{
  "id": "pgr-25415",
  "citation": "OJ-058-2026",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "legal_opinion",
  "title_es": "Movilidad eléctrica como alternativa equivalente al combustible en asignación a diputados",
  "title_en": "E‑mobility as equivalent alternative to fuel in legislators' transport allowance",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República examina el proyecto de ley n.º 25 259, que reforma el artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados (n.º 7352) para permitir que la cuota mensual de 500 litros de combustible pueda usarse también para recargar vehículos eléctricos. Reconoce que la iniciativa busca modernizar la ayuda técnico-administrativa, alinearla con políticas de descarbonización y respetar el principio de igualdad entre diputados que optan por movilidad limpia. Sin embargo, advierte que, antes de aprobar la reforma, la Asamblea debe contar con un estudio técnico integral que analice las implicaciones operativas, financieras y administrativas, y que defina parámetros claros de equivalencia entre el costo del combustible fósil y el de la energía eléctrica, a fin de garantizar la razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto público. La opinión recuerda que la asignación es de naturaleza estrictamente funcional y no retributiva, por lo que el cambio no puede generar un beneficio patrimonial adicional. Concluye que la decisión corresponde al legislador, pero recomienda atender esas observaciones técnicas.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office reviews Bill No. 25 259, which amends Article 5 of the Law on Remuneration of Legislative Deputies (No. 7352) to allow the monthly allowance of 500 liters of fuel to also cover recharging of electric vehicles. It acknowledges that the bill aims to modernize the technical‑administrative aid, align it with decarbonization policies, and ensure equality among deputies who choose clean mobility. Nevertheless, it cautions that before approving the reform, the Assembly should obtain a comprehensive technical study analyzing operational, financial, and administrative implications, and establishing clear equivalence parameters between fossil‑fuel cost and electric‑energy cost, to safeguard reasonableness, proportionality, and efficient use of public funds. The opinion stresses the strictly functional (non‑remunerative) nature of the allowance, meaning the change must not create an additional financial benefit. It concludes that the decision lies with the legislature while recommending those technical observations.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "28/05/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "Procuraduría General de la República",
    "opinión jurídica no vinculante",
    "reserva legal",
    "ayuda técnica administrativa",
    "cuota de combustible",
    "movilidad eléctrica",
    "principio de igualdad",
    "descarbonización"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "Procuraduría General de la República",
    "opinión jurídica",
    "proyecto de ley 25259",
    "remuneración de diputados",
    "movilidad eléctrica",
    "cuota de combustible",
    "ayuda técnica administrativa",
    "reserva legal",
    "principio de igualdad",
    "descarbonización"
  ],
  "keywords_en": [
    "Attorney General's Office",
    "legal opinion",
    "Bill 25259",
    "legislators' remuneration",
    "electric mobility",
    "fuel allowance",
    "technical-administrative aid",
    "legislative reserve",
    "principle of equality",
    "decarbonization"
  ],
  "excerpt_es": "Desde esa perspectiva, se estima necesario que cualquier iniciativa orientada a equiparar o sustituir mecanismos de dotación asociados al uso de combustibles tradicionales por esquemas vinculados a vehículos eléctricos cuente previamente con un estudio técnico integral que permita valorar objetivamente las implicaciones operativas, financieras y administrativas del cambio propuesto\n\nEn criterio de este órgano asesor, dicho análisis constituye un elemento relevante y necesario para determinar la razonabilidad de la asignación del recurso público involucrado, en tanto permitiría contrastar técnicamente las características y requerimientos propios de los vehículos eléctricos frente a aquellos impulsados mediante combustibles fósiles.\n\nAsimismo, se estima necesario contar con un criterio técnico especializado que permita establecer la equivalencia entre la cuota actualmente reconocida en combustible y el eventual consumo de energía eléctrica, tomando en consideración aspectos de autonomía vehicular, costos operativos y razonabilidad financiera.",
