{ "id": "pgr-7137", "citation": "OJ-120-1999", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Proyecto de Ley de Creación de Incentivo de Cuenca", "title_en": "Watershed Incentive Bill", "summary_es": "La Procuraduría General de la República, a través de su Procurador Ambiental, emite opinión sobre el proyecto de Ley de Creación de Incentivo de Cuenca (expediente N° 13.541). La opinión critica el proyecto por su denominación imprecisa, su estructura tributaria que grava la generación eléctrica para crear un fondo administrado por el ICE, y su distribución a municipalidades y concejos de distrito. Señala que el proyecto no aborda el manejo integral de cuencas, sino un gravamen con fines recaudatorios. Cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por violar los principios de caja única y universalidad presupuestaria, la especialidad del ICE, la igualdad ante las cargas públicas y la falta de sanción para el incumplimiento tributario. Advierte sobre la posible duplicidad de funciones con el MINAE y sobre la inviabilidad de otorgar fondos a Concejos de Distrito sin personalidad jurídica. Concluye sugiriendo una reconsideración completa del proyecto y recordando las restricciones constitucionales para la delegación legislativa y la obligación de audiencia a instituciones autónomas.", "summary_en": "The Attorney General's Office, through its Environmental Prosecutor, issues an opinion on the Watershed Incentive Bill (file No. 13,541). The opinion criticizes the bill for its vague name, its tax structure that taxes electricity generation to create a fund managed by ICE, and its distribution to municipalities and district councils. It notes that the bill does not address integrated watershed management but imposes a tax for revenue purposes. It questions the constitutionality of several articles for violating the principles of single treasury and budgetary universality, ICE’s specialization, equality before public burdens, and lack of penalties for tax non-compliance. It warns about potential duplication of functions with MINAE and the impossibility of granting funds to District Councils lacking legal personality. It concludes by suggesting a complete reconsideration of the bill and recalling constitutional restrictions on legislative delegation and mandatory hearings for autonomous institutions.", "court_or_agency": "", "date": "14/10/1999", "year": "1999", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "caja única del Estado", "Tributo parafiscal", "Principio de especialidad", "Reserva de ley", "Contribuciones especiales", "Ley 7200 Generación Eléctrica Autónoma o Paralela", "ARESEP" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 121.14, 124, 176, 180, 185, 188, 190", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Arts. 19, 61.c", "law": "Ley Forestal 7575" }, { "article": "Arts. 37, 58, 61", "law": "Ley de Biodiversidad 7788" }, { "article": "Arts. 28 ss., 32-37", "law": "Ley Orgánica del Ambiente 7554" } ], "keywords_es": [ "incentivo de cuenca", "proyecto de ley", "generación hidroeléctrica", "tributo ecológico", "principio de caja única", "universalidad presupuestaria", "ICE", "municipalidades", "áreas protegidas", "manejo de cuencas", "reserva de ley", "igualdad ante las cargas públicas" ], "keywords_en": [ "watershed incentive", "bill", "hydroelectric generation", "environmental tax", "single treasury principle", "budgetary universality", "ICE", "municipalities", "protected areas", "watershed management", "legal reservation", "equality before public burdens" ], "excerpt_es": "En síntesis, se sugiere una reconsideración completa del Proyecto presentado, en las cuestiones de forma y fondo que quedaron expuestas, y hasta de la conveniencia de su aprobación.\n\nHa de recordarse que las restricciones a la facultad legislativa de delegar en comisiones permanentes el conocimiento y aprobación de proyectos de ley cuando instituyen impuestos nacionales (artículo 124, pfos. 2 y 3 de la Constitución) y las audiencias obligatorias (art. 190 ibid) que deben darse en la discusión y aprobación de proyectos relativos a instituciones autónomas (ICE, ARESEP y Municipalidades afectadas).", "excerpt_en": "In summary, a complete reconsideration of the submitted Bill is suggested, regarding the form and substance issues set forth, and even the advisability of its approval.\n\nIt must be recalled the restrictions on the legislative power to delegate to permanent committees the review and approval of bills when they create national taxes (Article 124, paragraphs 2 and 3 of the Constitution) and the mandatory hearings (Article 190 ibid) that must take place in the discussion and approval of bills concerning autonomous institutions (ICE, ARESEP and affected Municipalities).", "outcome": { "label_en": "Unfavorable opinion", "label_es": "Dictamen desfavorable", "summary_en": "The PGR recommends completely reconsidering the bill due to unconstitutionality defects and technical imprecision.", "summary_es": "La PGR recomienda reconsiderar por completo el proyecto de ley por vicios de inconstitucionalidad e imprecisión técnica." }, "pull_quotes": [ { "context": "IMPRECISA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO", "quote_en": "The designation 'watershed incentive' is vague and does not faithfully reflect the proposed objectives, so it is suggested to review it.", "quote_es": "La denominación de 'incentivo de cuenca' es imprecisa y no refleja con fidelidad los objetivos propuestos, por lo que se sugiere revisarla." }, { "context": "RECAUDACIÓN DE RECURSOS Y DISTRIBUCIÓN", "quote_en": "The powers of the Costa Rican Electricity Institute are governed by the principle of specialty, and this function of collector and distributor of state taxes assigned to it is foreign to its nature, to the point that it can be considered harmful to its autonomy (Article 188 of the Constitution).", "quote_es": "Las competencias del Instituto Costarricense de Electricidad se rigen por el principio de especialidad y resulta extraño a su naturaleza esta función de agente recolector y distribuidor de tributos estatales que se le asigna, al punto que puede estimarse lesivo 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"norm-871", "kind": "cited_norm", "label": "Constitución Política" }, { "target_id": "norm-41661", "kind": "cited_norm", "label": "Ley Forestal" }, { "target_id": "norm-12159", "kind": "cited_norm", "label": "Reglamento a la Ley Forestal" }, { "target_id": "norm-39796", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Biodiversidad 7788 Arts. 37, 58, 61" }, { "target_id": "norm-27738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Orgánica del Ambiente 7554 Arts. 28 ss., 32-37" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=7137&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Opinión Jurídica : 120 - J   del 14/10/1999   \n\n\n\nO. J.