{ "id": "pgr-25574", "citation": "OJ-125-2026", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Publicidad de concesiones en la zona marítimo terrestre", "title_en": "Public Access to Maritime Terrestrial Zone Concessions", "summary_es": "La Procuraduría General de la República (PGR) analiza el proyecto de ley n.° 25030, que propone hacer pública y de fácil acceso la información administrativa sobre concesiones en la zona marítimo terrestre, así como crear en la plataforma digital del Registro Nacional un listado público, gratuito y actualizado. La PGR considera que esa información ya tiene carácter público y que los datos sobre existencia, titularidad y condiciones de las concesiones están disponibles mediante sistemas del Registro Nacional, sin perjuicio de las restricciones legales sobre datos personales y otra información de acceso limitado. Por ello, recomienda que la Asamblea Legislativa valore qué mejora concreta aportaría la reforma, consulte el criterio técnico del Registro Nacional y determine qué información se divulgaría, cómo se actualizaría y mediante qué medios se consultaría. La opinión jurídica es no vinculante y no decide la aprobación del proyecto; la decisión corresponde a la Asamblea Legislativa.", "summary_en": "The Procuraduría General de la República (PGR) analyzes bill no. 25030, which proposes making administrative information about concessions in the maritime terrestrial zone public and readily accessible, and creating a free, public, updated list on the National Registry’s digital platform. The PGR considers that this information is already public and that data on the existence, holders, and conditions of concessions are available through National Registry systems, subject to legal restrictions on personal data and other information with restricted access. It therefore recommends that the Legislative Assembly assess what concrete improvement the bill would provide, seek the National Registry’s technical assessment, and specify what information would be published, how it would be updated, and how it could be consulted. This is a non-binding legal opinion and does not decide whether the bill will be approved; that decision belongs to the Legislative Assembly.", "court_or_agency": "", "date": "16/09/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "concesión", "publicidad registral", "información pública", "control ciudadano", "Registro Nacional", "Ley 6043", "datos personales" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "zona marítimo terrestre", "concesiones", "publicidad administrativa", "publicidad registral", "acceso a la información pública", "transparencia", "Registro Nacional", "Ley 6043", "protección de datos personales", "proyecto de ley 25030" ], "keywords_en": [ "maritime terrestrial zone", "concessions", "administrative disclosure", "registry publicity", "access to public information", "transparency", "National Registry", "Law 6043", "personal data protection", "bill 25030" ], "excerpt_es": "De tal modo, los datos de las concesiones que otorga una Municipalidad en la zona marítimo terrestre constituyen información pública a la cual pueden acceder los administrados cuando así lo soliciten. Por tanto, aunque la finalidad del proyecto resulta acorde con la necesidad de transparencia que rige la gestión de los bienes de dominio público, debe valorarse cuál sería la novedad que introduciría el proyecto, o de qué manera la iniciativa podría mejorar o facilitar el acceso a esa información que ya tiene carácter público y que consta en las oficinas municipales.\n\nAhora bien, si lo que pretende el proyecto es imponer a las municipalidades una obligación concreta de mantener a disposición del público la información por otros medios y que así, su acceso no dependa de la consulta presencial de los expedientes en el Municipio, sería conveniente que dicha obligación quede claramente especificada y delimitada en el texto de la iniciativa. 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AL-CPETUR-1072-2025 de 30 de octubre de 2025, por medio del cual se nos comunica que la Comisión Especial de Turismo acordó requerir nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 25030, denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 30 Y ADICIÓN DE UN ARTICULO 39 BIS A LA LEY N° 6043 “LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE” DE 2 DE MARZO DE 1977 Y SUS REFORMAS”.\n\n Dado que en el expediente consta un texto dictaminado, esta opinión jurídica se emite con respecto a esa última versión, pues carece de interés exponer nuestro criterio sobre el texto base originalmente consultado.\n\nI. CARÁCTER DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.\n\nDe conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.\n\n Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podrá ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.\n\n Pese a lo anterior y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formulan la Asamblea Legislativa y sus Diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley en trámite o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.\n\n En vista de que el trámite de consulta de la Asamblea Legislativa a la Procuraduría no se encuentra regulado legalmente, la admisibilidad de las consultas formuladas se resuelve vía interpretación de este órgano asesor.