  "excerpt_en": "From that perspective, any initiative aimed at equating or replacing supply mechanisms linked to traditional fuels with schemes associated with electric vehicles must first be supported by a comprehensive technical study that objectively assesses the operational, financial, and administrative implications of the proposed change.\n\nIn the view of this advisory body, such an analysis is a relevant and necessary element for determining the reasonableness of the allocation of the public resources involved, since it would allow a technical comparison between the characteristics and requirements of electric vehicles and those powered by fossil fuels.\n\nFurthermore, a specialized technical criterion is deemed necessary to establish the equivalence between the fuel‑based quota currently granted and the eventual electric‑energy consumption, taking into account vehicle range, operating costs, and financial reasonableness.",
  "outcome": {
    "label_en": "Interpretive opinion with recommendations",
    "label_es": "Dictamen interpretativo con recomendaciones",
    "summary_en": "The PGR finds the amendment viable but recommends that, prior to approval, a comprehensive technical study be carried out and equivalence parameters be defined to protect the reasonableness of public spending.",
    "summary_es": "La PGR considera que la reforma es viable, pero recomienda que antes de su aprobación se realice un estudio técnico integral y se definan parámetros de equivalencia energética para salvaguardar la razonabilidad del gasto público."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "any initiative aimed at equating or replacing supply mechanisms linked to traditional fuels with electric‑vehicle schemes must first be supported by a comprehensive technical study.",
      "quote_es": "se estima necesario que cualquier iniciativa orientada a equiparar o sustituir mecanismos de dotación asociados al uso de combustibles tradicionales por esquemas vinculados a vehículos eléctricos cuente previamente con un estudio técnico integral."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "Only with precise technical data is it possible to determine whether the allowance that would be granted is sufficient or, rather, would be disproportionate.",
      "quote_es": "Solo con datos técnicos precisos es posible determinar si la cuota que se otorgaría es suficiente o si, más bien, resultaría desproporcionada."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=25415&strTipM=T",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Texto Opinión Jurídica 058\n\n \n\n  Opinión Jurídica :  058  - J    del 28/05/2026\n\n28 de mayo de 2026\n\nPGR-OJ-058-2026\n\n \n\nSeñora\n\nDaniella Agüero Bermúdez\n\nÁrea Legislativa VII\n\nAsamblea Legislativa\n\n \n\nEstimada señora:\n\n \n\n            Con la aprobación del Procurador General de la República, nos referimos a su oficio no. AL-CPAJUR-1266-2026 de 10 de febrero de 2026, por medio del cual se nos comunica que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos acordó requerir nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 25259, denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE REMUNERACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LEY N.º 7352, DE 9 DE AGOSTO DE 1993, PARA INCORPORAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA COMO ALTERNATIVA EQUIVALENTE AL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES.”\n\n \n\n            Dado que en el expediente consta un texto dictaminado, esta opinión jurídica se emite con respecto a esa última versión, pues carece de interés exponer nuestro criterio sobre el texto base originalmente consultado.\n\n \n\nI. CARÁCTER DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.\n\n \n\nDe conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podrá ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.\n\n            Pese a lo anterior, y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.\n\n \n\nEn virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y contenido de un proyecto de ley o de reforma constitucional, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la importante labor de la Asamblea Legislativa.\n\n \n\nPor otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él establecido. (Véanse al respecto, entre otros muchos, los pronunciamientos OJ-009-2020, de 13 de enero de 2020, OJ-055-2021, 8 de marzo de 2021, OJ-122-2021 de 30 de julio de 2021, PGR-OJ-031-2022 de 22 de febrero de 2022 y PGR-OJ-129-2022 de o6 de octubre de 2022).\n\n \n\n            II. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY.\n\n \n\n            Tal y como se indica en la exposición de motivos, el objetivo principal del proyecto es modernizar la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa (no. 7352 de 21 de julio de 1993) para que los legisladores que opten por utilizar vehículos eléctricos puedan contar con el beneficio mensual que reconoce esa ley, pues, el marco legal vigente solo reconoce en forma expresa una cuota mensual de 500 litros de combustible, lo que obliga a quienes usan transporte limpio a asumir personalmente sus costos de energía.