-120-1999\n\n\n\n\n14 de octubre de 1999\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDiputado\n\n\n\n\nManuel A. Bolaños Salas\n\n\n\n\nPresidente\n\n\n\n\nComisión Especial del Ambiente\n\n\n\n\nAsamblea Legislativa\n\n\n\n\nEstimado señor:\n\n\n\n    Con aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a la audiencia que se\nnos confiere acerca del Proyecto de Ley relativo a la \"Creación de Incentivo de Cuenca\", expediente\nN° 13.541, publicado en La Gaceta N° 111 del 9 de junio en curso.\n\n\n\n\n   Al respecto cabe hacer las siguientes apreciaciones:\n\n\n\nFUNDAMENTACIÓN\n\n   De acuerdo con su Exposición de Motivos, el proyecto busca reconocer los costos que considera no\nse incluyen en la producción de energía eléctrica, como los sacrificios locales para proteger las\ncuencas hidrográficas. Entre éstos destaca el potencial hidroeléctrico de las áreas protegidas y\nbosques privados que se dedican a la conservación y no admiten cambio de uso.\n\n\n\n\n \n\n\n\n    En consecuencia, grava el costo de generación de electricidad, a fin de constituir un fondo con\ndestinos específicos que restituya a las comunidades de las circunscripciones territoriales donde se\nejecuten proyectos de ese tipo y a los propietarios el recurso que suministran.\n\n\n\n\n \n\n\n\n    Obviando la inexactitud del dato sobre el porcentaje de tierras dedicadas a áreas protegidas,\nmuy superior al diez por ciento, es cuestionable la premisa de supeditar el potencial hidroeléctrico\nsólo a la cantidad de terrenos boscosos, prescindiendo de la importancia de otros factores como el\nsuficiente caudal de agua disponible y la diferencia de nivel de los terrenos, que hagan atractivo\nel desarrollo. El establecimiento o ampliación de las áreas protegidas, el adecuado manejo,\nprotección y conservación de bosques, si bien contribuyen a mejorar la calidad y sostenibilidad del\nrecurso hídrico, no siempre determinan por sí solos su potencial, bajo en terrenos situados en la\nplanicie. Tal sería el caso, por ejemplo, del Parque Corcovado o de los inmuebles adyacentes a los\nCanales del Tortuguero.\n\n\n\n\n \n\n\n\n   La Exposición de Motivos omite la referencia a programas actuales en manejo de cuencas,\nmantenimiento y conservación del bosque, reforestación, pago de servicios ambientales, etc. También\nes discutible la existencia de una sólida base comunitaria a nivel nación comprometida en la\nprotección de cuencas.\n\n\n\n\n \n\n\n\n    Si el presupuesto de que se parte es recompensar las funciones que las áreas protegidas e\ninmuebles de bosques desempeñan en la formación del caudal hidroeléctrico, los beneficiarios serían\nsus titulares, el Estado y los propietarios privados. Más aún las fuerzas que pueden obtenerse de\nlas aguas demaniales son asimismo de dominio público estatal y, por ahí, la motivación podría reñir\ncon el artículo 121, inciso 14, de la Constitución.\n\n\n\n\n \n\n\n\n    El impedimento genérico de cambiar el uso de los terrenos cubiertos de bosque constituye una\nlimitación normal de la propiedad forestal y afecta a todos los propietarios (arts. 19 y 61, inc.\nc), de la Ley Forestal).\n\n\n\n\n \n\n\n\n    Por otra parte, es conveniente que la ordenación jurídica con incidencia en los recursos\nnaturales no sea parcial y dispersa, sino que tienda a una regulación sistemática, a efecto de\nconseguir una tutela más eficiente y mayor coordinación administrativa (1). En este sentido, con la\npropuesta legislativa en consulta se relaciona –de manera directa o indirecta- con diversa normativa\npromulgada y –entre otros- con el Proyecto de Ley de Reestructuración del Sector Hídrico (expediente\nN° 11025), a tener presente con miras a una posible unificación (2).\n\n\n\n\n---\n\n\n\n\n \n\n\n\n (1)    Con un método inductivo, MARTÍN MATEO propone una ordenación legal del ambiente por sectores\nde actividades, reconducible a un sistema unitario. Tratado de Derecho Ambiental. Ed. Trivium.\nMadrid. 1991.Vol I, pg.91.\n\n\n\n (2)    Algunos ejemplos de la normativa son: Decreto Ley N° 449, que crea el Instituto\nCostarricense de Electricidad; la Ley de Incentivos para la Producción Industrial, N° 7017-A; la Ley\nque Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, N° 7200, el Convenio Constitutivo del\nConcejo de Electrificación de América Central (CEAC), la Ley N° 7289 de 5 de febrero de 1992, Ley\nsobre la Regulación del Uso Racional de la Energía, N° 7447 de 3 de noviembre de 1994, Ley de\nNacionalización de Aguas, Fuerzas Hidráulicas y Eléctricas, N° 258 del 18 de agosto de 1941, con la\nderogatoria que hacen las Leyes 7200 y 7593; Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos\n(ARESEP). N° 7593 de 9 de agosto de 1996 (Gaceta del 5 de setiembre de 1996, art. 5 inc. a), Ley de\nTransformación de la Empresa de449, que crea el Instituto Costarricense de Electricidad; la Ley de\nIncentivos para la Producción Industrial, N° 7017-A; la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica\nAutónoma o Paralela, N° 7200, el Convenio Constitutivo del Concejo de Electrificación de América\nCentral (CEAC), la Ley N° 7289 de 5 de febrero de 1992, Ley sobre la Regulación del Uso Racional de\nla Energía, N° 7447 de 3 de noviembre de 1994, Ley de Nacionalización de Aguas, Fuerzas Hidráulicas\ny Eléctricas, N° 258 del 18 de agosto de 1941, con la derogatoria que hacen las Leyes 7200 y 7593;\nLey de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (AESEP). N° 7593 de 9 de agosto de 1996 (Gaceta\ndel 5 de setiembre de 1996, art. 5 inc. a), Ley de Transformación de la Empresa de Servicios\nPúblicos de Heredia, N° 7789 de 23 de abril de 1998 (Gaceta N° 100 del 26 de marzo de 1998), Ley de\nCreación de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, N°7799 de 30 de\nabril de 1998, que reformó en su totalidad la anterior, Ley Forestal, arts. 1°, 2°, 3, 19 ss., 33,\n34, 38 ss. y afines; Ley Orgánica del Ambiente, arts. 28 ss., 32 a 37, 50 y ss. y 67, Ley de\nBiodiversidad, art. 37, 58 y 61; Ley de Vida Silvestre, arts. 2, 68, 132 y Transitorio III y\nconcordantes, Reglamento a la Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, N°\n20346-MIRENEM, Decreto N° 28866-MINAE, Reglamento el Capítulo de la Ley de Generación Paralela:\nRégimen de Competencia, Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía, Decreto N°\n25584 MINAE-H-MP de 24 de octubre de 1996 (Gaceta N°215 del 8 de noviembre de 1996), Reglamento a la\nLey de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Decreto N° 25903-MINAE-MOPT del l de\nfebrero de 1997. Alcance N° 114 a La Gaceta N°62 del 1° de abril de 1997), etc.