\n\n De tal modo, como hemos dispuesto en otras ocasiones, esta forma de colaboración no dispuesta en la Ley tiene como objeto coadyuvar en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello mediante un asesoramiento de índole estrictamente jurídico.\n\n En virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y contenido de un proyecto de ley o de reforma constitucional, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la importante labor de la Asamblea Legislativa.\n\n Por otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él establecido. (Véanse al respecto, entre otros muchos, los pronunciamientos OJ-009-2020, de 13 de enero de 2020, OJ-055-2021, 8 de marzo de 2021, OJ-122-2021 de 30 de julio de 2021, PGR-OJ-031-2022 de 22 de febrero de 2022 y PGR-OJ-129-2022 de 6 de octubre de 2022).\n\n II. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY.\n\n Tal y como se indica en la exposición de motivos, el proyecto de ley tiene por objeto adicionar un párrafo final al artículo 30 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley n.° 6043 de 2 de marzo de 1977 y adicionar el artículo 39 bis, con la finalidad de fortalecer los principios de publicidad y transparencia respecto de las concesiones otorgadas dentro de la zona marítimo terrestre, al considerar que el acceso a esa información constituye un mecanismo de control sobre la gestión de bienes de dominio público.\n\n Se destaca que los principios de publicidad y transparencia constituyen pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho y que deben regir la actuación de la Administración Pública, como principios inherentes a la función administrativa, en tanto permiten a los administrados conocer, examinar y fiscalizar la gestión pública, a la vez que favorecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas.\n\n A partir de esa premisa, la iniciativa pretende establecer un mecanismo específico para dar publicidad a las concesiones otorgadas en la zona marítimo terrestre, suministrando acceso a la información relacionada con ellas mediante mecanismos que permitan su consulta por cualquier persona interesada, con el fin de fortalecer el control ciudadano sobre la gestión de los bienes de dominio público y facilitar el conocimiento de las condiciones bajo las cuales se han otorgado dichas concesiones.\n\n En ese sentido, se indica que el proyecto se orienta a reforzar los principios de publicidad, transparencia administrativa y control ciudadano en la gestión de las concesiones, procurando que exista un mecanismo específico que permita conocer las condiciones, titulares y demás información relevante de estas. Con ello, se pretende propiciar una gestión más transparente y facilitar la fiscalización ciudadana respecto del aprovechamiento de la zona marítimo terrestre.\n\n Derivado de lo anterior, se sostiene que la información vinculada con las concesiones otorgadas en la zona marítimo terrestre reviste especial interés público, pues se relaciona directamente con el uso y aprovechamiento de bienes que integran el dominio público.\n\n Por esa razón, se propone adicionar un párrafo final al artículo 30 de la Ley 6043 que indique:\n\n“Toda la información administrativa relativa a la aprobación, denegatoria o prórroga de las concesiones otorgadas en la Zona Marítimo Terrestre deberá ser de carácter público y de fácil acceso, tanto por medios físicos como digitales, lo anterior en estricto respeto de la Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.”\n\n Y, además, se incluiría un artículo 39 bis y un transitorio, con el siguiente texto:\n\n“Artículo 39 bis.- Toda la información registral sobre las concesiones otorgadas en zona marítimo terrestre deberá ser accesible para la consulta de cualquier persona interesada por medio de un listado actualizado de forma pública, gratuita y transparente en la plataforma digital del Registro Nacional.”\n\n“TRANSITORIO I- El Registro Nacional tendrá un plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley para realizar la preparación de su plataforma web para que las personas usuarias puedan acceder fácilmente a la información registral sobre las concesiones otorgadas en zona marítimo terrestre en los términos establecidos en esta ley.”\n\n Sobre el particular, este órgano asesor ha concluido en diversos dictámenes que constituye información pública todo dato, documento o registro, en cualquier formato, que sea producido, administrado, recopilado o se encuentre en custodia de la Administración Pública, y cuyo conocimiento resulte de interés general o sea necesario para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. (Véanse los dictámenes C-239-95 y C-127-87).\n\n Asimismo, el derecho a la información es un derecho fundamental de rango constitucional que se impone a la Administración, obligándola a suministrar información de interés público. Por ello, el acceso a la información pública se relaciona estrechamente con la obligación de la Administración Pública de rendir cuentas, principio consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política. Y se complementa con el derecho de petición y pronta respuesta, que garantiza que todas las personas puedan solicitar a las autoridades públicas información de interés público y recibir respuesta oportuna, de forma física o digital. (Véase al respecto las opiniones jurídicas OJ-015-2020 y OJ-161-2021).