\n\n        \n\n            Con la reforma propuesta, se prevé que la asignación económica allí prevista pueda ser utilizada para la compra de combustibles fósiles, pero, además, total o parcialmente, para sufragar el consumo de energía eléctrica para recarga de vehículos eléctricos, ya sea en las instalaciones de la Asamblea Legislativa o mediante redes de recarga públicas o privadas debidamente autorizadas.\n\n \n\n            En la exposición de motivos se explica que la iniciativa no crea un beneficio nuevo ni permite un aumento en la remuneración de los diputados, sino que, al contrario, la propuesta se limita a adecuar un beneficio preexistente a las nuevas modalidades de movilidad sostenible y a los avances tecnológicos de transporte eléctrico.\n\n \n\n         Se expone que la reforma procura que el beneficio ahí reconocido sea acorde con el principio de igualdad, permitiendo que los diputados que utilicen vehículos eléctricos puedan destinar la asignación correspondiente al pago de la energía requerida para su recarga, en condiciones equivalentes a quienes utilizan combustibles fósiles, sin que ello implique una modificación en la naturaleza funcional del beneficio.\n\n \n\n            También, se indica que la propuesta procura armonizar las disposiciones internas de la Asamblea Legislativa con las políticas públicas nacionales orientadas a la descarbonización de la economía y a la promoción de tecnologías limpias, particularmente con los objetivos desarrollados en la Ley N.º 9518 de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, así como en el Plan Nacional de Descarbonización.\n\n \n\n            Específicamente, el proyecto consta de un único artículo y un transitorio, que disponen:\n\n        \n\n“ARTÍCULO ÚNICO. - Refórmese el artículo 5 de la Ley n.º 7352, de 9 de agosto de 1993, para que se lea de la siguiente manera:\n\n \n\nArtículo 5.- Asignación para movilidad.\n\nLos diputados dispondrán, para el cumplimiento de sus funciones, de una cuota mensual equivalente al valor de quinientos litros de combustible, destinada al uso discrecional para la movilidad en vehículos automotores.\n\nDicha asignación podrá ser utilizada, total o parcialmente, para la adquisición de combustible fósil o para la adquisición de energía eléctrica destinada a la recarga de vehículos eléctricos, ya sea mediante la infraestructura de carga instalada en la Asamblea Legislativa o en redes de carga públicas o privadas.\n\n \n\nEn ningún caso esta asignación podrá percibirse en forma acumulativa o monetaria.\n\n \n\nLa administración deberá garantizar la trazabilidad y control del uso de todas las asignaciones.\n\n \n\nEl Directorio Legislativo implementará los mecanismos internos de control y lineamientos operativos relacionados con la infraestructura de recarga eléctrica y la gestión administrativa de la cuota mensual.\n\n \n\nTRANSITORIO ÚNICO. - El Directorio Legislativo deberá implementar los mecanismos internos de control y los lineamientos operativos relacionados con la infraestructura de recarga eléctrica y la gestión administrativa de la cuota mensual en un plazo de seis meses.\n\n \n\nRige a partir de su publicación.”\n\n \n\n            Como lo hemos señalado en otras ocasiones, de conformidad con lo expuesto en el artículo 113 de la Constitución Política, la regulación de las remuneraciones, beneficios y ayudas vinculadas al ejercicio del cargo de diputado se encuentra sometida al principio de reserva legal, dejando exclusivamente en la ley su determinación, a efecto de que puedan establecerse, modificarse o eliminarse este tipo de asignaciones. (Véase el dictamen no. C-141-93 de 25 de octubre de 1993 y la resolución no. 1974-97 de las 15horas de 9 de abril de 1997, de la Sala Constitucional).\n\n \n\nAl respecto, hemos expuesto:  \n\n“Según hemos interpretado, ese suministro de combustible que se otorga atendiendo la especial labor de los diputados y su necesidad de desplazarse a sitios fuera del recinto parlamentario, no constituye salario ni puede catalogarse como salario en especie (Dictamen C-277-2011, op. cit.).\nPor lo hasta aquí expuesto, a criterio de la Procuraduría General de la República, en atención a su rango como miembros de los Supremos Poderes y a las necesidades propias del ejercicio de sus cargos, la asignación a los legisladores de una cuota mensual de combustible constituye, sin lugar a dudas, una de las «ayudas técnicas y administrativas» aludidas por el ordinal 113 constitucional (dictamen C-197-2001 de 12 de julio de 2001, así como el Considerando XII de la resolución N.