\n\n\n\n El Proyecto de la Ley de Reestructuración del Sector Hídrico recibió informe unánime afirmativo de\nla Subcomisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales, el 23 de abril de 1992.\n\n\n\n Otro Proyecto es el de Financiamiento para la Adquisición de terrenos destinados a la Conservación\nAmbiental y a la Protección de Factor Hídrico Costarricense (expediente N°12.133, con dictamen\nafirmativo de mayoría del 10 de octubre de 1995 por la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios\ny de Recursos Naturales.\n\n\n\n Un tercer Proyecto conexo es el de Protección de Mantos Acuíferos y Cuencas Hidrográficas del\nTerritorio Nacional (expediente N° 13.179), con dictamen negativo de mayoría, rendido el 1° de julio\nde 1999 por la Comisión Especial que estudia y analiza los problemas relacionados con el ambiente y\nel desarrollo sostenible, con fecha 10 de julio de 1999.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n2.     IMPRECISA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO\n\n\n\n    El fondo que se crea tiende a distribuirse entre las Municipalidades de los cantones que cuenten\ncon proyectos estatales o privados de generación de energía hidroeléctrica y proyectos privados de\ngeneración de electricidad por combustión de hidrocarburos, desechos sólidos y otros, para su\nposterior reparto a los beneficiarios. De los últimos proyectos excluye –sin explicación- los entes\nestatales.\n\n\n\n    La denominación de \"incentivo de cuenca\" es imprecisa y no refleja con fidelidad los objetivos\npropuestos, por lo que se sugiere revisarla. La cuenca es \"la unidad fisiográfica conformada por el\nconjunto de sistemas de cursos de agua definidos por el relieve. Los límites de la cuenca o\ndivisoria de aguas se definen naturalmente y corresponden a las partes más altas del área que\nencierra un río\" (3).\n\n\n\n\n---\n\n\n\n (3) RAMAKRISHNA, B. Estrategia de Extensión para el Manejo integrado de Cuencas Hidrográficas:\nconceptos y experiencias. llCA-GTZ. San José. 1997. Sobre el límite geográfico de una cuenca, por el\nborde de la divisoria de las aguas, más allá del cual fluyen en dirección opuesta, hacia otra\ncuenca\", cfr. MATA, Alfonso y QUEVEDO, Franklin. Diccionario Ecológico. Ed. Universidad de Costa\nRica. San José. 1990, pg. 87. Esta área de drenaje en la cual se recogen las aguas llovidas, además\nde los ríos pueden dirigirse hacia quebradas o arroyos, que a su vez son transportadas a lagos o\nmares, Idem.\n\n\n\n\n---\n\n\n\n    El Decreto N° 19886 del 27 de agosto de 1980, Reglamento a la Ley Forestal anterior, artículo\n2°, recogía un concepto de cuenca hidrográfica como \"unidad territorial de superficie variable de\nterreno, definida por una cima divisoria de agua y cuyas aguas drenan hacia una salida común. En\nella suceden procesos biológicos, económicos, naturales y sociales muy dinámicos e interrelacionados\nentre sí\".\n\n\n\n    El criterio de cuenca como área de gestión y planificación, donde confluye una red de cauces\nsecundarios de agua de precipitación hacia un curso principal, permite una administración racional\nde los recursos que la integran (agua, bosque, suelo, biodiversidad), cuyo equilibrio debe favorecer\nla intervención humana. Está de más decir que en el manejo de cuencas con aptitud para la producción\nde energía hidroeléctrica también son fundamentales el respeto a las normas de protección y que las\npreservan del deterioro. Manejo que ha de conformarse a su vocación y consiste en \"aprovechar y\nconservar los recursos naturales en función de las necesidades del hombre, para que pueda alcanzar\nuna adecuada calidad de vida en armonía con el medio ambiente\". Se trata de hacer un uso apropiado\nde los recursos naturales para el bienestar de la población y conservarlos en cantidad y calidad\npara las futuras generaciones (4).\n\n\n\n    De lo dicho se observa que el proyecto no se ocupa de normar de modo coherente el manejo\nintegrado de cuencas, la explotación racional de sus recursos, la protección contra la contaminación\no alteraciones perjudiciales, etc., sino de un aspecto aislado de la actividad de producción de\nenergía hidroeléctrica y con fines impositivos. Esto contradice la naturaleza de los incentivos o\nactos de fomento, a través de los que se persigue promover la actividad de los particulares para\nsatisfacer necesidades públicas o de utilidad general, sin recurrir a medios coactivos (conductas\nobligatorias con amenaza de sanción) o a la figura de los servicios públicos. Al decir de BAENA DEL\nALCÄZAR, el incentivo o fomento aspira a \"ayudar, encauzar y orientar la iniciativa privada cuando\nésta se muestra raquítica o insuficiente\" (5).\n\n\n\n\n---\n\n\n\n (4) RAMAKRISHNA, B. Ob. Cit., pgs. 19-20. Sobre toda esta temática, cfr., entre otros: RAMIREZ\nVILLEGAS, Gerardo. Desarrollo, control y manejo de cuencas hidrográficas y áreas de recarga para\nabastecimiento de agua potable en Costa Rica. Conferencia. ICCA. Oficina rectora. Proceso de Cuencas\nHidrográficas. San José. 1996, pgs. 1-17. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: Plan de Acción\npara Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Istmo Centroamericano. Guatemala. 1998, pgs.\n1-44. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL): Bases conceptuales para la\nformulación de programas de manejo de cuencas hidrográficas. Taller de17 nov. 1992, pgs. 1-38.\nMIRENEM. Dirección Sectorial de Energía: Renta Hidroeléctrica y Generación Privada. 1995, pgs. 1-24.\nOpinión Jurídica de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, O. J. 033-95 y otra bibliografía ahí\ncitada.\n\n\n\n\n(5) Régimen jurídico de la intervención administrativa. Tecnos. Madrid. 1966, pg. 96.\n\n\n\n\n---\n\n\n\n    Y, desde luego, es inadecuada la expresión de \"incentivo de cuenca\". Lo que se \"incentiva\" es la\nactividad privada para obtener fines concretos.