of unlawful appropriation and retention from the offenses of fraud (swindling in its different modalities, simulation fraud, fraudulent administration, among others) in which the reason why the passive agent disposes of part or all of their patrimony is due to defects in consent, as the active subject of the crime induces them into error or deception. In this regard, this Chamber has referred: '… In the specific case, it is not admissible to foresee that instead of fraudulent administration, the crime of unlawful appropriation occurred because as already indicated, it was deemed accredited that all the defendants in common association, harmed the company Serporatla in a fraudulent or deceptive manner, and the case of those who provided their bank accounts to consummate the fraud were not authorized to retain or appropriate the excess amounts of money that were deposited to them as a result of the fraudulent maneuvers elaborated internally by Glen and Rodney, that is, they did not have any title that legitimately conferred them the possession of those values but rather quite the opposite, they had them as a product of the fraud in which they intentionally participated, therefore the appellant is not correct on that point.' (Resolution No. 2011-0331, of 9:30 a.m., of March 31, 2011, and whose integration of the Chamber was composed of Judges: Chinchilla Sandí, Arroyo Gutiérrez, Ramírez Quirós, and Judges: Pereira Villalobos and Gómez Cortés.) Furthermore, our legislation requires that the active agent be judicially warned to return that good (within the period of five days following the notification of said order) and it is with the deliberate non-compliance with such mandate that the crime comes into legal existence. In that sense, this Chamber, in resolution No. 044-91, of 10:05 a.m., of January 25, 1991, stated: '…It is true that in common unlawful appropriation there is an extra element in the subject's conduct that distinguishes it from unlawful use, since in the latter the active subject only intends to use the thing with harm to another, while in the former the intention goes further by unlawfully retaining or appropriating the good, being obliged to return it. But, if the warning established in the final paragraph of the cited Article 223 is not accepted as a requirement for the type of unlawful use, the absurd result would be reached of excluding criminal liability when the simple or common figure of the first paragraph is present, in cases where the subject returns the good, but of penalizing and sanctioning the attenuated form (unlawful use) even though they also return the good…'. (The composition of the Chamber consisted of Judges: Jesús Ramírez Q., Mario Houed V., Daniel González A., Alfonso Chaves R., and Rodrigo Castro M.) In a more recent matter, this Cassation Body pronounced in the following terms: 'In the present case, the judges enunciated the impossibility of reclassifying the accused facts to the crime of retention or unlawful appropriation because the warning to the accused, which the criminal type itself establishes as a procedural requirement, was not practiced at the time, and consequently, they acquitted due to the atypicality of the conduct deemed proven. Lacking typicality, there evidently cannot be a crime, punishable act, or criminal injustice…' (Resolution No. 1060-02, of 9:40 a.m. on October 25, 2002, the Chamber was composed of the following Judges: Daniel González Á., Jesús Alberto Ramírez Q., Rodrigo Castro M., Joaquín Vargas G. and Jaime Amador H., these last two as Substitute Judges.) Finally, the action of the perpetrator of this crime must produce a harm to the owner of the good, who sees their patrimony diminished in an illegitimate manner. In summary, it is the analysis of each of the referred elements that make up the typicality –both objective and subjective– of the offense of unlawful retention and appropriation; so that the absence –or the impossibility of its accreditation due to doubt– of any of the foregoing makes the conduct atypical.\" (Sala Tercera of the Corte Suprema de Justicia, judgment No. 2019-00512 of 10:00 a.m. on April 30, 2019)\n\nIt is worth adding that this criminal type has been applied precisely in cases in which an agent is tasked with withholding certain sums or installments on payments made, and who then does not transfer them to their rightful owner, that is, a scenario similar to the one at hand here:\n\n\"…from the study of introductory clauses I to IV of the appealed judgment, it is determined beyond doubt that the a quo carried out the critical analysis of the evidence received, which led them to the certain conclusion that the sentenced party, having under their custody a value belonging to another, as were the worker installments of their employees, did not deliver them in time to the Caja Costarricense del Seguro Social, causing the consequent harm to the insuring entity, such that the improper application of the norms alleged as violated did not occur, since the conduct of the accused coincided with the objective