º 550-91 op. cit.), que de ningún modo tiene naturaleza retributiva salarial (dictamen C-277-2011, op. cit.), pues al decir de la propia Sala Constitucional, dichas «ayudas» se agotan en sí mismas con su asignación y son más bien recursos o medios (personales materiales) que están estrechamente vinculados al cargo de diputado, pues se ponen a su disposición para facilitar el ejercicio concreto y particular de sus funciones (resoluciones Nos. 1974-97 op. cit. y 2000-06329 de las 16:21 hrs. del 19 de julio de 2000, ambas de la Sala Constitucional), durante el período constitucional por el que fueron electos (Dictamen C-021-2012 de 20 de enero de 2012). Por ello, aunque discrecional –determinar cuándo la utilizará-, dicha cuota mensual de gasolina es de innegable naturaleza funcional, de modo que los diputados no cuentan con la facultad de utilizarla para un fin distinto al cumplimiento de sus funciones (Opinión jurídica no. PGR-OJ-061-2022 de 28 de abril de 2022. En igual sentido véanse las opiniones jurídicas nos. OJ-109-2015 de 23 de setiembre de 2015 y PGR-OJ-143-2022 de 21 de octubre de 2022. Se añade la negrita).”\n\n \n\n          Es así como la Ley no. 7352 de 21 de julio de 1993, viene a desarrollar aquella reserva legal, y, para efectos de esta opinión, interesa lo dispuesto actualmente por su numeral 5, según el cual: \"Los diputados dispondrán de una cuota mensual de quinientos litros de gasolina, para uso discrecional en vehículos automotores\". Estableciéndose una cuota única mensual para cada diputado de 500 litros de gasolina, límite cuantitativo que el propio legislador impuso en ejercicio de aquella atribución constitucional.\n\n            Resulta pertinente señalar que la eventual modificación del régimen aplicable a la asignación de recursos energéticos destinados a la movilidad vehicular debe analizarse a la luz de los principios que rigen la gestión y utilización de fondos públicos, particularmente aquellos vinculados con la razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y sana administración. Lo anterior, considerando que la ayuda técnico-administrativa reconocida a los diputados posee naturaleza estrictamente funcional y no puede traducirse en un beneficio patrimonial adicional o desproporcionado.\n\n         Desde esa perspectiva, se estima necesario que cualquier iniciativa orientada a equiparar o sustituir mecanismos de dotación asociados al uso de combustibles tradicionales por esquemas vinculados a vehículos eléctricos cuente previamente con un estudio técnico integral que permita valorar objetivamente las implicaciones operativas, financieras y administrativas del cambio propuesto\n\n        En criterio de este órgano asesor, dicho análisis constituye un elemento relevante y necesario para determinar la razonabilidad de la asignación del recurso público involucrado, en tanto permitiría contrastar técnicamente las características y requerimientos propios de los vehículos eléctricos frente a aquellos impulsados mediante combustibles fósiles.\n\n            Asimismo, se estima necesario contar con un criterio técnico especializado que permita establecer la equivalencia entre la cuota actualmente reconocida en combustible y el eventual consumo de energía eléctrica, tomando en consideración aspectos de autonomía vehicular, costos operativos y razonabilidad financiera.\n\n            Debe contarse con parámetros claros que permitan definir la forma de equivalencia entre el beneficio actualmente vigente y su eventual reconocimiento para vehículos eléctricos, garantizando la neutralidad del tratamiento normativo.\n\n            Solo con datos técnicos precisos es posible determinar si la cuota que se otorgaría es suficiente o si, más bien, resultaría desproporcionada. Y, de igual modo, solo con un criterio que determine la forma en la que se determinaría la equivalencia, podría valorarse cuál sería el costo del beneficio y si, la forma de calcularlo, implicaría un aumento en los recursos que se destinan a ese beneficio.\n\n            Si bien es cierto, el transitorio dispone que el Directorio Legislativo deberá implementar los mecanismos internos de control y los lineamientos operativos relacionados con la infraestructura de recarga eléctrica y la gestión administrativa de la cuota mensual en un plazo de seis meses, lo cierto es que, lo allí indicado son aspectos técnicos que deberían estar definidos antes de que la iniciativa se apruebe, pues se trata de parte de los elementos técnicos que el legislador debe valorar antes de adoptar una decisión.\n\n            Por otra parte, resulta pertinente establecer límites y condiciones expresas que aseguren el uso exclusivo del beneficio para fines asociados al ejercicio de las funciones parlamentarias, evitando su desviación, transferencia o aprovechamiento por parte de terceros.