\n\n\n\nFINANCIAMIENTO\n\n   El fondo se financiará con aportes sobre el costo final de generación por kilovatios/hora, en el\ntanto del diez por ciento (10%) para las empresas generadoras de energía hidroeléctrica, estatales o\nprivadas, y de un veinte por ciento (20%) para las empresas privadas generadoras de electricidad por\nmedios térmicos, combustible fósil, desechos sólidos u otros medios que provoquen algún grado\nsignificativo de contaminación ambiental (6). Valga subrayar aquí que no se fijan parámetros para\nestablecer esta significancia de contaminación. Pese a que el tributo está concebido para\ndesestimular conductas contaminantes, no adopta la filosofía de un tributo ecológico típico porque\nno se dirige a compensar los verdaderos costos de la contaminación y lograr una cabal protección del\nmedio (7).\n\n\n\n    Acerca del monto de los porcentajes y diferenciales no se da la debida justificación y a la\npostre el gravamen puede recaer en el consumidor, haciendo oneroso el consumo. En orden a una\neventual repercusión del tributo en cuestión en el consumidor, sea oportuno indicar que la Ley del\nImpuesto General Sobre las Ventas (artículo 9) exonera del pago del impuesto el consumo mensual de\nenergía eléctrica residencial hasta 250 Kw/h.\n\n\n\n    Tampoco se analiza el posible impacto en las actividades económicas concomitantes y en la\ncompetitividad de las empresas generadoras de electricidad al incrementarse los costos de\nproducción. Lo deseable es que haya en esta materia una definición clara, pues en tanto leyes como\nla 7200, 7508, 7593, etc., estimulan la participación privada en la generación eléctrica, el\nproyecto en estudio impone un fuerte gravamen a la actividad, junto a la estatal.\n\n\n\n    Se aprecia cierta indefinición para determinar la base imponible, al remitir el proyecto a un\nmecanismo administrativo complementario en la fijación del \"costo final de generación\", que podría\nponer en entredicho el principio de reserva de ley e incluso el de igualdad ante las cargas públicas\nsi se pretendiere abstraerse de los gastos generales que conlleva el ciclo productivo de energía.\n\n\n\n    La referencia a kilovatios hora de electricidad (arts. 2° y 3°) se asocia al proceso de\nproducción u operación de plantas, y no a simples proyectos de generación, como se menciona en el\nartículo 1°; extremo que ha de armonizarse.\n\n\n\n\n---\n\n\n\n (6) Un diagnóstico de referencia desde la década anterior en el sector de recursos energéticos\n(hidráulicos, biomásicos y geotérmicos), se encuentra en la Estrategia de Conservación para el\nDesarrollo Sostenible de Costa Rica. MIREMEN. 1988, pg. 147 sigts.) y luego en el Estado de la\nNación.\n\n\n\n (7) En el Proyecto la categoría que conforman los aportes se aproxima a las Contribuciones\nEspeciales o exacciones parafiscales, exigibles al margen del presupuesto general del Estado y\nnormas que lo rigen, así como en atención al hecho generador y destino del producto recaudado (ver\nvoto de la SALA CONSTITUCIONAL N° 3151-94).\n\n\n\n\n---\n\n\n\nRECAUDACIÓN DE RECURSOS Y DISTRIBUCIÓN\n\n   Para recaudar los recursos del fondo se designa al Instituto Costarricense de Electricidad, el\nque habrá de repartirlos cada mes, \"de manera proporcional entre las municipalidades beneficiadas,\nen razón de los kilovatios/hora producidos en su territorio\", fijándose los gastos de administración\nen un cinco por ciento.\n\n\n\n    Las competencias del Instituto Costarricense de Electricidad se rigen por el principio de\nespecialidad y resulta extraño a su naturaleza esta función de agente recolector y distribuidor de\ntributos estatales que se le asigna, al punto que puede estimarse lesivo a su autonomía (artículo\n188 de la Constitución). En adelante el ICE deberá distraer recursos para perseguir fines no\nenmarcados en la ley de creación y que no se encuadran dentro del giro normal de actividad.\n\n\n\n    Tampoco se aclara la forma en que se cubrirá el cinco por ciento de los servicios de\nrecaudación, ni se establecen controles sobre las empresas que no vendan la energía al ICE, como\nsería, por ejemplo, el deber de rendir declaración jurada sobre el nacimiento o existencia de la\nobligación tributaria o venta de energía eléctrica, sujeta a sanciones en caso de inobservancia o\nevasión. Nótese que el proyecto no contempla un régimen de sanciones para el supuesto de que el\nsujeto pasivo no declare o pague el tributo o el Agente recaudador no lo retenga, y el Código\nTributario es aplicable sólo a las Administraciones adscritas al Ministerio de Hacienda.\n\n\n\n    Por el carácter estatal de los tributos, se impone el principio de caja única e impediría que\nentren a cuentas especiales para la distribución inmediata, pues es necesaria su incorporación al\npresupuesto nacional antes de la transferencia a las Municipalidades. La contravención de los\nprincipios de caja única del Estado y universalidad presupuestaria, hace que los artículos 3° y 4°\nsean de dudosa constitucionalidad. El primero exige que haya una única caja pagadora del Estado: la\nTesorería Nacional, y el segundo que todos los ingresos y egresos públicos se contengan en la Ley de\nPresupuesto (arts. 176, 180 y 185 de la Constitución y votos de la Sala Constitucional números\n4247/98, 4681/97, 4528/99 y 4529/99).\n\n\n\nUSO O DESTINO DE LOS RECURSOS\n\n   El destino de los recursos que cada Municipalidad reciba procedentes del fondo es : un treinta y\ncinco por ciento (35%), para compra de tierras aptas para ampliar áreas protegidas; ocho por ciento\n(8%) para el financiamiento de programas cantonales de investigación científica, educación ambiental\ny desarrollo sostenible; ocho por ciento (8%) para un programa de incentivos dirigido a los\npropietarios de fincas que cuenten con áreas protegidas; y un nueve por ciento (9%) para crear y\nfortalecer una oficina de recursos naturales, con personal y recursos; un diez por ciento (10%) a\ndistribuir entre los Concejos de Distrito que cuenten con proyectos hidroeléctricos o de generación\npor medios térmicos; y un treinta por ciento (30%) destinado a obras comunales \"que podrá ser\nincluido en el presupuesto de la municipalidad\".\n\n\n\n    La Sala Constitucional ha admitido la validez constitucional de destinar mediante ley ingresos\nprovenientes del pago de tributos nacionales a fines específicos, pero a condición de que ingresen a\nlas arcas nacionales y cumplan todo el ciclo presupuestario de la República. Esto con apego a los\nprincipios, normas y votos constitucionales que se apuntaron en el punto 4.