\n\n En ese marco, el acceso a la información pública se manifiesta en el principio de transparencia y publicidad que debe orientar la actuación de la Administración, como instrumento que permite a los administrados conocer y fiscalizar la forma en que se gestionan los bienes públicos.\n\n Por regla general, toda información generada, administrada, recopilada o en posesión de los órganos de la Administración Pública, se trate de ministerios, municipalidades o instituciones autónomas, se presume pública, sin perjuicio de las restricciones que el ordenamiento jurídico establezca para determinados datos o categorías de información.\n\n En torno al principio de publicidad registral, la Sala Primera la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia n.° 264–2008, de las 8:20 horas del 11 de abril de 2011, externó lo siguiente:\n\n“El principio de publicidad registral hace referencia a que los ciudadanos no pueden ignorar los actos inscritos en el Registro Nacional, precisamente porque constan en un asiento público, cuyo fin es darles certeza y publicidad. (…) Es bien sabido que el Registro Público desempeña una función de vital importancia en el desarrollo nacional, pues brinda al público, la información precisa y necesaria sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles, créditos y negociaciones inscribibles, e incluso acuerdos relacionados con los sujetos actuantes en la actividad registral. Es éste, sin duda alguna, un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, en cuanto informa y asegura la propiedad, posesión, garantía y crédito de los bienes en general, consignando con claridad los derechos y deberes de los diferentes partícipes de la actividad jurídico- económica del país. En este sentido, la publicidad opera no solo como instrumento para el libre acceso de quienes requieran cualquier información al respecto, sino, además, como factor que proporciona datos veraces de lo que ha sido presentado, anotado o inscrito en dicha dependencia.”\n\n De lo anterior se desprende que la información pública comprende los datos, registros y documentos cuyo conocimiento resulte relevante para el control social, la rendición de cuentas, la gestión de recursos públicos o la fiscalización del ejercicio de la función administrativa. Ese carácter no depende del tipo de soporte en que la información se encuentre contenida por lo que puede comprender documentos impresos, correos electrónicos institucionales, expedientes digitales, grabaciones de sesiones, bases de datos y otros registros informáticos en custodia de la Administración.\n\n De tal modo, los datos de las concesiones que otorga una Municipalidad en la zona marítimo terrestre constituyen información pública a la cual pueden acceder los administrados cuando así lo soliciten. Por tanto, aunque la finalidad del proyecto resulta acorde con la necesidad de transparencia que rige la gestión de los bienes de dominio público, debe valorarse cuál sería la novedad que introduciría el proyecto, o de que manera la iniciativa podría mejorar o facilitar el acceso a esa información que ya tiene carácter público y que consta en las oficinas municipales.\n\n Ahora bien, si lo que pretende el proyecto es imponer a las municipalidades una obligación concreta de mantener a disposición del público la información por otros medios y que así, su acceso no dependa de la consulta presencial de los expedientes en el Municipio, sería conveniente que dicha obligación quede claramente especificada y delimitada en el texto de la iniciativa. Para ello, debería precisarse cuál información deberá mantenerse disponible, la forma en que deberá actualizarse y los medios a través de los cuales podrá ser consultada.\n\n También debe tenerse en cuenta que, conforme el artículo 30 de la Ley 6043 que se pretende adicionar, la información vinculada con la existencia, titularidad y condiciones de las concesiones en zona marítimo terrestre ya se encuentra disponible a través de los sistemas del Registro Nacional.\n\n En consecuencia, debe valorarse la utilidad y viabilidad práctica de la obligación que se le impondría al Registro Nacional de generar un listado de todas las concesiones de la zona marítimo terrestre existentes.\n\n Para eso, resulta pertinente y necesario considerar el criterio técnico del Registro Nacional, a efectos de determinar cuál información sobre concesiones ya se encuentra incorporada en sus sistemas, el grado de acceso que actualmente tienen los administrados y los mecanismos de consulta disponibles. Ese insumo permitiría determinar con mayor precisión si la reforma atiende una limitación real en materia de publicidad o si parte de la información que se pretende hacer accesible ya se encuentra disponible mediante los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.\n\n En términos generales, para determinar el alcance y la utilidad de la reforma propuesta, resulta oportuno precisar qué información se encuentra actualmente disponible, cuáles son los mecanismos existentes para acceder a ella y en qué medida estos satisfacen la finalidad perseguida por la iniciativa.