\n\n            Finalmente, debe señalarse que en la corriente legislativa se tramita el proyecto de ley no. 23.127, relacionado con la regulación del uso de la cuota de combustible asignada a los legisladores como ayuda técnico-administrativa, iniciativa que podría incidir parcialmente sobre la materia objeto del presente proyecto.\n\n            III. CONCLUSIÓN.\n\n \n\n            Si bien es cierto, la aprobación del proyecto de ley no. 25259, denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE REMUNERACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LEY N.º 7352, DE 9 DE AGOSTO DE 1993, PARA INCORPORAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA COMO ALTERNATIVA EQUIVALENTE AL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES.” es una decisión legislativa, se recomienda valorar las observaciones expuestas.\n\n \n\nDe usted, atentamente,\n\n \n\n \n\n \n\n      Nicol Vindas Villalobos                                            Elizabeth León Rodríguez\n\n          Abogada                                                                      Procuradora\n\n \n\n \n\nNVV/ELR/ysb\n\nCód. 1635-2026",
  "body_en_text": "Legal Opinion Text 058\n\nLegal Opinion: 058 -J of 05/28/2026\n\nMay 28, 2026\nPGR-OJ-058-2026\n\nSeñora\nDaniella Agüero Bermúdez\nLegislative Area VII\nLegislative Assembly\n\nDear Señora:\n\nWith the approval of the Procurador General de la República, we refer to your official letter no. AL-CPAJUR-1266-2026 of February 10, 2026, by which we are informed that the Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos agreed to request our opinion on bill no. 25259, entitled “REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE REMUNERACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LEY N.º 7352, DE 9 DE AGOSTO DE 1993, PARA INCORPORAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA COMO ALTERNATIVA EQUIVALENTE AL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES.”\n\nGiven that a revised text appears in the case file, this legal opinion is issued with respect to that latest version, as there is no interest in setting forth our criterion on the originally consulted base text.\n\nI. NATURE OF THIS PRONOUNCEMENT.\n\nIn accordance with Articles 1, 2, and 3 subsection b) of our Organic Law (no. 6815 of September 27, 1982), the Procuraduría General de la República is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal opinions requested by the Public Administration. For these purposes, the Legislative Assembly may be considered as Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of the administrative function, but not when it requests our criterion on a matter of interest for the exercise of the legislative function.\n\nDespite the foregoing, and even though no legal provision exists to that effect, the Procuraduría has customarily addressed the consultations made by the Legislative Assembly and its deputies, with the aim of collaborating in the exercise of the important functions attributed to them by the Constitución Política. Hence, non-binding legal opinions are rendered on certain bills, when they are consulted by the Legislative Committee responsible for processing them, or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political control function and that may reasonably be deemed of general interest.\n\nBy virtue of this, the opinions issued by this advisory body regarding the scope and content of a bill or constitutional reform are not binding in the same manner as those referred to matters arising from the exercise of the administrative function and, for that reason, this criterion is offered by means of a non-binding legal opinion intended to serve as an input in the exercise of the important work of the Legislative Assembly.\n\nOn the other hand, as we do not fall within the circumstances established by Article 157 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, this pronouncement is not subject to the eight-day period established therein. (See in this regard, among many others, pronouncements OJ-009-2020, of January 13, 2020, OJ-055-2021, March 8, 2021, OJ-122-2021 of July 30, 2021, PGR-OJ-031-2022 of February 22, 2022 and PGR-OJ-129-2022 of October 6, 2022).\n\nII. CONSIDERATIONS REGARDING THE BILL.\n\nAs indicated in the statement of legislative intent, the main objective of the bill is to modernize the Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa (no. 7352 of July 21, 1993) so that legislators who choose to use electric vehicles may have the monthly benefit recognized by that law, since the current legal framework only expressly recognizes a monthly allowance of 500 liters of fuel, which obliges those who use clean transportation to personally bear their energy costs.