\n\n\n\n    En cuanto a la compra de tierras aptas para ampliar áreas protegidas, no se aclara si se refiere\na fincas comprendidas dentro de sus linderos, colindantes o a ambas. En todo caso, tanto la\ncalificación de la aptitud forestal y adquisición de terrenos para integrarlos a las áreas\nprotegidas es competencia prioritaria del MINAE (doctrina de los artículos 1, 2, 6 y 15 –éste como\npauta de interpretación- de la Ley Forestal; 32 y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente; 48, 58 y 61 de\nla Ley de Biodiversidad). Con el Proyecto habría una inconveniente duplicidad y traslape de\nfunciones entre las Municipalidades y el Ministerio del Ambiente.\n\n\n\n    Lo mismo puede señalarse con relación al programa de incentivos dirigido a los propietarios de\nfincas \"que cuenten –se dice incorrectamente- con áreas protegidas\", encargándose a las\nMunicipalidades \"velar por el mantenimiento del uso de las tierras para estos fines\". La falta de\nespecificidad de estos incentivos a propietarios de terrenos en áreas protegidas puede acarrear\nviolación al principio constitucional de igualdad al excluir propietarios de fincas con una\nidoneidad análoga que se encuentren fuera de las áreas protegidas.\n\n\n\n    Respecto al financiamiento de programas de investigación científica, educación ambiental y\ndesarrollo sostenible, en vista de que son pocos los cantones en los que hay sedes universitarias\nestatales, la regla –también poco recomendable- será la discreción municipal. Esto porque el Concejo\nMunicipal del lugar \"podrá\" financiar tales programas a organizaciones no gubernamentales, entes\nprivados, sin preverse la fiscalización de los planes de inversión que se aprueben, los cuales no\nnecesariamente se vinculan a la protección de cuencas hidrográficas. (La redacción es errónea cuando\n\"subjetiviza\" los programas: \"deberán presentar…\").\n\n\n\n    Nuevos roces constitucionales, puede tener el Proyecto en punto a los dineros a distribuir a los\nConcejos de Distrito, bajo un plan de inversión. Conforme a la jurisprudencia de la Sala\nConstitucional (votos 6000-94 y 5445-99), los Concejos de Distrito son simples órganos de\ncolaboración municipal y supervisión de las obras que se ejecutan en sus respectivos distritos, sin\npersonalidad jurídica para promover los intereses locales.\n\n\n\n    Incluso para los Concejos Municipales de Distrito, órganos de mayor relieve, la Sala –al\ndeclarar con lugar la inconstitucionalidad del Decreto 5595-G de 12 de noviembre de 1975, que les\notorgó autonomía-, dispuso que \"todo lo concerniente a la materia presupuestaria (recaudación de\ningresos y control de egresos), se incorporarán en los presupuestos ordinarios correspondientes a\nlas Municipalidades a las que se integran\". Y que \"todos los ingresos y las rentas serán recaudadas\ne incorporadas por las Municipalidades a sus propios presupuestos y los gastos, cuentas por pagar,\ncontratos y obligaciones pendientes, en general, serán asumidos por las Municipalidades respetando\nlos derechos adquiridos\" (mismos votos).\n\n\n\n\nCONCLUSIÓN:\n\n\n\n    En síntesis, se sugiere una reconsideración completa del Proyecto presentado, en las cuestiones\nde forma y fondo que quedaron expuestas, y hasta de la conveniencia de su aprobación.\n\n\n\n    Ha de recordarse que las restricciones a la facultad legislativa de delegar en comisiones\npermanentes el conocimiento y aprobación de proyectos de ley cuando instituyen impuestos nacionales\n(artículo 124, pfos. 2 y 3 de la Constitución) y las audiencias obligatorias (art. 190 ibid) que\ndeben darse en la discusión y aprobación de proyectos relativos a instituciones autónomas (ICE,\nARESEP y Municipalidades afectadas).\n\n\n\n\nDe usted, atentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nDr. José J. Barahona Vargas\n\n\n\n\nProcurador Ambiental", "body_en_text": "Legal Opinion: 120 - J of 10/14/1999\n\nO. J.-120-1999\n\nOctober 14, 1999\n\nDeputy\nManuel A. Bolaños Salas\nPresident\nSpecial Commission on the Environment\nLegislative Assembly\n\nDear Sir:\n\nWith the approval of the Attorney General of the Republic, I am responding to the hearing granted to us regarding the Bill concerning the \"Creación de Incentivo de Cuenca,\" expediente No. 13,541, published in La Gaceta No. 111 of June 9 of this year.\n\nIn this regard, the following observations are pertinent:\n\nRATIONALE\n\nAccording to its Statement of Motives, the bill seeks to recognize costs that it considers are not included in the production of electrical energy, such as local sacrifices to protect hydrographic basins. Among these, it highlights the hydroelectric potential of protected areas and private forests dedicated to conservation that do not permit land-use change (cambio de uso).\n\nConsequently, it levies a tax on the cost of electricity generation to establish a fund for specific purposes that returns the resource they provide to the communities in the territorial circumscriptions where such projects are carried out and to the landowners.\n\nOverlooking the inaccuracy of the data on the percentage of land dedicated to protected areas, which is much higher than ten percent, the premise of linking hydroelectric potential solely to the amount of forested land is questionable, disregarding the importance of other factors such as sufficient available water flow and the difference in land elevation that make development attractive. The establishment or expansion of protected areas and the proper management, protection, and conservation of forests, while they contribute to improving the quality and sustainability of water resources, do not always determine their potential on their own, which is low on lands located on the plain. Such would be the case, for example, of the Corcovado Park or the properties adjacent to the Tortuguero Canals.\n\nThe Statement of Motives omits reference to current programs in basin management, forest maintenance and conservation, reforestation, payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales), etc. The existence of a solid, nation-wide community base committed to basin protection is also debatable.