typicality described in Articles 223 of the Penal Code in relation to Article 45 of the Constituent Law of the Caja Costarricense del Seguro Social, with subjective typicality also being present, because the proven facts demonstrate that the accused voluntarily and with full control of the act did not deliver the installments to the mentioned entity, the obligation to warn the accused also being present, who, duly notified judicially, failed to comply within the granted period. In the case, the objective condition of punishability was also fulfilled, before which they faced the cause for which they were convicted. From the facts deemed proven by the a quo, it is not determined that there existed any cause for Exculpation, as analyzed by the Judge, since the mere fact of having economic limitations does not exempt them from responsibility, given that the withheld funds were not their property but rather legal withholdings from the salary of their workers, which as an employer they had to deliver; especially since it is demonstrated from the same ruling that the accused knew of the existence of said irregularity before being reported, and did not attend the administrative summons, where they could have made a payment arrangement prior to the criminal complaint, which even prospered upon the non-compliance with the objective condition of punishability, which would have extinguished the criminal action, such as the payment warning. Therefore, the alleged norms were duly applied, without the violation pointed out by the Defense Counsel of the sentenced party occurring.\" (Tribunal Superior de Casación de San José, judgment No. 219-F-97 of 8:10 a.m. on March 21, 1997)\n\nLikewise, as mentioned in the legal opinion provided, in order to that eventual criminal liability, it is relevant to keep in mind the provisions of Article 8 of the same Law No. 2762, when it indicates the following:\n\n\"Article 8- The respective managers or, in any other form, legal representatives of the beneficiadoras are presumed responsible for all the acts and omissions of these, and they must jointly and severally respond for the civil or criminal liabilities that the firm may incur.\n\nTo operate a beneficio plant, a license from the Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) is required, which shall establish the guarantees it deems necessary.\n\nIn the case of lessees of beneficio plants, the Instituto del Café de Costa Rica shall determine the additional guarantees that must be offered.\" (emphasis added)\n\nReturning to the issue of the scope of Article 83 bis of Law 2762, it is clear that we lean towards an interpretation that fundamentally resorts to the text itself and the meaning of the words contained in the law[5]. But coupled with the above, this interpretation is equally congruent and harmonious with the purposes pursued by FONASCAFÉ and the powers that have been attributed to it for that purpose.\n\nIndeed, let us recall that in accordance with Articles 1, 2, 8, and 10 of Law 9630 that we transcribed supra, FONASCAFÉ must be responsible for managing credits and guarantees for producers, in order to maintain the sustainability of the coffee activity, through a permanent program of direct and indirect financing for coffee producers.\n\nUnder that understanding, and for the fulfillment of such objectives and powers, which imply granting financing, the legal system provides that it shall count on the resources collected from the Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Law No. 9153), and that correspond precisely to the payment and recovery of credits granted to producers.\n\nThus, if the full and timely payment of the loans granted to coffee producers constitutes a necessary and indispensable source of resources for fulfilling the public purposes that the legal system has entrusted to FONASCAFÉ, it is an unavoidable conclusion that the interpretation we are upholding is the most consistent and in line with such purposes. The foregoing, because executing the withholdings on any type of settlement and making their immediate transfer constitutes the ideal and adequate way of satisfying said purposes.\n\nAt this point, it is necessary to return to what we have already pointed out on multiple occasions regarding the methods for interpreting the scope of norms, recalling that the reading and application of legal provisions must always be reasonable, logical, and aimed at achieving the purpose intended by the legal system (understanding of Articles 10 and 16 of the Ley General de la Administración Pública). On this matter, we take the liberty of citing our opinion (dictamen) No. C-048-2021 of February 19, 2021[6]:\n\n\"In the first place, it is necessary to recall that Administrative Law, by its nature, is an autonomous law, whose principles and rules prevail over other legal systems because it is intended to regulate the functioning, activity, or provision of public services of the Public Administration, as expressed in Article 9 of the Ley General de la Administración Pública, Law No. 6227 of May 2, 1978. By virtue of this, when the legal operator needs to interpret the norm, the formula to be applied is cardinally established in canon 10 of the Ley General de la Administración Pública, which provides:\n\n\"Article 10.