\n\nUnder the proposed reform, it is foreseen that the economic allocation provided therein may be used for the purchase of fossil fuels, but also, in whole or in part, to cover the consumption of electric energy for recharging electric vehicles, whether at the facilities of the Legislative Assembly or through duly authorized public or private recharging networks.\n\nThe statement of legislative intent explains that the initiative does not create a new benefit nor allow an increase in the compensation of deputies, but rather, conversely, the proposal is limited to adapting a pre-existing benefit to new modalities of sustainable mobility and to technological advancements in electric transportation.\n\nIt is stated that the reform seeks to ensure the benefit recognized therein aligns with the principle of equality, allowing deputies who use electric vehicles to allocate the corresponding allowance to pay for the energy required for their recharging, under conditions equivalent to those who use fossil fuels, without this implying a modification in the functional nature of the benefit.\n\nIt is also indicated that the proposal seeks to harmonize the internal provisions of the Legislative Assembly with national public policies aimed at the decarbonization of the economy and the promotion of clean technologies, particularly with the objectives developed in Ley N.º 9518 de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, as well as in the Plan Nacional de Descarbonización.\n\nSpecifically, the bill consists of a single article and a transitory provision, which state:\n\n“SINGLE ARTICLE. - Reform Article 5 of Law no. 7352, of August 9, 1993, to read as follows:\n\nArticle 5.- Allocation for mobility.\nDeputies shall have, for the fulfillment of their functions, a monthly allowance equivalent to the value of five hundred liters of fuel, intended for discretionary use for mobility in motor vehicles.\n\nSaid allocation may be used, in whole or in part, for the acquisition of fossil fuel or for the acquisition of electric energy for the recharging of electric vehicles, whether through the charging infrastructure installed in the Legislative Assembly or at public or private charging networks.\n\nUnder no circumstances may this allocation be received in a cumulative or monetary form.\n\nThe administration must guarantee the traceability and control of the use of all allocations.\n\nThe Directorio Legislativo shall implement the internal control mechanisms and operational guidelines related to the electric recharging infrastructure and the administrative management of the monthly allowance.\n\nSINGLE TRANSITORY PROVISION. - The Directorio Legislativo must implement the internal control mechanisms and the operational guidelines related to the electric recharging infrastructure and the administrative management of the monthly allowance within a period of six months.\n\nIt takes effect upon its publication.”\n\nAs we have pointed out on other occasions, in accordance with the provisions of Article 113 of the Constitución Política, the regulation of remunerations, benefits, and allowances linked to the exercise of the office of deputy is subject to the principle of legal reserve, leaving its determination exclusively to the law, so that such allocations may be established, modified, or eliminated. (See opinion no. C-141-93 of October 25, 1993 and resolution no. 1974-97 of 3:00 p.m. of April 9, 1997, from the Sala Constitucional).\n\nIn this regard, we have stated:\n\n“As we have interpreted, that fuel supply granted based on the special work of deputies and their need to travel to locations outside the parliamentary precinct does not constitute salary nor can it be classified as salary in kind (Opinion C-277-2011, op. cit.).\nBased on the foregoing, in the opinion of the Procuraduría General de la República, considering their rank as members of the Supremos Poderes and the needs inherent to the exercise of their offices, the allocation to legislators of a monthly fuel allowance constitutes, without a doubt, one of the \"technical and administrative aids\" referred to by constitutional Article 113 (opinion C-197-2001 of July 12, 2001, as well as Considerando XII of Resolution N.º 550-91 op. cit.), which by no means has a salary-based remunerative nature (opinion C-277-2011, op. cit.), since in the words of the Sala Constitucional itself, such 'aids' are exhausted in themselves with their allocation and are rather resources or means (personal, material) that are closely linked to the office of deputy, as they are placed at their disposal to facilitate the concrete and particular exercise of their functions (Resolutions Nos. 1974-97 op. cit. and 2000-06329 of 4:21 p.m. of July 19, 2000, both from the Sala Constitucional), during the constitutional period for which they were elected (Opinion C-021-2012 of January 20, 2012). Therefore, although discretionary –determining when to use it–, said monthly gasoline allowance is of undeniable functional nature, such that deputies do not have the power to use it for a purpose other than the fulfillment of their functions (Legal opinion no. PGR-OJ-061-2022 of April 28, 2022. In the same sense, see legal opinions nos. OJ-109-2015 of September 23, 2015 and PGR-OJ-143-2022 of October 21, 2022. Emphasis added).”