\n\nIf the starting premise is to reward the functions that protected areas and forest properties perform in the formation of hydroelectric flow, the beneficiaries would be their owners: the State and private landowners. Furthermore, the forces that can be obtained from public-domain waters are likewise state public domain, and therefore, the motivation could conflict with Article 121, subsection 14, of the Constitution.\n\nThe generic prohibition against changing the use of forest-covered lands constitutes a normal limitation on forest property and affects all landowners (Articles 19 and 61, subsection c), of the Forest Law (Ley Forestal)).\n\nOn the other hand, it is advisable that legal regulation affecting natural resources not be partial and dispersed, but rather tend toward a systematic regulation, in order to achieve more efficient protection and greater administrative coordination (1). In this sense, the legislative proposal under consultation is related—directly or indirectly—to various enacted regulations and—among others—to the Bill for the Restructuring of the Water Sector (Proyecto de Ley de Reestructuración del Sector Hídrico) (expediente No. 11025), which should be kept in mind for a possible unification (2).\n\n---\n\n(1) Using an inductive method, MARTÍN MATEO proposes a legal ordering of the environment by activity sectors, which can be brought back to a unitary system. Tratado de Derecho Ambiental. Ed. Trivium. Madrid. 1991. Vol I, pg. 91.\n\n(2) Some examples of the regulations are: Decree Law No. 449, which creates the Instituto Costarricense de Electricidad; the Law of Incentives for Industrial Production, No. 7017-A; the Law Authorizing Autonomous or Parallel Electrical Generation, No. 7200, the Constitutive Agreement of the Concejo de Electrificación de América Central (CEAC), Law No. 7289 of February 5, 1992, Law on the Regulation of the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994, Law of Nationalization of Waters, Hydraulic and Electric Forces, No. 258 of August 18, 1941, with the repeal made by Laws 7200 and 7593; Law of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP). No. 7593 of August 9, 1996 (Gaceta of September 5, 1996, art. 5 subsec. a), Law of Transformation of the Empresa de449, which creates the Instituto Costarricense de Electricidad; the Law of Incentives for Industrial Production, No. 7017-A; the Law Authorizing Autonomous or Parallel Electrical Generation, No. 7200, the Constitutive Agreement of the Concejo de Electrificación de América Central (CEAC), Law No. 7289 of February 5, 1992, Law on the Regulation of the Rational Use of Energy, No. 7447 of November 3, 1994, Law of Nationalization of Waters, Hydraulic and Electric Forces, No. 258 of August 18, 1941, with the repeal made by Laws 7200 and 7593; Law of the Regulatory Authority for Public Services (AESEP). No. 7593 of August 9, 1996 (Gaceta of September 5, 1996, art. 5 subsec. a), Law of Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, No. 7789 of April 23, 1998 (Gaceta No. 100 of March 26, 1998), Law of Creation of the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, No. 7799 of April 30, 1998, which completely reformed the previous one, Forest Law (Ley Forestal), arts. 1, 2, 3, 19 et seq., 33, 34, 38 et seq. and related; Organic Law of the Environment, arts. 28 et seq., 32 to 37, 50 et seq. and 67, Biodiversity Law, art. 37, 58 and 61; Wildlife Law, arts. 2, 68, 132 and Transitory III and concordant articles, Regulation to the Law Authorizing Autonomous or Parallel Electrical Generation, No. 20346-MIRENEM, Decree No. 28866-MINAE, Regulation of the Chapter of the Law on Parallel Generation: Competition Regime, Regulation for the Regulation of the Rational Use of Energy, Decree No. 25584 MINAE-H-MP of October 24, 1996 (Gaceta No. 215 of November 8, 1996), Regulation to the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Decree No. 25903-MINAE-MOPT of February 1, 1997. Supplement No. 114 to La Gaceta No. 62 of April 1, 1997), etc.\n\nThe Bill for the Restructuring of the Water Sector received a unanimous affirmative report from the Permanent Subcommission on Agricultural Affairs and Natural Resources on April 23, 1992.\n\nAnother Bill is the one on Financing for the Acquisition of Land Destined for Environmental Conservation and the Protection of the Costa Rican Water Resource (expediente No. 12,133, with a majority affirmative opinion dated October 10, 1995, by the Permanent Commission on Agricultural Affairs and Natural Resources).\n\nA third related Bill is the one on the Protection of Aquifers and Hydrographic Basins of the National Territory (expediente No. 13,179), with a majority negative opinion, rendered on July 1, 1999, by the Special Commission that studies and analyzes problems related to the environment and sustainable development, dated July 10, 1999.\n\n2. IMPRECISE NAME OF THE BILL\n\nThe fund being created is intended to be distributed among the Municipalities of the cantons that have state or private hydroelectric energy generation projects and private electricity generation projects by hydrocarbon combustion, solid waste, and others, for subsequent distribution to the beneficiaries. From the latter projects, it excludes—without explanation—state entities.\n\nThe name \"incentivo de cuenca\" is imprecise and does not faithfully reflect the proposed objectives, so it is suggested that it be revised. A basin is \"the physiographic unit formed by the set of watercourse systems defined by the relief. The limits of the basin or watershed divide are defined naturally and correspond to the highest parts of the area that encloses a river\" (3).\n\n---\n(3) RAMAKRISHNA, B. Estrategia de Extensión para el Manejo integrado de Cuencas Hidrográficas: conceptos y experiencias. llCA-GTZ. San José. 1997. On the geographic limit of a basin, along the edge of the watershed divide, beyond which waters flow in the opposite direction, toward another basin\", cfr. MATA, Alfonso and QUEVEDO, Franklin. Diccionario Ecológico. Ed. Universidad de Costa Rica. San José. 1990, pg. 87. This drainage area in which rainwater is collected, in addition to rivers, can flow into streams or creeks, which in turn are transported to lakes or seas, Idem.\n---\n\nDecree No. 19886 of August 27, 1980, Regulation to the previous Forest Law, Article 2, contained a concept of a hydrographic basin as a \"territorial unit of variable land surface, defined by a watershed divide and whose waters drain toward a common outlet. Very dynamic and interrelated biological, economic, natural, and social processes occur within it.