\n\n Lo anterior resulta relevante para evitar que la reforma introduzca disposiciones que imponga obligaciones o mecanismos que ya se encuentran contemplados en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, corresponde a la Asamblea Legislativa valorar la necesidad y conveniencia de incorporar una regulación adicional, así como determinar si las disposiciones propuestas complementan el régimen vigente o si, por el contrario, regulan aspectos que ya encuentran respuesta en otras normas. Esa valoración resulta especialmente necesaria cuando el objetivo perseguido puede alcanzarse mediante instrumentos de publicidad que actualmente se encuentran a disposición de los administrados.\n\n Asimismo, debe tenerse en cuenta que la obligación de publicidad no implica que la totalidad de los datos contenidos en los expedientes administrativos pueda divulgarse de forma irrestricta. La Administración deberá respetar las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos personales y respecto de cualquier otra información sujeta a un régimen de acceso restringido. La regulación que finalmente se adopte deberá, por tanto, conciliar la transparencia de la gestión administrativa con la protección de la información cuya divulgación se encuentre legalmente limitada.\n\n III. CONCLUSIÓN.\n\n Si bien es cierto, la aprobación del proyecto de ley no. 25030, “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 30 Y ADICIÓN DE UN ARTICULO 39 BIS A LA LEY N° 6043 “LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE” DE 2 DE MARZO DE 1977 Y SUS REFORMAS”, es una decisión legislativa, se recomienda valorar las observaciones expuestas.\n\nDe usted, atentamente,\n\n Nicol Vindas Villalobos Elizabeth León Rodríguez\n\n Abogada Procuradora\n\nNVV/ELR/ysb\n\nCód. 15313-2026\n\n--- RESUMEN ---\n\nPGR-OJ-125-2026.\n\nPROYECTO DE LEY NO. 25030. LEY DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. CONCESIONES. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.\n\n La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 25033, denominado “LEY DE SEGURO AMBIENTAL”.\n\nLa Procuraduría, mediante la opinión jurídica no. PGR-OJ-125-2026 de 16 de setiembre de 2026, señaló lo siguiente:\n\nLa iniciativa pretende reforzar los principios de publicidad, transparencia administrativa y control ciudadano respecto de las concesiones otorgadas en la zona marítimo terrestre, mediante mecanismos que faciliten el acceso a la información administrativa y registral. Para ello, propone adicionar el artículo 30 de la Ley n.° 6043 e incorporar un artículo 39 bis que establecería un listado público, gratuito y actualizado de las concesiones en la plataforma digital del Registro Nacional.\n\nSobre el particular, este órgano asesor ha señalado que la información producida, administrada, recopilada o custodiada por la Administración Pública se presume pública cuando reviste interés general, de conformidad con los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas y con el derecho fundamental de acceso a la información pública. En este sentido, la información relacionada con las concesiones otorgadas en la zona marítimo terrestre constituye información pública, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos personales y demás información de acceso restringido.\n\nPartiendo de lo anterior, si bien la finalidad del proyecto resulta acorde con los principios que rigen la gestión de los bienes de dominio público, debe determinarse cuál es la novedad normativa que introduce la iniciativa y en qué medida mejora o facilita el acceso a información que ya posee carácter público. Si se pretende establecer obligaciones específicas para las municipalidades respecto de la publicación y actualización de dicha información, estas deberían delimitarse con claridad, precisando la información que deberá divulgarse, los mecanismos de consulta y la periodicidad de su actualización.\n\nFinalmente, considerando que información relativa a las concesiones en zona marítimo terrestre se encuentra vinculada con los sistemas del Registro Nacional, resulta pertinente contar con el criterio técnico de dicha institución para determinar qué información se encuentra actualmente disponible, cuáles son los mecanismos de consulta existentes y el grado de acceso de los administrados. Lo anterior permitirá valorar la utilidad y viabilidad práctica de la reforma propuesta y evitar la incorporación de obligaciones o mecanismos que ya se encuentren previstos en el ordenamiento jurídico.", "body_en_text": "16 September 2026\n\nPGR-OJ-125-2026\n\nMr.\n\nLeonardo Alberto Salmerón Castillo\n\nLegislative Committees Area\n\nLegislative Assembly\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Procurador General de la República (Attorney General of the Republic), we refer to your letter no. AL-CPETUR-1072-2025 of 30 October 2025, by which we were informed that the Special Tourism Committee had agreed to request our opinion on bill no. 25030, entitled “ADDITION OF A FINAL PARAGRAPH TO ARTICLE 30 AND ADDITION OF ARTICLE 39 BIS TO LAW NO. 6043, ‘LAW ON THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE,’ OF 2 MARCH 1977, AND ITS AMENDMENTS.”