\n\nThus, Law no. 7352 of July 21, 1993, develops that legal reserve, and, for the purposes of this opinion, the provision currently contained in its Article 5 is of interest, according to which: \"Deputies shall have a monthly allowance of five hundred liters of gasoline, for discretionary use in motor vehicles.\" Establishing a single monthly allowance for each deputy of 500 liters of gasoline, a quantitative limit that the legislator itself imposed in the exercise of that constitutional attribution.\n\nIt is pertinent to note that the potential modification of the regime applicable to the allocation of energy resources for vehicular mobility must be analyzed in light of the principles governing the management and use of public funds, particularly those linked to reasonableness, proportionality, efficiency, and sound administration. The foregoing, considering that the technical-administrative aid recognized to deputies has a strictly functional nature and cannot result in an additional or disproportionate financial benefit.\n\nFrom that perspective, it is deemed necessary that any initiative aimed at equating or substituting endowment mechanisms associated with the use of traditional fuels with schemes linked to electric vehicles must first have a comprehensive technical study that allows for an objective assessment of the operational, financial, and administrative implications of the proposed change.\n\nIn the opinion of this advisory body, such analysis constitutes a relevant and necessary element for determining the reasonableness of the allocation of the public resource involved, as it would allow for a technical comparison of the characteristics and requirements inherent to electric vehicles versus those powered by fossil fuels.\n\nLikewise, it is deemed necessary to have a specialized technical criterion that allows for establishing the equivalence between the allowance currently recognized in fuel and the eventual consumption of electric energy, taking into consideration aspects of vehicle autonomy, operational costs, and financial reasonableness.\n\nThere must be clear parameters that allow for defining the form of equivalence between the benefit currently in force and its eventual recognition for electric vehicles, guaranteeing the neutrality of the regulatory treatment.\n\nOnly with precise technical data is it possible to determine if the allowance to be granted is sufficient or if, rather, it would be disproportionate. And, similarly, only with a criterion that determines the manner in which the equivalence would be determined, could one assess what the cost of the benefit would be, and whether the method of calculating it would imply an increase in the resources allocated to that benefit.\n\nWhile it is true that the transitory provision states that the Directorio Legislativo must implement the internal control mechanisms and the operational guidelines related to the electric recharging infrastructure and the administrative management of the monthly allowance within a period of six months, the fact is that what is indicated there are technical aspects that should be defined before the initiative is approved, as these are part of the technical elements that the legislator must assess before adopting a decision.\n\nOn the other hand, it is pertinent to establish express limits and conditions that ensure the exclusive use of the benefit for purposes associated with the exercise of parliamentary functions, avoiding its diversion, transfer, or use by third parties.\n\nFinally, it should be noted that bill no. 23.127 is being processed in the legislative stream, related to the regulation of the use of the fuel allowance allocated to legislators as a technical-administrative aid, an initiative that could partially affect the matter subject to this bill.\n\nIII. CONCLUSION.\n\nWhile it is true that the approval of bill no. 25259, entitled “REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE REMUNERACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LEY N.º 7352, DE 9 DE AGOSTO DE 1993, PARA INCORPORAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA COMO ALTERNATIVA EQUIVALENTE AL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES.” is a legislative decision, it is recommended to assess the observations set forth.\n\nSincerely,\n\nNicol Vindas Villalobos Elizabeth León Rodríguez\nAbogada Procuradora\n\nNVV/ELR/ysb\nCód. 1635-2026"
}