\"\n\nThe criterion of a basin as an area of management and planning, where a network of secondary precipitation water channels converges toward a main course, allows for the rational administration of the resources that comprise it (water, forest, soil, biodiversity), whose equilibrium should favor human intervention. It goes without saying that in the management of basins suitable for hydroelectric energy production, respect for protection standards that preserve them from deterioration is also fundamental. Management that must conform to its vocation and consists of \"taking advantage of and conserving natural resources based on human needs, so that people can achieve an adequate quality of life in harmony with the environment.\" It is about making appropriate use of natural resources for the well-being of the population and conserving them in quantity and quality for future generations (4).\n\nFrom what has been said, it is observed that the bill does not deal with coherently regulating the integrated management of basins, the rational exploitation of their resources, protection against contamination or harmful alterations, etc., but rather an isolated aspect of hydroelectric energy production activity and for tax purposes. This contradicts the nature of incentives or promotional acts, through which the aim is to promote the activity of private individuals to satisfy public needs or needs of general utility, without resorting to coercive means (mandatory conduct with the threat of sanction) or to the figure of public services. As BAENA DEL ALCÁZAR puts it, the incentive or promotional measure aims to \"help, channel, and guide private initiative when it proves weak or insufficient\" (5).\n\n---\n(4) RAMAKRISHNA, B. Ob. Cit., pgs. 19-20. On this whole subject, cfr., among others: RAMIREZ VILLEGAS, Gerardo. Desarrollo, control y manejo de cuencas hidrográficas y áreas de recarga para abastecimiento de agua potable en Costa Rica. Conference. ICCA. Governing Office. Hydrographic Basins Process. San José. 1996, pgs. 1-17. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: Plan de Acción para Gestión Integrada de los Recursos Hídricos del Istmo Centroamericano. Guatemala. 1998, pgs. 1-44. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL): Bases conceptuales para la formulación de programas de manejo de cuencas hidrográficas. Workshop of Nov. 17, 1992, pgs. 1-38. MIRENEM. Sectoral Directorate of Energy: Renta Hidroeléctrica y Generación Privada. 1995, pgs. 1-24. Legal Opinion of the PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, O. J. 033-95 and other bibliography cited there.\n(5) Régimen jurídico de la intervención administrativa. Tecnos. Madrid. 1966, pg. 96.\n---\n\nAnd, of course, the expression \"incentivo de cuenca\" is inappropriate. What is being \"incentivized\" is private activity to achieve specific ends.\n\nFINANCING\n\nThe fund will be financed with contributions based on the final cost of generation per kilowatt/hour, at a rate of ten percent (10%) for hydroelectric energy generating companies, state or private, and twenty percent (20%) for private electricity generating companies using thermal means, fossil fuel, solid waste, or other means that cause some significant degree of environmental contamination (6). It is worth emphasizing here that no parameters are set to establish this significance of contamination. Although the tax is conceived to discourage polluting conduct, it does not adopt the philosophy of a typical ecological tax because it is not aimed at compensating for the true costs of contamination and achieving full environmental protection (7).\n\nRegarding the amount of the percentages and differentials, the proper justification is not given, and ultimately the tax burden may fall on the consumer, making consumption onerous. In order regarding a potential passing on of the tax in question to the consumer, it is pertinent to indicate that the General Sales Tax Law (Article 9) exempts monthly residential electrical energy consumption up to 250 Kw/h from tax payment.\n\nNor is the possible impact on concomitant economic activities and on the competitiveness of electricity generating companies analyzed, as production costs increase. A clear definition in this matter is desirable, since while laws such as 7200, 7508, 7593, etc., stimulate private participation in electrical generation, the bill under study imposes a heavy tax on the activity, alongside the state activity.\n\nA certain lack of definition is observed in determining the taxable base, as the bill refers to a complementary administrative mechanism for setting the \"final cost of generation,\" which could call into question the principle of legal reserve and even the principle of equality before public burdens if it were intended to disregard the general expenses involved in the productive energy cycle.\n\nThe reference to kilowatt hours of electricity (Articles 2 and 3) is associated with the process of plant production or operation, and not with simple generation projects, as mentioned in Article 1; a point that must be harmonized.\n\n---\n(6) A reference diagnosis from the previous decade in the energy resources sector (hydraulic, biomasic, and geothermal) is found in the Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica. MIREMEN. 1988, pg. 147 et seq.) and later in the State of the Nation.\n(7) In the Bill, the category formed by the contributions is close to Special Contributions or parafiscal levies, chargeable outside the general State budget and the rules governing it, as well as in consideration of the taxable event and the destination of the collected product (see ruling of the Constitutional Chamber (SALA CONSTITUCIONAL) No. 3151-94).\n---\n\nCOLLECTION OF RESOURCES AND DISTRIBUTION\n\nTo collect the fund's resources, the Instituto Costarricense de Electricidad is designated, which must distribute them each month, \"proportionally among the benefited municipalities, based on the kilowatts/hour produced in their territory,\" with administrative expenses set at five percent.\n\nThe competencies of the Instituto Costarricense de Electricidad are governed by the principle of specialty, and this function of collection agent and distributor of state taxes assigned to it is strange to its nature, to the point that it may be considered harmful to its autonomy (Article 188 of the Constitution). Henceforth, ICE must divert resources to pursue purposes not framed in its creation law and that do not fall within the normal scope of its activity.