\n\nSince the file contains a version that has been reported out, this legal opinion is issued with respect to that latest version, as there is no point in setting out our opinion on the originally consulted base text.\n\nI. NATURE OF THIS OPINION.\n\nIn accordance with Articles 1°, 2°, and 3(b) of our Organic Law (no. 6815 of 27 September 1982), the Procuraduría General de la República (Office of the Attorney General of the Republic) is the highest advisory, technical-legal body of the Public Administration and, in that capacity, performs its function by issuing the legal opinions requested by the Public Administration.\n\nFor these purposes, the Legislative Assembly may be considered part of the Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of its administrative function, but not when it requests our opinion on a matter of interest to the exercise of its legislative function.\n\nDespite the foregoing, and although there is no legal provision to that effect, the Procuraduría has customarily responded to consultations submitted by the Legislative Assembly and its Deputies, with the aim of assisting in the exercise of the important functions assigned to them by the Political Constitution. Accordingly, it issues nonbinding legal opinions on certain pending bills or on legal matters that may be considered within the scope of political oversight and may reasonably be deemed to be of general interest.\n\nSince the procedure for consultations from the Legislative Assembly to the Procuraduría is not regulated by law, the admissibility of the consultations submitted is determined through interpretation by this advisory body.\n\nThus, as we have held on other occasions, this form of assistance, which is not provided for by law, is intended to help fulfill parliamentary functions by providing advice of a strictly legal nature.\n\nAccordingly, the opinions issued by this advisory body concerning the scope and content of a bill or constitutional amendment do not have the binding force of opinions concerning matters arising from the exercise of the administrative function. For that reason, this opinion is issued as a nonbinding legal opinion intended to serve as input for the Legislative Assembly in its important work.\n\nMoreover, because this matter does not fall within the circumstances set out in Article 157 of the Rules of Procedure of the Legislative Assembly, this opinion is not subject to the eight-day period established therein. (See, among many others, opinions OJ-009-2020 of 13 January 2020, OJ-055-2021 of 8 March 2021, OJ-122-2021 of 30 July 2021, PGR-OJ-031-2022 of 22 February 2022, and PGR-OJ-129-2022 of 6 October 2022.)\n\nII. CONSIDERATIONS REGARDING THE BILL.\n\nAs stated in the explanatory memorandum, the bill seeks to add a final paragraph to Article 30 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Law no. 6043 of 2 March 1977) and to add Article 39 bis, with the aim of strengthening the principles of publicity and transparency concerning concessions granted within the maritime-terrestrial zone, on the grounds that access to that information is a means of oversight of the management of public-domain property.\n\nThe memorandum emphasizes that the principles of publicity and transparency are essential pillars of the Social and Democratic State governed by the Rule of Law and must guide the conduct of the Public Administration as principles inherent in administrative functions. They allow members of the public to learn about, examine, and oversee public management, while also encouraging citizen participation and accountability.\n\nOn that basis, the initiative seeks to establish a specific mechanism for publicizing concessions granted in the maritime-terrestrial zone by providing access to related information through means that allow any interested person to consult it. The aim is to strengthen public oversight of the management of public-domain property and make it easier to learn about the terms on which those concessions were granted.\n\nIn this regard, the bill is described as seeking to reinforce the principles of publicity, administrative transparency, and public oversight in concession management by establishing a specific mechanism for making the terms, holders, and other relevant information about those concessions known. This is intended to promote more transparent management and facilitate public oversight of the use of the maritime-terrestrial zone.\n\nIt is therefore argued that information concerning concessions granted in the maritime-terrestrial zone is of particular public interest because it is directly related to the use and exploitation of property forming part of the public domain.\n\nFor that reason, it is proposed to add the following final paragraph to Article 30 of Law 6043:\n\n“All administrative information concerning the approval, denial, or extension of concessions granted in the Maritime-Terrestrial Zone shall be public and readily accessible, both in physical and digital form, in strict compliance with Law No. 8968, Law for the Protection of Persons with regard to the Processing of their Personal Data.”