-\n\n1. The administrative norm must be interpreted in the manner that best guarantees the realization of the public purpose to which it is directed, within the respect due to the rights and interests of the individual.\n\n2. It must be interpreted and integrated taking into account the other related norms and the nature and value of the conduct and facts to which it refers.\" (Highlighting does not correspond to the original)\n\nRegarding the scope of Article 10 of the Ley General de la Administración Pública, in our opinion C-281-2019 of October 1, 2019, we explained the following:\n\n\"During the legislative process of the Ley General de la Administración Pública, Mr. Eduardo Ortiz referred to the scope of the provision just transcribed in the following terms:\n\n'... note that according to paragraph 2) the interpretation is made taking into account the other related norms and also the nature of the facts, the value of the conducts that are being tried to be regulated or harmonized within the case. That is to say, taking into account all these elements, which naturally oblige the administrator and the judge to have a complete knowledge of the law in all its articles and of the situation they are trying to resolve, one reaches the conclusion that an article of the law—and this often occurs—contradicts the rest or does not align with the purpose that the others pursue, because it rather makes it impossible to realize what the law pursues or hinders its realization and also ignores the reality to which the law must be applied, then in that case we choose to say that the administrator, or the judge, may disapply that article by adhering to the rest of the articles and to the nature of the social situation it is contemplating.' (Asamblea Legislativa, Expediente Legislativo A 23 E5452. Transcribed by QUIRÓS CORONADO (Roberto), Ley General de la Administración Pública Concordada y Anotada con el Debate Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Editorial ASELEX S.A., first edition, 1996, page 93 and 94).\n\nThis Procuraduría has also indicated, based on Article 10 transcribed, that the interpretation that leads to consequences different from those intended by the legislator is not admissible:\n\n'In accordance with the criteria governing the interpretation of administrative legal norms, the legal interpreter must give priority to teleological interpretation. Article 10.-1. of the Ley General de la Administración Pública provides: (…) According to which, the interpretation that tends to distort the purpose of the law or that produces an effect contrary to that desired by the legislator is invalid. An interpretive criterion reaffirmed by Article 10 of the Código Civil, by providing that one must attend \"fundamentally to the spirit and purpose of them.\"' (OJ-100-2004 of August 19, 2004, reiterated in opinion C-349-2006 of August 30, 2006).\"\n\nThis same line of interpretation according to the purpose of the norm has been explained by national doctrine by indicating that \"The norm is a means created by the legislator to achieve an end, which is supposed to be valuable. Behind every norm there is a valuation, which is what gives meaning to its various terms. These must be interpreted based on that valuation and the purpose pursued, to ensure its realization. The meaning of the terms used by a norm is not given by their correspondence with reality, but by their utility for achieving the result that the norm pursues, in accordance with that valuation […]\" (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo Tomo I, p. 220).\"\n\nLikewise, we must recall the principial norm contained in Article 16 of the Ley General de la Administración Pública, whose text states:\n\n\"Article 16.-\n\n1. In no case may acts be dictated that are contrary to unequivocal rules of science or technique, or to elementary principles of justice, logic, or convenience.\n\n2. The Judge may control the conformity with these non-legal rules of the discretionary elements of the act, as if exercising legality control.\"\n\nThus, the withholding of funds that is executed consistently and in all cases on the settlements made by the producers and their immediate transfer[7] by the processing firms (firmas beneficiadoras) is what allows not only the timely payment of those loan obligations, but also the recovery of funds so that FONASCAFÉ can satisfy the public purposes entrusted to it, in order to the financing programs for coffee producers. This, for the sake of efficient administration, aimed at obtaining the necessary resources for its functioning and continuous improvement.\n\nIII.- Conclusions\n\n1.- In accordance with Articles 1, 2, 8, and 10 of Law 9630, FONASCAFÉ must be in charge of managing loans and guarantees, in order to maintain the sustainability of the coffee activity, through a permanent direct and indirect financing program for coffee producers.