\n\nNor is the manner in which the five percent for collection services will be covered clarified, nor are controls established for companies that do not sell energy to ICE, such as, for example, the duty to file a sworn statement on the origination or existence of the tax obligation or sale of electrical energy, subject to sanctions in case of non-compliance or evasion. Note that the bill does not contemplate a sanction regime for the case where the taxpayer does not declare or pay the tax or the Collection Agent does not withhold it, and the Tax Code is only applicable to Administrations attached to the Ministry of Finance.\n\nDue to the state character of taxes, the single treasury account principle applies and would prevent them from entering special accounts for immediate distribution, as their incorporation into the national budget is necessary before transfer to the Municipalities. The contravention of the principles of the State's single treasury account and budgetary universality makes Articles 3 and 4 of doubtful constitutionality. The former requires that there be a single paying office for the State: the National Treasury, and the latter that all public income and expenditure be contained in the Budget Law (Articles 176, 180, and 185 of the Constitution and rulings of the Constitutional Chamber numbers 4247/98, 4681/97, 4528/99, and 4529/99).\n\nUSE OR DESTINATION OF RESOURCES\n\nThe destination of the resources that each Municipality receives from the fund is: thirty-five percent (35%) for the purchase of land suitable for expanding protected areas; eight percent (8%) for the financing of cantonal programs of scientific research, environmental education, and sustainable development; eight percent (8%) for an incentive program aimed at the owners of farms that have protected areas; and nine percent (9%) to create and strengthen an office of natural resources, with personnel and resources; ten percent (10%) to be distributed among the District Councils (Concejos de Distrito) that have hydroelectric projects or projects for generation by thermal means; and thirty percent (30%) destined for community works \"which may be included in the municipality's budget.\"\n\nThe Constitutional Chamber has admitted the constitutional validity of legally earmarking income from the payment of national taxes for specific purposes, but on the condition that they enter the national coffers and complete the entire budget cycle of the Republic. This in compliance with the constitutional principles, rules, and rulings noted in point 4.\n\nRegarding the purchase of land suitable for expanding protected areas, it is not clarified whether it refers to farms within their boundaries, adjacent ones, or both. In any case, both the qualification of forestry suitability and acquisition of land to integrate them into protected areas is a priority competency of MINAE (doctrine of Articles 1, 2, 6, and 15—the latter as a guideline for interpretation—of the Forest Law (Ley Forestal); 32 and 37 of the Organic Law of the Environment; 48, 58, and 61 of the Biodiversity Law). With the Bill, there would be an inconvenient duplication and overlap of functions between the Municipalities and the Ministry of the Environment.\n\nThe same can be pointed out regarding the incentive program aimed at owners of farms \"that have—as it is incorrectly stated—protected areas,\" entrusting the Municipalities with \"ensuring the maintenance of the land's use for these purposes.\" The lack of specificity of these incentives for landowners in protected areas may lead to a violation of the constitutional principle of equality by excluding owners of farms with analogous suitability that are located outside the protected areas.\n\nRegarding the financing of scientific research, environmental education, and sustainable development programs, given that there are few cantons with state university campuses, the rule—also inadvisable—will be municipal discretion. This is because the Municipal Council (Concejo Municipal) of the place \"may\" finance such programs to non-governmental organizations and private entities, without providing for oversight of the investment plans that are approved, which are not necessarily linked to the protection of hydrographic basins. (The wording is erroneous when it \"subjectivizes\" the programs: \"they must present...\").\n\nThe Bill may have further constitutional conflicts regarding the money to be distributed to the District Councils (Concejos de Distrito), under an investment plan. According to the jurisprudence of the Constitutional Chamber (rulings 6000-94 and 5445-99), the District Councils are merely organs of municipal collaboration and supervision of the works executed in their respective districts, without legal personality to promote local interests.\n\nEven for Municipal District Councils (Concejos Municipales de Distrito), organs of greater importance, the Chamber—when ruling in favor of the unconstitutionality of Decree 5595-G of November 12, 1975, which granted them autonomy—ordered that \"everything concerning budgetary matters (revenue collection and expenditure control), will be incorporated into the ordinary budgets corresponding to the Municipalities into which they are integrated.\" And that \"all income and revenues will be collected and incorporated by the Municipalities into their own budgets, and the expenses, accounts payable, contracts, and pending obligations, in general, will be assumed by the Municipalities respecting acquired rights\" (same rulings).\n\nCONCLUSION:\n\nIn summary, a complete reconsideration of the presented Bill is suggested, regarding the form and substance issues that have been exposed, and even the advisability of its approval.\n\nIt must be remembered the restrictions on the legislative power to delegate to permanent commissions the hearing and approval of bills when they institute national taxes (Article 124, paragraphs 2 and 3 of the Constitution) and the mandatory hearings (Article 190 ibid) that must be given in the discussion and approval of bills relating to autonomous institutions (ICE, ARESEP, and affected Municipalities).\n\nSincerely,\n\nDr. José J. Barahona Vargas\nEnvironmental Attorney General (Procurador Ambiental)" }