\n\nIn addition, an Article 39 bis and a transitional provision would be added, with the following text:\n\n“Article 39 bis.— All registry information concerning concessions granted in the maritime-terrestrial zone shall be available for consultation by any interested person through a publicly accessible, free, and transparent updated list on the digital platform of the National Registry.”\n\n“TRANSITIONAL PROVISION I— The National Registry shall have six months from publication of this law to prepare its web platform so that users can readily access registry information concerning concessions granted in the maritime-terrestrial zone, under the terms established in this law.”\n\nOn this matter, this advisory body has concluded in various legal opinions that public information includes any data, document, or record, in any format, that is produced, administered, collected, or held in the custody of the Public Administration, and whose disclosure is of general interest or necessary to ensure transparency and accountability. (See opinions C-239-95 and C-127-87.)\n\nLikewise, the right to information is a fundamental right of constitutional rank that binds the Administration and obliges it to provide information of public interest. Accordingly, access to public information is closely related to the Public Administration’s duty to account, a principle enshrined in paragraph 11 of the Political Constitution. It is complemented by the right to petition and to a prompt response, which guarantees that everyone may request information of public interest from public authorities and receive a timely response, in physical or digital form. (See legal opinions OJ-015-2020 and OJ-161-2021.)\n\nWithin this framework, access to public information is expressed in the principles of transparency and publicity that must guide the conduct of the Administration, as a means of allowing members of the public to learn about and oversee how public property is managed.\n\nAs a general rule, all information generated, administered, collected, or held by bodies of the Public Administration—whether ministries, municipalities, or autonomous institutions—is presumed public, without prejudice to restrictions established by the legal system for particular data or categories of information.\n\nRegarding the principle of registry publicity, the First Chamber of the Supreme Court of Justice stated the following in judgment no. 264–2008, issued at 8:20 a.m. on 11 April 2011:\n\n“The principle of registry publicity refers to the fact that citizens cannot be unaware of acts recorded in the National Registry, precisely because they appear in a public entry intended to give them certainty and publicity. (…) It is well known that the Public Registry performs a function of vital importance to national development, as it provides the public with precise and necessary information about ownership of movable and immovable property, credits and transactions eligible for registration, and even agreements concerning the parties involved in registry activity. It is undoubtedly a fundamental pillar of the country’s economic development, since it informs and secures the ownership, possession, guarantees, and credit associated with property in general, clearly recording the rights and duties of the different participants in the country’s legal and economic activity. In this respect, publicity operates not only as a means of free access for those seeking any related information, but also as a source of accurate information about what has been submitted, noted, or registered with that office.”\n\nIt follows from the foregoing that public information includes data, records, and documents whose disclosure is relevant to social oversight, accountability, the management of public resources, or oversight of the exercise of administrative functions. Its public nature does not depend on the medium in which it is contained; it may therefore include printed documents, institutional emails, digital files, session recordings, databases, and other computer records held in the custody of the Administration.\n\nThus, information about concessions granted by a Municipality in the maritime-terrestrial zone is public information to which members of the public may gain access upon request. Therefore, although the bill’s purpose is consistent with the need for transparency that governs the management of public-domain property, it should be assessed what new element the bill would introduce, or how the initiative could improve or facilitate access to information that is already public and held in municipal offices.\n\nHowever, if the bill seeks to impose a specific obligation on municipalities to keep the information available to the public through other means, so that access does not depend on an in-person consultation of files at the Municipality, that obligation should be clearly specified and delineated in the text of the initiative. To that end, it should specify what information must be kept available, how it must be updated, and the means by which it may be consulted.\n\nIt should also be borne in mind that, under Article 30 of Law 6043, which the bill seeks to amend, information concerning the existence, holders, and terms of concessions in the maritime-terrestrial zone is already available through the National Registry’s systems.