\n\n2.- For the fulfillment of such objectives and competencies, which imply granting financing, the legal system provides that it will have –among others– the resources captured from the Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Law No. 9153), and that correspond precisely to the payment and recovery of the loans granted to the producers.\n\n3.- The withholding that the processing firms make for such purposes must be executed on any advance or settlement. Consequently, the processing firm is legally obliged to make the corresponding withholding on every delivery or settlement –partial or total– that the producer makes.\n\n4.- Concomitantly with that obligation to make the respective withholdings, there is also the obligation to make the corresponding transfers to the creditor. That obligation to transfer is not subject to any type of term or condition, therefore no other interpretation outside the terms of the applicable regulations is appropriate.\n\n5.- Consequently, the processing firms do not have the power to \"decide\" at what moment they make the withholdings, but rather they must be executed obligatorily on any advance or settlement –that is, in all cases– and for their immediate transfer to the creditor.\n\n6.- So clear and important is the obligation to make an immediate transfer of those withholdings, that the same norm (article 83 bis Law 2762) establishes that, if the processing firm fails to make that delivery of the funds, it will incur a criminal offense, namely that of undue retention (retención indebida).\n\nYours very truly, respectfully,\n\nAndrea Calderón Gassmann\nProcuradora\n\nACG/nmm\nCod.5418-2024\n\n[1] Regarding its assets, Law 9153 provided the following:\n\n\"ARTICLE 4.- Assets of the Trust\n\nThe assets of the Trust shall be comprised of the following:\n\n a) The resources provided by the Ministerio de Hacienda, at least the equivalent in national currency to forty million dollars.\n\n b) Donations, transfers, and special economic contributions that this law authorizes and that may be made by all public or private institutions, autonomous or semi-autonomous entities, State companies, non-state public entities, international organizations that allocate funds to coffee research, as well as any other public entity, to the Fideicomiso de ayuda a productores y productoras created by this law.\n\n c) Resources from the Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) in the amount authorized by the Board of Directors for producers of the cooperative sector who are affected by the roya.\"\n\n[2] Law that was partially reformed and its text reproduced in full by article 1° of law No. 9872 of July 28, 2020.\n\n[3] On this matter, we have stated: \"In that same line of thought, it is not valid, now, to deduce from that provision the non-permanence of raising the mentioned exception, since the indicated restriction does not even emerge from its own text; in that sense, one cannot make \"distinctions where the norm does not\". \"It is not licit to distinguish where the law does not distinguish\". (This is another aphorism that tends to prevent judges from entering the domains of the legislator, modifying their provisions by means of unauthorized distinctions.\" See Brenes Córdoba (ALBERTO), \"Tratado de las Personas\", 1974 edition, p. 44.) (opinion C-091-1999 of May 10, 1999, among others)\n\n[4] LOCOCO, Julio Javier, Universidad Católica Temuco, Chile: \"Pervivencia del aforismo 'Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus'\". (https://pagbam.com/wp-content/uploads/2023/04/Pervivencia-actual-de-los-aforismos-juridicos-latinos-Version-electronica-1.pdf)\n\n[5] Let us recall that the Código Civil, in its preliminary title, provides: ARTICLE 10.- The norms shall be interpreted according to the proper meaning of their words, in relation to the context, the historical and legislative background, and the social reality of the time in which they are to be applied, attending fundamentally to the spirit and purpose of them.\n\n[6] In the same sense, see our opinions PGR-C-228-2021 of August 10, 2021, and PGR-C-083-2025 of May 2, 2025, among others.\n\n[7] It is worth noting that we assume the consulting entity has been understanding it this way, given that in accordance with its circular No. 118 dated May 9, 2025, the obligation derived from article 83 bis of Law 27762 is emphasized, indicating that all producers with active loans with FONASCAFE have signed a commitment of withholding at the source (retención en la fuente), authorizing the processing firms to withhold, from their provisional and final settlements, the amounts destined for the payment of their loan obligation, and that all amounts withheld for loans from the Fideicomiso Roya must be deposited within a maximum period of five business days after the withholding. Said period –attending to the administrative procedures that such steps entail– can be reasonably estimated as required to make an immediate transfer of the withheld funds." }