\n\nConsequently, the usefulness and practical feasibility of imposing on the National Registry an obligation to generate a list of all existing concessions in the maritime-terrestrial zone should be assessed.\n\nTo that end, it is relevant and necessary to consider the National Registry’s technical opinion to determine what concession information is already included in its systems, the degree of access currently available to members of the public, and the consultation mechanisms available. That input would make it possible to determine more precisely whether the amendment addresses an actual limitation on publicity or whether some of the information proposed for public access is already available through mechanisms provided for by the legal system.\n\nIn general, to determine the scope and usefulness of the proposed amendment, it would be appropriate to clarify what information is currently available, what mechanisms exist for accessing it, and the extent to which they fulfill the purpose pursued by the initiative.\n\nThis is relevant to avoid introducing provisions that impose obligations or mechanisms already provided for in the legal system. In that regard, it is for the Legislative Assembly to assess the need for and advisability of adopting additional regulation, and to determine whether the proposed provisions complement the current framework or instead regulate matters already addressed by other rules. That assessment is particularly necessary when the intended objective may be achieved through publicity mechanisms already available to members of the public.\n\nIt should also be borne in mind that the duty of publicity does not mean that all data contained in administrative files may be disclosed without restriction. The Administration must observe the restrictions established by the legal system regarding personal-data protection and any other information subject to restricted access. Any regulation ultimately adopted must therefore reconcile transparency in administrative management with protection of information whose disclosure is legally restricted.\n\nIII. CONCLUSION.\n\nAlthough approval of bill no. 25030, “ADDITION OF A FINAL PARAGRAPH TO ARTICLE 30 AND ADDITION OF ARTICLE 39 BIS TO LAW NO. 6043, ‘LAW ON THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE,’ OF 2 MARCH 1977, AND ITS AMENDMENTS,” is a legislative decision, we recommend that the observations set out above be considered.\n\nYours sincerely,\n\nNicol Vindas Villalobos Elizabeth León Rodríguez\n\nProcuradora Attorney\n\nNVV/ELR/ysb\n\nCode 15313-2026\n\n--- SUMMARY ---\n\nPGR-OJ-125-2026.\n\nBILL NO. 25030. LAW ON THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE. CONCESSIONS. PRINCIPLE OF PUBLICITY.\n\nThe Legislative Assembly requested our opinion on bill no. 25033, entitled “ENVIRONMENTAL INSURANCE LAW.”\n\nBy legal opinion no. PGR-OJ-125-2026 of 16 September 2026, the Procuraduría stated the following:\n\nThe initiative seeks to reinforce the principles of publicity, administrative transparency, and public oversight regarding concessions granted in the maritime-terrestrial zone through mechanisms that facilitate access to administrative and registry information. To that end, it proposes amending Article 30 of Law no. 6043 and adding an Article 39 bis that would establish a public, free, updated list of concessions on the digital platform of the National Registry.\n\nOn this matter, this advisory body has stated that information produced, administered, collected, or held in the custody of the Public Administration is presumed public when it is of general interest, in accordance with the principles of publicity, transparency, and accountability and the fundamental right of access to public information. In this regard, information related to concessions granted in the maritime-terrestrial zone is public information, without prejudice to restrictions established by the legal system concerning personal-data protection and other information subject to restricted access.\n\nOn that basis, although the bill’s purpose is consistent with the principles governing management of public-domain property, it must be determined what new rule the initiative introduces and to what extent it improves or facilitates access to information that is already public. If the aim is to establish specific obligations for municipalities concerning publication and updating of that information, those obligations should be clearly delineated by specifying what information must be disclosed, the consultation mechanisms, and how often it must be updated.\n\nFinally, given that information concerning concessions in the maritime-terrestrial zone is linked to the National Registry’s systems, it is relevant to obtain that institution’s technical opinion to determine what information is currently available, what consultation mechanisms exist, and the degree of access available to members of the public. This would make it possible to assess the usefulness and practical feasibility of the proposed amendment and avoid introducing obligations or mechanisms already provided for in the legal system." }